El Gobierno declara que 50 personas fallecieron y un centenar de personas resultaron heridas como consecuencia de varios ataques con artefactos explosivos a dos puestos de policía, un mercado y un almacén en el condado de Bugur (Luntai en chino) a finales de septiembre. La mayoría de las personas fallecidas, unas 40, formaban parte del grupo de personas que perpetraron los ataques simultáneos. Hasta el momento no ha trascendido la identidad ni las motivaciones de las personas que llevaron a cabo los atentados. El Gobierno, que inicialmente rebajó a dos el número de personas fallecidas, impuso el toque de queda en la región. Según informaciones periodísticas, en el último año y medio han fallecido más de 300 personas en la provincia de Xinjiang en episodios de violencia atribuidos por el Gobierno a grupos que considera secesionistas y terroristas. En las semanas anteriores a los mencionados ataques, tres personas habían sido condenadas a muerte y una cuarta a cadena perpetua por su participación el pasado mes de marzo en un ataque en la estación de tren de Kunming (provincia de Yunnan) en el que 31 personas murieron y más de 140 resultaron heridas. (Radio Free Asia y Huffington Post, 25/09/14; Voice of America, 16/9/14; AsiaOne, 17/09/14, Reuters, 12/09/14)

Se producen numerosos ataques y acciones militares en el norte de Nigeria entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado islamista Boko Haram. A principios de septiembre Boko Haram ejecutó a 24 soldados del Gobierno en Bazza (estado de Adamawa), causando además decenas de heridos, entre los cuales se encuentra el teniente coronel Adeboye Obasanjo, hijo del ex presidente Olesegun Obasanjo. Fuentes locales señalaron que las localidades de Bazza, Michika, Gulak y Madagali siguen bajo el control de Boko Haram. En otro ataque suicida en Kano a mediados de septiembre murieron 20 personas y otras 34 resultaron heridas, y en Kawuri el Ejército anunció la muerte de 52 insurgentes a mediados de mes. Además, el Ejército también ha informado de la muerte del líder del grupo Boko Haram, Abubakr Shekau. Debido a que no es la primera vez que se producen anuncios en este sentido, EEUU ha declarado que no da crédito a estas informaciones. Se sospecha que el nombre Shekau es utilizado por otros miembros de la banda como alias y se cree que otro de los integrantes de Boko Haram, Bashir Mohammed, ha protagonizado varios vídeos del grupo haciéndose pasar por Abubakr Shekau. Por otra parte, el Ejército ha desmentido que algunas de las chicas secuestradas el pasado abril en Chibok hayan sido liberadas, tal y como habían anunciado previamente fuentes militares. Así mismo, la ONU se ha visto forzada a trasladar a unas 5.000 personas nigerianas refugiadas en Camerún a zonas más alejadas de la frontera debido a los continuos ataques de los insurgentes nigerianos. Por último, el Gobierno ha anunciado que unos 300 combatientes del grupo se habrían entregado a las autoridades nigerianas. (Allafrica, 11/09/14; UN, 23/09/14; BBC, 23 y 25/09/14)

El Gobierno declara a mediados de septiembre que más de 1.000 combatientes y más de 100 soldados habrían muerto en Waziristán del Norte desde mediados de junio en el marco de la operación contrainsurgente del Gobierno en la región, y que también habría provocado el desplazamiento de alrededor de un millón de personas. También en relación con la mencionada operación contrainsurgente, el Gobierno señaló que el TTP (Talibanes pakistaníes) no está en disposición de llevar a cabo ataques significativos. Previamente, a principios de septiembre, la facción punjabí del TPP hizo pública su intención de centrar sus acciones armadas en Afganistán y no en Pakistán, lo que podría indicar que hubieran alcanzado un acuerdo con las Fuerzas Armadas pakistaníes. A pesar de estas declaraciones del Ejecutivo pakistaní, en la segunda quincena de septiembre se produjeron varios episodios de violencia en Waziristán del Norte que provocaron la muerte de cómo mínimo 53 personas. Entre éstos, cabe destacar la muerte de unos 40 combatientes que según Islamabad murieron durante una serie de ataques aéreos el 17 de septiembre. Además, ataques aéreos con drones estadounidenses a finales de septiembre provocaron la muerte de cómo mínimo 14 personas en Waziristán del Norte y del Sur. (CNN y Washington Times, 24/09/14; International Business Times, 03/09/14; The Hindu, 17/09/14)

