Se cancela la reunión entre el Gobierno y los talibán prevista para el 31 de julio tras la confirmación oficial de la muerte del líder talibán Mullah Omar, que según algunas fuentes habría abierto una crisis de liderazgo que amenaza con divisiones y guerras internas en las filas talibán. Desde que el 31 de julio fuera nombrado como nuevo líder, Mullah Akhtar Mohammad Mansur ha enterrado la posibilidad de diálogo al declarar que no aceptará ningún acuerdo con los actores armados extranjeros o sus aliados en el país. La primera reunión oficial entre las partes se había producido a principios de julio en Murree. Esta crisis ha coincidido con un repunte de la violencia. Desde la primera semana de agosto 60 personas han muerto y centenares han resultado heridas como consecuencia de una oleada de atentados en Kabul. Un atentado suicida cerca del aeropuerto, una bomba próxima a una oficina de reclutamiento de la Policía u otra bomba al paso de un convoy de la OTAN han sido objetivo de los insurgentes. Se considera que en 2015 los atentados suicidas y los ataques complejos han aumentado un 78%. Afganistán ha acusado a Pakistán de estar detrás del repunte de violencia. El ministro de Defensa en funciones llegó a decir que Pakistán había declarado la guerra a Afganistán. Ambos Ejércitos y grupos insurgentes han lanzado ataques transfronterizos con varias bajas militares. (ToloNews, NYT, The Guardian, 31/07/15-21/08/15)

Desde la ruptura de la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, producida en junio de 2014 tras 15 meses que lograron una reducción de la violencia en el país del 40%, en El Salvador se ha incrementado vertiginosamente la inseguridad, siendo los meses de marzo a agosto de 2015 los más violentos desde el fin de la guerra civil (1980-1992), aumentando ostensiblemente los atentados y ataques contra instituciones del Estado, así como la respuesta de las fuerzas de seguridad contra las pandillas. Según datos facilitados por la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va del año y hasta el mes de junio, se han cometido 2.180 homicidios, habiendo sido mayo el que ostentaba la cifra más alta con 635, siendo el mes más violento desde que finalizó la guerra civil salvadoreña en 1992, donde se promedió 521 asesinatos mensuales. Durante el mes de agosto 850 personas fueron asesinadas, con un promedio de 27,7 asesinatos cada día. Los medios locales han alertado que de mantenerse esta tendencia de homicidios, el país podría sobrepasar el número de víctimas del 2009, año que lo colocó como el país más violento del mundo. En medio de este clima de violencia, el 24 de agosto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como grupos terroristas a las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal. La sentencia acuñó la condición de terrorista a los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y personas que financian a las bandas, prohibiendo cualquier tipo de negociación o mecanismos para-jurídicos con esos grupos, especificando la imposibilidad del Gobierno para negociar con ellas. Según datos de la Policía Nacional Civil, se tienen registrados unos 64.000 miembros de pandillas en todo el país, a los que hay que añadir, según un censo realizado por el Gobierno, unas 470.000 personas que tienen “afinidad” con las pandillas -cerca del 11% de la población salvadoreña. A raíz de la sentencia de la Corte, varios funcionarios de la administración del anterior presidente, Mauricio Funes, entre los que se encuentran mediadores que se habían vinculado a la tregua entre las pandillas entre marzo de 2012 y junio de 2014, podrían ser procesados por apoyar el terrorismo en el país. Tras la sentencia, medios locales se han hecho eco de la detención de supuestos pandilleros de la 18 que planeaban atentar contra el fiscal general Luis Martínez y contra algunas instituciones estatales mediante explosivos plásticos C-4 y TNT. A su vez, el 27 de agosto ha habido una amenaza de bomba contra la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Algunos diputados nacionales, han exigido entre otras medidas, que el Ejército asuma el mando en materia de seguridad nacional, que se establezca la pena de muerte, o que se creen milicias de autodefensas ciudadanas como las que recientemente se han reconocido en algunos estados de México. (El País, 12,21,29/08/15; BBC, 29/07/15; Diario La Página, 24 y 25/08/15; La Prensa Gráfica, 24/08/15; El Mundo, 26/08/15)

Las Fuerzas Armadas declaran que más de 40 miembros de Abu Sayyaf murieron y varias decenas más resultaron heridas a finales de agosto en las regiones de Patikul e Indaman, en la provincia de Sulu. Según el Gobierno, se trata de uno de los reveses más importantes que ha recibido el grupo armado en los últimos tiempos. En sus comunicados oficiales, Manila no reconoció ninguna víctima mortal entre sus filas, aunque algunos medios de comunicación sí señalaron que numerosos soldados habían resultado heridos durante la operación contrainsurgente. Los incidentes de mayor gravedad acontecieron entre los días 19 y 22 de agosto, cuando unos 25 combatientes de Abu Sayyaf murieron en varios enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Éstas habían intensificado las operaciones contra el grupo después de que dos guardacostas que se hallaban secuestrados consiguieran huir. Un funcionario municipal que también había sido secuestrado juntamente con los dos mencionados guardacostas fue hallado decapitado pocos días antes del inicio de los enfrentamientos de alta intensidad. También en fechas parecidas, se produjeron enfrentamientos entre Abu Sayyaf y miembros de un Barangay Peace Action Team en los que dos combatientes murieron y varios miembros de esta organización resultaron heridos. Finalmente, cabe destacar que el presunto jefe de las operaciones urbanas de Abu Sayyaf, Ibni Acosta, fue capturado a finales de agosto en la región de Zamboanga. (Interaksyon, 22 y 26/08/15; Reuters, 19/08/15; AP, 07 y 28/08/15)

Se cancela un encuentro previsto entre los Asesores de Defensa Nacional de ambos países que debía tener lugar del domingo 23 de agosto, ante la insistencia de Pakistán de reunirse con líderes de la Conferencia Hurriyat. El asesor pakistaní, Sartaj Aziz anunció que se encontraría con los líderes cachemires un día antes de la reunión con su homólogo indio, pero India puso bajo arresto domiciliario a tres de los líderes del Hurriyat el mismo sábado para impedir dicho encuentro. India mantiene que el diálogo entre ambos países debe ser bilateral y ha de reducirse a la lucha contra el terrorismo, mientras que Pakistán está inclinado a incluir una tercera parte y a Cachemira en la agenda. Por otra parte, se suceden los ataques transfronterizos entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los que no solo hay bajas militares sino también civiles. Este mes han muerto al menos nueve personas y hay decenas de heridos. Más allá de Cachemira, en el distrito de Sialkot (Punyab) en Pakistán, las fuerzas de seguridad fronterizas abrieron fuego matando a tres personas. Ambos países continúan acusándose mutuamente de ser el primero que abre fuego, de constantes provocaciones y de fomentar el terrorismo. (Dawn, The Hindu, BBC, 01/08/15-28/08/15)

