Al menos 11 personas supuestamente integrantes del grupo armado de oposición islamista JMB han muerto durante varias redadas por parte de la policía contra tres casas en las que se alojaban los insurgentes. El grupo armado ha sido acusado por el Gobierno bangladeshí de ser el responsable del atentado contra una cafetería en el mes de julio en el que murieron cerca de 30 personas incluyendo seis atacantes. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque las autoridades bangladeshíes niegan reiteradamente que haya conexión entre ambos grupos armados. La policía señaló que los insurgentes abrieron fuego cuando se les requirió que se rindieran lo que llevó a la respuesta armada por parte de las fuerzas de seguridad. Desde que se produjo el atentado, 14 personas han muerto a manos de la policía por sus supuestos vínculos con la insurgencia, incluyendo el líder del grupo armado y autor intelectual del atentado, Tamim Chowdhury, ciudadano canadiense-bangladeshí. Este último murió durante una operación de las fuerzas de seguridad a finales de agosto junto con otros dos supuestos integrantes del grupo armado. (Al Jazeera, 27/8/16 y 8/10/16)

El Gobierno impone el estado de emergencia por un periodo de seis meses en la región de Oromiya como consecuencia de las graves movilizaciones que han provocado más de un centenar de víctimas mortales como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad etíopes. En este sentido, diversos analistas han acusado a Etiopía de haber retirado parte de sus tropas en Somalia para sofocar el clima de rebelión interna. El Gobierno etíope ha rechazado que su decisión de reitrar las tropas esté vinculada a la situación interna, y la ha achacado a la falta de apoyo internacional a sus actividades en Somalia. El Gobierno ha acusado a fuerzas contrarias a la paz de provocar los disturbios. (African News, 11/10/16)

Las Fuerzas Armadas etíopes penetran en territorio de Kenya a mediados de octubre en persecución de combatientes del grupo armado ONLF en Golole, cerca de la localidad de Sololo, en el condado de Marsabit, causando decenas de muertes en las filas del grupo armado, y la muerte de un civil. Se estima que un destacamento de 100 soldados etíopes participó en el operativo, que llevó a cabo diversos interrogatorios a la población civil en Golole. A su vez, las Fuerzas Armadas de Kenya fueron desplegadas en Sololo tras el ataque perpetrado por las Fuerzas etíopes para determinar el alcance de los hechos. Además, la Policía etíope ha arrestado a seis policías en la frontera entre ambos países. El equipo policial había penetrado en territorio etíope para asegurar la liberación de un reservista keniano que había sido arrestado por haber penetrado en territorio etíope. El Gobierno de Kenya ha anunciado que está llevando a cabo las gestiones necesarias para proceder a su liberación. (ESAT News, 26/10/16)

