Se desencadenan graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo armado rebelde procedente de RD Congo en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país. Los enfrentamientos, que han durado cinco días, se iniciaron el 29 de diciembre. Todavía se desconocen las circunstancias de este ataque y numerosos detalles. Según fuentes militares desde el anonimato, 105 miembros del grupo armado habrían muerto como consecuencia de los enfrentamientos y otros cuatro habrían sido capturados de un total de 121 combatientes. El Ejército se habría incautado de armamento de diferente calibre, un mortero y lanzagranadas. Esta fuente anónima, un alto cargo militar del Ejército, ha señalado que dos soldados habrían muerto en el trascurso de los enfrentamientos, aunque otras fuentes militares aumentan esta cifra a al menos 12 soldados muertos. Según fuentes oficiales, el Ejército y la Policía, apoyados por milicias de civiles, interceptaron un grupo de unos 200 combatientes que pretendían alcanzar el bosque de Kibira para protegerse, en el centro-norte del país. Kibira había sido el santuario de diversos grupos armados en el reciente conflicto que ha afectado al país desde los años noventa. Las fuerzas de seguridad habrían rodeado al grupo en la comuna de Murwi, donde les habrían atacado sin cesar. La oposición y la sociedad civil han denunciado la existencia de diversos casos de rebeldes detenidos que habrían sido desarmados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente. El Gobierno ha desmentido estas acusaciones señalando que su intención era frenar este grupo y que sirviera de lección a otros grupos, como las FNL de Aloys Nzabampema, que todavía creen en el recurso la violencia para cambiar la situación en el país. La zona fronteriza con RD Congo ha sido escenario de otros pequeños ataques previos reivindicados por una facción disidente de las FNL, que ha negado estar vinculada con estos últimos hechos. En las semanas previas, el clima de tensión se había incrementado como consecuencia de las numerosas irregularidades detectadas durante el proceso de registro de electores, que incluso habían sido reconocidas por el propio Gobierno, y que habían desencadenado la exigencia unánime de la dimisión de la comisión electoral independiente (CENI) por parte de toda la oposición política. (Jeune Afrique, 01 y 16/12/14; 30 y 31/12/14; 04, 05/01/15)

El Gobierno de Xinjiang anuncia que a partir del mes de enero entrará en vigor una nueva legislación que prohibirá orar o llevar a cabo otras prácticas religiosas en edificios gubernamentales, escuelas y oficinas; llevar ropa (o logos) asociada al extremismo religioso; o distribuir o visionar vídeos sobre yihad, extremismo islámico o terrorismo. Además, la nueva legislación incrementará las sanciones para aquellas personas que difundan por internet mensajes que socaven la unidad nacional o la estabilidad social e inciten al odio étnico. Algunos analistas consideran que esta legislación restringirá la actividad religiosa a lugares especialmente habilitados para ella (como mezquitas) y afectará principalmente a los miles de funcionarios musulmanes, que normalmente llevan a cabo dos oraciones en horario laboral. Además, también se verán especialmente afectadas aquellas personas que utilicen teléfonos o computadoras para seguir su formación religiosa. Pocos días más tarde de hacerse pública esta noticia, las autoridades municipales de Urumqi, la capital de Xinjiang, anunciaron la prohibición del uso de velos que cubran la cara de las mujeres como medida en la ofensiva contra “la propagación del Islam”. A pesar de que la medida debe ser ratificada por el Parlamento regional y estatal y de que en varios lugares de Xinjiang ya existen restricciones informales sobre el uso del burka y de otros velos integrales, esta es la primera medida legal de este tipo aprobada en la región. (The Times of India, 01/12/14; The Wall Street Journal, 11/12/14)

El grupo armado de oposición bodo NDFB(S) –facción contraria las negociaciones de paz– mata a 72 personas adivasi (población indígena originaria de la India) en tres ataques simultáneos en los distritos de Sonitpur, Kokrajhar y Chirang en venganza por una operación policial contra el grupo armado llevada a cabo días antes y en la que resultaron muertos dos insurgentes bodos. Integrantes del grupo armado abrieron fuego de manera indiscriminada contra la población adivasi. Al menos 18 de las personas fallecidas eran menores. Con posterioridad al ataque murieron otras siete personas, cuatro de ellas en diferentes actos de venganza en los que población boda fue atacada por integrantes de la comunidad adivasi. Otras tres murieron como consecuencia de los disparos de la policía durante el transcurso de manifestaciones en las que participaron miles de adivasis para protestar por la matanza. Tras los atentados el Gobierno se mostró contrario a cualquier negociación con el grupo, ya que aunque esta facción siempre se había mostrado contraria a mantener conversaciones de paz con el Gobierno, recientemente se habrían explorado posibilidades de diálogo. Además, se reforzaron los operativos de seguridad contra el grupo armado. Como consecuencia de la violencia, 2.500 personas se refugiaron en centros de acogida, desplazándose de sus lugares de origen. (The Assam Tribune, 24/12/14; IANS, 25/12/14)

