Se produce un intento de golpe de Estado en el país el 13 de mayo capitaneado por el antiguo jefe de los servicios secretos, el general Godefroid Nyombare, que en un primer momento anunció la destitución del presidente burundés, Pierre Nkurunziza, mientras éste se encontraba en Dar es Salaam (Tanzania) en una reunión de la Comunidad de África Oriental (EAC) sobre la crisis que vivía el país centroafricano por su intención de presentarse a un tercer mandato en las elecciones del 26 de junio. Nyombare había sido destituido en febrero tras desaconsejar a Nkurunziza presentarse a un tercer mandato, considerado inconstitucional por sus adversarios políticos. El Gobierno ha considerado fallida la intentona y a pesar de que en un primer momento Nkurunziza no pudo regresar a Burundi porque los golpistas habían bloqueado el aeropuerto, las fuerzas especiales burundesas junto a las milicias juveniles del partido CNDD-FDD, las Imbonerakure, han permanecido fieles a Nkurunziza lo que ha desencadenado duros combates en la capital, de los que se desconoce el número de víctimas mortales. El Gobierno de Pierre Nkurunziza ha sido restituido y los tres generales que lideraban la intentona se han entregado a las autoridades. Fuentes gubernamentales próximas al presidente han advertido a la población sobre no unirse a las movilizaciones ya que persisten las detenciones vinculadas al intento de golpe de Estado y, según el Gobierno, podrían vincularse las movilizaciones al intento de golpe. En los días previos al intento de toma de poder se produjeron importantes movilizaciones en las que la Policía fue acusada de un uso excesivo de la fuerza y en las que, según la oposición, murieron una decena de personas a manos de las Imbonerakure, y la mitad de esa cifra, según los cuerpos de seguridad. Hubo también decenas de heridos y centenares de detenciones. Tras el golpe frustrado han persistido las movilizaciones en el país, en las que ya se han producido al menos 30 víctimas mortales en los diferentes choques entre las milicias juveniles Imbonerakure, la Policía y la oposición política. Días después del intento frustrado del golpe de estado la oposición ha reiniciado el diálogo con el Gobierno, promovido por la misión de la ONU en el país (BNUB) para intentar estabilizar la situación, pero la muerte del líder opositor Zedi Feruzi, del pequeño partido UPD, ha provocado la suspensión del diálogo por parte de la Coordinadora anti tercer mandato. En una declaración conjunta del 27 de mayo, los partidos de la oposición han juzgado imposible la celebración de las elecciones legislativas y municipales previstas para el 5 de junio en el país, como antesala de las presidenciales de finales de mes, ante el grave clima de violencia. En paralelo a estas declaraciones, se han producido enfrentamientos entre los Imbonerakure y manifestantes en las provincias de Cibitoke y Buterere que podrían haber causado diversas víctimas en los últimos días de mayo. La EAC ha anunciado la celebración de una nueva cumbre para tratar la situación el 31 de mayo. Más de 50.000 personas han huido a los países vecinos a raíz del grave deterioro de la situación. Burundi ha denunciado las presiones diplomáticas a las que está siendo sometido el país. Bélgica, la UA y la UE han elevado sus protestas y han manifestado su preocupación mientras que Francia ha suspendido la cooperación militar. (Guinguinbali, 28/04/15; VOA, 07/05/15; Reuters, 06, 07/05/15; UNHCR, 08/05/15; BBC, 13/05/15; EP, 14 y 15/05/15; AFP, 24/05/15; Jeune Afrique, 15, 22, 26, 28/05/15)

Ocho soldados indios mueren tiroteados en el distrito Mon. El ataque fue reivindicado por una recién creada plataforma de organizaciones insurgentes que agrupa a los grupos armados NSCN-K, ULFA-I, NDFB-S y KLO, aunque habría sido perpetrado directamente por el NSCN-K. Este grupo armado rompió en marzo el acuerdo de alto el fuego que mantenía vigente con el Gobierno desde el año 2001 y el Ejecutivo indio anunció a finales de abril que también abandonaba cualquier acercamiento al grupo armado. Las razones esgrimidas por el NSCN-K para no mantener el acuerdo de alto el fuego son que su mantenimiento carece de sentido si la cuestión de la soberanía no forma parte de un diálogo político y que el Gobierno indio nunca ha mostrado su voluntad de discutir esta cuestión. No obstante, tras el anuncio por parte del NSCN-K, dos líderes de este grupo, Wangtin Konyak y P. Tikhak, anunciaron la formación de una nueva facción, NSCN-R, que sí mantendrá el acuerdo de alto el fuego. Con respecto al ataque contra los soldados, uno de los más graves en el estado en los últimos años, puesto que los enfrentamientos entre insurgencia y fuerzas de seguridad prácticamente habían desaparecido, el grupo armado de oposición NSCN-IM expresó su condena. Por su parte, las Fuerzas Armadas anunciaron una operación de seguridad a gran escala. Además, en el distrito Mon se impuso el toque de queda nocturno. En paralelo se produjeron diferentes manifestaciones convocadas por la organización de la sociedad civil Eastern Nagaland People’s Organization de protesta por la suspensión del acuerdo de alto el fuego. (The Assam Tribune, 02/04/15 y 04, 21/05/15; New York Times, 03/05/15; Times of India, 04/05/15)

Militantes de Estado Islámico (ISIS) logran tomar el control de la ciudad de Ramadi, capital de la provincia iraquí de Anbar (fronteriza con Bagdad y Jordania), en un hecho considerado como el mayor éxito del grupo en Iraq en lo que va de 2015 y como un golpe estratégico para las fuerzas iraquíes. A mediados de mayo combatientes de ISIS aprovecharon para avanzar posiciones sobre Ramadi en medio de una tormenta de arena que limitó la capacidad de EEUU de dar soporte aéreo a las tropas iraquíes. Más de 500 personas habrían muerto en los combates y otras 25.000 se habrían visto obligadas a huir de la violencia en la zona. El fracaso en la campaña para frenar a ISIS motivó críticas públicas a las fuerzas iraquíes por parte de altos funcionarios de EEUU, incluyendo el secretario de Defensa, que las acusó de falta de esfuerzo y disposición a combatir. Paralelamente, la victoria de ISIS en Ramadi alentó cuestionamientos a la estrategia de EEUU frente a ISIS –incluyendo de comandantes iraquíes y funcionarios estadounidenses– y renovadas críticas contra el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, con algunos llamamientos a que renuncie al cargo. Al-Abadi ha sido acusado de privilegiar a las fuerzas kurdas y sunníes en la estrategia de combate a ISIS, en desmedro de las shiíes. A finales de mes, no obstante, se puso en marcha una nueva ofensiva para intentar expulsar a ISIS de Ramadi con la participación de combatientes sunníes y milicias shiíes. Cabe destacar que durante mayo también se exhumaron los restos de al menos 470 personas que habrían sido ejecutadas por ISIS en la zona de Tikrit en junio de 2014. Se cree que la mayoría de las víctimas son soldados de confesión shií que se encontraban en la base de Camp Speicher cuando ISIS tomó el control de la ciudad y que hasta 1.700 personas podrían haber muerto en esta zona. Algunos cadáveres fueron arrojados entonces al río Tigris y otros han sido hallados en fosas comunes, después de que las tropas iraquíes recuperaran el control de la ciudad en marzo. Adicionalmente, durante el mes continuaron registrándose otros hechos de violencia, incluyendo ataques suicidas contra mezquitas shiíes y las fuerzas de seguridad iraquíes. La ONU también llamó la atención sobre la responsabilidad del Gobierno hacia las cerca de tres millones de personas que se encuentran desplazadas en el país a causa de la violencia y denunció restricciones de movimiento, detenciones injustificadas y una aproximación sesgada en la entrega de ayuda. (New York Times, 09, 18, 19, 21, 25, 27/05/15; Foreign Policy, 19, 26/05/15; BBC, 27, 28/05/15; IRIN, 19/05/15)

