Al menos 15 personas mueren, según fuentes hospitalarias, durante tres jornadas de protestas en la capital guineana, Conakry, en protesta contra los preparativos del Gobierno para las próximas elecciones parlamentarias, fijadas para el 30 de junio. Prensa opositora ha atribuido las muertes a la acción de las fuerzas de seguridad, mientras que el Gobierno las atribuye a la violencia de los propios manifestantes. Los líderes opositores Lansana Kouyate y Cellou Dalein Diallo tienen previsto viajar a la capital francesa para explicar la situación relativa a la crisis guineana, si bien no han emitido comunicados públicos sobre los tres días de violencia, entre el 23 y 25 de mayo. La oposición advierte de que no participará en los comicios y denuncia que no ha sido incluida en el proceso, incluyendo en la elección del día de la votación. Además, critica la selección de la empresa sudafricana encargada de los aspectos técnicos del registro de votantes y del recuento de votos. Los comicios se han retrasado desde 2011 y se esperaba de ellos que fueran un paso clave en el proceso de transición política desde el golpe militar de 2008 tras la muerte del presidente Lansana Conté. (All Africa, Jeune Afrique, 01-30/05/13)

28 personas mueren a causa de un ataque naxalita, el más letal perpetrado por este grupo armado (CPI-M) desde 2010. El 26 de mayo, los insurgentes asaltaron un convoy del Partido del Congreso que regresaba tras un mitin en el distrito de Darbha Ghati (estado de Chhattisgarh), bastión de los rebeldes. El jefe del Partido del Congreso en ese estado, Nand Kumar Atel, perdió la vida en el ataque, así como Mahendra Karma, veterano de la formación política y fundador en 2005 de una fuerza armada anti-maoísta, el Salwa Judum. Tras el ataque, el primer ministro indio, Manmohan Singh, declaró que la cuestión naxalita se abordará, de ahora en adelante, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en las regiones con presencia de rebeldes. Al mismo tiempo, descartaba mantener conversaciones con ellos, argumentando que éstos no habían respondido en su momento a una oferta que les hizo el anterior ministro del Interior, P. Chidambaram, de abandonar la lucha armada y sentarse a la mesa de negociaciones y que ello significaba que no estaban interesados en buscar la paz. (El País, 26/05/2013; Times of India, 29/05/2013)

Las repercusiones de la guerra de Siria en Líbano se evidencian durante mayo, tras diversos hechos de violencia que causaron la muerte de al menos 33 personas y después de que Hezbollah reconociera públicamente su implicación en el conflicto en el vecino país. Los incidentes violentos se concentraron en la norteña ciudad de Trípoli. A principios de mes, la detención de un clérigo sunní bajo cargos de terrorismo derivó en enfrentamientos en los que murieron cinco personas. Otras 25 fallecieron tras combates entre partidarios y detractores del régimen sirio en dos barrios adyacentes (uno de mayoría alauí y otro sunní) de Trípoli. Otros tres soldados libaneses murieron en el Valle de Bekaa. Paralelamente, y confirmando las informaciones previas sobre la ayuda militar a las fuerzas de Damasco por parte de milicianos de Hezbollah, el líder del grupo, jeque Hasan Nasrallah, prometió al victoria de sus fuerzas en Siria. Desde mediados de mayo milicianos de Hezbollah se involucraron activamente en los combates en la ciudad de Qusayr, cerca de la frontera con Líbano. Decenas habrían muerto en los enfrentamientos con los rebeldes sirios. A finales de mes el lanzamiento de dos cohetes contra un barrio controlado por Hezbollah en Beirut dejó varios heridos. Analistas consideraron que la implicación en Siria confirmaba un giro de Hezbollah, que históricamente ha focalizado su lucha contra Israel. Nasrallah aseveró que habían recibido armas de Damasco y lo calificó como una respuesta natural a las incursiones militares israelíes en Siria. (BBC, 05, 11, 20, 25/05/13; al-Jazeera, 28/05/13)

