La filial de ISIS en el Sinaí –el antiguo grupo Ansar Beit al-Maqdis que pasó a denominarse Provincia de Sinaí a fines de 2014– lanza a principios de julio una serie de ataques coordinados contra una quincena de puestos de control en la provincia del Sinaí, en una ofensiva sin precedentes por el número de milicianos movilizados y el tipo de armamento utilizado. La ofensiva derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad egipcias que se extendieron durante varias horas y que también involucraron ataques de la Fuerza Aérea contra posiciones de ISIS en la zona. Según las cifras oficiales, en los incidentes murieron un centenar de combatientes del grupo armado y 17 soldados. No obstante, fuentes de seguridad citadas por la prensa aseguraron que el balance de víctimas fue mucho mayor. En este escenario, tanto Israel como Hamas anunciaron que reforzarían la vigilancia de la frontera con Egipto. La escalada de violencia, considerada la peor en cuatro décadas en el Sinaí (desde la guerra del Yom Kippur), se produjo días después del asesinato del fiscal general de Egipto, a finales de junio, y fue seguida de nuevos hechos de violencia a lo largo de julio. Entre ellos, ataques aéreos contra militantes de ISIS que dejaron al menos 23 fallecidos a comienzos de mes y una presunta agresión contra un barco de la guardia costera egipcia revindicada por ISIS a finales del período. En paralelo, durante julio también se informó de la muerte, a manos de las fuerzas de seguridad, de 13 destacados miembros de los Hermanos Musulmanes (HM), acusados por el Gobierno de preparar un complot para llevar ataques en el país. La organización lo desmintió y aseguró que los dirigentes eran parte de un grupo que coordina la asistencia a las familias de miembros de la hermandad que se encuentran en prisión o que han muerto a causa de la represión en los últimos años. Los HM denunciaron el hecho como un asesinato a sangre fría, hicieron un llamado a la población a rebelarse y advirtieron de “serias repercusiones”. Cabe destacar que en este contexto el Gobierno presentó nuevas propuestas de normas antiterroristas que fueron denunciadas por diversas ONG de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, ya que incrementan las sentencias a prisión perpetua y pena capital por múltiples delitos vinculados a actividades terroristas. Expertos alertaron que el Gobierno promueve un concepto de “terrorismo” ambiguo que puede ser utilizado con criterios políticos. Una de las disposiciones más polémicas es la que pretende castigar la publicación de lo que las autoridades consideren como noticias falsas o datos sobre operaciones antiterroristas que contradigan las informaciones oficiales. A finales de julio, Human Rights Watch también alertó sobre la desaparición de decenas de personas detenidas por las fuerzas de seguridad egipcias. (Le Monde, 02, 03/07/15; Reuters, 02, 16/07/15; BBC, 02, 22/07/15; al-Jazeera, 02, 18/07/15; El País 02/07/15; The Guardian 05/07/15)

Se producen nuevos enfrentamientos entre el grupo armado de oposición NSCN-K y las fuerzas de seguridad indias. En el episodio más grave, siete supuestos insurgentes fueron matados por las fuerzas indias en un choque en el que también murieron dos civiles en una zona fronteriza con Myanmar. Días después también murieron otros dos integrantes del grupo armado y un tercero resultó herido durante una operación de las fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos se produjeron después de que se intensificaran las patrullas en persecución del grupo armado tras el secuestro de dos menores supuestamente por los insurgentes. En paralelo se han multiplicado las voces desde el ámbito de la política pidiendo al grupo armado que reconsidere su decisión de abandonar el acuerdo de alto el fuego. El ministro jefe de Nagalandia TR Zeliang lamentó que el Gobierno indio no le hubiera informado antes de la intención del grupo armado de romper el acuerdo de alto el fuego, ya que de haberlo sabido hubieran tratado de persuadir a los insurgentes para que no lo hicieran. Zeliang señaló que el Nagaland Legislators’ Forum on Naga Political Issue, que agrupa a los parlamentarios nagas con el objetivo de fortalecer el proceso de paz, enviará una delegación de la sociedad civil a un encuentro con Khaplang, líder del grupo armado, para tratar de recuperar el acuerdo de alto el fuego. (Indian Express, 12 y 16/07/15; NDTV, 17/07/15)

Durante el mes de julio ha proseguido la escalada de atentados y ataques por parte de Boko Haram, que han sacudido el norte de Nigeria, así como los países fronterizos. Los ataques, donde han vuelto a predominar los atentados suicidas cometidos por mujeres o menores, se han enmarcado, según subrayan diferentes analistas, en la campaña impulsada por el Estado Islámico (ISIS) para incrementar la violencia durante el mes del ramadán. Entre los diferentes atentados registrados durante el mes, ha destacado la ola de ataques producida durante la primera semana. Balances estimados han cifrado en torno a 429 las víctimas mortales generadas por la cadena de ataques de la milicia en el norte de Nigeria, donde han destacado las siguientes acciones: el ataque contra la comunidad de Mussaram, cercana a la ciudad de Kukawa, donde murieron aproximadamente 48 personas, al que le siguieron un día después diferentes atentados contra mezquitas en la ciudad de Kukawa el 1 de julio, donde perdieron la vida alrededor de 97 personas; y los ataques producidos durante los días 2 y 4, en el estado de Borno, contra diferentes comunidades en Askira Uba, Biu y Konduga, con un balance de 53 personas asesinadas. Asimismo, en el centro de Nigeria, en la ciudad de Jos, dos bombas en un restaurante y una mezquita han dejado 44 muertos y 48 heridos el 5 de julio; alrededor de 50 muertos y 32 heridos en dos atentados con bomba en la ciudad de Zaria, estado de Kaduna, el 7 de julio, un día después de que una niña de 13 años se inmolase en un ataque a una mezquita en Kano. A mediados de mes, diferentes ataques contra cuatro aldeas cerca de Monguno, estado de Borno, se saldaron con 43 personas muertas; dos bombas en Gombe causaron 30 fallecidos; otros dos atentados suicidas perpetrados por mujeres contra mezquitas en Damaturu se cobraron la vida de al menos 50 personas. Algunos medios han señalado que desde la toma de posesión de Muhammadu Buhari, el pasado 29 de mayo, hasta mediados de julio, 625 personas han perdido la vida en atentados producidos por Boko Haram en Nigeria, además de causar centenares de heridos. Además de los atentados producidos en Nigeria, en Chad y Camerún también se han generado incidentes, que han causado al menos 41 muertos en tres atentados en Chad y 44 víctimas en cuatro ataques registrados en Camerún. Frente al incremento de la violencia, el presidente nigeriano ha solicitado que se despliegue lo antes posible la fuerza regional para combatir a la insurgencia (Multi-Nationalk Joint Task Force – MNJTF), la cual, y según el acuerdo alcanzado el 11 de junio en Abuja, Nigeria, estaría completamente operativa y desplegada el 30 de julio. En medio de la escalada de atentados, Buhari, ha abierto la puerta a un posible diálogo y negociación con la insurgencia, ofrecimientno que volvió a resaltar a finales de mes para tratar de resolver el cautiverio de las niñas de Chibok. En este escenario, se ha producido la visita del presidente nigeriano a su homólogo estadounidense. El 20 de julio, Obama ha recibido a Buhari en la Casa Blanca, donde se ha abordado, entre otros temas, la estrategia de lucha contra el terrorismo y la inseguridad en el norte de Nigeria. En su visita diplomática, Buhari se ha reunido también con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y el Secretario de Estado, John Kerry, así como con la Procuradora General, Loretta Lynch, reuniones centradas en temas de seguridad y el proceso democrático nacional. (Daily Independent 01,06,07,08/07/15; Al Jazeera 02,06,08/07/15; Le Monde 03/07/15; Daliy Trust 04,17,19/07/15; Camerun Tribune 06/07/15; This Day 06,07,16,24/07/15; Premium Times 07,08/07/15; Deustsche Welle 07,11,16/07/15; Leadership 08/07/15; Vanguard 11,21/07/15; UN News 12/07/15; AP 20/07/15)