Durante agosto Iraq continuó siendo escenario de múltiples hechos de violencia que se cobraron la vida de centenares de personas, más de 1.500 según cifras provisionales de la ONG Iraq Body Count. Entre los incidentes más graves se contaron los ataques con coches bomba que dejaron al menos 58 personas fallecidas en Diyala (este) el 10 de agosto; la ofensiva con camión bomba que dejó otras 67 víctimas mortales en Bagdad tres días después, en un atentado reivindicado por ISIS; y el ataque suicida en Ramadi (centro) que provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos generales, a finales de mes. Paralelamente, el país se vio afectado por una oleada de protestas contra las autoridades, especialmente en Bagdad y en las provincias del sur, que expresaron su rechazo a la corrupción y los numerosos problemas en la provisión de servicios a la población (incluyendo el suministro de electricidad en momentos en que la temperatura en el país ha alcanzado los 50 grados). El ayatollah Ali al-Sistani intervino para intentar rebajar la tensión y demandó la puesta en marcha de reformas. En este contexto, a mediados de mes el Parlamento aprobó una serie de medidas tendientes a disminuir las tensiones sectarias, erradicar la corrupción y reducir el despilfarro de fondos públicos, entre las que se incluyen la reducción en el número de ministerios y de altos cargos, como tres puestos de vicepresidente. La organización International Crisis Group alertó que en el trasfondo del incremento de la tensión política en el país también está una pugna de poder entre las élites que enfrenta al primer ministro Haider al-Abadi (que cumplió un año en el cargo) con comandantes de milicias shiíes apoyadas por Irán. Cabe destacar que durante el mes también se hizo público un informe del Parlamento que demanda el inicio de un juicio contra el ex primer ministro Nouri al-Maliki por su responsabilidad en la caída de Mosul a manos de ISIS en 2014. (BBC, 10, 14/08/15; Le Monde, 13/08/15; ICG, 01/09/15; The Guardian, 13/08/15; Foreign Policy, 18, 27/08/15; Reuters, 16/08/15)

Múltiples actores armados que toman parte en el conflicto en Siria son acusados de diversas acciones con graves consecuencias para la población civil, en el marco de una guerra que ya se ha cobrado la vida de 250.000 personas. Durante agosto, el Gobierno sirio fue duramente criticado por un ataque aéreo contra un mercado en la localidad de Douma que causó un centenar de víctimas mortales. Amnistía Internacional también publicó un informe en que el denunció que entre enero y junio las operaciones aéreas indiscriminadas de las fuerzas gubernamentales en la zona este de Ghouta han dejado más de 500 civiles fallecidos, incluyendo personas que han muerto de hambre o por falta de atención médica. El régimen de Damasco también fue acusado de utilizar napalm contra posiciones rebeldes en los alrededores de la capital siria. Paralelamente, la ONU también alertó sobre acciones de grupos rebeldes que han cortado el suministro de agua en zonas de Alepo y Damasco, afectando a unos siete millones de personas y utilizando el acceso a servicios como arma de guerra. A lo largo del mes, el grupo armado ISIS también perpetró sonadas acciones, entre ellas el secuestro de 230 miembros de una comunidad cristiana en la localidad de Qaryatair, en la zona de Homs; o el asesinato del principal arqueólogo de Palmira. ISIS también destruyó importantes templos en Palmira, en actos considerado por la UNESCO como crímenes de guerra. La coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU también fue acusada de provocar la muerte de al menos 450 civiles en el marco de la campaña aérea contra el grupo armado en Iraq y Siria. Un informe de la organización Airwars detalló más de 52 incidentes con víctimas civiles, incluyendo más de un centenar de menores. En este contexto, y en parte por las crecientes restricciones en los países vecinos a Siria –desbordados por la crisis de refugio provocada por el conflicto sirio– se intensificaron los intentos de miles de sirios y sirias por buscar refugio en Europa, arriesgando la vida en duras travesías por tierra y mar. Finalmente, cabe destacar que durante agosto el Consejo de Seguridad de la ONU dio su apoyo a los esfuerzos del enviado especial para Siria, Staffan de Mistura, por reactivar el diálogo político a través de diversas reuniones con actores sirios. Durante el mes también se informó de algunos ceses el fuego locales que permitieron la evacuación de heridos y el suministro de alimentos y medicinas en zonas como Zabadani, en la frontera con Líbano, y en Fuaa y Kafraya, en el noroeste. (BBC, 12, 17, 19, 24/08/15; The Guardian, 03,12/08/15; Reuters, 07, 11, 20, 27/08/15; Foreign Policy, 03/08/15)

Como mínimo 20 personas mueren y más de 120 resultan heridas el 17 de agosto tras el estallido de un artefacto explosivo en el santuario hindú de Erawan, en Bangkok, frecuentado habitualmente por turistas. El propio primer ministro y varios medios de comunicación consideran que éste ha sido el peor atentado de la historia del país. Al día siguiente, otro artefacto explosivo estalló en un embarcadero de un ferry público en Bangkok, aunque sin provocar víctimas mortales. Ninguna persona u organización reivindicó la autoría del atentado, lo cual generó informaciones y teorías contradictorias y confusas sobre las circunstancias del estallido. Sin embargo, en los días posteriores al atentado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron una operación de gran escala para hallar a una persona que, según captaron las cámaras de seguridad, dejó una mochila y se retiró del lugar minutos antes de la explosión. En esta operación, 139 personas fueron arrestadas y más de 4.600 viviendas fueron registradas. A finales de agosto, el Gobierno declaró haber detenido a una persona extranjera con material para fabricar explosivos y con varios pasaportes. La Policía dejó claro que seguramente no se trataba de la persona captada por las cámaras de seguridad pero a la vez señaló que probablemente formaba parte de la misma red que podría estar detrás del atentado. La Policía, que no reveló la nacionalidad de la persona detenida ni dio más detalles de la investigación en curso, también descartó que el atentado estuviera vinculada al terrorismo internacional. (AP, 29/08/15; The Guardian, 17/08/15; Khaosodo, 25/08/15; Opendemocracy.net, 28/08/15; Sputnik News, 31/08/15)

