En el marco de un juicio masivo, un juzgado egipcio condena a muerte a 683 personas acusadas por el ataque a una estación de Policía en la provincia de Minya en 2013, ofensiva en la que murió un agente. Entre los sentenciados se encuentra el líder y guía espiritual de los Hermanos Musulmanes (HM), Mohamed Badie. Él y otros otros altos dirigentes de la organización, incluyendo el derrocado presidente Mohamed Mursi, enfrentan diversos cargos y se encuentran detenidos desde el golpe militar de mediados del año pasado. El magistrado que dictó la sentencia había condenado a muerte a otras 529 personas en marzo por otro caso, que también implicaba un ataque a una estación policial. En 492 casos la condena fue conmutada por cadena perpetua, pero 37 continuaban sentenciados a la pena capital. Los abogados de la defensa denunciaron estos procesos como una farsa. La decisión judicial motivó fuertes condenas de parte de grupos de derechos humanos locales e internacionales, entre ellos Avaaz y Human Rights Watch, y también de la ONU. Paralelamente, se intensificaron las medidas de acoso a la disidencia. Otra disposición judicial declaró ilegal al movimiento 6 de Abril, una de las organizaciones pro-democracia que impulsó las protestas contra el régimen de Hosni Mubarak. Su líder ya había sido sentenciado en diciembre a tres años de prisión por violar la ley que prohíbe las manifestaciones sin autorización de la Policía. Amnistía Internacional alertó que el sistema judicial egipcio amenaza con convertirse en una pieza más de la maquinaria represiva de las autoridades egipcias. Paralelamente, informaciones de prensa advirtieron sobre un aumento de la persecución por motivos religiosos. (BBC, 28/04/14; New York Times, 26 y 28/04/14).

Los primeros comicios desde el repliegue de las fuerzas estadounidenses se celebran en Iraq el 30 de abril en un contexto de alta violencia a pesar de la intensificación de las medidas de seguridad. Según recuentos aún parciales de la organización Iraq Body Count (IBC), los diversos hechos de violencia ocurridos en el país durante abril habían provocado la muerte de al menos 991 personas, elevando por sobre las 4.000 el número de víctimas mortales desde comienzos de 2014. La violencia se ha incrementado especialmente en la provincia de Anbar, en la zona oeste del país, producto de una mayor actividad de grupos insurgentes y ha motivado el desplazamiento forzado de 440.000 personas en cuatro meses. Durante el mes la violencia se materializó en explosiones, ataques con bomba durante mítines, enfrentamientos entre milicianos y soldados –el convoy del vice primer ministro iraquí, Saleh al-Mutlaq, se vio envuelto en un fuego cruzado–, combates especialmente intensos en Ramadi, y atentados suicidas con coches bomba en diversos puntos del país. En este contexto, las autoridades prohibieron el uso de automóviles el día de la votación en un intento por evitar los ataques suicidas y aumentaron los registros en las entradas de los centros electorales. El actual primer ministro, Nouri al-Maliki, busca un tercer mandato en estas elecciones, a las que se presentan cerca de 9.000 candidatos y candidatas para un total de 328 escaños. Los pronósticos indican que ningún partido obtendrá mayoría, por lo que un futuro Gobierno se verá obligado a pactar la formación de una coalición. Diversos análisis con motivo de los comicios alertaron sobre los elevados niveles de violencia y el incremento de las agresiones sectarias, que podrían retornar al país a un escenario de guerra civil. Paralelamente, al-Maliki acusó a Arabia Saudita de interferencia y denunció que Riad estaba facilitando la entrada de mercenarios extranjeros en Iraq. (Washington Post, 30/04/14; BBC, 11, 25, 30/04/14; Iraq Body Count, 30/04/14; al-Jazeera, 28/04/14; IRIN, 28/04/14)

Alrededor de 4.000 personas de origen somalí han sido detenidas por parte de los cuerpos de seguridad de Kenya en un operativo policial sin precedentes. La Policía y otros cuerpos de seguridad establecieron un importante dispositivo en el estadio de Kasarani, donde fueron trasladadas miles de personas, principalmente desde el barrio de Eastleigh, conocido como el pequeño Mogadiscio, debido a la importante presencia de población de la comunidad somalí. Aunque las autoridades de Kenya señalaron que sólo pretendían verificar la identidad de las personas detenidas y liberar a las que tienen sus papeles en regla, el embajador somalí en Kenya ha solicitado explicaciones a las autoridades de Kenya por esta operación y tanto el responsable de la comisión nacional de Kenya de los derechos humanos (KNHCR) como ACNUR han manifestado su preocupación por la oleada de detenciones. Numerosos residentes del barrio de Eastleigh han acusado a la Policía de haber penetrado en sus casas sin ninguna orden y de actuar con violencia en el transcurso del operativo. El Gobierno Federal somalí ha llamado a consultas a su embajador en Kenya como consecuencia de la oleada de arrestos, entre los cuales también fue arrestado el cónsul de Somalia en Kenya, Siyad Mohamud Shire. (Jeune Afrique, 09/04/14; Garowe Online, 27/04/14)