La guerra en Siria continúa librándose en distintos frentes a lo largo del país, con un severo impacto en la población y en las infraestructuras. A principios de julio se informó de importantes combates en Alepo, donde una coalición de más de una decena de grupos rebeldes –incluyendo la filial de al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra– lanzaron un ataque coordinado en las zonas controladas por las fuerzas gubernamentales. Según informaciones de prensa, que describieron la ofensiva como la más importante desde que se inició la batalla por Alepo, algunos grupos que cuentan con el apoyo de Occidente también habrían participado en la ofensiva. Durante el mes también se alertó sobre intensos combates entre fuerzas kurdas de las milicias YPG y combatientes de ISIS en la zona de Ain Issa, clave en la ruta de aprovisionamiento de Raqqa, principal bastión de Estado Islámico. Además, se informó de operaciones de las fuerzas de Bashar al-Assad para intentar recuperar Palmira, controlada por ISIS desde finales de mayo, y de graves incidentes en la zona de Zabadani, en la zona fronteriza con Líbano. En esta última localidad, tropas gubernamentales y milicianos del grupo shií libanés Hezbollah lanzaron una acción conjunta para intentar desalojar a las fuerzas rebeldes de las montañas de Qalamoun. A finales de julio, el enviado de la ONU para Siria advirtió que los ataques del régimen en esta área estaban causando unos niveles de muerte y destrucción sin precedentes, en parte por el uso de barriles bomba. Días más tarde, Bashar al-Assad admitió que las tropas sirias se han visto obligadas a concentrarse en la lucha en algunas zonas del país y aprobó una amnistía para desertores, en un intento por reforzar el contingente. EEUU, por su parte, informó que la coalición anti-ISIS estaba intensificando sus operaciones en Siria. El presidente estadounidense, Barack Obama, descartó el envío de tropas y resaltó la necesidad de contar con un socio efectivo en terreno. No obstante, según datos dados a conocer por el secretario de Defensa de EEUU, sólo 60 combatientes han sido aprobados para entrenamiento. Unos 7.000 reclutas se habrían presentado como voluntarios, pero aún no habrían pasado pruebas de selección y posible veto por la amenaza futura que pueden representar para Washington. Cabe destacar que en paralelo a la evolución en el campo de batalla, continuó haciéndose evidente el impacto humanitario del conflicto. Nuevas cifras de ACNUR confirmaron que más de cuatro millones de personas –una sexta parte de la población– han huido del país. La población refugiada enfrenta condiciones dramáticas, como puso de relieve un informe de UNICEF y Save the Children sobre las elevadas tasas de explotación laboral de niños y niñas sirias. (Al-Jazeera, 02/07/15; BBC, 03, 06, 07, 08, 09, 17, 21, 22, 26/07/15; Reuters, 09/07/15; Foreign Policy, 08/07/15; New York Times, 21/07/15)

La fuerza militar de la AMISOM anuncia el lanzamiento de una nueva operación militar, la Operación Jubba Corridor, junto al Ejército somalí, contra la insurgencia islamista al-Shabaab, en las regiones de Bay y Gedo, al oeste y al sur de la capital, Mogadiscio. Diversas fuentes han informado sobre intensos combates en varios feudos del grupo armado en Dinsor y Bardera, estratégica ciudad esta última que finalmente ha sido liberada por parte de la AMISOM, según ha informado el vicepresidente de la región de Jubalandia, el general Abdullahi Sheikh Ismael (Fartag). Otra estratégica localidad agrícola en la región de Bay, Ufurow, también ha caído en manos del Ejército somalí. La caída de Bardera ha coincidido con la reunión celebrada por parte de diversos comandantes de al-Shabaab e ideólogos del grupo en la localidad de Jilib, en la región de Middle Juba, reunión en la que algunas fuentes habrían señalado la posibilidad de que al-Shabaab estuviera reflexionando sobre su posible unión a Estado Islámico (EI). Esta última ofensiva se produce tras el anuncio por parte de las autoridades de Kenya del bombardeo por parte de un avión no tripulado de EEUU que habría causado la muerte una treintena de combatientes de al-Shabaab, entre los cuales diversos comandantes, en el sur del país. Por otro lado, las fuerzas gubernamentales somalíes junto a la AMISOM se han retirado de áreas bajo su control en la región de Lower Shabelle, en el sur del país, a pesar de las amenazas de que puedan ser retomadas por al-Shabaab. Por último, cabe destacar el atentado contra dos hoteles de Mogadiscio cometido el 10 de julio que habría causado la muerte de al menos seis personas, entre las cuales tres asaltantes. Cabe señalar que el comandante del Ejército somalí, Adan Ahmed Hirsi, ha acusado a Kenya de causar la muerte de unas 50 personas (militares del Ejército somalí y civiles) en diversos bombardeos a mediados de mes. (Garowe Online, 02 -24/07/15)