Los ministros de Defensa de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) confirman la detención del líder del grupo armado ADF, Sheikh Jamil Mukulu, a finales de abril en la frontera entre Tanzania y Kenya, tras los rumores sobre la identidad del detenido. Reunidos el 12 de mayo en Luanda (Angola), los ministros de Defensa discutieron sobre la situación en RDC a raíz de la escalada de las acciones bélicas y la violencia que está cometiendo contra la población civil el grupo armado ADF sobretodo en los alrededores de las ciudades de Beni y Butembo, en la zona norte de la provincia de Kivu Norte. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC ha señalado que los ataques que está llevando a cabo el grupo armado podrían calificarse de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en lo concerniente al derecho internacional. Según el director de la Oficina, José María Aranaz, las ADF han ejecutado sumariamente a al menos 237 personas de manera sistemática, planificada y premeditada. Aranaz también ha destacado que al menos 49 personas han sido objeto de violaciones de su integridad física y al menos dos han sufrido violaciones sexuales y 25 localidades en la zona han sufrido ataques durante el periodo de análisis del informe presentado, entre octubre y diciembre de 2014. Se estima que entre octubre de 2014 y abril de 2015 las ADF habrían ejecutado a más de 300 civiles. En este sentido, se suceden las informaciones de nuevos ataques con víctimas mortales en diferentes localidades de la zona norte de la provincia, que abrían causado decenas de víctimas mortales. La más destacada tuvo lugar el 14 de mayo, cuando 23 civiles fueron ejecutados por las ADF en Mbau, a 20 km de Beni. A finales de abril el Ejército congolés anunció la muerte de 16 rebeldes de las ADF y de cuatro militares congoleses durante una operación militar. A principios de mayo la MONUSCO sufrió dos ataques por parte de las ADF, uno contra el helicóptero que transportaba al comandante de la fuerza de la MONUSCO, el general brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz, sin víctimas, y otro contra una unidad de soldados tanzanos de la Fuerza Internacional de apoyo a la MONUSCO, en el que murieron dos soldados tanzanos, dos civiles y otros 16 cascos azules resultaron heridos. A raíz de estos ataques la misión anunció una ofensiva militar de envergadura contra las ADF. Diversos analistas señalan que la detención de Mukulu y la muerte en combate de Kasade Karume, uno de los principales líderes del grupo (se estima que era el número tres de la organización) a finales de abril han provocado esta escalada de las acciones de las ADF. El representante especial del secretario general en el país, Martin Kobler, ha destacado que estos ataques ponen de manifiesto la necesidad de relanzar la cooperación entre la MONUSCO y el Ejército congolés para hacer frente a las acciones de las ADF, ya que por el momento el bloqueo de la cooperación persiste aunque fuentes de la ONU han destacado que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en su momento que la misión pudiera llevar a cabo acciones militares unilaterales. Los obispos de las provincias de Maniema, de Kivu Norte y Kivu Sur han denunciado el silencio de las autoridades ante las masacres y la creciente inseguridad en el territorio de Beni. (IRIN, AFP, Reuters, 30/04/15; RFI, La Croix, L’Observateur, 07/05/15; AFP, 30/04/15, 07 y 09/05/15; BBC, 08/05/15; Jeune Afrique, 13/05/15; VOA, 06, 14/05/15; Radio Okapi, 25/05/15)

Durante el pasado mes de abril, se produjeron en los estados de Alto Nilo y Unidad, ubicadas al noreste del país, los mayores enfrentamientos que se recuerdan desde agosto de 2014, según valoró el International Crisis Group. La ofensiva lanzada por el Gobierno contra los rebeldes del SPLM/A-in Opposition, leales a Riek Machar, acentuó la crisis humanitaria en la zona, cortando la ayuda de emergencia a 650.000 personas y saldándose con múltiples denuncias de violaciones, incendios y saqueos cometidos por el Ejército. Semanas después las fuerzas rebeldes respondieron lanzando una contraofensiva en el estado del Alto Nilo, llegando a tomar la capital, Malakal, en un intento por cortar el suministro de petróleo al Gobierno. El portavoz de los rebeldes, James Gadet Dak, explicaba que el objetivo de la ofensiva era "negar a Salva Kiir la posibilidad de utilizar los ingresos del petróleo para perpetuar la guerra". Los rebeldes estuvieron respaldados por el comandante de la milicia local Shilluk, Johnson Olony, quien es una figura militar de gran alcance en el estado productor petrolero del Alto Nilo. El Gobierno de Salva Kiir acusó al Gobierno de Sudán de estar detrás de la ofensiva rebelde, a la vez que anunciaba la recuperación de Malakal y el control de todas las instalaciones petroleras, hecho negado por los rebeldes. Las hostilidades han dejado a más de 300.000 personas en una grave situación de emergencia alimentaria y sanitaria, generando más de 60.000 personas desplazadas en Bentiu, y otras 25.000 en Malakal, según informaron OCHA y UNMISS. ONG como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras o UNICEF, denunciaron las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo las tropas gubernamentales contra la población civil. El grave deterioro de la seguridad obligó a las organizaciones humanitarias y a las agencias de la ONU a evacuar a su personal y a interrumpir la ayuda de emergencia. OCHA hizo un llamamiento a las partes del conflicto para que garantizaran el trabajo de las organizaciones de ayuda y poder así continuar con las operaciones de emergencia. Paralelamente, Ellen Margrethe Løj, representante especial de la ONU para Sudán del Sur, visitó algunas de las zonas afectadas en el estado de Unidad, e instó a la asunción de responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos que el conflicto está generando, denuncia a la que se sumó Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EEUU y China también condenaron la intensificación de la violencia y reclamaron el cese inmediato de hostilidades, condenas que fueron también suscritas por otros actores relevantes como Inter-Governmental Authority on Development (IGAD), International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR), World Council of Churches (WCC), South Sudan Council of Churches (SSCC), entre otras. Por su parte, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA reaccionó instando al Consejo de Seguridad de la ONU a la designación de las personas y entidades para ser sancionadas, así como le solicitó de manera inmediata la imposición del embargo de armas sobre las partes beligerantes. El presidente Salva Kiir respondió frente a las medidas propuestas, que las sanciones serian improductivas y advirtió que éstas sólo intensificarían el conflicto. (AU, Reuters, 11-12-15/05/15; Oxfam, 14/05/15; AFP, 16, 20, 22 y 23/05/15; UNICEF, HRW, 18/05/15; Amnistia Internacional, 21/05/15; AP, 22/05/15; UN, 24/05/15; All Africa, 25-27/05/15; Aljazeera, 26/05/15; ICG 30/04/15)

