Al cumplirse cuatro años de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad que derivó en el estallido de un conflicto armado en el país, diversas organizaciones locales e internacionales advierten sobre el desestabilizador impacto de la violencia. A marzo de 2015, el balance del conflicto incluía más de 220.000 víctimas mortales, 1,5 millón de personas heridas, 3,8 millones de personas refugiadas, unas 7,6 millones desplazadas por la violencia dentro de las fronteras de Siria, y 240.000 personas viviendo en zonas asediadas. UNICEF recalcó que 5,6 millones de niños y niñas en Siria, y otros dos millones que han huido en el país, estaban padeciendo las consecuencias del conflicto. Un estudio del Syria Centre for Policy Research, con el apoyo de ACNUR y la UNDP, resaltó diversos impactos menos visibles del conflicto armado, entre ellos las repercusiones en la economía –64,7% de la población vive en la actualidad en condiciones de extrema pobreza–, en la esperanza de vida –que ha pasado de 75,9 años en 2010 a 55,7 en 2014– y en los niveles de educación –la mitad de los niños y niñas de Siria estaba fuera del sistema escolar a causa del conflicto, relegando al país a los últimos puestos del ranking internacional en lo referente a tasas de escolarización. En un informe conjunto, una veintena de ONG –incluyendo Oxfam, Save the Children, NRC y Syria Relief Work, entre otras– denunciaron la falta de implementación de las resoluciones aprobadas durante 2014 por el Consejo de Seguridad de la ONU tendientes a garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la población civil, incluso sin el consentimiento de Damasco. En este contexto, subrayaron que las necesidades se habían incrementado más de un 30% respecto a 2013, y destacaron que 11,6 millones de personas necesitaban urgentemente acceder a agua potable y que 10 millones de personas no contaban con lo suficiente para alimentarse. Las ONG concluyeron que el Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado a la población siria en sus intentos por frenar la violencia y asistir a quienes más lo necesitan. En su último informe sobre la situación en el país, el secretario general de la ONU subrayó que la población siria se siente abandonada por la comunidad internacional, que ha decidido centrar su interés en ISIS. (IRIN, 12/03/15; New York Times, 12/03/15; Syrian Centre for Policy Research, Marzo 2015; Reuters, 24/03/15)

Un ataque en el Museo del Bardo de la capital tunecina provoca la muerte de al menos 21 personas y deja a más de 40 heridas, en el peor atentado en el país en más de una década. La mayor parte de las víctimas eran turistas extranjeros, principalmente de países europeos. La ofensiva fue reivindicada por ISIS y perpetrada por tres hombres, dos de los cuales resultaron muertos en la acción, tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El museo está muy próximo a la sede del Parlamento, donde se discutía una reforma a la ley antiterrorista. Se trata del peor ataque de este tipo desde 2002, cuando al-Qaeda causó la muerte a 14 turistas alemanes en una ofensiva contra una sinagoga en la isla de Djerba. El ataque en el Museo del Bardo fue considerado como un duro golpe al país en momentos en que intenta consolidar el proceso de transición a la democracia y como un incidente que tendrá graves repercusiones en el turismo, sector relevante para la reactivación económica del país. Diversos análisis subrayaron el interés de grupos yihadistas por desestabilizar la situación en Túnez –y evitar así que se convierta en un referente en la región en el escenario post-revueltas– y la intención de señalar a extranjeros –en especial a occidentales– como objetivos de ataques. Tras el ataque las autoridades tunecinas lanzaron un amplio despliegue de seguridad en la capital y detuvieron a una veintena de personas por su presunta vinculación con la ofensiva. Seis altos cargos policiales, incluyendo el responsable de la seguridad turística, fueron destituidos tras el incidente. Según el gobierno, los atacantes habían recibido entrenamiento en Libia. Rachid Ghannouchi, líder del principal partido islamista tunecino, Ennahda –agrupación que forma parte del Gobierno de coalición instalado en el país a principios de año– aseguró que ISIS no tenía cabida en el país y advirtió que Túnez permanecería expuesto a la amenaza de ataques mientras persista la inestabilidad en territorio libio. A finales de mes, el Gobierno tunecino decidió cerrar el espacio aéreo para vuelos procedentes de la zona occidental de Libia. (BBC, 23/03/15; Reuters, 21, 23, 24/03/15; al-Jazeera, 19/03/15; El País, 21/03/15; The Guardian, 18/03/15)