El 15 de septiembre la ONU ha asumido el traspaso de las responsabilidades de la operación de mantenimiento de la paz en el país relevando a la MISCA, la fuerza de la UA que estaba intentando hasta el momento hacer frente a la grave situación que afecta al país. Diversas organizaciones han alertado que este relevo no supondrá un cambio sustancial en el país, y significará un simple cambio de cascos que no tendrá repercusiones a la hora de poner fin al grave clima de violencia que padece el país. 1.800 cascos azules y policías se añadieron al contingente que disponía la MISCA en el país, de 4.800 soldados y 1.000 policías. No obstante, la fuerza actual sólo dispone de dos tercios del contingente total de la misión, establecido en 12.000 soldados, y se estima que no se alcanzará esta cifra hasta abril de 2015, lo que ha desencadenado críticas ante el estancamiento de la situación. Algunos de los contingentes de la misión africana previa, la MISCA, se han retirado, y la UE está discutiendo una posible extensión de la misión EUFOR en el país por otros tres meses. Por último, en lo concerniente al clima de inestabilidad y violencia, existe una profunda división que reina entre los diferentes actores y grupos que componen Séléka, que todavía controla más de la mitad del territorio, el centro-norte del país. Sus principales líderes, Michel Djotodia y Noureddine Adam, son fuertemente cuestionados. La antigua rebelión, no obstante, supervisa el comercio de recursos naturales (a pesar de haber sido expulsado del proceso de Kimberley, el país sigue traficando con diamantes), controla las principales carreteras y ocupa edificios públicos. A principios de septiembre, se registraron importantes movimientos de tropas en el triángulo Kaga Bandoro-Sido Batangafo (norte), y Bambari (centro), lo que desató el pánico en Bangui, ante los rumores de una inminente ofensiva en marcha. Durante una semana, Bambari, donde cerca de 400 combatientes se reunieron, fue vigilado por la operación militar francesa, Sangaris, que reforzó su dispositivo en el camino a Bangui. No obstante, la amenaza se quedó en nada, ya que Séleká en la actualidad no dispone de los 10.000 combatientes bien pertrechados que amenazaron Bangui en diciembre de 2012 y le permitieron tomar la capital en marzo de 2013. (The Guardian, 16/09/14; Jeune Afrique, 27/09/14; 30/09/14)

Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales somalíes apoyadas por las tropas de la misión africana en el país, AMISOM, contra el grupo armado islamista al-Shabaab en diferentes partes del centro y el sur del país. Aunque la ofensiva gubernamental ha conseguido desalojar a al-Shabaab de diferentes localidades, persiste un elevado clima de inseguridad y los ataques se suceden, causando decenas de víctimas mortales. En los últimos días de septiembre la estratégica localidad de Adale, en el sureste, fue tomada por las fuerzas gubernamentales apoyadas por la AMISOM. Por su parte, el Pentágono ha anunciado que ha ejecutado al líder de al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, en una operación militar aérea cerca de la localidad costera de Barawe, el 1 de septiembre. A su vez, el grupo armado reconoció la pérdida de su líder, y diversas fuentes han apuntado a disputas por el poder en el seno del grupo armado que oficialmente ha nombrado a Ahmed Omar Abu Ubayda como nuevo líder. El Gobierno, que ha decretado el 3 de septiembre un periodo de amnistía de 45 días para los miembros de al-Shabaab que dejen las armas, ha alertado que la muerte del líder de al-Shabaab podría derivar en una escalada de las acciones del grupo en represalia por la muerte de su líder. Cabe destacar la muerte de decenas de personas como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la carretera que conecta Afgoye con Mogadiscio. Por último, persisten las divisiones en el seno del Gobierno somalí: el presidente Hassan Sheikh Mohamud ha manifestado su voluntad de forzar la dimisión de su primer ministro tras la salida del jefe de inteligencia nacional y aliado del presidente, decretada por el primer ministro. (Garowe Online, 06, 07 y 08/09/14; 24/09/14, 01/10/14)

El país sigue inmerso en un grave clima de inestabilidad a pesar de que la buena temporada de cosechas ha aliviado la grave crisis humanitaria, según han declarado numerosos expertos. No obstante, un millón y medio de personas siguen dependientes de la ayuda humanitaria en el país. Numerosas organizaciones, entre ellas OXFAM, alertan que la situación podría empeorar el próximo año, cuando otro millón de personas podría encontrarse en situación de grave crisis humanitaria y padecer una situación de hambruna. Por otra parte, las fuerzas opositoras han acusado al Gobierno de Sudán del Sur de bombardear campos de población desplazada interna en Jonglei, en el estado de Pigi, lo que podría haber desembocado en una masacre de población civil y del personal humanitario. Las duras condiciones de vida en estos campos también han sido denunciadas por la propia organización. De los más de 1,8 millones de personas que abandonaron sus hogares en diciembre de 2013 cuando estalló la última fase del conflicto, alrededor de 1,4 millones de personas permanecen desplazadas en el país, acampadas en zonas remotas de difícil acceso, y más de la mitad son menores. Por último, cabe destacar que el Gobierno sursudanés ha minimizado los rumores sobre una posible sustitución del vicepresidente James Wani Igga. Esta acción formaría parte del plan ideado para ser aplicado tras la firma del acuerdo de paz y que incluiría también disolver el Parlamento y la celebración de elecciones generales en las que el presidente Salva Kiir podría obtener la reelección. (Sudan Tribune, 24 y 29/09/14; UN, 30/09/14)

