En el caso Ruto y Sang, la Sala de Apelaciones de la CPI ha desestimado los recursos de la defensa. Al negar la apelación, la Corte requiere que los testigos comparezcan ante la Corte, ya sea in situ o mediante videoconferencia, y pide al Gobierno de Kenya que facilite, u obligue si fuera necesario, la comparecencia de los testigos. La defensa había argumentado que no existe una base jurídica para obligar al Gobierno de Kenya a forzar la comparecencia de testigos. En el caso de Kenyatta, el Presidente Uhuru Kenyatta ha comparecido en una conferencia inicial - una audiencia previa al juicio - ante la CPI. Ante la argumentación de la defensa de falta de pruebas para investigar el caso, la Fiscalía ha admitido que no tiene suficientes pruebas para procesar a Kenyatta, pero ha insistido en que esta situación es el resultado de la obstrucción de la investigación por parte del Gobierno al negarse a entregar ciertos registros y otras posibles pruebas. Ahora los jueces deben decidir si abandonan el juicio o dan más tiempo a la Fiscalía para buscar las pruebas necesarias. Kenyatta, quien declaró ante la Corte acompañado de cerca de un centenar de políticos keniatas, es el primer presidente de un país a comparecer ante la CPI en La Haya. William Ruto, actual vicepresidente de Kenya, Joshua Sang, jefe de operaciones en la estación de radio Kass FM, y Uhuru Kenyatta, actual presidente de Kenya, están acusados de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenya en el contexto de la violencia post-electoral de 2007-2008. (Jurist, 08/10/14; BBC, CPI, 09/10/14)

A finales de septiembre y principios de octubre, después de cuatro años de procedimientos, el Tribunal ha escuchado las declaraciones finales en el juicio de Radovan Karadzic. Los fiscales han tildado al ex líder de mentiroso por afirmar que no tenía conocimiento de las masacres contra los bosnios musulmanes y era inocente de cualquier delito. En cambio, la defensa ha insistido en su inocencia, argumentando la falta de evidencia que lo relacione con los delitos imputados. El veredicto del jurado está previsto para octubre de 2015. Karadzic está acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de las leyes de guerra cometidos durante la guerra en Bosnia y Herzegovina (1992-2995), incluida la masacre de Srebrenica en 1995, donde cerca de 8.000 bosníacos fueron asesinados por las fuerzas serbias. El juicio a Karadzic ha sido criticado por sus partidarios por ser políticamente tendencioso, mientras que algunas de las víctimas lamentan que el TPIY no tuviera Policía para arrestar a Karadzic, lo que le permitió vivir oculto pero libre durante 12 años; que por razones económicas se prescindiera de acusaciones de genocidio en varios municipios de Bosnia; y que el juicio permitió a Karadzic dar discursos políticos revisionistas y negacionistas. En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Theodor Meron, ha anunciado que la corte dejará de funcionar definitivamente en el año 2017, después de la sentencia de sus nueve casos restantes. Después de eso, un "mecanismo residual" se hará cargo de las apelaciones de los casos del TPIY, mientras que Fiscalías de Bosnia, Croacia y Serbia asumirán los nuevos casos en sus respectivos países. Desde su creación en 1993, el TPIY ha acusado a 161 personas, 20 de las cuales todavía están siendo juzgadas. De los 141 casos concluidos, 74 personas fueron condenadas y 18 fueron absueltas, mientras que en 36 casos las acusaciones fueron retiradas o bien los acusados murieron, y los casos de otras 13 fueron remitidos a los fiscales de sus países de origen. Los casos actuales más relevantes son los del ex presidente serbobosnio Radovan Karadzic, del ex líder serbio croata Goran Hadzic, y del líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Seselj. (A/69/225S/2014/556, Jurist, 01/10/14, 07/10/14; ICTJ, 08/10/14; Balkan Insight, 14/10/14)

