Un ataque llevado a cabo por la insurgencia naxalita en una zona selvática del estado de Chhattisgarh causa la muerte de 20 miembros de las fuerzas de seguridad indias. Alrededor de 300 insurgentes protagonizaron una emboscada contra 50 policías e integrantes de otras fuerzas de seguridad, que fueron tiroteados y atacados con explosivos. Según fuentes periodísticas se trataría de la misma zona en la que en un ataque el año pasado se produjeron 27 muertes, incluyendo varios dirigentes del partido del Congreso. Diversas fuentes señalaron que en las próximas semanas, previas a las elecciones generales que se celebrarán en varias fases entre abril y mayo, se esperan más ataques por parte de los naxalitas. Se trata del ataque más mortífero en lo que va de año. (The Hindu, AFP 11/03/14)

La estatal Agencia Nacional de Emergencias de Nigeria (NEMA) advierte de las urgentes necesidades de asistencia a más de tres millones de personas que habitan en el norte del país, en la zona afectada por el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y Boko Haram. Según NEMA, el estado de Borno es el más afectado por la crisis –sin precedentes según la Cruz Roja nigeriana–, donde 1,3 millones de personas requieren ayuda, en su gran mayoría mujeres, menores de edad y ancianos. El grupo armado opera principalmente en Borno, Yobe y Adamawa, a los que el Gobierno declaró en estado de emergencia en 2013. No obstante, voces críticas con el Gobierno aseguran que el estado de emergencia no ha sido efectivo. Según cifras oficiales, un total de 250.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia. Durante marzo, continuaron registrándose ataques y enfrentamientos vinculados al conflicto, con numerosas víctimas mortales. A principios de mes, en solo cuatro días, Boko Haram fue acusado de protagonizar ofensivas que causaron la muerte de al menos 130 personas. Otras 20 personas habrían perdido la vida en un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales, en el marco de la campaña del Ejército contra el grupo armado. A mediados de mes, sospechosos de pertenecer al grupo lanzaron un ataque contra una base militar en Maiduguri con la intención de liberar a algunos compañeros detenidos. En el ataque habrían muerto decenas de combatientes de ambos bandos, según testigos. De acuerdo a algunos recuentos de prensa, al menos 500 personas habrían muerto a causa de acciones de Boko Haram en lo que va de 2014. Paralelamente, cabe destacar que Nigeria inició una Conferencia Nacional para discutir el futuro del país a la que asisten 500 representantes de los principales grupos étnicos, religiosos y lingüísticos. Según informaciones de prensa, en la asamblea –que se desarrollará durante tres meses en la capital, Abuja–, no está permitido plantear una eventual división del país. La iniciativa ha motivado críticas de sectores de la oposición que la consideran una pérdida de tiempo y ha sido considerada como una vía impulsada por el presidente para promover cambios en la Constitución antes de las elecciones de 2015. (BBC, 2, 4, 14, 26/03/14)

El informe anual de Amnistía Internacional sobre la aplicación de la pena de muerte a nivel mundial concluye que durante 2013 se produjo un 15% más de ejecuciones que en 2012, un incremento que se atribuye principalmente a las medidas adoptadas por las autoridades de Irán e Iraq. La cifra total de ejecuciones reconocidas pasó de 682 en 2012 a 778 en 2013, un total que excluye datos sobre la aplicación de la pena de muerte en China –considerado por Amnistía como el país que más utiliza esta práctica– y en contextos de conflicto, entre ellos Siria. Excluyendo China, tres países de Oriente Medio concentran el 80% de las ejecuciones a nivel mundial: Irán, Iraq y Arabia Saudita, aunque en los dos primeros países fue donde se registró el mayor número de casos. Oficialmente, Irán llevó a cabo 369 ejecuciones (358 hombres y 11 mujeres), aunque Amnistía Internacional apuntó la existencia de evidencias creíbles sobre numerosas ejecuciones en secreto, que elevarían la cifra total a 704. La organización de derechos humanos destacó que la situación de la pena de muerte en Irán no ha registrado cambios tras la asunción del nuevo presidente Hassan Rouhani. Entre los condenados en Irán se encontraban personas acusadas de insurrección armada o afiliación a organizaciones proscritas, y miembros de minorías étnicas como la árabe ahwazi o la kurda. En el caso de Iraq, un total de 169 personas fueron ejecutadas en 2013 –un tercio más que en 2012–, en su mayoría convictas al alero de la Ley Antiterrorista. Entre los condenados se contaban varios nacionales de otros países árabes. Previamente, Amnistía Internacional había advertido que en Iraq al menos 90 condenas a muerte por terrorismo y otros crímenes se habían basado en confesiones forzadas, de las cuales 14 se aplicaron en 2013. Arabia Saudita ejecutó a 79 personas, seguido por EEUU que aplicó la pena capital a 39 personas. Según Amnistía Internacional, un total 22 países fueron escenario de ejecuciones, entre ellos cuatro –Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam, que retomaron su aplicación en 2013. (NYT, 26/03/14; BBC, 27/03/14; Amnesty International, 27/03/14)

