Este invierno los frentes abiertos no han dejado de aumentar. Hay operaciones militares en marcha en las provincias de Nangarhar, Helmand, Wardak, Kandahar, Kunduz y Baghlan. La batalla en la provincia de Helmand se ha recrudecido, de forma que EEUU ha decidido enviar un batallón de soldados a finales de febrero para ayudar a las Fuerzas Armadas afganas. Las tropas afganas controlan los edificios gubernamentales y dos bases del Ejército, mientras que los talibán tomaron el centro de la ciudad y las áreas rurales. El frente terrestre se ha visto reforzado por bombardeos aéreos, tanto de las fuerzas afganas como de las estadounidenses. En Nangarhar, los ataques aéreos y con drones han mermado las fuerzas de ISIS (Estado Islámico-provincia del Jurasán), donde además, el Ejército afgano desplegó un buen número de soldados. Según fuentes del Gobierno, se recuperaron 28 localidades que estaban bajo control de ISIS. En Dand-e-Ghori (Baghlan), el Gobierno firmó un acuerdo de no agresión con los talibán en 2015. Sin embargo, fuentes locales han afirmado que sirvió a los talibán para rearmarse y atrincherarse en la zona. La batalla para recuperar la ciudad fue más difícil debido a que la insurgencia ha sembrado el área con minas antipersona. Según la ONU, 500.000 Km2 del territorio afgano están cubiertos de minas, que han causado un incremento de víctimas civiles. En Baghlan la insurgencia consiguió volar pilones eléctricos, cortando el suministro energético a Kabul durante varios días. Por otra parte, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) publicó el informe de seguridad del 2015, en el que ha certificado el aumento de la violencia en relación a años anteriores. Según dicho informe, hubo 3.545 personas muertas y 7.457 heridas como consecuencia de operaciones de los talibán (62%), las Fuerzas Armadas (14%) y un número no atribuible a ningún bando (17%). Asimismo, mujeres y menores son las víctimas más vulnerables de esta violencia. Human Rights Watch advirtió de que los talibán están reclutando niños en torno a los seis años, y los envían a la batalla cuando tienen entre 13 y 16. Por otra parte, tanto EEUU como la OTAN, han mostrado su apoyo a largo plazo. EEUU ha anunciado un aumento de la ayuda económica para 2017 (3.400 millones de dólares). Según Transparency International, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG en sus siglas en inglés) ha perdido miles de millones de dólares en la lucha contra la corrupción sin que haya resultados. De hecho, el NUG aún no se ha puesto de acuerdo en nombrar un alcalde para Kabul, en firmar las reformas electorales (que además ponen en peligro la celebración de las parlamentarias y locales del 15 de octubre de 2016), nombrar un director del Alto Consejo para la Paz (lo que le ha costado a este organismo la retirada de la financiación de USAID y Reino Unido) o nombrar 50.000 cargos gubernamentales a nivel nacional. A pesar de la situación, el Grupo de Coordinación Cuadrilateral (EEUU, China, Pakistán y Afganistán) finalizó las cuatro rondas de encuentros en los que acordaron la hoja de ruta para retomar el diálogo de paz con los talibán. Varios países se han sumado a este grupo para pedir a los talibán que se sienten a negociar con el Gobierno afgano, entre ellos, Rusia. La fecha prevista para dicho encuentro está prevista para principios de marzo (ToloNews, 01-25/02/16; The New York Times, 02, 07/02/16; The Guardian, 08/02/16)

El 9 de febrero se ha celebrado un congreso extraordinario del partido en el poder, el Mouvement Patriotique du Salut (MPS), que ha anunciado sin sorpresas la candidatura de Idriss Déby Itno, para participar en las elecciones presidenciales del 10 de abril. Déby ocupa este cargo desde 1990, cuando tomó el poder por la fuerza y derrocó a Hissène Habré. Déby ha anunciado que si es reelegido promete limitar el número de mandatos presidenciales y convertir el país en un Estado federal. En los días previos dos manifestaciones de estudiantes han sido reprimidas por la fuerza en la capital, N’Djamena, y han sido detenidos una veintena de estudiantes entre las dos. Dos organizaciones de la sociedad civil, Trop C’est Trop (Demasiado es Demasiado) e Iyina (estamos cansados) han exigido la liberación inmediata de los jóvenes arrestados. En paralelo, la convocatoria de paralización (operación “ville morte”) de toda actividad en el país para el 24 de febrero convocada por la plataforma opositora Ça suffit (Es suficiente), compuesta por una veintena de asociaciones de la sociedad civil entre las cuales destaca la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme y la Unions des Syndicats du Tchad, ha sido todo un éxito, según fuentes opositoras. Tanto en N’Djamena como en Moundou, la segunda ciudad del país, la actividad se ha paralizado completamente. La operación “ville morte” se inscribe en un contexto global de protesta contra el poder de Idriss Déby, desencadenada por parte de los estudiantes que, desde el 15 de febrero, han llevado a cabo diversas movilizaciones por todo el país para protestar por la violación de la joven chadiana Zouhoura, cometida por parte de un grupo de hijos de altos cargos, hecho que ha forzado incluso la condena del propio Déby. Un joven ha muerto en N’Djamena tras la dispersión violenta de la manifestación por parte de la Policía, y dos estudiantes han muerto y otros cinco han resultado heridos como consecuencia del uso de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército en la localidad de Faya Largeau, en el extremo norte del país. (Jeune Afrique, 08, 09, 22, 24/02/16)

