Durante el mes de enero el conflicto armado en Afganistán tuvo un especial impacto en la población civil, con numerosos ataques y enfrentamientos que provocaron un elevado número de víctimas civiles. Uno de los ataques más graves reivindicados por la insurgencia talibán tuvo lugar en Kabul en un restaurante frecuentado por extranjeros, en el que murieron 16 civiles, en su mayoría no afganos. Otro episodio de enorme gravedad fue un bombardeo de las fuerzas internacionales en la provincia de Parwan que causó la muerte de ocho civiles afganos según el Gobierno, aunque la coalición internacional sólo reconoció el fallecimiento de dos civiles. Días antes, soldados estadounidenses habían tiroteado a un niño afgano. Otros ocho niños murieron tiroteados en diferentes ataques por supuestos insurgentes en las provincias de Laghman y Kandahar cuando practicaban deporte. Además, seis civiles murieron y 13 resultaron heridos al hacer explosión una bomba en una carretera en la provincia de Helmand. Este tipo de atentados son la principal causa de muerte de civiles en el conflicto de Afganistán. Por otra parte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán denunció que durante el año 2013 se produjo un incremento en la violencia contra las mujeres en el país, así como en su brutalidad, con ataques cada vez más graves e inhumanos. La comisión señaló que la cultura de la impunidad así como la inminente salida de las tropas extranjeras del país estarían exponiendo a las mujeres a mayores niveles de violencia. (Reuters, 04/01/14; Dawn, 10/01/14; The New York Times, 15 y 17/01/14; Pajwhok Afghan News, 23/01/14; The Associated Press, 25/01/14)

Aumentan las tensiones en el seno del partido gobernante CDP con la dimisión de 75 de sus altos cargos, incluyendo un ex portavoz parlamentario y el ex alcalde de la capital, a principios de enero. En su carta de dimisión denunciaron la desaparición de la democracia en el partido y los intentos de reforma de la Constitución que el presidente Blaise Compaoré está llevando a cabo con el objetivo de prolongar su mandato. Compaoré accedió al poder tras el golpe de Estado que él mismo lideró contra el presidente Thomas Sankara en 1987, y desde entonces ha gobernado el país. Después de dos primeros mandatos refrendados por las urnas (1991-1998 y 1998-2005) redujo el mandato presidencial de siete a cinco años y reformó la Constitución estableciendo el límite de dos mandatos presidenciales como máximo, por lo que su actual presidencia debería culminar en 2015. En este sentido, la oposición organizaba a mediados de enero la mayor manifestación pacífica registrada en la última década. Según los líderes de la oposición, entre 300.000 y 500.000 personas se manifestaron para protestar por los intentos de modificación de la Constitución. Días después, los 75 ex miembros del CDP que anunciaron su dimisión a principios de enero, formaban un nuevo partido llamado Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) para hacer frente al CDP en las próximas elecciones, programadas para el próximo año. (AP, News24, 06/01/14; RFI, Fox, VOA, 18/01/14; New Division, 26/01/14)

Doce personas mueren durante un ataque contra un mercado y un puesto policial en el condado de Xinhue, en la prefactura de Aksu. Según la versión oficial de los hechos, dos bombas estallaron en un mercado y un grupo de personas armadas lanzó artefactos explosivos contra varios policías. Seis de dichas personas murieron por disparos de las fuerzas de seguridad del estado. Poco después, otras seis personas (entre ellas dos mujeres) detonaron el vehículo en el que se hallaban al verse rodeadas por la Policía. Cinco personas fueron arrestadas durante los dos episodios de violencia. El día anterior a los mismos, 11 presuntos combatientes habían muerto durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Kirguistán en una región fronteriza con Xinjiang. El Gobierno de Kirguistán no descartó que las personas fallecidas fueran uigures procedentes de Xinjiang, aunque prefirió no dar una versión oficial de los hechos hasta que concluyeran las investigaciones. Por otra parte, el Gobierno de China anunció a mediados de enero su intención de doblar el presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo en Xinijang. Según varios analistas, en los últimos dos años se ha observado una tendencia al alza en el número y la intensidad de los episodios de violencia en dicha provincia. (Global Times, 26/01/14; AP, 17/01/14; Xinhua, 27/01/14)

Nuevos ataques contra población rohingya en el estado de Rakhine podrían haber causado la muerte a 48 personas de esta comunidad en un nuevo brote de violencia intercomunitaria. Según fuentes locales, un grupo de personas de confesión budista acompañadas por las fuerzas de seguridad birmanas atacaron una población rohingya provocando también el desplazamiento de centenares de personas. El Gobierno birmano negó lo sucedido y que se hubieran producido muertes, señalando que sólo se había constatado la desaparición de un policía, y calificó de falsas las informaciones difundidas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que se hizo eco de lo sucedido. Pillay, al igual que otras organizaciones internacionales, hizo un llamamiento a que se investigara lo sucedido. El Gobierno criticó que tanto Naciones Unidas como medios de comunicación internacional aludieran a fuentes locales y que el Ejecutivo no hubiera tenido la capacidad de supervisar la información difundia. (The Irrawaddy, 17 y 24/01/14)