Los últimos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición kachin KIA causan la muerte de 22 personas y el desplazamiento forzado de otras 5.000 en el este del estado Kachin. Según han señalado diferentes organizaciones humanitarias en el terreno, la fuerte militarización de los lugares de origen de la población desplazada dificultará el retorno a corto plazo. Los enfrentamientos se iniciaron tras una embocada del grupo armado de oposición a una columna del Ejército que derivó en una operación militar de las Fuerzas Armadas. Se trataría de los enfrentamientos más graves del último año y han coincidido con la visita a EEUU de uno de los principales líderes de la organización insurgente, que mantuvo diferentes encuentros con representantes del Gobierno estadounidense. Se trata del primer viaje a este país por parte de un líder étnico insurgente. En paralelo, el grupo armado de oposición TNLA anunció también haber llevado a cabo una ofensiva contra las Fuerzas Armadas en la que habrían muerto 10 soldados según el grupo. Por otra parte, cabe destacar que tras la reunión de cuatro días que mantuvieron los diferentes líderes insurgentes con los negociadores de paz gubernamentales se anunció que había acuerdo para firmar un alto el fuego con carácter general, pero que persistían algunas diferencias con respecto al redactado de dicho acuerdo, por lo que se convocará una nueva reunión antes del anuncio oficial. (The Irrawaddy, 09, 21 y 23/04/14)

El grupo armado Boko Haram (BH) es acusado del secuestro de unas 190 niñas de un colegio en Chibok, en el estado de Borno, a mediados de abril. Otras informaciones elevan la cifra a unas 230 menores desaparecidas y apuntan que otras 40 consiguieron escapar. Fuentes locales aseveraron que las menores podrían haber sido trasladadas a estados vecinos y forzadas a casarse con milicianos del grupo. En mayo de 2013, el líder de BH había advertido que tratarían a las mujeres y niñas secuestradas como esclavas. En este contexto se registraron protestas de mujeres en las afueras del Parlamento y a finales de abril la organización Women for Peace and Justice hizo un llamamiento a realizar una marcha de un millón de mujeres hacia la capital, Abuja, para demandar a las autoridades que adopten medidas más efectivas para encontrar y liberar a las menores. Paralelamente, BH reivindicó un ataque explosivo contra la estación de autobuses de Abuja en la que 75 personas murieron y otras 141 resultaron heridas. La ofensiva fue considerada como uno de los peores ataques del grupo armado en la capital nigeriana. En este contexto, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria concluyó que las fuerzas de seguridad fueron responsables del asesinato de ocho civiles durante una ofensiva en Abuja contra presuntos militantes de BH. Amnistía Internacional también denunció que imágenes satelitales sugieren la presencia de fosas comunes en Maiduguri, en el noreste del país, que indicarían la ejecución de numerosos prisioneros en una cárcel militar tras un fallido intento de fuga por milicianos de BH. Balances publicados en prensa indican que el conflicto entre BH y las fuerzas de seguridad nigerianas ha causado unas 1.500 víctimas mortales en lo que va de año. (BBC, 29, 30/04/14; The Guardian y AP, 19/04/14; New York Times, 01, 15/04/14)

Diversos parlamentarios del clan hawiye celebran una reunión privada con el presidente Hassan Sheikh Mohamud en la que le alertan de la decisión de un grupo de parlamentarios que cuenta con el apoyo de actores de la comunidad internacional, de promover una moción de censura contra él por los pocos resultados en el campo de la lucha contra la insurgencia y su política doméstica. Alrededor de 40 parlamentarios podrían estar implicados en la decisión y diversos aliados del presidente le han planteado medidas para poder evitar la moción de censura. En paralelo a las disputas a nivel político, se han producido diversas ofensivas militares en algunas partes del centro y sur del país causando decenas de víctimas mortales. En Beledweyne (capital de la región de Hiraan, centro del país), las tropas del Gobierno Federal evitaron un ataque contra una estación de Policía por parte del grupo armado al-Shabaab. Las Fuerzas Armadas somalíes y AMISOM han expulsado a la insurgencia de la localidad de Cayn, al norte de Bulo Barde, en la que al-Shabaab opuso poca resistencia. En la región de Bakool (sudoeste), el Ejército somalí ha llevado a cabo un ataque contra Kulan-jareer, un feudo del grupo armado en la zona. Por otra parte, se han producido duros enfrentamientos en la región de Middle Shabelle entre miembros del Ejército y miembros del cuerpo de Policía. Finalmente, el antiguo señor de la guerra, el antiguo coronel Barre Adan Shire (alias Barre Hiraale) ha rechazado entregar las armas en su lucha contra la administración de Jubalandia, a pesar de los esfuerzos de algunos ancianos líderes de clanes promovido por el gobierno regional y por el Gobierno Federal, para que participara en el proceso de paz de Jubalandia y renunciara a la violencia. (Garowe Online, 18, 23, 27, y 28/04/14)

