La insurgencia talibán lograr el control de tres distritos en diferentes provincias del país en tres días. En la provincia de Paktia, los talibanes lograron hacerse con el distrito de Jani en Khel, en la frontera con Pakistán, después de varios días de intensos enfrentamientos. Según fuentes policiales de la provincia, se produjeron numerosas víctimas tanto insurgentes como en las filas de las fuerzas de seguridad afganas, pero sin concretar una cifra. Pocos días antes, la insurgencia talibán había logrado el control del distrito de Kohistan, en la provincia de Faryab, aunque dos días después fue recuperado por las fuerzas de seguridad afganas, en una operación en la que según fuentes oficiales murieron 20 insurgentes talibanes. Además, se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los talibanes en varios distritos más de la provincia. El tercero de los distritos capturados por la insurgencia fue el de Taywara, en la provincia de Ghor, donde también se produjeron fuertes enfrentamientos que causaron un número desconocido de víctimas. Kabul también fue nuevamente escenario de atentados. En el más grave de ellos murieron 38 personas como consecuencia de un atentado suicida contra un autobús que transportaba trabajadores públicos. El ataque fue reivindicado por la insurgencia talibán. El ataque se produjo un día después de que hubiera sido cancelada una manifestación de población hazara por razones de seguridad. Un año antes se produjo un grave atentado reivindicado por ISIS contra una manifestación hazara en el que murieron 80 personas. Por otra parte, 16 policías afganos murieron como consecuencia de un bombardeo aéreo estadounidense como parte de la misión de la OTAN en el país en la provincia de Helmand. El ataque estaba dirigido contra un grupo de insurgentes talibanes. (RFE/RL, 25/7/17; TOLO News, 23-25/7/17; The Guardian, 24/7/17; BBC, 22/7/17)

Se produce una escalada de las actividades del grupo armado islamista de origen somalí al-Shabaab en vísperas de las elecciones que tendrán lugar en el país el 8 de agosto y como consecuencia de un aumento de bombardeos aéreos sobre un feudo del grupo. Al menos nueve civiles han muerto y otros han resultado heridos el 8 de julio en la localidad de Jima (condado de Lamu, fronterizo con Somalia, noreste del país) en una zona que ha padecido una oleada de ataques contra los cuerpos de seguridad. El 5 de julio 200 militantes de al-Shabaab atacaron un puesto de control en Pandanguo en el que murieron tres policías. Un convoy gubernamental fue atacado y un alto cargo fue brevemente secuestrado en Milihoi (carretera de Lamu-Mpeketoni) el 13 de julio en el que murieron cuatro guardaespaldas y un civil) Centenares de miles de personas han huido de sus lugares de origen como consecuencia de los ataques y de los bombardeos gubernamentales al bosque de Boni, en el condado de Lamu, feudo de al-Shabaab en el extremo del país. El Gobierno de Kenya ha impuesto el toque de queda por tres meses en los condados de Lamu, Garissa y River Tana. Se atribuyen estos ataques a la presencia de Kenya en territorio somalí en apoyo del Gobierno de Somalia en su lucha contra al-Shabaab. Por otra parte, el jefe de tecnología de la comisión electoral en el país, desaparecido el 28 de julio fue encontrado muerto el 31 de julio, supuestamente torturado. (Daily Nation, 09/07/17; The Guardian y FT, 31/07/17)

Diversos ataques por parte de al-Shabaab causan decenas de víctimas mortales en numerosos lugares del país, en paralelo a las operaciones militares por parte de las fuerzas gubernamentales y de AMISOM y los bombardeos con aviones no tripulados y otras acciones encubiertas llevadas a cabo por EEUU. Las acciones de al-Shabaab (ataques a puestos de control, a convoyes y uso de explosivos al paso de cuerpos de seguridad) tuvieron lugar principalmente en Mogadiscio, sus alrededores y en las regiones Lower y Middle Shabelle, causando decenas de víctimas mortales, destacando el ataque a AMISOM el 30 de julio en el distrito de Bulamareer que causó la muerte de 23 soldados. También destacó la liberación de siete trabajadores humanitarios cerca de Baidoa el 16 de julio, supuestamente tras haber recibido armas como rescate. Las ofensivas de los cuerpos de seguridad contra al-Shabaab causaron decenas de víctimas, destacando los 18 militantes ejecutados en las colinas Galgala (Puntlandia) a mediados de julio, y los 40 militantes el 16 de julio por parte de AMISOM en Gedo, así como la muerte del comandante de al-Shabaab Hassan Isaack Ibrahim en una operación conjunta con los cuerpos de seguridad de Jubalandia en Gelef el 19 de julio. (Reuters, 09/07/17; Garowe Online, 16/07/17; Xinhua, 20/07/17)