A principios de julio, una semana después del atentado en un complejo de la ciudad de Sousa en el que murieron 38 turistas extranjeros –en su mayoría de Reino Unido–, el presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, declara el estado de emergencia en el país. La medida estará vigente durante un mes y otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad y a las autoridades. El Gobierno reaccionaba así ante un ataque que ha sido considerado como el peor de la historia reciente del país y que se produjo tan solo dos meses después de otro ataque en la capital tunecina, contra el Museo del Bardo, que dejó 22 víctimas mortales en marzo. Tras el ataque de Sousa las autoridades tunecinas recibieron múltiples críticas por el hecho de que se hayan producido dos atentados similares en poco tiempo y por la lentitud en la respuesta de los agentes en el caso de Sousa. El atacante, un joven tunecino de 23 años identificado como Saifdin Rezgui, estuvo más de media hora disparando y paseándose con su fusil kalashnikov en la playa del hotel Marhaba Imperial antes de ser abatido por la Policía. El presidente de Túnez admitió que el ataque fue una sorpresa porque no se esperaban ataques en la playa, mientras que el primer ministro, Habib Essid, reconoció que la Policía había reaccionado con demora. Según medios británicos, el Ministerio del Interior tunecino había sido alertado en mayo de un posible ataque en Sousa. En este contexto, el Gobierno informó de la detención de una docena de sospechosos de colaborar con Rezgui, que habría recibido entrenamiento en la localidad libia de Sabrata (a unos 100 kilómetros de la frontera tunecina), donde habría coincidido con los perpetradores del atentado del Bardo. A lo largo de julio también se anunció que se adoptarían medidas como el cierre de mezquitas y la construcción de un muro de 168 kilómetros en la frontera entre Túnez y Libia, entre las localidades de Ras Jedir (norte) y Dehiba (sur). A finales de mes, la Asamblea de Representantes también aprobó un proyecto de ley que contempla la aplicación de la pena de muerte, suspendida en el país desde 1991, para delitos de terrorismo. Finalmente, medios de comunicación informaron de la muerte de cinco presuntos milicianos en una acción de las fuerzas de seguridad a mediados de julio y destacaron el impacto de los recientes ataques en el turismo. Se estiman unos 550 millones de pérdidas en este sector, que representa en torno al 15% del PIB del país. (EFE, 02/07/15; El País, 04, 25/07/15; Le Monde y AFP, 02, 03, 05, 08, 23/07/15; BBC, 10/07/15, The Independent, 05/07/15)

Se dispara la tensión política y militar en Turquía tras un atentado suicida el 20 de julio contra un centro cultural gestionado por el movimiento kurdo en la localidad de Suruç, cerca de la frontera con Siria, que causó la muerte a 32 personas y heridas a más de un centenar, la mayoría jóvenes socialistas que se disponían a viajar a Kobane (Siria) en apoyo al proceso de reconstrucción. Turquía señaló a ISIS como autor de los hechos, mientras el movimiento kurdo responsabilizó al partido gobernante AKP de la matanza y de colaborar con ISIS. Otros actores políticos turcos, como el CHP, también acusaron al AKP de negligencia frente a ISIS. El atentado generó movilizaciones masivas de protesta en diversas localidades y desencadenó cambios significativos en las posiciones de los actores políticos y militares en Turquía. El PKK se atribuyó el asesinato de dos policías en Ceylanpinar (frontera con Siria) a modo de represalia por los hechos de Suruç dos días después de la matanza. Otro policía murió tiroteado en Diyarbakir un día después. La organización afín juvenil YDG-H se atribuyó la muerte de un supuesto simpatizante de ISIS en Estambul. Todo ello apuntaba al fin de la tregua unilateral del PKK de 2013. Previo al atentado de Suruç, en un comunicado del 12 de julio el PKK había advertido que llevaría a cabo ataques contra los trabajos de construcción de presas hidroeléctricas y de puestos militares, por considerar que suponían una amenaza de desplazamiento de población, lo que ya fue interpretado en algunos medios como fin de la tregua. Además, el KCK afirmó a mitad de julio que no podía hablarse de alto el fuego hasta que se crearan las condiciones para la libertad del líder del PKK, Abdullah Öcalan, y para negociaciones de paz. Tras los hechos de Suruç se aceleró la tensión, con numerosas movilizaciones de protesta, reprimidas por las fuerzas de seguridad; las mencionadas represalias del PKK; y el anuncio del Gobierno de medidas contra ISIS y el PKK, precedidas de una conversación telefónica el 22 de julio entre el presidente norteamericano, Barack Obama, y el turco, Recep Tayyip Erdogan. Un ataque de ISIS el 23 de julio contra un puesto fronterizo turco en la región de Kilis, que causó una muerte y heridas a dos soldados, fue respondido por el Ejército turco, matando a un militante islamista. Ese mismo día trascendió que se pondrían en marcha medidas de cooperación entre EEUU y Turquía, incluyendo la luz verde al uso de bases militares turcas por EEUU, también la de Incirlik, y que el acuerdo podría incluir parcialmente una zona de exclusión aérea, aspectos confirmados por el Gobierno turco días después. Turquía puso en marcha el 25 de julio una macroperación contra supuestos miembros de ISIS y el PKK –y otras organizaciones consideradas terroristas–, que se prolongó durante días en 22 provincias y que se saldó con cerca de 600 detenidos y una militante del DHKP-C muerta por la Policía. Ese mismo día el Ejército turco lanzó bombardeos contra ISIS en Siria y contra el PKK en el norte de Iraq, que se prolongaron durante el fin de semana y causaron la muerte de 1 combatiente del PKK y heridas a otros tres. El PKK afirmó que no existían condiciones para el alto el fuego ante los bombardeos del Ejército y se atribuyó una explosión en Diyarbakir que causó la muerte de dos soldados y heridas a otros dos. Turquía convocó una reunión de la OTAN en Bruselas el 28 de julio. (AFP, Dicle, Hürriyet, Today’s Zaman, Firat, 1-27/07/15)