Las Fuerzas Armadas declaran que más de 30 combatientes del BIFF, facción escindida del MILF por su oposición al proceso de paz, han muerto durante las operaciones de contrainsurgencia iniciadas por el Gobierno después de que el grupo atacara un destacamento militar el 5 febrero en la provincia de Maguindanao. El Ejército también declaró que en el marco de estas operaciones también se recuperaron más de un centenar de artefactos explosivos del grupo. Por otra parte, un combatiente del MILF murió y otras tres personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre el MILF y las Fuerzas Armadas en la provincia de Maguindanao. El MILF declaró que militares que estaban llevando a cabo un operativo especial contra el BIFF se adentraron sin la coordinación necesaria ni aviso previo en un campamento del MILF. El grupo también declaró que este incidente armado no tiene relación alguna con el incremento de la tensión con el Gobierno provocado por los retrasos y las dificultades en la aprobación de la Bangsamoro Basic Law. Ambas partes declararon que el Comité de Coordinación para el Cese de Hostilidades (CCCH) y el Grupo Especial de Acción Conjunto (AHJAG) estaban investigando el incidente armado. (Inquirer, 10 y 11/02/16; Manila Bulletin, 23/02/16)

Un nuevo informe de la ONU alerta sobre los múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados en el país y demanda medidas urgentes para abordar la total impunidad que persiste frente a estos abusos. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU destacó que las informaciones apuntan a que todas las partes del conflicto libio serían responsables de crímenes de guerra, entre ellos ejecuciones sumarias de personas detenidas o secuestradas, ofensivas indiscriminadas en zonas civiles, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia contra mujeres, en especial activistas. Paralelamente, durante el mes persistieron las informaciones sobre una intervención internacional más activa en Libia con el objetivo de frenar la expansión de ISIS. Según fuentes del Gobierno de EEUU citadas por la prensa, ISIS habría ampliado su contingente en el país norteafricano de 2.000-3.000 a unos 5.000 combatientes. Países como Francia y Reino Unido descartaron el envío de tropas de combate, aunque Londres no descartó otro tipo de asistencia a un nuevo gobierno de consenso en Libia, incluyendo la provisión de inteligencia o el envío de efectivos para entrenar a las fuerzas locales, una opción en la que también participaría Italia. EEUU, en tanto, lanzó un ataque contra objetivos de ISIS en Libia que causó la muerte de entre 40 y 50 personas. Serbia anunció que dos de sus ciudadanos que habían sido secuestrados por ISIS en noviembre estaban entre las víctimas mortales. El ataque en la localidad de Sabratha (oeste) habría tenido como objetivo un alto dirigente tunecino que habría estado implicado en los ataques que afectaron a Túnez en 2015. Durante febrero continuaron las gestiones para poner en marcha un gobierno de unidad. En medio de algunos desacuerdos, el Consejo Presidencial presentó un gabinete de 18 integrantes, incluyendo tres mujeres, pero la votación para su ratificación por el Parlamento de Tobruk fue pospuesta y hasta finales de febrero no se había concretado. Finalmente, cabe destacar que dos meses después del llamamiento de la ONU para recabar 166 millones de dólares para ayuda humanitaria para 1,3 millones de personas en Libia solo había reunido un 1% de los fondos requeridos. (The Guardian, 02, 15/02/16; UN News, 25/02/16; Reuters, 19, 20/02/16; Le Monde, 19/02/16; BBC, 11/02/16; Jeune Afrique, 05/02/16; All Africa, 02/02/16)