Los ataques aéreos y los enfrentamientos persisten en Yemen durante mayo, con la excepción de un breve período de cinco días en el que una tregua permitió la entrega de ayuda humanitaria a la población, que padece enormes necesidades. Arabia Saudita, que lidera la coalición internacional contra las fuerzas al-houthistas y sus aliados en Yemen, propuso a principios de mayo el cese temporal del fuego para facilitar el acceso y la distribución de la ayuda. La oferta de Riad –que ha recibido duras críticas por el bloqueo naval y aéreo impuesto a Yemen y por las víctimas civiles de sus ofensivas– fue aceptada por los al-houthistas. En las horas previas a la tregua la coalición liderada por las fuerzas saudíes intensificó sus ataques contra posiciones de sus adversarios en Yemen, causando la muerte de al menos 70 personas. Horas después de que finalizara el plazo de cinco días de tregua se reanudaron las hostilidades, pese a los llamamientos de agencias humanitarias y de la ONU para extender el cese el fuego. Así, se produjeron nuevos ataques aéreos y enfrentamientos en distintos puntos del país, además de incidentes en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita. Según cifras de la ONU de finales de mayo, al menos 1.850 personas habían muerto y más de 7.390 habían sido heridas desde el inicio de la campaña militar liderada por Riad el 20 de marzo. Más de medio millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia. En este contexto, Arabia Saudita promovió una conferencia sobre la crisis yemení que reunió a líderes políticos y tribales, aunque solo del bando del depuesto presidente yemení, Abdo Rabbo Mansour Hadi. Los dirigentes al-houthistas y sus aliados se negaron a participar en el encuentro, tanto por su objetivo –la reinstauración de Hadi en el poder– como por el lugar de la reunión, teniendo en cuenta que Arabia Saudita lidera la ofensiva contra el grupo. La ONU, tras una serie de gestiones de su enviado especial, Ismail Ould Cheikh Ahmed, anunció que promovería la celebración de conversaciones de paz entre los diversos actores yemeníes la última semana de mayo en Ginebra. No obstante, el encuentro no llegó a concretarse y su celebración se mantenía incierta. Representantes del Gobierno de Hadi insistían en que los al-houthistas debían reconocer su autoridad, retirarse de las ciudades y desarmarse antes de ser autorizados a participar en el diálogo. Entre otros hechos destacados vinculados al conflicto cabe destacar las denuncias de Human Rights Watch contra la coalición saudí por el uso de bombas de racimo proporcionadas por EEUU en el marco del conflicto. (BBC, 20, 27/05/15; New York Times, 02, 04, 12, 15, 17/05/15)

Representantes talibán y personas relacionadas con el gobierno afgano y su sociedad civil se han reunido en Doha (Qatar). Los participantes han negado que se trate negociaciones de paz o de diálogo, y lo han definido como una mera “conferencia”. Se prevé que se repita en los próximos meses en Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, ha habido un acercamiento con el Gobierno de Pakistán. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, visitó Kabul para reunirse con el presidente Ashraf Ghani. Entre otros avances, se ha llegado a un acuerdo para que Pakistán entrene a cadetes afganos en su cuartel de Abbottadad. El acuerdo pretende paliar las sospechas del gobierno de Pakistán de la tendencia pro-India de las tropas afganas. Tradicionalmente, los cadetes han recibido entrenamiento en cuarteles de la India. Los servicios de inteligencia de ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para compartir inteligencia y coordinarse en operaciones conjuntas de contraterrorismo. Abdulá Abdulá y el parlamento afgano se han opuesto al MoU. El número de bajas civiles e insurgentes ha aumentado como consecuencia de la reactivación de los ataques desde el inicio de la campaña de primavera. Las provincias del norte (en especial Kunduz) están experimentando un significativo deterioro de la seguridad, según algunos oficiales afganos, por la infiltración de miles de insurgentes extranjeros (fundamentalmente uzbecos, tayikos y turkmenos) a través de la frontera con Pakistán. EEUU sigue llevando a cabo operaciones de contraterrorismo en suelo afgano. El 30 de junio finaliza el control estadounidense del espacio aéreo afgano, lo que puede impedir que las compañías aéreas internacionales operen en Afganistán o sobrevolarlo. Continúa el enfrentamiento entre el Parlamento afgano, cuya legislatura finaliza el 22 de junio, y el presidente Ghani, en relación a la celebración de las elecciones parlamentarias. La incapacidad de llevar a cabo reformas electorales y de convocarlas en la fecha señalada (junio 2015) puede provocar la retirada de fondos de Naciones Unidas y otros donantes a la Comisión Electoral. (ToloNews, The New York Times, Reuters, BBC, Pajhwok, 02-25/05/15)

Las autoridades egipcias son objeto de diversas críticas durante mayo que apuntan a la situación de derechos humanos en el país. Un informe alertó sobre el incremento en el uso de la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad contra personas detenidas desde el golpe de Estado que derrocó a Mursi en julio de 2013. La investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) destacó que entre las víctimas se encuentran opositores al Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, pero también integrantes de ONG, mujeres y estudiantes. Los hechos de violencia –que incluirían violaciones, abusos sexuales, violación con objetos y torturas en los genitales, entre otras prácticas– involucrarían a miembros de la Policía, de las fuerzas de inteligencia y militares, poniendo en entredicho los compromisos anunciados por el Gobierno de al-Sisi contra la violencia sexual. La FIDH subrayó que las medidas impulsadas por el Gobierno han tenido un escaso impacto ante el carácter epidémico del fenómeno en Egipto. Paralelamente, las autoridades egipcias recibieron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, de EEUU y de la UE, entre otros actores, tras la condena a muerte dictada por una corte contra el depuesto presidente Mohamed Mursi y más de un centenar de personas por su presunta responsabilidad en una fuga de prisioneros ocurrida durante la revuelta contra Hosni Mubarak en 2011. La Alta Representante de Exteriores de la UE, Federica Mogherini, consideró que se trataba de una condena “cruel e inhumana” y subrayó que el juicio que no había cumplido con los estándares internacionales. La sentencia, que debe ser revisada por el gran muftí, también alentó críticas de los Hermanos Musulmanes y de Turquía. Amnistía Internacional cuestionó esta condena y también la ejecución de seis hombres a principios de mayo por su responsabilidad en ataques perpetrados por ABM, actualmente filial de ISIS en el Sinaí. Informaciones de prensa también destacaron que la prensa egipcia ha comenzado a denunciar abusos del régimen –que según ONG incluirían la existencia de cárceles secretas, más de 150 personas fallecidas bajo custodia policial y torturas, entre otras prácticas–, en especial los cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, durante el mes el presidente al-Sisi y su entorno se vieron envueltos en una polémica por la filtración de grabaciones en las que presuntamente se burlaban de países aliados del Golfo y comentaban los intentos por manipular a jueces y medios de comunicación. Uno de los registros también evidenciaría la cooperación entre Egipto y los EAU en la transferencia de armas al general Khalifa Hifter, líder de uno de los bandos en pugna en Libia. (Al-Jazeera, 17, 22/05/15; BBC, 19/05/15; FIDH, 19/05/15; New York Times, 12, 17/05/15; El País, 19/05/15)