Un año después de la caída de François Bozizé como consecuencia de un golpe de Estado que perpetró la coalición Séléka, la situación sigue volátil en el país. En los últimos días de marzo se han desencadenado enfrentamientos entre bandas armadas en diversos barrios del norte de Bangui, que han causado al menos 15 muertos y decenas de heridos. Un dispositivo militar de la Operación francesa Sangaris y de la misión de la UA MISCA se han desplazado a la zona y han intentado controlar la situación interponiéndose entre las facciones, pero en algunos casos se han convertido en el objetivo y han respondido con el uso de la fuerza. Las fuerzas internacionales no han dado un balance las víctimas mortales tras su intervención, principalmente en el barrio PK-5. En paralelo, fuera de la capital la situación humanitaria es muy grave y hay una elevada inseguridad. Se cometen exacciones de forma regular contra la población civil, en unas zonas por parte de las antiguas milicias vinculadas a Séléka y en otras por las milicias anti-balaka. La situación es especialmente grave para núcleos de población musulmana que se han quedado aislados en el sudoeste del país y en Bangui, alrededor de 15.000 personas están en serio peligro, según ha señalado HRW. El secretario general de la ONU ha reclamado un rápido establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de unos 12.000 cascos azules. Los funcionarios del país han recibido su primer salario tras seis meses, y la UE ha anunciado la entrega de una ayuda de 81 millones de euros dedicados al sector educativo, la salud y la seguridad alimentaria. La organización humanitaria MSF ha destacado que la comunidad donante internacional no está a la altura de la situación, para atender al millón de personas desplazadas y refugiadas existentes en el país. La presidenta transitoria, Catherine Samba-Panza, ha solicitado públicamente el fin del embargo de armas que pesa sobre el país y ha solicitado el rearme de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Gendarmería para poder reinstaurar un clima de seguridad en el país. El 2 de abril se celebrará una cumbre en Bruselas sobre la situación en el país. (Jeune Afrique, 25-27/03/14)

UNICEF advierte del severo impacto que está teniendo la guerra en Siria sobre los niños y niñas y apunta que desde marzo de 2013 a marzo de 2014 el número de menores de edad afectados por el conflicto armado se ha duplicado, pasando de 2,3 millones hasta los 5,5 millones. En un informe titulado Under siege: The devastating impact on children of three years of conflicte, la organización detalla que casi tres millones de niños y niñas están en situación de desplazamiento forzado interno (tres veces más que hace un año) y 1,2 millones en situación de refugio tras abandonar Siria huyendo de la violencia (cuatro veces más que a principios de 2013). Entre los menores refugiados, 425.000 tienen menos de cinco años. UNICEF destaca que todos estos niños y niñas requieren asistencia urgente. Casi un millón vive en áreas afectadas por los combates, lo que impide el acceso de agencias humanitarias; tres millones no han podido continuar escolarizándose, muchos menores se han visto obligados a comenzar a trabajar, otros están siendo reclutados como combatientes por los bandos en pugna y muchas niñas han sido forzadas a casarse por motivos económicos. Adicionalmente, los niños y las niñas se ven afectados por la falta de acceso a asistencia psicológica y a cuidados médicos. En este sentido, uno de los temas que genera preocupación es el resurgimiento de la poliomielitis. En paralelo a esta denuncia sobre la situación de extrema vulnerabilidad de los menores, la Comisión de Investigación sobre Siria alertó sobre otras atrocidades ocurridas en el marco de la guerra. En un informe ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relativo al período desde el 20 de enero al 10 de marzo, se informó de ejecuciones masivas perpetradas por el grupo armado ISIS y también se acusó al Gobierno sirio de intensificar el uso indiscriminado de armas –entre ellas barriles bomba¬– en zonas densamente pobladas, con un alto impacto en la población civil. (Human Rights Council, 18/03/14; UNICEF, Marzo 2014, BBC, 11, 18, 26/03/14)

Se intensifican las operaciones militares llevadas a cabo por las fuerzas del Gobierno Federal junto a las tropas de la AMISOM contra las bases del grupo armado islamista al-Shabaab en las regiones de Gedo y Bakool, en el suroeste del país, expulsando al grupo armado de cinco localidades. También se han producido enfrentamientos en la región de Lower Shabelle, en el sureste de Somalia, y en el distrito de El Bur, en la región de Galaduud, que al-Shabaab se ha visto obligado a abandonar por la presión militar, región en la que se han producido enfrentamientos en otras localidades. Una de las zonas en las que el Gobierno y AMISOM pretenden llevar a cabo una fuerte ofensiva es en Bulo Barde, en el distrito de Hiraan, a 250 km al norte de Mogadiscio, localidad considerada uno de los principales feudos del grupo armado, de la que algunas fuentes han señalado que al-Shabaab ya ha evacuado a sus principales líderes. Como consecuencia de estas operaciones militares gubernamentales y de AMISOM se han producido decenas de víctimas mortales, así como por las acciones que al-Shabaab ha llevado a cabo en algunas de las localidades “liberadas”, de donde el grupo ha sido expulsado, lo que pone de manifiesto la capacidad militar de que dispone todavía el grupo. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido el embargo parcial que pesa sobre el país hasta el próximo octubre. Por último, cabe destacar que el presidente de la región de Puntlandia, Abdiweli Mohamed Ali Gaas, ha acusado por primera vez de forma pública a las autoridades de Somalilandia de apoyar económicamente a al-Shabaab e incluso de darle cobijo en la región. Además, la ofensiva gubernamental y de AMISOM está forzando a sectores de al-Shabaab a huir hacia el norte, y Puntlandia está sufriendo un incremento de ataques por parte de al-Shabaab. (Garowe Online, 06, 11, 13, 22-26/03/14)