Las Fuerzas Armadas declaran a finales de octubre que desde el inicio de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala a principios de julio 70 miembros de Abu Sayyaf han fallecido, 32 han sido capturados y otros 34 se han rendido. En el mismo periodo han muerto 28 soldados y alrededor de 100 han resultado heridos en las provincias de Sulu y Basilan. También a finales de mes, el Gobierno declaró que en los primeros seis meses del año las ofensivas militares han conseguido reducir el número de combatientes de Abu Sayyaf hasta los 481 (506 en el mismo periodo del año pasado). A pesar de ello, en el mismo periodo el grupo llevó a cabo 32 ataques con artefactos explosivos, un incremento del 68% respecto del año anterior. Estas cifras no contemplan el impacto de las ofensivas militares del Ejército en los principales bastiones de Abu Sayyaf, de modo que el Gobierno estima que actualmente el grupo dispone de entre 300 y 400 combatientes. Sin embargo, a principios de septiembre un portavoz de Abu Sayyaf había declarado que el grupo disponía de más de 1.000 combatientes. A mediados de octubre, las Fuerzas Armadas declararon que en los 100 primeros días de gobierno del nuevo presidente, Rodrigo Duterte, se habían llevado a cabo 579 operaciones militares contra el grupo solamente en Sulu y se habían registrado 54 enfrentamientos directos entre ambas partes. En septiembre las Fuerzas Armadas declararon haber desplegado unos 7.000 efectivos militares desde finales de agosto, pero algunos medios de comunicación especularon con la posibilidad de que esta cifra hubiera ascendido hasta los aproximadamente 10.000 efectivos. En este sentido, el Ejército reconoció que actualmente más del 50% de las capacidades militares aéreas y navales están desplegadas en Mindanao, principalmente en tareas de contrainsurgencia contra Abu Sayyaf. El Gobierno reconoció que ha podido desplegar un número tan importante de soldados y un porcentaje tan alto de equipamiento militar a la lucha contra Abu Sayyaf porque avanzan en la buena dirección las conversaciones de paz con el MILF como con el NPA, grupos con los que el Gobierno tiene un acuerdo de alto el fuego.Por otra parte, Manila también informó que en los primeros seis meses del año Abu Sayyaf ha obtenido 7,3 millones de dólares por el pago de por la liberación de rehenes, principalmente de 14 tripulantes de nacionalidad indonesia y otros cuatro de nacionalidad malasia que fueron secuestrados a principios de año cerca de las costas de Sulu. Desde entonces, los Gobiernos de Filipinas, Malasia e Indonesia han incrementado las patrullas en el mar de Sulu y han coordinado sus comunicaciones y sus planes de protección a embarcaciones que navegan en la región. De hecho, la lucha conjunta contra Abu Sayyaf es uno de los principales temas que previsiblemente abordará Rodrigo Duterte en su visita a Malasia a principios de noviembre. En este sentido, cabe destacar que el 21 de octubre miembros de Abu Sayyaf atacaron una embarcación surcoreana cerca de las costas de la provincia de Tawi-Tawi y secuestraron al capitán del navío y a otro tripulante. (Aljazeera, Interaksyon, 21/10/16; ABS-CBN News, Inquirer, 30/10/16; GMA News, 29/10/16; Philippine Star, 15/10/16; Rappler, 16/10/16)

Más de 122 personas recibieron disparos y murieron a manos de la Policía en el país en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2015, según ha señalado el rotativo Sunday Nation. Estas cifras se han obtenido a partir de la base de datos “Deadly Force”, la más importante y exhaustiva base de datos sobre muertes policiales configurada a partir de la recopilación de la información de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos. La cifra de los ocho primeros meses de 2016 está a punto de rebasar la cifra total anual, que ascendió a 140 personas. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos han condenado diversas muertes a manos de la Policía que podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales o como mínimo han resultado controvertidas y podrían haber sido manipuladas. El Gobierno ha manifestado que no se puede juzgar a todo el cuerpo de Policía por algún caso aislado de uso excesivo de la fuerza. En paralelo, el Gobierno estableció a finales de octubre el toque de queda por un periodo de 60 días en la localidad de Mandera, en el norte del país, y se produjeron enfrentamientos entre grupos armados de las comunidades pokot y marakwet en las zonas fronterizas de los condados de Baringo y Elgeyo-Marakwet, causando diversas víctimas mortales. (Deadly Force; Daily Nation, 18/10/16)

Un grupo de 250 insurgentes lleva a cabo varios ataques contra tres puestos policiales fronterizos, causando la muerte de nueve policías en el estado de Rakhine. Ocho insurgentes murieron también durante el ataque. El grupo armado de oposición Aqa Mul Mujahidin estaría detrás de los ataques, en los que también logró hacerse con una gran cantidad de armas y municiones. Como consecuencia de las operaciones de seguridad que se iniciaron tras el ataque otras 22 personas murieron, varias de ellas bajo custodia. Gran parte de estas víctimas podrían ser civiles, según señalaron las organizaciones de derechos humanos locales. Además, miles de personas han tenido que desplazarse como consecuencia de los operativos de seguridad y se ha producido un grave incremento de la tensión entre las comunidades budista y musulmana. Las fuerzas de seguridad podrían haber disparado contra población rohingya desarmada causando la muerte de varios civiles. El relator especial sobre los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, ha hecho un llamamiento para que se permita el acceso a las zonas afectadas por el conflicto y ha expresado su preocupación por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han llevado a cabo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, numerosos casos de violaciones sexuales y el asesinato de civiles. El acceso de los medios de comunicación a la zona está severamente restringido. Además, decenas de casas podrían haber sido incendiadas en la zona. Numerosos hombres civiles se han desplazado de sus hogares temiendo ser acusados de ser insurgentes y las fuerzas de seguridad forzaron a más de 2.000 personas a abandonar sus poblaciones. (The Irrawaddy, 14, 18, 25, 28 y 31/10/16)