El grupo armado Boko Haram (BH) continuó perpetrando periódicos ataques en el noreste de Nigeria que derivaron en numerosas víctimas mortales, al menos 300 según recuentos de prensa, y en el secuestro de decenas de personas. Uno de los incidentes más cruentos se produjo a principios de mes, cuando una ofensiva contra la mezquita central de Kano causó más de un centenar de víctimas mortales y dejó a numerosas personas heridas. Otro ataque explosivo en la localidad de Jos provocó la muerte a más de una treintena de personas a mediados de diciembre. Una semana más tarde, informaciones de prensa atribuyeron a BH el asesinato de 35 personas y el secuestro de otras 185 desde el poblado de Gumsuri, próximo a la localidad de Chibok, donde el grupo armado capturó a más de 200 niñas en abril. En vísperas de Navidad, otras 27 personas murieron en un doble ataque contra una estación de buses y un mercado en la zona de Maiduguri. Ante la amenaza de ataques masivos de la organización radical con motivo de la Navidad, las autoridades de los estados de Borno y Yobe impusieron una prohibición de viajar, impidiendo a vehículos entrar o salir de la zona. Al finalizar el año, otras 15 personas fallecieron en un ataque armado perpetrado en Kautikari, en una acción que también fue atribuida a BH. Cabe destacar que a finales de mes Camerún lanzó por primera vez ataques aéreos contra posiciones de BH después de que más de un millar de presuntos combatientes atacaran cinco localidades y una base militar del norte de ese país. Funcionarios cameruneses aseguraron que los enfrentamientos acabaron con la muerte de al menos 41 milicianos y un soldado. En tanto, el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, insistió en su determinación para vencer al grupo, pero su gobierno siguió recibiendo críticas por algunas de las estrategias que ha adoptado en el marco de su lucha contra BH. Durante diciembre, organizaciones de derechos humanos alertaron de las condenas a muerte emitidas contra soldados nigerianos que se negaron a participar en operaciones contra el grupo radical aduciendo falta de equipamiento. Una ONG local pidió a la ONU que interviniera para frenar la ejecución de 44 militares condenados a pena capital, mientras que otros 45 esperaban veredicto. (BBC, 24, 29/12/14 y 01/01/15; Foreign Policy, 29/12/14; New York Times, 24/12/14; Reuters, 23/12/14)

El grupo armado de oposición talibán TTP lleva a cabo un atentado contra una escuela en la ciudad de Peshawar matando a 145 personas, de las que 132 eran niños y niñas que asistían al centro escolar. Siete insurgentes murieron durante el ataque. Se trata de un colegio del Ejército en el que la mayoría del alumnado es hijo de personal de las Fuerzas Armadas. Los insurgentes asaltaton el colegio y dispararon indiscriminadamente causando la muerte también de 10 miembros del personal escolar, entre ellos el director, y de tres soldados. El grupo armado de oposición talibán TTP señaló que se trataba de un acto en venganza por las operaciones militares contra la insurgencia actualmente en curso y por la muerte de cientos de insurgentes en Waziristán Norte, Waziristán Sur y Khyber Agency. Tras el atentado, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, retiró la moratoria sobre la pena de muerte para casos de terrorismo. Durante el mes de diciembre al menos 190 insurgentes talibanes resultaron muertos como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los bombardeos llevados a cabo por aviones no tripulados estadounidenses en diferentes emplazamientos de las áreas tribales. No obstante, algunas fuentes señalaron que parte de los fallecidos podrían ser civiles, lo que no pudo ser confirmado por la falta de acceso de los medios de comunicación a las zonas afectadas por el conflicto armado. Entre los fallecidos podrían estar algunos de los responsables del atentado contra el colegio en Peshawar. (The Guardian 16 y 17/12/14; AFP, 2/12/14; Dawn, 5, 8, 10, 17, 21, 24, 27, 28/12/14; Reuters, 19/12/14)

Choques entre fuerzas de seguridad e insurgentes chechenos en la capital, Grozny, a comienzos de diciembre causan la muerte de 14 policías y 10 combatientes además de heridas a otros 28 agentes, según el balance de las autoridades rusas, en uno de los incidentes más graves de 2014. Los insurgentes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad después de que éstas intentasen parar los vehículos en que viajaban, y se refugiaron después en la Casa de la Prensa, donde continuaron los enfrentamientos, según Caucasian Knot, que informó de que otros insurgentes bloquearon también un colegio. Las autoridades impusieron las medidas de excepción de “operación antiterrorista”. A diferencia de los elevados niveles de violencia en la república vecina de Daguestán, en Chechenia la situación ha permanecido más estable en términos de seguridad militar, en un contexto de fuerte autoritarismo y omnipresencia de las fuerzas de seguridad bajo la presidencia de Ramzan Kadyrov, aliado de Moscú. Tras los incidentes de comienzos de diciembre, Kadyrov afirmó que se llevarían a cabo medidas de castigo contra el entorno familiar de los supuestos insurgentes, a través de su expulsión de Chechenia y el derribo de sus viviendas. Así, al menos ocho viviendas de familiares de supuestos rebeldes fueron incendiadas en diversas localidades chechenas en días posteriores. Por otra parte, Kadyrov incrementó su presión contra los sectores activistas de los derechos humanos, alegando una posible connivencia entre servicios de seguridad occidentales, el activista y líder del Comité por la Prevención contra la Tortura, Igor Kayapin –quien pidió investigar las órdenes de Kadyrov contra los familiares de los insurgentes– y la insurgencia. La propia sede del Comité fue atacada y el propio Kayapin sufrió hostigamiento. Las ONG internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron a las autoridades rusas a poner fin a la persecución contra los defensores de los derechos humanos en Chechenia. No obstante, el clima general en Rusia se ve afectado también por una fuerte presión, estigmatización y hostigamiento contra sectores defensores de los derechos humanos y activistas. (Caucasian Knot, Reuters, Jamestown Foundation, RFE/RL, Interfax, 4-15/12/14)