El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, declara el estado de emergencia en tres estados del noroeste del país, Yobe, Adamawa y Borno, después de que una ofensiva de Boko Haram (BH) causara la muerte de 55 personas. El ataque contra instalaciones militares, policiales y gubernamentales por parte de más de 200 hombres fuertemente armados en la localidad de Bama (Borno) incrementó las especulaciones sobre el acceso de BH a armamento sofisticado y el presunto respaldo que estaría recibiendo de grupos foráneos vinculados a al-Qaeda. El líder del grupo, Abubakhar Shekau, anunció además la primera toma de rehenes nigerianos, mujeres y menores, en respuesta a la detención por parte del Gobierno de familiares de miembros de BH. En este contexto, por primera vez Jonathan reconoció que el grupo había asumido el control de parte de Borno y anunció una ofensiva militar masiva para recuperar la integridad territorial del país y responder a la escalada de acciones del grupo, que consideró como una declaración de guerra. Más de 2.000 soldados se trasladaron al norte del país, en el marco de la mayor operación contra BH desde el inicio de su actividad insurgente. Hasta finales de mayo la ofensiva –que incluyó operaciones de rastreo y acciones aéreas contra bases de BH¬– había causado un número indeterminado de muertos, desplazamientos forzados de civiles y numerosas detenciones. (BBC, 01-30/05/13; El País, 15/05/13; Jeune Afrique, 22/05/13)

Se recrudecen los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado M23 en las proximidades de Goma, la capital de Kivu Norte, que podrían haber causado más de 50 víctimas mortales y el desplazamiento forzado de 130.000 personas de la ciudad y sus alrededores, así como la huida a la provincia de Kivu Sur de otras 47.000 personas. El M23 ha bombardeado con disparos de mortero la capital, causando diversas víctimas mortales. En paralelo, un informe de Naciones Unidas confirmó la violación de alrededor de 200 mujeres y niñas, algunas de las cuales de seis años de edad, durante la huida de las Fuerzas Armadas congolesas ante el avance en noviembre de 2012 del grupo armado M23 que tomó temporalmente Goma. El informe señala la comisión de violaciones en masa, asesinatos, ejecuciones arbitrarias, reclutamiento de menores, saqueos, trabajos forzados y otras graves violaciones de los derechos humanos por parte tanto del M23 como del Ejército congolés. En el caso de este último, el informe señala que fueron perpetrados de forma sistemática y con extrema violencia, y podrían constituir crímenes punibles internacionalmente. En paralelo, han llegado los primeros soldados pertenecientes al contingente de 1.280 soldados tanzanos de la brigada de intervención de 3.000 militares procedentes de este país, de Sudáfrica y de Malawi, para hacer frente a los grupos armados del este de RD Congo, brigada acordada en marzo. Este contingente estará desplegado en el área en dos meses, según el secretario general de la ONU. En este sentido, el M23 ha amenazado en convertir a la misión en objetivo militar. (RFI, AFP, 05, 13/05/13; Defense Web, 13/05/13; Huffington Post, 15/05/13; UN, 08, 20/05/13)

El conflicto en Siria continuó registrando altos niveles de violencia que ya han supuesto la muerte de más de 80.000 personas desde marzo de 2011. Los episodios destacados de mayo incluyeron ataques sectarios y masacres en las zonas costeras de Baida y Bainas (en los que murieron más de 200 personas), feroces combates en la localidad de Qusayr (cerca de la frontera con Líbano), ofensivas reivindicadas por nuevos grupos armados (tanto rebeldes como progubernamentales), crecientes indicios sobre el uso de armas químicas y hechos que apuntan a una mayor internacionalización del conflicto, entre ellos ataques israelíes en territorio sirio, escaramuzas en la zona de los Altos del Golán, la explosión de coches-bomba en una localidad turca fronteriza con Siria y el reconocimiento público de Hezbollah de su apoyo a las fuerzas de Damasco. Ante la escalada del conflicto, Rusia y EEUU acordaron a principios de mes la celebración de una conferencia internacional para buscar una salida política. Damasco anunció que asistirá al encuentro, previsto para junio en Ginebra, siempre y cuando no se fijen precondiciones. La oposición siria en el exilio reunida en Estambul evidenció nuevamente sus divisiones y anunció que no participará en la reunión hasta que Irán y Hezbollah retiren sus fuerzas de Siria. Previamente, sectores disidentes dentro de Siria acusaron a esta coalición de no representar a la revolución. El devenir del conflicto se vio influido por la decisión de la UE de suspender el embargo de armas a Siria, abriendo la puerta a un suministro de arsenales a los rebeldes. Rusia reaccionó dando luz verde a nuevas entregas de armas a Siria (incluyendo 300 misiles antiaéreos) que ayudarían a Damasco a disuadir una posible intervención foránea. (BBC, 08, 14, 16, 21, 22, 28/05/13; El País, 06, 07/05/13; al-Jazeera, 04, 16, 30/05/13; Le Monde, 28/05/13)