India y Pakistán han entrado en una dinámica de reproches mutuos que impide un nuevo acercamiento. Mientras Pakistán no para de denunciar las violaciones de derechos humanos de la India en Cachemira, el gobierno indio acusa a Pakistán de seguir apoyando a varios grupos terroristas tanto en su territorio como en Afganistán. El primer ministro de Pakistán declara que la India no ha reaccionado a su propuesta de diálogo. El encuentro (marzo 2015) entre el líder separatista del partido Tehrik-e Hurriyat, Syed Ali Shah Guilani, con el Alto Comisario de Pakistán en Delhi, Abdul Basit, parece ser la razón del enfriamiento de posiciones. Para empeorar la situación, el anterior presidente pakistaní Pervez Musharraf ha hecho declaraciones en las que se jacta de haber pillado in fraganti al ejército indio en la guerra en Kargil de 1999. El ministro de defensa de la India por su parte, señaló que se debía neutralizar a los terroristas con otros terroristas y no con soldados indios. La India ha interceptado una llamada en la que dice confirmar la presencia del don de la mafia india Dawood Ibrahim en territorio pakistaní. El partido del gobierno (Bharatiya Janata Party) sigue adelante con su intención de construir colonias en el Valle de Cachemira para promover el retorno de los pandits desplazados desde el auge de la violencia en el Valle en 1989. (Times of India, Dawn, PTI 05-25/05/15)

Macedonia entra en una grave situación de crisis política y social, de la mano de denuncias antigubernamentales y movilizaciones masivas durante el mes de mayo en demanda de la dimisión del Ejecutivo, aumentando en intensidad el clima de tensión vinculado al escándalo surgido en enero sobre escuchas ilegales de carácter masivo por parte del Ejecutivo y otros abusos. Desde entonces, el opositor partido socialdemócrata SDSM –en posición de boicot al Parlamento durante casi un año en denuncia de fraude en los comicios de abril de 2014– ha ido presentado pruebas de las supuestas escuchas, incluyendo algunas que habrían ocultado casos de grave violencia por la Policía. Al menos 19 personas, incluyendo 15 policías, resultaron heridas en protestas antigubernamentales a principios de mayo en la capital, Skopje. Decenas de miles de personas se manifiestan el 17 de mayo. En este contexto, el ministro de Interior y el de Transporte dimitieron. La intensidad de la crisis llevó a la apertura de conversaciones con facilitación internacional, con varias rondas, la última de ellas en Skopje el 26 de mayo, con participación del primer ministro y líder del VMRO DPMNE, Nikola Gruevski y del líder del SDSM, Zoran Zaev, y de otros líderes políticos locales, así como de los embajadores de EEUU y de la UE. La ronda acabó sin solución a la crisis. Por otra parte, a la crisis política y social se añadió un segundo foco de tensión. La policía lanzó en Kumanovo una operación descrita como antiterrorista en prevención de un supuesto plan de ataque terrorista y en respuesta a una ofensiva anterior contra un puesto de policía cercano a la frontera con Kosovo. La operación derivó en enfrentamientos entre el 9 y 10 de mayo y en la muerte de ocho policías y otros diez hombres, más de una treintena de heridos y en la destrucción de numerosas casas. Entre las víctimas mortales se encontraban varios hombres originarios de Kosovo y ex combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y del posterior Ejército de Liberación Nacional, que combatió en el breve conflicto armado de Macedonia de 2001. (BBC, Balkan Insight, New York Times, 01-27/05/15)

Tras ocho meses de negociaciones, el 15 de mayo se firma en Bamako, capital de Malí, el acuerdo de Paz y Reconciliación para la resolución de la crisis en el norte del país. El documento fue respaldado por los representantes del Gobierno de Malí, los movimientos político-militares del norte que participan en la Plataforma de Argel y el equipo de mediación internacional que encabeza Argelia, así como por dos grupos miembros de la Coordinadora de los Movimientos de Azawad (CMA), a saber, la Coordinadora para los Pueblos de Azawad (CPA) y la Coordinación de los Movimientos Patrióticos de Resistencia y Frentes (CM-FPR). La ausencia de la CMA, que representa la principal coalición de oposición al Gobierno en la zona, ofrece dudas sobre las repercusiones del acuerdo y dificulta la aplicación de cualquier medida. Si bien la CMA no ha firmado el acuerdo, sí se ha comprometido a seguir participando en las conversaciones y negociaciones. La firma del acuerdo derivó en una siguiente convocatoria, realizada en Argel el 25 de mayo, donde se establecieron los mecanismos para posibilitar el alto el fuego en el norte de Malí, así como los procedimientos de seguimiento del mismo. Ramtane Lamamra, Ministro de Estado, Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional argelino, informó que se habían llegado a por lo menos tres acuerdos sobre el cese de hostilidades y destacó la importancia del compromiso de las partes de respetar las condiciones acordadas y contribuir a aislar a los grupos armados que operan en el norte. El acuerdo fue aplaudido por Alemania y Canadá, países que han tenido un rol activo en el equipo de mediación internacional. Sin embargo, el representante especial del secretario general de la ONU para Malí y jefe de MINUSMA, Mongi Hamdi, señaló la importancia vital para la paz, de que la CMA ratifique y se adhiera al acuerdo con el fin de consolidar el proceso de paz y reconciliación. En otro orden de asuntos, el Ministerio de Defensa francés informó que fuerzas especiales francesas abatieron en una operación desarrollada en el norte de Malí a cuatro presuntos milicianos, entre ellos a Amada Ag Hama, alias “Abdelkrim el Tuareg”, e Ibrahim Ag Inawalen, “Bana”, dos de los principales jefes de AQMI y Ansar Dine, respectivamente. (EuropaPress, 14, 20/05/15; Algerie Presse Service 20, 21, 25 y 27/05/15; ICG, 22/05/15)

Los grupos armados de oposición étnicos se reúnen durante tres días para abordar la firma del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Gobierno en marzo. Tras el encuentro, en el que participaron también los grupos armados de oposición que han sido excluidos por el Ejecutivo del acuerdo de alto el fuego, las insurgencias instaron al Gobierno a llevar a cabo reformas constitucionales y a cesar completamente las hostilidades en los territorios kachin, kokang, ta’ang y arakan. Los grupos armados señalaron que la violencia en estas zonas, en las que se han repetido enfrentamientos en las últimas semanas, socava las posibilidades de alcanzar la paz en el país. El jefe negociador el Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT, que agrupa a los grupos armados) reiteró el apoyo a los gres grupos armados con los que el Gobierno mantiene enfrentamientos, AA, MNDAA y TNLA, y señaló que no les dejarán atrás. Aunque los dos primeros forman parte del NCCT, el Gobierno de Myanmar rechaza reconocerlos como tales y en el caso del TNLA, sí forma parte del NCCT, pero no ha firmado un acuerdo de alto el fuego bilateral con el Gobierno. Está previsto que en el mes de junio se celebre un nuevo encuentro de las organizaciones insurgentes para discutir la firma del acuerdo de alto el fuego. El grupo armado UWSA, principal organización insurgente del país con 20.000 combatientes, señaló que no participará en la cumbre del NCCT aunque sí tiene previsto participar en las negociaciones políticas que sucedan al acuerdo de alto el fuego. Por otra parte, cabe destacar que en las últimas semanas los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición KIA se han sucedido con una periodicidad casi diaria en el estado Kachin, a pesar del apoyo que el KIA dio al acuerdo de alto el fuego preliminar. (The Irrawaddy, 01, 05, 07, 26/05/15)