La organización Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, denuncia que 2014 fue el año más sangriento desde el comienzo del conflicto armado en Siria en 2011, con un balance final de 76.000 fallecidos. Las cifras de víctimas mortales no pueden ser contrastadas debido al complejo escenario de guerra en el país, pero el Observatorio sustenta sus datos en una red de informadores con base en Siria. De acuerdo a la organización, del total de muertes, al menos 17.790 estarían constituidas por civiles; mientras que otras 22.627 corresponderían a soldados o milicianos progubernamentales, 17.000 a miembros de grupos radicales como Estado Islámico (ISIS) o el Frente al-Nusra, y 15.000 a combatientes de otras facciones rebeldes. El balance de 2014 sería así superior al de 2013, año en que habrían perdido la vida 73.477 personas. Según Naciones Unidas, el recuento total de víctimas mortales del conflicto armado en Siria supera ya las 200.000 personas. Durante diciembre, el SOHR también había informado que desde la declaración del califato en territorio sirio por parte de ISIS el 28 de junio y hasta el 27 de diciembre se había conseguido documentar un total de 1.878 ejecuciones a manos del grupo armado. Los asesinatos incluirían a 1.175 civiles –incluyendo cuatro menores de edad y ocho mujeres– que habrían muerto en la horca, tiroteados o lapidados en las provincias de Deir Ezzor, al-Raqqa, al-Hasakah, Aleppo, Homs y Hama. Según el observatorio, este balance también incorpora a 502 soldados o funcionarios gubernamentales, a 81 combatientes de la organización yihadista Frente al-Nusra –rival de ISIS– y de otros grupos rebeldes, y a 120 miembros del propio Estado Islámico, presuntamente ejecutados por internar desertar de las filas de ISIS. SOHR reconoce que la cifra de personas ejecutadas por ISIS puede ser mucho mayor, dadas las dificultades para recabar la información y el elevado número de personas desaparecidas o detenidas en los territorios bajo control de la organización radical. La ONG también estimó que al menos 1.170 personas habían muerto en los tres meses de ataques aéreos de la coalición anti-ISIS liderada por EEUU, en su mayoría milicianos. Paralelamente, durante diciembre organizaciones internacionales destacaron la grave situación que padece la población siria tras cuatro años de conflicto. La ONU hizo un llamamiento por más de 8.400 millones de dólares para 2015, con el fin de ayudar a 18 millones de personas, incluyendo tanto a población dentro del país como a la que buscado refugio en países vecinos. La OMS subrayó que un millón de personas han resultado heridas en el conflicto. (BBC y al-Jazeera, 01/01/15; SOHR, 28/12/14; UNHCR, 18/12/14; Reuters, 23/12/14)

En el marco de la permanente crisis política que atraviesa el país, el Parlamento Federal, tras un mes de impasse, decidió el 6 de diciembre aprobar la expulsión del primer ministro Abdiweli Sheikh Mohamed, el tercero bajo el mandato del presidente Hassan Sheikh Mohamud en dos años. Las disputas entre el primer ministro y el presidente habían sido constantes, abocando a la práctica parálisis del Gobierno somalí. Días después, el 24 de diciembre, Omar Abdirashid Ali Shamarke, antiguo primer ministro de Somalia y antiguo embajador de Somalia en EEUU, fue aprobado por unanimidad para el cargo. El pasado diciembre de 2013, el predecesor de Abdiweli, Shirdon, también fue depuesto por el Parlamento. Se espera del nuevo primer ministro que nombre un gabinete más inclusivo de cara a que la comunidad internacional, el principal financiador de Somalia, apoye el calendario electoral previsto de cara a 2016. En paralelo, se produjo la rendición de uno de los líderes del grupo islamista al-Shabaab, Zakariya Ismail Ahmed Hersi. Hersi habría contactado con las autoridades somalíes y la AMISOM, rendición que se habría producido como consecuencia de las graves tensiones fraticidas que se están produciendo en el seno del grupo armado tras la ejecución del líder Godane en los últimos meses. (Garowe Online, 24, 26 y 27/12/14)

El Gobierno sudanés y el grupo armado SPLM-N informan a principios de diciembre del fracaso de la firma de un acuerdo después de tres semanas de alto el fuego y de negociaciones para poner fin al conflicto. El fin de las negociaciones llevó a varios miembros de la oposición a unirse simbólicamente a las fuerzas rebeldes, lo que reforzó la posición del SPLM-N, aunque el Gobierno advirtió del precio a pagar a los que se unan a los rebeldes y arrestó a dos de ellos después de la firma del acuerdo. Por otro lado, tras el fracaso de la mediación de Kordofán del Sur, ambas partes denunciaron enfrentamientos esporádicos. Por una parte, el Ejército se atribuyó a principios de diciembre la matanza de medio centenar de rebeldes en Kordofán Sur en un enfrentamiento en las localidades de Balanja y Al Atmour. Sin embargo, la oposición negó dicho enfrentamiento a pesar de que días después un grupo rebelde atacó posiciones del Ejército sudanés. La ofensiva originó un enfrentamiento abierto entre el Ejército sudanés y los rebeldes del SPLM-N en el que murieron y resultaron heridas decenas de personas. Por otra parte, hubo indicios sobre el establecimiento de condiciones para una nueva negociación como el compromiso del líder del SLPM-N en la tercera reunión del Llamamiento de Ginebra a destruir sus existencias de minas terrestres antipersonas o la disposición de ambos bandos a participar en una operación a gran escala para liberar a todos los prisioneros de guerra. Sin embargo, un reciente comunicado de operaciones del SPLM-N confirmaba que aún están en curso en diferentes partes del área de Kadugli una serie de operaciones y acusó a las Fuerzas Armadas de la utilización de menores en los combates. (Europa Press, 03 y 09/12/14; ABC, 12/12/14, Sudan Tribune, 02/01/15; Radio Tamazuj, 03/01/15)

La etapa de violencia que afecta a Sudán del Sur desde diciembre de 2013 sigue sin encontrar una solución y en diciembre se informó de enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los rebeldes del SPLM-IO. Mientras tanto, Sudán del Sur sigue sumida en una fuerte crisis humanitaria que ha llevado al país a una situación límite. Aunque las autoridades sigan negando la amenaza de una hambruna, Naciones Unidas ha empezado a enviar a través del río Nilo ayuda alimentaria para afrontar lo que se prevé ya como una catástrofe de hambruna. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y sus socios han detectado nuevos patrones de enfermedades y una intensificación de los enfrentamientos por el acceso a las tierras para el pastoreo debido a la pérdida de ganado, que en Sudán del Sur desempeña un papel crucial. Por otra parte, la Comisión electoral en Sudán del Sur ha anunciado la celebración de elecciones en junio de 2015, una fecha que podría cambiar si el Gobierno sudanés llegara a un acuerdo de paz con la rebelión liderada por el exvicepresidente Riek Machar. Sin embargo, en las últimos días de diciembre el enviado especial de la organización regional IGAD, Seyoum Mesfin, ha señalado que las negociaciones sobre el conflicto han sido pospuestas durante las Navidades sin fecha concreta de reanudación y sin progresos convincentes debido a los crecientes rumores de que ambos bandos estarían preparando nuevos ataques. (Europa Press, 03/12/14; BBC, 05/12/14; Guin Guin Bali, 29/12/14; UN, 31/12/14; eldiario.es, 31/12/14; La Información, 03/01/15)