Las Fuerzas Armadas de Myanmar lanzan una nueva ofensiva contra posiciones del grupo armado de oposición kachin KIA en el sur del estado Kachin utilizando armamento pesado y provocando el desplazamiento forzado de la población civil de la zona. Los ataques, que se iniciaron el 24 de diciembre, se prolongaron durante varios días. Fuentes del grupo armado han señalado que la reanudación de los enfrentamientos pone en peligro la continuidad de las negociaciones de paz, ya que se trató de un ataque deliberado por parte de las Fuerzas Armadas. Las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a la población civil señalaron que este ataque podría tener repercusiones también sobre el conjunto de las negociaciones que se están llevando a cabo con todos los grupos insurgentes y no sólo con el KIA, poniéndose en peligro la posibilidad de alcanzar el acuerdo de alto el fuego generalizado para todo el país cuya firma se espera que se produzca a principios de 2014. Desde que se reanudaron los enfrentamientos entre el KIA y las Fuerzas Armadas en 2011 se han desplazado de manera forzada 100.000 personas. (The Irrawaddy, 26/13/13)

Persistieron los enfrentamientos durante el mes de enero, siguiendo la tendencia registrada durante 2013. El grupo insurgente SLA-AW anunció el ataque a un convoy del Ejército en el estado de Darfur Norte, en el que murieron 41 soldados. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) no hizo comentarios al respecto. El SLA-AW se ha negado a participar en conversaciones de paz. Por otro lado, un grupo armado no identificado atacó el campo de desplazados de Al-Salam, a las afueras de Nyala, matando cinco personas e hiriendo otras siete. En otro incidente similar, guerrilleros del SLA-MM atacaron otro campo de desplazados en Baleel en el que murieron cinco personas, entre ellas cuatro policías. En este sentido, la misión de mantenimiento de la paz híbrida ONU/UA (UNAMID) destacó que la situación de seguridad en la región se deterioró considerablemente en 2013. El representante especial del secretario general de la ONU, Mohammed Ibn Chambas, lamentó la muerte de 16 soldados de la UNAMID en 2013, así como el incremento del número de desplazados, que alcanza las 400.000 personas, un número superior al total de personas desplazadas entre 2012 y 2011. ONU y Gobierno discreparon en torno a la cifra de víctimas mortales que se han producido en el conflicto desde su inicio. La ONU señaló que podrían haber muerto alrededor de 300.000 personas mientras que el Gobierno reduce esa cifra a unas 10.000 personas. Chambas anunció también negociaciones con el Ministerio de Justicia para permitir el despliegue de observadores que harán un seguimiento de la aplicación de los Acuerdos de Doha en los Tribunales del país. (Sudan Tribune, 07, 11, 25/01/14; AP, 23/01/14)

A mediados de enero las negociaciones de paz entre Gobierno y rebeldes del ex vicepresidente Riek Machar se encontraban en un punto crítico ante la negativa del Gobierno a liberar a los 11 simpatizantes de Machar detenidos desde el inicio del conflicto. El secretario general de la ONU, Bank Ki-moon, y el Consejo de Seguridad de la ONU pidieron su liberación para facilitar el avance de las negociaciones. Finalmente, el 23 de enero el Gobierno y la rebelión de los seguidores del ex vicepresidente firmaban un alto al fuego en Addis Ababa. Sin embargo, el Gobierno se mostró escéptico respecto la capacidad del bando rebelde de controlar a todas sus milicias. A pesar de que el 7 de febrero reanudarán las conversaciones de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de continuar con los enfrentamientos. Por otro lado, el ministro de Justicia, Paulin Wanawilla Unago, anunció que seis de los 11 altos cargos políticos detenidos y Riek Machar, en paradero desconocido, deberán enfrentarse a cargos de alta traición. Los otros seis serán puestos en libertad y trasladados a países vecinos por falta de pruebas y en acuerdo con la petición de los rebeldes. En paralelo, cabe señalar que desde el inicio del conflicto en diciembre, se estima en 1.000 el número de víctimas mortales aunque diversas fuentes elevan la cifra incluso a 10.000 personas. 494.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y otras 86.100 han buscado refugio en los países vecinos, según datos de Naciones Unidas. Así mismo solo el 40% de los desplazados tiene acceso a ayuda humanitaria. Ante la situación de inseguridad en el país y varios ataques a sus instalaciones, la organización humanitaria MSF anunció su retirada de Malakal, la capital de la segunda región más grande del país. Varios enfrentamientos en la ciudad, controlada por las fuerzas gubernamentales, forzaron a miles de habitantes a buscar refugio en las instalaciones de la misión UNMISS. Por otro lado, los duros enfrentamientos entre SPLA y rebeldes en la ciudad de Bor dejaron la ciudad prácticamente destruida. Miles de personas se refugiaron en las instalaciones de la ONU en la ciudad a las que no pudo acceder el ministro de Información debido a que sus guardaespaldas iban armados, avivando las críticas del Gobierno hacia la ONU. (al-Jazeera, 13/01/14; Alertnet, 17, 20/01/14; VOA, 20/01/14; Sudan Tribune, 19, 20/01/14; BBC, 23/01/14; Reuters, 28/01/14; allAfrica, 29/01/14)