Durante el mes de mayo ha proseguido la escalada de violencia por parte de Boko Haram (BH) en Nigeria, registrándose numerosos ataques en el interior del país así como en los países vecinos, que causaron alrededor de un centenar de muertes. Entre los ataques registrados destacaron los enfrentamientos con el Ejército nigeriano, especialmente en la isla de Karamga, situada en el lago de Chad, donde combatientes de BH mataron a decenas de soldados y civiles durante una emboscada en la isla, obligando a Níger a evacuar a más de 4.000 refugiados nigerianos; los ataques de la milicia en Níger y Camerún que costaron siete muertes; el cerco a la ciudad de Maiduguri (estado de Borno), con más de 15 fallecidos; los atentados suicidas realizados en Damaturu (estado de Yobe) y Garkida (estado de Adamawa) con seis y al menos siete bajas civiles respectivamente; la toma de la ciudad de Marte (Borno) por milicianos de BH; o el ataque a la ciudad de Gubio (Borno), que registró al menos 37 muertos y 400 casas quemadas. Paralelamente el Ejército nigeriano informó de la ofensiva contra los campamentos de la milicia en el bosque de Sambisa, que se saldó con 10 campamentos destruidos y la liberación de unas 20 mujeres y menores. Los sucesos ponen de relieve cómo BH continúa activo, a pesar de los avances conseguidos por las tropas de Nigeria y de sus vecinos Níger, Chad y Camerún, que han arrebatado importantes franjas de territorio a la milicia. No obstante lo anterior, la alianza entre estos países parece debilitarse día a día y el presidente de Chad, Idriss Déby, reconoció que estaban encontrando dificultades en la lucha contra el grupo terrorista debido a los fallos de cooperación entre los Ejércitos nigeriano y chadiano. Aún así, el Parlamento de Chad votó el pasado 20 de mayo una medida para prolongar indefinidamente la participación de sus tropas en la misión regional para combatir a la insurgencia. UNICEF alertó del incremento de los ataques suicidas como estrategia de guerra por parte de BH, donde tres cuartas partes de ellos han sido realizados por medio de mujeres y en ocasiones también por niñas. UNICEF señaló que en lo que va de año, se han registrado 27 ataques de estas características, en comparación con los 26 que se registraron durante todo el 2014. El analista de la BBC Naziru Mikailu argumentaba que BH puede recurrir cada vez más a esta estrategia debido a la pérdida de territorio por la intervención conjunta de las fuerzas regionales. Paralelamente, el Fondo de Población de Naciones Unidas (FPNU) dio a conocer que de las 700 mujeres y niñas que habían sido liberadas por el Ejército nigeriano a finales de abril, 200 de ellas se encontraban embarazadas. Éstas además relataron el horror sufrido durante su cautiverio. (Reuters, 02-05, 07, 11-19, 24/05/15; Leadership, 21, 27/05/15; BBC, 26/05/15; Daily Independent, 26/05/15; VANGUARD, 28/05/15)

La organización islamista Hamas habría cometido una serie de abusos en el marco de los 50 días de guerra abierta con Israel, entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014, en Gaza. Así lo ha denunciado la ONG Amnistía Internacional, subrayando que el grupo aprovechó la situación de caos motivada por el conflicto y el asedio a la Franja durante la operación israelí Margen Protector para ejecutar a al menos 23 palestinos acusados de colaborar con Israel. La mayoría de las personas que fueron objeto de ejecuciones sumarias estaban siendo enjuiciadas o se encontraban a la espera de apelaciones a las condenas a muerte emitidas en su contra antes de la escalada en las hostilidades en Gaza. Adicionalmente, personas percibidas como opositoras políticas de Hamas –especialmente miembros de Fatah y antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad de la AP en Gaza– fueron capturados, secuestrados y/o torturados. Amnistía Internacional subrayó que estos abusos continúan en la impunidad y exigió a las autoridades palestinas una investigación imparcial e independiente de estos hechos, destacando que hasta ahora ni Hamas –que administra de facto Gaza–, ni el “gobierno de consenso” palestino han emprendido medidas para castigar a los responsables. Hamas, en tanto, acusó a Amnistía Internacional de politización y falta de precisión en sus investigaciones. En este contexto, medios de comunicación destacaron que un año después de último acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah el gobierno de unidad sigue sin coordinarse y que las relaciones entre ambas facciones palestinas están bloqueadas en diversos temas, incluyendo el polémico desacuerdo sobre el pago a funcionarios próximos a sendas formaciones. La AP ha sido acusada de retrasar intencionadamente la reconstrucción de Gaza para obligar a Hamas a hacer concesiones políticas. La creciente distancia entre ambos grupos habría llevado al grupo islamista a autorizar manifestaciones en Gaza favorables al dirigente de Fatah Mohamed Dahlan, rival político del presidente Mahmoud Abbas. En este contexto, algunas informaciones de prensa apuntan a que Israel, obviando a la AP, estaría negociando secretamente con Hamas una tregua de larga duración que incluiría medidas para reducir el bloqueo a Gaza. Según la agencia alemana Deutsche Welle, diversos intermediarios estarían involucrados en estos contactos, incluyendo funcionarios europeos, de la ONU y de Qatar. Adicionalmente, cabe destacar que el ex presidente de EEUU, Jimmy Carter, se habría involucrado en los esfuerzos por mediar entre Hamas y Fatah en el marco de una iniciativa apoyada por Arabia Saudita. (BBC, 27/05/15; New York Times, 26/05/15; Amnesty International, mayo 2015; Deutsche Welle, 11/05/15; Middle East Eye, 06/05/15)

Pakistán ya ha ejecutado a cien presos en cuatro meses, desde que se levantó la moratoria de la pena de muerte, tras el atentado en una escuela de Peshawar en diciembre 2014. Un gran número de estos presos no tiene sentencias relacionadas con el terrorismo. Asimismo, se estima que se puede estar usando la Ley Antiterrorismo con fines políticos. Es el caso de la condena a Zulfiqar Mirza (marido de la anterior portavoz de la Asamblea Nacional) y al menos otras 70-80 personas relacionadas con él. Una jirga ha decidido denegar el derecho a voto a las mujeres en las próximas elecciones parciales en Gilgit-Baltistán, dictamen al que se han unido los candidatos de varios partidos políticos (LMP-N, PPP, PTI y JUI-F) y 40 religiosos. Existe el mismo temor en relación a las parciales en el distrito de Dir de la provincia Khyber-Pakhtunkhwa. Un ataque a un autobús se salda con la muerte de 45 chiíes ismailíes en Karachi. Un grupo escindido de los talibán pakistaníes llamado Jundullah y el Estado Islámico se lo ha atribuido. La policía de Karachi que investiga el atentado asegura que los acusados están relacionados con la muerte de la activista Sabeen Mahmud. El gobernador de Jyber-Pajtunjwa y cargos militares aseguran que han eliminado la presencia talibán en las áreas tribales, aunque el retorno de los desplazados de Waziristán se hace con cuentagotas. El periodista estadounidense Seymour M. Hersh ha publicado un artículo en el que afirma que Pakistán colaboró con EEUU en la localización de Osama ben Laden. (Dawn, The New York Times, Express Tribune (01-15/05/15)