Yemen enfrenta su peor crisis desde los hechos de violencia que en 2011 desembocaron en la salida del poder de Alí Abdullah Saleh. La escalada se inició a finales de julio, después de que el Gobierno decretara el fin de los subsidios a los combustibles, una medida impopular en el país. En este contexto, el movimiento al-houthista hizo un llamamiento a la desobediencia, exigió la renuncia del Gobierno e impulsó campañas de protesta en la capital, Sanaa, contestadas por manifestaciones pro-gubernamentales. La tensión derivó en septiembre en tiroteos durante las manifestaciones y en combates de milicias al-houthistas contra grupos armados simpatizantes del partido islamista sunnita Islah y sectores próximos al general Ali Mohsen al-Ahmar. Según estimaciones oficiales, la escalada de violencia habría causado más de 270 víctimas mortales, además de desplazamientos forzados de población. A finales de mes, los al-houthistas –que en el último año han ampliado su control en las regiones del norte de Yemen– tomaron la capital, instalaron puestos de control en la ciudad, rodearon los principales edificios oficiales y forzaron la dimisión del Gobierno. El presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi –quien había calificado la ofensiva al-houthista como un intento de golpe de Estado– aceptó la renuncia del primer ministro Mohamed Basindwa, que precedió la firma de un acuerdo de paz promovido por el enviado especial de la ONU para Yemen, Jamal Benomar. El acuerdo –Peace and National Partnership Agreement¬– firmado el 21 de septiembre establece una reducción en el precio de los combustibles, insta a la elección de un nuevo primer ministro y a la formación de un nuevo gobierno inclusivo a dentro de un mes. Así, se prevé una mayor influencia de los al-houthistas en el Ejecutivo. Los al-houthistas se mostraron reticentes a suscribir un anexo que preveía el desarme de las partes, que el Gobierno recuperara la autoridad en zonas bajo control de milicias y la devolución de armas requisadas durante los combates. El anexo de cinco puntos que comprometió a las partes en pugna a detener los actos de violencia –incluidos los enfrentamientos en las provincias de Maarib y al-Jawf– fue firmado una semana más tarde, pero no frenó los incidentes. A finales de septiembre se informó de nuevos choques en las proximidades del palacio presidencial, de acciones contra enemigos políticos de los al-houthistas y de un ataque suicida contra una base al-houthista en Sanaa que dejó 15 víctimas mortales. Esta última ofensiva fue reivindicada por el grupo armado Ansar al-Sharia, vinculado a AQPA. En este contexto, análisis y observadores consideraron el acuerdo de paz como un pacto que ha reducido sólo temporalmente el riesgo de guerra civil en el país y advirtieron que la crisis puede facilitar los avances de al-Qaeda en el sur de Yemen. (Yemen Times, 23/09/14; BBC, 20, 22, 24, 27/09/14; UN News, 22-24, 29/09/14; al-Jazeera, 26, 28, 29/09/14; IRIN, 23, 29/09/14)

En septiembre se creó un debate público al decidir las partes en negociación (FARC y Gobierno) crear una subcomisión de “Fin del Conflicto”, formada por hasta 10 miembros por cada una de las delegaciones, que comprendería la dejación de las armas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral. Por parte del Gobierno comportó la creación de un “Comando Estratégico para la Transición” formado por militares y policías activos, dirigidos por el general Javier Flórez, y que se ocuparía de todas las cuestiones técnicas relacionadas con el desarme. A la iniciativa del Gobierno, las FARC respondieron que estarían dispuestas a crear un Comando Guerrillero de Normalización, que estudiaría el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional y la desarticulación de los batallones de contrainsurgencia. En la segunda quincena de septiembre viajó a La Habana el segundo grupo de víctimas. Mientras, las víctimas de las FARC declararon que harían su propia comisión histórica. Días antes, el Gobierno y las FARC crearon una subcomisión de género en el marco del diálogo (prevista en el acuerdo de 7 de junio), la tercera de las subcomisiones creadas, junto a las del desarme y la comisión de expertos en la historia del conflicto. A finales del mes, y para contrarrestar algunas críticas de sectores opuestos a la negociación, el Gobierno y las FARC decidieron dar a conocer la totalidad de los acuerdos alcanzados hasta entonces. Por las mismas fechas, el país vivió con preocupación el aumento de las amenazas a defensores de los derechos humanos, políticos de izquierda, ex guerrilleros desmovilizados y líderes y lideresas sociales, en un claro desafío a los sectores favorables a la negociación con la insurgencia. Para completar los problemas, se descubrió que las comunicaciones telefónicas y de correo electrónico del jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y del responsable de comunicaciones de las FARC, habían sido interceptadas ilegalmente por desconocidos, probablemente sectores contrarios a la buena marcha de dichas negociaciones. (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y Semana, 01 – 31/09/14)