Se deteriora gravemente en enero la crisis interna que desde noviembre enfrenta a diversos sectores opositores de población, incluyendo la oposición política, estudiantes y activistas, y al Gobierno desde la decisión de éste de no suscribir un acuerdo de asociación con la UE, lo que generó movilizaciones permanentes, con diverso grado de participación, y mayoritariamente pacíficas. La aprobación a mitad de enero por el Gobierno de nueva legislación que criminalizaba las protestas y ponía fuertes límites a la libertad de reunión, asociación y expresión fue el detonante de graves disturbios y de la violenta represión por las fuerzas de seguridad. Al menos cinco personas murieron y centenares de manifestantes y policías resultaron heridos. Las protestas en la capital, Kiev, se extendieron a otras ciudades del país. Además, sectores opositores organizados en grupos de autodefensa ocuparon algunos edificios gubernamentales, como el Ministerio de Justicia, éste último por parte del grupo Spilna Prava (Causa Comuna). Ante la advertencia sobre la posible declaración de estado de emergencia y cierta desaprobación de manifestantes hacia la acción de Spilna Prava, aquella sede ministerial se desalojó, mientras otros edificios continuaron ocupados. El deterioro de la crisis llevó a conversaciones entre el Gobierno y la oposición política. La fuerte presión política y social llevó a la dimisión del primer ministro, Mykola Azarov, y su gabinete, mientras el Presidente se mantuvo en su cargo, pese a las demandas de los manifestantes sobre su salida. El Parlamento retiró la legislación anti-protestas y aprobó a finales de enero una amnistía para los detenidos en las protestas desde noviembre, pero condicionada al desalojo de los edificios ocupados. El rumbo futuro de la crisis a finales de enero era aún incierto y el ex presidente Leonid Kravtxuk alertó de que el país estaba al borde de una guerra civil. Por otra parte, la líder de Exteriores de la UE, Catherine Ashton, se desplazó a Kiev, para intentar facilitar una salida a la crisis, mientras Rusia advirtió a la UE de no interponerse en cuestiones locales. Rusia a su vez esperaba la formación del nuevo Gobierno ucraniano para hacer efectivo su apoyo financiero al país, de 11.000 millones de euros, que forma parte del pacto anunciado en diciembre entre Ucrania y Rusia. (BBC, Reuters, 01-29/01/14)

El Grupo de Minsk de la OSCE, órgano que actúa de mediador en el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán en relación a la región independiente de facto de Nagorno-Karabaj, ha expresado gran preocupación por la violencia continuada en la región y los últimos incidentes, que considera socavan las negociaciones. Al menos dos soldados azeríes y uno de Nagorno-Karabaj murieron en diversos ataques en enero en torno a la línea de alto el fuego. Además, Azerbaiyán y Armenia se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones durante el mes. El balance de víctimas mortales en 2013 fue de una veintena, mientras aún continúan desaparecidas 4.000 personas desde la guerra de los años noventa, que causó 20.000 víctimas mortales y unos 200.000 desplazados. Pese a los incidentes de enero, los ministros de Exteriores de Azerbaiyán y Armenia mantuvieron la reunión prevista para finales de enero con los co-presidentes del Grupo de Minsk. Según el comunicado del órgano mediador, los mandatarios se comprometieron a continuar a las negociaciones para una solución pacífica al conflicto. Desde el alto el fuego de 1994 se han sucedido las negociaciones sin lograr aún un acuerdo definitivo. (Caucasian Knot, 07-29/01/14; OSCE, 24/01/14; RFE/RL, 08-29/01/14)

La situación en Egipto continuó estando marcada por la convulsión, la polarización política y por hechos de violencia que causaron la muerte de decenas de personas. El mayor número de víctimas se produjo en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del derrocamiento de Hosni Mubarak, cuando enfrentamientos provocaron la muerte de al menos 49 personas. A lo largo del mes se produjeron otros múltiples incidentes violentos en localidades como El Cairo, Alejandría e Islamilia, entre ellos choques entre partidarios y detractores del derrocado presidente islamista Mohamed Mursi, enfrentamientos con la Policía y ataques armados y explosivos contra las fuerzas de seguridad que en total dejaron más de una treintena de fallecidos. Amnistía Internacional advirtió que Egipto vive una escalada violenta sin precedentes desde la expulsión de Mursi del poder, con más de 1.400 muertes a causa de la violencia política desde el golpe militar de julio de 2013. La organización alertó sobre los abusos de las fuerzas de seguridad y las restricciones a las libertades en el país, mientras que medios de prensa informaron sobre numerosos arrestos de islamistas y críticos de movimientos seculares. Durante enero también se produjeron incidentes con motivo de la celebración del referéndum constitucional en los que murieron al menos 14 personas. La consulta fue percibida más bien como un plebiscito sobre el derrocamiento de Mursi y una vía para legitimar la acción golpista. La campaña previa se desarrolló en medio del acoso a los partidarios del “no”, mientras que la opción “sí” contó con un gran respaldo institucional. La nueva Constitución fue aprobada por un 98,1% de los votos y contó con un 38,6% de participación. El texto constitucional, elaborado por un panel de 50 expertos en el que sólo participaron dos islamistas, fue objetado por los Hermanos Musulmanes y por otros sectores, que cuestionaron algunas de sus directrices, entre ellas la que otorga competencias a las Fuerzas Armadas en materia de juicio a civiles, el control sobre la designación del ministro de Defensa y los presupuestos militares sin escrutinio civil. En este contexto, el general Abdel Fattah al-Sisi admitió que postularía a la presidencia. El Ejército ascendió a al-Sisi a mariscal y a fines de enero respaldó públicamente su postulación a las elecciones presidenciales, que se celebrarán en abril, antes que los comicios parlamentarios, previstos para julio. (BBC, 01-31/01/14; Amnesty International, 23/01/14; al-Jazeera, 14/01/14)