La situación en Yemen continuó deteriorándose durante marzo por la persistencia de la crisis política, institucional y de seguridad. Uno de los hechos más graves del mes fueron los ataques coordinados contra dos mezquitas de la capital yemení, que provocaron la muerte de al menos 137 personas y decenas de heridas, en un ataque sin precedentes en Sanaa. Las dos mezquitas eran frecuentadas por al-houthistas, el grupo armado del norte que en los últimos meses ha ampliado su control de diversas zonas del país, incluyendo la capital desde enero pasado. El ataque fue reivindicado por una filial de ISIS de reciente implantación en el país, mientras que al-Qaeda –que ha tenido una importante presencia en Yemen en los últimos años y que también se enfrenta a los al-houthistas– se desvinculó de estos hechos. Paralelamente, las fuerzas al-houthistas continuaron avanzando posiciones hacia el sur y lograron tomar el control del puerto de Taiz –donde cientos de personas salieron a protestar contra el grupo– y una base aérea en las afueras de Adén. Informaciones de prensa informaron de numerosos combates entre las fuerzas rebeldes al-houthistas y tropas leales al presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, refugiado en Adén desde febrero cuando escapó del arresto al que lo habían sometido los al-houthistas. En este contexto Hadi pidió a la ONU, a los países del Golfo y a la Liga Árabe una intervención militar urgente en el país para detener lo que calificó como “agresión” al-houthista. Mientras, la televisión estatal, controlada por los al-houthistas, anunció una recompensa económica para quienes ayudaran a la captura del “presidente fugitivo”. En este contexto, Arabia Saudita, decidió responder a los llamamientos de Hadi –que buscó refugio en Riad– y a finales de marzo se implicó militarmente en el conflicto a través de ataques contra posiciones al-houthistas. Argumentando la necesidad de defender al gobierno legítimo de Yemen, Arabia Saudita asumió así el liderazgo de una coalición integrada por EAU, Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania, Marruecos, Sudán, Egipto y Pakistán. EEUU estaría dando apoyo logístico y de inteligencia a la coalición, pero descartó tener un papel en el terreno. Previamente, y ante el deterioro de la situación de seguridad, Washington había decidido evacuar al personal militar que mantenía desplegado en Yemen. La ONU ha alertado que la situación en Yemen amenaza con convertirse en una guerra civil total y ha advertido sobre una inquietante intensificación de la retórica sectaria en el marco del conflicto. (BBC, 20, 22, 25, 27/03/15; Reuters, 20/03/15; UN News, 22/03/15; New York Times, 25/03/15)

Según desvela la agencia de noticias Reuters, las negociaciones de paz entre Afganistán y la insurgencia talibán atraviesan varias dificultades que obstaculizan su avance. El Gobierno pakistaní, que recientemente se habría comprometido a dar apoyo al diálogo exigió a los talibanes que pongan fin a las rivalidades entre dos de sus máximos dirigentes, el líder político Akhtar Mohammad Mansour (favorable al diálogo) y el comandante militar Abdul Qayum Zakir (contrario al proceso y que habría dudado abiertamente de que el Mullah Omar, máximo dirigente talibán, siga con vida). En paralelo, persisten otros obstáculos como las exigencias que con toda seguridad plantearían los talibanes al inicio de conversaciones y a las que por el momento el Gobierno afgano se ha mostrado contrario, a saber: la retirada completa de las tropas extranjeras (actualmente 12.000) y la imposición de la restrictiva interpretación de la sharia promovida por este movimiento. Reuters reveló que una delegación talibán viajó de Qatar a Pakistán para reunirse con representantes pakistaníes y diplomáticos chinos y que la delegación talibán también se habría trasladado a Quetta para reunirse con la dirigencia talibán, aunque oficialmente representantes talibanes y del Gobierno chino negaron que la reunión hubiese tenido lugar. Por otra parte, tanto la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán como numerosas organizaciones de mujeres exigieron que las negociaciones de paz no pongan en peligro los frágiles avances que han tenido lugar en los últimos años y que las negociaciones se lleven a cabo con transparencia y respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. (Tolonews, 25 y 27/02/15; Reuters, 12/03/15)