El Gobierno de Barack Obama decide ampliar su ofensiva contra el grupo armado Estado Islámico (IS o ISIS por sus siglas en inglés), incluyendo nuevos objetivos en territorio iraquí y expandiendo los bombardeos aéreos a bases de la organización en Siria. La ofensiva contra ISIS en Siria se inició el 23 de septiembre y reunió a fuerzas estadounidenses con las de cinco países aliados árabes: Bahrein, Jordania, Arabia Saudita, Qatar y EAU. Decenas de combatientes de ISIS murieron como consecuencia de los primeros ataques en Raqqa y en el área de Aleppo, que también supusieron bajas en las filas del grupo armado Frente al-Nusra, vinculado a al-Qaeda. Días después los ataques apuntaron a refinerías de petróleo que estaban bajo control de ISIS en Siria y a bases del grupo cerca de la ciudad de Kobane, donde en pocos días el avance de ISIS provocó un éxodo masivo de más de más de 100.000 personas de origen kurdo. El Gobierno sirio informó que había sido “notificado” por EEUU de su intención de atacar, en una decisión que fue criticada por Rusia. Durante septiembre la Casa Blanca precisó que EEUU está en guerra con ISIS al igual que lo está con al-Qaeda y el Congreso estadounidense respaldó el plan para armar a grupos de la oposición siria que están combatiendo tanto a ISIS como al régimen de Damasco. Obama ha insistido en que EEUU no enviará tropas de combate ni a Iraq ni a Siria y ha precisado que el objetivo es degradar y destruir a ISIS a través de una estrategia de ataques aéreos sostenidos. El mandatario admitió que su país había subestimado la amenaza de ISIS y que había depositado demasiada confianza en la capacidad de las fuerzas iraquíes para contenerlo. La decisión de intervenir adoptada por Washington se produjo después de que ISIS diera a conocer vídeos de la decapitación de dos periodistas estadounidenses que mantenía secuestrados. Durante septiembre, el grupo ejecutó a un tercer rehén británico, mientras que un ciudadano francés fue decapitado por un grupo declarado filial de ISIS en Argelia. EEUU intentó recabar el apoyo de países de la región en su lucha contra ISIS y comprometió el apoyo de una decena de Estados de la zona tras una reunión en Jeddah (Arabia Saudita). Poco después, en una conferencia celebrada en París, un total de 30 países –incluyendo países árabes, de la UE y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– se comprometieron a ayudar a Iraq en su lucha contra ISIS. EEUU descartó incluir a Irán en la coalición anti-ISIS debido al apoyo otorgado por Teherán al régimen de Bashar al-Assad. (Al-Jazeera, 11-13, 15, 16, 21, 23, 26, 29/09/14; New York Times, 1-30/09/14)

La ciudad de Ghadames, en el oeste de Libia, se convierte en sede de los primeros contactos entre grupos rivales libios con el objetivo de buscar una salida política a la crisis que atraviesa el país, agravada desde mayo pasado. Legisladores de la Casa de Representantes –el Parlamento electo en junio, reconocido internacionalmente y que ha debido cambiar su sede al puerto de Tobruk (cerca de la frontera con Egipto) huyendo de la violencia– se reunieron con los parlamentarios que hasta ahora habían boicoteado las sesiones y que han mantenido su apoyo a Asamblea, con sede en Trípoli, que regía hasta antes de las elecciones. Según informaciones de prensa, en la reunión participaron 12 representantes de cada una de las partes y se comprometieron a sortear sus diferencias pacíficamente. El diálogo en Libia está siendo facilitado por la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), liderada por el enviado especial de la ONU para Libia, Bernardino León. Al encuentro en Ghadames también asistieron representantes de Reino Unido y Malta. Sin embargo, el hecho de que miembros de las milicias que han tomado el control de las principales ciudades del país –incluyendo la capital, Trípoli– no participaran en las recientes negociaciones ha llevado a algunos observadores a seguir el proceso con cierto escepticismo. De hecho, a fines de septiembre la coalición de milicias Dawn que controla Trípoli rechazó el llamado a un cese el fuego de la ONU y, en cambio, exigió el desarme de sus adversarios. Cientos de personas han muerto en lo que va de 2014 como resultado de los enfrentamientos entre grupos armados rivales, en especial tras la escalada en Benghazi en mayo. Esta deriva ha agudizado la falta de autoridad y control del Gobierno libio sobre amplias zonas del territorio. Más de 300.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de la violencia, que ha provocado también graves daños en las infraestructuras de Libia, incluyendo aeropuertos y edificios gubernamentales. La ONU, la UE y un grupo de 13 países han hecho llamamientos a un alto el fuego inmediato e integral en Libia y a asumir que no existe una salida militar para el conflicto. Este grupo de países incluye a Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusados en el pasado mes de lanzar ataques aéreos para apoyar la lucha contra las milicias que controlan Trípoli. Qatar y Sudán, por su parte, han sido acusados de dar apoyo a las milicias islamistas de Libia. Argelia, en tanto, está intentado promover un diálogo nacional en Libia. (UN News, 29/09/14; BBC, 29/09/14; al-Jazeera, 17, 23, 29, 30/09/14; Foreign Policy, 15/09/14, Al-Monitor, 01/10/14)