Un menor de edad falleció y otras 18 personas resultaron heridas durante las manifestaciones que durante varios días llevaron a cabo centenares de personas en las regiones norteñas de Ouanaminthe y Fort Liberté para exigir al Gobierno el restablecimiento de los servicios de agua y energía eléctrica, suspendidos desde finales de año. Durante las movilizaciones se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes y se paralizaron las actividades laborales, educativas y comerciales de la región. El transporte y los intercambios comerciales con República Dominicana también se vieron afectados. Por otra parte, con motivo de la conmemoración del cuarto aniversario del terremoto que provocó la muerte de más de 222.000 personas, se produjeron protestas en algunos de los 271 campamentos en los que todavía se hallan alojadas decenas de miles de personas. La mayor parte de estas protestas exigían mejores condiciones sociosaniatarias o el realojo de población. En uno de los campamentos, cuatro personas murieron y otras 30 resultaron heridas por un incendio. Según los datos más recientes de las OCHA, todavía hay más de 146.000 personas que viven en campamentos. (EFE, 23/01/14; PL, 22/01/14)

Persisten las acciones del grupo armado islamista Boko Haram (BH) con un importante impacto en términos de víctimas mortales entre la población civil. El mes de enero se salda con la muerte de casi 200 personas por supuestos ataques de BH. A principios de mes 70 personas morían en un ataque con coche bomba en Maiduguri, la capital del estado de Borno. En otro ataque en el distrito de Kawuri (Borno), morían 52 personas y alrededor de 300 casas fueron saqueadas. En el pueblo de Wada Chakawa, en el estado de Adamawa, un ataque de BH a una iglesia acabó con la vida de 45 personas. Por otro lado, el Ejército anunció haber rechazado un ataque de BH a una base militar de Damboa, en el que murieron 38 militantes de BH y el resto se dio a la fuga. Según la ONU, más de 5.000 personas han huido a Camerún y Níger en enero. Sólo en los últimos días de enero fueron saqueadas 37 comunidades en Damboa, Konduga y Gwoza. Por otro lado, la situación política en el país ha dado un giro desde la creación del partido opositor All Progressive Congress (APC) en 2013, que está diezmando las filas del partido en el poder, PDP. Cinco gobernadores estatales del PDP del presidente Goodluck Jonathan se han pasado al APC. Así mismo, 37 miembros de la cámara baja de la Asamblea Nacional también abandonaron el PDP haciéndole perder la mayoría absoluta. Este hecho ha propiciado el bloqueo de los presupuestos del Estado para 2014 por parte de la oposición. Por último, el Gobierno se ha visto criticado también por la comunidad internacional, debido a la aplicación de una ley que prohíbe los matrimonios homosexuales así como las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, denunciaban esta ley y la discriminación que conlleva. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 10 hombres como consecuencia de esta ley, aunque el Gobierno lo ha negado. (VOA, 01/01/14; al-Jazeera, 09, 28/01/14; BBC, 24/01/14; Vanguard, 27/01/14; CNN, 16, 28/01/14; BBC, 30/01/14)

En el último informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre la RD Congo se destaca la derrota del M23, los diversos abusos de los derechos humanos cometidos por el grupo durante el año, y confirma las diversas formas de apoyo recibidas por el grupo desde Rwanda: reclutamiento, tropas de refuerzo, entregas de municiones y refuerzo de artillería. Además, el Grupo había recibido información fidedigna de que líderes del M23 que habían sido objeto de sanciones se desplazaban libremente en Uganda y que el M23 seguía reclutando en Rwanda. En paralelo, la victoria de las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) con el apoyo de la Brigada de Intervención de la Misión de Estabilización supone un claro mensaje a otros grupos armados, que han adoptado posturas más agresivas, defensivas o pactistas. Cabe destacar la persistencia de la violencia por parte del FDLR, el ADF y Kata Katanga. Muchos grupos armados en la región oriental de RD Congo han obtenido fondos de la producción y comercialización de recursos naturales. Por lo que respecta al oro, el Grupo observa que muchas de las explotaciones mineras se encuentran en zonas donde ya no se registran conflictos, pero que los productos provenientes de esas zonas se mezclan con los de zonas de conflicto, en particular en las ciudades comerciales más grandes de RD Congo y en los países de tránsito como Burundi, Uganda y Tanzania, debido a la falta de transparencia. El Grupo estima que el 98% del oro sale del país por contrabando y que casi todo el oro comercializado en Uganda –principal país de tránsito del oro congolés– es exportado ilegalmente desde RD Congo. Los grupos armados y las FARDC siguen controlando muchas explotaciones mineras y obteniendo ganancias de la minería y de la comercialización de minerales, en especial estaño, tungsteno y tántalo. Rwanda negó la veracidad del informe. (Jeune Afrique, 30/01/14, S/2014/42 de 24/01/14)