Los ataques de los grupos armados de corte yihadista contra las fuerzas de seguridad malienses y contra la misión de la ONU en el país, MINUSMA, han aumentado considerablemente, registrándose durante el mes de febrero al menos nueve acciones. El 28 de enero se han reportado dos incidentes, uno en Tombuctú y otro al sur de Gao, que se han cobrado la vida de dos soldados malienses. El 5 de febrero, se han producido otros dos ataques en Tombuctú reivindicados por Al-Qaeda del Magreb Islámico; uno mediante un coche bomba contra una base de la MINUSMA y otro dirigido contra un puesto de control del Ejército maliense, que se ha saldado con cuatro asaltantes y un soldado muerto. En otro incidente registrado el 9 de febrero tres soldados malienses han resultado muertos y dos más heridos cuando su vehículo ha pasado por encima de una mina terrestre en Mondoro, Mopti, cerca de la frontera con Burkina Faso, sin que ningún grupo reivindicase el acto. El día 12, otro ataque reivindicado por el grupo armado Ansar Dine, contra la base de la MINUSMA en Kidal, ha dejado siete soldados guineanos fallecidos y alrededor de 30 heridos. El mismo día, en otro incidente separado tres soldados malienses murieron y otros dos han resultado heridos en una emboscada contra un convoy militar cerca de Tombuctú. Finalmente, el día 24, otro ataque sin conocer autoría contra fuerzas malienses en Lere, ha dejado un balance de al menos cuatro soldados muertos, tres heridos y dos secuestrados. En otro orden de asuntos, el Parlamento alemán ha aprobado incrementar el número de tropas que el país germano tiene desplegadas en Malí a través de la MINUSMA. Hasta la fecha el contingente alemán contaba con 14 soldados, y pasará a tener 650, de los cuales 400 se desplegarán en junio. La decisión ha sido respaldada por 502 parlamentarios, frente a los 72 que han votado en contra el pasado 28 de enero. (Jeune Afrique, 28-29/01/16; El País, Al Jazeera, 05/02/16; Reuters, 06/02/16; BBC, 09, 13/02/16; Maliactu, 16/02/16; RFI, 17/02/16; Malijet, 24/02/16)

La ola de atentados producida por Boko Haram (BH) en Nigeria, con 150 muertos, y Camerún, con un balance de al menos 88 muertos, durante el mes de enero, se ha mantenido en el mes de febrero. El día 30 de enero BH llevó a cabo una masacre en la localidad de Dalori, estado de Borno, cobrándose 85 víctimas mortales. Al día siguiente, se registraron dos atentados suicidas en la región del Lago Chad, en la zona chadiana, con un total de tres muertos y 56 heridos. Tres días después, un avión no tripulado de la Fuerza Aérea de Nigeria destruyó una base de la organización yihadista en el bosque de Sambisa. El 9 de febrero un comando de BH tomó el poblado de Kwanar Duts durante dos horas, en las que provocaron la muerte de 23 personas y heridas a otras 12. Al día siguiente se produjo un doble atentado suicida en un funeral la localidad de Nguetchéwé, al norte de Camerún, provocando ocho muertes y una treintena de heridos. Ese mismo día BH atentó contra el campo de refugiados de Dikwa, causando 67 muertos y alrededor de 78 heridos. El ataque suicida fue perpetrado por dos de las tres jóvenes que se infiltraron en el campo, no siendo una de ellas capaz de inmolarse. El Ejército nigeriano frustró un segundo ataque en el mismo campo a finales de mes, dejando un balance de 26 insurgentes de BH muertos, así como un soldado y un miembro de las milicias de autodefensa civil fallecido y cuatro heridos. Entre el 12 y 13 de febrero, BH atacó dos localidades de Borno, Kachifa y Yakshari, dejando un total de 30 fallecidos. Entre el 11 y el 14 de febrero una operación transfronteriza llevada a cabo por las fuerzas especiales de Camerún en la localidad nigeriana de Goshi, dejó 162 milicianos de BH muertos y condujo a la liberación de 100 personas retenidas por el grupo islamista, desmantelando además cuatro fábricas de minas. Pocos días después, el 19 de febrero, un doble atentado suicida costó la vida de 17 personas en un mercado de la localidad de Mora, al norte de Camerún. Ese mismo día, el Ejército informó del rescate de 195 personas capturadas por BH y aseguró haber causado un número indeterminado de bajas a la milicia. El día 23, en otra operación militar contra BH en Talala y Kumshe, se informó de la muerte de 23 milicianos y la liberación de otras 150 personas. En medio de esta oleada de ataques, líderes religiosos bajo los auspicios del Northern Inter Faith and Religious Organisations of Nigeria (NIFROM) instaron al Gobierno federal a ampliar el programa de amnistía presidencial concedido a los militantes del Delta del Níger para incluir a los miembros de Boko Haram. Por otro lado, la conferencia de donantes llevada a cabo por los representantes de la comunidad internacional en la sede de la UA, recaudó un total de 250 millones de dólares para financiar las operaciones de la MNJTF contra BH, según informó Smail Chergui, Comisionado para la Paz y Seguridad de la UA. Finalmente y en otro orden de asuntos, el 23 de febrero se registró un episodio violento protagonizado por milicias vinculadas a pastores fulanis en cuatro comunidades de Agatu, en el estado de Benue, que dejó un balance confuso de víctimas, pudiendo sobrepasar los cientos de personas asesinadas. (Leadership, 01, 25/02/16; BBC, 01/02/16; El País, 02/02/16; This Day, 15, 22/02/16; The Guardian, 25/02/16; Vanguard, 24-25/02/16)