Las Cámaras Extraordinarias del Tribunal de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) han iniciado el juicio por el Caso 002/02 contra los altos cargos del Partido Comunista de Kampuchea Nuon Chea y Khieu Samphan sobre el genocidio contra las minorías vietnamita y cham, matrimonio forzado y violación, persecución religiosa de budistas y purgas internas y otros abusos ocurridos en cuatro centros de detención, tres lugares de trabajo y una cooperativa. Se estima que entre 90.000 y 500.000 personas de la minoría musulmana cham fueron asesinadas durante el régimen y cientos de miles de vietnamitas se vieron obligados a huir. El juicio se dividió en dos segmentos (Caso 002/01 por crímenes contra la humanidad y Caso 002/02 por genocidio) para asegurarse de que al menos algunos juicios pudieran ser resueltos antes de la muerte de los octogenarios acusados. Así, en agosto de 2014, los líderes fueron declarados culpables de crímenes contra la humanidad cometidos entre el 17 de abril de 1975 y diciembre 1977 en el caso 002/01. Durante este segundo juicio, que se inició a mediados de octubre, el fiscal Chea Leang, ha afirmado que demostrará que muchos camboyanos fueron esclavizados en condiciones inhumanas. Las enormes cooperativas y lugares de trabajo establecidos por los Khmeres Rojos provocaron la inanición, el exceso de trabajo y la enfermedad. Por su parte, los abogados de la defensa han argumentado que, después de apelar en septiembre la condena por el Caso 002/01 alegando que los jueces son tendenciosos, necesitan dos meses para dedicarse a ese recurso antes de poder centrarse en el Caso 002/02. La defensa amenazó con boicotear el procedimiento hasta que se tomara una decisión sobre el aplazamiento de juicio, y efectivamente no se presentó en la siguiente sesión. A finales del mes, las EEEC han emitido una advertencia oficial por mala conducta a la defensa de Khieu Samphan y Nuon Chea, argumentando que esta conducta supone una obstrucción a los procedimientos. (EEEC, 15/10/14, 24/10/14; Thomson Citizen, 16/10/14; Jurist, 17/10/14, 18/10/14)

La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) ha dictado sentencia en tres casos: Édouard Karemera y Matthieu Ngirumpatse; Ildephonse Nizeyimana; y Callixte Nzabonimana. La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia contra Édouard Karemera y Matthieu Ngirumpatse, dirigentes del Partido MRND, declarados culpables en diciembre de 2011 de incitación directa y pública a cometer genocidio, genocidio, exterminio y violación durante el genocidio de Rwanda en 1994. En el caso del capitán de una escuela de entrenamiento militar en Butare, Ildephonse Nizeyimana, condenado a cadena perpetua en junio de 2012 por genocidio, exterminio y asesinato, la Sala de Apelaciones ha reducido su sentencia a 35 años de prisión. La condena en mayo de 2012 a cadena perpetua para el ministro ruandés de la Juventud y los movimientos asociativos y presidente del partido MRND, Callixte Nzabonimana, por genocidio y exterminio también ha sido confirmada. Este es uno de los últimos casos del TPIR, que a juzga los principales responsables del genocidio de Rwanda en el que más de 500.000 personas perdieron la vida. La Sala de Apelaciones tiene un solo caso pendiente que concierne a seis personas. (TPIR, 29/09/14; Jeune Afrique, 29/09/14)

Una Corte federal en el Distrito de Columbia, EEUU, ha concluido que cuatro guardias de seguridad de la empresa antiguamente conocida como Blackwater (ahora Academi) son culpables de matar a 14 iraquíes y herir a otros 17 en el año 2007 en Bagdad. Nicholas Slatten fue declarado culpable de asesinato, mientras que Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard fueron declarados culpables de al menos tres cargos de homicidio voluntario. Los cuatro actuaron en tanto que escoltas privados, contratados para proteger a los miembros del Departamento de Estado de EEUU, cuando dispararon a un grupo de personas en un cruce concurrido de la plaza Nisour de Bagdad. La Fiscalía ha argumentado que el tiroteo no fue provocado, y que los acusados han mostrado una grave indiferencia por las consecuencias de sus acciones. La defensa ha alegado defensa propia y ha sostenido que los escoltas fueron atacados por insurgentes y por la Policía iraquí antes de abrir fuego. Los condenados han anunciado que planean apelar el veredicto. El juicio ha planteado una serie de cuestiones legales, incluyendo la falta de rendición de cuentas de las empresas de seguridad privada, o la jurisdicción federal sobre los contratistas que trabajan para el Departamento de Estado de Estados Unidos. (BBC, 22/10/14; Jurist, 23/10/14)