Persisten los graves enfrentamientos en diversas partes del país (en Bakool, la región fronteriza con Etiopía; en Hiiraan; en Mogadiscio y en Liboi, la zona fronteriza con Kenya) entre las fuerzas gubernamentales apoyadas por las tropas internacionales y el grupo armado islamista al-Shabaab, causando decenas de víctimas mortales. El secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson, ha anunciado que más de 3.000 soldados de la misión africana de la UA en Somalia (AMISOM) han muerto en los siete años que lleva en el país combatiendo contra al-Shabaab. Diez países contribuyen con tropas a la misión, aunque el grueso lo aportan Uganda, Burundi y Kenya. El nuevo presidente kenyano, William Ruto, se ha reunido con sus homólogos de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso, y de Gabón, Ali Bongo, para discutir sobre la posible expansión de la misión africana en el país de cara a contribuir a su estabilidad. (Reuters, 10/05/13; Garowe Online, 5, 11 y 17/05/13; BBC, 18/05/13)

Decenas de miles de personas participan en protestas en la capital, Manama, y bloquean la principal carretera del país en vísperas de la celebración de la Fórmula 1 en Bahrein. Los manifestantes demandaban la suspensión de la competición, que consideran como parte de una estrategia de las autoridades por dar una apariencia de normalidad en el país pese a los abusos a los derechos humanos y la represión a la disidencia. Organizaciones locales de derechos humanos y de la oposición denunciaron el arresto de más de un centenar de personas en los días previos a la carrera, en los que también se produjo la explosión de un vehículo que fue reivindicada por un grupo opositor autodenominado 14 de Febrero. Las protestas durante marzo derivaron en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que opositores recurrieron a piedras y bombas caseras para enfrentase a la Policía. Paralelamente, el Gobierno volvió a ser objeto de críticas en materia de derechos humanos. El Relator Especial de la ONU para la Tortura denunció que las autoridades habían postergado indefinidamente su visita al país, que debería haber tenido lugar hace un año. El departamento de Estado de EEUU también emitió un informe en el que denunció significativas violaciones a los derechos humanos en Bahrein, incluyendo arrestos arbitrarios de activistas opositores, juicios sin garantías de debido proceso y torturas durante la detención. Manama desacreditó este informe. (BBC; 15, 20, 21, 22 y 24/04/13; al-Jazeera, 25/04/13)

La Policía detiene a finales de abril a Zivko Budimir, presidente de la entidad bosniaco-croata, una de las dos entidades en que se divide el país, lo que agrava la crisis política que atraviesa el territorio. Junto a Zivko Budimir otras 18 personas fueron detenidas en diversas operaciones, incluyendo un asesor de Budimir y el presidente de la comisión sobre amnistía de la entidad. La investigación en marcha abarca sospechas de aceptación de sobornos a cambio de la obtención de amnistías ¬–sospecha que afectaría a Budimir–, así como abuso del cargo, comercio ilegal de narcóticos y crimen organizado. El escándalo se une a la crisis política prolongada que afecta a la entidad bosniaco-croata tras la ruptura de la coalición gubernamental en 2012, además de los obstáculos en el nivel estatal en las relaciones entre los representantes de las tres principales comunidades (bosniacos, croatas y serbios) y las rivalidades intracomunitarias. A su vez, en abril, abril Budimir, de origen croata, se pronunció contrario a la creación de una tercera entidad, croata, en el país, al considerarla no realista, en referencia a las posiciones de otros partidos croatas. (B92, 26/04/13; Balkan Insight, 22, 26/04/13)