Los diversos conflictos armados que padece Yemen, y que se interrelacionan entre sí, dejan un balance de víctimas mortales superior a las 1.500 personas en 2014, la peor cifra desde el derrocamiento del régimen de Alí Abdullah al-Saleh, según informaciones de prensa. Se estima que en 2011, unas 2.000 personas perdieron la vida, mientras que en 2012 y 2013 el balance de personas fallecidas a causa de la violencia fue de unas 1.100 y 600, respectivamente. Los principales focos de conflicto estuvieron protagonizados por los al-houthistas, el grupo armado del norte del país que durante 2014 amplió significativamente su área de influencia, y por AQPA, la filial de al-Qaeda en Yemen. A lo largo de diciembre se produjeron diversos hechos de violencia relacionados con estas disputas, entre ellos un atentado suicida contra un centro cultural donde al-houthistas realizaban una celebración religiosa, que dejó 33 personas fallecidas a finales de diciembre; la muerte de varios milicianos de AQPA a manos de las fuerzas de seguridad cerca de la frontera con Arabia Saudita a mediados de mes; la muerte de 25 personas –entre ellas 15 menores de edad– en un doble atentado explosivo contra un puesto de control al-houthista y el cerco de la vivienda de un dirigente del grupo en la provincia de Bayda, en una ofensiva atribuida a AQPA; la frustrada operación de rescate de las fuerzas especiales de EEUU, que acabó con la muerte de un periodista estadounidense y un profesor sudafricano secuestrados por AQPA; y el ataque contra la residencia del embajador iraní en Sanaa, que causó varias víctimas mortales. Adicionalmente, cabe mencionar que organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria alertaron sobre la crítica situación en el país. Según OCHA, 16 millones de personas requerirán ayuda humanitaria urgente durante 2015. El enviado especial de la ONU a Yemen también advirtió que es posible que el Estado no esté en condiciones de pagar a los funcionarios públicos dentro de unos meses. (BBC, 07, 13, 16, 31/12/14; IRIN, 22/12/14; UN News, 04, 17/12/14)

Concluye oficialmente la misión de la OTAN en Afganistán, la ISAF, y es sustituida por la operación Resolute Support de apoyo y formación a las fuerzas de seguridad afganas. En paralelo, EEUU concluyó también su misión Enduring Freedom, sustituyéndola por la operación Freedom’s Sentinel. Aunque esta operación también es de apoyo, el presidente de EEUU, Barack Obama autorizó que se puedan llevar a cabo operaciones de combate contra las fuerzas que amenacen a las tropas estadounidenses o afganas, y las cláusulas firmadas con el Gobierno afgano también contemplan la defensa propia. En total, 10.800 efectivos militares estadounidenses continuarán desplegados en Afganistán, a los que se unen varios miles más de soldados desplegados por la OTAN, sumando un total de 13.500 soldados extranjeros en el país, aunque la cifra final podría ser superior. La retirada se produjo en un contexto político de enorme fragilidad, ya que a pesar del acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional integrado por los candidatos a la presidencia del país, no se ha logrado constituir un gabinete. Además, la situación de seguridad también es de enorme preocupación, con un incremento de los ataques en los últimos meses, incluyendo una espiral de atentados suicidas en Kabul, capital de Afganistán. En paralelo a estos acontecimientos, trascendió la información de que el presidente Ashraf Ghani habría iniciado contactos con la insurgencia con la expectativa de reanudar unas posibles negociaciones de paz en Qatar y, según declaró un miembro del Alto Consejo para la Paz, estaba previsto un encuentro en el mes de diciembre en el que tomarían parte representantes de este Consejo, los talibanes y Pakistán. No obstante, la información sobre la reunión fue negada por otros representantes del Consejo. En paralelo, el vicepresidente primero, señor de la guerra y ex comandante de la Alianza del Norte, Abdul Rashid Dostum, acusado de crímenes de guerra por las organizaciones de derechos humanos, se desplazó al norte del país para iniciar un proceso de negociación con la insurgencia talibán a instancias del presidente, por el que al menos 500 talibanes estarían entregando las armas a cambio de promesas de empleo. Dostum señaló que miles de insurgentes se estaban uniendo al proceso. (Afghanistan Analysts Network, 7/1/15; The Guardian, 28/12/14; Tribune, 1/12/14; Khaama Press, 9, 16, 28, 31/12/14; Washington Post, 30/11/14)

La capital gambiana, Banjul, fue escenario de un intento fallido de golpe de Estado el 30 de diciembre, protagonizado por un ex comandante, Lamin Sanneh, y un grupo de soldados de la guardia presidencial, mientras el presidente, Yahya Jammeh, se encontraba fuera del país. Los atacantes entraron a Gambia desde Senegal. El ataque incluyó tiroteos cerca del palacio presidencial. Las fuerzas de seguridad frustraron el intento de golpe, en el que murieron tres atacantes, mientras docenas de personas fueron detenidas. La situación se normalizó en parte al día siguiente, con la reapertura de los comercios. Dos de los detenidos, uno con doble ciudadanía gambiana y estadounidense y otro residente en EEUU fueron acusados por fiscales estadounidenses de conspiración para derrocar al Gobierno gambiano. Inicialmente el presidente gambiano negó que se hubiera producido un intento de golpe, si bien posteriormente admitió el ataque, que calificó de intento de derrocar a su gobierno legítimo. El propio Jammeh accedió al poder mediante golpe militar en 1994 y ganó posteriormente cuatro elecciones, en un contexto de políticas de represión contra la oposición y de control de los medios de comunicación. (All Africa, BBC, 30-31/12/14)