Varios centenares de personas se han visto afectadas en los enfrentamientos registrados el pasado 12 de mayo entre las tribus árabes, riezeibat y ma´aliya, en la provincia sudanesa de Darfur Oriental. Según fuentes locales, el grupo rizeigat atacó la ciudad de Abu Karinga, causando alrededor de 84 muertos de la tribu ma´aliya, entre ellos mujeres, menores y ancianos, y provocando numerosos heridos y el desplazamiento de un número indeterminado de personas. Frente al fuerte deterioro de la situación de seguridad en la zona, el gobernador Abdelkarin al-Tayeb celebró una reunión de emergencia para discutir las repercusiones de los enfrentamientos, en medio de los temores sobre un conflicto a gran escala entre ambas tribus en caso de que no se tomen las medidas adecuadas. El Gobierno de Sudán está considerando la posibilidad de desplegar dos batallones con el respaldo de dos aviones de guerra para supervisar los movimientos sobre el terreno de las partes en conflicto, y la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), a la par que la Unión Europea, han expresado su preocupación por la escalada de violencia entre ambas tribus y han pedido a ambas que ejerzan la máxima contención y que inicien un diálogo para resolver sus disputas. La prensa nacional también se ha movilizado para pedir el fin de la violencia entre ambos grupos. Por otra parte, la mayoría de la población en la áreas de Tabit, Shangil Tobaya y Tawila en East Jebel Marra, abandonaron sus casas después de que siete aldeas en la parte sur de la localidad de Tawila fueran saqueadas por las fuerzas paramilitares sudanesas, las conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), quienes han trasmitido a los residentes que la localidad es ahora una zona militar. Los testigos explicaron que las RSF torturaron a los ciudadanos, robaron sus bienes, posesiones y el ganado, lo que ha obligado a gran parte de la población a desplazarse por el temor a la violencia. (Sudan Tribune 12 y 13/05/15; Reuters, 12/05/15; Radio Dabanga, 12, 20 y 22/05/15; SudaNow, 16/05/15; All Africa, 20/05/15)

El Gobierno anuncia que las elecciones quedan pospuestas, como pronto, hasta agosto o septiembre de 2016 por la necesidad de llevar a cabo un referéndum sobre la nueva Constitución que está siendo redactada por un comité designado por la Junta Militar. Tras el golpe de Estado de mayo del 2014, las nuevas autoridades se comprometieron a convocar elecciones en 15 meses, pero posteriormente dicha fecha había quedado postergada hasta principios de 2016. El nuevo retraso de la fecha prevista para la celebración de los comicios ha provocado numerosas críticas, hasta el punto de que el primer ministro, Prayuth Chan-ocha, tuviera que reiterar públicamente su compromiso de volver a instituir una democracia en Tailandia y descartar que tuviera ninguna intención de permanecer en el poder. De igual modo, algunos de los contenidos incluidos en el borrador de Constitución que está siendo redactado también han generado controversia, especialmente aquellos que parecen expresamente diseñados para evitar el retorno a la política de la familia Shinawatra o para dificultar la actividad política de aquellas formaciones vinculadas a ésta, que han ganado todos los comicios desde el año 2001. En este sentido, cabe destacar que la ex primera ministra, Yingluck Shinawatra, se declaró inocente durante el juicio contra ella por negligencia en la concesión de subsidios al sector del arroz, cargo que podría comportarle una pena de diez años de cárcel y que el pasado mes de enero ya le costó una inhabilitación de cinco años para ejercer actividades políticas. (CNN, 21/05/15; The China Post, 20/05/15; Xinhua y Bangkok Post, 19/05/15)

El partido político pro-kurdo HDP y la estructura paraguas del movimiento kurdo KCK acusan al Gobierno turco de paralizar el proceso de diálogo, imponer una política de aislamiento a su líder, Abdullah Öcalan, impidiendo visitas de la delegación kurda participante en el diálogo, y de instigar provocaciones contra el movimiento kurdo en el contexto preelectoral. Asimismo, afirman que el Ejército no está respetando el alto el fuego. Desde la visita del 5 de abril de la delegación kurda a Öcalan no se volvieron a autorizar nuevas visitas hasta una a finales de mayo. Tras ésta, Sirri Sürreyya Önder, miembro de la delegación del HDP, no facilitó detalles sobre la reunión, pero señaló que el AKP habría intentado frenar el empuje preelectoral del HDP a través de Öcalan, a lo que éste se habría negado. Previamente, la delegación se reunió el 18 de mayo con el liderazgo militar del PKK en Kandil. Durante el mes, el KCK informó de que habían puesto fin a los preparativos sobre un posible congreso para poner fin a su actividad armada en Turquía –congreso al que Öcalan instó en febrero y marzo. El KCK lo justificó como respuesta a la posición del AKP –con declaraciones recientes de negación de la cuestión kurda, de negación de la existencia de una mesa negociadora o de partes involucradas, de provocaciones, y de acciones del Ejército contra el PKK, entre otros factores. Aun así mantuvo la puerta abierta a convocarlo condicionándolo a la adopción de medidas por el AKP, incluyendo las condiciones ya enunciadas en los últimos meses (comité de observación del diálogo, comisión de memoria histórica bajo el paraguas parlamentario y un proceso negociador que lleve a una nueva Constitución democratizadora). Señalaron que el aislamiento de Öcalan violaba una línea roja para el movimiento kurdo. En paralelo, se incrementó la tensión política y social vinculada al contexto preelectoral. Algunos medios informaron de 122 ataques contra oficinas del HDP en 60 provincias. Entre los más graves, dos explosiones en las sedes del HDP en Andana (cuarta ciudad de Turquía) y Mardin, en esta última pocos minutos antes de la llegada del líder del HDP, Selahattin Demirtas, con varios heridos en ambos incidentes. (Turkish Daily News, Al-Monitor, DIHA, 01-28/05/15)