Se producen duros enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado SLA-MM apoyado por una pequeña facción liderada por un comandante rebelde llamado Ali Karbino que han causado la muerte de al menos 78 personas a mediados de marzo en el estado de Darfur Norte, según fuentes gubernamentales. El SLA-MM ha destacado la captura de la localidad de Mellit, en Darfur Norte, tras combates con las fuerzas gubernamentales, hecho que ha sido negado por el Gobierno. Por su parte, fuentes gubernamentales han anunciado haber recapturado la localidad de Haskanita, en una zona remota al sur de la provincia de Darfur Norte. Desde febrero el SLA-MM y esta facción han estado llevando a cabo numerosos ataques en ambos estados. Por otra parte, la organización Amnistía Interancional ha denunciado que casi medio millón de sudaneses se han visto obligados a abandonar sus lugares de origen en la región de Darfur por el recrudecimiento de la violencia en el país, como consecuencia de ataques contra la población civil calificados de deliberados, acompañados de saqueos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales. La organización ha destacado que las milicias de las comunidades salamat y misseriya han atacado deliberadamente a la población civil. (Europa Press, 14/03/14, Sudan Tribune, 13 y 25/03/14)

La situación en la península de Crimea (Ucrania) da un vuelco en marzo, como parte de la grave crisis política y social que atraviesa Ucrania desde noviembre, que desemboca en la absorción de Crimea por Rusia. A finales de febrero, las tensiones se habían extendido a Crimea –región transferida por la URSS de Rusia a Ucrania en 1954 y con estatus de región autónoma dentro de Ucrania desde entonces–, cuando hombres armados sin identificación tomaron la sede del Gobierno regional y del Parlamento. Este último destituyó al Gobierno local y aprobó una resolución para un referéndum. Hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes rusos y tártaros, con varios muertos en la capital crimea, Simferópol, el 27 de febrero. Además, los partidos locales comenzaron a formar grupos de autodefensa. Milicias de autodefensa y fuerzas rusas sin distintivo se desplegaron por el territorio en días sucesivos, principalmente frente a instalaciones militares ucranianas, bloqueándolas. Se asistió así a la toma de control efectivo e incruento de las principales infraestructuras y centros neurálgicos. Rusia autorizó el envío de tropas a la península, aunque afirmó no haber hecho efectiva esa posibilidad, negando que el personal armado sin distintivo fueran fuerzas rusas. Finalmente, el Parlamento crimeo aprobó adelantar el referéndum y previo a su celebración aprobó una declaración de independencia unilateral y aumentó algunos derechos de la comunidad tártara en la región. En la consulta, un 96,77% de los votantes apoyó la incorporación de Crimea a Rusia y solo un 2,51% se decantó por la otra pregunta, la de continuar siendo parte de Ucrania con más competencias que las actuales. Según las autoridades electorales locales, participó el 83,1% del censo. Según la televisión oficial crimea, un 40% de los tártaros participaron (los tártaros constituyen el 12,5% de la población total y los ucranianos un 24,3%), pese al llamamiento al boicot de sus líderes. El Parlamento crimeo aprobó una declaración de independencia tras el referéndum y Crimea y Rusia firmaron un tratado por el que Crimea se incorpora como república de la Federación Rusa y Sebastopol como ciudad federal. El proceso de anexión, prácticamente incruento –un soldado ucraniano y un miliciano prorruso murieron y varios fueron heridos en choques en una base de Simferópol–, generó fuertes críticas y llamadas de alerta de EEUU y la UE así como la OTAN. Washington y Bruselas anunciaron sanciones económicas, mientras la OTAN alertó del despliegue de tropas por Rusia en la frontera este de Ucrania. El Gobierno de Ucrania ordenó finalmente la retirada de las tropas ucranianas, si bien 14.500 de los 18.800 soldados en Crimea optaron por pasarse a las filas rusas. Por otra parte, durante el mes de marzo hubo tensiones en zonas del sudeste de Ucrania. Analistas señalaron la organización en grupos de autodefensa de sectores que no reconocen al nuevo Gobierno de Ucrania, surgido tras el derrocamiento del presidente Yanukovich por las protestas. El Gobierno local de Donetsk se declaró único poder legítimo en esa localidad y el Parlamento local creó un grupo de trabajo para preparar una consulta. En esa ciudad dos personas murieron en enfrentamientos entre sectores rusos y ucranianos. En general analistas señalan la creación en ciudades del sudeste de grupos de autodefensa así como la configuración de un movimiento popular que no reconoce a Kiev y reclama mayores derechos y garantías para esas regiones y para sus comunidades rusas. Por otra parte, también se han registrado enfrentamientos en el oeste entre milicias ultranacionalistas que se han negado a entregar las armas a las nuevas autoridades. A finales de marzo la Asamblea General de la ONU declaró no válido el reférendum de Crimea (por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones) e instó a una resolución pacífica de la situación. Además, el FMI aprobó un paquete de ayudas condicionado a reformas severas, apoyadas por la UE y aceptadas por el nuevo Gobierno. (New York Times, El País, Eurasia net, UN, La Vanguardia, 27/2/14-27/03/14)

