La tensión se incrementa en la península coreana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad una resolución (2270), impulsada por EEUU y China, que amplía las sanciones contra Corea del Norte por haber lanzado a principios de febrero un satélite que, según varios países, viola la prohibición del Consejo de Seguridad de llevar a cabo ensayos con misiles balísticos. Según algunos analistas, el cohete en cuestión doblaba la capacidad de carga de los anteriores cohetes testados y tenía un alcance de unos 12.000 quilómetros. Poco después de la aprobación de esta resolución, el 7 de marzo, Corea del Sur y EEUU iniciaron los mayores ejercicios militares de los últimos tiempos. Poco después, el presidente de EEUU firmó la orden en la que imponía nuevas sanciones a Corea del Norte por la detonación de una bomba de hidrógeno en enero y por el mencionado ensayo con misiles balísticos. Por su parte, tras la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad y del inicio de los mencionados ejercicios militares, Corea del Norte disparó misiles de corto alcance desde su costa oriental en tres momentos a principios y finales de marzo, así como también un misil de medio alcance a mediados de mes, lanzamiento este último que provocó una enérgica condena por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de su secretario general. Además, el líder norcoreano declaró a principios de mes que las cabezas nucleares que dice disponer están listas para ser utilizadas en cualquier momento, instó a su Gobierno a seguir llevando a cabo ensayos nucleares y anunció haber logrado la miniaturización de las cabezas nucleares para ser adosadas a misiles balísticos, uno de los principales temores de la comunidad internacional. A pesar de ello, tanto China como Rusia declararon que no reconocerán a Corea del Norte como una potencia nuclear. Pyongyang también canceló todos los programas de cooperación en materia económica con Corea del Sur. A su vez, Corea del Sur había puesto fin a la cooperación transfronteriza y restringido el acceso al complejo industrial de Kaesong en el mes de enero, y posteriormente en el mes de febrero había ordenado el cierre de dicho complejo por considerar que las ganancias que generaba eran reinvertidas en el programa armamentístico norcoreano. Corea del Norte reaccionó antes estas medidas expulsando al personal surcoreano del complejo, congelando los activos de las empresas que allí estaban ubicadas y advirtiendo sobre la posibilidad de militarizar el complejo. Algunos medios de comunicación han señalado que la reacción de Corea del Norte tras la aprobación de la resolución por parte del Consejo de Seguridad es muy parecida a la que tuvo después de que el Consejo de Seguridad impusiera nuevas sanciones a Corea del Norte tras su tercer ensayo nuclear, en el año 2013. (New York Times y Reuters, 02/03/16; CNN, 17/04/16; Washington Post, 20/03/16; BBC, 06/03/16; Guardian, 08/04/16)

El grupo armado al-Morabitoun, vinculado a la red de al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), ha reivindicado el ataque producido el 13 de abril contra un complejo turístico hotelero situado en la zona costera Grand Bassam –antigua capital del país en el periodo colonial francés-, en lo que ha supuesto el primer atentado yihadista registrado en el país. En el ataque, perpetrado por entre tres (según AQMI) y seis (según el Gobierno) asaltantes, han perdido la vida al menos 14 civiles (entre ellos cuatro europeos) y dos soldados costamarfileños, además de haber dejado 33 personas heridas, según ha informado el Ministro del Interior de Cote d´Ivore, Hamed Bakayoko, quien ha señalado que entre las víctimas se encontraban ciudadanos nacionales, así como de Francia, Alemania, Burkina Faso, Malí y Camerún. El Gobierno también ha informado que tres de los seis asaltantes que perpetraron el ataque en la playa y contra tres hoteles (L’Etoile du Sud, Wharf Hotel y Koral Beach), han muerto debido a la intervención de las fuerzas de seguridad. Cote d´Ivore se encontraba en alerta después de los atentados producidos contra instalaciones turísticas en Bamako y Ougadougou durante el 2015, debido a que el país ha sido considerado un objetivo de los movimientos yihadistas por su papel en la guerra de Malí y su la cobertura dada a la operación francesa Barkhane. (El País, 14/03/2016; Reuters, 14/03/2016; Deutsche Welle, 14/03/2016)