El gobernador de la provincia de Kivu Norte, Julien Paluku, ha instado a las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) a que lleven a cabo una operación militar para poner fin a la escalada de las actividades de las diferentes milicias Mai Mai, ya que la situación actual podría degenerar en un clima de guerra mucho más grave. En este sentido, se han producido diferentes ataques contra puestos fronterizos, puestos de control, casernas de los cuerpos de seguridad que se han atribuido a las milicias Mai Mai. Fuentes locales informaron del secuestro de 11 guardas forestales y un periodista de EEUU en Bapela, la Reserva Okapi, por parte de la milicia Mai Mai Simba, y una operación posteriormente consiguió liberar al periodista pero cinco de los guardas resultaron muertos. Las milicias Mai Mai son grupos de autodefensa surgidos de las comunidades nande, hunde y kobo rivales de la comunidad nyatura, que representa a los hutus. El 22 de junio se produjeron enfrentamientos en Beni (Kivu Norte) que causaron la muerte de 13 mai mai y tres soldados. Se teme que parte de los combatientes formaran parte de los 930 reos fugados el 11 de junio de la prisión de Beni. El 11 de julio las FARDC anunciaron un ataque a un puesto de control por parte de las milicias APCLS y Nyatura en Bukombo (territorio de Masisi, Kivu Norte). Siete milicianos murieron por enfrentamientos entre las milicias Reformed Nduma Defence of Congo (NDC-R) y las Mazembe en los territorios de Lubero y Walikale (Kivu Norte). Por otra parte, en Kivu Sur, la milicia Yakutumba tomó el control de la ciudad de Fizi el 1 de julio, causando la muerte de 30 personas en los cinco días de enfrentamientos. El ministro de Exteriores tanzano afirmó que un convoy de 24 camiones fue atacado y secuestrado por los Mai Mai en Lulimba el 5 de julio en el camino que conduce a la mina de oro de Namoya (propiedad de la canadiense Banro Gold), en la provincia de Maniema. A pesar de esta situación, la ONU ha anunciado el cierre de cinco de sus bases en Kivu Norte para finales de julio como consecuencia de los recortes en las actividades de mantenimiento de la paz, lo que ha generado un clima de preocupación a la que se ha sumado la escalada de la tensión política como consecuencia de la prolongación del mandato presidencial de Kabila. Por último, el representante de la ONU sobre DH, Jose María Aranaz, ha anunciado que el país debe identificar a los policías y otros cuerpos de seguridad involucrados en las masacres de la región de Kasai después de que se hayan encontrado 38 fosas comunes. Según la Iglesia Católica, unas 3.000 personas han muerto en las provincias de Kasai. (Daily News website, 06/07/17; Radio Okapi, 1, 2, 111, 16 y 17/07/17)

Se producen nuevos enfrentamientos entre dos tribus árabes en Darfur Este que provocan la muerte de al menos 10 personas según fuentes locales en paralelo al anuncio de los preparativos de la ONU y de la UA de cara a reducir la presencia de la misión híbrida de mantenimiento de la paz en la región de Darfur, la UNAMID. La justificación que ambas organizaciones han señalado es la reducción generalizada de la violencia en esta región sudanesa. Las tribus árabes maaliya y rizeigat se produjeron a 25 millas de El-Daien, la capital de esta provincia. Ambas tribus se han enfrentado recientemente y tienen un historial de agravios y disputas sobre la propiedad de la tierra y saqueos de ganado que han sido históricamente instigadas por parte del Gobierno de Omar al-Bashir. El Gobierno sudanés defiende que el conflicto en Darfur ha acabado por lo que ha solicitado reiteradamente la retirada de la misión. Por su parte, la ONU y la UA señalan que se ha producido una disminución significativa de la violencia en la región que justifica la reducción de la misión, una de las más costosas de la actualidad (más de 1.000 millones de dólares anuales), aunque periódicamente persisten los enfrentamientos y brotes de violencia en la zona. A finales de junio el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un nuevo año el mandato de la misión así como aprobó la reducción de la misión. (UN, 28/06/17, Fox News, 29/06/17; Security Council Report, Julio 2017)