Las autoridades de Rusia y Osetia del Sur preparan un nuevo tratado bilateral que pretende profundizar aún más las relaciones entre ambos territorios y cuya firma está prevista para comienzos de 2015. Rusia reconoció formalmente la independencia de Osetia del Sur en 2008 tras la guerra de varios días ese año con Georgia, y firmó diversos tratados sobre vínculos militares y económicos, entre otros, en un contexto de fuerte dependencia económica de Osetia del Sur con respecto a Rusia. El nuevo pacto prevé estrechar todavía más relaciones y, según algunos medios de comunicación, prevé la integración de diversas estructuras osetias, incluyendo defensa, seguridad y aduanas, bajo el paraguas de ministerios y agencias rusos, a no ser que haya cambios en el borrador de proyecto. En el caso de Abjasia, hubo algunas modificaciones a las propuestas iniciales tras críticas abjasias. El Gobierno georgiano ha criticado lo que considera un intento de anexión por parte de Rusia. Asimismo, el líder osetio, Leonid Tibilov, afirmó en diciembre haber planteado a Moscú que considere la posibilidad de una adhesión total de Osetia del Sur a Rusia. (Civil Georgia, 1-23/12/14; Itar Tass, 26/12/14)

11 personas mueren y 43 resultan heridas tras estallar un artefacto explosivo en un autobús localidad de Maramag (provincia de Bukidnon). La mayor parte de las víctimas eran estudiantes de la universidad. El Ejército de Filipinas acusó al BIFF, escisión del MILF, de orquestar el atentado con el objetivo de obstaculizar el avance del proceso de paz en el sur del país, aunque tampoco descartó al grupo Al Khobar, una organización criminal que principalmente se dedica a la extorsión de compañías de transporte y que previamente ya había llevado a cabo atentados en autobuses. BIFF desmintió su implicación y declaró que su estrategia no contempla el ataque a civiles. En noviembre, el Gobierno ya había acusado al BIFF de estar detrás del estallido de un artefacto explosivo en la localidad de M’lang (provincia de Cotobato Norte) en el que tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas y de otro atentado con explosivos en una escuela en el que una persona murió y otras 17 resultaron heridas. Dos días después del atentado de Maramag, dos combatientes del BIFF murieron durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en la provincia de Maguindanao. A principios de enero, seis personas (cinco de ellas combatientes del BIFF) también fallecieron tras un ataque simultáneo del BIFF en las provincias de Sultan Kudarat y Maguindanao. (GMA News, 11/12/14; Mindanao Examiner, 10/12/14)

La resolución promovida por la Autoridad Palestina (AP) y 22 Estados árabes que demandaba el fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos a finales de 2017 y la adopción de un acuerdo de paz integral en el plazo de un año fracasa en la votación celebrada por el Consejo de de Seguridad de la ONU. La propuesta presentada oficialmente por Jordania – y que instaba a que las negociaciones tuvieran como punto de partida las fronteras previas a la guerra de 1967– obtuvo ocho votos a favor (Rusia, China, Francia, Argentina, Chad, Chile, Jordania y Luxemburgo) y dos en contra (EEUU y Australia), mientras que cinco países se abstuvieron (Reino Unido, Lituania, Corea del Sur, Rwanda y Nigeria, que según informaciones de prensa se había comprometido a apoyar la moción palestina). Para prosperar, la resolución requería nueve votos favorables, un resultado que habría obligado a EEUU a ejercer su potestad de veto. El Gobierno estadounidense subrayó que su voto en contra no debía interpretarse como una conformidad con el actual statu quo, sino como reflejo de la convicción de Washington de que el conflicto debe resolverse en la mesa de negociación. Israel calificó de artilugio unilateral la propuesta de la AP, que también motivó críticas de Hamas a Fatah por no haber consultado sobre esta decisión. Menos de 24 horas después de la votación en el Consejo de Seguridad, el presidente palestino Mahmoud Abbas decidió suscribir diversos tratados internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma. Esta signatura es considerada como el primer paso para adherir a Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que podría permitir a las autoridades palestinas presentar denuncias contra Israel. Otros expertos subrayan que la adhesión es un movimiento político cargado de simbolismo. Cabe destacar que durante noviembre y diciembre se registraron diversas muestras de apoyo al reconocimiento de un Estado palestino en Europa. El Parlamento Europeo votó mayoritariamente en este sentido, los parlamentos de Reino Unido, Irlanda, España y Francia aprobaron iniciativas no vinculantes de reconocimiento al Estado palestino, mientras que Suecia reconoció oficialmente a Palestina como Estado. (BBC, 17, 31/12/14; al-Jazeera, 31/12/14)

Se celebra una nueva ronda de las negociaciones para la consecución de un acuerdo de alto el fuego con carácter nacional en ausencia de representantes de las Fuerzas Armadas de Myanmar y de los principales dirigentes del Equipo de Coordinación del Alto el Fuego Nacional (NCCT, por sus siglas en inglés), aunque sí hubo una representación de menor nivel de los grupos insurgentes. Las importantes ausencias fueron debidas a la crisis surgida en las negociaciones tras el ataque llevado a cabo por las Fuerzas Armadas contra un centro de entrenamiento del grupo armado KIA en el que murieron 23 insurgentes de diferentes grupos armados. Esta nueva crisis en el proceso negociador hace temer que aunque la intención gubernamental sea la de alcanzar un acuerdo para el mes de febrero, difícilmente se cumplirá este objetivo. Se trataba del primer encuentro de alto nivel desde el mes de septiembre. Durante el encuentro, los representantes del NCCT propusieron la celebración de una reunión entre el Gobierno y los grupos armados étnicos en la capital del estado Kachin, para suavizar las tensiones. El Gobierno ha señalado que está estudiando la propuesta, para la que no se habría concretado una fecha, aunque la próxima ronda de negociaciones estaba prevista para el mes de enero. Las negociaciones han permanecido estancadas en los últimos meses y el desencuentro estaría motivado por divergencias sobre la cuestión del federalismo, la creación de unas fuerzas armadas federales y el establecimiento de un código de conducta. (The Irrawaddy, 22 y 23/12/14)