Un atentado en la capital de la provincia de Baluchistán, Quetta, contra una academia de policía causa la muerte a 62 personas, la mayoría cadetes de policía. Más de cien personas resultaron heridas fruto del atentado. Un grupo de insurgentes atacó la academia en un asalto que duró varias horas y durante el que se enfrentaron a la policía en un intenso tiroteo. Dos de los atacantes hicieron estallar cinturones con explosivos y un tercer asaltante murió tiroteado. Aunque algunas fuentes atribuyeron el atentado a ISIS, el grupo armado pakistaní Lashkar-e-Jhangvi, asociado a la insurgencia talibán lo había reivindicado previamente. Un portavoz del Gobierno baluchi señaló que el atentado había sido preparado en suelo afgano acusando a “agencias de inteligencia extranjeras”. Por otra parte, seis personas murieron y 19 resultaron heridas como consecuencia de un atentado contra un tren en la población de Mach, al sur de Quetta. El atentado fue reivindicado por el grupo armado de oposición baluchi BLA, que señaló que el atentado tenía como objetivo a los militares pakistaníes que se desplazaban hacia Rawalpindi en este tren. Con frecuencia la insurgencia nacionalista baluchi lleva ataques contra infraestructuras. Recientemente, el líder del grupo armado BLF, Allah Nazar Baloch, solicitó apoyo internacional, incluyendo de India, para la causa baluchi y anunció ataques contra el proyecto del Corredor Económico China Pakistán, que tiene como objetivo unir el oeste de China con mar Arábigo en Pakistán con una red de carreteras, ferrocarriles y tuberías energéticas atravesando Baluchistán. La insurgencia baluchi califica el proyecto de imperialista, y Frontier Works Organisation, la empresa pakistaní dirigida por el ejército señala que en los últimos dos años 44 de sus trabajadores han sido asesinados y 100 han resultado heridos como consecuencia de atentados. (Al-Jazeera, 25/10/16; Reuters, 25/10/16)

Al menos 14 personas han resultado muertas como consecuencia de un ataque a un tren en la localidad de Mindouli, en la región de Pool. El ataque fue llevado a cabo por los antiguos combatientes conocidos como Ninjas (Ninjas Nsiloulou) liderados por el antiguo líder rebelde Frédéric Bintsamou, también conocido como el Reverendo Ntumi, según fuentes policiales. Representantes del Reverendo Ntumi han señalado que no tienen ninguna relación con los hechos. En las últimas semanas se han producido enfrentamientos en los que se han visto implicadas las milicias Ninjas, antiguo grupo armado liderado por el Reverendo muy activo en las guerras que afectaron el país en los años noventa. Ntumi ha manifestado su apoyo a Guy Brice Parfait Kolélas, hijo del histórico líder político, Bernard Kolélas, que llegó a ser primer ministro en 1997 y que configuró la milicia privada Ninjas con la que sembró el terror en el país. Kólelas fue derrotado en las elecciones de marzo de 2016 por Denis Sassou-Nguesso. Ntumi ha afirmado que sus jóvenes han retomado las armas como consecuencia de las elecciones fraudulentas de marzo y en respuesta de la violencia gubernamental que se ha intensificado desde la reelección controvertida de Nguesso. Ntumi, que sigue todavía en búsqueda y captura por parte de las autoridades congolesas, ha responsabilizado al presidente Sassou-Nguesso por el deterioro de la situación de seguridad. Ntumi ha hecho un llamamiento para el establecimiento de un diálogo mediado por la comunidad internacional. (AFP, 02/10/16; RFI, 01, 05, 06 y 21/10/16)