Tres años después de su creación, la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación (CDVR) ha celebrado audiencias públicas durante el mes de septiembre. Víctimas y también algunos perpetradores de diferente origen étnico, político y geográfico han narrado sus testimonios relacionados con la violencia política del país entre 2000 y 2012. De los 63.000 testimonios recogidos por las comisiones locales, 80 personas han declarado en las audiencias públicas en Abidjan, contando sus vivencias de asesinatos, violaciones o casos de canibalismo forzado. Mientras que la Comisión se creó para promover la reconciliación en el país, muchas voces han cuestionado su desorganización (no colaboración con instituciones judiciales, organizaciones de derechos humanos o de víctimas, o el hecho de que las audiencias públicas de la Comisión se iniciaran antes de la finalización de las audiencias locales); su politización (dado que el presidente de la Comisión, Charles Konan Banny, fue ex primer ministro bajo el Gobierno de Laurent Gbagbo, está relacionado con una de las partes involucradas en la violencia, o el hecho que ningún testigo haya presentado un testimonio que incrimine al actual presidente Alassane Ouattara); la falta de voluntad para que el proceso sea público (no se han emitido imágenes de la Comisión por televisión, se ha prohibido a los periodistas que llevaran bolígrafos a las audiencias); o la no prestación de medidas de reparación. La Comisión aborda la violencia post-electoral cuando, después de que el entonces presidente Laurent Gbagbo se negó a aceptar su derrota electoral en 2010, se enfrentaron las fuerzas armadas gubernamentales y las de la oposición. Cerca de 3.000 personas murieron por los enfrentamientos en los siguientes cinco meses. La Comisión de reconciliación ha sido nombrada para cubrir el período posterior a la llegada de Gbagbo al poder. Gbagbo también se enfrenta a un juicio ante la CPI por crímenes contra la humanidad. Mientras tanto, en referencia a las fosas comunes de Togueï, la FIDH, junto con organizaciones de derechos humanos locales, ha denunciado la falta de voluntad del Gobierno para investigar violaciones de derechos humanos. Dos años después de la exhumación de los seis cuerpos encontrados, no hay información acerca de la autopsia, y ninguna otra investigación se ha llevado a cabo. Las organizaciones piden al Gobierno que combata la impunidad y que asigne más medios para la Justicia con el fin de encauzar un proceso de reconciliación real. (Le Griot, 09/09/14; Libération, 28/09/14; La Croix, 15/09/14; Noticias 24, Abidjan.net, 01/10/14; FIDH, 13/10/14)

A principios de octubre, los comités de paz del Gobierno de Filipinas y del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, por sus siglas en inglés) han puesto oficialmente en marcha la Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación (CJTR) como parte del proceso de paz en una ceremonia en la ciudad de Cotabato. La Comisión estaba prevista en el anexo de normalización del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro, acuerdo de paz firmado en marzo de 2014, y acordada en septiembre de 2014 en una reunión entre el Gobierno filipino y el MILF en Kuala Lumpur. La CJTR está compuesta por la representante del Gobierno Cecilia Jiménez, el representante del MILF Ishak Mastura, y los suizos Mô Bleeker y Jonathan Sisson, presidente y asesor de la Comisión respectivamente. Su función es investigar los daños del conflicto armado sobre la vida de las personas y de las comunidades, y presentar recomendaciones. La Comisión llevará a cabo consultas públicas hasta junio de 2015 con el objetivo de definir un plan integral que garantice la reconciliación. El Acuerdo Marco sobre Bangsamoro puso fin a un conflicto iniciado en la década de 1970 y que costó la vida a más de 150.000 personas. (Manila Standard Today, 09/10/14; Philippine Information Agency, 14/10/14)

Las víctimas del conflicto de Irlanda del Norte (1968-1998) han protagonizado una protesta en Stormont para presionar a políticos británicos e irlandeses para que lidien con el pasado. La acción ha coincidido con una nueva ronda de conversaciones entre partidos políticos para negociar sobre temas controvertidos, como la regulación de banderas, desfiles y sobre cómo afrontar el pasado. En las semanas previas a la manifestación, varios órganos de búsqueda de la verdad se han visto afectados por drásticos recortes presupuestarios: el Servicio de Policía de Irlanda del Norte ha desmantelado la Unidad de Investigaciones Históricas creada para investigar los asesinatos sin resolver del conflicto de Irlanda del Norte; el Defensor del Pueblo del cuerpo de Policía ha reducido los recursos dedicados a examinar las acusaciones históricas de mala conducta policial en ese período; el Servicio de Víctimas y Sobrevivientes ha colapsado. El Servicio de Médicos Forenses también padece de fondos insuficientes para hacer frente al largo retraso en las investigaciones del conflicto armado. Más de 3.500 personas murieron durante el conflicto, y en casi 3.300 casos no ha habido procesamientos. Según la Ley de Víctimas y Sobrevivientes (2006), son víctimas las personas directamente afectadas por la pérdida, daño físico, o trauma, como resultado de los disturbios. La Comisión de Víctimas estima que hasta 500.000 personas podrían acogerse a esa definición. (Belfast Telegraph, 20/10/14; BBC, 27/10/14)