El 7 de julio una delegación del Gobierno afgano (Haji Azizullah Din Mohammad, Hikmat Khalil Karzai, Faizullah Zaki, Eng. Asim, Mohammad Nateqi y Farhadullah) se reunió con una delegación talibán que incluía a miembros de la red Haqqani (Mullah Mohammad Hassan Rahmani, Mullah Abdul Jalil Akhund, Mullah Mohammad Abbas Akhund, Haji Ibrahim Haqqani, Mullah Abdul Razaq Akhund, Mullah Eisa Akhund y Maulvi Abdul Latif Mansour) en Murri (cerca de Islamabad, Pakistán). No solo es fundamental la implicación de Pakistán en el proceso, sino que al encuentro acudieron como observadores representantes de EEUU y China. Los asuntos más importantes en la agenda talibán tienen que ver con prisioneros, la eliminación de sus miembros de la lista negra de la ONU, la retirada de las tropas extranjeras y la realización de enmiendas a la Constitución. El Mullah Omar a través de unas declaraciones poco habituales el 15 de julio dio su respaldo al proceso “para acabar con la ocupación”. Paralelamente a las negociaciones de paz, la campaña de violencia siguió su curso. Al ataque en el Parlamento afgano del 22 de junio, le sucedieron dos atentados con coche bomba al paso de dos convoyes de la OTAN (1 y 7 de julio respectivamente) en Kabul y un ataque contra la sede de la agencia de inteligencia afgana (National Directorate of Security, NDS). Asimismo, la NDS responsabilizó a la pakistaní (Inter-Services Intelligence, ISI) de haber orquestado el ataque contra el Parlamento. Varios choques entre soldados pakistaníes y afganos en Angoor Adda (división administrativa repartida entre Waziristán Sur y la provincia afgana de Paktika), se saldaron el 1 de julio con un policía afgano y ocho pakistaníes muertos. Hubo denuncias de disparos de mortero desde el lado afgano de la frontera. El 12 de julio un coche bomba mató a 33 personas e hirió a 15 en las cercanías de la base norteamericana de Camp Chapman, en la provincia de Khost. Otro coche bomba hizo explosión cerca de una mezquita de la capital de Baghlan (13/07) en la que se congregaban 500 personas esperando la cena de iftar, invitados por el gobernador de la provincia, Sultan Mohammad Ibadi. Un ataque suicida en un mercado de la provincia de Faryab se saldó con más de 20 muertos y decenas de heridos. EEUU, por su parte, aumentó el número de bombardeos contra posiciones de los talibán y de ISIS. En lo que parece ser un error de información, en uno de estos bombardeos en Logar, murieron siete soldados afganos (Pajhwok Afghan News, ToloNews, 07-22/07/2015)

Se celebran las elecciones presidenciales en Burundi el 21 de julio, marcadas por un clima de violencia e inestabilidad en todo el país y por el boicot de la oposición y de la sociedad civil. En un primer momento debían celebrarse el 15 de julio, pero fueron pospuestas una semana. Los primeros resultados parciales han dado una victoria amplísima a Pierre Nkurunziza. La jornada electoral ha transcurrido en calma pero en un ambiente crispado. Las elecciones legislativas y comunales del 29 de junio fueron ganadas por el CNDD-FDD, el partido en el poder, y ya fueron boicoteadas por la oposición. Los esfuerzos mediadores llevados a cabo a mediados de julio por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que inició conversaciones con el Gobierno burundés y los líderes opositores que se oponen a que el presidente Pierre Nkurunziza se pueda presentar a un tercer mandato presidencial, entre los que destaca Agathon Rwasa, no dieron resultado, y pusieron de manifiesto el fracaso de las diferentes iniciativas regionales para paliar la situación. Las presiones llevadas a cabo por la organización regional EAC y la UA para fomentar el diálogo entre las partes enfrentadas se han visto debilitadas por sus propios líderes vecinos, que han seguido estrategias similares a Nkurunziza para permanecer en el poder, como Yoweri Museveni, Robert Mugabe o Paul Kagame, entre otros, por lo que su capacidad de influencia en Nkurunziza ha sido baja. La UA ha desplegado a expertos militares y a observadores sobre derechos humanos para intentar evitar un agravamiento de la situación. Museveni, que fue nombrado líder mediador para Burundi por los jefes de Estado de la EAC el 6 de julio, destacó la importancia de trabajar por la unidad del país y abandonar el sectarismo, y ha felicitado al Gobierno por haber promovido el desarme del grupo juvenil progubernamental Imbonerakure, responsable de ejecuciones extrajudiciales, presiones y abusos contra opositores políticos. En medio del clima de inestabilidad reinante, las informaciones sobre el surgimiento de un nuevo grupo armado en el norte del país han contribuido a incrementar la inestabilidad. El Ejército ha anunciado a mediados de julio la muerte de 15 posibles insurgentes y la captura de otros 170 en diversos combates en el norte del país, aunque el liderazgo de los supuestos rebeldes sigue siendo confuso. Desde el anuncio de Nkurunziza en abril sobre su candidatura a un tercer mandato, las movilizaciones han causado decenas de víctimas mortales y las últimas estimaciones de ACNUR del 22 de julio elevan a 178.023 las personas que han buscado refugio en los países vecinos. (EAC Communiqué, 06/07/15; AU, 08/07/15; UN, 09/07/15; Africa Focus, 14/07/15; Al Jazeera, 15/07/15, Jeune Afrique, UNHCR, 22/07/15)