Pese al acuerdo de alto el fuego incluido en los acuerdos de Minsk II de febrero, la tregua se ha visto afectada por continuas violaciones del alto el fuego en mayo, con al menos dos decenas de víctimas mortales y varias decenas de heridos, incluyendo actores armados de ambos bandos y población civil. Entre la entrada en vigor del alto el fuego en febrero y mediados de mayo, 83 soldados ucranianos murieron, según balances de la Presidencia ucraniana. Las partes se acusaron recurrentemente de los incumplimientos. Focos de especial intensidad incluyeron, como en abril, zonas cercanas a los núcleos de Donetsk y Mariupol, como Skyrokyne. Entre los hechos de violencia, un líder comandante rebelde, Aleksei Mozgovoi y otros seis insurgentes murieron en un ataque junto a la localidad de Alchevsk, bajo control rebelde. Se produjeron nuevos incidentes fuera de la zona en conflicto, como una explosión junto a la ciudad de Odesa que causó daños en una línea ferroviaria. Algunos analistas apuntaron a riesgos de una ofensiva rebelde en verano. En paralelo a la continuación de la violencia, se produjeron diversos pasos en el diálogo. Representantes del Gobierno ucraniano y de las fuerzas rebeldes mantuvieron conversaciones a puerta cerrada con participación de Rusia y de la OSCE a comienzos de mayo, en un clima que el representante ucraniano calificó de constructivo. Las partes establecieron los llamados grupos de trabajo, contemplados en el acuerdo Minsk II, y que funcionarán bajo el paraguas del Grupo de Contacto (Ucrania, Rusia, OSCE y con participación de las fuerzas rebeldes). Son cuatro grupos, que abordarán respectivamente cuestiones militares y de seguridad, políticas, económicas, y humanitarias. El poder de toma de decisiones será competencia del Grupo de Contacto. En relación a cuestiones relativas al diálogo, los líderes rebeldes de Donetsk y Lugansk presentaron sus propuestas de enmiendas a la Constitución ucraniana el 12 de mayo, enviándolas al Parlamento ucraniano y al Grupo de Contacto de Minsk. Algunos analistas señalaron que éstas sobrepasaban lo contemplado en Minsk II. (01-27/05/15, New York Times, El País, Reuters, Jamestown Foundation, RFE/RL)

Se reinicia en mayo el proceso formal de negociaciones sobre la reunificación de Chipre, tras ocho meses paralizado y en un nuevo clima de optimismo local e internacional, tras los últimos esfuerzos de aproximación y la disposición de los líderes de ambas comunidades –el grecochipriota Nikos Anastasiadas y el recién elegido en los comicios presidenciales turcochiopriotas Mustafa Akinci, alcalde de la parte griega de Nicosia entre 1976 y 1990 e impulsor en esa etapa de proyectos de colaboración. El asesor especial del secretario general de la ONU, el diplomático noruego Espen Barth Eide, mantuvo reuniones por separado el 5 de mayo con ambos líderes, en que expresaron compromiso para resolver el conflicto; una cena conjunta el 11 de mayo; y una primera reunión conjunta el 15 de mayo, que marcó el reinicio del proceso. En ésta acordaron reunirse al menos dos meces al mes y adoptar medidas de confianza, como la eliminación del requerimiento de visado para cruzar la isla, que entró en vigor el 16 de mayo. Los equipos negociadores se reunieron cinco veces en las dos semanas siguientes. En su declaración del 28 de mayo, Barth Eide anunció nuevos compromisos adoptados. Entre ellos, el acuerdo de que el conflicto solo puede resolver de manera adecuada teniendo en cuenta las perspectivas de hombres y mujeres, y el acuerdo de creación de un comité sobre igualdad de género. Otras cuatro medidas concretas incluyeron el trabajo para la apertura de nuevos puntos de cruce, empezando por Lefka-Aplici y Deryneia; medidas prácticas para avanzar hacia la interconexión de la red eléctrica; inicio de discusiones y propuestas para la interoperabilidad de la telefonía móvil; y la prevención de interferencias radiofónicas. (UN News, Turkish Daily News, Reuters, 1-28/05/15)

El United Bangsamoro Justice Party, creado por el MILF, presenta una solicitud de acreditación ante las autoridades electorales competentes de cara facilitar su participación en las elecciones previstas en 2016 en la región de Bangsamoro. El jefe negociador del MILF y a la vez presidente de la Bangsamoro Transition Commission, Mohaqer Iqbal, declaró que la intención del MILF es convertirse en una organización humanitaria que promueva la implementación de algunos de los contenidos de tipo socio-económicos contenidos en el acuerdo de paz del 2014. El gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, así como otros destacados líderes políticos, declararon que la acreditación del UBJP como partido político sería un gran paso adelante en el proceso de paz. Otro hecho ocurrido durante el mes de mayo que reforzó la confianza entre el Gobierno y el MILF fue la muerte a manos de miembros del MILF de Abdul Basit Usman, un experto en explosivos muy buscado tanto por los Gobiernos de Filipinas como de EEUU y que era uno de los principales objetivos del operativo del cuerpo especial de la Policía que provocó la muerte de alrededor de 70 personas (44 de ellas policías) el pasado mes de enero. Dicho episodio de violencia fue el de mayor gravedad de los últimos años y provocó una importante crisis de confianza entre las partes, así como la paralización de la tramitación parlamentaria de la Bangsamoro Basic Law, que recientemente cambió su nombre a Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. La muerte de Usman, sobre el que había una importante recompensa por su captura por su presunta participación en varios atentados, se produjo a principios de mayo en la provincia de Maguindanao, aunque hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su muerte. En cualquier caso, el Gobierno declaró que la activa participación en la neutralización de Usman, que se había convertido en una de las principales prioridades del Gobierno, pone de manifiesto su sinceridad y buena voluntad y a la vez refuerza el proceso de paz. (Phil Star, 02, 07 y 09/05/15; Rappler, 21/05/15)

Con motivo de una visita a Papúa, la cuarta en un año, el presidente indonesio, Joko Widodo, declara su intención de abrir una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno y Papúa Occidental, de prestar especial atención a la región y de mejorar la situación de los derechos humanos y el bienestar de la población. Poco antes del inicio de la visita, el Gobierno anunció la liberación de cinco presos políticos (en 10 años de mandato del anterior presidente solamente uno fue liberado) y el levantamiento de las restricciones de acceso a los periodistas. En este sentido, cabe destacar que pocos días antes se habían producido movilizaciones simultáneas en 10 países y 22 ciudades y se habían recogido unas 47.000 firmas para exigir el libre acceso de la prensa a Papúa. Tanto la visita a Papúa como las medidas de fomento de la confianza impulsadas por el Gobierno se produjeron pocos días antes de que el Melanesian Spearhead Group decida sobre las peticiones de ingreso realizadas tanto por el Gobierno de Indonesia (país en el que viven unos 11 millones personas melanesias) como por varias organizaciones papúes. Éstas últimas han contado tradicionalmente con el apoyo del Gobierno de Vanuatu y de la organización FLNKS (Nueva Caledonia), mientras que en las últimas semanas el ingreso de Indonesia ha tenido el apoyo de los Gobiernos de Fiji y de Papúa Nueva Guinea. (The Guardian, 10/05/15; 9 News, 11/05/15; Jakarta Post, 19/05/15; Jakarta Globe, 22/05/15)