El líder de la coalición rebelde UFR, Timane Erdimi, refugiado en Doha, Qatar, anuncia a finales de marzo su voluntad de retomar las armas para derrocar el régimen del presidente Idriss Déby. Erdimi también ha anunciado que no prevé desplazarse al terreno, ya que su Estado Mayor se ocupa de la situación en la frontera entre Chad y Sudán. Erdimi fue elegido líder de la UFR en 2009. La UFR, alianza de movimientos político-militares, se ha visto afectada por numerosas divisiones desde su nacimiento. En 2009, el otro gran líder rebelde del país, Mahamat Nouri, se retiró de la UFR para crear la ANCD, que firmó acuerdos con el Gobierno. En paralelo a este incremento de la tensión derivado del comunicado de Erdimi, el Gobierno ha anunciado haber desarticulado un intento de golpe de Estado el 1 de mayo. Según el Gobierno, entre los golpistas se encontraría un diputado opositor, Saleh Makki. Vinculado a la intentona golpista se han producido algunos combates entre militares y civiles que habrían causado entre tres y ocho víctimas mortales, y una quincena de heridos, según fuentes militares. (Jeune Afrique, 21/03/13; RFI, 02/05/13)

El Gobierno del archipiélago consigue frustrar un intento de golpe de Estado entre el 20 y el 21 de abril. Una quincena de antiguos militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas comorianas, junto a mercenarios congoleses y chadianos, han sido arrestados cerca de Moroni. El líder político e hijo del antiguo presidente Abdallah, Mahmoud Ahmed Abdallah, es sospechoso de ser el cerebro de la operación de desestabilización. Las autoridades también han señalado que los golpistas habrían contado con la complicidad de un comerciante, suministrador de armas al Ejército del país, quien habría sido el encargado de comprar las armas para perpetrar el golpe. El director de Gabinete del presidente Ikililou Dhoinine ha convocado a los jefes de los partidos políticos para darles explicaciones de los hechos. Sectores de la oposición se han mostrado escépticos ante las revelaciones, en un momento en el que el actual presidente, Dhoinine, se ha distanciado de su promotor en el cargo, el ex presidente Sambi. En paralelo, el antiguo hombre fuerte de la isla de Anjouan, Mohamed Bacar, que vive en el exilio desde 2008 por haber intentado llevar a cabo otro golpe de Estado, ha anunciado que regresará al país en breve. (RFI, 22 y 25/04/13)

Los debates sobre el conflicto por el Sáhara Occidental se centran en la posibilidad de que la misión de la misión de la ONU, MINURSO, incorpore en su mandato la supervisión de la situación de derechos humanos. A principios de abril el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó su informe anual sobre el conflicto, en el que recomendaba una vigilancia “independiente, imparcial, amplia y sostenida” de la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tindouf, controlados por el Frente POLISARIO en el sur de Argelia. En este contexto, EEUU presentó ante el Grupo de Países Amigos del Sáhara Occidental una propuesta para ampliar el mandato de la MINURSO con el fin de incorporar esta dimensión, iniciativa que fue valorada por organizaciones de derechos humanos y por la UA. La propuesta fue criticada por Marruecos, que la consideró como un atentado a su soberanía y que, en señal de su molestia, canceló unos ejercicios militares con EEUU. Ante las presiones de Francia y Rusia, Washington planteó que fuera el Alto Comisionado para los Derechos Humanos quien asumiera la supervisión, pero esta propuesta también quedó diluida. A fines de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó prorrogar el mandato de la MINURSO sin atribuirle competencias en este tema. La decisión motivó protestas en el Sáhara Occidental en las que resultaron heridas 40 personas, entre ellas diez agentes de seguridad. (El País, 20, 23, 28/04/13; Informe del Secretario General sobre la el Sáhara Occidental, 08/04/13)

La Unión Europea levanta todas las sanciones contra Myanmar, a excepción del embargo de armamento, el mismo día en que Human Rights Watch publicaba un informe en el que acusa a las autoridades de Myanmar de haber cometido recientemente crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica de musulmanes rohingya en el estado de Arakan, al norte del país. Según HRW, en junio y octubre de 2012 diversos ataques coordinados por funcionarios del Gobierno de Myanmar, líderes de la comunidad Rakhine y monjes budistas provocaron el desplazamiento forzado de más de 125.000 personas de la etnia rohingya. Hasta día de hoy, estos desplazados no han tenido acceso a ayuda humanitaria ni se les ha permitido volver a sus hogares. Por otro lado, al día siguiente de que la UE retirara las sanciones contra Myanmar, el Presidente Thein Sein anunciaba una amnistía para 100 prisioneros, 56 de los cuales son considerados presos políticos. Finalmente, se suspendió la nueva ronda de conversaciones de paz que debían celebrarse en China entre el Gobierno y el KIO porque, según informaciones de diversas ONG locales, el mediador, China, no estaba de acuerdo con el hecho de que miembros de Naciones Unidas, EEUU y Reino Unido estuvieran presentes en el encuentro. (The Irrawaddy, 8/04/13; Reuters, 22/04/13; Human Rights Watch, 22/04/13; al-Jazeera, 23/4/13).