El Gobierno tayiko ordena a finales de agosto la prohibición del opositor Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRI), alegando que la organización no tiene el número de miembros requeridos por ley para poder registrarse como partido político. La notificación del Ministerio de Interior da un plazo de 10 días a la formación para paralizar todas sus actividades e informa del cierre ya hecho efectivo de las ramas del partido en una cincuentena de ciudades y distritos de todo el país. La orden llega en un contexto de agravamiento de la persecución del Estado contra sectores críticos, independientes o percibidos como amenaza para la seguridad del país, restricciones a la libertad de prensa, intensificación de medidas legislativas y prácticas con impactos negativos sobre la vida diaria de la población musulmana –presiones contra el uso de hijabs y barbas, contra nombres de resonancia islámica, prohibición a menores de asistencia a mezquitas, entre otras. La orden de agosto había estado precedida en meses anteriores de una intensificación de las presiones oficiales contra el partido y de la movilización de imanes oficialistas contra éste. El PRI era el único partido islámico legal en Asia central ex soviética. Formó parte del bloque opositor armado Unión Tayika de Oposición (UTO) –que aglutinó a sectores nacionalistas, islamistas y liberales, enfrentado en guerra civil al gobierno comunista en los años 90– y como tal fue partícipe del acuerdo de paz de 1997, que estableció cuotas de participación para la oposición y que dio paso a un proceso de reconciliación nacional. En las elecciones de marzo de 2015, denunciadas como fraudulentas por sectores opositores, el PRI quedó fuera del Parlamento por primera vez desde el fin de la guerra civil. (AFP, RFE/RL, 27-28/08/15)

La tensión desencadenada por el atentado suicida de Suruç en julio y los incidentes posteriores deriva en agosto en una reanudación de la guerra abierta entre Turquía y el PKK. Turquía puso en marcha una vasta ofensiva contra el PKK y el movimiento kurdo, con repetidos bombardeos en el norte de Iraq y en el sudeste de Turquía; la declaración de zonas de seguridad, toques de queda y despliegue militar y policial; detenciones, incluyendo de co-alcaldes; uso de la fuerza en manifestaciones civiles; y retórica belicista, alegando graves riesgos a su seguridad nacional procedentes del PKK, entre otras actuaciones. La campaña contra el PKK se desplegó en paralelo al anuncio de acciones contra ISIS. En ese nuevo contexto regional, Turquía dio luz verde al uso de sus bases militares por la coalición internacional. El PKK, que señaló en agosto que aún no había vuelto a una posición de guerra abierta sino de acciones de represalia, llevó a cabo acciones militares, incluyendo ataques, emboscadas y diversos secuestros, incluyendo de civiles. Los balances de agosto fueron dispares según las fuentes. La agencia de prensa oficial Anatolia cifró en más de 900 las víctimas insurgentes desde la ofensiva militar tras el 20 de julio y hasta finales de agosto y en más de 60 las bajas de las fuerzas de seguridad. El PKK informó de una cincuentena de bajas propias. El partido pro-kurdo HDP dio un balance de unos dos centenares de muertes. La ONG de derechos humanos IHD dio un balance de unas cuarenta muertes de guerrilleros y más de 90 de las fuerzas de seguridad y de 47 civiles entre el 21 de julio y el 28 de agosto, además de 2.544 personas detenidas (entre ellas, cerca de 2.400 acusadas de pertenencia a las organizaciones kurdas KCK y PKK). La escalada generó tensión social y política. Turquía renovó parte de la cúpula militar. Algunos alcaldes kurdos de localidades del sudeste realizaron declaraciones unilaterales de autonomía democrática (en referencia al autogobierno asambleario que promueve el movimiento kurdo). El líder del HDP, Selahattin Demirtas, instó al PKK y al Gobierno a poner fin sin condiciones a la violencia. El PKK advirtió de que tras las experiencias anteriores no darían pasos unilaterales y señalaron que la solución pasa por la política, no el conflicto armado. La delegación de Imrali (representantes kurdos partícipes del diálogo entre Turquía y el líder del PKK, Abdullah Öcalan) responsabilizó al AKP de la finalización del diálogo y reclamó su reinicio en igualdad de condiciones. También criticaron la denegación de Turquía de nuevas visitas de la delegación a Öcalan desde abril. Todo ello se produjo en un contexto de crisis política interna. Fracasaron las negociaciones para la formación de un gobierno de coalición tras las elecciones parlamentarias del 7 de junio y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, convocó elecciones anticipadas para el 1 de noviembre. Para ello hubo de formarse antes un gobierno de transición, en el que el HDP aceptó entrar, asumiendo dos ministerios, mientras el resto de la oposición rechazó entrar. Analistas alertaron de las implicaciones de nuevas elecciones, por los posibles impactos de la nueva campaña bélica. (Hürriyet, Today’s Zaman, Firat, Dicle, AFP, Reuters, 1-31/08/15)

Agencias de la ONU alertan sobre el incremento en el número de bajas civiles a causa de acciones armadas perpetradas tanto por las fuerzas al-houthistas y su entorno como por la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, que da apoyo al gobierno yemení en el exilio. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), sólo en las dos últimas semanas de agosto 95 civiles perdieron la vida en la zona de Taiz (sur). De este total, una cincuentena de personas fallecieron como consecuencia de ataques aéreos de la coalición encabezada por Riad y el resto habría muerto por disparos y ataques de milicianos de los comités populares afiliados a los al-houthistas. Otros incidentes destacados se produjeron en la zona de Amran (norte), donde otros 21 civiles murieron tras una ofensiva aérea de la coalición que afectó una oficina del sindicato de maestros a mediados de agosto; en la provincia de Hajjah (norte), donde otro ataque de la coalición que dejó 31 personas muertas, mayoritariamente civiles, a finales de agosto; y en Mukallah (sur), escenario de una nueva ofensiva de la coalición sobre una planta de agua en la que murieron otros 13 civiles el último día del mes. Según la OHCHR, desde marzo de 2015 se han contabilizado 6.631 víctimas civiles, incluyendo 2.112 personas fallecidas y 4.519 heridas. El balance total de muertes por el conflicto armado desde la escalada de marzo ascendería a unas 4.500 personas, según estimaciones de la ONU. La ONU y diversas ONG también han advertido sobre la crítica situación humanitaria en el país. El Programa Mundial de Alimentos alertó sobre la falta de comida y agua potable y cifró en 13 millones el número de personas que requieren ayuda urgente. En zonas como Taiz, ante el virtual colapso de los hospitales públicos, centros de salud privados estaban intentando dar respuesta a los numerosos heridos en el marco del conflicto, así como a los enfermos de dengue, una de las enfermedades que se están expandiendo en medio de la crisis. A lo largo del mes, las fuerzas favorables al ex presidente Hadi consiguieron avanzar posiciones en el sur y recuperar el control de Adén. Las acciones de las fuerzas de Hadi contaron no sólo con el apoyo aéreo de la coalición, sino también con el suministro de tanques y otros vehículos blindados y con la ayuda de tropas de Emiratos Árabes Unidos que a principios de agosto se desplegaron en Yemen. (UN, 01/09/15; BBC, 03, 30/08/15; Le Monde, 05/08/15; NYT, 04, 13, 24, 31/08/15)

