La capital burkinesa, que hasta ese momento había permanecido inmune a los ataques yihadistas, sufre un ataque coordinado por parte de grupos que operan en la región del Sahel el 15 de enero. Entre cuatro y siete islamistas armados han atacado el céntrico hotel Splendid y una cafetería adyacente, en el centro de Ouagadougou. Tras el ataque al café, que ha dejado un balance de diez personas asesinadas, según informó el ministro del Interior, Simon Compaore, los asaltantes han entrado al hotel Splendid, tomando como rehenes a decenas de personas. Las Fuerzas Armadas burkinesas y tropas especiales francesas, luego del asedio al hotel durante toda la noche, han logrado controlar la situación en la mañana del día 16. Momentos después ha sucedido otro ataque en el cercano hotel Yibi, por miembros del comando que habían logrado escapar del cerco. Después de 15 horas desde el inicio del primer ataque yihadista, se puso fin al operativo militar, con un balance de al menos 28 personas muertas –entre ellos ciudadanos extranjeros–, alrededor de 50 heridas y la liberación de unas 126 personas que habían sido tomadas como rehenes. El ataque ha sido reivindicado por el grupo yihadista al-Mourabitoun a través de un comunicado emitido por AQMI. Posteriormente, en la mañana del día 16, una pareja australiana ha sido secuestrada en la ciudad norteña de Djibo, cercana a la frontera con Malí. El secuestro ha sido reivindicado en un comunicado del grupo maliense Ansar Dine, vinculado a AQMI. En el comunicado se ha afirmado que los rehenes seguían vivos, y se ha señalado a la rama sahariana de AQMI, “Emirato del Sahara”, como responsable del secuestro y del ataque en Ouagadougou. (RFI Afrique, 16/01/16; BBC, 16/01/16; Bamako.com, 17/01/16; Daily Maverick, 18/01/16)

Se incrementa sustancialmente la tensión en la península coreana después de que el propio Gobierno norcoreano declarara haber detonado una bomba de hidrógeno miniaturizada el 6 de enero, tecnología que supondría un avance cualitativo importante en el programa nuclear norcoreano. A pesar de que numerosas voces científicas y algunos Gobiernos han puesto en duda que efectivamente se tratara de una bomba de hidrógeno, el ensayo nuclear –el cuarto en la historia de Corea del Norte y el segundo bajo mandato de Kim Jong-un– incrementó la alarma en la región y provocó la condena unánime por parte de la comunidad internacional por considerar que supone una clara violación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre proliferación nuclear y de una declaración aprobada en 2005 en el marco de las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana en las que Pyongyang se comprometía a abandonar su programa nuclear y a reincorporarse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Entre las respuestas y reacciones al ensayo nuclear cabe destacar el inicio del debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución de condena (apoyada por China y Rusia) y sobre la imposición de nuevas sanciones a Pyongyang; las presiones de la presidenta surcoreana a China para que utilice su ascendencia sobre el Gobierno norcoreano en pro de la estabilidad en la región; o las reuniones de alto nivel entre Corea del Sur, Japón y EEUU para discutir, en paralelo a las actuaciones que pueda llevar a cabo Naciones Unidas, mecanismos efectivos para hacer frente a las amenazas derivas del arsenal nuclear norcoreano. A mediados de enero, Pyongyang ofreció la finalización de sus ensayos nucleares a cambio de la firma de un tratado de paz con EEUU y de la interrupción de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EEUU. (CNN, BBC, El País, 06/01/16; Telegraph, 16/01/16; Yonhap, 15/01/16)

La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch denuncia que en el espacio de dos meses al menos 140 personas han resultado muertas y otras decenas habrían resultado heridas en el marco de la represión violenta de las manifestaciones de estudiantes por parte de los cuerpos de seguridad en la región de Oromiya. La organización había anunciado un primer balance en diciembre de 75 víctimas mortales. El Gobierno de Etiopía ha rechazado estas cifras, afirmando que el balance oficial son cinco víctimas mortales. La detención el 23 de diciembre de Bekele Gerba, el vicepresidente del Congreso Federalista Oromo (OFC), el principal partido legal y registrado en la región de Oromiya, ha acentuado la movilización social y el riesgo de una escalada de la crisis, ya que hasta el momento las manifestaciones habían sido generalmente pacíficas. Según el investigador de HRW Felix Home, esta crisis podría ser la peor que ha padecido el país desde la escalada de la violencia tras las elecciones de 2005. (Jeune Afrique, 08/01/16)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que había sido prevista para desarrollarse el 24 de enero –luego de haber tenido que ser modificada en dos ocasiones–, se ha pospuesto nuevamente debido a las fuertes movilizaciones populares desatadas por todo el país durante el mes de enero. Pierre-Louis Opont, presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), ha anunciado la suspensión de los comicios dos días antes de su celebración, debido al deterioro de la situación de seguridad. Sin embargo, las protestas pidiendo la dimisión del presidente Michel Martelly se han mantenido. El día 20, las fuerzas de seguridad haitianas, conjuntamente con la MINUSTAH, habían anunciado el plan de seguridad para garantizar la celebración de los comicios, que incluía el despliegue de 7.357 policías y 2.464 soldados de la MINUSTAH. La oposición política ha pedido la anulación de todo el proceso electoral por considerar un fraude masivo la primera vuelta electoral celebrada el 25 de octubre. Desde ese momento se han sucedido diferentes episodios que han llevado a la cancelación de los comicios: renuncia del candidato opositor; quema de algunos colegios electorales; grandes movilizaciones populares; renuncia de cuatro de los nueve miembros del CEP; resolución del Senado solicitando postergar comicios, etc. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunida en Quito en su IV Cumbre, ha acordado el envío, a petición del Gobierno haitiano, de una comisión para valorar la crisis en el terreno, la cual estará integrada por cancilleres de Uruguay, Bahamas, Venezuela y Ecuador. (Haití Libre, 13, 20, 22/01/16; TeleSUR/KP, 22, 28/01/16)

