La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda ha anunciado que la CPI ha decidido abrir una segunda investigación en la República Centroafricana (RCA) con el objetivo de indagar los crímenes perpetrados desde 2012 durante el conflicto armado del país. En febrero de 2014 Bensouda había abierto investigaciones preliminares y en mayo del mismo año el Gobierno de transición de RCA solicitó a la CPI que investigara los crímenes de su competencia cometidos desde el 1 de agosto de 2012. Según Bensouda, existe una base razonable para creer que tanto Séléka como los grupos anti-Balaka han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos los de asesinato, violación, desplazamiento forzado, persecución, saqueo, ataques contra las misiones humanitarias y de utilización de menores de 15 años en combate. La Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros actores, ha pedido a la Misión de la ONU en el país (MINUSCA), que el 15 de septiembre transfiere sus funciones, que contribuya al Estado de derecho y al establecimiento de un Tribunal Penal Especial en el país complementario con la tarea de la CPI. En agosto de 2014, las Naciones Unidas y el Gobierno de la RCA firmaron un Memorando de Entendimiento para crear un Tribunal Penal Especial compuesto por jueces locales e internacionales. El conflicto armado en la RCA entre la oposición Séléka y los grupos armados pro-gubernamentales anti-Balaka, iniciada en septiembre de 2012 ha provocado el desplazamiento de un millón de habitantes entre una población total de cuatro millones. La investigación y el juicio anterior de la CPI se refieren a actos de violencia en el país cometidos en 2002 y 2003. (FIDH, 16/09/14; Hirondelle News, 19/09/14; ICC, 24/09/14)

La CPI ha citado al presidente, Uhuru Kenyatta, para declarar ante el Tribunal el próximo 8 de octubre para ser interrogado sobre la acusación de que su Gobierno ha retenido documentos solicitados por los fiscales que preparan su juicio por crímenes contra la humanidad. A principios de septiembre, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda ha anunciado que el juicio se pospone indefinidamente debido a la falta de pruebas. La defensa ha solicitado entonces cerrar el caso contra Kenyatta argumentando falta de pruebas, mientras que el representante legal de las víctimas ha pedido continuar con el juicio, denunciando la injerencia del Gobierno en la colección de pruebas. El aplazamiento del juicio no impide que mientras tanto se pueda abordar el estado de la cooperación entre la Fiscalía y el Gobierno keniano. Kenyatta está acusado de crímenes contra la humanidad por la violencia ocurrida después de las elecciones de 2007, cuando cerca de 1.200 personas perdieron la vida. Su caso ha suscitado la oposición de muchos líderes africanos que denuncian el sesgo de la CPI contra los países africanos, y también se ha enfrentado a otros retrasos debidos a la falta de pruebas, la retractación de testigos clave, y la presunta obstrucción del Gobierno de Kenya. (BBC, 05/09/14, 19/09/14; Jurist, 05/09/14, 20/09/14; ICC, 19/09/14)

La CPI ha emitido una orden de arresto contra Abdallah Banda Abakaer Nourain por crímenes de guerra (atentados contra la vida en forma de asesinato, cometidos o en grado de tentativa, ataques dirigidos intencionalmente contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos pertenecientes a una misión de mantenimiento de la paz, y pillaje), presuntamente cometidos en un ataque llevado a cabo en septiembre de 2007 contra la que en aquél entonces era la Misión de Paz de la Unión Africana en Sudán (AMIS). El tribunal ha considerado que el Gobierno de Sudán no ha cooperado con una solicitud para facilitar la presencia del acusado en el juicio que iba a comenzar el 18 de noviembre de 2014 en La Haya, y ha concluido que una orden de arresto es por tanto necesaria para asegurar la presencia del acusado. Abdallah Banda había comparecido voluntariamente ante la Corte en junio de 2010. (ICC, KUNA, 11/09/14)

El fiscal del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT), Hassan B. Jallow, ha llevado a cabo visitas oficiales a la República de Serbia, Bosnia y Herzegovina y la República de Croacia para firmar memorandos de entendimiento con las fiscalías de los tres países. Es la primera visita oficial de la Fiscalía del MICT, que es la sucesora de la Fiscalía ad-hoc del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, ya que este Tribunal está cerrando sus últimos casos. En los tres países, el fiscal Jallow ha celebrado reuniones con los Ministerios de Exteriores y los Ministerios de Justicia, y ha firmado memorandos de entendimiento con los organismos fiscales pertinentes para formalizar relaciones de trabajo entre el MICT y las fiscalías nacionales. Los memorandos pretenden crear las condiciones para una mejor cooperación entre la oficina del fiscal del país y el MICT, especialmente en relación al intercambio de información. El fiscal serbio de Crímenes de Guerra, Vladimir Vukčević, ha puesto de manifiesto que estos acuerdos garantizan la continuación de la labor del TPIY por el poder judicial de la región. En Bosnia y Herzegovina, el fiscal Jallow ha visitado espacios conmemorativos en Srebrenica, Bradina y Grabovica. (B52, 09/09/14; TPIY Weekly Pressing Brief, 10/09/14; Dalje, 12/09/14)