La UA y la ONU alertan de las potenciales catastróficas consecuencias para el país y el conjunto de la región si la clase política burundesa no resuelve sus diferencias políticas de forma pacífica. Los enviados de la ONU, UA, UE, Bélgica y EEUU han hecho un llamamiento a todas las partes a promover un diálogo político inclusivo y transparente. Pierre Nkurunziza, ganador de las elecciones presidenciales, ha configurado un gobierno formado por los sectores más próximos al presidente pero a la vez ha cedido cinco ministerios secundarios a partidarios de Agathon Rwasa, su principal adversario, líder del partido FNL. Rwasa ha aceptado participar en las instituciones y él mismo ocupará el cargo de vicepresidente primero de la Asamblea Nacional. Durante el mes de agosto han sido asesinadas tres personalidades del país, entre las cuales destaca la muerte del general Adolphe Nshimirimana el 3 de agosto. Nshimirimana era considerado el jefe de los servicios de seguridad de facto, aliado muy próximo de Nkurunziza, y ocupaba el cargo de consejero presidencial para la seguridad interna. Se convirtió en un estrecho colaborador a partir de las movilizaciones desencadenadas para evitar que Nkurunziza se presentara a su tercer mandato presidencial y a partir del intento de golpe de Estado en mayo. Human Rights Watch había recibido numerosas informaciones sobre la implicación de Nshimirimana en diferentes casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos, arrestos y otros abusos de supuestos oponentes en los últimos años. Otro antiguo alto cargo militar en la reserva, que había sido jefe del Estado Mayor bajo el mandato del tutsi Pierre Buyoya (1993-2006), el coronel Jean Bikomagu, fue asesinado a mediados de mes. El activista de derechos humanos Pierre-Claver Mbonimpa, que había acusado repetidamente a Nshimirimana de haber ordenado la muerte de opositores políticos, sufrió heridas como consecuencia de un intento de asesinato, y se teme que se produzcan nuevas represalias por parte de sectores progubernamentales como consecuencia de la muerte de Nshimirimana. Finalmente, a finales de mes fue asesinado Pontien Barutwanayo, antiguo administrador de la comuna de Isale, miembro del partido FNL. Nkurunziza ganó las elecciones presidenciales celebradas el 21 de julio con el 69% de los votos. La comunidad internacional ha criticado el proceso electoral y lo ha calificado como no creíble debido al clima de violencia, intimidación, restricciones a los medios de comunicación y a la legitimidad del tercer mandato de Nkurunziza. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que al menos 96 personas han muerto desde el inicio en abril del último ciclo de inestabilidad vinculado al proceso electoral y alrededor de 600 personas han sido encarceladas, y se han incrementado las ejecuciones y detenciones desde la celebración de las elecciones en julio. Diversas fuentes señalan también que la población civil se ha empezado a armar ante la posibilidad de una escalada de la situación, y miles de personas han buscado refugio en RDC y Tanzania desde el inicio de la crisis. (AP, 03/08/15; 16/08/15, humanospehre.org, 17/08/15; Jeune Afrique, 18, 24 y 25/08/15)

Se incrementa notablemente la tensión en Mindanao después de que el MILF declarara su firme oposición a las versiones revisadas de la Bangsamoro Basic Law (BBL) que han sido aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado. Varios representantes del grupo señalaron que las enmiendas aprobadas por ambas cámaras legislativas dotan a Bangsamoro, la nueva entidad política que se debería crear en el sur de Filipinas, con incluso menos competencias que la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán y a la vez advirtieron que la comunidad internacional pedirá responsabilidades al Gobierno filipino si la guerra vuelve a estallar en Mindanao. En este sentido, el presidente del comité del Senado encargado de la tramitación parlamentaria de la BBL declaró a mediados de agosto que el 80% de los contenidos de la versión original de la ley, acordada por el MILF y el Gobierno, habían sido modificados, con la incorporación de 115 enmiendas. A éstas cabe sumar las enmiendas sugeridas por el comité de la Cámara de Representantes aprobadas previamente. En los últimos meses, numerosos legisladores se habían opuesto vehementemente a la aprobación de la BBL por considerarla abiertamente anticonstitucional. Por su parte, el MILF recordó que numerosos expertos en derecho constitucional habían sido consultados para garantizar que la versión de la ley que el MILF y el Gobierno acordaron y enviaron al Parlamento para su aprobación era plenamente constitucional. Además, advirtió que si para el mes de octubre no se había aprobado la BBL probablemente ya no habría tiempo para hacerlo porque la mayor parte de fuerzas políticas se volcarían en la campaña electoral de los comicios generales del 9 de mayo. Finalmente, el MILF también hizo público que está teniendo importantes presiones para que abandone la senda de la negociación y que dé por imposible la aprobación de una ley que contenga el espíritu del Acuerdo Marco de Bangsamoro y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro aprobados respectivamente en 2013 y 2014. (CNN, 12/08/15; Gulf News, 18/08/15; Philstar, 24 y 27/08/15)