La violencia una vez más volvió a frenar el acercamiento entre ambos países. Ambos países habían acordado retomar el diálogo tras la visita del primer ministro Narendra Modi a Pakistán el día de Navidad para felicitar el cumpleaños a Nawaz Sharif. El 2 de enero, seis hombres atacaban la base aérea india de Pathankot. El ataque se extendió 80 horas, en las que el ejército indio lanzó una operación que acabó con las vidas de los seis atacantes, y donde también murieron siete soldados indios y 22 resultaron heridos. Una coalición de grupos insurgentes que operan en Cachemira llamada el United Yihad Council reivindicó el atentado, pero varios miembros del Gobierno indio responsabilizaron a Pakistán, dado que consideran que ayuda a la insurgencia. Nawaz Sharif telefoneó a Modi para asegurarle que su Gobierno haría lo posible por esclarecer la autoría de los hechos y colaborar. El Gobierno indio, por su parte, condicionó el encuentro entre sus secretarios de estado (que debía tener lugar el 15 de enero) a que Pakistán actuara contra aquellos grupos a los que considera detrás del ataque, en concreto, Jaish-e Mohammad (JeM). Estos hechos coincidieron con un ataque al consultado indio en la ciudad afgana de Mazhar-e Sharif. Han sido varios los ataques a consulados indios en este país, de los que Pakistán recela a menudo. La India en el pasado acusó a Pakistán de respaldar grupos insurgentes en los ataques en 2008 y 2009 a su embajada en Kabul, así como a sus consulados en Herat (agosto 2013) y Jalalabad (mayo 2014). Los asesores nacionales de seguridad, el indio Ajit Doval y el pakistaní Naseer Khan Janjua, hablaron en reiteradas ocasiones, en las que Janjua afirmó que Pakistán arrestaría a los culpables solo si las pruebas fueran creíbles. A pesar del arresto de más de una decena de miembros del JeM, entre los que se podían hallar (aunque diversos medios se contradicen) el líder, Masood Azhar, su hermano y su cuñado, la India canceló el encuentro entre los secretarios de Estado. El portavoz de exteriores indio, Vikas Swarup, declaró que la India acogía de buen grado el paso dado por Pakistán. John Kerry en nombre de EEUU animó a ambos países a entenderse ahora más que nunca, y a no dejar que el terrorismo frene el acercamiento y diálogo que habían acordado antes del ataque (Dawn, 01/01/16; The Express Tribune, 05/01/16)

Tres personas mueren tiroteadas por la Policía cuando participaban en una protesta organizada por grupos madhesis para exigir cambios en la Constitución, en la ciudad de Rangeli, distrito de Morang. La protesta había sido convocada para impedir otra manifestación convocada por las juventudes del partido gobernante, CPN-UML, en defensa de la Constitución. Otros ocho manifestantes y 13 policías resultaron heridos como consecuencia de los disturbios. La tensión en la zona se elevó considerablemente tras estas muertes, y se amplió el despliegue de las fuerzas de seguridad. Días antes, otro manifestante había muerto en el distrito de Rautahat, como consecuencia de las heridas de bala tras haber sido tiroteado por la Policía en el mes de octubre. La organización United Democratic Madhesi Front anunció una campaña de 10 días de protestas durante el mes de enero, constatando su rechazo a las enmiendas que se introdujeron en la Constitución para dar respuesta a las exigencias de la población madhesi, pero que han sido valoradas como insuficientes. (The New York Times, 21/01/16; DNA India, 3, 9/01/16; Kathmandu Post, 23/01/16)

Dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron cerca de Gwadar al explotar una mina antipersona al paso de su vehículo. En Quetta, una explosión en las cercanías de un centro de vacunación acabó con la vida de 16 personas (13 de ellas policías, que protegían a los equipos de vacunación) e hirió a una veintena de ellas. El TTP reivindicó el atentado, que sucedió durante el tercer día de la campaña de vacunación contra la polio en Baluchistán. Los talibán consideran que las campañas de vacunación son complots del Gobierno para espiar y esterilizar a los musulmanes. Varias noticias publicadas alertan de la presencia de ISIS en Pakistán. En una de ellas la Policía detuvo a un hombre en Karachi que reclutaba jóvenes para luchar en Siria, y al menos a otros 42 simpatizantes en diversas redadas en el Punyab. La cadena de televisión estatal, ARY News, fue atacada con granadas y disparos en Islamabad por la rama local de ISIS conocida como Estado Islámico de la Provincia del Jurasán (término histórico aplicado a la región, que se refiere a Afganistán y Pakistán). El 15 de enero, EEUU declaró este grupo como organización terrorista. En la agencia de Jyber, un atacante suicida acabó con la vida de 11 personas e hirió a más de 30 cerca de un puesto de control. El atentado más grave tuvo lugar en Charsadda (Jyber-Pajtunjwa) cuando cuatro talibán del TTP atacaron la universidad Bacha Khan el día en que celebraban el aniversario de su muerte. Los atacantes acabaron con la vida de 21 personas, mientras que las Fuerzas de Seguridad consiguieron abatirles. El ataque fue reivindicado por el comandante Umar Mansoor, que lidera del grupo Geedar del TTP, aunque poco después, el portavoz del TTP Mohammad Khorasani negó que la autoría del ataque fuera del Maulana Fazlullah. No obstante, un vídeo publicado unos días después, mostraba a Mansoor junto a otros talibán amenazando al país con más ataques contra centros educativos. En Peshawar, días después, una explosión en un mercado hirió a cuatro personas al paso del coche de Qari Salauddin, director de una madraza afgana (Dawn, 9-21/01/16; The New York Times, 13/01/16; The Express Tribune, 22, 25/01/16)

Una base militar de las Fuerzas Armadas de Kenya, encuadradas en la misión de la UA en Somalia, AMISOM, sufre uno de los peores atentados por parte del grupo islamista al-Shabaab desde el inicio de la ofensiva militar de Kenya en el país. El 15 de enero al-Shabaab lanzó un vehículo suicida contra la base consiguiendo abrir una brecha con la explosión de la bomba que llevaba el vehículo, por la que penetraron en la base un número indeterminado de combatientes que habrían cometido una masacre. Fuentes oficiales de Kenya todavía no han dado un balance de víctimas mortales, aunque los primeros cuatro cuerpos ya han sido repatriados. La base militar de El-Adde se encuentra a 80 km de la frontera con Kenya en la región meridional somalí de Gedo y acogía una fuerza similar a la de una compañía, compuesta por 180 militares. Una brigada de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Kenya se ha desplazado a la zona para rescatar a los soldados kenianos heridos o huidos en el trascurso del ataque y que se encontrarían escondidos en los alrededores de la base o habrían sido capturados y estarían siendo trasladados a refugios de al-Shabaab. El grupo armado ha anunciado que entre 100 y 121 soldados de Kenya, según los diferentes medios yihadistas, habrían muerto en el ataque y que otras decenas habrían resultado heridos de distinta consideración. Heridos y supervivientes están siendo repatriados en pequeños grupos a Nairobi. El 18 de enero un contingente de 16 soldados de Kenya, que habrían resultado heridos durante el ataque, habían sido repatriados tras haber sido encontrados dos días después en los alrededores de la base. Medios yihadistas somalíes como Radio-Andalus habrían anunciado la captura de una docena de soldados y difundido grabaciones con la voz de estos soldados capturados. Días después del ataque, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Kenya ha anunciado que Kenya continuará dando apoyo a la misión de la UA en el país y que no tiene ninguna intención de retirar sus tropas de la AMISOM. Sin embargo, un destacamento de Kenya de la AMISOM junto a las fuerzas de la región de Jubalandia se ha retirado de la estratégica localidad de Badhadhe, en la sureña región de Lower Juba, tras lo cual diversas milicias de al-Shabaab han retomado el control de la localidad, lo que generado especulaciones en torno a una reorganización estratégica de las tropas de Kenya en el país o incluso una posible reducción de la misión. Badhadhe, situada a 180 km al sur de la ciudad portuaria de Kismayo, había sido una base militar de las tropas de Kenya durante los últimos tres años. Las Fuerzas Armadas de Kenya iniciaron sus operaciones en Somalia primeramente en el marco de la Operación Linda Nchi en 2011 y después se integraron en la misión de la UA. Diversos analistas han apuntado la débil política antiterrorista, la ausencia de una fuerte coordinación entre las tropas de la misión y otros países y la influencia y presencia que todavía dispone el grupo a pesar de la fuerte ofensiva a la que está siendo sometido. (Jeune Afrique, 15(01/16; Garowe, 15-20/01/16; RFI, 18 y 19/01/16; Bloomberg, 26/01/16)