El líder del MILF, Ebrahim Murad, declaró que el grupo seguirá exigiendo la plena implementación del acuerdo de paz logrado en 2014 si finalmente no es posible que la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region sea aprobada antes de la finalización del mandato del presidente Benigno Aquino a mediados de 2016, tal y como estaba previsto originalmente. A pesar de que Murad garantizó el compromiso del MILF hacia el proceso de paz, Ebrahim Murad también declaró que si la mencionada ley no es aprobada se incrementan las posibilidades de radicalización en Mindanao y a la vez admitió que no puede asegurar su control sobre todos los grupos armados que se oponen al proceso de paz. Estas declaraciones se produjeron después de que el proceso de tramitación parlamentaria de la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region ha sufrido varios retrasos en los últimos meses. A pesar de ello, el Senado ya ha señalado que la discusión y eventual aprobación de dicho borrador de ley será una de las principales prioridades de la cámara para los siguientes seis meses. De igual modo, Benigno Aquino ha instado en varias ocasiones al Senado y a la Cámara de Representantes a aprobar el borrador de ley. Por otra parte, durante el trimestre se incrementó nuevamente la incertidumbre acerca del proceso de paz por el anuncio del Ministerio de Justicia de que más de 100 combatientes del MILF y del BIFF serán investigados por su presunta participación en un episodio de violencia el pasado mes de enero en el que unas setenta personas, entre ellas 44 policías, fueron asesinadas en la localidad de Mamasapano, en la provincia de Maguindanao. Además, varios parlamentarios expresaron dudas acerca de la sinceridad del MILF para desarmarse y se hicieron eco de algunas informaciones que señalaban que el MILF dispondría todavía de varias instalaciones en la parte central de Mindanao en las que fabricaba armas de fuego, munición y explosivos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas declararon haber realizado investigaciones sobre el terreno y posteriormente desmintieron públicamente dichas informaciones. (Philippine Star, 16/07/15; Rappler, Inquirer, InterAksyon, 25/07/15; Anadolu Agency, 11/07/15)

El presidente de la Cámara de Representantes, Feliciano Belmonte, se reúne en Ámsterdam con una delegación de 10 personas del NDF encabezada por el fundador del NPA y el Partido Comunista de Filipinas, Jose Maria Sison, y el jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni. A pesar de que Belmonte no tenía ninguna autoridad para negociar en nombre del Gobierno, ambas partes, además del Gobierno, valoraron positivamente el encuentro y Belmonte lo calificó de medida de fomento de la confianza y de paso en la buena dirección hacia la reanudación de las conversaciones de paz. Según Belmonte, que fue acompañado al encuentro por otros altos cargos del Parlamento, Sison dijo durante el encuentro informal que el NDF había comunicado al Gobierno su voluntad de reanudar las conversaciones, pero que todavía no habían tenido respuesta por parte de Manila. Pocos días después del encuentro en Ámsterdam, la jefa de la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita Deles, declaró que todavía no había podido hablar directamente con Belmonte y que la voluntad del Gobierno de reiniciar las conversaciones de paz dependía de que éstas fueran factibles y acotadas en el tiempo y de que el NDF no siguiera imponiendo precondiciones al diálogo, en clara referencia a la demanda del NDF de liberar a varios consultores del grupo y a prisioneros políticos. En este sentido, Deles declaró que consideraba prematuro abordar estas eventuales liberaciones sin tener conocimiento de las condiciones en las que se produciría la reanudación del diálogo. Por otra parte, cabe destacar las declaraciones del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Hernando Iriberri, en las que mostraba su apoyo a cualquier esfuerzo negociador iniciado por el Gobierno. (Philippines Daily Inquirer, 11, 14 y 15/07/15; ABS-CBN, 20/07/15; Philippine Star, 19/07/15)

El pasado 28 de junio es asesinado en su pueblo natal, Maseru, el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Lesotho, Maaparankoe Mahao, a manos del Ejército nacional, en una operación orquestada para detener a presuntos colaboradores golpistas, según informó el Ejército. Mahao ya había sufrido un atentado en agosto del año pasado, que según los medios locales tenía que ver con las luchas internas por el control del aparato militar. Este acontecimiento ha aumentado la tensión política en el país e incrementado el miedo a la vuelta a la violencia y la inestabilidad. Los hechos se relacionan con la llegada al poder el pasado mes de febrero, tras unas disputadas elecciones nacionales, del nuevo primer ministro Pakalitha Mosisili, quien ganó las elecciones y depuso a Tom Thabane. Una de las primeras medidas adoptadas por Mosisili, fue expulsar a Mahao de la comandancia de las FFAA y poner en su lugar a Tlali Kamoli, quien había sido jefe del Ejército hasta el intento fallido de golpe de Estado, en agosto del año pasado, contra el presidente Tom Thabane, quien lo expulsó de las FFAA y dio el cargo a Mahao. El nuevo Gobierno, ha iniciado una persecución política contra miembros del Ejército cercanos a Mahao, arrestando a 45 soldados bajo sospecha de planear un motín contra el Gobierno. El clima de tensión, se ha saldado con la huida del país de tres líderes de la oposición, entre ellos, el anterior primer ministro Thabane, refugiado en Sudáfrica. Miembros de la oposición, han protestado en el Parlamento nacional por el asesinato y el clima de tensión, a los que se les han sumado el colectivo de abogados nacionales, debido a que un letrado que representaba a las familias de los soldados detenidos también ha tenido que huir del país bajo amenazas de muerte por algunos miembros del Ejército. Estos hechos han sido condenados por los países de la región y otros actores, como EEUU, quienes han mostrado su preocupación por la situación y han solicitado medidas urgentes para reformar el sector de seguridad. La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), envió a Lesotho al presidente adjunto y facilitador de la organización, el vicepresidente Cyril Ramaphosa, además del Ministro de Defensa de ese país, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, para mediar y consultar con el primer ministro Mosisili. Tras diferentes reuniones bilaterales con los presidentes de Lesotho, Zimbabue y Bostwana, realizadas por el mediador de la SADC, la organización convocó una sesión extraordinaria de la conocida como SADC Double Troika (Órgano de Política, Defensa y Cooperación en Seguridad), para analizar la situación del reino de Lesotho. A la reunión, celebrada en Pretoria el 3 de julio, asistieron los presidentes de Sudáfrica, Zimbabue, Bostwana, así como representantes de Malawi y Namibia, y el propio primer ministro de Lesotho, Pakalitha Mosisili, llegando a una serie de acuerdos, entre los que destaca la creación de una comisión independiente para investigar las circunstancias de la muerte del brigadier Mahao, cuyo informe de conclusiones se ha previsto para estar listo en dos meses. La sesión también sirvió para realizar un llamamiento para que Lesotho reforme su sector de seguridad, así como para que introduzca medidas constitucionales que restauren la estabilidad política en el país. (News 24 24,30/06/15, 01/07/15; SAnews 30/06/15, 01,02,04,06/07/15; Deustsche Welle 01/07/15)