Persiste el clima de incremento de la violencia política en el país a medida que se acercan las elecciones parlamentarias del 26 de mayo y las presidenciales de junio. Se ha podido constatar un incremento de los abusos y detenciones arbitrarias de opositores políticos, prohibición de mítines y destrucción de símbolos políticos, entre otros ejemplos, tal y como ha señalado la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos del país. La misma Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de la posibilidad de reformar la Constitución para permitir que el presidente, Pierre Nkurunziza, se pueda presentar a un tercer mandato. A esta situación se han sumado el atentado que ha padecido la esposa del líder opositor, Agathon Rwasa, que sufrió un intento de asesinato mientras se encontraba en un salón de belleza de una comuna de la capital, Bujumbura. Cabe añadir, además, que el antiguo líder disidente del partido en el poder, el CNDD-FDD, Hussein Radjabu, que fue encarcelado en el año 2007 acusado de atentar contra la seguridad del Estado y que muchos analistas vieron en esta decisión un juicio político, ha escapado de la prisión en la que cumplía una condena de 13 años. Aparentemente recibió ayuda de algunos celadores y policía del centro penitenciario. Todavía no se tienen pistas del paradero de Radjabu. (BBC, 16/03/15; Xinhua, 21/0315; Jeune Afrique, 25/03/15)

Prosigue la tensión entre el Gobierno y el MILF y la parálisis en la tramitación parlamentaria de la Ley Fundamental de Bangsamoro a raíz del episodio de violencia registrado el pasado mes de enero en el que 44 policías de un cuerpo especial fallecieron. El MILF declaró que todavía está finalizando su investigación interna sobre lo sucedido y anunció que enviará las conclusiones de la misma al equipo facilitador de Malasia a través del Equipo Internacional de Supervisión, tal y como establece el protocolo acordado entre ambas partes. Según el MILF, la actual ofensiva del Gobierno contra el BIFF en área en las que también opera el MILF está retrasando los avances de la mencionada investigación, puesto que los combatientes del MILF han tenido que ser relocalizados en áreas designadas por el Gobierno para facilitar las operaciones de las Fuerzas Armadas. El MILF ha señalado en varias ocasiones que el mencionado episodio de violencia no fue un intercambio de fuego fortuito, sino un ataque de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra sus combatientes en el marco de un operativo para tratar de detener a un conocido experto en explosivos de origen malasio. Un reciente informe de la policía señala que el propio presidente Aquino aprobó este operativo. A pesar de que ambas partes en su momento llamaron que este episodio no afectara a la marcha del proceso de paz, tanto el Gobierno como el MILF han admitido que la confianza actualmente está deteriorada. En paralelo, varias voces en el Parlamento, donde se está tramitando la Ley Fundamental Bangsamoro, expresaron su oposición a la misma y elevaron el tono de sus críticas contra el Gobierno. Algunos parlamentarios incluso pidieron la dimisión de la Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita Quintos-Deles, y la jefa del panel negociador del Gobierno, Miriam Coronel-Ferrer, por sostener posiciones demasiado benevolentes con el MILF. (Inquirer, 05 y 13/03/15; Phil Star, 15/03/15; Rappler, 19/03/15)

Las negociaciones entre el Gobierno de Malí y diversos grupos rebeldes de la zona norte del país se encallan. El Ejecutivo suscribió a principios de marzo una propuesta de acuerdo de paz preliminar elaborada en el marco de un proceso de mediación liderado por Argelia y en el que también participan la ONU, la UA, Argelia, Francia, China y Rusia. Sin embargo, las organizaciones insurgentes reunidas en la Coordinadora de Movimientos del Azawad (CMA) –integrada por grupos tuaregs y árabes que aspiran a una mayor autonomía en el norte de Malí– rechazaron esta propuesta por considerar que no abordaba las causas del conflicto ni cumplía con sus expectativas. Esta decisión estuvo precedida de manifestaciones que congregaron a miles de personas en Kidal (norte) en rechazo a la propuesta y para subrayar sus aspiraciones de autonomía. Según informaciones de prensa, el llamado “documento de Argel” propone dar mayores poderes al norte, crear una fuerza de seguridad regional y poner en marcha un plan especial de desarrollo. El hecho de que no se contemplara una fórmula de autonomía o esquema federal habría frenado a las organizaciones del norte, que cuentan entre sus bases a sectores proclives a la independencia. La CMA anunció que seguía comprometida con las negociaciones y se mostró partidaria de una nueva ronda de contactos. El Gobierno, sin embargo, adelantó que no participará en nuevas conversaciones con los rebeldes. Ante este impasse en el proceso negociador, representantes de las terceras partes mediadoras se trasladaron a Kidal, bastión insurgente, para intentar desbloquear el proceso. El presidente de Malí, en tanto, viajó a Argelia a finales de marzo para una visita de tres días en la que se abordaría el bloqueo del proceso de paz. Cabe destacar que las negociaciones se vieron afectadas en las últimas semanas por los combates entre grupos armados rebeldes y otros partidarios del Gobierno. Paralelamente, continuaron registrándose otros hechos de violencia en Malí vinculados a milicias de corte yihadista –entre ellos el ataque a una discoteca de Bamako que dejó cinco personas muertas y la detonación anticipada de los explosivos que acabó con la muerte de dos atacantes suicidas en Gao–, así como ataques contra la fuerza de paz de la ONU, incluyendo una ofensiva que causó la muerte de un miembro de la misión y dos menores en Kidal. (Europa Press, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 18/03/15; BBC, 08, 23/03/15; Reuters, 18/03/15; Jeune Afrique, 23/03/15; Le Monde, 17/03/15)