La ex primera ministra de Bangladesh Khaleda Zia será juzgada en el mes de abril acusada de cargos de corrupción por haber desviado supuestamente centenares de miles de dólares destinados a organizaciones benéficas, durante su último mandato como primera ministra entre 2001 y 2006. Los fondos procedían de varias organizaciones creadas en memoria de su esposo asesinado en 1981. El juicio podría llevar a un incremento de la tensión en el país, ya que Zia señala que se trata de acusaciones de carácter político. Bangladesh vivió una grave crisis política y electoral en los meses de diciembre y enero que ocasionó numerosas muertes, cuando el partido opositor boicoteó las elecciones. Las acusaciones podrían derivar en cadena perpetua para la ex mandataria. En las últimas semanas se han producido varias encarcelaciones de dirigentes del BNP, partido encabezado por Zia, acusados de haber alentado la violencia durante el periodo electoral. Centenares de personas se manifestaron frente a los tribunales en protesta por las acusaciones. Tanto Zia, como su rival política, la actual primera ministra Sheikh Hasina, fueron encarceladas entre 2007 y 2008 por el entonces Gobierno militar acusadas de corrupción, aunque posteriormente fueron puestas en libertad sin cargos. (The Guardian, 19/03/14)

Se agrava la crisis política en el país tras el arresto el 8 de marzo del presidente del partido MSD, Alexis Sinduhije, y de 71 de sus militantes. La acción policial contra la sede del partido ha desencadenado enfrentamientos violentos en los que una veintena de militantes han resultado heridos de diversa gravedad, algunos de ellos por disparos de bala. La Policía ha acusado a los miembros del MSD de haber iniciado los actos de violencia. Días después, la Justicia burundesa ha inculpado a los arrestados de participar en un movimiento insurreccional armado, lo que puede suponerles la cadena perpetua. Alexis Sinduhije es también el fundador de la radio RPA, una de las más escuchadas en el país. La oposición política en el país se ha rebelado ante la voluntad del Gobierno de modificar la Constitución del país surgida de los acuerdos de paz basados en un equilibrio etnopolítico que pusieron fin a la guerra civil (1993-2006, 300.000 muertes) y que ahora el presidente pretende modificar en beneficio propio. En paralelo, el 21 de marzo el presidente ha llevado al Parlamento el proyecto de revisión constitucional que le permitiría participar en las próximas elecciones y acceder a un tercer mandato en 2015. Sin embargo, el proyecto no ha conseguido los votos necesarios para ser aprobado, ya que le ha faltado un voto para alcanzar la mayoría necesaria de 85 votos. El proyecto ha obtenido el apoyo de los 81 parlamentarios del CNDD-FDD y tres votos de la comunidad twa. Ahora el Gobierno deberá modificar alguna parte del articulado o encontrar otros mecanismos para conseguir el apoyo necesario. (Jeune Afrique, 13, 18 y 21/03/14)

Durante el mes de marzo Corea del Norte ha llevado a cabo hasta cuatro lanzamientos de misiles en el marco de supuestas pruebas militares que no han sido notificadas a su vecino del sur. EEUU y Rep. de Corea han criticado estas pruebas militares. En paralelo, buques de guerra de EEUU y Rep. de Corea han estado llevando a cabo desde febrero los ejercicios militares que realizan cada año. Corea del Norte ha lanzando cuatro tandas de decenas de misiles Scud, de corto alcance, al mar durante el mes de marzo sin haber avisado a su homólogo surcoreano de estas aparentes pruebas militares ni a los buques que podían estar navegando por esa zona. El lanzamiento de estos misiles, según diversos analistas, responde a la continuación de la protesta por parte de Corea del Norte a los ejercicios militares que EEUU y Corea del Sur llevan a cabo, ejercicios que Corea del Norte califica de preparativos para cometer un ataque contra su país, por lo que realiza pruebas para probar sus propios sistemas de misiles. Este último lanzamiento de misiles supone un importante reto ante la reciente mejora de las relaciones entre ambos países, según han señalado diversos analistas. (CNN, 23/03/14; Al-Jazeera, 25/03/14)