Desde el inicio de la campaña electoral, oficialmente inaugurada el 21 de abril, diversos grupos armados talibanes perpetran más de 20 ataques contra diversos candidatos de partidos políticos y activistas, asesinando a 46 personas e hiriendo a casi 200. Los tres principales partidos seculares que se presentan a las elecciones han sido los principales objetivos de estos ataques: el partido Muttahida Qaumi Movement (MQM), el Pakistan People’s Party (PPP) y el Awami National Party (ANP). Mientras tanto, en Quetta, capital de Baluchistán, entre el 23 de abril y el 25 de abril se produjeron ocho atentados con bomba reivindicados por el grupo armado suní Lashkar-e-Jhangvi (LeJ). En uno de estos atentados pretendían asesinar a Abdul Khaliq Hazara, líder del partido Hazara Democratic Party, que no resultó herido. Por otro lado, el Tribunal Superior de Peshawar dictó una orden mediante la cual se prohíbe al ex gobernante Pervez Musharraf concurrir a cualquier tipo de elecciones en el país. El fallo se produjo en respuesta a una apelación presentada por Musharraf después de que se rechazaran sus documentos para presentarse como candidato a las próximas elecciones del 11 de mayo. (Human Rights Watch, 29/4/2013; Dawn, 30/4/2013)

El clima de inseguridad sigue presente en el país y especialmente en la capital un mes después de que la coalición rebelde Séléka derrocara al régimen de François Bozizé y se instalara en el poder. A pesar de que se ha reducido la presencia militar en las calles de Bangui y en algunos lugares ha mejorado el clima de seguridad, persisten los abusos y exacciones en la capital y en el interior del país. Las armas recuperadas se acumulan, y los miembros de Séléka se encuentran parcialmente acuartelados. Sin embargo, las escuelas permanecen cerradas, las oficinas de la Administración no dan muestran de actividad y los edificios públicos suelen ser asaltados por la noche por grupos de bandidos. El líder golpista rebelde y nuevo presidente centroafricano, Michel Djotodia, está intentando conseguir recursos para acantonar a los combatientes en las provincias del interior del país, lo que permitirá vaciar la capital de miles de combatientes. Como ejemplo del clima de inseguridad, en los últimos días unos abusos por parte de miembros de Séléka en el eje Mbrès-Kaga Bandoro contra la población civil acabaron con la muerte de un combatiente de Séléka, lo que provocó represalias en forma de incendios de decenas de casas y la muerte de al menos 11 civiles. En paralelo, el nuevo primer ministro, Nicolas Tiangaye, realizó una gira por París, Bruselas y Pretoria para recabar fondos, aunque con pobres resultados. (RFI, 23, 26, 28 y 30/04/13)

No se producen avances en las conversaciones de paz que tienen lugar en Kampala entre los representantes del Gobierno congolés y el grupo armado M23, apoyado por Rwanda. El M23 ha señalado que se siente frustrado por la falta de compromiso del Gobierno congolés en las conversaciones de paz y ha anunciado que se retira de las negociaciones. El líder del M23, Bertrand Bisimwa, había propuesto una amnistía para los combatientes del M23, pero el Gobierno no quiere ofrecerla, lo que es interpretado por el grupo como una negativa a la paz. El Gobierno ha negado que no esté comprometido con el proceso, y en lo relativo a la amnistía, ha señalado que los soldados se podrán acoger a ella y reintregrarse en el Ejército, pero no así los comandantes. En paralelo se ha reabierto el debate sobre la nacionalidad congolesa, una de las causas de fondo del conflicto en el país y en el marco regional, ya que Rwanda pretende conseguir que toda la población rwandesa refugiada en el resto del mundo o bien regrese al país o los países huéspedes les naturalicen. UNHCR y los países que acogen población rwandesa dictaminaron en 2011 que el 30 de junio de 2013 la población refugiada rwandesa que hubiera huido antes del 31 de diciembre de 1998 perdería su estatuto de refugiado. El caso más importante es el de la población rwandesa en RD Congo, donde la obtención de la nacionalidad congolesa por parte de los centenares de miles de rwandeses que se encuentran allí supondría un reequilibrio demográfico en una zona donde esta cuestión ya fue motivo de conflicto durante el siglo XX. (VOA, 28 y 29/04/13, Africa Review, 29/04/13)