Persisten los combates entre los restos de las Fuerzas Armadas centroafricanas, las milicias anti balaka y los combatientes ex Séléka, causando decenas de víctimas mortales, así como saqueos y ataques entre civiles de confesión cristiana o musulmana en los diversos barrios de la capital. También entró en combate la fuerza de intervención bajo el mandato de la UA (MISCA) y las Fuerzas Armadas francesas (Operación Sangaris), que han capturado a decenas de combatientes. Estas últimas a finales de enero dieron muerte a 10 combatientes ex Séléka. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la creación de una misión de la UE, en la que podrían participar España, Bélgica, Estonia y Polonia. El Consejo ha invitado a la R. Centroafricana a acelerar la transición política. Esta misión es un primer paso hasta la transformación de la MISCA en una misión de la ONU. Esta misión, EUFOR RCA, constará de unos 500 soldados con un componente militar fuerte que dará apoyo a los 5.000 militares africanos y a los 1.500 soldados franceses. El Consejo ha amenazado con establecer sanciones selectivas a aquellos actores que amenacen la paz y la seguridad en el país, y ha señalado que su voluntad es establecer una misión de la ONU que debería constar de 10.000 soldados, aunque la UA en un primer momento había mostrado sus reticencias para poder disponer de tiempo para gestionar y organizar su propia misión. A finales de enero la MISCA, encargada de restablecer la paz y la seguridad en el país y forzar el desarme de los grupos armados, ya cuenta con 5.300 militares y policías de los 6.000 que se estableció a mediados de diciembre. Los países contribuyentes son Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Chad, Rwanda y Guinea Ecuatorial. Por último, cabe destacar que el Consejo de Paz y Seguridad de la UA ha anunciado su respaldo oficial a la petición que ha realizado la nueva presidenta respecto al envío de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU al país para frenar la espiral de violencia que ha vivido la R. Centroafricana durante el último año y que se agravó en diciembre. A principios de febrero la UA organizará una cumbre para recabar fondos para la MISCA. (RFI, 24/01/14; Jeune Afrique, 29/01/14; Xinhua, 30/01/14)

La organización rusa Memorial, la organización daguestaní Madres de Daguestán y las organizaciones internacionales Human Rights Watch e International Crisis Group alertan de la frágil situación de derechos humanos que vive la república de Daguestán y se muestran decepcionadas con el legado del primer año del presidente daguestaní Ramazan Abdulatipov, según destaca el portal independiente Caucasian Knot. Entre los aspectos que les preocupan, se incluye la fuerte presión contra la población salafista, incluyendo a través de detenciones masivas en las mezquitas, zonas residenciales y establecimientos que ésta frecuenta; la creación de milicias populares, alentadas por el propio presidente; el abuso de poder de las autoridades; y violaciones de derechos humanos. Aún así, algunas de estas organizaciones, como ICG, destacan como aspectos positivos, la persecución de la corrupción y el nepotismo. Así, en enero el presidente daguestaní destituyó al vice-primer ministro, Magomedgusen Nasrutdinov, y a otros dos ministros. Aunque no se especificó el motivo de su despido, el vice-primer ministro había sido arrestado bajo sospecha de fraude. Por otra parte, durante el mes de enero continuó la situación de violencia que afecta a la república, vinculada al conflicto entre las autoridades locales y federales y la insurgencia islamista del norte del Cáucaso, con cerca de una treintena de víctimas mortales en Daguestán en las tres primeras semanas del año. Por otra parte, en un video en internet el grupo Vilayat Dagestan se atribuyó los dos atentados suicidas de diciembre en la ciudad rusa de Volgogrado (sur) que causaron 36 víctimas mortales y más de 70 heridos. El grupo, del que algunos expertos señalan que es una organización desconocida en Daguestán, afirma estar vinculado a Ansar al-Sunna, organización creada en Iraq en 2003 para combatir a las tropas estadounidenses y al gobierno local. (Caucasian Knot, 13-23/01/14; RFE/RL, 1-29/01/14)

Después de meses de dilaciones y presiones diplomáticas para entablar un diálogo directo entre las partes en conflicto, delegaciones de la oposición y del Gobierno sirio se reunieron el 22 de enero en Suiza para intentar buscar una salida que ponga fin al ciclo de violencia en el país. La celebración del diálogo, conocido como Ginebra II, se vio comprometida hasta último momento por la reticencia de las partes a ceder en sus precondiciones. Damasco mantuvo su defensa de la permanencia de Bashar al-Assad en el poder. La opositora Coalición Nacional Siria se resistía a asistir sin tener garantías de la renuncia del mandatario sirio, pero las presiones de países occidentales y árabes condicionaron finalmente su participación en la iniciativa. El diálogo se inició en un clima de escepticismo por diversos factores, entre ellos el antagonismo de las partes, el boicot al diálogo de actores clave de la disidencia –entre ellos numerosos grupos armados–, y la ausencia de Irán, aliado clave de Damasco, al que se retiró la invitación para participar en Ginebra tras presiones de EEUU y la oposición siria. Ginebra II también recibió críticas por no garantizar una participación significativa de mujeres sirias. El 31 de enero la primera ronda del diálogo concluyó sin progresos, pese a que se especuló sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales para permitir el acceso de ayuda humanitaria. La ONU advirtió en enero que la mitad de la población siria requería ayuda de manera urgente, en especial en zonas sitiadas por la violencia. Zonas como Homs o Aleppo estuvieron entre las más afectadas por ataques aéreos y enfrentamientos durante enero. Paralelamente, se intensificaron los combates entre grupos armados del mismo bando rebelde, en particular entre la organización ISIS (de origen iraquí y con alta presencia de combatientes extranjeros) y grupos locales que denunciaron su intento de secuestrar la revuelta. Estos hechos de violencia causaron la muerte de cientos de personas. Un informe publicado poco antes de Ginebra II acusó al Gobierno sirio de torturas y de la ejecución de 11.000 detenidos desde el inicio del conflicto en 2011. (BBC y al-Jazeera, 01-31/01/14; New York Times, 04/01/14: The Guardian, 20/01/14)