Una plataforma de 46 actores ha dado a conocer la creación del Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional Nacional (NTJWG, por sus siglas en inglés), destinado a supervisar los mecanismos de justicia transicional oficiales, como la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación, la Comisión de Derechos Humanos, o la Comisión de Género, previstas en la sección 252 de la nueva Constitución del país, aprobada en marzo de 2013. El NTJWG se estructura en torno a cinco áreas temáticas: Promoción de la Verdad; Justicia y Rendición de Cuentas; Reparaciones y Garantías de no repetición; Memorialización; y Género. En su comunicado de prensa, la Plataforma señaló que el enfoque actual de justicia transicional es de arriba hacia abajo, mientras que es necesario activar las bases con el fin de crear un enfoque de abajo hacia arriba. Zimbabwe se ha enfrentado a tensiones políticas en los últimos años entre el presidente Mugabe, en el poder desde 1980, y los perseguidos grupos de oposición. (Comunicado de Prensa del NTJWG, 29/09/14; The Zimbabwe Standard, 19/10/14)

En 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recomendó reparaciones individuales y comunitarias, identificando 128 comunidades y más de 16.000 víctimas individuales (el resto de las víctimas no identificadas por la lista de la CVR no podía reclamar para reparaciones). Ese mismo año, el Gobierno pagó a una gran mayoría de las víctimas individuales identificadas por la CVR un único pago de 30.000 Rands sudafricanos (ZAR) (2.700 dólares), muy por debajo de la cantidad recomendada por la CVR, que preveía seis pagos de 21.000 ZAR. Más adelante, en 2005, se creó un fondo gubernamental de 1,19 millones de ZAR (108.000 millones de dólares) para las compensaciones comunitarias. Una década más tarde, sin haber desembolsado fondos todavía, el departamento de Justicia ha anunciado sus planes para proyectos de infraestructura comunitaria. De acuerdo con el plan, 18 comunidades recibirán 30 millones de ZAR (2,7 millones de dólares), sumando 540 millones de ZAR, la mitad del total del fondo de compensación. Comités directivos de cada comunidad identificarán los proyectos necesarios, que pueden consistir en el desarrollo de infraestructura; construcción y mejora de escuelas; servicios sociales y de salud; apoyo al desarrollo de habilidades; o cualquier otra actividad destinada a promover la curación y la recuperación de una comunidad que ha sido afectada por violaciones de derechos humanos. El Grupo de Apoyo Khulumani, que agrupa a 85.000 víctimas del apartheid, argumenta que la propuesta excluye a la gran mayoría de las comunidades afectadas; que las víctimas no han sido debidamente consultadas durante la redacción de la nueva normativa y no se beneficiarán directamente de éstas; y que el tipo de proyectos de infraestructura contemplados son competencia de otras partidas del Gobierno pero no de la de reparación. El Grupo de Apoyo Khulumani ha anunciado que está dispuesto a ir a los tribunales para evitar que el Gobierno del use los fondos previstos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), si los planes de reparación no se modifican. (The Daily Maverick, 14/10/14; The New Age, 20/10/14)

Un informe publicado recientemente por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) recomienda un conjunto de reformas políticas y sociales para hacer frente a las violaciones cometidas contra la población civil en la guerra civil libanesa (1975-1990) y los episodios armados sucesivos. Las recomendaciones han sido desarrolladas por un consorcio de 22 organizaciones de la sociedad civil y 10 académicos libaneses. Las medidas relacionadas con la verdad y la memoria recomiendan aclarar el destino de los desaparecidos y las víctimas de desaparición forzada; crear una comisión independiente de búsqueda de la verdad; promover una reflexión equilibrada sobre el pasado reciente de Líbano en la educación; crear un monumento nacional de memoria; o cambiar el nombre de los espacios públicos y la construcción de monumentos locales. Las medidas de reparación, señala el informe, deben atender las necesidades de los familiares, de las víctimas de detención arbitraria y tortura, incluida en Siria e Israel, de los desplazados; y de las personas con discapacidad. Al referirse a la justicia penal y la rendición de cuentas, el informe recomienda reforzar el marco jurídico de la justicia penal y la rendición de cuentas (mediante la ratificación de disposiciones internacionales, como el Estatuto de Roma y otros tratados pertinentes en el marco jurídico nacional, y mediante la prohibición de amnistías para los crímenes más graves); y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; Por último, en cuanto a la reforma institucional, el informe sugiere una serie de medidas técnicas para la reforma judicial y el sector de la seguridad. Tales propuestas integrales deben fortalecer la rendición de cuentas y la defensa los derechos de las víctimas por parte del Estado. (ICTJ, 20/10/14)