Fracasan las conversaciones de paz promovidas por el Gobierno turco entre el Gobierno Federal somalí y la autoproclamada república autónoma de Somalilandia celebradas en Estambul. Turquía está facilitando conversaciones entre ambas entidades desde 2013. La ruptura de los contactos está vinculada a la presencia de determinados miembros de la delegación gubernamental somalí. En este sentido, a mediados de marzo el ministro de Exteriores de Somalilandia señaló que no se volverían a reunir con los representantes de Somalia sin la presencia de intermediarios internacionales. Las conversaciones de febrero fracasaron debido a que la delegación de Somalilandia rechazó asistir a la mesa de negociación insatisfechos por la presencia de miembros de la comunidad de Somalilandia presentes en la mesa de diálogo. Por otra parte, persisten las acciones de la misión de la UA en el país (AMISOM) apoyadas por las Fuerzas Armadas somalíes en distintas partes del sur de Somalia, causando decenas de víctimas mortales. En las últimas semanas la ofensiva de la UA ha conseguido recuperar la isla de Kudha, en poder de al-Shabaab desde el pasado octubre. La isla era un enclave estratégico logístico para el grupo, al igual que un punto de entrada de contrabando. Se utilizaba asimismo para lanzar ataques en el sur de Somalia. En un ataque aéreo con aviones no tripulados norteamericanos ha muerto un líder del grupo armado, Adan Garar, supuestamente vinculado al ataque que sufrió un centro comercial en Kenya en 2013. (Garowe Online, 02, 18/03/15; NYT, 19/03/15; AFP, 23/03/15)

El Tribunal Penal Internacional (TPI) insta al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar las medidas necesarias dado el fracaso de Sudán a la hora de cooperar en la investigación contra el presidente Omar Hassan al-Bashir por los crímenes cometidos en la región de Darfur. Sin embargo, Sudán sigue sin temer las amenazas del Tribunal Penal Internacional y prosigue en reiterar que las decisiones del TPI no son vinculantes para el Gobierno sudanés. Por otra parte, diversos grupos armados del país comenzaron una ofensiva para sabotear las elecciones. Los rebeldes del SPLM-N emitieron un comunicado en el que advierten de forma explícita su intención de obligar al Gobierno a cancelar las elecciones a través de presión militar. El presidente de Sudán ha instado a los rebeldes a unirse al proceso de paz durante una concentración popular en Niyala, capital del estado de Darfur del Sur, y amenazó con eliminar a las organizaciones rebeldes en caso de que rechacen el diálogo. Así mismo, solicitó a las tribus rivales de la zona deponer las armas y acabar con las recientes disputas que se han venido produciendo, con el objetivo de restaurar la seguridad en la zona. (Reuters, 09, 12 y 14/03/15; EFE, 22/03/15)