Un ataque incendiario contra una vivienda en la localidad de Duma, en Cisjordania, causa la muerte de un bebé palestino de 18 meses y deja gravemente heridos a sus familiares el 31 de julio, intensificando la tensión en la zona. Los indicios apuntan a que la agresión fue perpetrada por colonos extremistas judíos, ya que en el lugar de los hechos aparecieron pintadas en hebreo que incluían la palabra “revancha”. El ataque se enmarcaría así en la política de represalias y vandalismo –bajo la etiqueta “price tag”– de colonos israelíes contra la población palestina y que, en ocasiones, se activa en respuesta a decisiones del Gobierno israelí que limitan la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados. Aunque las autoridades israelíes condenaron el ataque, la OLP consideró que el Gobierno israelí era responsable del brutal asesinato, al que calificó como consecuencia directa de décadas de impunidad ante las acciones violentas perpetradas por colonos. El ataque, que a principios de agosto derivó en la muerte del padre del bebé –la madre y el hermano del menor permanecían ingresados en estado grave– motivó protestas de la población palestina. En este contexto, dos jóvenes palestinos de 17 años murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad israelíes en hechos ocurridos en Gaza y Cisjordania. Tras los funerales de uno de los jóvenes, nuevos incidentes dejaron a otros ocho palestinos heridos por balas de goma disparadas por agentes israelíes. Adicionalmente, se produjeron ataques de colonos en localidades de Cisjordania (Nablus, Kursa) y enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes en Jerusalén Este que dejaron heridos a dos policías israelíes. Durante el mes, el Gobierno israelí anunció la detención del ultranacionalista, Meir Ettinger, por su presunta responsabilidad en anteriores ataques incendiarios. Las autoridades anunciaron que someterían a los sospechosos de estos actos a “detención administrativa”, una medida que permite la privación de libertad sin cargos hasta ahora reservada para prisioneros palestinos (cerca de 400, según ONGs). Cabe destacar que durante agosto otras cuatro personas murieron en el sur de Gaza tras la explosión de un artefacto que, presuntamente, había quedado en el lugar tras la escalada de enfrentamientos entre Hamas e Israel el verano pasado. (BBC, 02, 03/08/15; El País, 02, 03/08/15; The Guardian, 08, 09, 19/08/15; Le Monde, 03, 20/08/15; Reuters, 06/08/15)

A dos meses de la firma del acuerdo de paz en Malí entre el Gobierno y la Coalición rebelde separatista tuareg de los Movimientos de Azawad (CMA) y las milicias progubernamentales organizadas en la llamada Plataforma, prosiguió la violencia en el norte de Malí. En agosto persistió la actividad armada de los grupos yihadistas (excluidos del proceso de paz), así como enfrentamientos armados entre los grupos firmantes del Acuerdo de Paz que han roto el alto el fuego pactado, poniendo en peligro la continuidad del proceso. El 3 de agosto, combatientes de AQMI atacaron la base militar de Gourma-Rharous, región de Tombuctú, asesinando a 11 soldados malienses. El día 7, islamistas vinculados al grupo al-Mourabitoun, tomaron el hotel Byblos en Severe, frecuentado por personal de Naciones Unidas, secuestrando a numerosas personas. La acción se ha saldado con cuatro militares malienses, cinco islamistas y cinco trabajadores extranjeros de la ONU muertos tras la intervención realizada por las fuerzas malienses, con el apoyo de tropas especiales francesas. Paralelamente, otro grupo vinculado con al-Qaeda, Ansar Dine, ha declarado como objetivo militar a Côte d’Ivoire, lo cual ha aumentado la presencia militar en las fronteras entre ambos países. El 15 de agosto, y durante tres días, miembros de la CMA y las milicias progubernamentales GATIA, ambos firmantes del Acuerdo de Paz, han violado el alto el fuego enfrentándose en Anefis, norte de la región de Kidal (donde el CMA tiene sus principales bases), reportándose al menos 20 muertos. La violación del acuerdo ha generado una crisis en el proceso de paz y ha sido duramente condenada por las Naciones Unidas, así como por Argelia, quien ha fungido como mediador. La misión de paz de la ONU en el país, la MINUSMA, ha establecido una zona de seguridad de 20 kilómetros alrededor de la ciudad de Kidal para tratar de restablecer la paz. La CMA, que ha sido expulsada de la ciudad de Anefis por la milicia GATIA, como protesta por la violación al cese al fuego se ha retirado del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz, anunciando su suspensión, lo cual plantea serias dudas sobre el posible recorrido del proceso de paz. (Algerie Presse Service, 04,09,20/08/15; DW, 05,08/08/15; RFI, 08/08/15; Daily Trust, 11/08/15; Reuters, 14/08/15; UN, 17,22/08/15; IRIN 19/08/15; Daily Maverick, 24/08/15)

El Gobierno del FRELIMO, presidido por Filipe Nyusi, y el opositor partido RENAMO han mantenido la dinámica de acusaciones mutuas de violación del cese al fuego previsto en el Acuerdo de Paz del 5 de septiembre del 2013. El Gobierno ha acusado a la RENAMO de realizar diferentes ataques a las fuerzas de seguridad, producidos en Moatize y Tsangano, distrito de Tete, así como de seguir incumpliendo el acuerdo de desarme y reintegración de combatientes. Por su parte la RENAMO, encabezada por Afonso Dhlakama, ha exigido al Gobierno la repartición de las posiciones de los altos mandos militares y policiales, así como la política de municipalización que les permita el control de las seis provincias del norte y el centro que el partido reclama haber ganado en las pasadas elecciones de 2014 (Manica, Sofala, Tete, Zambezia, Nampula y Niassa). Al respecto, en unas jornadas de veteranos de la RENAMO, mantenidas el 21 y 22 de agosto en la ciudad de Quelimane, el partido ha vuelto a amenazar al Gobierno con tomar las provincias exigidas por la fuerza, a la vez que ha anunciado la intención de crear su propia fuerza policial. Dhlakama también ha anunciado la suspensión del diálogo de paz que mantenía con el Gobierno desde abril de 2013, que se encuentra en la 114ª ronda de negociación, centrada en el apartado IV aspectos económicos. El presidente mozambiqueño ha ofrecido una reunión bilateral a Dhlakama para tratar de reconducir las negociaciones de paz, sin embargo, el Renamo ha desestimado esta posibilidad arguyendo que no es una prioridad, a la vez que ha acusado al Gobierno de haber golpeado el acuerdo de paz con la decisión de cancelar la misión de observación internacional, la EMOCHM. (The Herald, 31/07/15; Agencia de Informaçao de Moçambique, 10-28/08/15)