Continúa agravándose la situación de seguridad en la región kurda de Turquía, mientras se reducen las posibilidades de una salida política a corto plazo. El Ejército mantuvo sus operaciones militares y policiales de ataques y toques de queda en varios distritos urbanos, de especial gravedad en el distrito de Sur (Diyarbakir), Silopi y Cizre (Hakkari). Varios miles de personas huyeron de Sur a finales de enero tras la ampliación del toque de queda. Numerosas organizaciones locales e internacionales denunciaron el grave impacto en civiles. Entre ellas, Amnistía Internacional denunció que las medidas de los toques de queda se asemejaban a un “castigo colectivo”, con restricciones desproporcionadas que han dejado a la población durante periodos prolongados sin acceso a atención médica, agua, comida y electricidad. La Fundación de Derechos Humanos de Turquía cifró en 162 civiles (incluyendo 32 menores y 24 personas mayores de 60 años) los fallecidos entre mediados de agosto y finales de año en 58 operaciones en 19 distritos de 7 ciudades. También el partido opositor turco CHP denunció el grave impacto en civiles. Hubo también acciones militares reivindicadas por el PKK con impactos también sobre civiles, incluyendo un coche bomba en Diyarbakir un edificio de la Policía, con cinco civiles muertos, incluyendo tres menores, así como otras acciones contra el Ejército y Policía. A finales de enero, el Ejército cifró en 711 los miembros del PKK muertos desde comienzos de diciembre. Por su parte, el PKK afirmó que no tenía unidades en las ciudades y que las bajas eran civiles y denunció que el Ejército exageraba los números y ocultaba sus propias bajas. Al mismo tiempo, se anunció la creación de un órgano de coordinación de las milicias armadas creadas en las ciudades kurdas, el YPS Coordinación General, con el objetivo de establecer una fuerza de defensa profesional, ampliar la “resistencia” a otras áreas de la región kurda de Turquía e impedir el paso de las fuerzas de seguridad. Mientras, el primer ministro, Ahmet Davutoglu, afirmó que habían conseguido aislar al PKK y evitar un levantamiento en toda la región. El Presidente, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que no habría más diálogo con el PKK ni con su líder, Öcalan, y negó que hubiera una cuestión kurda en Turquía, solo terrorismo. El Gobierno anunció que próximamente presentarían un plan contra el terrorismo de tres fases (acabar con el terrorismo, en referencia al PKK; solucionar aspectos sociales y económicos derivados de las operaciones antiterroristas; y garantizar la unidad e integridad nacional). En paralelo, se produjeron detenciones de numerosos alcaldes y concejales y más de 100 ayuntamientos del partido pro-kurdo HDP estaban siendo investigados. Aumentó también la represión y críticas a sectores pro-diálogo, incluyendo académicos. Mientras, el HDP llamó al reinicio del proceso de paz. Por otra parte, un atentado suicida –atribuido a ISIS– en una zona turística de Estambul el 12 de enero causó la muerte de 11 personas, todas extranjeras y mayoritariamente turistas alemanes, y heridas a una quincena. (Hürriyet, Firat, Today’s Zaman, BBC, AFP, 1-28/01/15)

El presidente burundés, Pierre Nkurunziza, se muestra inflexible en la visita realizada por los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU al país el 22 de enero para intentar buscar una solución negociada a la grave crisis que padece Burundi. La misión del Consejo de Seguridad de la ONU también se ha reunido con el ministro de Exteriores, Alain Nyamitwe, y el vicepresidente, Gaston Sindimwo, además de representantes de la sociedad civil, aunque los principales actores políticos y sociales opositores se encuentran en el exilio. Se han producido diversas movilizaciones ante la llegada de la misión de la ONU en las que han muerto un civil y otro ha resultado herido como consecuencia de la acción policial. La representante de EEUU, Samantha Power, ha señalado que las discusiones no han sido productivas de cara a aceptar la ayuda exterior para llevar a cabo una mediación urgente que pueda solucionar la crisis. Nkurunziza ha rechazado los llamamientos para llevar a cabo un diálogo inclusivo, para aceptar nuevos esfuerzos mediadores y para permitir el establecimiento de una fuerza de intervención internacional. El representante francés adjunto ante la ONU, Alexis Lamek, ha destacado que para conseguir que el diálogo pueda ser exitoso debe ir acompañado de una mediación internacional. Por otra parte, el embajador angoleño Ismail Gaspar Martins ha destacado que existe una esperanza para desplegar más observadores de la UA. El Consejo de Paz y Seguridad de la UA decidió a mediados de diciembre el envío de la Misión africana de prevención y de protección en Burundi (MAPROBU) compuesta por 5.000 soldados, pero Nkurunziza alertó que esta misión sería considerada como una fuerza de invasión y ocupación y sería combatida como tal. Tras la visita, la misión de la ONU se ha trasladado a Etiopía para reunirse con los responsables de la UA, y ha abogado por una solución por etapas, y el embajador egipcio ha señalado que una resolución de la ONU apoyando la misión de la UA sería prematura. La cumbre de la UA se celebra el 30 y 31 de enero en Addis Abeba. No obstante, a pesar de que el Gobierno persiste en afirmar que la paz reina en el país, el día anterior a la vista de la misión de la ONU el grupo Forces Républicaines du Burundi (FOREBU) reivindicó una serie de ataques contra la Policía en Bujumbura. Según un portavoz de la Policía, el balance sería de tres víctimas mortales –dos miembros de la milicia y un civil– y 13 heridos. El ciclo de violencia actual ha causado desde abril de 2015 más de 400 víctimas mortales y 230.000 personas refugiadas, según la ONU. Se han producido contactos entre las partes facilitados por Uganda en julio antes de las elecciones y a principios de enero las partes renovaron los contactos bajo la mediación de Uganda aunque las discusiones no se han reanudado. Según Nyamitwe, probablemente se producirá en breve un nuevo encuentro con la coalición anti-troisième mandat pero el Gobierno ha exigido dialogar con la oposición con la mediación ugandesa, aunque Bujumbura rechaza discutir con la principal coalición opositora en el exilio, CNARED, a cuyos miembros acusa de haber participado en la tentativa de golpe de estado del 13 y 14 de mayo de 2015. (AFP, 23/01/16; Jeune Afrique, 22, 24, 25, 27/01/16)