Mientras el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el ex vicepresidente y líder del grupo SPLM/A-in Opposition, Riek Machar, se encontraban reunidos en Etiopía para negociar una salida al conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU anuncia la aprobación de una resolución que permitiría establecer sanciones a Sudán del Sur, en caso que las fuerzas en conflicto en el país no llegaran a un acuerdo de paz. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, Barnaba Marial Benjamin, rechazó la resolución de la ONU argumentando que las amenazas de sanciones o la imposición de las mismas sólo afectarían al proceso de paz, provocando más consecuencias negativas que agravarían el conflicto ya existente. Las conversaciones destinadas a resolver el conflicto no llegaron a buen puerto y Etiopía, como país anfitrión de las conversaciones de paz, condenó inmediatamente que los líderes en Sudán del Sur no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo de paz y les acusó de prolongar la guerra. Por su parte, el presidente Kiir reiteró su compromiso de proseguir con las negociaciones aunque acusó a Riek Machar de poner obstáculos en la última ronda de conversaciones. Cabe destacar que recientemente el Parlamento de Sudán del Sur ha aprobado la extensión del mandato del presidente Salva Kiir por tres años como consecuencia de la existencia del conflicto , así como también se pospusieron anteriormente las elecciones parlamentarias que debían celebrarse el próximo mes de junio. (BBC, 03-06, 24/03/15, EFE, 18/03/15).

La Corte Suprema se declara competente para investigar y eventualmente juzgar los cargos criminales presentados por la Fiscalía contra la ex primera ministra, Yingluck Shinawatra, que podrían comportarle una pena de hasta diez años de cárcel. Shinawatra, hermana del ex primer ministro actualmente en el exilio Thaksin Shinawatra, es acusada de negligencia en relación a unos subsidios gubernamentales a campesinos del sector del arroz, pues supuestamente habría pagado casi el doble del precio del mercado por las mencionadas cosechas de arroz. Las primeras declaraciones orales están previstas para el 19 de mayo. Yingluck Shinawatra se ha declarado inocente al respecto y, ante algunos que apuntan a una posible huida del país, ha asegurado que permanecerá en Tailandia para hacer frente a los cargos contra ella. Algunos analistas consideran que este juicio contra la ex primera ministra podría incrementar el descontento de amplios sectores de la población contra la actual junta militar, que accedió al poder después de orquestar un golpe de Estado precisamente contra Yingluck Shinawatra en mayo de 2014. Por otra parte, Human Rights Watch hizo un comunicado en el que denunciaba la detención secreta de cientos de personas presuntamente opositoras al actual Gobierno e instaba a la junta militar a poner fin a esta práctica. (Voice of America, 19/03/15; Reuters, 13/03/15)

Dos años después del llamamiento al alto el fuego que ha acompañado al proceso de diálogo desde su inicio en 2013, el máximo líder del PKK, Abdullah Öcalan, hace un llamamiento a poner fin de manera definitiva a cuatro décadas de lucha armada contra el Estado turco. En su mensaje, transmitido por el movimiento kurdo en el marco de la celebración del Newroz (año nuevo kurdo), el dirigente kurdo enfatizó la necesidad de celebrar un congreso extraordinario con el propósito de detener la lucha armada contra el Estado y determinar las estrategias políticas y sociales adecuadas para un nuevo período. Según Öcalan, que ya había planteado la idea del congreso a la dirigencia del PKK a finales de febrero, este evento debería marcar el inicio de una nueva era. Con posterioridad, el co-fundador del PKK, Cemil Bayik, subrayó que las palabras de Öcalan no planteaban una novedad si se tenía en cuenta que desde 1993 el grupo había adoptado medidas unilaterales para avanzar hacia el fin de la lucha armada. En entrevista con al-Jazeera, Bayik matizó que la renuncia a las armas y resolución del problema a través de la lucha armada eran dos cuestiones diferentes. Dos días después del mensaje de Öcalan, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, subrayó que el Gobierno no podría adoptar nuevos pasos en el marco del proceso de paz con el PKK a menos que la organización renunciara a las armas y exigió la adopción de medidas concretas. Previamente, el mandatario había bloqueado una iniciativa del propio gobierno turco que pretendía formar un comité de supervisión al proceso de paz con el PKK y que, según se había informado previamente, iba a estar integrado por entre cinco y seis personas encargadas de la implementación de los acuerdos relativos a la cuestión kurda. La decisión de Erdogan de no aprobar esta comisión generó desacuerdos dentro del propio partido oficialista e incluso algunas poco habituales críticas al mandatario. En este contexto, hacia finales de mes informaciones de prensa destacaron la puesta en marcha de una operación militar turca contra posiciones del PKK en el distrito de Mazzidagi y las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas turcas, general Necdet Özel, que acusó al PKK de intentar legitimarse ante la comunidad internacional a través de su lucha contra ISIS. Estos hechos ensombrecieron algunas señales positivas sobre la marcha del proceso de paz en las semanas previas, incluyendo la comparencia pública conjunta del 28 de febrero entre representantes políticos del movimiento kurdo (diputado del HDP Sirri Sürreyya Önder, diputada del HDP Pervin Buldan) y del Gobierno (viceprimer ministro, Yalcin Akdogan, y ministro de Interior, Efkan Ala). En el marco de esta comparencia, Önder enumeró también 10 elementos considerados por Öcalan como centrales, e interpretados en diversos análisis como temas que deberán ser abordados en las negociaciones. Incluyen, entre otros, aspectos relativos a la política democrática, garantías legales de ciudadanía, dimensión socioeconómica, relaciones entre democracia y seguridad, soluciones legales para problemas que afectan a las mujeres, la cultura y la ecología, cuestiones identitarias y Constitución democrática. Diversos análisis han resaltado las dificultades que afronta el proceso ante el contexto electoral, con unas elecciones generales de gran trascendencia previstas para junio. (AFP,Hürriyet Daily News, Firat, 28/02/15- 25/03/15; Middle East Eye, 25/03/15; The Independent, 22/03/15)