Continúa deteriorándose gravemente la situación humanitaria en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta sobre la situación en el país, con más de 300.000 posibles casos de cólera y 7.000 nuevos casos cada día. Las cuatro áreas más afectadas son Saná, Hodeida, Hajá y Amran, según señaló el director del CICR el 10 de julio. Además, la mitad de los casos posibles de cólera son menores, según UNICEF. Hasta el día 7 de julio, la Organización Mundial de la Salud había registrado 297.438 posibles casos y 1.706 muertes. Se han registrado casos de cólera en el 95% de las provincias del país. Además, el 80% de los niños y niñas necesitan ayuda humanitaria y 2 millones se ven afectados por malnutrición aguda, según alertó la ONU en julio. La situación general de conflicto armado escaló durante el mes. Las fuerzas al-houthistas dispararon diversos misiles contra territorio de Arabia Saudita. Entre ellos, reivindicaron un ataque con misil balístico Burkan-2 que –afirmaron– impactó en una refinería de petróleo de Yanbu (provincia de Media, Arabia Saudita). Analistas señalaron un mayor riesgo de ataque sobre objetivos en zonas centrales de Arabia Saudita. El país vecino ofreció un balance de más de 34 lanzamientos de misiles balísticos desde Yemen contra su territorio desde 2015. La coalición liderada por Arabia Saudita anunció haber derribado un misil balístico lanzado hacia la ciudad de La Meca el 27 de julio. Las fuerzas al-houthistas, que reivindicaron el ataque, afirmaron que iba dirigido contra la base aérea de Fahd, en Taif. Por otra parte, se intensificó la violencia en torno a la base militar de Khaled Ibn Al Walid (este de la ciudad portuaria de Mokha, provincia de Taiz), que fue tomada por las fuerzas gubernamentales, con apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, a finales de julio. 16 al-houthistas y siete soldados murieron en choques y ataques aéreos en torno a Mokha el 29 de julio, según fuentes militares citadas en AFP. Otros 20 soldados murieron en ataques en la cercana base de Khaled. (The Guardian, 13, 27/07/17, HIS Jane’s, 26/07/17, AFP, 30/07/17)

La explosión de una granada en un bar de Shinya Hill, en el distrito de Gatara (provincia de Kayanza, en el norte) el 10 de julio causa ocho víctimas mortales y 68 heridos de distinta gravedad, de los cuales 10 se encontraban en una situación de gravedad extrema, según fuentes oficiales locales. Los ataques con granadas a bares y otros lugares de reunión se habían centrado tradicionalmente en la capital, Bujumbura, pero recientemente han empezado a afectar otros lugares fuera de la capital. El 16 de julio otra granada explotó en el vecindario de Bwiza, provocando la muerte de siete personas. (RFI, 11 y 17/07/17)

El candidato a las elecciones presidenciales y líder opositor exiliado Moïse Katumbi ha presentado una demanda ante el Comité de derechos humanos de la ONU en Ginebra contra el Gobierno el 2 de junio por presunta violación de sus derechos, incluso mediante "juicios arbitrarios [y] hostigamiento policial" en un intento por garantizar la protección internacional para regresar al país y participar en elecciones presidenciales. En paralelo, la organización Human Rights Watch ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el presidente Kabila para garantizar la celebración de las elecciones presidenciales este año. Además, ha anunciado su retorno inminente al país desde Europa, que abandonó en mayo de 2016 ante la amenaza de un proceso judicial contra él. Una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACDHNU) en la que se hace una petición al Gobierno para que deje participar abiertamente y en condiciones de seguridad a Katumbi recibida el 13 de junio. El presidente Joseph Kabila ha utilizado a la justicia congolesa para presionar a Katumbi. EEUU ha impuesto el 1 de junio sanciones contra el general François Olenga, el principal consejero militar de Kabila, acusado de haber cometido abusos y violaciones de los derechos humanos. Por útlimo, cabe destacar que el 11 de junio se produjo una fuga masiva de la prisión de Beni (este, Kivu Norte), la tercera del mes, de la que escaparon 930 presos, entre los cuales miembros de milicias Mai Mai del este del país. En los últimos 2 meses cerca de 4.000 presos se han escapado de las prisiones en todo el país. (Reuters, 01/06/17; Jeune Afrique, HRW, 02/06/17; Le Monde, 16/06/17)