Se celebra con éxito el Foro para la Reconciliación Nacional entre el 4 y el 11 de mayo en Bangui, que ha reunido a alrededor de 700 representantes y líderes de diversos grupos y actores de la sociedad civil centroafricana que alcanzaron un histórico acuerdo de paz conocido como Pacto Republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción del país. Entre los presentes estaba el Gobierno de transición, los diversos partidos políticos, los principales grupos armados del país (miembros de la antigua Séléka y las diferentes milicias anti balaka), la patronal, representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y grupos religiosos, que intentaron definir cuál debería ser el futuro del país. Se celebraron diferentes reuniones y comisiones temáticas sobre los principales elementos de la agenda de construcción de paz del país, entre los que destaca el ámbito de la paz y la seguridad, la justicia y la reconciliación, el desarrollo económico y social, y la gobernabilidad. Los principales resultados y recomendaciones adoptadas durante el Foro fueron: 1) la firma de un nuevo acuerdo de cese de hostilidades y desarme entre 10 facciones de Séléka y las milicias anti balaka, que establece la integración de sus miembros en los cuerpos de seguridad a los miembros que no hayan cometido crímenes de guerra o ser beneficiarios de proyectos de desarrollo comunitario 2) la liberación de los menores soldados, ya que se estima que entre 6.000 y 10.000 menores forman parte de los grupos rebeldes, y el libre acceso del personal humanitario, programas de apoyo a la población desplazada y refugiada; 3) un calendario electoral, la extensión del actual mandato de Catherine Samba-Panza y el aplazamiento de las elecciones, que no era ninguna sorpresa ante los requisitos que todavía estaban pendientes; la reforma de la Constitución (y un referéndum posterior) y del código de nacionalidad, que permita a la población musulmana convertirse en ciudadana del país; 4) el establecimiento de comisiones locales y nacionales de justicia y reconciliación; y 5) una agenda de prioridades para el desarrollo económico y social del país, la revitalización del sector agrícola (distribución de insumos agrícolas), ganadero (para permitir el retorno de las cabañas ganaderas al país) y minero (negociar el levantamiento de las sanciones a la explotación y comercio de diamantes a través del Proceso de Kimberley. El Centro para el Diálogo Humanitario ha estado llevando a cabo tareas de apoyo técnico y asesoría al proceso de reconciliación nacional desde 2014. Cabe señalar que desde 1980 se han celebrado cinco debates nacionales de reconciliación, que no han evitado el reinicio de la inestabilidad. A pesar del éxito de la convocatoria y los resultados, los retos y dificultades existentes son inmensos y se puso de manifiesto al culminar el Foro cuando diversos representantes de Séléka y de las anti balaka expresaron su rechazo en torno a algunas recomendaciones y abandonaron el Foro durante la ceremonia de clausura, y entre 200 y 300 partidarios de ambos grupos rebeldes llevaron a cabo protestas en los alrededores del Foro para manifestar su frustración ante el hecho de que muchos de sus compañeros se encontraban bajo arresto domiciliario o se enfrentaban a juicios por crímenes cometidos durante el conflicto. La financiación de los principales proyectos (menores y DDR), así como la capacidad de los líderes de controlar a sus guerrilleros fueron los principales retos planteados. (Jeune Afrique, HD, 12/05/15; Brookings, 15/05/15)

El 20 de mayo el Parlamento de la UE ha aprobado una legislación sobre una certificación obligatoria de cuatro recursos naturales a los importadores europeos para prevenir que puedan financiar conflictos armados. Así, tras la propuesta elaborada por la Comisión Europea en marzo de 2014 para el comercio responsable de minerales en la UE que tenía un carácter voluntario, y tras el informe elaborado por la Comisión del Parlamento Europeo sobre Comercio Internacional (INTA) del mes de abril de 2015, que reducía la obligación de certificar las importaciones a las empresas que directamente estuvieran adquiriendo oro, tungsteno, tantalio (coltán) y estaño, es decir, 19 empresas de fundición y refinerías con sede en la UE, la propuesta finalmente aprobada amplia el control a todas las empresas que produzcan algún tipo de producto que contenga alguno de estos minerales, lo que amplía el control a las cadenas de suministro de alrededor de 880.000 empresas de la UE. Ahora es el turno de los países miembros de la UE, que en el marco del Consejo de la UE podrían intentar modificar esta propuesta de ley que ha sido celebrada por centenares de organizaciones de defensa de los derechos humanos de los países miembros de la UE que han estado realizando incidencia política para que el Parlamento endureciera esta legislación. (European Parliament, 20/05/15; Radio Okapi, Xinhua, 21/05/15)

El Gobierno declara que las negociaciones de paz, interrumpidas en diciembre de 2013, podrían reanudarse a finales de mayo o principios de junio. Según varias fuentes, las conversaciones serían entre el Gobierno y una plataforma, conocida como Majlis Syura Patani (MARA Patani, Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a seis organizaciones insurgentes: el BRN, tres facciones distintas de PULO, el BIPP y el GMIP. Según algunas fuentes, el Gobierno de Malasia, que ejerce funciones de facilitación, habría propiciado la creación de esta plataforma con el objetivo de acercar posiciones entre las distintas organizaciones insurgentes y así facilitar la interlocución con el Gobierno. Sin embargo, algunos analistas consideran que MARA Patani no cuenta con el apoyo del ala militar de BRN, la organización presuntamente responsable de la mayor parte de la violencia que ocurre en el sur de Tailandia. Asimismo, el Gobierno considera que MARA Patani no incluye a todos los actores relevantes para poner fin al conflicto armado ni necesariamente representa las demandas clave de la insurgencia. En este sentido, cabe destacar que a mediados de mayo, más de 30 artefactos explosivos estallaron casi simultáneamente en 28 localidades del sur del país. Pocos días más tarde, unas 24 bombas de poca potencia estallaron en la ciudad sureña de Yala durante tres días consecutivos, aunque sin provocar víctimas mortales. Según algunos analistas, estos incidentes, así como el estallido de un coche bomba a mediados de abril en la isla turística de Koh Samui, tenían la intención de expresar la oposición del BRN a MARA Patani y de recordar al Gobierno quién detenta el control sobre los combatientes sobre el terreno. (Bernar News y Thai Visa News, 13/05/15; Insider, 14/05/15; East Asia Forum, 09/05/15; The Nation, 22/05/15)

El United Bangsamoro Justice Party, creado por el MILF, presenta una solicitud de acreditación ante las autoridades electorales competentes de cara facilitar su participación en las elecciones previstas en 2016 en la región de Bangsamoro. El jefe negociador del MILF y a la vez presidente de la Bangsamoro Transition Commission, Mohaqer Iqbal, declaró que la intención del MILF es convertirse en una organización humanitaria que promueva la implementación de algunos de los contenidos de tipo socio-económicos contenidos en el acuerdo de paz del 2014. El gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, así como otros destacados líderes políticos, declararon que la acreditación del UBJP como partido político sería un gran paso adelante en el proceso de paz. Otro hecho ocurrido durante el mes de mayo que reforzó la confianza entre el Gobierno y el MILF fue la muerte a manos de miembros del MILF de Abdul Basit Usman, un experto en explosivos muy buscado tanto por los Gobiernos de Filipinas como de EEUU y que era uno de los principales objetivos del operativo del cuerpo especial de la Policía que provocó la muerte de alrededor de 70 personas (44 de ellas policías) el pasado mes de enero. Dicho episodio de violencia fue el de mayor gravedad de los últimos años y provocó una importante crisis de confianza entre las partes, así como la paralización de la tramitación parlamentaria de la Bangsamoro Basic Law, que recientemente cambió su nombre a Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. La muerte de Usman, sobre el que había una importante recompensa por su captura por su presunta participación en varios atentados, se produjo a principios de mayo en la provincia de Maguindanao, aunque hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su muerte. En cualquier caso, el Gobierno declaró que la activa participación en la neutralización de Usman, que se había convertido en una de las principales prioridades del Gobierno, pone de manifiesto su sinceridad y buena voluntad y a la vez refuerza el proceso de paz. (Phil Star, 02, 07 y 09/05/15; Rappler, 21/05/15)