Se acentúa la crisis en zonas del este de Ucrania –con porcentajes significativos de población rusófona-, prolongando la inestabilidad que vive el país desde las protestas antigubernamentales de noviembre, la salida del presidente pro-ruso Viktor Yanukovich en febrero y la anexión de la región de Crimea a Rusia. En abril se sucedieron protestas en el este de Ucrania por activistas pro-rusos, federalistas e independentistas, y se produjeron ocupaciones de edificios públicos por éstos en ciudades como Donetsk, Lugansk y Járkov. En Donetsk se formó una autoproclamada República Popular de Donetsk. El Gobierno interino ucraniano, apoyado por Occidente y reconocido como legítimo solo por un tercio de la población del sudeste –según encuestas en prensa ucraniana– , lanzó a mediados de abril una operación antiterrorista para desmantelar los puestos de control y toma de edificios de los activistas. En un contexto de graves tensiones entre Occidente y Rusia en torno a Ucrania, EEUU, la UE, Rusia y el Gobierno interino ucraniano alcanzaron un pacto el 17 de abril que contemplaba el desarme de todos los grupos ilegales, el desalojo de edificios y plazas ocupados y una Constitución con mayores competencias para las regiones, así como la supervisión de la implementación por la OSCE. Pese al acuerdo y un anuncio de tregua por el Gobierno, las tensiones se incrementaron en días y semanas posteriores. Activistas pro-rusos no reconocían la legitimidad del Gobierno de Kiev, y subordinaban el desarme su desarme al desarme previo de sectores pro-Maidan aún armados, mientras el Gobierno provisional de Kiev priorizó la opción de una operación antiterrorista contra los activistas. Tres personas pro-rusas murieron en un tiroteo en el marco de un ataque contra un puesto de activistas pro-rusos cerca de Sloviansk (región de Donetsk), bastión de las protestas, a lo que siguió un funeral masivo. A su vez, el Gobierno comunicó la aparición de dos personas torturadas y asesinadas en la región de Donetsk, una de ellas un político local afiliado al partido Patria, de Yulia Timoshenko, y ordenó el relanzamiento de la operación antiterrorista. Unas 40 personas, incluyendo siete militares occidentales, permanecían retenidas a finales de abril por parte de activistas pro-rusos, mientras se desconocía el paradero de otros cinco miliares ucranianos también detenidos. Los siete militares fueron calificados de observadores de la OSCE en buena parte de la prensa internacional. Según la OSCE, se trata de una misión liderada por el Ejército alemán e invitada por el Gobierno interino ucraniano. En nuevos incidentes, el alcalde de Járkov (ex seguidor de Yanukovich y favorable a una Ucrania unida) resultó herido grave tras ser tiroteado, y hubo varias personas heridas en choques entre seguidores de fútbol ucranianos y activistas pro-rusos en esa misma localidad. EEUU y la UE anunciaron nuevas sanciones contra Rusia a finales de abril. Analistas alertaban de los riesgos de una mayor escalada del conflicto. Encuestas locales señalan el escaso apoyo de la población del sudeste al Gobierno interino a lo que sin embargo se añade también un apoyo tan solo minoritario a los activistas que lideran la ocupación de edificios. (BBC, El País, New York Times, Reuters, 1-28/04/14).

Durante dos días, una serie de ataques aéreos lanzados desde aviones no tripulados causan la muerte de al menos 68 personas en Yemen, en el marco de una operación contra supuestos milicianos de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). La ofensiva se inició el 19 de abril en la provincia de al-Bayda (sur) y durante esa jornada fallecieron 10 presuntos miembros del grupo armado y tres civiles. La campaña se intensificó al día siguiente, provocando la muerte de otras 55 personas. El ministerio de Interior de Yemen calificó la operación como una campaña “sin precedentes” desarrollada en conjunto con EEUU y que habría tenido como objetivo un campo de entrenamiento de AQPA ubicado en una zona montañosa entre las provincias de al-Bayda, Abyan y Shabwa. Washington declinó comentar las operaciones y remitió las consultas sobre el caso a las autoridades de Sanaa. La ofensiva con drones motivó nuevas manifestaciones en Yemen contra la acción de estas aeronaves, incluyendo una protesta en las afueras del Parlamento de la recientemente creada Organización Nacional de Víctimas de Drones (NOVD, por sus siglas en inglés). Otros hechos de violencia causaron la muerte de una treintena de personas a lo largo de abril, confirmando la volátil situación en Yemen. Entre los incidentes cabe destacar el ataque suicida contra principal cuartel del Ejército de la zona sur del país, en Adén, que causó la muerte de seis soldados, tres civiles y tres atacantes; los combates entre soldados y milicianos de AQPA que dejaron cuatro fallecidos en la provincia occidental de al-Hadida; la ofensiva de hombres armados contra un puesto de control carretero en la provincia de Hadramawt (sur) donde murieron cinco militares; además de asesinatos de funcionarios de seguridad y de un líder político shií. (BBC, 02, 08, 22/04/14; al-Jazeera, 02, 19, 21/04/14; Yemen Times, 28/04/14)