A raíz de la crisis política abierta en el país tras los enfrentamientos producidos entre las tropas gubernamentales y las pertenecientes al SPLA-IO en la capital Juba durante el mes de junio, que trajo como resultado el cese de Riek Machar como Primer Vicepresidente del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, la violencia ha vuelto a emerger por parte de los grupos armados seguidores de Machar. Entre el 8 y 9 de octubre 21 civiles han sido asesinados en una emboscada realizada por fuerzas del SPLA-IO en la carretera que une la capital Juba con la segunda ciudad del país, Yei. A su vez, otras 30 personas perdieron la vida en una emboscada perpetrada el día 10 a cuatro autobuses que hacían la ruta Kampala-Juba. Paralelamente se han registrado fuertes enfrentamientos en Wajwok y Lelo, cerca de Malakal, región de Greater Upper Nile, que han dejado un balance de 56 rebeldes y cuatro soldados fallecidos, según ha informado un portavoz del Ejército. Los enfrentamientos se han producido entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes de la milicia Shilluk conocida como Aguelek, leal a Riek Machar, por el control de las dos áreas señaladas, que finalmente han quedado bajo mando gubernamental. El deterioro de la situación de seguridad y los ataques contra la población civil han sido condenados por la misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS), quien ha alertado del peligro que supone el incremento de la violencia. El rebrote de los enfrentamientos se relaciona con el llamamiento realizado durante el mes de septiembre, por Riek Machar, quien había alentado a sus seguidores a la vuelta a la guerra contra el Gobierno de Kiir, declarando el colapso del acuerdo de paz firmado en agosto de 2015 tras su cese como Primer Vicepresidente. (Sudan Tribune, 07, 10/10/2016; Radio Tamazuj, 11, 23/10/2016; Reuters, 16/10/2016; AFP, 17/10/2016)

Se deteriora el conflicto entre Turquía y el PKK, con numerosos hechos de violencia durante el mes, incluyendo operaciones especiales contra el PKK, bombardeos contra posiciones del grupo en zonas de Turquía y del norte de Iraq, y ataques del PKK. Entre los incidentes, el Ejército informó de la muerte de al menos cien militantes del PKK en operaciones especiales entre el 20 y 26 de octubre en ocho provincias del sudeste. El 17 de octubre impuso toques de queda en 15 localidades de la provincia de Diyarbakir. Se intensificó la violencia en el distrito de Şemdinli (provincia de Hakkari). Allí, un ataque suicida contra un puesto de control militar el 9 de octubre causó la muerte de diez soldados y seis civiles, así como heridas a 11 soldados y a una quincena de civiles. Tras el ataque el Ejército anunció una operación aérea de gran escala. Asimismo, supuestos militantes del PKK mataron a dos políticos del AKP en el distrito de Özalp (provincia de Van) y de Dicle (Diyarbakir), y atacaron otra sede del AKP en la provincia de Mardin. El primer ministro afirmó que el grupo parecía haber iniciado una nueva fase con sus ataques contra el partido. La clase política, incluyendo el pro-kurdo HDP, condenó los ataques. Por otra parte, el grupo armado TAK –considerado vinculado al PKK– se atribuyó un ataque con bomba junto a una estación de policía en Estambul el 6 de octubre, que causó heridas a diez civiles. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Turquía iniciaba una nueva era en la lucha contra el terrorismo en 81 ciudades de Turquía tras una reciente reorganización del departamento de Policía, que llevará a la intensificación de la lucha contra el PKK. Asimismo, el Ejército incrementó su despliegue junto a la frontera con Iraq. Según el balance de ICG, en octubre murieron al menos 49 miembros de las fuerzas de seguridad, 67 miembros del PKK o vinculados a éste y 15 civiles. Se agrave la tensión entre el Gobierno y el movimiento kurdo con la detención de los co-alcaldes de Diyarbakir, la capital simbólica kurda, acusados de vínculos con el PKK, que generó fuertes críticas de los ámbitos armado, político y social del movimiento kurdo. Cemil Bayik, líder del PKK, afirmó que la detención de los co-alcaldes de Diyarbakir era el culmen de la hostilidad del Estado hacia los kurdos. Desde el ámbito político, los líderes políticos kurdos llamaron a la movilización en las calles y a la “resistencia”. (Hürriyet, Reuters, Rudaw, Firat, 1-31/10/16)