Después de haber transcurrido 111 rondas de diálogo, en un periodo superior a dos años, el gobierno, encabezado por el partido FRELIMO que preside Filipe Nyusi, y el partido opositor RENAMO (antiguo grupo armado) que encabeza Afonso Dhalakama, anuncian el inicio de las negociaciones relativas al cuarto y último punto de la agenda de diálogo, centrada en aspectos económicos y la distribución de recursos en el país. Dinis Sengulane, obispo anglicano retirado que funge como portavoz del equipo mediador, afirmó al respecto que el inicio de la negociación en su cuarto punto significa que el proceso está dando resultados. Sin embargo, durante el mes de julio, volvieron a generarse tensiones sobre otros puntos de la agenda aún sin concretar. El punto tres, relativo a la separación de los partidos políticos del Estado, y sobre el cual se había logrado un acuerdo el mes pasado, firmando ambas partes una declaración de principios, se ha vuelto a encallar, debido a que el RENAMO ha insistido en que el acuerdo alcanzado entre las partes debe de convertirse en ley con la aprobación parlamentaria, algo que aún no se ha realizado. Por su parte, el punto dos, que compete a asuntos relativos a defensa y seguridad, ha seguido sin reportar avances. El RENAMO exige en este apartado una distribución paritaria en los mandos de seguridad (Policía y Ejército), antes de entregar la lista de combatientes de su milicia para la integración en las fuerzas de seguridad. El Gobierno, por su parte, se ha negado a esta distribución del poder en los altos mandos de las fuerzas de seguridad, por lo que este punto del diálogo sigue sin resolverse. En este escenario, Dhalakama ha vuelto a exigir al Gobierno el establecimiento de las municipalidades provinciales en las seis provincias (Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Nampula y Niassa) que el RENAMO reclama haber ganado las elecciones, amenazando al Gobierno de tomarlas por la fuerza si éste no cede. El presidente mozambiqueño, en visitas realizadas durante el mes a las provincias de Zambezia y Niassa, ha respondido al líder del RENAMO que el país no se dividirá y que no cederá a las presiones. Este asunto está generando tensiones y el temor de la vuelta a la violencia e inestabilidad en el norte del país. (Agência de Informação de Moçambique 30,06, 07,09,13/07/15)

La ronda de negociaciones llevada a cabo entre el Gobierno de Myanmar y las insurgencias étnicas concluyó sin avances para lograr un acuerdo de alto el fuego. Una nueva Delegación Senior encabezada por la líder del KNU, Naw Zipporah Sein, representó en esta ocasión a los grupos insurgentes, en sustitución del anterior Nationwide Ceasefire Negotiation Team. Los principales puntos de fricción que impidieron el acuerdo fueron el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), la gestión de los recursos naturales y si el presidente y el legislador pueden ser signatarios del pacto final. Se trata de tres cuestiones incluidas en una lista de 13 enmiendas al texto del borrador de acuerdo que se alcanzó en marzo. Además, sigue pendiente la cuestión de la inclusión de los tres grupos armados de oposición TNLA, AA y MNDAA, que no han firmado acuerdos de alto el fuego de carácter bilateral con el Gobierno y que en estos momentos se enfrentan a las Fuerzas Armadas en la zona de Kokang y cuya incorporación en el acuerdo global es rechazada por el Ejecutivo. Representantes del Myanmar Peace Center, que da apoyo al Gobierno en el proceso, señalaron que los acuerdos bilaterales son necesarios porque demuestran un “compromiso profundo” con la paz. El encuentro de dos días se produjo en Rangún tras una reunión previa preparatoria que tuvo lugar en Tailandia. En paralelo a las negociaciones continuaron los enfrentamientos armados en el país. A principios de julio cerca de 100 civiles tuvieron que huir de sus hogares en la zona de Hpakant, en el estado Kachin, después de que se produjeran enfrentamientos entre el KIA y las Fuerzas Armadas. También se registraron choques con el DKBA en los que habrían muerto cuatro insurgentes y un número indeterminado de soldados en el estado Karen. (The Irrawaddy, 01, 03, 06, 13, 15, 22, 24/07/15)

En el marco del Plan de Acción Nacional (NAP, según su objetivo de acabar con “el discurso del odio”), los Rangers de la provincia del Sind asaltaron la sede del partido Movimiento Nacional Unido (Muttahida Qaumi Movement, MQM) liderado por Altaf Hussain (en exilio en Londres) en la ciudad de Karachi. El asalto se produjo tras varias denuncias a la Policía contra líderes del partido (tres fueron detenidos) acusados de incitar al odio contra el Ejército con sus declaraciones. Hussain acusa a los Rangers de torturar y asesinar a miembros de su partido y utilizar la NAP con fines políticos. No obstante, el gobierno local ha decidido ampliar los poderes a los Rangers un año más (hasta julio 2016). El ambiente en la ciudad estuvo especialmente convulso este mes tras el impacto de la ola de calor en su población (1.250 muertos y 65.000 en tratamiento). El Primer Ministro Nawaz Sharif ordenó una investigación para esclarecer las razones de la tragedia. Una razón, además de la ley que prohíbe mostrar comida y bebida en público durante el Ramadán, son los constantes cortes en el suministro eléctrico que afectan también a la provisión de agua. En la provincia de Jyber-Pajtunjwa, la población salió a la calle indignada por la falta de electricidad y atacó la sede a la autoridad eléctrica. También bajo el NAP (uno de sus objetivos es acabar con la financiación de la insurgencia), la Policía confiscó 1.200 huchas recaudatorias de organizaciones ilegalizadas y detuvo a 72 personas en conexión con dichos grupos. El anterior portavoz del movimiento talibán pakistaní (TTP) murió en un ataque de un avión no tripulado en la provincia afgana de Nangarhar. El dirigente abandonó el TTP para unirse al Estado Islámico (ISIS), grupo que ha denegado la información de su muerte. Pakistán ya ha repatriado en lo que va de año a más de 139.000 refugiados afganos (Geo TV, Dawn, The Express Tribune, 01-18/07/2015)