La Comisión Electoral Independiente anuncia los resultados parciales de las elecciones presidenciales celebradas el 5 de abril que situarían en primer lugar al candidato Abdullah Abdullah con el 44’94% de los votos y en segundo lugar a Ashraf Ghani, con el 31’5% de los votos, lo que haría necesaria una segunda vuelta, al no haber obtenido ninguno de los dos el 50% necesario para una victoria directa. Cerca de siete millones de electores participaron en las elecciones, 64% de hombres y 36% de mujeres, lo que representaría aproximadamente el 58% del censo electoral. La comisión electoral solo ha desestimado el 3’4% de los votos, a pesar de las múltiples alegaciones de fraude, especialmente de urnas electorales con los votos previamente depositados y otras irregularidades. Cabe destacar que apenas se produjeron hechos de violencia durante la jornada electoral, aunque sí en los días previos, en los que varias personas resultaron muertas, entre ellas una periodista extranjera. Además, la sede del ministerio de Interior fue atacada y seis policías fallecieron como resultado. (Afghanistan Analysts Network, 28/04/14; The New York Times, 24/04/14; The Guardian, 02 y 05/04/14)

Bajo acusaciones de amotinamiento, sedición y actos políticos que afectan el honor de las instituciones militares, un total de 702 militares de bajo rango son destituidos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Más de un millar de personas, más de la mitad soldados vestidos de camuflaje, participaron en las movilizaciones para exigir un trato igualitario en el ámbito castrense y denunciar situaciones de discriminación e intimidación que afectarían principalmente a los indígenas. Entre las demandas de los soldados se incluían mayores oportunidades para estudiar y acceder a puestos de mayor rango y el fin de las discriminaciones en ámbitos como salarios, viviendas y acceso a la salud. Los militares marcharon por las calles de La Paz a finales de abril acompañados por líderes indígenas aymaras que apoyaban sus demandas con lemas que reivindicaron la “descolonización de las Fuerzas Armadas”, en una protesta que fue calificada como sin precedentes por medios de prensa. El presidente, Evo Morales, también de origen aymara, hizo un llamamiento a la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. El jefe castrense, Víctor Valdivieso, negó las denuncias de discriminación y consideró que se trataba de una excusa para actos de sedición y para orquestar un golpe de Estado. El ministro de Defensa admitió que existen desigualdades, pero aseguró que se estaba trabajando en cambios para permitir mejores condiciones a partir de 2015. Un portavoz de los militares destituidos reclamó la reincorporación de los soldados dados de baja y anunció nuevas movilizaciones. (BBC, Washington Post y AP, 25/04/14; Infolatam, 28/04/14)

En vísperas de la visita del presidente de EEUU, Barack Obama, a Corea del Sur, el Gobierno de Seúl advierte sobre una creciente actividad en las instalaciones nucleares norcoreanas de Punggye. Las evidencias basadas en imágenes satelitales fueron consideradas como una señal de que Pyongyang planea una nueva prueba nuclear, que sería la cuarta tras los ensayos llevados a cabo en 2006, 2009 y 2013. El ensayo realizado en febrero de 2013 derivó entonces en meses de severa tensión con Corea del Sur y en la imposición de sanciones a Corea del Norte. Las fuerzas militares surcoreanas pusieron en marcha una fuerza especial para monitorear la situación. Durante su visita a Seúl Obama advirtió sobre nuevas sanciones a Corea del Norte por parte de EEUU, Corea del Sur y otros países aliados si concretaba sus amenazas sobre pruebas con misiles de largo alcance o realizaba un cuarto ensayo nuclear. Este clima de tensión estuvo precedido por una jornada de intercambio de artillería entre ambos países en la disputada frontera marítima, a principios de abril. Este último episodio fue catalogado por medios de prensa como el peor intercambio de fuego en la frontera desde 2010. Días más tarde, Corea del Sur realizó una prueba de misiles con capacidad de alcanzar a su vecino del norte. En este contexto de tensión, Corea del Norte lanzó también duros ataques verbales y descalificativos contra la presidenta surcoreana, la primera mujer en acceder al cargo. (BBC, 22, 28, 29/04/14; New York Times, 01, 03, 26/04/14)