Tras el ataque con mortero reivindicado por ISIS que causó la muerte a 13 policías en un puesto de control en la ciudad de Arish (Sinaí) a mediados de marzo, el Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi convocó a una reunión de emergencia con los cuerpos de seguridad. En el encuentro participaron altos manos del Ejército y la Policía, además de los ministros de Defensa e Interior y tuvo por objetivo coordinar la respuesta a la escalada de hechos de violencia en la península. Según informaciones de prensa, además del incidente de Arish, otros diversos episodios de violencia en el Sinaí durante marzo habían causado la muerte de otra decena de policías y militares, mientras que los ataques aéreos contra combatientes y un presunto campo de entrenamiento de ISIS habrían provocado el fallecimiento de una treintena de militantes. Paralelamente, las autoridades egipcias continuaron adoptando medidas contra sectores disidentes, defensores de derechos humanos y activistas feministas. La situación llevó a finales de marzo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zaeid Ra’ad al-Hussein, a expresar su grave preocupación por el cierre de centenares de ONGs y la persecución de defensores de los derechos humanos desde noviembre de 2014. El diplomático exigió el fin de estas acciones y defendió el derecho de las organizaciones a recibir dinero para promover la defensa de los derechos humanos. Numerosas ONG están siendo investigadas por recibir fondos desde el exterior presuntamente de manera ilegal. Entre ellas se cuentan el Instituto de Derechos Humanos de El Cairo, la Iniciativa Egipcia para los Derechos de las Personas, la Red Árabe de Información en Derechos Humanos, el Centro Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia y el Centro de Estudios Feministas Nazra. A finales de marzo, 43 organizaciones de mujeres y 130 académicos se pronunciaron en contra de la persecución de las actividades de Nazra. Cabe destacar que activistas políticos y periodistas también están siendo objeto de prohibiciones de viaje. Adicionalmente, en marzo también se informó que el Consejo Supremo del Poder Judicial dispuso la jubilación forzada de más de 40 jueces por negarse a reconocer la legalidad del golpe de Estado de los militares contra el gobierno del islamista Mohamed Morsi en julio de 2013. Finalmente, cabe mencionar que tras recibir presiones de Italia las autoridades egipcias extendieron la investigación sobre el caso del estudiante italiano Giulio Regeni, encontrado muerto en enero con señales de tortura. El Cairo ha vinculado el caso con la actividad de una banda criminal, pero se mantienen las sospechas sobre la presunta responsabilidad de las fuerzas de seguridad egipcias. (The Guardian, 19, 27, 29, 31/03/16; UN News, 24/03/16; BBC, 19/03/16; Middle East Monitor, 22/03/16)

El aumento de la violencia en los primeros meses del año ha producido una creciente preocupación en el país, que ha derivado en la propuesta del ejecutivo salvadoreño de decretar el estado de emergencia en los territorios más afectados por la violencia, así como se ha anunciado el lanzamiento del plan de seguridad El Salvador Seguro. Según el jefe del Estado, Salvador Sánchez Cerén, estas medidas pretenden disminuir el número de muertes violentas, que han aumentaron en lo que va de 2016 un 107 % respecto al mismo período del año 2015, registrándose más de 1.630 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo. Las medidas incluidas en el Plan han contemplado el incremento de efectivos policiales y militares y el aumento de la seguridad en las cárceles, así como también se pretende avanzar en la iniciativa de desmasificar las cárceles liberando a presos "de avanzada edad o con enfermedades terminales, que no suponen un riesgo para la población". Las medidas del ejecutivo ha producido las reacciones de las principales pandillas del país, Mara Salvatrucha, 18 Revolucionarios y Sureños, que en un vídeo se han comprometido a contener la violencia a cambio de que el gobierno renuncie a las medidas extraordinarias. El presidente Sánchez Cerén ha rechazado el ofrecimiento, y ha anunciado su intención de seguir con el plan. A finales de mes, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dado a conocer la declaración del estado de emergencia en siete centros penitenciarios del país, como parte de las medidas extraordinarias del gobierno, al tiempo que se han trasladado a los cabecillas de las pandillas hacia el penal de Quezaltepeque, donde los reos serán sometidos a un mayor control, aislamiento y cese de comunicación. (EFE, 8,14/03/2016; ElSalvador.com, 8,10-11,13-15/03/2016; La Página, 26-27/03/2016; El Salvador Noticias.net 29/03/2016)