La insurgencia de Daguestán niega públicamente haber tenido ningún papel en la comisión de los atentados del 21 de abril contra la maratón de Boston y afirma que no está involucrada en hostilidades militares contra EEUU. En su comunicado aluden a los discursos de medios de comunicación estadounidenses en que se mencionaba la estancia de varios meses en Daguestán por parte de uno de los dos sospechosos y en los que aludía a posibles contactos de éste con la insurgencia del norte del Cáucaso. En todo caso, durante el mes de abril continuó el clima de conflictividad en la república, vinculada al conflicto que enfrenta a la insurgencia islamista y las autoridades locales y federales, con impacto sobre la población civil. Así, residentes de la localidad de Gimry (distrito de Untsukul) denunciaron abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante una operación especial, con incendios y destrozos de propiedades. Unas 300 personas presentaron una queja al respecto la ONG de derechos humanos Memorial. (RFE/RL, 22/04/13; Caucasian Knot, 16/04/13).

El 27 de abril grupos rebeldes de la coalición FRS entran por sorpresa a la ciudad de Um Rawaba, en Kordofán del Norte, lanzando un ataque que provocó la preocupación de las autoridades sudanesas. Más de un centenar de vehículos invadieron las calles de la población, destrozando torres de comunicación, estaciones eléctricas, bancos y mercados. Nueve policías sudaneses fueron abatidos durante los enfrentamientos. El portavoz de las Fuerzas Armadas Sudanesas, al-Sawarmi Khalid Sáad, aclaró que los enfrentamientos ya habían empezado en Kordofán del Sur cuando las fuerzas de seguridad sudanesas intentaron frenarlos en su camino hacia el norte. El JEM, así como otros grupos integrantes del FRS (SPL-M, SLM-MM, SLM-AW) declaraban a la Agence France Presse que el ataque forma parte de la estrategia rebelde que tiene como objetivo final derribar al presidente al-Bashir. Este ataque significa un retroceso en el desarrollo de las conversaciones que habían empezado esta misma semana entre el Gobierno sudanés y el SPLM-N. (Sudan Tribune, 27/4/2013; Al-Jazeera, 27/4/2013).

El grupo armado de oposición BRN hace público un video en el que expone cinco demandas al Gobierno de Tailandia para ser abordadas en las negociaciones de paz que se iniciaron a finales de marzo. Dichas demandas incluyen la designación del Gobierno de Malasia como mediador (y no como facilitador), la presencia en las conversaciones de miembros de ASEAN y de la Organización de la Conferencia Islámica como observadores, la liberación de todos los insurgentes detenidos y la retirada de cargos contra ellos, y la consideración del grupo como un movimiento de liberación nacional. En el video también se menciona la continuación de la lucha insurgente para deshacerse de la dominación y opresión colonial, así como el deseo de obtener un estado propio para la nación Pattani. El lanzamiento del vídeo se hizo el día antes del inicio de la segunda ronda de conversaciones en Kuala Lumpur (Malasia). Algunos analistas consideran que las demandas del BRN son inasumibles para el Gobierno y que, por tanto, pueden ser consideradas como una estrategia para poner fin a las negociaciones. Otros, sin embargo, creen que la petición de demandas maximalistas forma parte de la estrategia negociadora del BRN. El Gobierno no hizo comentarios específicos acerca del vídeo, pero en anteriores ocasiones ya ha manifestado su rechazo a la independencia del sur del país y a la liberación de presos. (Bangkok Post, 27, 30/04/13; Thailand National News Bureau, 30/04/13; The Irrawaddy News, The Statesman, 29/04/13)

