Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Informes i articles
"Implementació dels acords de pau amb les FARC". PDF Imprimeix Correu electrònic
dimarts, 9 de febrer de 2016 09:44

Vicenç Fisas, Director de l'Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Fòrum de Nacions Unides i la Universitat Nacional de Colòmbia, Bogotá

• Antes nada, permítanme que solicite respetuosamente, a las dos delegaciones de La Habana y a la sociedad colombiana en general, que la fecha acordada del 23 de marzo, para dar por terminada la negociación, se aplace por unos meses más, para que la actual presión hacia los negociadores, a mi juicio excesiva y perjudicial, no provoque un “cierre en falso” del proceso. Una negociación tan compleja, y con una parte final de tanta responsabilidad y trascendencia, amerita una reflexión serena y realista de todos sus puntos y subpuntos a negociar y concertar. La imposición de una fecha límite ha sido causa del fracaso de más de un proceso de paz. No caigamos en este error. Las negociaciones ya funcionan con un ritmo intenso, y no es conveniente ni necesario sacralizar una fecha. Aceptémosla simplemente como metáfora de la buena voluntad de las dos partes en llegar a un acuerdo lo antes posible, sin más.

• Un requisito previo e indispensable para una correcta y exitosa implementación y verificación de los acuerdos, es el total desmonte del paramilitarismo y el combate a la criminalidad organizada, interesados en copar los espacios donde actualmente hay presencia de las FARC y en obstaculizar la buena marcha del proceso de paz. En este sentido, resulta urgente un serio compromiso político de todas las instituciones del Estado y la puesta en funcionamiento de una Unidad de Investigación y de una Comisión Mixta (Estado y FARC), para garantizar la seguridad personal de los futuros excombatientes y asegurar el normal desarrollo de los proyectos productivos derivados del Acuerdo Final.

• Todos los mecanismos de verificación e implementación, han de ser resultado de un acuerdo entre las delegaciones del Gobierno y de las FARC, esto es, producto de la Mesa de negociaciones. Para que puedan ser eficaces, no pueden ser creadas de forma unilateral, sino de forma concertada.

• Para el pleno cumplimiento del punto de la Agenda referida a la participación política de las FARC, es preciso que en el tiempo más breve posible, existan todos los mecanismos jurídicos necesarios para que esta participación se pueda realizar ya, a muy corto plazo. De la misma forma, el propio Acuerdo Final que se alcance, deberá tener un carácter internacional en el plazo más breve posible.

• Pongo a disposición de las partes, e igualmente a Naciones Unidas, la consideración de que la Misión política de la ONU para Colombia, aprobada por la resolución 2261, de 25 de enero, en el futuro pueda ampliar su Mandato para ejercer tareas de seguimiento y verificación del cumplimiento del Acuerdo Final, y no solo del alto el fuego bilateral, con la publicación de informes semestrales sobre el estado de la cuestión, todos ellos públicos, y firmados por el secretario general de la Organización, como se hace habitualmente con las operaciones de mantenimiento de la paz y el resto de misiones políticas.

• La verificación del cumplimiento del Acuerdo Final, tiene que hacerse de forma cooperativa, y será inevitablemente de una gran complejidad en el caso colombiano, por varias razones. Una de ellas es la importancia en cuanto a capacidad de transformación sistémica del Acuerdo, especialmente en lo agrario y en la mejora de la calidad democrática del país. Recuérdese que la mayor parte de los acuerdos de paz que se firman en el mundo, por desgracia se limitan al desarme de los grupos armados, su amnistía y el reparto del poder político, sin influir en la mejora de las condiciones políticas, sociales y económicas de la población. El actual proceso de paz colombiano, por fortuna, ayudará a mejorar el país de forma sustancial, en diferentes ámbitos, y sería una pena, y un desastre político, si eso no ocurriera por falta de cumplimiento de lo acordado. Conviene, por tanto, adoptar todos los sistemas de garantías posibles para que, en el plazo de 10 años, Colombia haya superado, no todos, pero si bastantes grandes retos pendientes en cuanto a justicia social, desarrollo humano, seguridad y calidad democrática.

• Creo importante recalcar que el Acuerdo Final con las FARC compromete, única y exclusivamente con los puntos de la Agenda. Los otros temas pendientes de Colombia, en lo económico, social y político, deberán abordarse igualmente, pero desde otro marco jurídico y político. No puede ponerse todo en la misma cesta.