Los dos médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la partera Luisa Arroche están siendo juzgados por prestar asistencia esencial para ocultar la identidad de "bebés robados" y para entregarlos a simpatizantes del Gobierno militar argentino (1976-1983). Durante el juicio, los acusados han confirmado que las mujeres embarazadas eran custodiadas en pabellones especiales, y que no se guardaba registro de sus datos. Este es el primer caso en la historia de Argentina en que se juzga a personal médico por su presunta substracción y falsificación de los certificados de nacimiento de recién nacidos. Durante el régimen militar, se estima que 500 bebés fueron robados al nacer de sus madres cautivas, y dados en adopción bajo una identidad falsa. Los verdaderos padres fueron asesinados o desaparecidos. Poco más de 100 de los 500 han sido identificados a través de pruebas de ADN. (BBC, 18/09/14; Página 12, 25/09/14)

Dos iniciativas diferentes han presentado una demanda por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra los líderes israelíes. La primera es una querella presentada a finales de agosto ante el Tribunal Federal de Córdoba por 12 miembros de organizaciones de la sociedad civil y se dirige contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, general del Ejército, Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento, Moshe Feiglin. La segunda iniciativa anunciada a mediados de septiembre por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) tiene como objetivo obtener pruebas y presentar una demanda con las víctimas palestinas y asociaciones israelíes como demandantes contra los mismos cinco líderes israelíes. La primera querella ha argumentado que la muerte de 2.140 palestinos - entre ellos 570 niños -, 80% de ellos civiles, los 11.000 heridos, las 17.200 viviendas destruidas y los 38.000 edificios dañados, incluyendo algunas instalaciones de la ONU, constituyen crímenes de guerra. El Estado de Argentina reconoce su competencia de jurisdicción universal en el artículo 118 de su Constitución para casos de crímenes contra la humanidad, y puede por tanto juzgar tales crímenes. Carlos Slepoy, abogado de la Asociación Americana de Juristas, ha argumentado que perseguir tales crímenes es especialmente relevante teniendo en cuenta que es poco probable que la CPI investigue el caso, ya que ni Israel ni Palestina son Estados parte del Estatuto de Roma. La querella presentada solicita la acusación de los líderes israelíes, su captura internacional por la Interpol, y la sanción al Estado de Israel que debe reparar a las familias afectadas y pagar los 4.500 millones de euros necesarios, según la ONU, para la reconstrucción de Gaza. (La Arena, 30/08/14; Público, 06/09/2014; Página 12, 16/09/14)

La Sala de Justicia Transicional del Tribunal Supremo de Medellín ha condenado a ocho combatientes desmovilizados del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por más de 130 delitos cometidos entre 1996 y 2004 en diferentes regiones de Colombia. Los miembros de las AUC Elkin Jorge Castañeda Naranjo, Pablo José Montalvo Cuitiva, Dairon Mendoza Caraballo, Efraín Homero Hernández, Juan Pablo López Quintero, y Darío Enrique Vélez Trujillo, han sido sentenciados a ocho años de prisión, y Carlos Arturo Furnieles y Bernardo Díaz Alegre, a seis años y siete meses. Esta es la primera condena de la Sala de Justicia Transicional, que tiene jurisdicción en seis departamentos del país. (El Colombiano, 03/09/14)

El fiscal militar israelí Dani Efroni ha ordenado a la policía del Ejército (o Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, por sus siglas en inglés) que investigue la presunta mala conducta en la muerte de cuatro niños palestinos en una playa y en el bombardeo de la escuela de la ONU Beit Hanoun en julio de 2014 durante la guerra de Gaza. Efroni ha cerrado siete casos y está investigando otros 99 incidentes hasta el momento. Algunos de los casos se han cerrado considerando que el comportamiento del Ejército no violó el derecho internacional. El Centro de Información de Israel para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados B'Tselem ha expresado su falta de esperanza en que las averiguaciones lleven a investigaciones serias e imparciales, denunciando que no se suelen investigar a los oficiales superiores de las IDF por emitir órdenes de atacar a ciertos tipos de objetivos, sino incidentes individuales de soldados de bajo rango. De acuerdo con funcionarios palestinos y de la ONU, la guerra dejó más de 2.100 palestinos muertos, la mayoría civiles. Israel argumenta que entre estos muertos había cerca de 1.000 actores armados, y culpa a los combatientes de Hamas de crear bases de lanzamiento de cohetes desde zonas residenciales y de almacenar armas en al menos tres escuelas de la ONU. Del lado israelí han muerto 66 soldados y siete civiles. (Haaretz, Jerusalem Post, 10/09/14; BBC, 11/09/14)