Se produce un incremento de los ataques de los grupos armados islamistas malienses durante el último mes contra los contingentes de la misión de la ONU en el país, la MINUSMA, y como resultado de ello han muerto 10 cascos azules chadianos. La ONU ha condenado estos ataques y su secretario general, Ban Ki-moon, ha declarado que estas acciones no servirán para disuadir a la organización internacional de llevar a cabo su mandato y de apoyar el proceso de paz en el país. La ONU convocó la celebración de un encuentro de alto nivel en paralelo a la celebración del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU para analizar el proceso político en Malí. En el encuentro participó el presidente, diversos ministros y altos cargos oficiales, miembros del equipo mediador argelino que participa en Argel en las conversaciones de paz y el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, participaron representantes de Alemania, España, Países Bajos, Portugal, el BM, el FMI y el Banco de Desarrollo Islámico, como observadores del proceso. Por otra parte, las conversaciones de paz intermalienses se reanudaron el 1 de septiembre en Argel. Una cuarentena de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil maliense participaron en una movilización que aglutinó a entre dos y tres mil personas en Bamako para denunciar cualquier voluntad de división del país que pueda resultar de las conversaciones de paz que tienen lugar en Argel entre el Gobierno y los grupos armados opositores. Otras movilizaciones similares han tenido lugar en Gao y Tombuctú para mostrar su rechazo a posibles fragmentaciones del país fruto de las negociaciones. Representantes de grupos de oposición de la comunidad tuareg, en el marco de las conversaciones de paz que mantienen con representantes del Gobierno en Argel, han señalado que el federalismo podría ser una posible solución al conflicto mientras que el presidente Keita ha propuesto el regionalismo y la descentralización como solución al conflicto en el país. (Reuters, 24/09/14; UN, 28/09/14)

Finaliza sin acuerdos ni avances significativos la sexta ronda de negociaciones en Rangún entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Equipo de Coordinación de un Alto el Fuego Nacional (NCCT, por sus siglas en inglés), que representa a la mayor parte de los grupos armados de adscripción étnica de Myanmar. En el comunicado conjunto que emitieron las partes al finalizar los cinco días de negociaciones, el Gobierno y el NCCT se emplazaron a una nueva ronda de negociaciones para el mes de octubre y anunciaron haber acordado una nueva versión del borrador de acuerdo de alto el fuego, pero a la vez reconocieron que un acuerdo definitivo todavía está muy lejano y también destacaron las diferencias de criterio entre ambas partes. Según algunas informaciones periodísticas, el Gobierno estaría intentado lograr un acuerdo histórico antes de mes de noviembre, cuando numerosos jefes de Estado y de Gobierno visitarán Myanmar en el marco de una cumbre de la ASEAN. El Gobierno que sucedió a la Junta Militar que había gobernado el país durante cinco décadas ha firmado acuerdos de cese de hostilidades con 14 de los 16 principales grupos armados del país, pero no ha sido así con el KIA, en el estado Kachin, y con el TNLA, en el estado Shan. En los últimos años se estima que más de 100.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el KIA. En este sentido, cabe destacar que a finales de septiembre se registraron enfrentamientos armados en la frontera entre Myanmar y Tailandia que involucraron a las Fuerzas Armadas y a los grupos DKBA y KNU. Tras estos enfrentamientos, el Gobierno de Tailandia cerró algunos pasos fronterizos y puso en máximo estado de alerta a sus tropas en la región fronteriza. (Bangkok Post, 22/09/14; Naharnet, 26/09/14; Kachin News Group, 29/09/14; Burma News International, 01/10/14)