El Ejército congolés anuncia la recuperación de una posición estratégica que hasta el momento estaba en manos de la rebelión islamista congolesa-ugandesa ADF, el valle de Mutara, situado a 80 km al noreste de Beni, en la provincia de Kivu Norte, tras duros combates con la insurgencia que causaron un número indeterminado de víctimas mortales. En paralelo, nueve personas fueron ejecutadas en tres localidades cercanas a Beni y 70 casas fueron incendiadas. Se estima que las ADF han ejecutado a más de 400 civiles desde octubre, la mayoría con arma blanca. Por otra parte, el líder del grupo armado islamista ADF, Jamil Mukulu, capturado en Tanzania en abril y extraditado a Uganda a principios de julio, fue acusado por un tribunal ugandés de ser responsable de crímenes contra la humanidad. El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la MONUSCO, Martin Kobler, destacó que la decisión de invitar a Uganda a combatir la insurgencia islamista congolesa-ugandesa de las ADF es una decisión que le compete al Gobierno congolés, y que la MONUSCO ha llevado a cabo importantes ofensivas contra el grupo armado en colaboración con las Fuerzas Armadas congolesas que han debilitado enormemente al grupo armado, rechazando la posición del presidente ugandés, Yoweri Museveni, que afirmó que la MONUSCO había fracasado en su intento de neutralizar la grupo. Kobler remarcó que las ADF son difíciles de combatir debido a su origen terrorista, y que Occidente también tiene enormes dificultades para combatir a su propia insurgencia “terrorista”. (Agence Ecofin, 13/07/15; Jeune Afrique, 15/07/15; Xinhua, VOA, 21/07/15; Radio Okapi, 22/07/15; AFP, 21 y 22/07/15)

Medios de comunicación señalan, a partir de informes de inteligencia filtrados a la prensa, que el Gobierno está tratando de organizar un encuentro en Malasia en el mes de agosto con varias organizaciones insurgentes con el objetivo de acordar una hoja de ruta antes de finalizar el 2015 o a principios de 2016. Sin embargo, según estos informes, los dos principales líderes del principal grupo armado en la región, el BRN, se oponen a las negociaciones por considerar que esta estrategia beneficia claramente al Gobierno. Estas informaciones coinciden con un informe del think tank International Crisis Group (ICG) hecho público recientemente en el que señala que el actual clima político en Tailandia hace improbable cualquier avance en las negociaciones de paz, principalmente por el autoritarismo y la creciente centralización del poder por parte de la Junta Militar y por la falta de compromiso, capacidad política y coherencia por parte de las organizaciones insurgentes. Además, el carácter interino del actual Gobierno y las dudas entre los grupos insurgentes sobre la continuidad o no de la voluntad de diálogo del siguiente Ejecutivo también son un obstáculo importante para la generación de confianza entre las partes. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el ICG considera que lo más realista sería concentrarse en el logro de acuerdos modestos pero que permitan sentar las bases para iniciar un proceso de diálogo sólido una vez se den circunstancias políticas más apropiadas para ello, como por ejemplo acordar los equipos negociadores, los protocolos de comunicación u otros aspectos procedimentales. (Benar News, 13/07/15; AFP, 13/07/15; ICG, 08/07/15)

Continúan los desacuerdos y dificultades para la implementación de los aspectos políticos del acuerdo de Minsk II de febrero, mientras la situación de seguridad sigue siendo muy inestable. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, anunció el 1 de julio las enmiendas a la Constitución que llevaría a discusión al Parlamento, relativas a la descentralización del país. Los cambios no incluían referencia a un estatus especial para las zonas rebeldes. Poroshenko señaló que las enmiendas consolidaban a Ucrania como un país unitario con un sistema descentralizado. Señaló también que una ley específica establecería los procedimientos específicos para la descentralización en algunos distritos. Rusia y las autoridades rebeldes criticaron los cambios, afirmando que no se habían tenido en cuenta las propuestas de los actores rebeldes y señalando que eran insuficientes. Socios occidentales de Ucrania, como Alemania y Francia, se pronunciaron durante el mes celebrando el anuncio de reformas, pero señalando que debían dar respuesta a los acuerdos de Minsk II y referirse al estatus especial de los territorios. Así, se intensificaron los contactos entre Ucrania y sus aliados EEUU, Francia y Alemania. Finalmente, Poroshenko presentó al Parlamento una nueva versión, que incorporaba las referencias a la ley sobre los aspectos específicos de la descentralización a la sección de las provisiones transitorias dentro de la Constitución, en lugar de dejarlas fuera. El Parlamento deberá debatir la propuesta en agosto. Por otra parte, a mediados de julio el Parlamento ucraniano aprobó la convocatoria de elecciones locales para el 25 de octubre, excluyendo de esa cita a Crimea y las áreas bajo control rebelde, al considerar que no se dan las condiciones democráticas necesarias. Por su parte, los líderes rebeldes de Donetsk y Lugansk anunciaron que organizarán comicios locales en octubre y inicios de noviembre. Por otra parte, la situación militar continuó siendo muy frágil, con violaciones del alto el fuego y diversas víctimas mortales durante julio. Hubo también incidentes en la localidad de Mukacheko (oeste) entre miembros del grupo paramilitar Sector de Derecha -cuyas milicias combaten contra los grupos rebeldes bajo el paraguas de Ucrania- y agentes de policía, con varios heridos. (NY Times, El País, Reuters, RFE/RL, 01-22/07/15)