Se deteriora el conflicto en Turquía, con un grave balance de impactos sobre la población civil kurda de núcleos urbanos del sudeste. El Gobierno anunció el fin de la operación de 59 días en el distrito de Cizre, mientras amplió en febrero las operaciones militares a otros distritos, como Idil (provincia de Sirnak) y Nusaybin (provincia de Mardin). La extensión de las operaciones generó nuevo desplazamiento forzado de población civil, de miles de personas, que se añade a los movimientos de población desde la escalada en diciembre –precedida de violencia desde el reinicio de la guerra finales de julio. Según el balance del Ejército, en Cizre murieron 612 miembros del PKK y 29 soldados y policías desde mediados de diciembre hasta el 11 de febrero; si bien la cuestión de las cifras continuó siendo polémica, en un contexto de guerra informativa y psicológica, en que el Gobierno y Ejército defienden una “campaña antiterrorista” y el movimiento kurdo denuncian “masacres contra la población civil y resistencia frente a esas masacres”. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han denunciado los graves impactos sobre civiles de las operaciones militares en el sudeste y su desproporción. Especial consternación y también controversia causó la muerte de decenas de personas –unas 110 según cifras de políticos kurdos– atrapadas en dos sótanos en Cizre entre finales de enero y febrero. El movimiento kurdo denunció negación de atención médica y matanza por parte de las fuerzas de seguridad, así como intentos de evitar autopsias e incendios de casas para ocultar pruebas. El partido prokurdo HDP ha advertido al Gobierno de que los crímenes de guerra no prescriben. Mientras, el Gobierno afirmó que las víctimas en el sótano eran miembros del PKK y anunció que continuaría sus operaciones hasta acabar con el grupo. Organizaciones como HRW señalan las dificultades de esclarecer la verdad sobre los hechos de violencia en el sudeste. El nuevo escenario de guerra incluyó también bombardeos de gran escala del Ejército contra posiciones del PKK, también en el norte de Iraq. A su vez, entre los hechos de más gravedad el grupo armado kurdo TAK –considerado grupo bajo el amparo del PKK a través del cual el PKK evitaría aparecer como responsable de graves ataques– reivindicó la autoría de un atentado suicida con coche bomba en la capital, Ankara, contra un autobús militar, que causó la muerte de 29 personas –20 de ellos militares de alto rango– y heridas a otras 61, en pleno centro y cerca de importantes sedes militares. El TAK lo calificó de represalia por las operaciones en el sudeste. El Gobierno acusó a la guerrilla kurda YPG, vinculada al PKK, del ataque, en un contexto de agravamiento del impacto de la crisis de Siria en Turquía y en su cuestión kurda y viceversa, con bombardeos de Turquía contra el YPG en Siria. El PKK llamó a la “resistencia”, mientras el Gobierno anunció un nuevo plan de acción relativo a la situación en la región kurda de Turquía que descarta todo diálogo con el PKK y el movimiento kurdo y se centra en cuestiones de “orden público” y económicas. (Hürriyet, Firat, AFP, Reuters, 1-25/02/16)

A finales de febrero el Parlamento Europeo aprueba una moción que llama a la UE a imponer un embargo de armas a Arabia Saudita por su campaña militar en Yemen, que ha provocado numerosas muertes de civiles. Previamente, el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, había insistido en denunciar los ataques indiscriminados de la coalición liderada por Riad en territorio yemení y había reclamado que se frenaran los flujos de armas a actores que violan el derecho internacional humanitario. Según un informe de un panel de expertos de la ONU que trascendió a la prensa, los ataques de la coalición encabezada por Arabia Saudita han afectado a numerosos objetivos civiles, entre ellos campos de personas desplazadas internamente; reuniones de civiles –incluyendo bodas–; áreas residenciales, autobuses y otros vehículos civiles; centros médicos, escuelas, mercados, depósitos de alimentos y otras infraestructuras civiles. Riad había anunciado la puesta en marcha de un comité de alto nivel para valorar los incidentes que involucraran a civiles y desarrollar mecanismos para su prevención, pero diversas organizaciones internacionales de derechos humanos subrayaron la necesidad de que los hechos sean investigados por una comisión internacional imparcial. Si bien la moción del Parlamento Europeo no es vinculante, incrementa la presión sobre países de la UE que se encuentran entre los principales proveedores de armas de Arabia Saudita, entre ellos Reino Unido, España, Francia y Alemania. La votación se produjo días después de que se conocieran nuevos datos sobre las transferencias de armas a nivel global, que sitúan a Arabia Saudita en el segundo lugar entre los principales países importadores de armas del mundo. Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), las compras de armas de Arabia Saudita entre el período 2006-10 y 2011-15 se incrementaron en un 275%. En el mismo período, las ventas de armas a Oriente Medio aumentaron en un 61%. (SIPRI, 22/02/16; The Guardian, 27/01/16 y 25/02/16; Reuters, 25/02/16)