A nueve días de que terminase el plazo para la aprobación de un nuevo Gobierno y en medio de una crisis política y social con numerosas protestas, el Parlamento de Moldova aprobó el 20 de enero un nuevo Ejecutivo dominado por el Partido Democrático del magnate económico empresarial Vladimir Plahotniuc. Su aliado Pavel Filip fue nombrado primer ministro, después de que otros nombres no prosperasen. La elección del nuevo Gobierno llega tras varios meses de vacío de poder desde que el Parlamento aprobó en octubre una moción de censura contra el Gobierno de coalición del primer ministro Valeriu Strelet, liderado por el partido Liberal-Democrático, pro-UE, y del que también formaba parte el Partido Democrático y el Partido Liberal. La salida del Gobierno se produjo en un contexto de graves escándalos de corrupción, desafección política, auge de partidos pro-rusos y movilizaciones sociales –las más numerosas desde la independencia del país. El Partido Democrático logró apoyos de parlamentarios de otros grupos, incluyendo de actores antagónicos entre sí, para sacar adelante el nuevo Gobierno en enero. A su vez, se especulaba con una posible victoria del campo pro-ruso (Partido Socialista y Nuestro Partido) en caso de elecciones anticipadas. Los pasos del Partido Democrático para lograr un nuevo Gobierno fueron criticados en movilizaciones a lo largo del mes, algunas lideradas la plataforma ciudadana Dignidad y Verdad –descrita en algunos medios como pro-UE– y otras organizadas por los partidos pro-rusos. Se produjeron también algunos incidentes violentos. Poco después de la investidura de Filip, miles de personas protestaron ante el Parlamento y una parte de ellos intentó entrar en el edificio, produciéndose choques entre manifestantes y Policía, con 15 heridos, nueve de ellos agentes. A su vez, entre 15.000 y 20.000 personas –40.000 según algún medio– se manifestaron el día 24 reclamando la dimisión del nuevo Gobierno. Medios de comunicación se hicieron amplio eco del rechazo ciudadano a la extendida corrupción política así como de los recelos sobre la figura de Plahotniuc. Los organizadores de las protestas amenazaron con una campaña de desobediencia civil si a finales de mes el Gobierno no presentaba un calendario para nuevas elecciones. En paralelo, los partidos pro-rusos negaron que estuvieran promoviendo un golpe o cambio de régimen. (New York Times, BBC, Jamestown Foundation, RFE/RL, 01-27/01/16)

Se inició el proceso de diálogo político del Gobierno con los grupos armados de oposición firmantes del acuerdo de alto el fuego, aunque persistieron enfrentamientos armados en diferentes zonas del país y se multiplicaron las voces escépticas respecto a las posibilidades reales de que este acuerdo sirva para alcanzar la paz en Myanmar. Varios de los principales grupos armados activos en el país han sido excluidos del acuerdo y algunos grupos armados anunciaron que boicotearían el diálogo. Durante cinco días tuvo lugar una conferencia de paz en Naypidaw en la que la partes acordaron establecer un marco temporal para el proceso, que deberá concluir en un plazo de entre tres y cinco años y se volverá a convocar una nueva conferencia de paz lo antes posible, que además contará con un 30% de participación de mujeres. No obstante, también se acordó que estas propuestas se trasladarán al nuevo Ejecutivo que se formará como consecuencia de la victoria en las urnas de la NLD. El nuevo Gobierno deberá validar estos acuerdos. No obstante, durante el mes de enero se registraron diferentes enfrentamientos armados entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad, así como entre grupos armados entre sí. En el estado Arakan, cientos de personas se desplazaron como consecuencia de los choques armados entre las fuerzas de seguridad y el Arakan Army, a quien el Ejército pretende expulsar de este estado. Como consecuencia de los enfrentamientos se produjo un número indeterminado de víctimas mortales, entre ellas un comandante del Ejército birmano. Por otra parte, en el estado Shan se registraron enfrentamientos entre los grupos armados SSA-S y el TNLA, con acusaciones de estos últimos a los primeros de haber penetrado en su territorio. (The Irrawaddy, 5, 8, 11,18, 20/01/16)

Tras jornadas de incertidumbre y en medio de una cierta confusión, el proceso de diálogo que busca una salida política a la guerra en Siria comienza en Ginebra el último fin de semana de enero, varios días después de la fecha inicial prevista, el 25 de enero. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, cursó invitaciones reservadas para las distintas partes involucradas en la contienda, en medio de especulaciones sobre vetos, amenazas de boicot y presiones para incluir o excluir a algunos actores en el proceso. De Mistura mantuvo la primera reunión con la delegación del Gobierno sirio el viernes 29 de enero. Hasta último momento, la delegación disidente siria que cuenta con el respaldo de Arabia Saudita, el Alto Comité para las Negociaciones, mantuvo en duda su participación en el proceso, ya que exigía como condición el fin de los bombardeos gubernamentales contra civiles y garantías sobre la situación humanitaria. La delegación llegó a Ginebra el sábado 30, tras recibir intensas presiones diplomáticas, según trascendió. El líder del partido kurdo sirio PYD –filial del PKK, vetado por Turquía–, Salih Muslim, abandonó Ginebra sin haber recibido invitación para implicarse en el diálogo. Está previsto que al menos en esta fase los contactos se concretarán en conversaciones indirectas, ya que se espera que las distintas delegaciones se reúnan por separado con diplomáticos de la ONU que actuarán como mensajeros entre los representantes de uno y otro bando. Se espera que las conversaciones se extiendan durante unos seis meses –de dos a tres semanas en esta primera fase– y que tengan como prioridad la declaración de un cese el fuego y la entrega de ayuda humanitaria a una población duramente golpeada por las hostilidades. El objetivo de largo plazo es la puesta en marcha de un gobierno de transición, una nueva Constitución y elecciones en un plazo de 18 meses. (The Guardian, 29/01/16; El País, 31/01/16, 01/01/16)

El primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, declara que se celebrarán elecciones generales en julio de 2017, más de tres años después del golpe de estado de mayo de 2014. Según la hoja de ruta prevista, a finales de enero debería ser presentado un primer borrador de nueva Constitución, después de que el pasado mes de septiembre el Consejo de Reforma Nacional rechazara el borrador propuesto por un organismo designado por la propia junta. Este rechazo generó numerosas críticas por parte de sectores que consideraron que la junta militar había orquestado este movimiento para perpetuarse en el poder y retrasar la normalización democrática del país. Se estima que en agosto como muy tarde tendría que conocerse el resultado del referéndum que debería ratificar la nueva Constitución. Desde entonces hasta mediados de 2017 se llevarían a cabo todos los cambios legislativos necesarios (de acorde ya con la nueva Carta Magna) para celebrar los comicios generales. Prayuth Chan-ocha declaró que se llevarán a cabo elecciones a mediados de 2017 aunque la propuesta de constitución sea rechazada en referéndum, evitando pronunciarse sobre los planes del Gobierno ante tal escenario y generando especulaciones sobre la posibilidad de extender o enmendar la actual constitución interina, vigente tras el golpe de estado de 2014. Algunas voces opositoras han declarado que el actual borrador de Constitución es aún más antidemocrático que el borrador rechazado en septiembre. (Bangkok Post, 03, 12 y 26/01/16)

Un portavoz de Mara Patani, una organización que representa a seis grupos insurgentes en el sur del país, rechaza la posibilidad de que la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) ejerza tareas de facilitación del diálogo entre el Gobierno y Mara Patani por considerar que Malasia ya está llevando a cabo dichas tareas de manera efectiva y por considerar que no sería beneficioso para las actuales conversaciones de paz que hubiera dos terceras partes ejerciendo de facilitadoras. Mara Patani también remarcó la importancia de que la OCI apoye las actuales conversaciones de paz, que según el grupo se hallan en una fase informal y exploratoria, y señaló que la participación de la OCI o de cualquier otra tercera parte podría considerarse solamente con la autorización del Gobierno tailandés y una vez las negociaciones de paz entren en una fase formal y oficial. Estas declaraciones se produjeron poco después de que el secretario general de la OCI, Iyad Ameen Madani, llevara a cabo una visita oficial a Malasia y Tailandia y declarara la disposición de su organización a involucrarse en el proceso de paz. Cabe destacar que Iyad Ameen Madani se reunió en Kuala Lumpur con los líderes de Mara Patani, aunque según esta organización no abordaron el tema de un eventual rol de la OCI en las conversaciones de paz. Durante las mencionadas visitas oficiales, el secretario general de la OCI agradeció a Bangkok los esfuerzos que estaba llevando a cabo en la gestión del conflicto en el sur del país y a la vez instó al Gobierno a garantizar un mayor reconocimiento a la comunidad musulmana en Tailandia. (Bernama, 17/07/16; Channel News Asia, 14/01/16; Bangkok Post, 13/01/16)

Túnez enfrenta un escenario de convulsión política y social vinculado a una crisis en el partido del presidente Beji Caid Essebsi y a una intensificación de las protestas sociales en todo el país, que alcanzaron unos niveles no vistos desde la revuelta contra el régimen de Ben Alí a finales de 2010. La fractura en Nidaa Tounes se concretó en el abandono del partido de una veintena de parlamentarios, lo que dejó a la formación con 60 de los 86 legisladores que había obtenido en las elecciones. Ennahda, con 69 diputados, pasó entonces a ser el mayor grupo en el Parlamento tunecino. No obstante, el partido islamista mantuvo su apoyo a la coalición gubernamental, de la que forma parte. La crisis en Nidaa Tounes estuvo motivada por el pulso entre un sector liderado por el hijo del presidente, Hafedh Caid Essebsi, y otro encabezado por Mohsen Marzouki. La facción de Marzouki –que anunció que formará un nuevo partido– acusó al hijo del presidente de querer controlar Nidaa Tounes y de pretender una transferencia hereditaria del poder (el presidente tiene 88 años). El entorno de Hafedh Caid Essebsi negó estar inmerso en una “deriva dinástica”. En este contexto, hacia finales de mes se produjeron masivas manifestaciones por las condiciones sociales y económicas del país, que se extendieron desde la localidad de Kasserine hacia otras regiones y ciudades, como Sfax, Susa y la capital. En línea con los hechos ocurridos en 2010, las movilizaciones se activaron tras la muerte de un joven desempleado –Ridha Yahyaoui– que frustrado por la falta de trabajo decidió subirse a un poste durante una protesta y murió electrocutado. Durante varios días se produjeron enfrentamientos con la Policía, lanzamientos de artefactos explosivos, ataques a comisarías y saqueos a tiendas y comercios. La prensa local informó de la muerte de un policía y de otras 240 personas heridas, entre ellos 42 agentes, mientras que decenas de personas fueron arrestadas. La situación llevó al Gobierno a decretar un toque de queda a partir del 22 de enero en todo el país, que ya se encontraba en estado de emergencia tras los atentados perpetrados por ISIS en 2015. Las autoridades hicieron algunas promesas de empleos y ayudas sociales para aplacar el clima de inestabilidad, pero analistas advirtieron sobre las dificultades para dar respuesta a los problemas económicos del país y, en particular, a la alta tasa de desempleo que entre la población joven asciende a entre 30% y 40%. (Le Monde, 06, 13, 14, 22/01/16; Reuters, 11/01/16; The Guardian, 22/01/16; El País, 23/01/16; Jeune Afrique, 25/01/16)