El Gobierno israelí retira todas medidas de control adicional, impuestas en el entorno de la Explanada de las Mezquitas en julio tras el asesinato de dos policías por tres ciudadanos israelíes el 14 de julio. Las medidas, que incluyeron dos días de cierre del acceso al lugar, así como la instalación de detectores de metales y cámaras de videovigilancia, desencadenaron doce días de movilizaciones, que incluyeron rezos masivos en las calles y protestas en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. En el marco de las protestas e incidentes, cuatro palestinos murieron a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén este; otros tres israelíes murieron a manos de un palestino en Cisjordania; un palestino murió por disparos del Ejército israelí, supuestamente tras intentar embestir su vehículo contra soldados israelíes en Cisjordania. Desde que comenzaron los incidentes, más de 1.090 palestinos resultaron heridos, según AI. Tras el levantamiento de las medidas se produjeron nuevos incidentes. Amnistía Internacional denunció el ataque por fuerzas de seguridad israelíes contra una multitud que se congregaba de forma pacífica en la mezquita de Al Aqsa, disparando granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de punta de esponja, lo que fue respondido por algunos palestinos con lanzamiento de botellas y piedras. En torno a un centenar de personas resultaron heridas, según la Media Luna Roja. Por otra parte, el clima de tensión también se incrementó por la crisis entre Israel y Jordania tras un incidente de seguridad en la capital Jordania, Amman, el 23 de julio. El ataque con arma blanca de un joven jordano contra un guardia israelí ante la Embajada israelí en la capital jordana desembocó en la muerte del atacante por disparos del guardia, así como la muerte de otro ciudadano jordano. El Gobierno israelí evacuó a todo su personal, incluido el guardia implicado en el incidente. Las autoridades de Jordania amenazaron con no permitir la vuelta del cuerpo diplomático hasta que el guardia fuese entregado a Jordania para ser juzgado. (AI, 27/07/17; EP, 23, 28/07/17; The Guardian, 14, 16, 21, 23/07/17)

El mes de julio estuvo marcado en el estado de Jammu y Cachemira por el aniversario de la muerte del insurgente del grupo armado Hizbul Mujahideen Burhan Wani, cuya muerte en 2016 desencadenó graves disturbios y enfrentamientos. Las autoridades locales impusieron serias restricciones, incluyendo cortes de internet y el bloqueo de las carreteras de acceso a la localidad de origen de WANI. Además, gran parte de la actividad económica y social del estado permaneció paralizada durante el día. Las restricciones, similares a las de un toque de queda dificultaron las protestas en las calles. Entre los episodios de violencia que se registraron, cabe destacar que siete personas murieron como consecuencia del intercambio de fuego en la frontera por el que India y Pakistán se acusaron mutuamente. Además, tres soldados resultaron heridos en el distrito de Bandipora. También en otros momentos del mes se produjeron enfrentamientos armados. Siete perigrinas hindúes murieron como consecuencia de un ataque armado durante la celebración de Amarnath Yatra, peregrinaje hindú a la cueva sagrada de Amarnath que transcurre entre los meses de julio y agosto. Además, 19 personas resultaron heridas. El ataque se produjo cuando un el autobús en el que viajaban los peregrinos fue tiroteado. Por otra parte, fuentes indias señalaron que un soldado y una niña de ocho de años murieron como consecuencia de los disparos del Ejércido paksitaní en la frontera entre los dos países en el distrito de Poonch. (Al Jazeera, 8/7/17; India Today, 8/7/17; NDTV, 18/7/17)

Persistieron los ataques por parte de los grupos islamistas en el norte y se produjeron violaciones del alto el fuego entre los firmantes del acuerdo de paz que causaron decenas de víctimas mortales. A pesar de algunas victorias anunciadas por el Ejército contra los grupos armados islamistas del norte del país y la muerte de un comandante yihadista el 14 de julio, persiste la situación de inseguridad y violencia. Así, fue ejecutado Bekaye Sangare, uno de los líderes del grupo Macina Brigades, grupo que se había unido a la poderosa coalición yihadista creada en marzo. Previamente a su muerte, una decena de militantes había muerto en los días anteriores como consecuencia de un ataque conjunto francomaliense, según anunció el contingente francés el 13 de julio. También se encontraron los cuerpos de ocho soldados malienses el 9 de julio. Además, se produjeron violacioens del alto el fugeo graves entre los firmantes del acuerdo de paz de junio de 2015 en la región de Kidal, en el norte. GATIA, miembro de la plataforma pro unidad nacional, se enfrentó a la coalición CMA el 6 de julio cerca de Aguelhok, causando la muerte de 10 personas. En una cumbre del G5 Sahel (Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania), estos países se comprometieron a destinar 10 millones de euros cada uno, la UE otros 50, y Francia 8 millones además de apoyo técnico y logístico para la creación de la fuerza regional, para la que todavía eran necesarios otros 385 millones de euros. El 1 y el 15 de julio se produjeron importantes protestas en diversas localidades incluida la capital contra el proyecto de reforma de la constitución que estaba previsto someter a referéndum el 9 de julio y que preveía un ampliación de los poderes presidenciales, referéndum que ha sido pospuesto sine die. (AFP, 14 y 17/07/17; Reuters, 15/07/17)