Las negociaciones iniciadas en noviembre de 2013 y que definieron el llamado Plan de Acción Conjunto desembocan finalmente en un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní el 14 de julio. Tras veinte meses de intensas gestiones diplomáticas, Teherán y los países del G5+1 (Reino Unido, Francia, China, Rusia, EEUU y Alemania) llegaron a un consenso que levanta las sanciones contra la república islámica a cambio de la imposición de estrictas limitaciones a su capacidad atómica, incluyendo la reducción en un 98% de sus reservas de uranio enriquecido y el desmantelamiento de dos tercios de las centrifugadoras en sus principales instalaciones. Estas medidas suponen que la eventual adquisición de una bomba nuclear por parte de Irán –que niega tener esta ambición– tardaría unos diez años. Según el acuerdo, inspectores de la ONU podrán solicitar el acceso a instalaciones militares iraníes, aunque su ingreso no será inmediato y deberá ser aprobado por una comisión conjunta. En uno de los puntos más complejos en las últimas horas de negociación –y que fue considerado como una de las principales concesiones de Washington–, el pacto también da luz verde al levantamiento del embargo de armas de la ONU sobre Irán, que podrá comprar y vender armas convencionales en un plazo de cinco años. Una semana después del anuncio, el acuerdo recibió el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, en una votación unánime. Cabe destacar que las conversaciones entre Irán y el G5+1 se extendieron más allá del plazo límite programado inicialmente para el 30 de junio, permitiendo así sortear algunos obstáculos de la negociación. El presidente de EEUU, Barack Obama, celebró el acuerdo y subrayó que no estaba basado en la confianza, sino en la verificación. El Congreso estadounidense tiene un plazo de 60 días para ratificar el pacto. La oposición republicana ha anunciado que pretende bloquear el acuerdo, pero Obama ha advertido que está dispuesto a utilizar el veto presidencial. En Irán, el presidente Hassan Rouhani también estaba trabajando para asegurar el apoyo doméstico al acuerdo, que debe ser aprobado por el Parlamento y por el líder supremo. La diplomacia iraní también apostó por buscar apoyos al pacto en la región. En un mensaje a sus vecinos árabes con motivo de la festividad del Eidr al-Fitr, al final del Ramadán, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, destacó que el acuerdo constituye una oportunidad para una mayor cooperación regional e internacional. Paralelamente, el Gobierno de EEUU intentó reducir los recelos de sus aliados en Oriente Medio. El secretario de Defensa, Ashton Carter, viajó a Arabia Saudita y a Israel, donde aseveró que una acción militar sigue siendo una opción para frenar las ambiciones nucleares iraníes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el acuerdo como un “error histórico” y acusó a las potencias de hacer demasiadas concesiones a Irán. (Foreign Policy, 30/06/15, 14, 15, 17/07/15; Reuters, 17, 22/07/15; BBC, 20, 22/07/15; Wall Street Journal, 13/07/15; ABC.com, 14/07/15)

Los principales partidos políticos de Macedonia alcanzan un nuevo pacto a mediados de julio, facilitado por el comisario de ampliación de la UE Johannes Hahn y otros tres parlamentarios, con el que se pretende dar respuesta a la crisis política y social de los últimos meses en que la oposición ha reclamado la dimisión del Gobierno denunciando espionaje masivo y otros abusos de poder y ha protagonizado movilizaciones masivas de protesta. El acuerdo, que desarrolla otro alcanzado en junio, pero que quedó en papel mojado por las divergencias y por el retraso en la celebración de nuevas reuniones, contempla la dimisión del Gobierno actual “a su debido tiempo” para permitir el establecimiento de un nuevo Ejecutivo de transición el 15 de enero de 2016, cien días antes de la fecha de las nuevas elecciones, el 24 de abril. Ese gobierno interino tendrá como función la organización de elecciones anticipadas, su primer ministro será nombrado por el oficialista VMRO DPMNE, pero incluirá también a representantes opositores. Según el pacto, el opositor partido socialdemócrata SDSM designará ya el 20 de octubre al nuevo ministro de Interior, en consultas con el resto de formaciones políticas, así como al nuevo ministro de Trabajo y a los viceministros de Finanzas, Agricultura, Sociedad de la información y Administración. Todos ellos continuarán en el equipo gubernamental transitorio, en el que tendrán los mismos derechos, incluyendo de veto, que los cargos vinculados al VMRO DPMNE en relación a la organización de los comicios. El acuerdo contempla también cambios de personal y el impulso a varias entidades estatales para mejorar la gobernanza en el país, incluyendo la comisión anticorrupción y la comisión electoral. Además, el SDSM puso fin a su boicot al Parlamento, al que volverán el 1 de septiembre. El acuerdo redujo la crisis, si bien continuaron las dificultades. El SDSM acusó al Gobierno a finales de julio de cancelar reuniones sobre la implementación de reformas. (Reuters, Balkan Insight, RFE/RL, 01-24/07/15)

El 29 de junio, el Sudan People´s Liberation Movement-North (SPLM-N), a través de su Secretario General, Yasir Arman, y el Jefe de Formación Política, Orwa Hamdan Zeid, firma en Ginebra la Escritura de Compromiso para la Protección de los Niños y las Niñas contra los efectos de los Conflictos Armados. El texto, es una iniciativa promovida por la organización Geneva Call y desarrollada para permitir que los grupos armados que no son reconocidos como partes en los tratados internacionales puedan ratificar acuerdos sobre protección de menores. La adhesión del SPLM-N, que representa el primer grupo armado africano no estatal en adherirse, fue considerada como un gran avance para la población civil inmersa en el conflicto que mantiene el grupo armado contra el Gobierno de Sudán en las regiones del Alto Nilo y Kordofán Sur. Este no ha sido el primer acuerdo que el SPLM-N ha firmado en base a las normas humanitarias y la Convención de Ginebra, ya que en el año 2013 el grupo también ratificó la prohibición de minas anti personas. Arman, tras la firma del nuevo acuerdo, destacó el compromiso del SPLM-N con la protección de los civiles, afirmando que el grupo está abierto a recibir a una comisión de verificación de la ONU. El anuncio se ha sumado al acuerdo alcanzado durante el mes de mayo, donde los tres principales grupos rebeldes de Darfur (el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación de Sudán dirigido por Abdel Wahid El Nur (SLM-AW) y el SLM bajo el mando de Minni Minawi (SLM-MM)), anunciaron su compromiso de impulsar esfuerzos para proteger los derechos de los menores y adherirse a las normas internacionales vigentes, ratificando su compromiso en una reunión consultiva mantenida los días 27 y 28 de mayo en Stadtschlaining, Austria, en el Centro Austríaco de Estudios para la Paz y la Resolución de Conflictos. (Radio Dabanga 30/05/15, 01/07/15)