Generales colombianos confirman que se están analizando los beneficios legales que harán parte del fuero militar. Al rechazar la "propaganda negra" que algunos sectores del país intentan hacerle al proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos anunció beneficios jurídicos para los miembros de la Fuerza Pública, en el caso de que se firme un acuerdo de paz con las FARC. El mandatario recalcó que era absolutamente falsa toda la propaganda que estaba circulando sobre las consecuencias negativas, que van a reducir las fuerzas a su mínima expresión, que todos los que estén en investigación van a sufrir alguna consecuencia jurídica. Por otra parte, el procurador general Alejandro Ordóñez rompió su silencio frente a las medidas del Gobierno encaminadas a fortalecer un eventual proceso de paz en Colombia y en un enérgico pronunciamiento arremetió contra la reforma constitucional que aprobó el Congreso, en la pasada legislatura, y que fijó el marco jurídico para aplicar en procesos de justicia transicional. Asimismo, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que debe haber equilibrio entre derechos de víctimas y paz. También aseguró que el país conocerá la verdad de los crímenes cometidos en el conflicto y todos los responsables deberán responder por sus crímenes, con sentencias alternativas.

Con un llamamiento a la Corte Constitucional para que dé su aval al marco jurídico para la paz, el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, entró a terciar en el debate. El Defensor consideró que la fórmula que fija la norma para seleccionar delitos y priorizar su juzgamiento en un eventual proceso de paz no sustituye la Constitución, como afirma una demanda que estudia el alto tribunal. Por otra parte, la Corte Constitucional estableció 10 puntos en el marco de la reparación integral por parte del Gobierno para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia con el fin de solucionar las decenas de casos. Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema destacó que la situación jurídica de los jefes de las FARC, y en consecuencia su participación en política tras la firma de un acuerdo de paz, es completamente distinta a la de los movimientos que surjan a partir de la firma de un acuerdo de paz, y para los cuales deben ofrecerse las garantías políticas y de seguridad. Así lo dejó claro el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con esa guerrilla, Humberto de la Calle. (El Tiempo, 04, 05, 09, 14, 29/04/13, El Espectador, 25/04/13)

Se celebra en Manila la primera sesión de la Comisión de Transición, el organismo de 15 personas encargado de redactar la constitución de Bangsamoro, la nueva entidad que debería sustituir a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Durante dicha sesión, que se llevó a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo, se acordaron las normas internas de funcionamiento y el procedimiento para establecer los grupos de trabajo, y se contó con la participación de expertos externos en el diseño de constituciones y en estrategias de incidencia política. Sin embargo, la Comisión no puede empezar con su principal cometido de redactar la constitución de Bangsamoro hasta que no se firme el acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF. Los paneles negociadores de ambas partes se reunirán después de la celebración de elecciones el 13 de mayo para abordar los tres anexos pendientes del acuerdo, mientras que la Comisión lo volverá a hacer a finales de mayo. Por otra parte, cabe destacar la firma de un acuerdo entre el MILF y el Gobierno para garantizar la seguridad y la normalidad durante los comicios del 13 de mayo. (Philippine Star, 24/04/13; Sun Star, 23/04/13; Rappler, 02/05/13; Gulfnews, 17/04/13; Global Times, 03/04/13)

Los principales actores políticos del país, incluyendo el Gobierno y la oposición, acuerdan una declaración por la que se comprometen a resolver sus diferencias por vías no violentas, e instan al sistema judicial a tratar con equidad todas las violaciones de derechos humanos. La declaración llega en un contexto de fuerte tensión preelectoral, con nuevas protestas de la oposición, que critica que la fecha de los retrasados comicios parlamentarios se haya fijado de manera unilateral –para el 30 de junio– y denuncia que los procedimientos del proceso electoral, incluyendo la compañía que realiza el censo electoral, favorecen al partido del actual presidente, Alpha Condé. Diversas protestas durante el mes de abril derivaron en episodios de violencia, incluyendo la muerte de una persona y diversos heridos. Condé se ha comprometido a garantizar la transparencia y credibilidad del proceso y a aceptar los resultados. (UN, 29/04/13; All Africa, 27/04/13; BBC, 18/04/13)

Se inicia en el país un proceso de diálogo nacional facilitado por el Consejo de las Iglesias Cristianas (FFKM), por sus siglas en malgache. Este diálogo agrupa a 180 entidades que participan en la mediación. La comunidad internacional, que apoya este proceso de reconciliación, teme que la puesta en marcha de una nueva transición signifique un nuevo aplazamiento de las elecciones. Un escenario que según diversos analistas está cada vez más próximo. Según fuentes diplomáticas, si eso es lo que se decide, la financiación del proceso electoral y otras ayudas internacionales podrían ser congeladas, lo que profundizaría todavía más la crisis actual. Fuentes de la ONU señalan que aquellos que han provocado la crisis están mal posicionados para resolverla. Este diálogo malgache podría exponer al país a nuevas sanciones. (RFI, 21/04/13; 01,02/05/13)