La oposición política lleva a cabo una importante y multitudinaria manifestación el 15 de julio contra la propuesta de referéndum constitucional que debía celebrarse el 5 de agosto. Se ha configurado una amplia coalición del No que incluye desde movimientos islamistas a antiesclavistas y que pretende abolir el Senado y modificar la bandera nacional. En las declaraciones y parlamentos posteriores a la manifestación, se denunció el intento de golpe de Estado contra la constitución que pretendía llevar a cabo el presidente. (AFP, 16/07/17)

El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif renuncia a su cargo después de que la Corte Suprema le inhabilitara para ostentar cargos públicos a raíz de las informaciones reveladas por los Papeles de Panamá relativas a varias empresas de su familia vinculadas a casos de corrupción. La Corte Suprema ha ordenado que se inicie una investigación contra el ya ex primer ministro y su familia. Sharif ha rechazado las acusaciones de corrupción. El líder de la oposición, Imran Khan, había exigido la dimisión del primer ministro desde que se hicieron públicas las revelaciones de los papeles de Panamá. El partido de Sharif decidió la nominación del hermano del ex mandatario y ministro jefe de Pujab, Shahbaz Sharif como primer ministro y que el cargo fuera ocupado de forma interina por el antiguo ministro federal Shahid Khaqan Abbasi hasta la elección de Sharif por el Parlamento. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de pequeños enfrentamientos entre seguidores de Sharif y de Khan en varias localidades. (The Guardian y Al Jazeera, 28/7/17)

Al menos 15 personas han muerto en enfrentamientos entre miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSCA) y antiguos rebeldes en la localidad de Kaga-Bandoro, importante ciudad mercado a 400 km al norte de Bangui y uno de los epicentros de la violencia en el centro del país. Según fuentes locales, antiguos miembros de la coalición rebelde Séléka atacaron la localidad en busca de un objetivo. El clima de violencia en esta ciudad, la principal de la región de Nana-Grebizi, se ha reabierto desde finales de mayo a pesar de la firma del acuerdo de alto el fuego en junio. Según la organización Human Rights Watch (HRW), centenares de civiles han sido ejecutados desde 2003, con evidencias de la muerte de 560 civiles y la destrucción de 4.200 casas, aunque las cifras podrían ser muy superiores. Este informe de HRW se centra en el Special Criminal Court (SCC), un tribunal híbrido compuesto por jueces nacionales e internacionales que está en vías de ser operativo en breve. En paralelo, la violencia también se ha incrementado en los últimos meses en las provincias de Haute Kotto y Ouaka como consecuencia de la competencia entre facciones Séléka y anti-balaka por el control del territorio y los recursos naturales. (HRW, 05/07/17; AFP, 24/07/17)

Un informe de Human Rigths Watch (HRW) presentado el 13 de julio acusa a los servicios de seguridad del país de haber ejecutado extrajudicialmente al menos a 37 delincuentes menores en lugar de juzgarlos y condenarlos. Otros cuatro han desaparecido. Esta ola de ejecuciones se habría cometido entre julio de 2016 y marzo de 2017 con el objetivo de aterrorizar a la población de forma sistemática y organizada, de cara a fortalecer el cumplimiento de la ley y el orden. El ministro de Justicia ha desmentido el informe y lo ha calificado de falso, afirmando que HRW ha sido engañada. (HRW, 13/07/17)