ACNUR ha informado que el número de personas mozambiqueñas refugiadas en la aldea de Kapise, en Malawi, ha ascendido en febrero a 6.000. Según la ONG Human Rights Watch, el origen del desplazamiento forzoso de personas se ha debido al inicio de las operaciones del Ejército mozambiqueño en octubre de 2015 en la provincia de Tete, bajo el pretexto de desarmar a las milicias vinculadas al principal partido de la oposición, RENAMO. HRW ha denunciado que el Gobierno de Mozambique debería investigar las ejecuciones sumarias, los presuntos abusos sexuales y malos tratos denunciados por la población civil por parte de las Fuerzas Armadas en la provincia de Tete, que han motivado el desplazamiento forzado. Durante el mes de febrero el Gobierno presidido por Filipe Nyusi ha vuelto a enviar una delegación al campo de refugiados para evaluar la situación. La ONG Médicos Sin Fronteras también ha denunciado el aumento del desplazamiento interno debido a la intensificación de la tensión y la violencia en las zonas de Tete, Sofala y Zambezia. Durante el mes de febrero se han seguido registrando nuevos incidentes en el país, como el bloqueo de las principales carreteras en la provincia de Sofala así como al menos tres ataques que produjeron cuatro víctimas mortales en Gorongosa, Nhamapadza-Caia y Sofala –en este último lugar la RENAMO asesinó a un oficial del FRELIMO–. En medio de este clima de tensión, el diálogo de paz ha permanecido roto debido a que el líder de RENAMO, Afonso Dahlakama, se ha negado a reunirse con el Gobierno si no se resuelve la demanda de autogobierno en las seis provincias que demanda. Dhlakama ha exigido además la mediación de Jacob Zuma y de la Iglesia Católica como precondición para reunirse con el presidente Filipe Nyusi. (Agencia de Informacao de Mocambique, 2, 4, 8-9, 11, 14, 16, 22/02/16; Medecins Sans Frontieres, 17/02/16; ACNUR, 18/02/16; News24Wire, 18/02/16; Human Rights Watch, 22/02/16)

Se intensifican gravemente los enfrentamientos armados entre los grupos armados de oposición TNLA y RCSS/SSA-S en el estado Shan. Los enfrentamientos, que se iniciaron en el mes de noviembre, se han acrecentado en febrero, provocando el desplazamiento forzado de más de 4.000 civiles, de acuerdo con las cifras registradas por la oficina de Naciones Unidas, OCHA. La mayor parte de la población se ha refugiado en poblaciones cercanas. Por otra parte, el TNLA también denunció haber sido objeto de ataques aéreos con helicópteros por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar durante varios días, provocando diversos heridos en las filas insurgentes. El TNLA ha acusado en diversas ocasiones al RCSS/SSA-S de cooperar con el Ejército, algo que el grupo san siempre ha negado. El grupo armado ta’ang fue excluido de las negociaciones para la firma del acuerdo de alto el fuego que se alcanzó en 2015, pero el RCSS/SSA-S, de adscripción san, sí es una de las partes firmantes. En paralelo a los enfrentamientos, la coordinadora de grupos armados étnicos UNFC llevó a cabo un encuentro en Tailandia para definir su posición en las negociaciones políticas con el nuevo Gobierno encabezado por el partido NLD, vencedor de las últimas elecciones. Entre los temas abordados en el encuentro estuvo la cuestión de la reforma del sector de la seguridad y el desarme, la desmovilización y reintegración de combatientes, así como la importancia de diseñar un proceso de diálogo inclusivo. (The Irrawaddy, 11, 17 y 18/02/16)