El nuevo primer ministro, Abdiweli Sheikh Ahmed Mohamed, eligió a su Gabinete a principios de enero y el Parlamento ratificó con una amplia mayoría la propuesta presentada. En paralelo, continuaron los enfrentamientos y las acciones armadas en diferentes partes del sur de Somalia y de la capital, Mogadiscio. En una emboscada del grupo armado islamista al-Shabaab en Afgoye, cerca de Mogadiscio, murieron siete soldados gubernamentales y otros 11 resultaron heridos. Al-Shabaab amenazó a la población civil que colabora o trabaja con las organizaciones internacionales presentes en el país, y ejecutó a una mujer somalí por trabajar con una ONG turca presente en Mogadiscio. Como muestra de la situación de inseguridad e inestabilidad, dos grupos del Ejército somalí pertenecientes a clanes diferentes se enfrentaron en la región de Lower Shabelle, causando la muerte de siete soldados y diversos heridos. El Gobierno Federal confirmó la existencia de asesores militares de EEUU que dan apoyo al Ejército. Por último, cabe destacar la integración de las tropas etíopes presentes en Somalia en la misión de la UA en el país (AMISOM). En concreto, más de 4.000 soldados se integrarán a la misión y pasarán a llevar a cabo las acciones militares de forma coordinada y bajo el mandato de la UA. (Garowe Online, 10, 14, 15, 20, 22 y 29/01/14)

Grupos rebeldes de Kordofán Sur aseguraron haber derrotado a las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) en varias áreas del estado. Según el portavoz del grupo armado JEM, Jihid Adam Dilal, un ataque del grupo a un batallón en el área de Trogi, acabó con la vida de decenas de soldados. En el mismo periodo, la coalición de grupos SRF anunció que fuerzas conjuntas del SPLM-N y el SLM destruyeron el cuartel militar de Dalami, en Habila. Por su parte, el portavoz de las FAS, Al-Sawarmi Khaled, remarcó la recuperación de Trogi, Angolo y Al-Dabkaya. A mediados de enero se volvían a registrar incidentes graves. El SPLM-N anunció un ataque a las FAS en Malkan, en el estado de Nilo Azul, que supuestamente acabó con la vida de 70 soldados de las FAS. Sin embargo, las FAS negaron esta información, reconociendo el ataque pero asegurando que fue repelido con éxito. Ya a finales de enero el SPLM-N denunciaba un bombardeo de las FAS en la ciudad de Kaude. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones los ataques aéreos indiscriminados del Ejército de Sudán. En paralelo a la situación de violencia, el ministro de Exteriores, Ali Karti, anunciaba la voluntad del Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto de Kordofán Sur y Nilo Azul. Por su parte, el SPLM-N anunciaba haber recibido una invitación de la UA para participar en negociaciones con el Gobierno sudanés en Addis Abeba, el 5 de febrero. El grupo ha solicitado que se solucione la situación para poder reducir la crisis humanitaria que afecta el territorio que comprende el estado de Nilo Azul hasta Darfur así como una solución política en la que participen todas las fuerzas políticas y la sociedad civil. (Radio Dabanga, 05/01/14; Sudan Tribune, 06, 26/01/14; Africa Review, 18/01/14; Daily Nation, 18/01/14; AFP, 26/01/14; Radio Tmazuj, 27/01/14)

La primera ministra, Yingluck Shinawatra, anunció su intención de proseguir con su intención de celebrar elecciones anticipadas para el 2 de febrero como mecanismo para poner fin a las protestas que asolan el país desde hace meses. Shinawatra es partidaria de convocar dichos comicios a pesar de que prosiguen las movilizaciones, de que tanto los manifestantes como el principal partido de la oposición se niegan a participar en la contienda electoral, de que la Comisión Electoral se ha mostrado favorable a aplazar las elecciones tres o cuatro meses para dar tiempo a rebajar la tensión política y social y de que varios analistas han advertido sobre la posibilidad de que celebrar elecciones en las actuales circunstancias genere mayores niveles de violencia. Durante las intensas movilizaciones que se produjeron en el mes de enero en Bangkok, numerosas personas resultaron heridas, y el número de víctimas mortales desde que se iniciaron las protestas se elevó a diez, entre ellas un destacado líder opositor. El 21 de enero, el Gobierno decretó el estado de excepción en Bangkok y, además, amenazó con arrestar al líder de las movilizaciones, el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban. No se registraron hechos de violencia significativos durante la jornada de voto anticipado de los comicios, pero numerosas personas no pudieron ejercer su derecho de voto porque la mayor parte de los colegios electorales fueron bloqueados por los manifestantes. (Reuters, 28/01/14; Associated Press, 26/01/14; EFE, 26/01/14)