El conflicto armado entre el Estado turco y el grupo armado PKK causa varias decenas de víctimas mortales en julio. 62 insurgentes, 12 miembros de las fuerzas de seguridad y 10 civiles murieron durante el mes, según el balance de International Crisis Group, basado en fuentes públicas. Se trata de un balance total similar al del mes anterior, con un ligero incremento de bajas de combatientes del PKK y un descenso de las bajas militares. Por otra parte, en julio el PKK hizo público un balance de víctimas sobre el periodo entre julio de 2015 (fecha de reinicio de la guerra en su última fase) y julio de 2017. Según el grupo armado, 1.116 combatientes del grupo murieron y 30 fueron secuestrados. Asimismo, cifra en 6.353 los miembros de fuerzas de seguridad fallecidos, incluyendo soldados y policía. El balance del ICG para ese periodo es de 1.378 combatientes, 976 agentes y 408 civiles, así como otras 219 personas de afiliación desconocida. Entre los hechos de violencia durante julio, el Ejército informó de un ataque aéreo en el distrito de Dargeçit (Mardin) que mató a 8 combatientes del PKK el 11 de julio, y de operaciones en Hakkari el 10 de julio, con 6 bajas de miembros del PKK. La guerrilla del YPS-Jin, rama urbana de mujeres del PKK, se atribuyó un ataque contra el jefe adjunto del AKP en el distrito de Lice (Diyarbakir), que le causó muerte. El Gobierno turco también atribuyó al PKK el asesinato del número 2 del AKP del distrito de Ozalp (Van). A su vez, el PKK afirmó haber matado a 43 soldados y policías en diversas acciones entre el 7 y 9 de julio en Hakkari, Bitlis, Dersim, Erzurum y Hatay. Por otra parte, el líder del partido prokurdo HDP, Selahattin Demirtas –detenido y encarcelado en noviembre de 2016 con cargos de propaganda a favor de organización armada y colaboración con banda armada, que el partido rechaza– criticó el asesinato por el PKK de un profesor, secuestrado en la provincia de Tunceli a mediados de junio. (Reuters, 2/07/17; Hürriyet Daily News, 23/07/17; ICG, 20/07/17; ANF, 10, 24/07/2017)

El conflicto armado en el este de Ucrania causa nuevas víctimas en julio, con un incremento de las violaciones del alto el fuego entre el 10 y el 24 de julio, según la misión de supervisión de la OSCE. La misión registró un incremento de la violencia en las zonas entre Avdiivka,Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk; el este de Mariúpol (Donetsk); el sudeste, sur y suroeste de Svitlodarsk (Donetsk); áreas en el oeste, suroeste y norte de Horlivka (Donetsk); y alrededor de Popasna y Pervomaisk (Lugansk). Según la OSCE, el balance de víctimas civiles en 2017 se elevaba a 330, incluyendo 59 civiles. Por otra parte, el líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Aleksandr Zajárchenko, anunció la creación de un nuevo estado, Malorossiya (“Pequeña Rusia”), que abarcaría toda Ucrania y con capital en Donetsk. El negociador jefe de Rusia en el Grupo Trilateral de Contacto, Boris Gryzlov, afirmó que la iniciativa no encajaba con el formato del proceso de Minsk. El Kremlin también afirmó que se trataba de una iniciativa personal de Zajárchenko. Representantes de la autoproclamada república de Lugansk también se desmarcaron del anuncio, según informó la BBC. Otros actores, como Ucrania, EEUU y la UE criticaron la medida. Por otra parte, el nuevo enviado de EEUU a Ucrania, Kurt Volker, afirmó a finales de julio que el Gobierno estadounidense estaba considerando la posibilidad de enviar armas letales a Ucrania, reabriendo el debate de periodos anteriores. Según el NYT, fuentes del Departamento de Defensa afirmaron que el Pentágono y el Departamento de Estado han propuesto a la Casa Blanca el suministro de misiles anti-tanque así como otras armas. El Kremlin criticó el anuncio y advirtió sobre una posible escalada de la tensión. (OSCE, 12, 24/07/17; BBC, 19/07/17; The New York Times, 1/08/17; RFE/RL, 1-31/07/17)

El 11 de julio el Parlamento controlado por la mayoría en el poder ha aprobado el decreto de estado de emergencia presentado por el presidente Edgar Lungu en el que se establece el estado de emergencia por un periodo de 90 días, decisión que sectores críticos han considerado una movimiento para fortalecer su control del poder en el país. La oposición política boicoteó la sesión, en la que solo estuvieron presentes los diputados de la mayoría en el poder. El 5 de julio el presidente concedió más poderes a la policía para llevar a cabo detenciones y arrestos, argumentando que la oposición estabas detrás de intentos de cometer ataques con incendios para crear terror y pánico, incluyendo un incendio de un mercado en la capital. A su vez, el presidente negó que estuviera intentado establecer una dictadura en el país y acusó a sus rivales de querer tergiversar los resultados electorales de 2016, en los que resultó vencedor. (Zambia Reports, 05/07/17; AFP, 11/07/17)