El 14 de febrero tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la primera vuelta de las elecciones legislativas en un clima de calma y con una participación más baja que la que los diferentes actores políticos y el Gobierno de transición esperaban, según diversas fuentes. La primera vuelta de las elecciones legislativas fue anulada el pasado 30 de diciembre tras haberse detectado numerosas irregularidades, algunas de las cuales también afectaban al desarrollo de las elecciones presidenciales pero no fueron lo suficientemente decisivas como para que se modificaran los resultados provisionales. El 20 de febrero la Autoridad Nacional Electoral (ANE) anunció los resultados oficiales que dan la victoria a Faustin-Archange Touadéra, con un 62,71% de votos, sobre su rival Anicet-Georges Dologuélé, que ha obtenido el 37,29% de los sufragios. Dologuélé, que había denunciado fraudes masivos organizados por su rival Touadéra en el transcurso de la jornada electoral, ha reconocido su derrota y ha anunciado que no presentará ningún recurso ante la Corte. En la primera vuelta de las legislativas, la ANE declaró que de las 140 circunscripciones, 45 disponen de un diputado elegido en la primera vuelta, aunque las cifras son provisionales y tienen que ser validadas por la Corte. El portavoz del partido Union pour le Renouveau Centrafricain (URCA) de Dologuélé, Saturnin Ndomby, ha anunciado haber recibido informaciones de numerosos casos de intimidación por parte de jefes de milicias armadas en las cercanías de las localidades o de los centros electorales para orientar el voto, y también ha señalado que se han encontrado urnas en algunos barrios tras haberse anunciado los resultados parciales. Los resultados están pendientes de ser validados por la Corte Constitucional en los próximos días. Tras conocer los resultados, Touadéra, último primer ministro del ex presidente François Bozizé, ha manifestado sin triunfalismos que el pueblo se ha pronunciado de forma libre y transparente y que intentará asumir el reto que supone. Touadéra, entre otras cuestiones, condujo con éxito el diálogo político inclusivo celebrado en 2008. Cabe destacar, por otra parte, las nuevas acusaciones contra los cascos azules integrantes de la MINUSCA: cuatro nuevos casos de agresiones y abusos sexuales cometidos entre 2014 y 2015 por parte de los cascos azules congoleses. En este sentido, un batallón de soldados de RDC será repatriado a partir del 25 de febrero y sustituido por un contingente de Mauritania. (RFI, 14 y 23/02/16; Jeune Afrique, 16, 17, 20, 21 y 22/02/16)

A partir de la medianoche del viernes 26 de febrero se inicia un cese de las hostilidades en Siria, en una iniciativa cuyos términos fueron definidos por Rusia y EEUU y que fue aceptada por el régimen de Bashar al-Assad y grupos armados de la oposición. La ONU dio su respaldo a la propuesta poco antes de su entrada en vigor y aunque en las horas posteriores se denunciaron algunos incidentes, en términos generales al finalizar febrero se mantenía el cese en las hostilidades. La tregua –que en principio durará dos semanas y que podría renovarse– excluye a los grupos armados ISIS y Frente al-Nusra, que podrían continuar siendo objetivo de ataques. Grupos armados de la oposición siria temían que las fuerzas gubernamentales esgriman esta cláusula para continuar sus ataques en zonas bajo control rebelde. Diversos análisis han subrayado la fragilidad de este acuerdo, que es menos vinculante que un alto el fuego formal. En las últimas semanas, otra tregua acordada durante una reunión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG, por sus siglas en inglés) que debía entrar en vigor a mediados de mes no llegó a concretarse. Paralelamente, a lo largo de febrero se produjeron múltiples hechos de violencia, entre ellos intensas ofensivas aéreas rusas en apoyo al régimen sirio en las provincias de Latakia y Aleppo –solo en esta última ciudad la violencia motivó el desplazamiento forzado de unos 50.000 civiles–, dos ataques suicidas en Homs y Damasco perpetrados por ISIS que causaron la muerte a más de 120 personas, y acciones armadas de Turquía contra posiciones de las milicias kurdas YPG. La ONU también denunció la destrucción deliberada de instalaciones hospitalarias en el país por parte de las fuerzas gubernamentales y de ISIS. Paralelamente, durante el mes surgieron rumores de que Turquía y Arabia Saudita estaban considerando la posibilidad de una intervención terrestre en Siria. En este contexto, se esperaba que el cese en las hostilidades facilitara la entrega de ayuda humanitaria y el acceso a zonas asediadas, y que paralelamente creara un clima más propicio para la próxima ronda de conversaciones de paz prevista para el 7 de marzo en Ginebra. Las negociaciones habían sido suspendidas el 3 de febrero por las diferencias entre las partes, en un contexto de continuos bombardeos del régimen contra posiciones rebeldes. (The Guardian, New York Times, BBC, UN News, 01-29/02/16)