El máximo líder del grupo armado kurdo PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999, advierte de que el diálogo entre el Gobierno y el PKK no puede permanecer en el “limbo” para siempre y alerta al Gobierno de que si se guía por cálculos electorales el proceso podría terminarse. Öcalan ha instado a todas las partes a dar pasos para hacer avanzar el diálogo. Así se hizo público en un mensaje transmitido a través del movimiento nacionalista kurdo tras la visita a Öcalan en diciembre. Hubo una nueva visita autorizada por las autoridades el 25 de enero, esta vez compuesta por el parlamentario del HDP (nueva formación política del movimiento kurdo) Süreyya Önder y la diputada independiente kurda Leyla Zana. En un contexto de crisis interna en Turquía por la pugna entre el Gobierno del AKP y el movimiento islamista Hizmet, Öcalan también señaló en el mensaje de principios de enero que no avivarían la tensión, a la que calificó de intento de golpe, en línea con el discurso del Gobierno del AKP; pero advirtió también de que la solución a la crisis de Turquía requiere necesariamente de la resolución de la cuestión kurda. A su vez, el líder del PKK afirmó que el proceso de resolución en Turquía no podría abordarse de manera independiente a los acontecimientos en la región kurda de Siria, donde la rama siria del PKK ha puesto en marcha un proceso de autogobierno en las áreas bajo su control. Además, Öcalan envió una carta al presidente de la región kurda de Iraq, Massoud Barzani, ascendente político de los grupos kurdos rivales del PKK en Siria. Öcalan instó a superar las diferencias y a promover la celebración del Congreso Nacional Kurdo, periódicamente postergado. Por otra parte, la agencia de inteligencia turca, el MIT, emitió un comunicado considerado inusual, en el que negó estar involucrada en el asesinato de las tres activistas kurdas en enero de 2013, tras la reciente filtración de unas grabaciones de audio y documentos en que supuestamente se mostraba la conexión del MIT con el sospechoso del asesinato. Aún así el MIT anunció que había puesto en marcha una investigación interna. (AFP, Hürriyet, Firat, 01-29/01/14)

Tras meses de conversaciones que se iniciaron en marzo de 2013, los más de 500 delegados de la Conferencia de Diálogo Nacional de Yemen concluyeron oficialmente su labor y presentaron un informe con cerca de 1.400 recomendaciones. Este documento pretende ser una hoja de ruta y constituir la base a partir de la cual se iniciará la redacción de una nueva Constitución para el país, en el marco del proceso de transición acordado en 2011 para facilitar la salida del poder de Alí Abdullah Saleh. Pese a lo accidentado del diálogo, analistas valoraron que distintos sectores yemeníes lograran acordar una salida pacífica a un conflicto que estuvo a punto de llevar al país a una guerra civil. La CDN se organizó en nueve grupos de trabajo que abordaron temas como las demandas secesionistas del sur, el conflicto protagonizado por los al-houthistas en el norte, fórmulas de descentralización y políticas de desarrollo económico. El acuerdo alcanzado por la CDN incluye revertir la marginalización del sur, abolir el matrimonio infantil, promover los derechos de la mujer –incluyendo un 30% de representación en el ámbito público– y crear un sistema federal. Este último fue uno de los temas más espinosos y no se llegó a acuerdo sobre el número de regiones que se crearán. Grupos secesionistas del sur boicotearon la CDN por no dar cabida a la opción de independencia y se teme que pueden marginarse en un futuro referéndum constitucional. El enviado especial de la ONU a Yemen valoró el acuerdo como un paso sin precedentes en la región, llamó a los sectores del sur a buscar una solución dialogada, alertó a quienes pretendan boicotear la reconciliación y rindió homenaje a los delegados de la CDN asesinados. El último de ellos fue un representante de los al-houthistas, días antes de concluir el trabajo de la CDN. A finales de enero se intensificaron los combates en el norte entre al-houhtistas y salafistas, a pesar de la tregua alcanzada a principios de mes. Se calcula que más de una veintena de personas murieron en estos combates, que podrían haberse reactivado en parte como reacción al asesinato del delegado de la CDN. (BBC, 21, 28/01/14; UN News, 25/01/14; al-Jazeera, 26/01/14; Yemen Post, 22, 30/01/14; Press TV, 30/01/14)

El Gobierno y el MILF firman en Kuala Lumpur el cuarto y último de los cuatro anexos del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (rubricado en octubre de 2012), facilitando así la eventual firma de un acuerdo de paz global. El acuerdo sobre “normalización” (que aborda las cuestiones de seguridad como el desarme y desmovilización del MILF, entre otras) se produce tras los acuerdos de “generación de ingresos y reparto de riquezas”, “mecanismos de transición” y “reparto de poder”, en una negociación que ha durado 17 años y que todavía debe abordar algunas cuestiones menores antes de la firma del acuerdo de paz global. Ambas partes se congratularon por el acuerdo y remarcaron el reto que supondrá la implementación de un eventual acuerdo global. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también felicitó a las partes y al mediador oficial (el Gobierno de Malasia) por los esfuerzos realizados. Las reacciones del MNLF ante dicho acuerdo fueron diversas. Una facción se mostró más beligerante y anunció su disposición a seguir luchando por la independencia de Mindanao, mientras que otra declaró que los contenidos de un nuevo acuerdo de paz con el MILF no podían invalidar o menoscabar el acuerdo de paz de 1996 firmado entre el MNLF y el Gobierno. Cabe destacar que uno de los portavoces del MNLF declaró que la mayor parte de los 11.000 combatientes que se estima que tiene el MILF estaban desertando e ingresando en el MNLF o en el BIFF (una escisión del MILF) por su negativa a entregar sus armas. (Xinhua, 26 y 27/01/14; Philstar, 26/01/14; Inquirer, 27/01/14; Reuters, 25/01/14)