Tras haber negado su responsabilidad en los hechos, Arabia Saudita reconoció la autoría de un ataque aéreo durante la celebración de un funeral en la capital yemení, Sanaa, que el 8 de octubre causó la muerte de 140 personas y dejó heridas a otras 600. La ofensiva motivó duras críticas a la coalición liderada por Riad, que ha sido acusada de múltiples ataques en mercados, escuelas, hospitales y bodas con numerosas bajas civiles. El funeral del padre de un ministro del gobierno de los al-houthistas había reunido a numerosos dirigentes del bando rebelde y provocó la muerte a miembros de la élite política, tribal y militar. Riad atribuyó la acción a una información incorrecta que identificó el lugar de la reunión como un objetivo militar. Analistas advirtieron sobre el fuerte impacto del ataque, considerado una violación de las normas tradicionales, y alertaron de sus consecuencias en los esfuerzos por reactivar negociaciones de paz. Tras el ataque, los al-houthistas lanzaron dos misiles a territorio saudita, uno de los cuales habría alcanzado la base militar de Taif, a 520 km de la frontera con Yemen. La ofensiva saudita llevó a EEUU a declarar que su cooperación con Riad no era un “ cheque en blanco” y que revisaría la asistencia militar y logística que está proporcionando a los sauditas. Washington desmintió pretender un mayor rol en la guerra en Yemen después de lanzar su primer ataque a territorios controlados por el grupo armado al-houthista. EEUU disparó misiles contra tres radares en la costa yemení dominada por los al-houthistas tras un ataque fallido con proyectiles contra un barco estadounidense apostado en el Mar Rojo. Los al-houthistas negaron tener responsabilidad en esta ofensiva y acusaron a EEUU de utilizarla como excusa. A mediados de octubre, el enviado especial de la ONU para Yemen anunció un nuevo cese el fuego de 72 horas en el país para permitir el acceso de ayuda humanitaria. La tregua –la sexta desde marzo de 2015– se implementó con violaciones parciales, pero las partes ignoraron los llamados a extenderla y reanudaron los enfrentamientos. La ONU alertó sobre la grave situación humanitaria en el país, con la mitad de las instalaciones sanitarias no operativas, un nuevo brote de cólera, 3,2 millones de personas desplazadas por la violencia, 80% de la población con necesidad de ayuda humanitaria y 370.000 menores con desnutrición severa. (OCHA, 25/10/16; The Guardian, 09, 13, 15, 16, 18, 23, 30/10/16; Foreign Policy, 12/10/16)

La UE y el Gobierno de Afganistán firman un acuerdo de repatriación por el que decenas de miles de persones procedentes de Afganistán, cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas serán retornadas de manera forzada a su país de origen. El acuerdo se anunció durante la conferencia internacional celebrada en Bruselas en la que los donantes comprometieron 3.750 millones anuales en cooperación para el desarrollo en el país durante los próximos cuatro años. Durante el año 2015 llegaron a territorio europeo 213.000 personas procedentes de Afganistán, de las que 177.000 solicitaron asilo, aunque más del 50 por ciento de estas solicitudes fueron rechazadas. Las autoridades europeas negaron que el acuerdo de repatriación estuviera condicionado a la ayuda comprometida al país, aunque se filtró información que demostraba esta vinculación que también fue reconocida por integrantes de la delegación afgana presente en la conferencia. Durante la conferencia también se abordaron otras cuestiones, como las elecciones que estaban previstas para 2015 y que por el momento no se han celebrado. Las organizaciones de derechos humanos mostraron su preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos que está sufriendo el país y por el hecho de que no se establecieran condiciones concretas en materia de derechos humanos para el desembolso de la ayuda. Por otra parte, se produjo un importante repunte de la violencia durante el mes, con uno de los episodios más graves sucedidos en el país. Al menos 100 miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron en un ataque talibán en las inmediaciones de la ciudad de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand. Además, la insurgencia talibán consiguió recuperar el control sobre varias partes de la ciudad de Kunduz durante varios días en los que se produjeron enfrentamientos que obligaron a decenas de miles de personas a desplazarse. Según cifras reveladas extraoficialmente por fuentes gubernamentales entre marzo y agosto alrededor de 4.500 soldados y policías afganos habrían muerto y más de 8.000 habrían resultado heridos. Los nuevos reclutamientos en las fuerzas de seguridad no estarían siendo suficientes para reponer a los fallecidos y a quienes las abandonan, por lo que podría generare un importante vacío de seguridad en un futuro cercano. (The New York Times, 5, 12/10/16)