Las familias de 80 víctimas del conflicto armado entre el Gobierno y Sendero Luminoso han recuperado sus cuerpos en una ceremonia oficial presentada por el fiscal nacional, Carlos Ramos Heredia en Huamanga. De las 80 víctimas, encontradas en fosas comunes y cementerios en diferentes ciudades en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, 51 fueron asesinados por la guerrilla y 29 por el Estado entre 1983 y 1992. Los cuerpos han sido exhumados de 2011 a 2013, y son parte de 28 investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos. Durante el conflicto armado entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, casi 70.000 personas murieron o desaparecieron por uno u otro partido. Los miembros de Sendero Luminoso aún están siendo perseguidos y arrestados. (La República, 27/10/14)

Un equipo de 12 expertos independientes en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU ha enviado una carta pidiendo al Gobierno y al Congreso de Colombia que reconsidere la posible adopción del Proyecto de Ley 85 (2013) aprobado en mayo de 2014 por el Senado. El proyecto de ley tiene por objetivo reestructurar y ampliar la jurisdicción de los tribunales militares y de la Policía. Los expertos del ACNUDH expresan su preocupación de que con el proyecto de ley propuesto sería injustificable extender la jurisdicción de los tribunales militares y de la Policía a los delitos que deben caer claramente bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios, y ofrece su asistencia para asegurar que cualquier reforma de la justicia militar y la Policía se base en la garantías fundamentales de los derechos humanos. De acuerdo con el Proyecto de Ley 85, los tribunales militares y policiales tendrían una jurisdicción extensa incluyendo, entre otros, el homicidio, las violaciones del derecho internacional humanitario, las infracciones de información y protección de datos, los delitos contra la seguridad pública y los crímenes contra la población civil (artículo 8). El Proyecto de Ley también incluye bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales militares y de la Policía los delitos contra el honor, ciertos delitos económicos y lesiones personales (artículo 9). La Oficina del Alto Comisionado ya expresó preocupaciones similares en octubre de 2012, en relación con el Acto Legislativo 2 (2012), que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia en 2013. (ACNUDH, 29/10/04; Jurist, 02/10/14)

Una coalición de organizaciones de abogados y de la sociedad civil de Sudán del Sur ha presentado unas directrices para una "Estrategia de justicia transicional en el sur de Sudán", como resultado de una conferencia celebrada en Nairobi en agosto de 2014, donde participaron más de 60 personas, entre asistentes nacionales e internacionales. Las propuestas consisten en la creación de una Comisión de Reconciliación y Sanación para promover la reconciliación entre las comunidades; una Comisión de la Verdad, para documentar los abusos de derechos humanos cometidos tanto por actores estatales como no estatales desde 1972; y un tribunal híbrido compuesto por jueces de Sudán del Sur y extranjeros, distinto del poder judicial del país, encargado de investigar y enjuiciar a las personas acusadas de cometer violaciones de los derechos humanos, genocidio y crímenes contra la humanidad desde el comienzo de la guerra civil en diciembre de 2013. El informe recomienda, además, la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma de la CPI para convertirse en un Estado miembro, y para intervenir en caso de que los líderes de Sudán del Sur impidan que el tribunal mixto cumpla su función. La publicación de las directrices coincide con un viaje de jefes tradicionales de Sudán del Sur a Rwanda para aprender del sistema de tribunales Gacaca, en el que las comunidades locales eligieron jueces para juzgar a sospechosos acusados de cualquier delito a excepción de la planificación del genocidio de Rwanda. El conflicto de Sudán del Sur se inició en diciembre 2013 entre los partidarios del presidente Salva Kiir, y los partidarios de su ex vicepresidente, Riek Machar en medio de una distancia cada vez mayor entre las diversas comunidades étnicas que compiten por los recursos políticos, económicos y territoriales. La violencia ha provocado más de 6.000 muertos y 400.000 desplazados internos. (VOA, 14/10/14; Radio Tamazuj, 16/10/14)