La práctica totalidad de los grupos armados de oposición étnicos que operan en Myanmar se comprometen con la firma de un acuerdo de alto el fuego nacional con la condición que éste venga acompañado de un proceso de diálogo político. La propuesta gubernamental contempla que el diálogo se inicie tras la firma del alto el fuego, pero para las insurgencias deben ser procesos paralelos. Los líderes de los grupos armados alcanzaron este acuerdo tras una reunión celebrada en el estado Karen y posteriormente se reunieron con el principal negociador gubernamental, el ministro Aung Min, para presentarle un borrador de acuerdo. El borrador fue presentado por el National Ceasefire Coordination Team (NCCT) que representa a 16 grupos armados de oposición. Aunque la mayoría de insurgencias ya han firmado acuerdos de alto el fuego bilaterales con el Gobierno, el Ejecutivo quiere que se alcance un único acuerdo de carácter global. En el caso de la insurgencia kachin, el Gobierno señaló que a pesar de que no se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego de carácter formal, los acuerdos sobre el terreno tienen incluso un mayor alcance que los firmados con otros grupos armados. En febrero se celebrará un nuevo encuentro entre insurgencias y Gobierno en Hpa-An, capital del estado Karen, que vendrá precedido de una reunión de los líderes de los diferentes grupos armados. (The Irrawaddy, 24, 28 y 29/01/14)

El presidente Michel Djotodia dimite el 10 de enero forzado por la profunda crisis que atraviesa el país y las presiones regionales ante su responsabilidad e incapacidad para hacer frente a la situación y el Consejo Nacional de Transición (Parlamento provisional) elige el 20 de enero a Catherine Samba Panza, como nueva presidenta durante el periodo de transición. Alcaldesa de Bangui desde mayo de 2013, fue nombrada por la administración de Séléka tras el golpe de Estado. Samba Panza es abogada y militante de la Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC), organización especializada en la lucha contra la mutilación genital y otras violencias de género de las que son víctimas las mujeres centroafricanas, y también ha sido formadora en derechos humanos de Amnistía Internacional. No militaba en ningún partido político anteriormente, y ha sido escogida entre ocho candidatos, entre los cuales se encontraban dos de los hijos de antiguos presidentes del país, como Désiré Kolingba y Sylvain Patassé, hijos de los presidentes André Kolingba y Ange-Felix Patassé. Tras ser nombrada, Samba Panza ha iniciado intensas negociaciones para configurar un nuevo Gobierno de transición, que está compuesto por 20 miembros, eminentemente tecnócrata, de los cuales siete son mujeres y tres son ex miembros de Séléka. La mayoría de los puestos clave, que previamente estaban en manos de Séleka, han recaído en manos de técnicos. Su primer ministro es André Nzapayéké, antiguo vicepresidente de la BDEAC (Banco de Desarrollo de África Central). (Jeune Afrique, 20- 28/01/14)

Después de tres años de debates y por una amplia mayoría –200 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones–, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Túnez aprobó el 26 de enero una nueva Constitución para el país, la primera desde el derrocamiento de Zine el-Abidine Ben Alí. Los legisladores acordaron el texto después de que el partido islamista que encabeza el Gobierno, Ennahda, hiciera concesiones respecto a sus planteamientos previos, por ejemplo en lo referido a las referencias a la ley islámica. La nueva Carta Fundamental, que reemplaza a la de 1959, reconoce al Islam como religión del Estado, pero garantiza la libertad de culto; establece un régimen parlamentario mixto con ciertas prerrogativas para el presidente; y ofrece mayores garantías para la igualdad entre hombres y mujeres. Observadores destacaron la relevancia y el carácter histórico del artículo 46 de la nueva Constitución, que demanda al Estado el establecimiento de la paridad entre hombres y mujeres en todas las asambleas electas del país, y lo compromete en la adopción de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. El portavoz de la ANC, Mustapha Ben Jafaar, valoró que si bien la Constitución no era perfecta, era fruto del consenso. Algunos analistas resaltaron que sectores de la población tunecina se han mostrado escépticos sobre el impacto de este cambio constitucional en sus vidas –en momentos en que la situación económica es apremiante–, mientras que otros subrayaron que se espera que la nueva Constitución dé una señal de estabilidad en el país después de meses de convulsión política, acentuada durante 2013 tras el asesinato de dos dirigentes de la oposición. En este contexto, cabe destacar que el partido islamista Ennahda cumplió su compromiso de ceder el poder a un nuevo Gobierno de transición que liderará el país hasta la celebración de elecciones. El primer ministro islamista Alí Larayedh renunció a su cargo a principios de enero y cedió el testigo al hasta entonces ministro de Industria, Mehdi Jomaa, quien presentó un gabinete integrado mayoritariamente por figuras independientes y tecnócratas. El nuevo Ejecutivo obtuvo el voto de confianza a finales de mes. (BBC, 09, 27, 28/01/14; AFP y Reuters, 26/01/13; Le Monde, 10, 27, 29/01/14)