Tras meses de planificación, el gobierno iraquí anunció el 17 de octubre el inicio de la operación militar destinada a recuperar el control de Mosul, la segunda ciudad del país que desde junio de 2014 seencuentra en manos del grupo armado ISIS. Además de las fuerzas iraquíes, en la ofensiva participan combatientes kurdos (peshmergas), milicias shiíes y fuerzas especiales de EEUU, Reino Unido y Francia, países que forman parte de la coalición internacional anti-ISIS. Una fuerza integrada por unos 30.000 efectivos rodeó la ciudad, cuyos accesos habrían sido minados por ISIS. Altos mandos militares iraquíes anticipaban que la campaña de Mosul podría durar meses. Se trata de una localidad clave para ISIS por su valor simbólico (el líder del grupo anunció el califato desde Mosul) y estratégico (la pérdida de la urbe afectaría las rutas de suministro desde Iraq a las zonas controladas por ISIS en Siria). El grupo armado prohibió a la población de Mosul abandonar la ciudad, destruyendo las casas de quienes han huido e instalando puestos de control en las vías de salida. Aun así, el Comité Internacional de Cruz Roja, ACNUR y ONG internacionales advirtieron que la batalla por Mosul puede agravar la crisis humanitaria en el país con el desplazamiento forzado de más de un millón de personas en toda la zona, en un contexto de falta de recursos económicos, carencia de espacios de acogida y condiciones climatológicas adversas, por la proximidad del invierno. Se estima que tres millones de iraquíes ya se encuentran en situación de desplazamiento forzado desde la intensificación de la violencia en 2014 y actores humanitarios temen que la mala gestión de una nueva crisis profundice los agravios entre la población, que en su momento habrían contribuido a la toma de Mosul por ISIS. Tras el inicio de la ofensiva, ISIS lanzó ataques contra Kirkuk –con la intención de desviar la atención a este frente y evitar la concentración de tropas en Mosul–e incendió una planta química en los alrededores de Mosul. (The Guardian, 17, 19, 20, 22/10/16; AP, 21/10/16)

Veintidós miembros de las fuerzas de seguridad nigerinas (14 guardias nacionales, 5 policías y 3 soldados) han sido asesinados el pasado 6 de octubre en un campo de refugiados malienses en Tassalit, región de Tahoua, por asaltantes provenientes de Malí. La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado además que otros cinco soldados han resultado heridos y que no ha habido civiles afectados. La ACNUR ha informado que en la actualidad hay alrededor de 60,000 personas refugiadas provenientes de Malí, así como además otras 80,000 personas que han huido de la violencia de Boko Haram en Nigeria. Posteriormente, el 17 de octubre, otro grupo armado maliense, el Movimiento para la Unidad y la Yihad en el Oeste de África (MUYAO), ha realizado un ataque a una prisión situada en Koutoukale, a cincuenta kilómetros al norte de la capital. El ataque ha sido repelido por las fuerzas armadas nacionales. Ese mismo día un trabajador humanitario estadounidense ha sido secuestrado en la Abalak por un grupo armado maliense que ha asesinado a dos guardias en la operación. La canciller alemana Angela Merkel, en una reunión mantenida en Niamey con el presidente nigeriano Issofou, se ha comprometido a fortalecer la seguridad en el país con una dotación de 27 millones de euros. (Al Jazeera, 15/10/2016; The Independent, 16/10/2016; AFP, 17/10/2016)