La guerra en el este de Ucrania ha causado 5.809 víctimas mortales, 14.740 heridos y un millón de personas desplazadas internas entre abril de 2014 y mediados de febrero de 2015, según el último informe de la ONU. El documento estima que a principios de marzo la cifra superaría las 6.000 muertes –debido al impacto del cerco militar rebelde al aeropuerto de Donetsk y a la localidad de Debáltsevo–, y alerta sobre la devastación de la guerra en término de vidas e infraestructura y sobre impactos específicos en población anciana y menores, entre otros asuntos. El informe también hace referencia al flujo –en el periodo observado, de principios de diciembre a mediados de febrero– de armamento pesado y combatientes extranjeros, incluyendo procedentes de la Federación de Rusia, a las áreas en las provincias de Donetsk y Lugansk bajo control rebelde. En todo caso, y en el marco del contexto de alto el fuego incluido en los acuerdos de Minsk II del 12 de febrero, durante el mes se observó una reducción de la violencia y el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, señaló que se asistía a un proceso de desescalada. El mandatario señaló que Ucrania había procedido a la retirada de la mayor parte de sus sistemas de artillería pesada y de misiles y que los grupos rebeldes habían retirado un parte significativa de sus armas pesadas. Aun así, a lo largo del mes se produjeron diversas violaciones del alto el fuego en torno a diversas localidades, incluyendo en las cercanías del aeropuerto de Donetsk, en torno a la localidad de Shyrokyne (cercana a Mariupol) y localidad de Peski. Según declaraciones de Poroschenko, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 15 de febrero y hasta principios de marzo habían muerto 64 soldados ucranianos. En este contexto, el mandatario anunció la presentación de un proyecto de ley para conceder un estatus especial a las áreas bajo control rebelde, como parte de los acuerdos de Minsk II. El texto debe ser debatido y aprobado por el Parlamento ucraniano. Por otra parte, la OSCE anunció la extensión del mandato de su misión especial en Ucrania hasta marzo de 2016 y el aumento de los cerca de 500 observadores civiles actuales a un millar. La OSCE expresó su preocupación por el anuncio de suspensión completa por parte de Rusia del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, retirada ya iniciada en 2007. En tanto, a finales de marzo, la UE resolvió no levantar las sanciones contra Rusia hasta finales de año, condicionando la medida a una completa implementación del cese el fuego en Ucrania. Durante marzo, Rusia celebró el primer aniversario de la anexión de Crimea. En una entrevista, el presidente ruso, Vladimir Putin, reveló que estuvo dispuesto a poner en alerta las armas nucleares rusas para asegurar la anexión de Crimea. (Reuters, El País, New York Times, Jamestown Foundation, RFE/RL, 1-15/03/15; BBC, 20/03/15; The Guardian, 16,18/03/15)