El Consejo de Seguridad de la ONU decide poner fin al embargo existente sobre los diamantes en bruto originarios de Côte d’Ivoire. Según la resolución 2153 de 29 de abril, se pone fin a las medidas que prohibían la importación por parte de cualquier Estado de diamantes procedentes de Côte d’Ivoire impuestas en el año 2005, a la vista de los progresos logrados en la aplicación de los estándares internacionales que regulan el comercio de esas piedras preciosas. Por otra parte, el Consejo mantiene por un año la petición a todos los Estados de que tomen medidas para impedir el suministro, la venta o transferencia de armas a ese país, de forma directa o indirecta, quedando exentas las armas y material de doble uso destinado a los cuerpos de seguridad, a la misión de la ONU en el país (ONUCI) y a las fuerzas francesas que la respaldan. La resolución mantiene por un año más las restricciones de viaje y la congelación de activos impuestas con anterioridad a diversos individuos del país, y también ha decidido prorrogar durante 13 meses más el mandato del Grupo de Expertos, que evalúa el proceso de transición en ese país africano y el cumplimiento de las sanciones. Côte d’Ivoire había solicitado al Proceso de Kimberley poder empezar a exportar nuevamente sus diamantes y el pasado noviembre de 2013 había recibido luz verde del Proceso para que la ONU pudiera considerar el levantamiento del embargo. La decisión de la ONU se produce días después de la publicación del informe del Grupo de Expertos, que habían denunciado la persistencia del tráfico ilícito de diamantes brutos y la violación del embargo de armas en vigor desde 2004. En el informe, el Grupo de Expertos señala que antiguos miembros de las Forces Nouvelles, conocidos como comzones (comandantes de zona), que contribuyeron a que Alassane Ouattara tomara el poder en 2011, han utilizado sus nuevas responsabilidades en el seno del Gobierno para extender su influencia política y económica en las zonas bajo su control. Uno de ellos, Issiaka Ouattara, conocido como Wattao, ha sido acusado de ser uno de los responsables del tráfico ilícito en la zona de Séguéla (centro-oeste del país), bajo su mando. El Grupo de Expertos destaca la existencia de redes criminales creadas en el seno del Estado que realizan tareas de contrabando y de un sistema de imposición paralelo, que afecta no solo a los diamantes sino también al oro, cacao, algodón y maderas nobles, lo que supone pérdidas de centenares de millones de dólares al año. (Jeune Afrique, UN, 29/04/14)

El anuncio de un nuevo acuerdo de reconciliación entre las organizaciones palestinas Hamas y Fatah motiva la decisión de Israel de suspender las negociaciones con los palestinos promovidas por EEUU. A finales de abril, las facciones palestinas acordaron formar en un plazo de cinco semanas un gobierno de unidad –integrado por tecnócratas– y celebrar las postergadas elecciones dentro de seis meses. El anuncio fue recibido con escepticismo debido a que acuerdos similares entre ambas formaciones (El Cairo, 2011, y Doha, 2012) no se han implementado. No obstante, algunos analistas destacaron el impacto de los cambios en el entorno político, en particular el impacto del derrocamiento del Gobierno islamista egipcio en el caso de Hamas, y la necesidad del líder de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, de mejorar sus niveles de popularidad entre la población palestina, que ha hecho recurrentes llamados a la reconciliación. Otros analistas consideraron que el acuerdo de reconciliación era una estrategia de Abbas para presionar a Israel a hacer concesiones en sus negociaciones con los palestinos. No obstante, el Gobierno israelí reaccionó anunciando la suspensión de las conversaciones, argumentando que no negociaría con ningún Gobierno que contara con el respaldo de Hamas, considerada organización terrorista por Israel, EEUU y la UE. El primer ministro israelí subrayó que Fatah podía hacer la paz con Hamas o con Israel, pero no con ambos, y anunció sanciones contra los palestinos. Los contactos entre delegados de la AP e Israel se habían desarrollado de forma accidentada y estaban bloqueados desde principios de abril. Ante la negativa de Israel de cumplir el compromiso de liberar a prisioneros palestinos y la continuación de su política de construcción de asentamientos, la AP había puesto en marcha la adhesión a 15 convenciones y tratados internacionales como forma de desafiar al Gobierno israelí y avanzar en el reconocimiento a Palestina. El colapso de las negociaciones se produjo después de meses de intensas gestiones diplomáticas por parte de la Administración estadounidense, en particular del secretario de Estado, John Kerry, y a pocos días de que se cumpliera el plazo para concluirlas, fijado para el 29 de abril. (New York Times, 3, 23, 24/04/14; BBC, 24/04/14)

El grupo armado de oposición talibán TTP prolonga el alto el fuego declarado en el mes de marzo hasta el 10 de abril y posteriormente decide suspenderlo aludiendo a la falta de respuesta por parte del Gobierno de Pakistán a las demandas talibanes de establecimiento de una zona de paz desmilitarizada y la puesta en libertad de no combatientes. El TTP anunció inicialmente que prolongaba el alto el fuego en respuesta a la puesta en libertad de 19 talibanes no combatientes por parte del Gobierno, aunque posteriormente se puso en duda que las personas puestas en libertad estuvieran incluidas en las listas elaboradas por el TTP. El líder de Jmaat-i-Islami y negociador para el TTP, profesor Ibrahim, señaló que los facilitadores del grupo armado continuarán con su trabajo independientemente de las circunstancias y que tratarán de convencer a la insurgencia talibán para que prorrogue el alto el fuego. (Dawn, 04 y 17/04/14)

Mueren siete personas como consecuencia de los enfrentamientos que tiene lugar durante una operación de búsqueda de armas llevada a cabo por la misión francesa Sangaris en el barrio camerunés de Bangui, PK5. La misión respondió a una manifestación de personas que se concentraron durante la operación para mostrar su rechazo a la presencia francesa. A finales de mes, la misión de la ONU en el país (MISCA) anunció la muerte de 22 personas, entre las cuales tres trabajadores de la organización humanitaria MSF, durante un ataque a un hospital del norte de Bangui. En el barrio PK12, también con una importante presencia de la comunidad musulmana, murieron al menos 18 personas desde diciembre y los heridos son numerosos, según destaca la población musulmana. De este barrio proceden las críticas más fuertes hacia la operación francesa. En paralelo, miles de personas pertenecientes a la minoría musulmana del país, que antes de la escalada de la violencia representaba alrededor del 15% de la población, huyeron de R. Centroafricana hacia los países vecinos, en especial hacia Camerún, Chad, Nigeria, Malí y Senegal. En numerosas localidades del oeste y del sur se han repetido las imágenes de la población civil de confesión musulmana, tanto nacional como extranjera, abandonando sus lugares de origen. Según la OIM, a finales de marzo la cifra de personas refugiadas ascendía a más de 100.000 personas. La huida de la minoría musulmana del país supondría, además de la consecución de la limpieza étnica que están promoviendo las milicias anti balaka, una catástrofe económica, según ha destacado el director del instituto francés CERI, Roland Marchal, ya que esta minoría regentaba el pequeño comercio y la actividad ganadera del país. En paralelo, la presidenta del país, Catherine Samba-Panza, está llevando un conjunto de reuniones con representantes de ex Séleka, de los grupos anti balaka, de los partidos y miembros de la sociedad civil de cara a realizar una profunda reforma del Gobierno debido a su incapacidad para gestionar la situación. (Jeune Afrique, 28, 29/04/14)

Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) lanzan múltiples ofensivas militares para intentar neutralizar algunos de los grupos armados presentes en el este del país. En primer lugar, han iniciado una ofensiva apoyadas por la Brigada de la MONUSCO contra diversas localidades (Adari, Sadji, Kigo, Nyame) en la región de Ituri (en la provincia de Orientale, este del país) controladas por el grupo armado de oposición FRPI. En segundo lugar, las FARDC y la MONUSCO han lanzado una operación contra el grupo armado hutu rwandés FDLR en varias zonas de la provincia de Kivu Norte, aunque diversos analistas han señalado que esta ofensiva, anunciada desde hacía meses, no ha desencadenado enfrentamientos ni detenciones por lo que podría continuar existiendo algún tipo de connivencia entre el grupo y sectores de las FARDC. En tercer lugar, las FARDC han anunciado haber expulsado al grupo armado ADF de su base en Kivu Norte, y aunque algunas voces han destacado que podría ser el fin del grupo armado, la MONUSCO ha señalado que este anuncio es prematuro. En paralelo, en aplicación de la ley de amnistía aprobada en febrero, se ha iniciado la entrega de diversos miembros y grupos rebeldes, y se está discutiendo con representantes del M23 qué actores y líderes del grupo pueden acogerse a la amnistía y quiénes deberán hacer frente a juicios por estar acusados de crímenes contra la humanidad. En este sentido, se ha desatado una importante polémica como consecuencia de la muerte de Paul Sadala, alias Morgan, líder de la milicia Mai Mai Simba (de la región de Ituri) tras su rendición y entrega a las FARDC, ya que había manifestado su voluntad de acogerse a la amnistía junto a 42 de sus combatientes. La MONUSCO, que recibió el cuerpo ya sin vida de manos de las FARDC, ha iniciado una investigación y el ministro de Comunicación congolés, Lambert Mende, ha señalado que el Gobierno pretende amnistiar o juzgar a los líderes rebeldes, pero no asesinarlos. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado el mandato de la misión en el país y ha solicitado al secretario general de la ONU que presente recomendaciones en torno a una estrategia gradual de retirada de la misión. En paralelo, a raíz de la resolución y a pesar de la existencia de decenas grupos armados todavía activos en el país, la MONUSCO ha afirmado que ha iniciado los preparativos de retirada gradual del país. (La Référence Plus, 02/04/14; AFP, 04/04/14; Newsnow.co, 08/04/14; ACP, 09/04/14; RFI, 14/04/14; Le Potentiel, 15 y 21/04/14)