Las dos principales facciones palestinas, Hamas y Fatah, anuncian un acuerdo que pretende permitir el retorno de la Autoridad Palestina (AP) a Gaza, tras siete años en los que el territorio ha estado bajo el control del grupo islamista. El pacto fue comunicado a finales de septiembre, tras dos días de negociaciones en El Cairo, y supone que funcionarios del Gobierno de unidad liderado por el Presidente Mahmoud Abbas asuman la administración de Gaza. En el pasado, otros acuerdos entre Hamas y Fatah no han prosperado. Durante el primer semestre ambos grupos habían acordado un gobierno de unidad y Hamas había anunciado formalmente su cesión de Gaza a principios de junio, pero Abbas acusó entonces al grupo islamista de mantener un gobierno paralelo de facto. Hamas, a su vez, denunció que la AP se negaba a pagar a los salarios de 45.000 empleados contratados por el grupo islamista en Gaza. El acuerdo acabó de frustrarse por la escalada del conflicto con Israel. Se espera el pacto suscrito en esta ocasión facilite la reconstrucción de la Franja después de las siete semanas de guerra con Israel y permita aliviar el bloqueo impuesto al territorio. Persistían las dudas, no obstante, respecto a si Hamas, que controla la fuerza policial en Gaza, cedería el control de la seguridad del territorio. El acuerdo no ofrece detalles sobre el destino del ala militar del grupo islamista. Fuentes próximas a las negociaciones adelantaron que la AP gestionaría los cruces fronterizos con Israel y con Egipto. Algunas voces también han planteado dudas sobre cómo se concretaría el acuerdo en lo referente a las relaciones de Hamas con Egipto. Tras el acuerdo entre las facciones palestinas se espera que las autoridades palestinas retomen las negociaciones con Israel, previstas para finales de octubre, que podrían resultar en un cese el fuego definitivo en Gaza. Un estudio de la AP estimó en 7.800 millones de dólares el costo de la reconstrucción de Gaza tras el reciente conflicto con Israel. (Washington Post, 25/09/14; Reuters, 24/09/14; The Guardian, 25/09/14; Haaretz, 28/09/14)

Persiste el clima de tensión por la intención del presidente Joseph Kabila de reformar el artículo 220 de la Constitución, lo que permitiría la extensión del límite de mandatos presidenciales y le facilitaría el camino para mantenerse en el poder. En este sentido, la oposición política ha organizado dos movilizaciones el 13 y el 27 de septiembre que han contado con la participación de miles de personas en la capital, Kinshasa. A estas movilizaciones se han sumado las declaraciones de la Iglesia Católica del país, que ha reiterado su llamamiento a que el presidente Kabila abandone su puesto en 2016. Kabila pretende poder prolongar su mandato presidencial en las elecciones que tendrán lugar en 2016, cuando se cumpliría su segundo mandato al frente del país (2006-2011, 2011-2016), además del periodo de transición en el que también estuvo dirigiendo el país (2003-2006). Por otra parte, el presidente ha remarcado ante la Asamblea General de la ONU que las elecciones en el país se celebrarán según el calendario previsto establecido por la Comisión Electoral Nacional Independiente. El país traviesa una grave crisis política tras elecciones legislativas y presidenciales celebradas en 2011, cuyos resultados no fueron aceptados por la oposición. Ninguna de las elecciones que deberían haberse celebrado posteriormente a las de 2011 ha tenido lugar. Con el fin de completar el ciclo electoral de las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2016, las autoridades revocaron la programación con el anuncio de la celebración de elecciones locales en 2015, antes de las elecciones provinciales y el Senado. La oposición y numerosos actores de la sociedad civil han denunciado el cambio de calendario electoral y se han rebelado contra el proyecto de reforma constitucional. La ONU, la UE y otros actores del escenario internacional han reclamado al Gobierno un diálogo con la oposición para poder acordar un calendario electoral creíble, completo, consensuado y con un presupuesto detallado, que permita a la comunidad donante contribuir a la celebración del proceso. (Jeune Afrique, 18, 26/09/14; AFP, 27/09/14)