Un alto cargo del Gobierno, encargado de los asuntos étnicos y religiosos, declara que Beijing está abierto a discutir con el Dalai Lama algunas cuestiones relevantes, siempre que no sean la independencia o peticiones de una mayor autonomía para el Tíbet. Esta es la primera vez desde que las conversaciones se interrumpieron, en 2010, que el Gobierno menciona una posible reanudación del diálogo. El mencionado cargo gubernamental instó al Dalai Lama a abandonar su estrategia denominada “vía intermedia”, consistente en renunciar explícitamente a la independencia del Tíbet y a la vez garantizar unas mayores competencias en aquellos asuntos relevantes para la supervivencia y promoción de la identidad tibetana en aquellas regiones habitadas tradicionalmente por la comunidad tibetana, y que van más allá de la actual Región Autónoma del Tíbet. Del mismo modo, el Gobierno instó al Dalai Lama a no seguir instigando brotes de violencia y autoinmolaciones con fuego en territorio chino. Por otra parte, Beijing criticó las declaraciones del Dalai Lama en las que señalaba que deseaba no tener un sucesor que la tradición budista de la reencarnación debería llegar a su fin, considerándolas una doble traición del Dalai Lama a su tierra natal y a su fe. En este sentido, el Gobierno chino declaró que debe ser él quien apruebe y ratifique la reencarnación del Dalai Lama. Recientemente, algunos analistas han señalado que el Gobierno chino quiere controlar el proceso de reencarnación con objetivos políticos. (The Economic Times, 11/03/15; The New York Times, 09/03/15)

Se reúnen en Islamabad los secretarios de Exteriores de India y Pakistán, en el primer encuentro de estas características desde que la India canceló el proceso de negociaciones en 2014. Ambas partes calificaron el encuentro de positivo, y el diplomático pakistaní, Aizaz Chaudhry, destacó que se discutieron todas las cuestiones de interés para ambas partes, incluyendo las violaciones de alto el fuego en la Línea de Control (frontera de facto que separa ambos países), y otros asuntos como las investigaciones sobre el atentado contra el Samjhota Express en 2007 o la supuesta injerencia de la India en el conflicto armado en la provincia pakistaní de Baluchistán. El secretario de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió también con el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, con una agenda centrada en la organización SAARC, a la que pertenecen ambos países, y las relaciones bilaterales entre los dos vecinos.

El Gobierno y los grupos armados de oposición que conforman el Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) celebran la séptima ronda de negociaciones y afirman que se ha alcanzado un acuerdo para la consecución de un alto el fuego de alcance nacional. El acuerdo deberá ser ratificado por los diferentes grupos antes de su firma y que da pendiente determinar qué organizaciones armadas serán las signatarias, puesto que actualmente cinco de las 16 organizaciones de componen el NCCT no son reconocidas por el Gobierno como organizaciones políticas y tampoco mantienen acuerdos bilaterales de alto fuego con el Ejecutivo. Además, durante las negociaciones se estableció que algunos de los asuntos más espinosos, como la formación de un Ejército federal y la creación de un código de conducta, no serán abordados hasta que no se haya producido la firma del acuerdo de alto el fuego y se haya dado inicio a un proceso de negociaciones de carácter político. El encuentro vino precedido por importantes enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y diferentes grupos insurgentes, como el grupo kokang MNDAA, el grupo Ta’ang TNLA o el grupo kachin KIA. De hecho éste último mantuvo un encuentro bilateral con el Ejecutivo días antes del inicio de la ronda negociadora. Con respecto a los enfrentamientos, cabe destacar que al menos 24 personas murieron, la mayoría soldados birmanos fallecieron como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército y el MNDAA, que provocaron el desplazamiento forzado de centenares de personas en el estado Shan. Además, también se produjeron enfrentamientos con el grupo armado de oposición SSA-S. Por su parte, el grupo armado wa UWSA canceló su participación en las negociaciones para el alto el fuego de carácter nacional tras haber sido acusado de prestar apoyo a la insurgencia kokang. (The Irrawaddy, 2, 3, 10, 17, 18-20, 23. 30/03/15)