• Otra complejidad es la derivada del tamaño del país (más de 1’1 millones de km2) y de su población (unos 49 millones de habitantes). Con este contexto geográfico y demográfico, de poco sirven las experiencias de países hermanos de Latinoamérica, mucho más pequeños y/o con poca población, como El Salvador o Guatemala, que también sufrieron severos conflictos y sellaron acuerdos de paz. Si en estos dos países mencionados, la implementación de los acuerdos ya fue difícil, no cuesta mucho imaginar el desafío que deberá encarar Colombia.

• La “arquitectura institucional” para verificar la implementación de los acuerdos, habrá de ser ágil, clara, suficiente, sin burocracias innecesarias, competente, realista, muy realista, participativa, eficiente y, como señala el propio esquema inicial del Acuerdo, con un claro enfoque regional. Insisto en que los acuerdos no van a solucionar de un plumazo todos los problemas del país. Las zonas más castigadas por el conflicto armado, habrán de ser las primeras beneficiarias, incluyendo, por supuesto, todo el esfuerzo necesario, aunque sea costoso y titánico, para que la población desplazada pueda volver a sus tierras, con dignidad, seguridad física y apoyo institucional para rehacer su “modus vivendi”. Este entramado institucional debería concretarse y concertarse ya, no dentro de dos años. La implementación de los acuerdos debe ser un “asunto de Estado”, no únicamente el compromiso de un Gobierno, y así debería constar en la legislación. Su no-cumplimiento debería ser objeto también de sanciones políticas y judiciales.

• En este diseño institucional, creo que debería tenerse muy en cuenta la forma y el modo en que las FARC están pensando en contribuir, directamente, en la implementación de los acuerdos, como agentes de desarrollo comunitario, e incluida en muchas ocasiones, como forma de aplicar la justicia restaurativa, que han aceptado las dos partes en negociación. En este sentido, y con un criterio muy político y estratégico a favor de la paz, conviene permitir, favorecer y garantizar que las FARC hagan su última y solemne Conferencia, que será, ya, la Conferencia de la Paz, el encuentro que sellará su firme compromiso de dejar a un lado sus armas, aunque no sus sueños, para reincorporarse inmediatamente y de forma simultánea, junto con ex milicianos y sus familias y los campesinos de la regiones rurales donde ha estado la insurgencia, a las tareas políticas, sociales y económicas, con sus propios proyectos, la mayoría autogestionados, y muchos de ellos, probablemente, en sus zonas de permanencia, que ayudarán, junto al resto de los esfuerzos de toda la comunidad colombiana, a mejorar ese maravilloso país; para participar, individualmente y como colectivo, a la construcción de una cultura de paz que, lo antes posible, ayude a la sociedad colombiana a resolver sus disputas y sus diferencias, respetando la vida, que es lo más sagrado que tenemos, aunque demasiadas veces está devaluada. Esa será la próxima revolución, el cambio en profundidad pendiente, pero posible y necesario.

• Finalmente, en cuanto a la financiación del Acuerdo de Paz, creo que sería un error y un injusto agravio a los países más empobrecidos del planeta, especialmente africanos, y a las decenas de millones de personas refugiadas de este momento, que están provocando el éxodo más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que Colombia se limitara a pedir ayuda financiera de la comunidad internacional. Colombia tiene recursos propios, tiene élites financieras, ganaderas, industriales y de otro tipo, que también deberán poner su parte, de la misma manera que la insurgencia deberá colaborar en lo que pueda.

• Y no debe olvidarse que, tras todos los acuerdos de paz, se hace una “reforma del sistema de seguridad”, en la que sin duda deberá tenerse en cuenta las preocupaciones de la Fuerza Pública, que entrará seguramente en una fase de transición gradual. Si se hace bien, y sin traumas, de forma colaborativa, se producirá el llamado “dividendo del desarme”, es decir, la liberación de recursos humanos y económicos del sector militar, para destinarlos al desarrollo humano del país, mejorando, entre otras cosas, el sistema sanitario, educativo, de vivienda, y cubriendo, en primera instancia, las necesidades básicas del país. Y para combatir el narcotráfico y la criminalidad, no se necesitan ni carros ni aviones de combate, sino buenos servicios de inteligencia, una policía especializada y, si cabe, el apoyo de unas FFAA mucho más reducidas de lo que son en la actualidad. Este es el esquema se ha seguido siempre en todas partes, y Colombia no debería ser la excepción.

Més informació: PDF

 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat