La insurgencia talibán anuncia el inicio de su ofensiva de verano y lleva a cabo varios ataques en diferentes zonas del país. En uno de los más graves, cinco civiles murieron en la provincia de Kandahar como consecuencia de un atentado suicida en las inmediaciones de un hospital. Además, 10 policías y tres civiles fallecieron tras varios ataques en las provincias de Badakhshan, Laghman y Nangarhar. En Badakhshan, 27 policías fueron tomados rehenes por la insurgencia tras un ataque contra instalaciones gubernamentales, tras el que se inició una operación de las fuerzas de seguridad para recuperar el control de la zona. Algunos analistas han apuntado a la creciente inseguridad en el país, en el marco de la retirada de las tropas internacionales y la falta de acuerdo entre el Gobierno afgano y el estadounidense sobre el futuro de las tropas de EEUU en Afganistán. La organización International Crisis Group ha apuntado a la multitud de factores que podrían agravar de nuevo el conflicto, aunque también ha destacado la oportunidad para el país tras la retirada internacional. (BBC, 12/05/14; ICG, 12/05/14; Washington Post, 14 y 21/05/14).

Un atentado en la ciudad de Urumqi, capital de Xinjiang, causa la muerte de 43 personas y deja más de 90 heridos, cuando dos vehículos atravesaron un concurrido mercado haciendo estallar explosivos. Algunas fuentes locales apuntaron a la autoría del grupo armado de oposición ETIM, pero no ha habido confirmación oficial y las autoridades chinas no han desvelado apenas información sobre lo sucedido. Medios de comunicación oficiales chinos señalaron un día después del atentado que se habían desmantelado 23 grupos extremistas y que más de 200 personas sospechosas de ser insurgentes habían sido detenidas en el último mes. Este atentado ha sido el hecho más grave de violencia en Xinjiang de los últimos años, y con la cifra de muertos más elevada desde los disturbios que tuvieron lugar en 2009. Este atentado se produce después de que en los últimos meses se hayan repetido diferentes actos de violencia. A mediados de mayo, el grupo armado de oposición Turkistan Islamic Party reivindicó el atentado con bomba que en abril causó un muerto en la estación de tren de Urumqi. A principios de mayo, seis personas resultaron heridas tras ser atacadas por un hombre que portaba un arma blanca en la ciudad de Guangzhou, en un ataque no esclarecido, pero muy similar a otros que anteriormente habían sido atribuidos por el Gobierno al ETIM. (The Guardian, 26, 22 y 6/05/14; The Diplomat, 22/05/14)

Al menos 46 personas mueren, en su mayoría civiles, como consecuencia de varios ataques consecutivos atribuidos por el Gobierno al grupo armado de oposición bodo NDFB(S), facción contraria a las negociaciones de paz. Varias poblaciones de los distritos de Kokrajhar y Baksa, que forman parte de los Bodoland Territorial Autonomous Districts, fueron atacadas por los insurgentes en los primeros días de mayo, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada causando las muertes, que incluyeron a mujeres, niños y niñas. Además, varias casas fueron incendiadas. Tras los ataques, las fuerzas de seguridad iniciaron una operación de contrainsurgencia y detuvieron a 27 personas acusadas de participar en los ataques, pero varios integrantes del grupo armado lograron cruzar la frontera a Bhután. Los ataques se produjeron en zonas habitadas mayoritariamente por población no boda y la mayoría de las personas muertas eran de confesión muslmana. Los ataques tuvieron lugar durante el transcurso de las elecciones indias, y varios analistas los atribuyeron al hecho de que la población musulmana no acostumbra a apoyar a candidatos bodos. (BBC, 3/05/14; Assam Tribune, 2, 3, 10, 13, 19/05/14)

Libia enfrenta un agravamiento de la crisis política y una escalada de violencia después de que un general retirado lanzara un desafío al Gobierno y emprendiera una ofensiva armada contra las diversas milicias islamistas que operan en el país. El conflicto se agudizó a partir del 16 de mayo, cuando el ex general Khalifa Hiftar lanzó un ataque aéreo y terrestre contra grupos armados islamistas en la ciudad de Bengazi (este). Los combates provocaron la muerte de un centenar de personas. Dos días más tarde, milicias afiliadas a Hiftar reivindicaron un ataque contra la sede del Parlamento en Trípoli y ordenaron su suspensión. El militar justificó su campaña como un intento por corregir el curso de la revolución y enfrentar los desafíos de seguridad del país. Asimismo, denunció que las autoridades no habían sido capaces de ejercer su autoridad y que habían favorecido el terrorismo, reclamó la conformación de un nuevo Ejecutivo y demandó la disolución del Congreso General Nacional (CGN). La ofensiva de Hiftar se produjo en medio de un contexto político enrarecido por la controvertida designación como primer ministro de Ahmed Maiteeq, considerado próximo a milicias islamistas de Misrata y que no fue reconocido por otros actores políticos como el líder del movimiento federalista Ibrahim Jedran. El Gobierno acusó a Hiftar de un intento de golpe de Estado y dispuso el bloqueo del espacio aéreo de Bengazi. Pese a ello, la violencia persistió y a finales de mayo fuerzas leales a Hiftar volvieron a atacar a milicias en Bengazi. Con el paso de los días, Hifter y el grupo armado que lidera –denominado Ejército Nacional Libio– recibieron el apoyo de distintos sectores políticos y militares, incluyendo la mayor alianza política de partidos no islamistas, algunos ministros, el comandante de la Fuerza Naval libia, otras brigadas y milicias, y sectores de la población que rechazan la acción de milicias acusadas de violencia política. En un aparente intento por aplacar la crisis, el Gobierno propuso la elección de un nuevo primer ministro y la suspensión del Parlamento hasta las elecciones. Ahmed Miitig asumió a finales de mayo como nuevo primer ministro –el tercero desde marzo–, con la principal tarea de organizar los comicios legislativos previstos para el 25 de junio. Diversas voces, entre ellas el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el enviado especial de la UE, Bernardino León, instaron a las partes a un diálogo para buscar una salida al conflicto. EEUU llamó a sus ciudadanos a abandonar el país. (New York Times, 19, 21/05/14; Jeune Afrique, 26/05/14; BBC, 20, 21, 28/05/14; Foreign Policy, 29/05/14; ICG, 01/06/14)

Las Fuerzas Armadas inician una operación contra la insurgencia talibán en Waziristán Norte. Los bombardeos aéreos han causado al menos 80 muertos, pero la cifra no ha podido ser confirmada de manera independiente. La operación se produjo después de que la insurgencia talibán afirmara que no prolongaría el alto el fuego de 40 días que finalizó en el mes de abril, pero que mantenía abiertas las negociaciones con el Gobierno y que éste a su vez afirmara que el proceso de paz proseguiría pero con un perfil bajo. La operación habría puesto de manifiesto la divergencia de opiniones entre el Primer Ministro Nawaz Sharif, que accedió al poder con la promesa de dialogar con los talibanes, y las Fuerzas Armadas, contrarias al proceso de paz, como le habrían manifestado al mandatario durante una reunión en la que declararon que el proceso negociador había terminado. El Gobierno ha declarado públicamente que las operaciones militares serán únicamente contra las facciones contrarias a las negociaciones y que las negociaciones proseguirán, pese a la oposición militar. A pesar de los intentos de Sharif de detentar un mayor control sobre el estamento militar, diferentes cuestiones como las relaciones con la India, el juicio contra el ex dictador Pervez Musharraf y las negociaciones con los talibanes estarían dificultando la consolidación del poder político por encima del militar. (The International News, 31/05/14; Tribune, 22 y 23/05/14; Dawn, 21/05/14)

Tras meses de gestiones diplomáticas y en un contexto de grave deterioro del conflicto armado en Siria, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, renuncia a su papel como mediador ante el fracaso de las iniciativas de negociación para salir de la crisis. Los rumores sobre una eventual dimisión de Brahimi se habían acentuado tras el fracaso de las conversaciones de Ginebra II en febrero y después la renuncia de su número dos, el marroquí Mokhtar Lamani, que encabezaba la oficina de Brahimi en Damasco. El secretario general de la ONU criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por la falta de iniciativa para presionar por una salida al conflicto. En recientes declaraciones a la prensa Brahimi –que cumina su período el 31 de mayo y que había sucedido en el puesto a Kofi Annan en septiembre de 2012–, consideró que las elecciones presidenciales convocadas por Damasco para el 3 de junio eran un obstáculo para el proceso de paz y que valía la pena discutir la propuesta iraní para abordar el conflicto, que incluye la retirada de combatientes extranjeros de Siria. Algunos análisis también apuntaron a la posibilidad de alcanzar una serie de acuerdos de cese el fuego limitados como el que se acordó en Homs. Durante mayo, la violencia continuó cobrándose cientos de víctimas mortales, elevando a más de 160.000 el número de fallecidos desde el inicio del conflicto. Informaciones de prensa alertaron que miles de personas estaban huyendo de zonas controladas por las fuerzas gubernamentales ante las amenazas de grupos de la oposición sobre ataques durante las elecciones presidenciales. En paralelo, Francia denunció la existencia de evidencias sobre el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio en al menos 11 áreas del país. A finales de mayo, Rusia y China vetaron un borrador de resolución para llevar el caso de Siria a la Corte Penal Internacional. (Foreign Policy, 17/05/14; The Guardian, 22/05/14; AP, 30/05/14)

El presidente Salva Kiir y su antiguo vicepresidente y líder de la rebelión SPLM/A-in-Opposition, Riek Machar, alcanzan un nuevo acuerdo de paz el 9 de mayo que les compromete a establecer un cese de hostilidades, a crear un gobierno de transición y a organizar futuras elecciones. Las masacres perpetradas a finales de abril desencadenaron una nueva oleada de presiones internacionales para detener la situación. La firma del acuerdo, alcanzado en Addis Abeba, ha contado con la facilitación del primer ministro etíope Hailemariam Desalegn, que ejerce como presidente de turno de la organización regional IGAD, y la mediación de un equipo de la IGAD liderado por su enviado especial para las conversaciones de paz, Seyoum Mesfin, que a la vez es ex ministro de Exteriores etíope. Según Mesfin, el acuerdo prevé la apertura de corredores humanitarios y la cooperación con las agencias humanitarias y de la ONU con el objetivo de facilitar el acceso a la ayuda humanitaria. La próxima ronda del proceso de negociación tendrá lugar el 4 de junio. El jefe del Estado Mayor ugandés, Katumba Wamala, ha declarado que el alto el fuego no será respetado a menos que no se establezca una fuerza de interposición regional de la IGAD, que según algunas fuentes, se desplegará antes de finales de junio. En este sentido, los combates se han retomado días después, y ambas partes se han acusado de haber sido las responsables de la ruptura del alto el fuego. Uganda, que apoya al Gobierno sursudanés, ha señalado que podría retirarse del conflicto una vez que la fuerza regional esté presente en el terreno. Por su parte, la rebelión ha rechazado que sea la misión de la ONU en el país, UNMISS, la que deba proteger las instalaciones petrolíferas, a pesar de la adopción de forma unánime de la resolución 2155 del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluía este aspecto. El SPLM/A-in-Opposition señaló que la vigilancia de las explotaciones petrolíferas por parte de la ONU la convertiría en cómplice en el conflicto, ya que el Gobierno de Salva Kiir utiliza los beneficios derivados de la explotación para sufragar el apoyo de Uganda, del grupo armado darfurí JEM y del SPLM/N, a quienes ha exigido su retirada. Alrededor de 1,2 millones de personas aproximadamente se han desplazado desde el inicio del conflicto en diciembre, decenas de miles de personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos y las agencias humanitarias no pueden acceder a la población debido a la inseguridad y la violencia indiscriminada. (Jeune Afrique, 09, 10, 15, 16, 20, 21/05/14; Sudan Tribune, 28, 29/05/14)

El Ejército lleva a cabo un golpe de Estado y suspende la Constitución tras varios meses de graves tensiones políticas en el país entre partidarios y detractores del Gobierno de Yingluck Shinawatra. Desde que se iniciaran las protestas contra el Gobierno en noviembre habían muerto 28 personas y más de 700 habían resultado heridas. Tras el golpe de Estado centenares de personas fueron detenidas y los militares golpistas, liderados por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prayuth Chan-ocha , impusieron el toque de queda en todo el país. Días después del golpe de Estado nombraron un consejo asesor y pusieron en libertad a varias de las personas detenidas inicialmente. La primera ministra, que a principios de mes había sido destituida de su cargo por un tribunal que la acusó de abuso de poder, fue detenida por el Ejército y posteriormente puesta en libertad bajo custodia militar. El rey de Tailandia ha dado apoyo al golpe de Estado, lo que permitirá al general Prayuth encabezar el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que establecerá una nueva asamblea legislativa. Además Prayuth anunció elecciones para 2015, respondiendo así a las críticas generalizadas por parte de la comunidad internacional que condenó el golpe militar. (The Guardian, 22, 26, 28 y 8/05/14; EFE, 31/05/14)

Se agrava la situación de tensión en las provincias de Donetsk y Lugansk (este) durante el mes de mayo, con enfrentamientos entre las milicias prorrusas y el Ejército ucraniano y la continuación de la operación antiterrorista por parte de las autoridades ucranianas. Decenas de personas murieron a lo largo del mes. Entre los incidentes más graves, 42 personas fallecieron en Odessa el 2 de mayo por el incendio de la sede sindical donde se refugiaron manifestantes prorrusos después de choques entre sectores rivales tras ataques a una marcha proucraniana. Ese mismo día, fuerzas prorrusas abatieron con misiles dos helicópteros militares ucranianos en Slaviansk, epicentro de la tensión y de la operación antiterrorista, muriendo dos pilotos ucranianos. Las autoridades cifraron en 20 las víctimas mortales entre las milicias prorrusas por la operación militar en Mariúpol (sur de la provincia de Donetsk). A su vez, 14 soldados murieron tras un ataque de una milicia en un puesto de control en Volnovakha el 22 de mayo. Al menos 40 milicianos murieron entre el 26 y 27 de mayo en el marco de la operación antiterrorista y de las acciones militares para recuperar el control del aeropuerto de Donetsk, que había sido tomado por las milicias prorrusas. 14 personas, entre ellas un general ucraniano, murieron al ser abatido un helicóptero militar el 29 de mayo cerca de Sloviansk. Por otra parte, trascendió que entre las fuerzas prorrusas combatían algunas personas de origen checheno, como mercenarios y como personal enviado de las fuerzas de seguridad locales de Chechenia, según declaró población chechena bajo anonimato al portal independiente Caucasian Knot, si bien el presidente checheno lo negó. EEUU afirmó a finales de mayo que Rusia había retirado la mayoría de sus tropas de la frontera con Ucrania. En paralelo a la violencia se mantuvo la tensión política y social. Las autoridades rebeldes de las provincias de Donetsk y Lugansk celebraron referéndums de autodeterminación no autorizados por Kiev, con un 89,7% de apoyo a la separación en Donetsk (74,8% de participación) y un 96,2% en Lugansk (75% de participación), sin observadores independientes. Rusia había instado a las autoridades rebeldes a aplazar las consultas y había instado a la implementación de los acuerdos de Ginebra de abril. También y pese a su apoyo general a las milicias locales, se mostró favorable a la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania. El empresario ucraniano Petro Poroshenko ganó los comicios presidenciales del 25 de mayo (60% de participación), que sin embargo no pudieron celebrarse en 10 de los 12 distritos electorales de Lugansk ni en 14 de los 22 de Donetsk, por las acciones de las milicias prorrusas. (BBC, New York Times, El País, 1-30/05/14)

En Colombia se celebró la primera ronda de las elecciones presidenciales, con una victoria muy ajustada del candidato uribista de la oposición Óscar I. Zuluaga, inicialmente opuesto a la continuación del proceso de negociación con las FARC en La Habana (Cuba). Ante la necesidad de ganar más votos para la segunda vuelta de las elecciones, Zuluaga cambió sorpresivamente su discurso sobre el proceso de paz, señalando que en caso de ganar, no rompería las negociaciones, pero que pondría condiciones más exigentes. El presidente Santos, por su parte, confiaba en obtener el apoyo de los Verdes y de una parte del partido de izquierdas, Polo Democrático, que dejó libertad a sus miembros para votar en las próximas elecciones. Mientras, en La Habana se terminó de celebrar el acuerdo sobre cultivos ilícitos, con lo que el Gobierno y las FARC cumplimentaban la mitad de la agenda. El próximo tema a discutir será el de las víctimas, que se prevé difícil y sobre el cual numerosas organizaciones de la sociedad colombiana han expresado su deseo de ser escuchadas. De cara el futuro, el presidente Santos sugirió que se crearan dos equipos de trabajo simultáneos en La Habana, con objeto de acelerar la negociación. (El Tiempo, El Colombiano, El Espectador y Semana, 20-29/05/14)

En un resultado anticipado y previsible, el general y ex jefe del Ejército Abdel Fattah al-Sisi resulta electo presidente en unos comicios polémicos, boicoteados por los Hermanos Musulmanes (HM) y por otros grupos seculares. El militar, que lideró el golpe contra el Gobierno del islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, obtuvo un 93% de los votos, frente a 3% de su único rival, Hamdeen Sabahi. Este último denunció falta de imparcialidad y objetó especialmente la cifra dada a conocer por el Gobierno sobre la participación en las urnas, cuestionada por diversas voces. Según informaciones oficiales, la participación alcanzó un 46%, después de que las autoridades electorales extendieran un día más la votación, prevista inicialmente en dos días. De esta manera se esperaba un aumento en la tasa de participación, con la que al-Sisi pretendía dotarse de legitimidad. No obstante, la participación fue mucho menor de lo que el general esperaba –el militar había apostado por una participación de 80%– y de la que se registró en las elecciones en la que fue electo Mursi. La votación se celebró en medio de estrictas medidas de seguridad y en un contexto de persecución a los HM y otros grupos disidentes, que ha supuesto la detención de 16.000 personas y la muerte de otras 1.400 desde el derrocamiento de Mursi. Cabe destacar que durante mayo también se produjeron hechos de violencia: tres policías murieron tiroteados cuando las fuerzas de seguridad intentaban disolver un campo de protesta de estudiantes opositores al Gobierno y otras cinco personas fallecieron en cuatro atentados explosivos a principios de mes. Además, las autoridades informaron de la presunta muerte de un líder del grupo armado con base en el Sinaí, Ansar Beit al-Maqdis, en el marco de una operación en la que también habrían muerto varios milicianos. Un soldado murió y otros siete resultaron heridos en otros dos ataques suicidas en el Sinaí a principios de mes. (Al-Jazeera, 30/05/14; BBC, 23, 28,29/05/14; New York Times, 01-29/05/14; Foreign Policy, 29/05/14)

Se desata una crisis social y política en la región de Abjasia tras la toma de la sede presidencial por sectores de la oposición. En abril la plataforma opositora Consejo de Coordinación había presentado una batería de reclamaciones que incluía la demanda de destitución del primer ministro y su gabinete y enmiendas constitucionales para reducir los poderes presidenciales, entre otras reclamaciones, que posteriormente amplió a la exigencia de dimisión del presidente, acusándole de autoritarismo. Tras la toma de la sede, el presidente abjasio se refugió en paradero desconocido. Ankvab denunció un intento ilegal de toma de poder. El partido pro-gubernamental Amtsakhara lo definió también como intento de golpe de estado. Ankvab afirmó a su vez que personas armadas habían tomado la sede de la televisión pública, mientras se mostró dispuesto al diálogo. Altos cargos de las fuerzas de seguridad expresaron su apoyo al presidente. Rusia, cuyo gobierno ha dado apoyo económico, político y militar a los sucesivos presidentes de Abjasia y reconoce la independencia de ésta desde la guerra entre Rusia y Georgia de 2008, expresó preocupación por la crisis interna y desplazó a la región a Vladislav Surkov, responsable de las relaciones entre el Kremlin y Abjasia y Osetia del Sur para mediar entre las partes. El líder de la plataforma opositora, el parlamentario Raul Khajimba había sido candidato respaldado por Moscú en las presidenciales abjasias de 2004, si bien en las de 2011 se posicionó de manera crítica con respecto a la excesiva dependencia abjasia de Moscú, según algunos medios. El líder opositor excluyó cualquier posibilidad de acuerdo que no incluyese la dimisión de Ankvab. Hubo nuevas manifestaciones contrarias a Ankvab en días sucesivos así como algunas de apoyo. El Parlamento abjasio aprobó una moción de censura no vinculante contra Ankvab con 21 votos a favor (de 35) y con la ausencia de diputados pro-Ankvab. A su vez, el Consejo de Coordinación hizo un llamamiento a favor de un tratado que eleve las relaciones con Rusia y que integre a Abjasia en el proyecto de Unión Aduanera, justificando la necesidad de relaciones más profundas con Rusia como reacción a lo que se considera como intentos de expansión militar y geopolítica de Occidente en el escenario regional. Además, la plataforma opositora anunció la creación de un Consejo Popular Interino. Ankvab reiteró su negativa a dimitir. Por su parte, el Gobierno georgiano expresó preocupación ante la crisis en Abjasia. (Caucasian Knot, Civil georgia, 1-30/05/14)

Después de una semana de intensos enfrentamientos en el norte del país que causaron decenas de víctimas mortales, el Gobierno y tres grupos armados rebeldes suscriben una nueva tregua. La escalada de violencia se inició el 17 de mayo, coincidiendo con un viaje del primer ministro Moussa Mara a Kidal, donde visitó a las tropas malienses destacadas en la región. Existen versiones enfrentadas sobre el origen de los combates, que derivaron en la toma de control por parte del grupo armado tuareg MNLA de la oficina del gobernador y en la retención de una treintena de personas que fueron liberadas en las horas siguientes. En este contexto, el primer ministro Moussa anunció que Bamako estaba en guerra con los rebeldes y advirtió sobre una ampliación del contingente militar en la zona. Según informaciones de prensa, días después el intento del Ejército por recuperar la oficina del gobernador motivó nuevos incidentes que destrozaron el centro de Kidal y que dieron paso a un mayor control por parte del MNLA de la zona, tras el abandono de posiciones por parte del Ejército en localidades como Menala, Agehlo, Anefis y Tessalit. El Gobierno reconoció que sus tropas habían sido forzadas a retirarse, admitió problemas de coordinación e inteligencia y acusó al MNLA de recibir apoyo de AQMI. El grupo tuareg habría combatido junto a milicianos de otros grupos, incluyendo el Movimiento Árabe de Azawad (MAA) y el Alto Consejo por la unidad de Azawad (HCUA, por sus siglas en francés), formado por sectores disidentes del grupo yihadista Ansar Dine. Según fuentes diplomáticas occidentales, estos hechos constituyeron una vergüenza para las autoridades de Bamako, que no habrían informado de la operación ni a la misión de la ONU en el país (MINUSMA) ni a la operación francesa Serval, que mantiene 1.600 soldados en Malí. Según balances de las partes, la violencia provocó la muerte de al menos una cincuentena de soldados y una decena de milicianos rebeldes. Otras fuentes informaron de la muerte de ocho civiles y un miembro de la MINUSMA de nacionalidad senegalesa, además de 3.000 personas desplazadas por la violencia. El acuerdo de cese el fuego entre el Gobierno, el MNLA, el MAA y el HCUA fue suscrito tras la mediación del jefe de la misión de la ONU en Malí, Bert Koenders, y del titular de la UA y presidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz. Las partes se comprometen al cese de hostilidades y a retomar las negociaciones en el marco del acuerdo de Ouagadougou (junio 2013), y Bamako también se comprometió a liberar a 300 prisioneros tuareg. El Consejo de Seguridad de la ONU exhortó a las partes a aplicar el cese el fuego. En este contexto, Francia también anunció que desplegará 100 soldados adicionales en Malí. (BBC, 18, 19, 22/05/14; AFP, 18/05/14; Jeune Afrique, 18-30/05/14; Foreign Policy, 21/05/14)

El Gobierno de Moldova pone a sus fuerzas fronterizas en alerta alegando el deterioro de la situación de seguridad en Ucrania, ante la tensión en el este del vecino, con decenas de víctimas mortales en mayo. El subsecretario general de la OTAN, Alexander Vershbow, ha afirmado que Modova hace frente a una tensión creciente por la situación en Ucrania y ha instado a Rusia a respetar la integridad territorial de Moldova, en un contexto de temor en algunos círculos políticos y militares internacionales por el riesgo de que la crisis ucraniana impacte en el conflicto entre Moldova y la región independentista de Transdniestria. El Gobierno moldavo criticó también en mayo la visita del representante especial de Rusia para Transdniestria a esa región, donde participó en unas celebraciones de conmemoración del final de la segunda guerra mundial, viaje sobre el cual no informó previamente a las autoridade de Moldova. Por otra parte, Rusia advirtió a Moldova sobre posibles repercusiones, como la pérdida del estatus de neutralidad, si Moldova firma el acuerdo de asociación con la UE. La UE ha invitado a Moldova a firmarlo a finales de junio. Por otra parte, el representante especial de la presidencia de turno de la OSCE para el proceso de resolución del conflicto de Transniestria, llevó a cabo reuniones por separado con las partes en conflicto, en preparación para la siguiente ronda del proceso de paz, que tiene lugar el 5 y 6 de junio en Viena. (Itar-Tass, RFE/RL, 1-30/05/14)

El 11 de mayo tiene lugar en N’délé (norte del país) un congreso organizado por los movimientos político-militares que componen la antigua coalición insurgente Séléka, que ocupó en poder durante el año 2013 en el país hasta enero de 2014. Una treintena de personalidades han sido designadas para dirigir la Force Armée Républicaine (FAR, nombre oficial de la ex Séléka), en la que no figuran ni Nourredine Adam, Abakar Sabone (antiguo consejero del presidente Michel Djotodia) ni Moussa Dhaffane, pesos pesados de la coalición. Se espera que continúen ejerciendo su influencia indirectamente, según diversas fuentes, en función de si pesan sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre ellos. Representantes de todas las localidades controladas por la antigua rebelión y responsables procedentes de Bangui han participado en el encuentro, incluso con la facilitación para desplazarse en avión por parte de la ONU y de la operación militar francesa Sangaris. Entre ellos, el general Abdoulaye Issène, miembro del CPJP, Moussa Dhaffane y Éric Néris Massi (hijo de Charles Massi, antiguo militar, parlamentario y ministro fallecido el año 2010). Issène y Massi se encuentran en la nueva cúpula político-militar. Entre las acciones violentas del mes ha destacado el ataque a una iglesia de Bangui que ha causado la muerte de 15 personas y que ha dejado a otras decenas heridas. La situación de desplazamiento forzado en el país en mayo se eleva a más de 135.000 personas en la capital, Bangui, a otras 425.000 en el resto del país, mientras que más de 115.000 personas han huido a los países vecinos (Camerún, Chad, RD Congo y Congo-Brazzaville) desde diciembre de 2013. (Allafrica, 16/05/14; Jeune Afrique, 22, 26 y 29/05/14)

Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) apoyadas por la misión de la ONU en el país, MONUSCO, continúan llevando a cabo diversas operaciones militares en diversas partes del este de RD Congo contra los numerosos grupos armados todavía activos tras la caída de la principal organización armada, el M23, que a finales de abril ratificó la amnistía ofrecida por el Gobierno. En primer lugar, cabe destacar la ofensiva contra el grupo armado FRPI en el sur del territorio de Irumu, en el distrito de Ituri (provincia de Orientale). Las acciones del FRPI en la zona han provocado el desplazamiento forzado de 20.000 personas como consecuencia de la inseguridad en las últimas semanas. Paralelamente, las FARDC han rechazado un ataque del grupo armado APCLS, en el que han muerto algunos combatientes. Este ataque se ha producido cerca de Lukweti, antiguo cuartel general del grupo que fue tomado recientemente por las FARDC. También en la provincia de Kivu Norte, en la zona de Kanyabayonga, la organización local de defensa de los derechos humanos CREDHO ha informado sobre una importante concentración de combatientes del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, al que ha acusado de perpetrar diversos actos de saqueo a la población civil. Por otra parte, la MONUSCO informó del despliegue de contingentes en el sur de Ituri para prevenir las incursiones del grupo armado islamista ADF procedentes de la vecina provincia de Kivu Norte, donde se encuentra situado este grupo armado. Finalmente, en el territorio de Fizi, en la provincia de Kivu Sur, cabe destacar la ofensiva perpetrada por las FARDC contra la milicia Mai Mai Yakutumba, que ha causado decenas de víctimas mortales. (Xinhua, 07 y 13/05/14; Radio Okapi, 07 y 08/05/14)

La dura ofensiva y las victorias militares obtenidas por las Fuerzas Armadas somalíes apoyadas por la misión de la UA en Somalia (AMISOM), que han conseguido expulsar al grupo armado islamista al-Shabaab, vinculado a al-Qaeda, de algunas localidades en los últimos meses, ha provocado una dura respuesta y amenazas de un incremento de la violencia y ataques. El representante del grupo en la región de Banadir, Ali Jabal, ha amenazado en mayo a través de la prorebelde Radio Andalus de nuevos ataques contra sedes gubernamentales y zonas menos vigiladas en venganza por las derrotas inflingidas. Así, se han producido duros enfrentamientos en diversas partes del país que han causado más de un centenar de víctimas mortales durante el mes. Una de las regiones más afectadas por los ataques, emboscadas y acciones de guerra de guerrillas perpetradas por al-Shabaab ha sido la región de Bakool, en el suroeste del país y en la capital, Mogadiscio. Al menos 40 personas, entre combatientes y soldados gubernamentales, han muerto en el suroeste de Somalia, en Ato, localidad fronteriza entre Etiopía y Somalia, como consecuencia de un asalto perpetrado por el grupo armado islamista al-Shabaab. También en la zona suroeste se han producido enfrentamientos tras el ataque de un convoy militar del Ejército somalí y las tropas etíopes encuadradas en la AMISOM que causaron 10 víctimas mortales. En otra acción de al-Shabaab han muerto decenas de personas en las inmediaciones del complejo del Parlamento Federal, y el portavoz del grupo armado, Ali Dheere, ha amenazado con más ataques a los miembros del Parlamento. Por otra parte, diversos aviones han bombardeado la localidad de Jilib, en la sureña región de Juba, considerada uno de los feudos de al-Shabaab. En otra acción militar, el Ejército Nacional Somalí (SNA) ha retirado por la fuerza un puesto de control ilegal, acción en la que han muerto 17 milicianos, siete soldados y se han producido decenas de heridos. Por último, cabe destacar un atentado suicida que ha tenido lugar en Baidoa que ha provocado la muerte de 10 personas y varias decenas de heridos, en el ataque más grave desde que se configuró un estado autónomo compuesto por tres de las regiones del sur del país. (Garowe online, 12, 18, 22, 25 y 27/05/14)

Aumenta la tensión en mayo entre el Estado y el movimiento kurdo con denuncias kurdas contra la construcción por parte del Estado de nuevos puestos militares en zonas del sudeste, así como por incidentes de seguridad, incluyendo diversos enfrentamientos entre miembros del PKK y fuerzas de seguridad. Según fuentes kurdas, dos soldados turcos murieron y otro soldado y un guerrillero resultaron heridos a mediados de mayo en la provincia de Hakkari. Los incidentes ponen en cuestión el alcance del alto el fuego unilateral del PKK iniciado a finales de marzo de 2013, medida formalmente aún en vigor y mayoritariamente respetada. El PKK ha denunciado que el Ejército turco se está aprovechando del alto el fuego para construir nuevas bases militares, lo que –en opinión del grupo– está haciendo colapsar la tregua. El grupo armado afirma que han llevado a cabo acciones contra la construcción de esas nuevas instalaciones militares. La comisión de supervisión del proceso de retirada y de resolución, creada por la ONG local Asociación de Derechos Humanos (IHD), ha señalado que en 2013 se construyeron 341 nuevos puestos militares y bases y se reclutaron 2.000 nuevos guardias rurales –fuerza paramilitar financiada por el Estado. La IHD ha instado, entre otros puntos, a la paralización de la construcción de nueva infraestructura de seguridad y del reclutamiento de guardias rurales, a la retirada de minas, la continuación del diálogo de paz, a la introducción de un calendario en el proceso así como la participación del Parlamento, la reanudación del proceso de retirada de la guerrilla del PKK, la liberación de la población civil secuestrada y el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a una solución negociada, y a la liberación de Öcalan. Durante el mes también aumentó la tensión por las acusaciones de secuestro de menores por parte del PKK, mientras otras fuentes negaron que se hubieran producido estos hechos. Un diputado del partido pro-kurdo HDP, Altan Tan, señaló que en caso de que sean menores, el PKK debía entregarlos a sus familias. Por otra parte, en relación a las conversaciones de paz, la diputada del HDP Pervin Buldan, que participa en las reuniones periódicas del HDP con el líder del PKK, Abdullah Öcalan, señaló que su impresión tras su encuentro de finales de abril con Öcalan es que los últimos contactos de éste con los representantes estatales fueron muy positivos. En los últimos meses el proceso había estado marcado por acusaciones de inacción entre las partes. (AFP, Bianet, Hürriyet, 1-29/05/14)

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha presentado en la Fiscalía una denuncia contra al dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, tras acusarla de urdir un plan de magnicidio y un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Días antes Rodríguez había involucrado a Machado en un plan para acabar con la paz en el país que incluía un magnicidio y un golpe militar ya abortado, y del que aportó incluso supuestos intercambios electrónicos de Machado con diferentes simpatizantes de la oposición venezolana. En ellos se mencionaba al nuevo embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, asegurando que apoyaba sus planes. Venezuela vive desde hace meses protestas antigubernamentales que en las últimas semanas han ido decayendo y que han dejado más de 40 muertos y cientos de heridos y detenidos. Estas protestas respondían, según diversos analistas, a la grave situación económica, la inseguridad y la represión del Estado. El Ejecutivo acusa a Machado, entre otros, de fomentar actos vandálicos con el objetivo de desestabilizar al Gobierno del presidente Maduro, algo que ella niega. Machado fue despojada de su condición de diputada en marzo pasado después de que intentara participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de la representación de Panamá para denunciar la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que eso suponía que se había convertido en representante panameña y que ese cargo era incompatible con el de diputada, cuestión ratificada por el Tribunal Supremo. Cabe añadir, por otra parte, que la Policía ha detenido a mediados de mes a 80 manifestantes que exigían la liberación de los arrestados en las últimas movilizaciones antigubernamentales, durante una manifestación pacífica que se ha celebrado en Caracas en la que participaban centenares de personas, en su mayoría estudiantes. (BBC, 14/05/14; Reuters, 28/05/14; Infolatam, 29/05/14)

El candidato del partido PAIGC y ex ministro de finanzas, José Mario Vaz, resulta vencedor en las elecciones presidenciales de Guinea-Bissau, con un 61% de los votos y una participación del 78% (frente al 90% en la primera vuelta el mes anterior). El jefe del Estado Mayor, Antonio Injai, reconoció los resultados. El candidato rival Nuno Gomes Nabiam, que obtuvo un 38.1% de los votos, cuestionó inicialmente el resultado, si bien reconoció finalmente su derrota. Son las primeras elecciones presidenciales desde los comicios de abril de 2012, en los que el candidato del PAIGC Carlos Gomes Junior encabezaba las opciones para la segunda vuelta, pero que fueron desmantelados por un golpe militar, tras el cual se dio paso a un proceso de transición. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó satisfacción por la celebración de la segunda ronda de las elecciones como parte del proceso de restauración del orden constitucional en el país. Los partidos PAIGC y PRS se comprometieron a avanzar en el proceso de reconciliación. (Reuters, UN, 19-22/05/14)

La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) confirma que Irán mantiene su compromiso con el cumplimiento del acuerdo sobre su programa nuclear, suscrito a finales de 2013, y concluye que Teherán ha implementado las siete medidas prácticas pactadas con esta agencia de la ONU en febrero pasado. Esto supone que Irán ha neutralizado la mayor parte de sus reservas de uranio enriquecido por encima del 20%, que no ha continuado enriqueciendo este material por encima del 5%, y que todas las instalaciones vinculadas a las actividades atómicas se encuentran bajo supervisión de la AIEA, según el informe de la organización publicado el 23 de mayo. Análisis de prensa destacaron que se trata de la mayor prueba de apertura y transparencia por parte de Irán desde 2008 en lo relativo a los presuntos fines militares de su programa atómico. Paralelamente, durante mayo se celebró una nueva ronda de negociaciones –la cuarta– entre representantes de Irán y del G5+1 (Reino Unido, Francia, China, Rusia, EEUU y Alemania, bajo la coordinación de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton). Tras el encuentro trascendió que el progreso es lento y difícil, debido a las diferencias entre las partes en temas clave como las capacidades atómicas que podría retener Irán tras la firma de un acuerdo final o los plazos para el levantamiento de las sanciones contra la república islámica. Fuentes diplomáticas iraníes y occidentales se acusaron mutuamente de falta de flexibilidad y realismo, pero al mismo tiempo informaciones de prensa destacaron la cordialidad de las reuniones técnicas y políticas, y el presidente iraní, Hassan Rohuani, subrayó que las conversaciones progresaban. Cabe destacar que el mandatario y el equipo negociador iraní se enfrentan a la hostilidad y desconfianza de sectores de línea dura de la república islámica, que han cuestionado públicamente la posibilidad de que Teherán ofrezca demasiadas concesiones a Occidente. Irán y el G5+1 se pusieron como plazo el 20 de julio para alcanzar un acuerdo integral sobre el programa atómico iraní, aunque el acuerdo de noviembre pasado prevé una eventual extensión de las negociaciones por otros seis meses. (New York Times, 16, 23/05/14; Al-Jazeera, 23/05/14; Al-Monitor, 26/05/14; BBC, 11/05/14; BBC, 11/05/14)

El Gobierno y la coordinadora que reúne a los grupos armados de oposición que negocian un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional (United Nationalities Federal Council, UNFC) pactan mencionar el federalismo en el borrador de texto de acuerdo de alto el fuego. La decisión se produjo tras varios días de negociaciones en Rangún por el Nationwide Ceasefire Coordination Team, que agrupa a Gobierno en insurgencia, salvando así uno de los principales escollos para el acercamiento entre ambos. En paralelo a estas negociaciones, el Gobierno y el grupo armado de oposición KIO –que también forma parte de la UNFC– han llevado a cabo negociaciones para poner fin a los enfrentamientos en territorio kachín, agravados en el último mes y que han causado el desplazamiento de 5.000 personas, que se añaden a las 100.000 que han tenido que huir de manera forzada de sus hogares desde 2011. El Gobierno y el KIO han acordado el establecimiento de una comisión de supervisión de la paz que monitoreará los movimientos de tropas de ambas partes para esclarecer responsabilidades sobre los enfrentamientos. La cuestión de los enfrentamientos armados con el KIO ha quedado excluida de las negociaciones para el acuerdo de alto el fuego nacional. (The Irrawaddy, 7, 13, 22, 23/05/14)

Unos 400 combatientes de la coalición de milicias y grupos denominados Bakata Katanga, que operan en la provincia sureña de Katanga, se rinden a las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC). Esta provincia, considerada una de las más ricas en recursos naturales del país, esta afectada por una creciente violencia por parte de esta rebelión que exige una mayor autonomía e incluso algunos analistas señalan que persigue la independencia del conjunto del país. Según fuentes militares, los combatientes han decidido deponer las armas tras la dura ofensiva que están ejerciendo las FARDC contra el movimiento en la zona conocida como “triángulo de la muerte”, entre los territorios de Pweto, Manono y Mitwaba, zona de miles de kilómetros cuadrados en el centro-este de la provincia. Los combatientes, cansados de combatir y sin alimentos, han sido acogidos en una base militar de la zona y próximamente serán integrados en el programa de desarme, desmovilización y reintegración del Gobierno. (AFP, 22/05/14)