El general Abdul Fattah al-Sisi, ministro de Defensa y líder del golpe militar que sacó del poder al Gobierno islamista de Mohamed Mursi en julio pasado, anuncia su retirada del Ejército con el fin de postular a los próximos comicios presidenciales en Egipto. Confirmando los rumores de los últimos meses, el militar hizo pública su decisión a finales de marzo y se comprometió a luchar por un Egipto “libre de terrorismo”. La primera ronda de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 26 y 27 de mayo. El anuncio de al-Sisi se produjo en medio de una persistente tensión política y social en el país, con manifestaciones estudiantiles reprimidas por la Policía y diversos ataques contra las fuerzas de seguridad que provocaron diversas víctimas mortales. Uno de los hechos que causó más polémica durante marzo fue la condena a muerte de 529 presuntos miembros de los Hermanos Musulmanes (HM), sentenciados por el asesinato de un policía durante las protestas por el derrocamiento de Mursi en la sureña provincia de Minya. La decisión judicial motivó críticas de la ONU –el Alto Comisionado para los Derechos Humanos subrayó que el veredicto viola la ley internacional– de la UE, EEUU y organizaciones internacionales. Se espera una apelación a la condena, por lo que el caso no se resolvería hasta dentro de unas semanas. A finales de marzo, Egipto ordenó la persecución de otros 919 presuntos miembros de los HM –declarada organización terrorista a finales de 2013– que serán juzgados en procesos masivos por diversos cargos que incluyen asesinato. Según la BBC, unos 16.000 simpatizantes de Mursi han sido detenidos en el país en los últimos meses. Entre los encarcelados están el ex presidente Mursi y el máximo líder de los HM, Mohammed Badie. A principios de mes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había expresado su preocupación por el extensivo uso de la violencia por parte del actual Gobierno egipcio en la represión de los opositores. (New York Times, 8, 19, 20, 26/03/14; BBC, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 30/03/14)

La incertidumbre acompaña el periodo de campaña final de las eleciones presidenciales y parlamentarias del 13 de abril en Guinea-Bissau, retrasadas tres veces en el contexto de crisis política que ha acompañado al proceso de transición desde el golpe militar de abril de 2012 que siguió a la primera vuelta de los comicios presidenciales de ese año. El Tribunal Supremo ha validado a 13 candidatos presidenciales, incluyendo al candidato del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), formación que ha dominado la escena política desde la independencia de Portugal y cuyo candidato presidencial en las elecciones de 2012, Carlos Gomes Junior, resultó ganador en la primera vuelta, contra la que se perpetró el golpe militar. La aprobación del nuevo candidato del PAIGC y ex ministro de Finanzas, José Mario Vaz, se produjo pese a un recurso presentado por el fiscal general para impedir su validación. Algunos análisis apuntan a divisiones internas en el partido rival del PAIGC, el PRS, cuyo candidato presidencial es Abel Incada. Expertos señalan que más allá del vencedor, continuará pesando la enorme influencia de los intereses militares en un país afectado por una larga trayectoria de golpes militares y por el lugar que ocupa Guinea-Bissau en el tráfico internacional de droga desde Sudamérica hacia Europa. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) será la encargada de garantizar la seguridad durante las elecciones. (All Africa, Jeune Afrique, Global Post, AFP, 1-27/03/14)

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, multiplica sus gestiones ante representantes israelíes y palestinos con el fin de evitar el descarrilamiento de los contactos entre las partes, que deberían prolongarse hasta el 29 de abril, plazo para acordar un marco que guíe las negociaciones de paz. A finales de marzo, las conversaciones enfrentaban un impasse debido a que la Autoridad Palestina (AP) exigía la liberación del cuarto grupo de prisioneros palestinos desde cárceles israelíes, una medida que forma parte del pacto que permitió la reanudación de las negociaciones con Israel a mediados de 2013. El Gobierno israelí se negaba a excarcelarlos a menos que la AP se comprometiera a extender el plazo de las negociaciones y a frenar cualquier iniciativa sobre el Estado palestino ante la ONU y la Corte Penal Internacional. En las semanas previas, el presidente de EEUU, Barack Obama, se reunió en Washington con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien mantuvo la exigencia de que Israel sea reconocido como Estado judío. Tras una reunión en Kuwait a finales de marzo, la Liga Árabe subrayó a finales de marzo que nunca aceptaría esta demanda de Israel. En este contexto, revelaciones respecto a que Israel planea construir otras 2.000 nuevas viviendas en Cisjordania motivaron nuevas críticas y favorecieron el clima de escepticismo respecto a las negociaciones. Paralelamente, dirigentes de Hamas exigieron a la AP que abandonara las negociaciones. Ante este panorama, informaciones de prensa destacaron la división entre los palestinos sobre las perspectivas de una fórmula de dos Estados y la brecha generacional frente a un posible Estado binacional, con más apoyo entre jóvenes. Según un estudio del Palestinian Center for Policy Survey publicado en diciembre, el 65% de la población palestina mayor de 50 apoya la solución de dos Estados, frente al 47% en el segmento de 18 a 34 años. Paralelamente, cabe destacar que durante el mes se produjeron diversos episodios de violencia en Gaza y Cisjordania en los que murieron varios palestinos. (BBC, 01, 04, 17, 22, 26/03714; New York Times, 18, 26/03/14; Haaretz, 26/03/14)