El 11 de enero en Islamabad, representantes de EEUU, China, Afganistán y Pakistán retomaron el proceso de paz que se truncó en julio de 2015. Acudieron el secretario de Estado para Exteriores, Aizaz Ahmad Chaudhary en representación de Pakistán, el ministro afgano de Exteriores en funciones, Hekmat Karzai, y los enviados especiales para la región de EEUU, Richard G. Olson, y de China, Deng Xijun. Sartaj Aziz, el asesor de exteriores del Primer Ministro de Pakistán, propuso un plan de cuatro puntos: 1) crear las condiciones idóneas para incentivar que los talibán dejen las armas y se unan al diálogo; 2) tomar medidas secuenciales para preparar contactos directos con los talibán; 3) usar medidas de confianza para animarles a retomar el diálogo; 4) usar un plan que sea realista y evite crear grandes expectativas. La segunda ronda de negociación entre los cuatro tendrá lugar una vez más en Islamabad el 6 de febrero. Al margen de este grupo, la oficina política de los talibán en Doha admitió que acudiría a una conferencia de paz organizada por Pugwash entre el 23 y 24 de enero en Doha, Qatar. Según uno de los representantes de los talibán, la reunión era por motivos académicos, para debatir la situación de Afganistán y no para tratar el proceso iniciado en Islamabad. Tras el debate al que asistieron 55 personas, Pugwash publicó una lista de 18 puntos, el primero de ellos “la paz es una necesidad urgente”. Los talibán posteriormente, anunciaron a través de su web precondiciones para unirse al diálogo con el Gobierno afgano: la liberación de los prisioneros, la eliminación de sus líderes de las listas de sanciones de EEUU y Naciones Unidas, terminar con la propaganda en su contra, la marcha de las tropas extranjeras y que se restaure el nombre del Emirato Islámico de Afganistán. Además, dijeron que solo se sentarían a negociar con “creyentes” y no con invasores, no musulmanes y combatientes. La violencia no cesó este invierno. A principios de mes, un conocido restaurante francés en Kabul fue atacado, provocando la muerte de dos personas y 15 heridos. Hubo tres atentados en dos días en Kabul, dos de ellos cerca del aeropuerto internacional. El más grave fue un coche bomba que mató a una persona e hirió a 30. En Uruzgan, un policía atacó a sus compañeros matando a nueve de ellos antes de huir para unirse a los talibán. Un ataque suicida contra el autobús de la conocida cadena ToloNews, acababa con la vida de siete de sus trabajadores en Kabul. Los talibán declararon a esta cadena y a 1TV objetivos militares en octubre. La agencia de inteligencia afgana detuvo a ocho hombres de la red Haqqani a los que responsabilizó del atentado. Asimismo, los talibán han continuado con su lucha contra ISIS especialmente presente en Nangarhar. Allí, tomaron sus bases en dos distritos: Batikot y Chaparhar, pero fueron incapaces de tomar Nazyan, donde son más fuertes. Paralelamente, el Ejército afgano atacó a ISIS matando a 15 de sus insurgentes y EEUU lanzó un ataque con avión no tripulado acabando con la vida de al menos 20 combatientes (ToloNews, 4/01/16; VoaNews, 5/01/16; Dawn, 11, 18, 20/01/16; The New York Times, 18, 22/01/16; ABC News, 22/01/16; Long War Journal, 24/01/16; Pugwash webpage)