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado un proyecto de ley para revocar la Ley de Amnistía aprobada en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet. Esa ley de amnistía impidió juzgar a los perpetradores de abusos cometidos durante los primeros cinco años del régimen de Pinochet. El proyecto de ley será retroactivo y permitirá a los tribunales reabrir casos archivados y juzgar a beneficiarios de la amnistía. Bachelet, cuyo partido es mayoritario en el Parlamento, confía que la medida será aprobada. La presidenta Bachelet también ha pedido a civiles y al personal militar que entreguen cualquier información sobre víctimas desaparecidas. Funcionarios del Ministerio de Justicia han explicado que el proyecto de ley no hará más que oficializar la práctica de los tribunales chilenos, dado que en realidad los crímenes contra la humanidad están siendo juzgados a pesar de la Ley de Amnistía, pero que va a permitir reabrir casos ocurridos entre 1973 y 1978 que se cerraron debido a la Ley. Un día después de este anuncio, el parlamentario y ex capitán del Ejército chileno Rosauro Martínez ha sido acusado por la muerte de tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1981. Según el Gobierno, unas 3.200 personas murieron y 38.000 fueron torturadas durante el Gobierno de Pinochet. (El País, 11/09/14; BBC, 12/09/14)

A principios de mes, el primer ministro de Somalia Abdiweli Shiek Ahmed ha ofrecido una amnistía a los miembros del grupo armado de oposición al-Shabaab que se entreguen en los siguientes 45 días. Algunos analistas consideran que la oferta del Gobierno somalí está relacionada con un reciente ataque aéreo que mató a líder de al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane. Representantes del Gobierno han informado que a finales de mes, al menos 11 miembros de al-Shabaab se han entregado. De acuerdo con la Iniciativa Barbaar, una agencia internacional que apoya la reintegración de ex combatientes, un total de 545 combatientes de al-Shabaab habría aceptado la amnistía. El Ministerio somalí de Juventud y Deporte ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para promover el proceso de reintegración y la formación de los rebeldes que dejen sus armas. En 1988, una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre, que logró derrocarlo en 1991. Desde entonces, lucha en el seno de esta coalición para ocupar el vacío de poder ha llevado a la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas. (BBC, 03/09/14; RaxanReeb, 22/09/14)

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de Desapariciones Forzadas han iniciado los procedimientos para el nombramiento de sus miembros. Un Comité de Recomendación ha refrendado su procedimiento de trabajo, que consiste en la apertura de una convocatoria de candidaturas para las dos Comisiones, la publicación de la lista de aspirantes una semana después, la apertura de un plazo para presentar alegaciones en contra de los candidatos durante la semana siguiente, la celebración de consultas con víctimas, abogados y periodistas para refrendar las candidaturas. Los candidatos a las Comisiones deben ser titulares de una licenciatura, no pueden haber sido condenados por violación de derechos humanos, ni ser miembros de ningún partido político o grupo armado. Al menos uno de los cinco miembros de las comisiones debe ser una mujer. El Comité de Recomendación también puede nombrar a candidatos a las comisiones. Algunas asociaciones de derechos humanos y de víctimas han expresado sus reservas sobre los procedimientos de selección. Representantes de las víctimas han expresado su pesar porque el Comité no ha consultado con las víctimas sus decisiones sobre su procedimiento de trabajo. También han lamentado que los procedimientos se han iniciado a pesar de que no hay un representante nombrado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC, por sus siglas en inglés), mientras que, de acuerdo con la ley sobre la Comisión sobre la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés), el representante de la NHRC debe ser uno de los miembros de la Comisión; Las víctimas del conflicto también han exigido una revisión de la provisión de amnistía en la ley sobre la TRC. Mientras que los partidos del Congreso Nepalí han reclamado que los cuatro puestos restantes – aparte de la representante de la NHRC – sean miembros de los partidos CPN-UML, PCUN (M) y Madhes, las víctimas han sugerido que los miembros de las comisiones deben incluir a actores parte del conflicto y a personas que hayan vivido experiencias similares a las de las víctimas. (E-Kantipour, 11, 15, 25, 28/09/14)