El presidente congolés y mediador oficial en la crisis que padece el país, Denis Sassou-Nguesso, da su visto bueno a prolongar por otros seis meses la fase de transición que debía finalizar en febrero. En consecuencia, la fase de transición se prolonga hasta agosto. Durante el mes de diciembre se han producido diversos enfrentamientos en el país entre milicias anti-balaka y los antiguos rebeldes de la coalición Séléka en Bambari, en el centro del país, que han causado la muerte de al menos 20 personas y diversas decenas han resultado heridas. Desde el mes de junio se han producido enfrentamientos en Bambari, donde se ha instalado el Estado Mayor de la antigua coalición Séléka, que han causado la muerte de al menos 100 personas y otras 200 han resultado heridas. En otro brote de violencia reciente en diciembre murieron 28 personas en Mbrès, localidad situada a 300 km al norte de Bangui, cerca de Kaga-Bandoro, como consecuencia de enfrentamientos entre milicias anti-balaka que atacaron esta localidad controlada por milicias de la antigua coalición rebelde Séléka. ACNUR ha certificado la existencia a mediados de diciembre de 420.000 personas refugiadas en los países vecinos y 182.986 personas desplazadas internas como consecuencia de la violencia que persiste en el país en los últimos años. (Jeune Afrique, 18/12/14)

Las Fuerzas Armadas congolesas y la misión de la ONU en el país (MONUSCO) inician a mediados de diciembre una operación militar conjunta en la zona norte de la provincia de Kivu Norte para hacer frente al grupo armado de origen ugandés ADF, acusado de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos en los últimos meses. En este sentido, se estima que desde inicios de octubre, alrededor de 250 civiles habrían muerto en los alrededores de la localidad de Beni y en el territorio de Beni, en el norte de Kivu Norte, supuestamente a manos de las ADF, en un clima de escalada de acciones y ataques. El representante especial del secretario general de la ONU ha anunciado esta colaboración en rueda de prensa y ha manifestado que es imprescindible que las Fuerzas Armadas, la MONUSCO y la población civil colaboren más activamente para poner fin a esta situación, y restablecer la confianza entre los diferentes actores. La población civil acusa de pasividad e incompetencia al Ejército y a la MONUSCO. Meses atrás el Ejército había frenado las operaciones contra las ADF considerando que el grupo y sus bases habían sido totalmente destruidas, lo que le habría permitido reorganizarse, según diversos analistas y fuentes de la sociedad civil. (Jeune Afrique, 07, 10, 16/12/14)

Los representantes ucranianos y rebeldes alcanzan a finales de diciembre un acuerdo para el intercambio parcial de prisioneros de guerra de ambos bandos –225 rebeldes y 125 militares ucranianos–, en el marco de nuevas conversaciones celebradas en Minsk el 24 de diciembre. Pese al avance de ese acuerdo, las negociaciones no dieron los resultados esperados y la ronda prevista para el 26 de diciembre quedó cancelada. En ella estaba previsto que se abordasen cuestiones clave como la retirada de armamento pesado –aspecto previsto en el acuerdo del 5 de septiembre, que contempla la retirada de esas armas en 15 kilómetros por cada bando respecto a la línea del frente–, el fin del bloqueo económico a las zonas en conflicto y retirada de la financiación estatal (prestaciones sociales, pensiones, educación, sanidad), con graves efectos sobre la población y la definición del estatus final para las provincias en conflicto. A pesar de la cancelación, el acuerdo de intercambio de prisioneros sí se implementó. La ronda del 24 había estado precedida de una conferencia telefónica internacional, entre el presidente ucraniano, Petró Poroshenko; ruso, Vladimir Putin; francés, François Hollande; y la canciller alemana, Angela Merkel. A comienzos de diciembre había habido varios intentos de renovar la tregua, incluyendo un intento fracasado de tregua en el aeropuerto de Donetsk acordado el 1 de diciembre y que estuvo en vigor solo varias horas de la jornada siguiente. Ucrania anunció un “Día de Silencio” –en referencia a una tregua– para el 9 de diciembre y al que los rebeldes se adhirieron, si bien no fue hasta el día 12 que el presidente ucraniano afirmó que la tregua era real, con varias víctimas mortales en los días previos. En paralelo, en torno a esos días las partes se acusaron mutuamente de retrasar las negociaciones, que finalmente se celebraron el 24. La ONU ofreció un nuevo balance del impacto de la guerra a mediados de diciembre, que elevaba a 1.357 las muertes dese el inicio del alto el fuego en septiembre y a 4.707 las muertes y 10.322 los heridos desde mediados de abril. Además, se han desplazado en torno a un millón de personas, incluyendo personas desplazadas internas y refugiadas, la mayoría mujeres y menores, según IDMC. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos alertó en su informe de diciembre sobre la creciente situación extremadamente desesperada de la población en el este, especialmente las personas mayores, menores y personas que requieren de prestaciones sociales. También señaló los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos en conflicto. Por otra parte, el contexto general internacional y local en torno a la crisis ucraniana continuó siendo de antagonismo. El presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso anual arremetió contra Occidente, mientras, por su parte, el Parlamento ucraniano aprobó poner fin a su estatus de país no neutral. Ucrania también cortó temporalmente el suministro de electricidad a Crimea, así como bloqueó el transporte hasta la península. También anunció la previsión de doblar el gasto militar en 2015. En paralelo, pidió ayuda financiera urgente a Occidente. Por otra parte, durante el mes se produjeron algunos incidentes violentos en otras zonas del este y sur del país fuera de las áreas en conflicto armado y el Gobierno ucraniano anunció una operación antiterrorista en Odesa. (New York Times, ONU, Reuters, El País, IWPR, RFE/RL, 1-30/12/14)