A mediados de enero, un informe de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) confirma que Irán ha cumplido con los compromisos adquiridos en el histórico acuerdo nuclear suscrito durante 2015, que reduce significativamente las capacidades atómicas de la república islámica. El anuncio permitió oficializar la implementación del acuerdo –en el llamado “Implementation Day”– y ratificar el levantamiento de sanciones contra Teherán por parte de EEUU, la UE y la ONU. La noticia sobre este hito en el proceso, anunciada tras una reunión de altos diplomáticos en Viena, coincidió con un intercambio de prisioneros entre EEUU e Irán, que permitió la liberación de cinco personas detenidas en Irán y de otras siete encarceladas en EEUU. En las semanas previas, un grupo de marinos estadounidenses retenidos por Irán después de traspasar su espacio marítimo fueron liberados rápidamente en un incidente que se resolvió por la vía diplomática. Cabe destacar que la implementación del acuerdo fue valorada como una victoria del sector moderado que representa el presidente iraní, Hassan Rouhani, en un momento clave ante la proximidad de elecciones. Poco después del levantamiento oficial de sanciones, Rouhani inició una visita a Europa, en el primer viaje de un presidente de Irán al continente en 16 años. Paralelamente, el secretario de Estado de EEUU se reunió con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para intentar rebajar la inquietud en los países árabes vecinos a Irán que observan con desconfianza la rehabilitación internacional del régimen de Teherán. Este nuevo hito en lo referente al programa nuclear iraní coincidió con una escalada en la tensión entre Irán y varios países árabes a comienzos de año, después de que Arabia Saudita ejecutara al Sheikh Nimr al-Nimr, un clérigo de la minoría shií saudita. Esta decisión motivó críticas de Irán a Riad y manifestaciones contra las delegaciones diplomáticas sauditas en Teherán y Mashhad que derivaron en incidentes violentos. Estos hechos, a su vez, llevaron a que varios países árabes aliados de Riad –entre ellos Sudán, Somalia, Djibouti, Bahrein, EAU, Qatar y Kuwait– rompieran o degradaran sus relaciones diplomáticas con Irán, en medio de un aumento de la tensión entre sunníes y shiíes en la región. (The Guardian, 1-31/01/16)

La agencia de noticias del Gobierno de Sudán, SUNA, ha informado de la decisión tomada por el Ejecutivo que preside Omar al-Bashir el 27 de enero, según la cual se ha ordenado la reapertura de las fronteras con Sudán del Sur, las cuales permanecían cerradas desde junio de 2011, un mes antes de la declaración formal de independencia de Sudán del Sur. La decisión, sobre la cual no se han hecho públicos detalles sobre su implementación, ha sido leída como un paso histórico para la normalización de las relaciones entre ambos vecinos. La semana anterior, el Gobierno de Sudán hizo otro gesto reduciendo las tasas para el tránsito de petróleo desde Sudán del Sur, a lo que el ejecutivo sur sudanés, presidido por Salva Kiir, ha respondido el 25 de enero con la orden de retirada del Ejército de la frontera con Sudán a 8 kilómetros. Los hechos tienen que ver con los avances en las reuniones mantenidas en octubre en Addis Abeba por la Comisión de Fronteras Conjunta (JBC) entre Sudán y Sudán del Sur, bajo los auspicios del Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), con el fin de resolver las diferentes situaciones fronterizas relativas a Abyei, 14-Mile área, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka y el enclave de Kafia Kingi, que equivale a un 20% de la frontera compartida entre ambos países, aún sin delimitar. A mediados de enero el Ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, Barnaba Marial Benjamin, había anunciado nuevas reuniones entre ambos gobiernos a finales de mes. (Radio Tamazuj, 15/01/16; Deutsche Welle, 28/01/16; Sudan Tribune, 28/01/16)

Los equipos negociadores de las partes en conflicto han acordado impulsar los esfuerzos para implementar el alto el fuego. Así lo ha afirmado el representante especial de la OSCE en Ucrania y en el Grupo Trilateral de Contacto, Martin Sajdik, tras la reunión del grupo de contacto del 13 de enero. Además, durante el mes de enero se multiplicaron los contactos entre la diplomacia estadounidense y rusa en torno a la búsqueda de una salida a la crisis, en un contexto de clara reducción de la violencia en diversos periodos de 2015, pero de falta de implementación de los acuerdos de Minsk. El mismo día de la reunión del grupo de contacto, los presidentes estadounidense y ruso mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron, entre otras cuestiones, el conflicto ucraniano. Según la Casa Blanca, Barack Obama transmitió el mensaje de la necesidad de acordar modalidades para elecciones locales en Donetsk y Lugansk, uno de los puntos de los acuerdos de Minsk. Precedida por esta llamada, se produjo una reunión a puerta cerrada de seis horas entre la secretaria de Estado adjunta de EEUU, Victoria Nuland, y el asesor del presidente ruso Vladislav Surkov en Pionersky (cerca de Kaliningrado, Rusia) el 15 de enero, encuentro en el que abordaron la situación del conflicto y los acuerdos de Minsk. Surkov calificó la discusión de constructiva y útil y señaló que se habían abordado las cuestiones más delicadas del proceso. Siguió una reunión entre el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Exteriores ruso Sergey Lavrov en Zúrich el 20 de enero, en la que además de otras crisis internacionales discutieron, según la Casa Blanca, sobre cómo acelerar la plena implementación de los acuerdos de Minsk, restaurar el alto el fuego y garantizar pleno acceso a la OSCE. Por su parte, Lavrov afirmó que si se avanzaba en el proceso de paz en los próximos meses, podrían reducirse las sanciones contra Rusia. En el plano de seguridad, en enero se produjeron acusaciones mutuas entre Ucrania y las fuerzas rebeldes de violaciones del alto el fuego, si bien se mantuvo la situación de mayor estabilidad que rodea al conflicto en su última etapa. Por otra parte, en relación a las cuestiones políticas del acuerdo de Minsk, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmó en enero que esperaba que el Parlamento ucraniano aprobase en la primera mitad de 2016 y durante el periodo de sesiones parlamentarias que comienza en febrero las enmiendas constitucionales sobre la descentralización de las regiones del este. (OSCE, Reuters, RFE/RL, Jamestown Foundation, Itar Tass, 1-28/01/16)