Se reabren las conversaciones de paz entre los representantes del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente del país, Riek Machar, en Addis Abeba. Así, se ha reanudado la tercera sesión del proceso de paz de Sudán del Sur focalizado en el objetivo de promover un diálogo político que conduzca a un proceso de reconciliación nacional. La IGAD había pospuesto las conversaciones de paz hasta el 7 de abril para permitir la celebración de nuevas consultas. El jefe mediador para las conversaciones de paz de Sudán del Sur de la organización regional IGAD, Seyoum Mesfin, junto con otros enviados especiales, han llevado a cabo conversaciones con ambas partes y han realizado viajes a las capitales regionales para discutir con los líderes de los países miembros de la IGAD, de la UA, Naciones Unidas y otros socios para movilizar apoyos al proceso de paz. Las discusiones también han tratado las operaciones del Mecanismo de Verificación y Supervisión de la IGAD y el despliegue de una fuerza de protección regional, presentes en el terreno desde principios de abril, en Bor y en Bentiu. No obstante, diversos grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por la crisis que atraviesa el país y, en particular, por las recientes atrocidades cometidas en Bentiu (capital del estado de Unidad), donde habrían muerto al menos 200 personas y otras 400 habrían sido heridas de gravedad como consecuencia de un ataque perpetrado por la facción opositora al Gobierno. La misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS) denunció que los insurgentes perpetraron la matanza basándose en criterios étnicos y de nacionalidad. Los rebeldes cometieron la matanza contra la población civil refugiada en una mezquita, en una iglesia católica y en un complejo del PMA. Este grave ataque se suma a uno previo en el que resultó atacada una base de la ONU en la localidad de Bor, en el que murieron 48 personas. EEUU, la UE y el Consejo de Seguridad de la ONU han condenado los hechos y han amenazado con establecer sanciones contra los actores sursudaneses vinculados a estas atrocidades. Por su parte, los grupos rebeldes han reivindicado haber ejecutado a 510 soldados gubernamentales, incluyendo a un general del Ejército sursudanés, en los combates por el control de la capital del estado de Unidad, Bentiu. Esta localidad es estratégica por su proximidad a los campos petrolíferos, que los rebeldes pretenderían controlar, según han señalado fuentes militares gubernamentales. En paralelo, el presidente, Salva Kiir, ha forzado la dimisión del jefe del Estado Mayor, el general James Hoth Mai, ante su incapacidad para controlar la situación. Por último, cabe añadir que Sudán ha negado las acusaciones del Gobierno de Sudán del Sur según las cuales habría entrenado a los rebeldes sursudaneses. (Sudan Tribune, 17, 19, 24, 28/04/14; El País, 21/04/14)

Se convocan elecciones para el mes de julio después de que la Corte Constitucional anulara los comicios que tuvieron lugar en el mes de febrero y que fueron boicoteados por la oposición. La convocatoria, acordada por la comisión electoral y la primera ministra se produce días después de que decenas de miles de partidarios del Gobierno, integrantes del movimiento de las camisas rojas, se manifestaran en Bangkok durante tres días en contra de los procesos judiciales que podrían llevar a la destitución de la primera ministra Yingluck Shinawatra en el mes de mayo. El movimiento de las camisas rojas también ha advertido del riesgo de guerra civil si se produce un golpe de Estado, señalando que las instituciones judiciales están tratando de tomar el poder sin elecciones. La manifestación pro gubernamental fue la primera convocada por los camisas rojas desde que en el mes de noviembre se reactivara la violencia en el país. La oposición al Gobierno también ha proseguido con sus manifestaciones públicas. (BBC, 05 y 30/04/14; Reuters, 05/04/14)

Continúa la incertidumbre y fragilidad en torno al diálogo entre el Estado y el líder del grupo armado kurdo PKK, Abdullah Öcalan. Se produjo la primera reunión entre Öcalan y la delegación de parlamentarios de las formaciones pro-kurdas BDP y HDP (Pervin Buldan, Idris Baluken y Süreyya Önder) desde las elecciones locales de marzo y la 17ª en el marco del proceso de diálogo. En el marco de la reunión, Öcalan señaló –según representantes kurdos– que el proceso oscilaba entre la oportunidad de una solución y el riesgo de nueva violencia. Además, Öcalan propuso al Gobierno la aprobación de legislación que abra la puerta a la autonomía regional. A su vez, el movimiento kurdo mantuvo su reclamación de un marco legal para las negociaciones. Mientras, el Parlamento aprobó –y el Presidente rubricó– una ley que amplía los poderes y la inmunidad de los servicios de seguridad (MIT). La ley ha sido interpretada en diversos medios como medida para sentar las bases legales de las negociaciones con el PKK, que se manterializan en diálogo entre el MIT y Öcalan. No obstante, el KCK (estructura que aglutina a organizaciones armadas, políticas y sociales) criticó la ley por considerar que los interlocutores en el proceso deben ser poderes democráticos. Además, apuntaron que la ampliación de poderes al MIT podría suponer más represión. Por otra parte, el Gobierno descartó la posibilidad de que Öcalan pase a una situación de arresto domiciliario, como ha pedido el líder del PKK, según expresó su hermana tras una visita familiar autorizada por el Gobierno. Durante el mes de abril se produjeron algunos incidentes, como el secuestro de dos soldados turcos. Según medios pro-kurdos, el PKK habría afirmado que no se les liberaría hasta que el Estado paralizase la construcción de un puesto militar cerca de Lice. Se sucedieron las protestas contra ese puesto militar durante días y derivaron en choques con violencia. Nueve soldados resultaron heridos a causa de una granada en las protestas. (AFP, Firat, Hürriyet, 1-28/04/14)