El viceprimer ministro, Prawit Wongsuwan, anuncia que el referéndum sobre la nueva Constitución se llevará a cabo el 31 de julio y que las elecciones generales se celebrarán en 2017, incluso si el borrador de nueva Constitución es rechazado en referéndum. Prawit Wongsuwan declaró que en el caso de que esto sucediera, el Gobierno tiene un plan previsto, aunque no reveló cuál. El viceprimer ministro también alentó a las voces críticas con el Gobierno o con el borrador actual de la carta magna a hacer llegar sus comentarios y opiniones al Comité de Redacción de la Constitución y anunció que tanto el ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas ya habían hecho llegar sus reflexiones al mencionado comité. Por otra parte, varios partidos mostraron su firme oposición a la propuesta del actual Gobierno al Comité de Redacción de la Constitución de prolongar los poderes especiales del Consejo Nacional para la Paz y el Orden incluso después de que se hayan celebrado elecciones y haya tomado posesión del cargo un nuevo gobierno. Según la actual Junta Militar, el objetivo de dicha propuesta es garantizar que el retorno a la democracia del país no comporte o aliente conflictos que puedan poner en riesgo la unidad del país o bien obstaculizar la implementación de reformas. (Bangkok Post, 11 y 19/02/16)

Tras meses de relativa calma aumentan las alarmas sobre un aumento de los incidentes de violencia en torno a la línea de alto el fuego. El Ejército ucraniano y las fuerzas armadas de los autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se acusaron mutuamente en febrero de incumplimiento del alto el fuego. Algunos medios informaron de ataques con fuego de mortero y pistolas, pero sin armamento pesado, mientras otros señalaron uso de armas pesadas. Entre las zonas más afectadas estaría Maryinka –localidad bajo control del Gobierno de Ucrania en la región de Donetsk–. A su vez, UNICEF alertó en febrero sobre el impacto de la guerra iniciada en abril de 2014 en los menores, señalando que ésta ha afectado profundamente a las vidas de 580.000 niños y niñas de las áreas bajo control rebelde y cercanas a la línea de frente. Además, cifra en 215.000 los menores desplazados de las áreas de conflicto y denuncia que una de cada cinco escuelas ha sido destrozada o dañada en la zona de conflicto. Las alertas sobre el reinicio de enfrentamientos así como sobre el impacto prolongado del conflicto se producen en un contexto de crisis política en Ucrania y de falta de avances en el proceso de paz. En un contexto de tensión política en torno al ritmo de las reformas comprometidas por el Gobierno y de acusaciones de cronificación de la corrupción, el presidente, Petro Poroshenko, instó a una remodelación del Gobierno y a la salida del primer ministro y del Fiscal General, este último acusado de ralentizar casos judiciales sobre corrupción. El jefe de Gobierno Arseniy Yatsenyuk obtuvo finalmente apoyos suficientes para hacer frente a una moción de censura en el Parlamento, con el respaldo del partido pro-UE Frente Popular de Yatsenyuk, de parte del propio Bloque Petro Poroshenko y gracias a la abstención del Bloque Opositor –creado por antiguos miembros del Partido de las Regiones del ex presidente Victor Yanukovich–. No obstante, el Ejecutivo perdió la mayoría parlamentaria tras la salida de la coalición gubernamental de dos de sus socios (partidos Patria y Autoayuda). La formación Autoayuda denunció una alianza de la clase dirigente y de poderes oligárquicos. El contexto de crisis política generó incertidumbre sobre su impacto en el proceso de paz y sobre los escenarios inciertos si se diera paso a nuevas elecciones. A su vez, durante el mes Ucrania se mantuvo contraria a la celebración de elecciones en Donetsk y Lugansk mientras no se garantice una situación de seguridad y se produzca la retirada de tropas extranjeras –en alusión a Rusia– y se recupere el control de la frontera ucraniano-rusa. Por otra parte, se produjeron diversos incidentes violentos protagonizados por sectores nacionalistas ucranianos, como varios ataques y saqueos de oficinas de bancos rusos. (New York Times, RFE/RL, Reuters 1-25/02/16; UNICEF, 19/02/16)