El grupo armado islamista radical al-Shabaab toma el control de una decena de localidades somalíes desde julio como consecuencia de la retirada de las tropas etíopes, que habrían abandonado diversas localidades en los últimos meses en las regiones interiores de Somalia, principalmente en Hiiraan y Bakool. Esta decisión ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas ante la preocupación por el retorno de al-Shabaab a estas localidades. El ministro de Comunicación etíope ha señalado que solo se han retirado parte de las tropas etíopes no encuadradas en la misión de la UA en el país (AMISOM), y ha dirigido la responsabilidad de esta decisión a la ausencia de apoyo internacional, tras la reciente decisión de la UE de recortar el apoyo económico a la presencia militar internacional en Somalia. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes de tropas a la AMISOM. Según el periodista que trabaja para VOA en la región, Harun Maruf, en octubre han abandonado una importante base en la localidad El-Ali y aunque las razones para la retirada no están claras, diversos expertos señalan que estas decisiones podrían estar conectadas con la situación a nivel interno de Etiopía como consecuencia de las protestas desencadenadas por los movimientos de la comunidad oromo, lo que habría provocado el retorno de estas tropas para sofocar la movilización social interna. Las protestas de la comunidad oromo han provocado el establecimiento del estado de emergencia por seis meses. (Africa News, 11/10/16; BBC, Reuters, 26/10/16)

Tras un año marcado por la confrontación entre el Presidente Vaz y la facción dominante del partido de Gobierno, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), desde que estallará la crisis en agosto del 2015, se ha logrado la apertura de un dialogo político entre las partes que se ha celebrado entre el 11-14 de octubre en Conakry, capital de la vecina Guinea. En él, se ha discutido la puesta en marcha de los seis puntos planteados durante el mes de septiembre bajo la mediación de la ECOWAS, para tratar de poner fin a la crisis política, y donde se incluyen la formación de un gobierno inclusivo de consenso, así como la introducción de modificaciones en la Constitución, la legislación electoral y las leyes que rigen a los partidos políticos. El diálogo ha finalizado con la firma del Acuerdo de Conakry el 14 de octubre, en el que se ha acordado la elección por consenso de un nuevo Primer Ministro que se mantendrá en el cargo hasta las elecciones legislativas de 2018. El acuerdo también incorpora a la Cámara parlamentaria, a los quince diputados disidentes del PAIGC que habían sido suspendidos. (Reuters, 14/10/2016)

Tras más de dos años de bloqueo político y después de 45 intentos frustrados, el Parlamento libanés elige a Michael Aoun como nuevo presidente del país. El ex general de 81 años obtuvo 83 votos de los 128 parlamentarios reunidos en la 46 sesión para escoger al jefe de Estado y sucederá a Michel Suleiman, que dejó el cargo al final de su período, en mayo de 2014. Aoun, cristiano maronita y líder del Movimiento Patriótico Libre, cumple con el singular esquema de reparto de poder establecido en la Constitución libanesa que exige que el presidente sea de esta confesión religiosa, que el primer ministro sea sunita y que el portavoz del Parlamento sea shií. Su designación se desbloqueó después de que a mediados de octubre el líder del Movimiento Futuro, Saad Hariri, asegurara que estaba dispuesto a darle apoyo con la intención de proteger el sistema político libanés. Aoun ha contado con el respaldo de Hezbollah, que ha promovido su candidatura. Su nombramiento fue considerado por analistas como untriunfo para el grupo shií aliado de Irán y de Siria, además de una concesión política de Hariri, reflejo de una decreciente influencia de Arabia Saudita en Líbano. Cabe destacar que Aoun tuvo un papel destacado durante la guerra civil libanesa como jefe del Ejército (1984-1990) y jugó un papel de liderazgo en el rechazo a la presencia siria en el país. Fue primer ministro de uno de los dos gobiernos rivales que se instalaron en Líbano en el período final del conflicto (1988-1990) y posteriormente estuvo exiliado en Francia durante 15 años hasta la retirada de las tropas sirias de territorio libanés. A pesar de su histórico posicionamiento contra la influencia de Siria en Líbano, desde 2006 Aoun formó una alianza política con Hezbollah, firme aliado de Damasco. En la actualidad Aoun es considerado como una figura política próxima a Irán y un dirigente carismático que ha mantenido su popularidad entre la comunidad cristiano maronita. Se esperaba que Saad Hariri fuera nombrado como primer ministro en las semanas siguientes. (RFI, BBC, The Guardian, al-Jazeera, 31/10/16)