A primeros de diciembre, la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que un eventual acuerdo de paz con las FARC debía ser compatible con el Estatuto de Roma, y recordó que los procesos judiciales que no cumplan esta condición y sean calificados de “no auténtico” o “no genuino”, podrían pasar a su competencia. Mientras, en La Habana, el objetivo inmediato fue reducir el impacto del conflicto. A mediados de mes, el International Crisis Group (ICG) publicó un informe sobre las FARC y el fin del conflicto, en el que recomendaba otorgar a las FARC un papel en la reintegración, aprovechando su cohesión, desarrollar medidas de justicia transicional a nivel local, un cese al fuego bilateral inmediatamente después de firmarse el acuerdo de paz, con un previo desescalonamiento del conflicto, implementar con urgencia medidas de desarrollo en las zonas de influencia de las FARC, formar una comisión internacional para supervisar el desarme y el cese al fuego, la reforma del sector de seguridad, un compromiso de financiación a largo plazo, trasladar a los combatientes desmovilizados a amplias zonas de amortiguamiento, almacenar las armas con supervisión internacional, en vez de entregarlas directamente al Estado, establecer un calendario detallado de la primera fase de transición, establecer un mecanismo conjunto para supervisar la implementación de los acuerdos de paz en su totalidad, la participación de miembros de las FARC como policía rural o en la construcción de carreteras y desminado, posibilidad de integrarse en planes de integración individual o colectiva, dar a las FARC la responsabilidad conjunta para la gestión de los programas de reintegración, con enfoque de género y étnico y garantizar que los mecanismos de justicia transicional fueran compatibles con los incentivos para la reintegración de los combatientes rasos. Por otra parte, el 17 de diciembre, las FARC anunciaron un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, a partir del 20 de diciembre, que debería transformarse en armisticio. Las FARC declararon aspirar a la veeduría de UNASUR, CELAC, el CICP y el Frente Amplio para la Paz, aspecto que fue denegado rápidamente por el Gobierno, que no quiso ningún tipo de veeduría internacional. Las FARC señalaron, obviamente, que el alto el fuego unilateral se daría por terminado solamente si se constataba que sus estructuras guerrilleras hubieran sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. También condicionaron el cese al fuego a la aprobación de la veeduría internacional, lo que, tras la respuesta del Gobierno, dejaba sin valor la propuesta. (ICG, 11/12/14; El Tiempo, 04 y 18/12/14)

El fundador del NPA, Jose Maria Sison, declara que podrían reanudarse las conversaciones de paz entre el Gobierno y el NDF a mediados de enero, después de la visita al país del Papa Francisco. Sison señaló que estima posible alcanzar a corto o medio plazo una tregua y un acuerdo sobre reformas económicas y sociales (uno de los cuatro puntos sustantivos de la agenda), aunque descartó finalizar las negociaciones durante el mandato del actual presidente, Benigno Aquino, que culmina en junio de 2016. Por su parte, el Gobierno se mostró moderadamente optimista sobre una posible reanudación de las conversaciones y admitió que ha habido contactos discretos en los últimos meses en este sentido. Sin embargo, señaló que todavía no se han producido encuentros formales entre ambas partes, declaró que todavía quedan varios aspectos pendientes de clarificar para reanudar las negociaciones y advirtió que para que el proceso de paz culmine con éxito la agenda negociadora debe ser realizable y limitada en el tiempo. El Gobierno también señaló que, en el caso de que se llegue a un acuerdo sobre la reanudación de las conversaciones y de que ambas partes muestren voluntad política, existen muchas posibilidades de que se pueda llevar a cabo un encuentro entre el presidente y Sison, tal y como este último ha solicitado en algunas ocasiones (la última recientemente). Por otra parte, como medida de buena voluntad, el NPA anunció la liberación de dos soldados a finales de diciembre en la provincia de Bukidnon y se comprometió a hacer lo propio con otros tres durante el mes de enero. (Reuters, 26/12/14; Xinhua, 28/12/14; Philippine Daily Inquirer, 27/12/14)

Tras una reunión en Malasia entre los primeros ministros de Tailandia y Malasia, ambos Gobiernos anuncian que el proceso de paz entre Bangkok y las organizaciones armadas que operan en el sur del país, facilitado por Kuala Lumpur, se regirá por tres principios. En primer lugar, garantizar un periodo en el que los grupos armados no ejerzan la violencia y respeten la ley. En este caso, el Gobierno de Tailandia se comprometería a una reducción sustancial y gradual de su presencia militar en el sur del país, pasando, según algunas informaciones aparecidas en prensa, de los 60.000 efectivos actuales a alrededor de 15.000. En segundo lugar, que todos los grupos que están detrás de la violencia en las provincia de Yala, Pattani y Narathiwat estén presentes en la mesa de negociación. Hasta ahora, solamente el BRN participaba en las negociaciones de paz impulsadas por el anterior Gobierno de Yingluck Shinawatra a principios de 2013. El tercer principio acordado entre Tailandia y Malasia es que los grupos insurgentes unifiquen sus demandas. Pocos días después, ante el rumor de que Bangkok podría invitar al Gobierno de Indonesia a intervenir en el proceso de paz, el primer ministro tailandés, Payut Chan-o-cha, declaró que Malasia es y será el único facilitador del proceso. Además, el Gobierno tailandés presentó a su nuevo equipo negociador (liderado por el general Aksara Kerdphol, presidente del Consejo Asesor de las Fuerzas Armadas) y al Comité de Gobierno para el Diálogo, un organismo de diez personas liderado por el propio primer ministro y por el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional y cuyo principal cometido es velar por una mayor coherencia entre las políticas públicas (seguridad, desarrollo, educación, prevención y gestión de conflictos, etc.) en el sur del país. Además, a nivel regional se presentó un Grupo de Trabajo de Coordinación Interagencias que también velará por una mayor integración en la acción de gobierno en las áreas afectadas por el conflicto. (The Nation, 08, 11 y 13/12/14; MCOT, 09/12/14)