Un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) ha concluido que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Nepal (1996-2006) continúan experimentando dificultades. El programa de reparación Interim Relief Program (IRP, por sus siglas en inglés) puesto en marcha por el Gobierno en 2008 ha llegado a decenas de miles de personas que se han beneficiado de pagos en efectivo, becas, reembolso de gastos médicos, indemnización por pérdida o daños a la propiedad, y formación profesional. Sin embargo, según el informe, el Estado aún no ha abordado los daños completos sufridos por las víctimas del conflicto, o contribuido significativamente a su reparación. En muchos casos, las víctimas ya estaban en desventaja antes del conflicto, y tuvieron que gastar sus escasos recursos en cuentas médicas, gastos legales, y la búsqueda de personas desaparecidas. Las víctimas han pedido un mayor apoyo económico, empleo, educación gratuita, atención médica gratuita, bienes de subsistencia (comida, refugio y ropa), así como una comprensión más holística de la Justicia, incluidos el castigo de los perpetradores, la búsqueda de la verdad, la identificación de personas desaparecidas y la seguridad y la protección a largo plazo. El informe recomienda al Gobierno que implemente unas reparaciones más amplias, y le insta en particular a poner en marcha la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (ICTJ, 17/09/14)

El Gobierno ha inaugurado en Berlín un monumento en recuerdo a las 300.000 víctimas del régimen nazi con discapacidad mental y física o enfermedades crónicas. El monumento de cristal azul de 24 metros, ubicado en una villa ahora derruida que se utilizó para implementar el programa de "eutanasia" nazi, detalla la campaña nazi para exterminar a personas enfermas, discapacitadas físicas y mentales y a la gente considerada "inadaptada" social. Más de 60 funcionarios y médicos nazis trabajaron en ese programa iniciado en 1940, cancelado oficialmente en 1941 debido a protestas públicas, pero mantenido en secreto hasta 1945, en el que unos 300.000 personas fueron asesinadas a través de diferentes medios, entre los cuales el gas, la inanición forzada y el envenenamiento. El monumento intenta colmar la falta de reconocimiento oficial de los sobrevivientes o familiares de las víctimas que nunca fueron compensados por ninguno de los Gobiernos de Alemania. En los últimos 10 años, los monumentos se han erigido en Berlín a víctimas judías, gitanas, y homosexuales. (BBC, Deutsche Welle, 02/09/14; The Economist 05/09/14)

La agencia de noticias Sense, que cubre los juicios a los crímenes de guerra, ha abierto al público un nuevo archivo con documentos, testimonios de los testigos y pruebas forenses en el lugar del Memorial del genocidio de Srebrenica en Potocari. El objetivo del centro no es describir la masacre de Srebrenica en julio de 1995, en la que más de 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados, sino ilustrar cómo estos crímenes están siendo investigados y reconstruidos en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya. El vicepresidente del TPIY, Carmel Agius, agradeció a Sense su contribución a preservar el legado del tribunal respaldado por la ONU, poniendo a disposición pública miles de documentos de pruebas del tribunal. (Balkan insight, 22/09/14)

Durante las conversaciones de paz en La Habana que actualmente están tratando la cuestión de las víctimas, la portavoz del grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alejandra Nariño, ha propuesto crear un fondo para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Nariño dijo que su objetivo debe ser restablecer las condiciones en las que las víctimas individuales y colectivas vivían en el momento de ser victimizadas. Mientras las FARC han sugerido que el fondo debe alimentarse con el 3% del PIB, actores gubernamentales consideran que la guerrilla también debe asumir parte de la responsabilidad de nutrir dicho fondo. Nariño dijo que la reparación de las víctimas debe incluir, además, medidas políticas, sociales, culturales, simbólicas y psicosociales. (El Tiempo, 08/09/14)

En una reunión en Kuala Lumpur, el panel de paz del Gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, por sus siglas en inglés) han anunciado la formación de la Comisión de Justicia Transicional y de Reconciliación (TJRC, por sus siglas en inglés). Los representantes del Gobierno de Filipinas, Cecilia Jiménez Damary y del MILF, Ishak Mastura, han nombrado los miembros de la comisión, con el asesoramiento especial del enviado especial del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores Jonathan Sisson. La TJRC cuenta con el plazo de un año para realizar un informe y recomendar a los paneles de los mecanismos adecuados para atender las quejas legítimas del pueblo bangsamoro, corregir las injusticias históricas, abordar violaciones de derechos humanos y marginación mediante la confiscación de tierras y proponer medidas de conciliación. El TJRC es uno de los mecanismos previstos en el acuerdo de paz Acuerdo General sobre el Bangsamoro (CAB, por sus siglas en inglés) firmado entre el Gobierno y el MILF de marzo de 2014, junto con el desmantelamiento del brazo armado del MILF y el desarme de ejércitos privados en el área de Bangsamoro. (GMA News, The Philippine Star, 01/10/14)