El Gobierno y la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad avanzan en el diálogo para poner fin a la crisis política que atraviesa el país y acuerdan el establecimiento de varios grupos de trabajo para abordar cuestiones como una comisión para la verdad, la situación de los venezolanos vinculados a actividades políticas con procedimientos judiciales abiertos, así como otros temas como la inseguridad y la economía. La comisión de la verdad estaría encargada de investigar lo ocurrido en las protestas iniciadas en febrero. Hasta el momento 41 personas han muerto y 700 han resultado heridas en el marco de estas protestas, según fuentes oficiales. El Gobierno ha señalado que las cuestiones económicas serán uno de los puntos centrales del diálogo con la oposición y se ha mostrado reticente con la puesta en libertad de las personas detenidas por motivos políticos como reclama la oposición. (Infolatam, 29/04/14)

El presidente, Hery Rajaonarimampianina, nombra el 16 de abril al primer ministro del país. Roger Kolo, según fuentes gubernamentales, se convierte en el nuevo primer ministro como parte del proceso de transición política que está llevando a cabo el país durante el último año de cara a poner fin a la crisis que ha afectado en los últimos años a Madagascar. A su vez, se ha empezado la configuración del nuevo Gobierno. Diversos países han celebrado este paso, que culmina el proceso democrático iniciado con las elecciones legislativas y presidenciales celebradas a finales de 2013. La organización que agrupa a los países de África Austral, la SADC, también ha celebrado la decisión. Por su parte, la Organización Internacional de la Francofonía ha decidido a finales de marzo integrar nuevamente a Madagascar en la organización, después de haber estado suspendido durante los últimos cinco años. (Jeune Afrique, 28/03/14; Reuters, 11/04/14; allafrica, 25/04/14)

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevará a cabo una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las partes durante el conflicto armado que finalizó en el año 2009 y que enfrentó durante casi tres décadas al Gobierno con la guerrilla tamil del LTTE. El Gobierno de Sri Lanka ha manifestado su total rechazo a esta investigación y ha señalado que no cooperará con Naciones Unidas. La resolución que promovía el inicio de la investigación fue aprobada con el voto a favor de 23 de los 47 miembros que integran el Consejo y contó con el apoyo de países como EEUU y Reino Unido. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, atribuyó a la falta de voluntad política el hecho de que el Gobierno de Sri Lanka no haya llevado a cabo hasta el momento ninguna investigación fiable al respecto de lo sucedido durante la fase final del conflicto armado, cuando decenas de miles de civiles tamiles murieron. (Press Trust of India, 02/04/14; IB Times, 08/04/14; The New York Times, 28/03/14)

El grupo armado SPLM-N anuncia a finales de abril haber acordado negociar un acuerdo marco con el Gobierno sudanés, aunque las autoridades de Jartum han quitado relevancia al acuerdo. Ambas partes reanudaron las conversaciones de paz el 22 de abril, a petición del African Union High Level Implementation Panel (AUHIP) con el objetivo de poner fin al conflicto que afecta a las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul desde hace y más de tres años. Previamente, el equipo mediador de la UA encabezado por el ex vicepresidente sudafricano Thabo Mbeki había suspendido el proceso después del rechazo por parte del SPLM-N de un borrador del acuerdo marco, volviendo al acuerdo previo alcanzado el 28 de junio de 2011 y que nunca se ha aplicado, pero que podía servir de referencia para el nuevo acuerdo marco. La mediación había propuesto el establecimiento de cuatro paneles para poder negociar los acuerdos de seguridad, el acceso humanitario, los problemas políticos relativos a las dos regiones y el proceso de diálogo nacional. El portavoz de la delegación del SPLM-N, Mubarak Ardol, ha anunciado que las dos partes habían acordado la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo marco sobre las bases de la resolución 423 del Consejo de Paz y Seguridad de la UA y de la resolución 2046 del Consejo de Seguridad de la ONU, añadiendo que el acuerdo de 2011 sería utilizado como referencia. (Sudan Tribune, 13 y 28/04/14)