El 21 de diciembre, la población tunecina acudió a las urnas para escoger al nuevo mandatario del país, en las primeras elecciones presidenciales libres en el país desde su independencia de Francia en 1956. Tras la primera ronda celebrada en noviembre, la votación contó con una tasa de participación de 60% y arrojó como vencedor a Baji Caid Essebsi, de 88 años, un ex dirigente del antiguo régimen y líder del partido secular Nidaa Tounes que se presentó como el candidato de la oposición a las fuerzas islamistas tunecinas y como una figura capaz de poner freno a la inestabilidad y garantizar la seguridad en el país. Essebsi –ministro del Interior durante el período de Habib Bourguiba y portavoz parlamentario en el de Zine el Abidine Ben Alí– recibió un 55,6% de los votos frente a su contrincante, el hasta entonces presidente interino Moncef Marzouki –conocido por su trayectoria como abogado defensor de los derechos humanos y detractor del Gobierno autoritario de Ben Alí–, quien obtuvo un 44,3% de los sufragios. Tras conocerse los resultados, el mandatario electo prometió gobernar sin excluir a ningún sector. Marzouki admitió su derrota en las urnas, aunque paralelamente anunció la formación de un movimiento contrario al retorno de la dictadura, en alusión a las vinculaciones de Essebsi con el antiguo régimen. Pese a algunos incidentes y protestas, a nivel internacional el proceso electoral fue valorado positivamente y fue destacado como un nuevo hito de la transición a la democracia en Túnez tras el derrocamiento de Ben Alí en 2011. La experiencia tunecina es considerada modélica y esperanzadora en una región marcada por la convulsión y la violencia. Aún así, expertos y analistas reconocieron que el país deberá enfrentar múltiples desafíos en la nueva etapa. Entre los principales retos, se destacó la necesidad de que Essebsi gobierne como un líder nacional y no sólo para sus bases, que desarrolle una relación de cooperación con el partido islamista Ennahda (partido que gobernó durante dos años tras la caída del régimen de Ben Alí, hasta que las tensiones internas en el país le obligaron a traspasar el poder a un gobierno de transición). Ennahda, que no presentó candidato a las elecciones presidenciales, sufrió un retroceso en las elecciones parlamentarias de octubre (obtuvo 69 escaños frente a los 85 de Nidaa Tounes) debido a sus dificultades para reactivar la economía del país y hacer frente a los desafíos de seguridad. Adicionalmente, algunos análisis resaltaron la inquietud que genera la presencia de cuadros del antiguo régimen en el entorno presidencial, así como la avanzada edad del nuevo mandatario. Essebsi juró en su nuevo cargo el 31 de diciembre y en su mensaje de investidura destacó la necesidad de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional en el país. (New York Times, 25/12/14; BBC, 22 y 31/12/14; Le Monde, 23 y 31/12/14; AFP, 23/12/14; Reuters, 31/12/14)

Tras la crisis de octubre y ciertos acercamientos en noviembre, el Gobierno turco y los representantes kurdos aceleran en diciembre el ritmo de contactos y reuniones con el fin de fortalecer el proceso de diálogo. Así, a finales de diciembre, el partido pro-kurdo HDP señaló que habían continuado las conversaciones con el líder del PKK en prisión, Abdullah Öcalan, con los cuadros político-militares en sus bases en el norte de Iraq y con el Gobierno turco, y que como resultado de esos encuentros no había obstáculos para pasar a una fase de negociaciones sustantivas. También a finales de mes, el viceprimer ministro turco, Yalçın Akdoğan, afirmó que el proceso continuaba con determinación y voluntad política y que se habían acelerado las reuniones, basadas en la confianza y la buena voluntad. La delegación de representantes kurdos del HDP visitó a Öcalan el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, en un formato ampliado, que pasó a incluir al co-presidente de la plataforma civil kurda DTK Hatip Dicle. Tras la reunión de noviembre trascendió la presentación de Öcalan de un borrador de marco de negociaciones, que el HDP había de comentar también con el Gobierno, internamente en el partido y con Kandil y que posteriormente se abriría supuestamente a otros sectores públicos. El documento, “Borrador para el Proceso de Negociaciones de Paz y Democráticas”, incluía varias secciones, incluyendo metodología, filosofía, agenda y plan de acción. El KCK – organización paraguas que aglutina a las guerrillas, partidos políticos y organizaciones civiles del movimiento nacionalista kurdo – afirmó que aceptaba plenamente el documento y que estaban en disposición de implementarlo si también era aceptado por el Estado. El KCK enfatizó también la necesidad de mejores condiciones para Öcalan, incluyendo mecanismos que permitan la comunicación directa entre Öcalan y la organización. Tras haber afirmado inicialmente que el documento contemplaba reconocimiento de autonomía, el HDP señaló después –tras la negación del Gobierno sobre ese aspecto- que se incluían elementos de contenido referidos a la democratización de las administraciones locales. En declaraciones a finales de mes tras un encuentro con Akdoğan, la delegación kurda señaló que el proceso de diálogo había tenido diversos momentos problemáticos y de fragilidad, con muchos factores de causa, principalmente la falta de experiencia negociadora de las partes. Señaló también que se había avanzado desde la crisis de octubre, que las conversaciones a partir de entonces serían más profundas, más frecuentes y más orientadas a conseguir resultados, y que el calendario sería el de un marco temporal “lo antes posible” y se evitaría compartir con los medios de comunicación ciertos temas hasta que estuvieran más avanzadas las discusiones. Además, según trascendió en prensa turca, la supuesta nueva fase en el proceso de diálogo incluirá reuniones entre Öcalan y los comités creados bajo el paraguas del Subsecretariado de Orden Público y Seguridad, a las que también podrán asistir la delegación kurda. El co-presidente del HDP, Selahattin Demirtas, afirmó que el diálogo oficial podría comenzar a inicios de enero. Mientras, algunos analistas señalaban que el AKP intentaba ganar tiempo ante las elecciones generales de 2015. Por otra parte, en un viaje a Rusia, Demirtas señaló que Rusia debía involucrarse más en la cuestión kurda. Por otro lado, en diciembre hubo diversos incidentes. Un joven kurdo murió durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Yüksekova, tras actos de protesta en conmemoración de varías víctimas mortales del año anterior. Asimismo, tres personas murieron en choques entre seguidores de la rama juvenil del PKK (YDG-H) y miembros del partido islamista Hüda-Par. Ambas organizaciones se acusaron respectivamente de atacar primero. (AFP, Firat, Hürriyet, al-Monitor, 01-30/12/14)