El proceso de diálogo entre Turquía y el PKK ha entrado en un etapa de complicaciones y graves recelos mutuos, en gran parte por la evolución de la situación de violencia en Siria e Iraq. El PKK acusa a Turquía de ralentizar el proceso de diálogo con Öcalan, de colaborar con el Estado Islámico y de bloquear los intentos de población kurda de Turquía de pasar a Siria para combatir con las milicias kurdas contra el Estado Islámico. Por su parte, Turquía niega ningún apoyo al grupo islamista y recela de los riesgos de que el apoyo internacional a los kurdos de Iraq derive en un fortalecimiento del PKK, en un contexto en que peshmergas kurdos iraquíes, milicias kurdas sirias pro-Öcalan (PYG) y PKK combaten juntos contra el Estado Islámico en Iraq y Siria, pese a las profundas diferencias entre los liderazgos kurdos iraquíes y los kurdos de Siria y Turquía. El cerco de Estado Islámico a los kurdos sirios se agravó en septiembre, provocando un gran éxodo de refugiados a Turquía, de unos 160.000 en escasos días. A su vez, cientos de kurdos de Turquía han cruzado a Siria para combatir al Estado Islámico. La frontera fue escenario de incidentes entre fuerzas de seguridad turcas y población kurda de Turquía. El máximo líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha hecho un llamamiento a los kurdos de todos los países para cruzar a Siria a combatir al grupo islamista. Además, Öcalan ha criticado a Turquía por no dar respuestas concretas al proceso de paz. El máximo órgano ejecutivo del PKK (el consejo ejecutivo del KCK) comunicó a finales de septiembre que había decidido poner fin al periodo de no conflicto debido a la falta de respuestas de Turquía en el proceso de diálogo y por el supuesto apoyo de Turquía al Estado Islámico. El KCK rechaza también la insistencia de Turquía en el tema de la retirada de las guerrillas kurdas al norte de Iraq, que supeditan a la apertura de negociaciones y medidas prácticas serias. Así, el comunicado podría interpretarse como de fin de la tregua. En su decisión, el KCK aprueba “incrementar la lucha en todos los ámbitos y usando cualquier tipo de medida recíproca a la guerra emprendida por el Gobierno”. A principios de septiembre Öcalan había afirmado que las conversaciones continuaban aunque criticaba al Gobierno por la falta de medidas concretas e instaba de manera urgente al establecimiento de un secretario, una delegación democrática y de una delegación observadora. Por otra parte, Estado Islámico liberó a los 49 secuestrados turcos (diplomáticos de Turquía y familiares, incluyendo menores) que mantenía retenidos desde junio tras su asalto al consulado de Mosul (Iraq). (Hürriyet, AFP, Firat, 1-30/09/14)

El Gobierno ucraniano y las milicias independentistas prorrusas mantienen en vigor el alto el fuego alcanzado el 5 de septiembre, que dio pie a un memorandum posterior a mediados de mes, si bien a lo largo de septiembre se produjeron numerosos incidentes. Entre los incidentes nueve militares ucranianos murieron en las cercanías del aeropuerto de Donetsk el 29 se septiembre, jornada en la que también murieron otros tres civiles en ese capital de provincia, siendo la cifra más alta de víctimas mortales un una única jornada desde el acuerdo de alto el fuego. Otros diez civiles murieron el 1 de octubre en la ciudad de Donetsk, por impactos de proyectiles contra un autobús y contra el patio de un colegio, aunque no hubo ningún escolar entre las víctimas. Más de 3.000 personas han muerto desde abril en las provincias de Donetsk y Lugansk. Pese a los incidentes de septiembre, las partes consideraban aún vigente el alto el fuego, bajo observación de la OSCE. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, señaló a finales de septiembre que Ucrania y Rusia conversan casi cada día sobre el alto el fuego. El acuerdo de alto el fuego se alcanzó el 5 de septiembre en Minsk (Belarús), tras semanas de gran tensión y avance militar de las milicias prorrusas. El pacto de 5 de septiembre contenía 12 puntos: declaración de alto el fuego inmediato y bilateral; monitoreo y verificación del alto el fuego por parte de la OSCE; descentralización del poder de determinados distritos de las provincias de Donetsk y Lugansk a través de una ley ucraniana sobre su estatus; liberación inmediata de todos los rehenes y personas retenidas ilegalmente; aprobación de una ley para prevenir la persecución y castigo de población en relación a los hechos que han tenido lugar en zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk; continuación del diálogo nacional inclusivo; toma de medidas para mejor la situación humanitaria del Donbas (Donetsk y Lugansk); celebración de elecciones locales anticipadas de acuerdo con la futura ley sobre el estatus espacial de diversas zonas de Donetsk y Lugansk; retirada de formaciones militares ilegales, así como de equipo militar y milicianos y mercenarios ilegales del territorio de Ucrania; aprobación de un programa de desarrollo económico para la zona del Donbas y garantías de seguridad personal para los participantes en las consultas. El acuerdo de Minsk había sido consensuado en el proceso de conversaciones del Grupo de Contacto (Ucrania, milicias prorrusas, Rusia y la OSCE). El acuerdo de Minsk fue seguido de la firma el 19 de septiembre también en Minsk de otro memorandum que contempla la creación de una zona desmilitarizada de 30 kilómetros (cada parte en conflicto debe replegar en 15 kilómetros la artillería, blindados y cañones de más de 100 milímetros), el desminado de toda la zona de seguridad, la prohibición de colocación de nuevas minas antipersonales y la prohibición de vuelos de aviación militar excepto de la OSCE. A su vez, el 16 de septiembre el Parlamento ucraniano aprobó en segunda votación un paquete legislativo que otorga un estatus especial a las zonas controladas por las milicias prorrusas en las provincias de Donetsk y Lugansk. Se trata de un autogobierno provisional que podría durar tres años. Además, el paquete incluye una ley de amnistía que da inmunidad a los combatientes prorrusos, excepto aquellos implicados en crímenes graves. Se les da a los separatistas un mes para deponer las armas, se abre la puerta a que se integren en la policía local, y se exige el desalojo de edificios administrativos ocupados. En todo caso, pese a la aprobación de la ley en el Parlamento ucraniano, la cuestión del autogobierno y su alcance aún está por discutir y acordar en el seno del Grupo de Contacto y ha quedado pendiente para las próximas reuniones. (BBC, Reuters, El País, 01-30/09/14, 01/10/14)