Yoweri Museveni, en el poder después de 30 años, ha sido reelegido presidente del país por un quinto mandato de cinco años, según ha anunciado la Comisión Electoral tras confirmar su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el 18 de febrero. Museveni se ha impuesto con el 60,75% de los votos a su principal rival, Kizza Besigye, que ha obtenido el 35,37% de los sufragios, mientras que el tercer candidato en liza, Amama Mbabazi, solo ha conseguido el 1,43% de los votos. La tasa de participación se ha situado en el 63,5%. La oposición política ha acusado a la Comisión Electoral de ser parcial al disimular el fraude cometido por el régimen. El partido de Besigye, el Foro para el Cambio Democrático (FDC) ha realizado un llamamiento a condenar el fraude cometido y ha exigido a la Comisión Electoral que revele su alcance real. Las misiones de observación electoral de la Commonwealth y de la UE también han cuestionado la imparcialidad de la Comisión. Según EEUU, las elecciones no se adecuan los estándares internacionales. Museveni ha señalado que no tiene porqué recibir lecciones de nadie, que los europeos no son serios y que si hubiera manipulado los resultados habría vencido en Kampala. La capital ha sido el principal feudo de la oposición. La misión electoral de la UE ha solicitado a la Comisión que publique el detalle de los resultados en cada colegio electoral para poder comprobar los resultados. Paralelamente, cabe destacar que el líder opositor Kizza Besigye fue detenido cuatro veces en una semana, tres de ellas después del proceso electoral del 18 de febrero. La última detención de Besigye tuvo lugar el 22 de febrero y desde entonces se encuentra en arresto domiciliario. El dirigente fue arrestado cuando preveía presentar un recurso para invalidar el proceso ante la Comisión Electoral. Cabe destacar que también se ha desplegado un importante dispositivo policial frente a la sede central del FDC y ante la casa del tercer candidato, Amama Mbabazi. (Jeune Afrique, 20, 22/02/16; BBC, 20/02/16; New Vision, 26/02/16)

Persiste la grave inestabilidad y la oleada de atentados con bombas en la capital y las operaciones militares que han causado decenas de víctimas mortales en Burundi. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llevado a cabo una gira por los países de los Grandes Lagos y en su visita a Burundi se ha reunido con los diferentes actores políticos, en especial con el presidente Pierre Nkurunziza, para intentar promover una solución política a la grave crisis que atraviesa el país. Se trata de la primera visita del secretario general de la ONU a Burundi desde el inicio de la crisis, agravada en abril de 2015. Ban Ki-moon ha declarado que Nkurunziza se ha comprometido celebrar un diálogo inclusivo sin condiciones con la oposición, tras su entrevista celebrada el 23 de febrero. La cuestión principal es saber quién será invitado a participar en este diálogo político, y Nkurunziza se ha referido a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en noviembre de 2015 que apelaba al Gobierno a dialogar con los interlocutores políticos que no hubieran recurrido al uso de la fuerza. Dos días más tarde, el 25 de febrero, una delegación de la UA compuesta por los presidentes de Sudáfrica, Jacob Zuma; de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz; de Senegal, Macky Sall; de Gabón, Ali Bongo Ondimba, así como el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn, han visitado el país para promover una salida negociada de la situación. Esta visita se inscribe en el marco de la clausura de la 26ª cumbre de la UA celebrada el 31 de enero en Adis Abeba. La UA había propuesto en diciembre de una misión de estabilización al país, pero tras el rechazo categórico de Bujumbura, ha condicionado el envío de esta misión al consentimiento de Nkurunziza. En paralelo, cabe destacar el anuncio de Rwanda de su intención de reenviar a los refugiados burundeses (alrededor de 75.000) a otros países tras las acusaciones recibidas por Rwanda de injerencia en los asuntos de Burundi, como consecuencia de las acusaciones de la ONU y EEUU. Expertos de la ONU habían acusado a Rwanda de reclutar y entrenar a refugiados burundeses con el objetivo de derrocar al presidente burundés. (Jeune Afrique, 12, 22-25/02/16)

Las organizaciones madhesis deciden poner fin al bloqueo de la frontera con la India que habían mantenido en los últimos cuatro meses como protesta por la nueva Constitución recientemente aprobada en el país. Las organizaciones madhesis discrepan de la nueva configuración territorial del país, así como de otros aspectos de la Carta Magna que consideran refuerza la discriminación de las comunidades madhesis. El bloqueo de los pasos fronterizos había llevado a un grave desabastecimiento de combustible y otros bienes esenciales para el país. Además del levantamiento del bloqueo también anunciaron el fin a la huelga general y al cierre de oficinas gubernamentales que habían llevado a cabo en estos meses. No obstante señalaron que mantenían otras formas de protesta para mostrar su disconformidad con las propuestas presentadas por el Gobierno para resolver el conflicto. Por su parte, el primer ministro nepalí calificó de positivo este paso y señaló que esperaba resolver las diferencias con las organizaciones y partidos madhesis por la vía del diálogo. Tras la apertura de la frontera se produjo la llegada de numerosos camiones con combustible y otros bienes básicos. Por otra parte, en febrero se anunció la confluencia de diferentes actores políticos madhesis en un único frente, Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha para coordinar las protestas y movilizaciones. (Kathmandu Post, 8 y 12/02/16)