21 de las más de 200 menores que fueron secuestradas por Boko Haram en la escuela secundaria de Chibok en abril de 2014, han sido liberadas el 14 de octubre. La liberación se ha producido como resultado de las negociaciones abiertas entre el Gobierno nigeriano y la facción de Boko Haram dirigida por Abubakar Shekau, que ha contado con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Gobierno suizo. El Gobierno presidido por Muhammadu Buhari, ha asegurado que no ha realizado concesiones a cambio de la liberación de las menores, aunque fuentes locales han afirmado que como contrapartida el Gobierno habría liberado a cinco comandantes de la organización. Garba Shehu, portavoz presidencial, ha afirmado que el Gobierno trabaja para liberar a otras 83 niñas que se encontrarían en manos de la facción liderada por Abu Musab al-Barnawi, que opera bajo el nombre de Islamic State West Africa Province (ISWAP). (Al Jazeera, 13/10/2016; The Guardian, 17/10/2016; AFP, 19/10/2016)

Delegaciones gubernamentales de Kirguistán y Uzbekistán llevan a cabo sendas visitas respectivas en octubre, como medida de confianza para la mejora de las relaciones entre ambos países. Las visitas se producen tras una nueva crisis fronteriza en agosto, y en un nuevo contexto político regional, tras la muerte en septiembre del presidente uzbeko, Islam Karimov, sucedido como presidente en funciones por el hasta entonces primer ministro Shavkat Mirziyaev. Diversos medios han apuntado a las señales lanzadas por Mirziyaev desde asunción del cargo sobre su intención de mejora de relaciones con los países vecinos. La delegación de Uzbekistán, que incluyó a 140 representantes uzbekos y viajó a finales de octubre, se reunió con dos vice primer ministros kirguizos en la localidad fronteriza de Dostuk. Además, el presidente kirguizo, Almazbek Atambaev, agradeció al líder en funciones ubzeko su voluntad de mejorar las relaciones entre ambos países. Previamente, una delegación kirguiza viajó a la ciudad uzbeka de Andijon, invitada por el Gobierno uzbeko. Por otra parte, en clave doméstica, dimitió a finales de octubre el Gobierno kirguizo tras el colapso días antes de la coalición gubernamental. La coalición se rompió tras el anuncio del Partido Social Demócrata –el socio mayoritario– sobre su salida alegando posiciones políticas irreconciliables, ante la oposición de otros dos socios (Ata-Meken y Onuguu) a la propuesta de referéndum sobre cambios constitucionales que ampliarían las competencias del primer ministro y del Parlamento. (Asia-Plus, RFE/RL, Reuters, 1-31/10/16)

El Ejército ucraniano y las fuerzas armadas del Donbás se retiran varios kilómetros de la línea de frente de las localidades de Zolote (región de Lugansk) y Petrivske (Donetsk), dos de las tres localidades de la primera fase de creación de zonas desmilitarizadas del acuerdo alcanzado por las partes en septiembre. El representante especial de la presidencia de turno de la OSCE y representante de la OSCE en el Grupo Trilateral de Contacto, Martin Sajdik, confirmó a finales de mes la retirada de esas tropas. Pese a la desmilitarización en esas dos zonas, el conflicto continuó activo, con enfrentamientos e incidentes en otras áreas, incluyendo en torno a la localidad de Avdiivka y cerca de Mariupol. Se informó de varias víctimas mortales durante el mes, incluyendo civiles. Además, las autoridades de la autoproclamada república de Donetsk informaron del asesinato de uno de sus líderes, Arsen Pavlov alias “Motorola” en su edificio residencial. Las fuerzas rebeldes acusaron a fuerzas especiales ucranianas de estar detrás de su muerte, mientras Ucrania apuntó a Rusia, señalando que el Kremlin estaría purgando a ciertos líderes rebeldes. Pavlov se suma a la lista de líderes de las fuerzas del Donbás asesinados. Por otra parte, la OSCE señaló que el 70% de las restricciones a la libertad de movimiento que afronta su misión de observación tienen lugar en territorio bajo control de las autoproclamadas repúblicas del Donbás. (OSCE, NY Times, RFE/RL, Reuters, 1-31/10/16