Los candidatos presidenciales Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah alcanzan un acuerdo el 21 de septiembre para formar un gobierno de unidad nacional en el que Ghani asume la presidencia del país y Abdullah ocupa el nuevo cargo de jefe ejecutivo. Ese mismo día la comisión electoral ha declarado a Ghani ganador de las elecciones celebradas en junio. Días después la formación del nuevo Ejecutivo también ha comportado la firma del acuerdo de seguridad con representantes del Gobierno estadounidense según el cual las tropas norteamericanas podrán permanecer más allá de la fecha límite de 2014. Este acuerdo ha sido alcanzado por el nuevo Gobierno en su primer día de trabajo tras ser oficialmente formalizado, entre el consejo de seguridad nacional, Hanif Atmar, y el embajador de EEUU en Kabul, Jim Cunningham. El presidente saliente, Hamid Karzai, había rechazado la firma del acuerdo bilateral de seguridad con EEUU, lo que había tensado las relaciones entre ambos países e incrementado los temores ante la situación de seguridad que se podía derivar ante una posible retirada de las tropas de EEUU del país. La mayoría de las tropas de la OTAN se retiran del país este año, quedando solo los 9.800 soldados estadounidenses en el país. En paralelo, se ha producido una intensificación de la violencia, con decenas de víctimas mortales en diversas acciones y atentados en diferentes partes del país. (Reuters, 21/09/14; BBC, 30/09/14)

El ministro de Exteriores de Rusia declara que es posible una reanudación de las conversaciones multilaterales a seis bandas sobre la desnuclearización de la península coreana tras reunirse con su homólogo norcoreano. Esta era la primera visita de un alto mandatario norcoreano a Rusia en varios años. Tras su nombramiento en el cargo el pasado mes de abril, el ministro de Exteriores norcoreano ha desarrollado una intensa actividad diplomática y ha visitado varios países. Poco antes de esta afirmación del ministro ruso, con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, el Gobierno chino también había instado a la reanudación de las conversaciones multilaterales, por considerarlas el único mecanismo capaz de resolver la crisis coreana. También en estas fechas, el máximo responsable estadounidense sobre la situación nuclear en la península coreana llevó a cabo una visita a Corea del Norte, Japón y China para acercar posiciones precisamente de cara a una eventual reanudación de las negociaciones, que se iniciaron en 2003 pero que se hallan interrumpidas desde 2009. (The Straits Times y Wall Street Journal, 27/09/14; DPA, 01/10/14; AFP, 28/09/14)

Se inicia el proceso de entrega de armas y desarme de los combatientes del MILF, que será supervisado por una comisión (Independent Decommissioning Body) compuesta por cuatro personas filipinas y otras tres de Brunei, Turquía y Noruega. Uno de los primeros pasos en dicho proceso será la entrega por parte del MILF de un listado de armas y combatientes. Aunque el MILF no ha revelado jamás la capacidad de su arsenal ni el número de combatientes, algunas estimaciones lo sitúan en alrededor de 10.000. El MILF declaró que el proceso de desarme se hará de manera gradual y en función del grado de cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo de paz del pasado 27 de marzo. El inicio del proceso de desarme se produjo después de que a principios de septiembre, y tras varios meses de retraso, el presidente, Benigno Aquino, envió con carácter de urgencia el borrador de la Ley Fundamental de Bangsamoro al Congreso para su revisión y aprobación. La aprobación de dicha ley debería conducir al establecimiento de una nueva entidad en Mindanao (conocida como Bangsamoro) antes de la finalización del mandato del actual presidente a mediados de 2016. El Congreso ya ha iniciado el proceso de discusión y comparecencias, en el que ya se ha puesto de manifiesto la oposición de algunos parlamentarios al contenido del borrador de la ley. Sin embargo, algunos analistas consideran que éste tendrá el apoyo de la mayoría parlamentaria y que será aprobado a principios de 2016. (Inquirer, 28/09/14; Philippine Star, 24/09/14; AFP, 29/09/14)