La crisis en Ucrania –que en marzo llevó al despliegue de fuerzas rusas sin identificación en la península de Crimea, a un referéndum en la región favorable a su incorporación a la Federación rusa, anexión ratificada después por Rusia– ha generado tensión en torno a la disputa no resuelta por el estatus de Transdniestria, región formalmente parte de Moldova pero independiente de facto desde los años noventa. El portavoz del Parlamento de Transdniestria, Mikhail Burla, pidió a Rusia el 17 de marzo incorporar la región de Transdniestria. También la portavoz Irina Kubanskikh se pronunció en el mismo sentido. El presidente moldavo, Nicolae Timofti, advirtió a Rusia de que un movimiento en esa dirección sería un error, mientras la OTAN mostró preocupación por el fuerte despliegue de tropas rusas junto a la frontera este de Ucrania, suficientes –según la OTAN– para invadir Transdniestria. El presidente de Rumanía, país vecino de Moldova, expresó también preocupación por la situación de grave peligro que vive Moldova. A su vez, un partido moldavo, el Partido de los Socialistas, de alcance limitado, inició una campaña en marzo en apoyo de la celebración de un referéndum para que el país se una al proyecto de unión aduanera que promueve Rusia. (RFE/RL,1-27/03/14, BBC, 18/03/14)

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señaló que a pesar de los esfuerzos que el Gobierno está llevando a cabo para frenar la violencia sexual, ésta continúa siendo una de las principales violencias que todavía padece el país. Pillay ha destacado la violencia sexual continúa siendo utilizada como arma de guerra para intimidar a las comunidades locales y castigar a la población civil ante la sospecha real o infundada de colaboración con fuerzas rivales. Otros 15.352 casos se suman en 2013 a las cifras parciales que el Gobierno había ofrecido para el periodo 2011-2012 correspondientes a siete provincias, que alcanzaban los 26.339 incidentes de violaciones, violencia sexual y de género. Pillay ha celebrado los esfuerzos que está llevando a cabo el Gobierno, que ha convertido la lucha contra esta lacra en una de sus prioridades, con la remodelación del sistema judicial, lo que ha permitido el incremento de investigaciones y juicios. El Gobierno tiene un mayor control de las zonas afectadas por el conflicto en el este del país como consecuencia de la derrota del grupo armado M23 en noviembre de 2013, pero decenas de otros grupos armados –milicias de base comunitaria, desertores de las Fuerzas Armadas y grupos armados locales y provenientes de Rwanda y Uganda– permanecen activos en el este e involucrados en la lucha por el control de los recursos naturales. Sin embargo, expertos señalan que todavía continúa persistiendo un clima de impunidad y ausencia de compensación y reparación para las víctimas. Por otra parte, y coincidiendo con la publicación del estudio de la Alta Comisionada, la organización Enough Project ha señalado en un informe que la resolución de la cuestión de la violencia sexual y de la violencia de género es crítica para el proceso de paz en el país, e insta a EEUU y la ONU a integrar herramientas para poner fin a la violencia sexual y de género en las negociaciones que se establezcan con los grupos armados. (Enough Project, 20/03/14; AFP, 26/03/14)

El liderazgo de la insurgencia regional islamista del norte del Cáucaso anuncia oficialmente el 18 de marzo la muerte de su máximo líder, el checheno Dokku Umarov, quien llevaba siete meses sin participar en comunicaciones de la insurgencia. En el comunicado la insurgencia no explicó las razones de la muerte, que algunos analistas atribuyen a alguna operación contrainsurgente. A su vez, se anunció el nombramiento del sucesor de Umarov, Ali Abu Muhammad, procedente de Daguestán, de etnia ávara y desde octubre de 2010 qadi (juez de la ley islámica) del llamado Emirato del Norte del Cáucaso –nombre que la insurgencia da a las regiones del norte del Cáucaso en las que aspira a implementar un Estado islámico. Diversos analistas han subrayado el hecho de que desde el inicio de la segunda guerra chechena en 1999 –cuando se acentúa la regionalización de la insurgencia– por primera vez es elegido como máximo líder un insurgente que no es checheno. El nombramiento ha generado diversas reacciones e interpretaciones entre analistas, algunos apuntan al debilitamiento de la insurgencia fuera de Daguestán, mientras otros llaman a la prudencia al respecto ante hechos como los atentados en Volgogrado en 2013. En todo caso, en los últimos años Daguestán ha sido la república del norte del Cáucaso más afectada por la violencia insurgente. En el mes de marzo se produjeron nuevos incidentes, mayoritariamente en Daguestán y en Kabardino-Balkaria, con varias víctimas mortales. (Caucasian Knot, Jamestown Foundation, 1-27/3/14)