Las cámaras bajas de Serbia y de Kosovo aprueban el borrador de pacto alcanzado por las delegaciones de ambos territorios a mediados de abril en el marco del proceso negociador bajo facilitación de la UE. El acuerdo para la normalización de las relaciones contiene 15 puntos y principalmente aborda el futuro de las áreas de mayoría serbia, hasta ahora fuera del control de Pristina. El pacto contempla la creación de una asociación de municipalidades serbias con amplios poderes, que incluirían al norte de Mitrovica, Leposavic, Zvecan y Zubin Potok. Según el acuerdo, la población serbia de Kosovo podrá elegir a sus propios comandantes de Policía, ésta tendrá una composición que refleje la estructura étnica de la población y habrá más jueces serbios. El Gobierno de Serbia se ha comprometido a convocar un referéndum sobre el pacto en las zonas serbias de Kosovo –consulta demandada por dicha población- si hay compromiso de que el resultado será acatado. Por otra parte, tras el anuncio del pacto, la Comisión Europea ha recomendado a la UE el inicio de negociaciones sobre la adhesión de Serbia a la UE así como la apertura de conversaciones sobre un pacto de estabilidad del bloque comunitario con Kosovo. (Balkan Insight, 19, 23, 26/04/13)

Sudán y Sudán del Sur expresan su determinación de erradicar sus conflictos fronterizos con la firma de una acuerdo que consta de 10 puntos. El documento fue el resultado de la reunión de dos días del Joint Peace and Secuirty Mechanism, que se celebró los días 22 y 23 de abril en la capital de la vecina Etiopía, Addid Abeba. El encuentro fue protagonizado por Abdulraheem Mohammed Hussein, ministro de Defensa sudanés, y Paul Mayom Akec, ministro de Recursos Hídricos de Sudán del Sur. La conferencia contó con la observación de Thabo Mbeki, miembro del African Union High Level Implementation Panel. Entre otras temáticas, estos diez puntos fijan la puesta en marcha de trenes transfronterizos regulares, promueve el desarrollo comercial transfronterizo y facilita la movilidad de personas de un lado de la frontera al otro. El pasado 30 de abril una delegación parlamentaria sudanesa encabezada por Mohammed Al-Hassan Al-Haim, del Consejo de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, visitó Juba con el fin de expresar una firme voluntad de implementación del acuerdo. (Sudan Tribune, 23/4/2013; Sudan News Agency, 30/4/2013).

El proceso hacia la paz en Turquía avanza positivamente tras el anuncio histórico de alto el fuego del 21 de marzo y el llamamiento a una próxima retirada de sus filas de territorio de Turquía. El PKK ha fijado el 8 de mayo como fecha de inicio para el proceso de retirada, que se completaría en otoño, si bien no hay un calendario preciso. El líder del PKK Murat Karayilan ha advertido de que si son atacados por el Ejército, el proceso de retirada se paralizaría de manera inmediata y tomarían represalias. En paralelo, fuentes gubernamentales han manifestado que el proceso se está desarrollando conforme a lo previsto y se muestran confiados sobre su rumbo. Por otra parte, Karayilan ha afirmado que la retirada se realiza sin condiciones. No obstante, ha señalado que el proceso de democratización tras la retirada debería incluir pasos como reformas en la ley de partidos políticos, en el umbral electoral y en la ley antiterrorista, la abolición de las unidades paramilitares (“guardias rurales”) y la liberación de las personas detenidas en el proceso judicial contra el KCK (organización kurda que engloba al PKK). A su vez, Karayilan ha reiterado su petición de que el KCK pueda reunirse con su máximo líder, Abdullah Öcalan, en la prisión de Imrali, y ha llamado a la celebración de una conferencia de paz en Ankara que incluya a diversos sectores y grupos, incluyendo representantes de grupos de mujeres y minorías étnicas y religiosas. (Hürriyet, Firat, 27/04/13; AFP, 25/04/13)