Se incrementa la violencia y los disturbios en Nepal después de que la Asamblea Constituyente aprobara un borrador de Constitución que ha causado descontento en diferentes sectores sociales. Al menos 23 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre policía y manifestantes durante el mes de agosto y centenares han resultado heridas. La propuesta de la Asamblea Constituyente, aprobada por la coalición gobernante formada por los partidos NC, CPN-UML y MJF-D, con el apoyo del opositor UCPN-M, contemplaba la creación de seis estados federales en sustitución de 75 distritos administrativos. La delimitación territorial de estos estados fue rechazada por amplios sectores de población madhesi y tharu en la zona de Terai. La propuesta contemplaba que los estados se extendieran de norte a sur, conectando las zonas montañosas del país con la planicie en el sur, lo que fue rechazado por madhesis y tharus, que señalaban que políticamente esta propuesta les desfavorecía en términos demográficos. Dos personas murieron en el distrito de Surkhet como consecuencia de los disparos de la policía durante la celebración de una protesta. En el distrito de Kailali ocho policías murieron tras ser atacados por manifestantes y otros tres civiles podrían haber muerto también en el marco de estas protestas. La población tharu reclama la creación de un estado propio en el este de Nepal. Tras el incremento de las protestas y la violencia, el Gobierno desplegó el Ejército para contener los disturbios, incrementándose así la tensión en el país como consecuencia de la fuerte militarización. En paralelo al descontento generado por la solución territorial propuesta para el país, también se criticaron otros aspectos como las condiciones para obtener la ciudadanía o el sistema electoral. (NYT, 10 y 24/08/15; International Crisis Group, 02/09/15; Indian Express, 11/08/15; Hindustan Times, 19/08/15)

Los presidentes de Nigeria y Camerún, Muhammadu Buhari y Paul Biya, han anunciado el 31 de julio el despliegue de la Fuerza Multinacional (Multi-National Joint Task Force - MNJTF) para luchar contra Boko Haram, la cual estará compuesta por 8.700 tropas de Chad, Benín, Níger, Camerún y Nigeria, y tendrá su cuartel general en N'Djamena, Chad. El mayor general Iliya Abbah, quien previamente había comandado las fuerzas militares nigerianas desplegadas en la lucha contra la rebelión del Delta del Níger, ha sido designado el comandante de la misión. El presidente nigeriano Buhari, así como su homólogo chadiano, Idriss Déby, han anunciado que la MNJTF pondrá fin a la insurgencia antes de acabar el año. Al respecto, Buhari ha ordenado a las fuerzas de seguridad nacional acabar con el grupo armado en tres meses. Idriss Déby ha notificado la supuesta muerte del líder de Boko Haram, Abubakar Sekau, quien habría sido reemplazado por Mahamat Daoud, hecho que ha dado pie a multitud de especulaciones sobre el liderazgo de la organización y que han sido desmentidos por el propio Sekau, quien ha vuelto a aparecer en escena. Buhari ha solicitado al Ministerio de Defensa un plan de acción para el establecimiento de un complejo militar-industrial para la producción local de armas que satisfaga las necesidades de las Fuerzas Armadas del país en su lucha contra la insurgencia. Durante el mes se han seguido registrando acciones militares contra la milicia, así como atentados y ataques de Boko Haram en los estados de Yobe, Benue, Adamawa y Borno, que han dejado un balance aproximado de 450 bajas. A principios de mes, el Ejército nigeriano informó de la liberación de 178 personas en Borno, así como de la captura de un comandante de la milicia. Los servicios de inteligencia reportaron la detención de una docena de líderes de Boko Haram en los últimos meses. En Camerún se han reportado al menos 30 muertos y decenas de secuestrados durante el mes. El 4 de agosto el Gobierno ha anunciado la expulsión de tres mil nigerianos como parte de su estrategia de lucha contra la insurgencia. En Chad se han producido dos ataques suicidas a campos militares. El 29 de agosto, el Gobierno chadiano ha informado de la ejecución de 10 presuntos miembros de Boko Haram, que habían sido condenados a muerte por su implicación en el doble atentado suicida realizado en junio en la capital, N’Djamena. La organización gubernamental Centre for Crisis Communication (CCC) ha informado que miembros de Boko Haram les han contactado para facilitar el dialogo con el Gobierno, tratando de buscar un acercamiento a raíz de la propuesta realizada por el presidente Buhari de abrir la posibilidad de diálogo con miembros originales de la organización. Los Gobiernos nigeriano y chadiano han desestimado la posibilidad de negociar. (DW, 31/07/15; Daily Independent, 01/08/15; Leadership 01-03,10/08/15; Daily Trust, 01-04,07/08/15; The Guardian, 01,06,08/08/15; This Day, 01,05,31/08/15; Vanguard, 03,11,31/08/15; AP, 04/08/15; Premium Times, 02/08/15; Al Jazeera, 02-31/08/15; AFP, 18 y 19/08/15; ANM, 29/08/15)

La violencia y la inseguridad persisten en amplias zonas del país que se encuentran en manos de los grupos armados, responsables de abusos sobre la población civil. En la localidad de Bambari, en el centro del país, murieron al menos 20 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre milicias anti balaka y combatientes de la antigua coalición Séléka como consecuencia de la muerte de un joven musulmán. Bambari tiene un importante mercado de ganado y la principal mina de oro del país, es una de las zonas considerada frente de guerra donde los grupos armados compiten por las tasas ilegales a los comerciantes y por el control de las minas de oro y diamantes. Otras cinco personas habrían muerto en una localidad cercana a Bria, en el este, a finales de mes. En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU y EEUU han decretado la congelación de bienes y la imposición de prohibición de viajar a tres miembros de grupos armados y a un importante compañía diamantífera, Badica/Kardiam, que ha estado realizando negocios con diamantes con los grupos armados del país. A pesar de la persistencia de loa violencia, Francia continua reduciendo su contingente en el país: pretende pasar de los 2.000 soldados con los que inició el año a 900 a finales del 2015. Las elecciones legislativas y presidenciales se celebrarán en octubre de este año, aunque pocos de los acuerdos alcanzados en el Foro de Bangui de mayo se han puesto en marcha, según diversas fuentes. En paralelo, a mediados de mes el secretario general de la ONU, ha nombrado al gabonés Parfait Onanga-Anyanga como nuevo representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la MINUSCA en sustitución del senegalés Babacar Gaye, a quien había exigido la dimisión de su cargo, una decisión sin precedentes sobre la que informó ante el Consejo de Seguridad de la ONU a puerta cerrada, tras la publicación por parte de Amnistía Internacional de nuevos casos de violaciones en el país por parte de cascos azules en RCA, en el marco de la política de responsabilidad y tolerancia cero que está intentando imprimir Ban Ki-moon a la organización que preside. Esta dimisión se produce tras las acusaciones de crímenes sexuales de menores cometidos por los cascos azules de la misión en el país: existen 57 acusaciones de abusos sexuales de los cuales 11 corresponderían a abusos a menores. (RFI, 14/08/15; UN, 21/08/15; Enough Project, 27/08/15; Jeune Afrique, 24, 25 y 28/08/15)