La elevada tensión de febrero, ante el incremento de la violencia contra las manifestaciones antigubernamentales, remitió en las primeras semanas de marzo, ante la disminución de las protestas y el levantamiento del estado de excepción, decretado en enero. No obstante, a finales de mes se produjo un repunte de las movilizaciones contra el gobierno de la primera ministra, Yingluck Shinawatra, en parte reforzadas por el dictamen del Tribunal Constitucional. Este órgano declaró inválidas las elecciones generales del 2 de febrero al no haber tenido lugar el mismo día en todo el país. Los comicios fueron boicoteados por la oposición y en una quinta parte de las circunscripciones se impidió el voto. El dictamen podría retrasar el establecimiento del nuevo gobierno, ahora provisional. El líder antigubernamental Suthep Thaugsuban señaló que volverán a impedir los comicios si no se llevan a cabo las reformas que exige la oposición. Entre las demandas se incluye la creación de un consejo popular no electo que supervise los cambios electorales que exigen. En todo caso, la primer ministra afronta acusaciones de negliglencia de la Comisión Nacional de Anticorrupción en relación a un programa de subsidios. La comisión podría llegar a recomendar su destitución. Por su parte, los denominados “camisas rojas” (tradicionales aliados del actual Gobierno) anunciaron una gran manifestación para el 5 de abril. (BBC, Reuters, The Guardian, 1-27/04/14)

Un año después del histórico discurso del líder del PKK, Abdullah Öcalan, que dio paso a un alto el fuego unilateral aún vigente y a un proceso de retirada de la guerrilla, paralizado desde septiembre, el dirigente del PKK instó a un nuevo impulso al proceso de diálogo tras las elecciones locales turcas del 30 de marzo. En su discurso emitido con motivo de la celebración del año nuevo kurdo (newroz, que se celebra el 21 de marzo), Öcalan afirmó que el diálogo había continuado hasta ese momento y que había sido una prueba para comprobar la voluntad y el realismo de cada parte, cuestión que –según Öcalan– tanto el Gobierno como el movimiento kurdo superaron, pese a estrategias dilatorias atribuidas al Ejecutivo. El líder del PKK reclamó pasar a una fase de negociaciones bajo un marco legal puesto que el diálogo no había logrado resultados vinculantes. Previamente al nuevo mensaje de Öcalan, la estructura político-militar que aglutina al PKK, el KCK, advirtió en una declaración que el Gobierno turco del AKP ha dejado de ser la contraparte con la que negociar el proceso de paz ante la falta de respuestas a los llamamientos del PKK sobre los pasos necesarios para resolver el conflicto. Ante esa situación, el KCK insta a la población a resolver los problemas y a impulsar la democratización del país. Algunos analistas han señalado que el KCK podría estar preparándose para declarar un régimen autónomo en la región kurda de Turquía, en caso de que el AKP perdiera las elecciones y aumentara la inestabilidad en el país. El ex presidente del KCK y aún miembro de su Ejecutiva, Murat Karayilan, advirtió de que el proceso de diálogo podría acabar si no se daban pasos tras las elecciones. Por otra parte, durante el mes de marzo, se produjo una nueva visita de una delegación kurda a Öcalan, en prisión desde 1999. Además, fueron puestos en libertad todos los abogados de Öcalan que permanecían detenidos desde noviembre de 2011 en el marco de las operaciones contra el KCK. El clima de estancamiento que rodea al proceso de diálogo transcurre en paralelo a la elevada tensión política y social interna en Turquía, vinculado al ciclo electoral, con comicios locales el 30 de marzo, así como a los problemas de corrupción que afectan al Gobierno y las acusaciones contra éste de restricción de libertades y de represión. (AFP, Firat, Today’s Zaman, 1-27/03/14)

El acuerdo global (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro) alcanzado por ambas partes fue firmado el 27 de marzo en Manila por la principal negociadora del panel gubernamental, Miriam Coronel Ferrer, el negociador del MILF Mohagher Iqbal, y el facilitador malasio Ab Ghafar Mohammed, en presencia del presidente filipino Benigno Aquino en una ceremonia a la que asistieron 1.000 invitados entre integrantes del MILF, parlamentarios y miembros del Gobierno filipino, así como dignatarios internacionales. El acuerdo global incluye todos los acuerdos parciales alcanzados con anterioridad y sienta las bases para la redacción de la Ley Básica Bangsamoro, que podría ser aprobada este año y que permitirá la creación de una nueva entidad territorial de mayor autonomía que la actual región autónoma del Mindanao musulmán y que podría estar operativa en 2016. La extensión y forma de la nueva entidad regional será establecida mediante un plebiscito. Además, se espera que en 2015 se haya establecido la Autoridad de Transición Bangasamoro, que ejercerá de Gobierno interino hasta las elecciones de 2016, a las que previsiblemente podría concurrir el MILF, de quien se espera que se haya transformado en una entidad política para entonces. El acuerdo establece que el MILF deberá desmantelar sus fuerzas armadas y entregar las armas. El acuerdo ha sido calificado de histórico por numerosos observadores, ya que ha sido alcanzado tras 17 años de negociaciones y más de cuatro décadas de conflicto armado. Las partes han hecho un llamamiento al grupo armado de oposición MNLF, activo todavía, a que se sume al acuerdo. (Philippine Daily Inquirer, 26 y 28/03/14; Reuters, 27/03/14)