Una decena de responsables políticos, entre los cuales se encuentran cuatro antiguos primeros ministros del país y futuros candidatos a las elecciones presidenciales, se reúnen en Roma el 27 de febrero gracias a la invitación de la Comunidad de Sant’Egidio. Este encuentro se enmarca aparentemente en la iniciativa oficial llamada el Foro de Reconciliación de Bangui. Esta iniciativa de foro, pospuesta para finales de marzo o principios de abril, está capitaneada por el Gobierno de transición. El encuentro en Roma coincide con una visita oficial a Italia del mediador oficial en el conflicto en RCA, el presidente congolés Denis Sassou-Nguesso, lo que ha sido considerado como una coincidencia, pero también como una nueva tentativa del presidente congolés para externalizar su mediación, ya que algunos analistas y prensa señalan que Nguesso está fatigado con el dossier centroafricano especialmente desde el nombramiento de Mahamat Kamoun, la renovada influencia del presidente de Chad en el contencioso y después del fracaso de la reunión de Nairobi. El Llamamiento de Roma, fruto de una iniciativa que no cuenta con la unanimidad de RCA, ha pretendido reunir algunas de las personalidades que participarán en el Foro de Bangui, aunque la elección de esta organización mediadora y de la ciudad de Roma puede que no sea del agrado de la comunidad musulmana y Séléka, según analistas. El documento hace un llamamiento a no recurrir a la fuerza para alcanzar la presidencia del país, a participar en las elecciones previstas en junio, de que éstas sean libres y transparentes y a respetar los resultados, y a apoyar a la actual Autoridad Nacional para facilitar la celebración del proceso. Finalmente, cabe destacar la persistencia del clima de violencia, ataques en localidades en el oeste del país, donde murieron 11 personas, y el secuestro de 16 personas procedentes de un funeral en la frontera de Camerún. Además, la grave crisis humanitaria se agrava debido al colapso del sistema sanitario por la falta de personal y los saqueos en hospitales. Por último, en las próximas semanas se prevé que la Francia reduzca su contingente en el país y prevé mantener solamente unos 1.500 soldados en RCA en mayo, reducción que se verá compensada por el incremento del contingente militar de la misión de la ONU en el país (MINUSCA), que alcanzará los 10.000 soldados. (Jeune Afrique, 03, 06 y 19/03/15)

El recién elegido presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, anuncia el establecimiento de una comisión para investigar los crímenes de guerra durante el conflicto armado que enfrentó a las Fuerzas Armadas con el grupo armado de oposición LTTE y que finalizó en 2009, y señala que aunque se tratará de un comisión nacional sin intervención internacional, sí que tendrán en cuenta las aportaciones exteriores y las recomendaciones de Naciones Unidas. El anterior ejecutivo, encabezado por Mahinda Rajapakse, presidente de Sri Lanka también durante la última fase del conflicto armado, siempre se negó a cualquier colaboración o injerencia extranjera en las investigaciones sobre el conflicto armado. Sirisena ha señalado que se espera que el trabajo de la comisión de comienzo durante el mes de abril. Diferentes representantes de Naciones Unidas, entre ellos el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, instaron al Gobierno a que se adopten medidas contundentes para abordar cuestiones como las desapariciones, detenciones, presencia militar en zonas civiles o asuntos relativos a las tierras. En paralelo se produjeron manifestaciones en zonas habitadas mayoritariamente por población tamil contrarias a que la investigación sobre las violaciones de derechos humanos sea nacional y no internacional. (BBC, 12/03/15; AFP 02/03/15; The Hindu, 23/03/15)

Un portavoz del primer ministro declara que el Gobierno está haciendo todos los preparativos necesarios para reanudar las conversaciones de paz con varias organizaciones insurgentes que operan en el sur de Tailandia. Pocos días después, el jefe del equipo negociador del Gobierno, el general Aksara Kerpol, viajó al sur del país y declaró que su equipo negociador ya ha presentado ante el Gobierno de Malasia, que ejerce tareas de facilitación, los nombres de los negociadores de las organizaciones insurgentes con el fin de que sean verificados. Además, Aksara Kerpol se reunió con líderes religiosos de la región para abordar algunos aspectos relacionados con reconciliación y para instarles a que convenzan miembros de los grupos armados para que abandonen las armas. Aksara Kerpol señaló que no hace falta esperar a la reanudación de las conversaciones de paz para comenzar a implementar iniciativas de este tipo. En paralelo, las autoridades de algunas de las provincias del sur redoblaron sus medidas de seguridad por la conmemoración del 55 aniversario de la fundación del Barisan Revolusi Nasional, una de las organizaciones insurgentes históricas en el sur del país. (Bangkok Post, 14/03/15; Thai Visa News, 10/03/15)