Las tropas etíopes bajo el paraguas de la AMISOM y su contraparte de Djibouti han entrado en colisión después de que esta última haya pedido a Etiopía que declare su agenda en el país. Este hecho se produce tras la retirada de las tropas etíopes de la ciudad de Halgan, en la región de Hiiran, sin tener la orden de los comandantes de la AMISOM. El coronel de las Fuerzas Armadas de Djibouti destinado en la AMISOM al cargo del Sector 4, Abdirahman Abdi Dimbil, ha declarado que las tropas etíopes llevan a cabo sus operaciones independientemente del mandato de la AMISOM y tienen su propia agenda. Además, ha añadido que las tropas de Djibouti en Somalia reconsiderarán llevar a cabo operaciones conjuntas con las tropas etíopes debido a que no trabajan en la misma dirección. Etiopía no se ha pronunciado en torno a la cuestión, aunque días después el comandante de las Fuerzas Armadas de Djibouti, el general Zakariye Sheikh Ibrahim, ha desmentido la información filtrada por su subalterno en la AMISOM y ha señalado que estas declaraciones de Dimbil no reflejan la posición del Ministerio de Defensa de Djibouti, destacando que Etiopía y Djibouti tienen el mismo objetivo en Somalia que consiste en restablecer la estabilidad en el país. En paralelo, el presidente de la comisión parlamentaria sobre Defensa, Hussein Arab Isse, ha declarado en una sesión parlamentaria que las Fuerzas Armadas somalíes y las tropas de la AMISOM no cooperan en las ofensivas contra el grupo armado al-Shabaab, cuestión que ha sido confirmada por los comandantes de la AMISOM y del Ejército somalí en el terreno. Isse ha afirmado que los comandantes de la AMISOM entrevistados le señalaron que no hay intermediarios entre los residentes de las localidades liberadas y la AMISOM debido a la ausencia de un papel claro para las tropas somalíes en las ofensivas contra al-Shabaab. Por otra parte, las Fuerzas Armadas somalíes, junto con el apoyo de la AMISOM, han tomado el control de dos estratégicas localidades en Beledweyne, en la región de Hiiran, en el centro del país, provocando un nuevo revés a al-Shabaab. (Ogaden News Agency, 18/08/15; Garowe Online 04, 25 y 27/08/15)

El conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes pro-rusos en el este de Ucrania asiste en agosto a una nueva escalada de violencia, de la mano de numerosas violaciones del alto el fuego de febrero mediante artillería pesada y bombardeos. Ante el deterioro de la situación, representantes del Gobierno ucraniano y de las autoridades rebeldes acordaron a finales de agosto un nuevo alto el fuego a iniciarse el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. El acuerdo de nueva tregua que ponga fin a las violaciones del anterior alto el fuego, de febrero, recibió el respaldo de Alemania, Francia y Rusia. La escalada de violencia tuvo lugar principalmente en zonas en torno al eje que conecta la estratégica localidad portuaria de Mariúpol –bajo control ucraniano– y la ciudad de Donetsk –feudo insurgente–, especialmente en áreas al este y norte de Mariúpol, como Starohnativka. Representantes ucranianos y estadounidenses calificaron los ataques como los más intensos desde la consecución del acuerdo de Minsk II en febrero. Las partes en conflicto se acusaron mutuamente de los ataques. Nuevas reuniones del Grupo de Contacto en Minsk el 3 y 4 de agosto, en que se abordaban propuestas sobre una nueva retirada de armamento y una posible zona de desmilitarización en torno a Shyrokyne, no resultaron en acuerdo y Ucrania mostró reticencias ante la falta de garantías de seguridad, en un contexto de no implementación de los acuerdos de septiembre y febrero y de sus críticas al papel de Rusia en el conflicto. Por otra parte, el Parlamento ucraniano aprobó el 31 de agosto con 265 de los 368 escaños la propuesta de enmienda constitucional que da luz verde a un estatus especial y descentralizado para las regiones del este bajo control rebelde, que debe concretarse en una ley por separado. No obstante, la reforma necesitará el apoyo de al menos 300 votos en una futura segunda votación para ser aprobada. El debate parlamentario fue acompañado de protestas de sectores nacionalistas ucranianos contrarios a la reforma –convocadas por los partidos Svoboda y Partido Radical–, que derivaron en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La explosión de una granada durante las protestas causó la muerte de tres miembros de la Guardia Nacional. Otras 122 personas, principalmente agentes, resultaron heridas, según el Ministerio de Interior. (NYT, Reuters, BBC, Jamestown Foundation, RFE/RL, Itar Tass, 01-31/08/15)

El Gobierno indio y el grupo armado de oposición naga NSCN-IM alcanzan un acuerdo marco de paz. El acuerdo fue firmado por los líderes del grupo armado Isak Chishi Swu y Th. Muivah y por el interlocutor principal del Gobierno R.N.Ravi, en presencia del primer ministro indio Narendra Modi. El acuerdo, que fue calificado por representantes nagas de “preámbulo” para la resolución final de la cuestión naga y que deberá servir de marco para continuar el proceso negociador hasta que se alcance un acuerdo final, se produjo después de más de 80 rondas de negociaciones desde el año 1997. Ni el texto ni los detalles del acuerdo se han hecho público, lo que ha levantado grandes suspicacias entre otros actores involucrados en el conflicto, especialmente los Gobiernos de los estados vecinos de Manipur, Assam y Arunachal Pradesh, que han señalado que no aceptarán ningún acuerdo final que conlleve modificaciones territoriales para atender a las demandas de la insurgencia naga de integrar en Nagalandia aquellas zonas de estos estados habitadas por población naga. Por otra parte, una delegación de representantes nagas se desplazó a Myanmar a instancias del Gobierno indio para tratar de convencer al líder del grupo armado NSCN-K, SS Khaplang, que reconsiderara su decisión de romper el alto el fuego y se uniera al acuerdo de paz alcanzado con el NSCN-IM. Khaplang rehusó reunirse con la delegación, delegando el encuentro en el vicepresidente Khango Konyak y el alto mando militar Nikki Sumi. Esto llevó al Gobierno indio a exigir a Myanmar la extradición de Khaplang y otros líderes del grupo armado. El acuerdo también ha generado escepticismo en otras organizaciones insurgentes activas en el estado. Sí ha trascendido que el acuerdo final pasaría por la aceptación de ambas partes de la idea de “soberanía compartida” y la coexistencia. En paralelo al proceso de paz, se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia, particularmente en el marco de la operación llevada a cabo por la India tras los ataques del NSCN-K en junio, que se saldaron con la muerte de al menos ocho insurgentes. (Northeast Today, 04/08/15; Express News Service, 09/08/15; The Hindu, 27/08/15)