El Gobierno, las Fuerzas Armadas y los líderes de los grupos armados de oposición étnicos que forman parte del Nationwide Ceasefire Coordination Team, establecen un comité conjunto para trabajar en el texto de un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional, cuya firma, inicialmente prevista para finales de 2013, ha sido pospuesta en varias ocasiones. El comité estará formado por 18 personas, nueve de ellas integrantes de los grupos étnicos, tres comandantes del Ejército, tres parlamentarios y tres miembros del Gobierno. Con anterioridad, tanto los grupos armados como el Gobierno habían presentado borradores de acuerdos de alto el fuego, pero el comité conjunto elaborará un único texto que recoja las visiones de ambas partes. Cuando el acuerdo esté redactado se retomarán las negociaciones de paz, cuya celebración está prevista en Hpa-an, capital del estado Karen. Una de las cuestiones más controvertidas de las negociaciones, y que por tanto será dejada de lado en las conversaciones conducentes al alto el fuego, es la de la integración dentro de las Fuerzas Armadas de la insurgencia. Por otra parte, otra de las condiciones de la insurgencia es que tras la firma del alto el fuego se inicie un proceso de negociaciones de carácter político en un plazo máximo de 90 días. Además, los grupos armados exigen el reconocimiento formal de que mientras este diálogo dure mantendrán el control de sus zonas. (The Irrawaddy, 10, 20, 21/03/14)

Representantes del Gobierno pakistaní y líderes del grupo armado de oposición talibán TTP se reúnen por primera vez en las primeras negociaciones directas entre las partes, celebradas en la frontera entre las agencias tribales de Orakzai y Waziristán Norte, cerca de Afganistán, en una zona calificada “de paz”. Ambas partes acordaron la extensión del acuerdo de alto el fuego que los talibanes anunciaron el 1 de marzo, así como el intercambio de prisioneros. En el encuentro también participaron varios mediadores (integrantes de los partidos religiosos Jamiat Ulema Islam-Sami y Jamaat-e-Islami). Los representantes oficiales se desplazaron a la zona en helicóptero y confirmaron a sus interlocutores que estaban autorizados a tomar decisiones. El encuentro se produjo después de que a principios del mes de marzo la dirigencia talibán invitara al Gobierno a un encuentro directo, después de varios contactos indirectos fracasados, propuesta que recibió una respuesta positiva por parte del Ejecutivo. La decisión de celebrar este encuentro se enmarca dentro del impulso que el primer ministro, Nawaz Sharif, quiere dar al proceso que permita el fin del conflicto armado en las zonas tribales del país. No obstante, numerosos observadores han advertido que las diferencias entre las distintas facciones talibanes activas pueden suponer un grave obstáculo para alcanzar un acuerdo final. (BBC y Dawn 26/03/14; The Express Tribune, 5, 7 y 26/03/14)

Tras la visita al país de una comisión de ministros de Exteriores de la UNASUR con representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Uruguay, el presidente Nicolás Maduro accedió a llevar a cabo un diálogo con la oposición en presencia de un testigo de buena fe –todavía no designado, pero que podría ser un representantes del Vaticano–, aunque señaló que no aceptará precondiciones al diálogo. La organización opositora Mesa de la Unidad Democrática ha anunciado su participación en las conversaciones, pero se desconoce si el dirigente opositor Henrique Capriles participará. La tensión entre el Gobierno y la oposición ha escalado desde el mes de febrero y se han registrado numerosas protestas de la oposición, especialmente de organizaciones estudiantiles, así como manifestaciones de apoyo al Gobierno, que han derivado en enfrentamientos violentos ocasionando la muerte a 34 personas. Además, diferentes dirigentes políticos de la oposición han sido detenidos o apartados de sus funciones. Por su parte, el Gobierno ha acusado a la oposición de actuar con el apoyo del Gobierno de EEUU para desestabilizar el país. La hiperinflación, la inseguridad y el crimen, así como la escasez de bienes básicos, han sido algunos de los motivos aludidos por la oposición en las protestas. Por otra parte, Maduro anunció la detención de tres generales de la Fuerza Aérea que supuestamente planeaban un golpe de Estado. (BBC, 27/03/14; AFP, 28/03/14)