El Gobierno de Salva Kiir, así como el opositor movimiento rebelde SPLM-IO, encabezado por Riek Machar, y el grupo de ex detenidos del SPLM, encabezado por Pagan Amum, han firmado el acuerdo de paz propuesto por la IGAD-Plus (IGAD, UA, ONU, EEUU, China, UE, Reino Unido y Noruega). En la firma del mismo también se han incluido representantes de otros partidos políticos así como de la sociedad civil sur sudanesa. El acuerdo, el cual ha sido ratificado primero por Machar y Amum el 17 de agosto, y después, el 26 de agosto, tras la realización de consultas e incluyendo una lista de 16 diferentes reservas, por Salva Kiir, se ha logrado después de 20 meses de guerra civil y tras diferentes presiones de la comunidad internacional, quien ha amenazado a las partes con sanciones y embargo de armas. El acuerdo, en su capítulo II, ha incluido el cese al fuego permanente para todas las partes implicadas a partir del 30 de agosto. El documento está compuesto por medidas en 7 diferentes capítulos de actuación, que buscan garantizar el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el país: 1) Gobierno de Transición de Unidad Nacional; 2) cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad; 3) asistencia humanitaria y reconstrucción; 4) recursos económicos y financieros; 5) justicia transicional, rendición de cuentas, reconciliación y restitución; 6) Constitución; 7) comisión de seguimiento y evaluación. En el acuerdo alcanzado, han destacado diferentes aspectos: la creación de un Gobierno de Transición de 30 meses, compuesto en un 53% por el SPLM, 33% SPLM-IO, 7% grupo Amum y 7% otros partidos; la presidencia será para el SPLM y la vicepresidencia para el SPLM-IO; la Asamblea Nacional de Transición estará formada por 400 representantes de todos los actores implicados; los estados de Alto Nilo y Unidad serán gobernados por el SPLM-IO, mientras que en Jonglei lo hará el SPLM; 45 días para el desarme, desmovilización y repatriación de actores armados no estatales; unificación de las Fuerzas Armadas en 18 meses; reformas económicas y gestión administrativa; creación de 3 diferentes instituciones de justicia transicional. En otros acontecimientos, el 16 de agosto el presidente Kiir ha destituido y reemplazado por altos cargos militares, a los cuatro gobernadores electos de los estados de Warrap, Alto Nilo, Ecuatoria Central y Ecuatoria Occidental, este último, ha sido mantenido bajo arresto domiciliario. El 11 de agosto, un grupo de comandantes de alto rango del SPLM-IO, encabezados por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, quienes habían sido relegados de sus cargos por Machar, han desertado después de cuestionar su liderazgo. Gatdet y Gatkuoth han anunciado la creación de otro movimiento armado de oposición a Juba y a Machar, y se han opuesto al acuerdo de paz, anuncio que ha sido cuestionado por parte de la comunidad nuer que ha pedido que se reintegren nuevamente al SPLM-IO. (Sudan Tribune, 12-31/08/15; AFP, 26/08/15; BBC, 26/08/15; Europa Press, 26/08/15; Daily Monitor, 27/08/15; South Sudan Tribune, 28/09/15)

Se oficializa públicamente la conformación de Mara Patani, una organización compuesta por 15 miembros que representan a seis organizaciones insurgentes que operan en el sur de Tailandia: el BRN, el GMIP, el BIPP y tres facciones de PULO. Según algunas fuentes periodísticas, estas organizaciones están integradas por más de 9.000 combatientes, aunque las cifras al respecto son muy dispares. El presidente y portavoz de Mara Patani, Awang Jabat, declaró la intención de la organización paraguas de utilizar el diálogo y otros cauces pacíficos para lograr el fin del conflicto y una solución que pase por el derecho de autodeterminación del pueblo de Patani, que podría concretarse en la independencia de la región, una mayor autonomía o en la continuación del estatus quo. Mara Patani, que podría traducirse como Consejo Consultivo de Patani, declaró que su demanda de mínimos pasa por la formación de una región autónoma con competencias en materia fiscal, de seguridad local y de gestión de recursos naturales. Además, también planteó que la lengua malaya y el alfabeto jawi tengan reconocimiento oficial, que se aplique la sharia a la población islámica y que se introduzca el sistema islámico de educación. Finalmente, trascendió que en las últimas conversaciones que mantuvieron Mara Patani y representantes del Gobierno, Mara Patani también habría pedido inmunidad, el reconocimiento de los 15 miembros de Mara Patani como legítimos representantes de las mencionadas seis organizaciones armadas, y el reconocimiento oficial por parte del Gobierno y el Parlamento de que el proceso de paz es una política de Estado y se halla en la agenda nacional, más allá de los cambios de Gobierno que pudieran producirse en el futuro. La delegación del Gobierno, encabezada por el general Aksara Kerdphol, señaló que las últimas conversaciones habían sido informales y que el Gobierno no había asumido ningún compromiso a la espera de realizar consultas al más alto nivel. Por otra parte, un portavoz del Gobierno instó a la prensa a minimizar la importancia de Mara Patani. Según fuentes periodísticas, el primer ministro y las agencias de seguridad del Estado no tienen la certeza de que los miembros de Mara Patani tengan ascendencia real sobre las organizaciones que ejercen la lucha armada y, por otro lado, temen que el hecho de presentarse como una organización que agrupa a seis grupos armados les confiera una visibilidad y relevancia internacionales que Bangkok no desea. (AFP, 27 y 28/08/15; The Nation, 29/08/15; The Star Online, 28/08/15; Thai Visa News, 30/08/15)