El 3 de marzo varios hombres armados han asesinado en su domicilio en La Esperanza, a la activista medioambientalista Berta Cáceres, líder de la organización Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en un ataque en el que también ha resultado herido Gustavo Castro, director de la organización mexicana Otros Mundos Chiapas. Cáceres había sido premiada en abril de 2015 con el galardón ecologista Goldman por su defensa contra la construcción de la presa hidroeléctrica sobre el rio Gualcarque en Agua Zarca, que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas. La líder indígena lenca, contaba desde 2009 con medidas cautelares de protección –debido a que había recibido diferentes amenazas de muerte– facilitadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien ha exigido al Gobierno respuesta por la falta de protección de la activista. Su asesinato ha causado una gran conmoción e indignación en el país y ha generado muchas voces de solidaridad y de condena al mismo por parte de diferentes grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, destacando organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra, Vía Campesina o Global Witness, quienes han exigido al Gobierno hondureño una investigación independiente para esclarecer los hechos, así como medidas para proteger a activistas hondureños. Posteriormente, el día 15 de marzo se ha reportado otro nuevo asesinato de un dirigente de COPINH, Nelson García, producido en el municipio de Rio Lindo, departamento de Cortés. Honduras es según la ONG Global Witness, el país del mundo más peligroso para las personas activistas defensoras del medioambiente, habiendo registrado al menos 109 personas asesinadas entre 2010 y 2015. La ONG Amnistía Internacional, en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, también ha denunciado la violencia e intimidación a la que son sometidos por parte de agentes del Estado y delincuentes, diferentes colectivos hondureños, tales como las personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, funcionarios de la administración de Justicia, colectivo LGBTI, así como dirigentes indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos de tierras. (Amnistía Internacional, 02/2016; EFE, 24/02/2016; Reuters, 03/03/2016; Global Witness, 04/03/2016; Criterio, 15/03/2016; El Faro, 16/03/2016)

Un atentado en la ciudad de Lahore causa la muerte de 72 personas. La explosión de una bomba en un parque, en las inmediaciones de una zona de juegos infantiles, ocasionó este elevado número de víctimas, de los que al menos ocho eran niños, aunque otras fuentes señalan que la cifra de menores muertos podría ser mucho mayor. El parque estaba muy concurrido en ese momento lo que ocasionó que, además, 280 personas resultaron heridas. Una facción talibán, Jamaat-ul-Ahrar, reivindicó el atentado señalando que estaba dirigido contra la población cristiana que estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Además, en el mensaje señalaron que pretendían demostrar su presencia en la provincia de Punjab. Este grupo, que se escindió de la insurgencia talibán hace dos años, estaría tratando de ganar preeminencia entre la insurgencia y pretendía aprovechar el descontento popular tras la ejecución de Mumtaz Qadri, acusado de tirotear al gobernador de Punjab en 2011, quien habría tratado de proteger a la minoría cristiana. Más de 100.000 personas asistieron al funeral de Qadri durante el que se produjeron disturbios. El grupo armado sería seguidor del movimiento deobandi que defiende una interpretación extremista del Islam. Las autoridades provinciales destacaron que el atentado no estaba dirigido exclusivamente contra la población cristiana. Un hombre de 25 años habría sido el responsable del atentado suicida. El primer ministro Nawaz Sharif, canceló un viaje previsto al Reino Unido. El Gobierno de Punjab señaló que la operación de seguridad posterior al atentado estará liderada por la policía, con apoyo militar. De esta manera no se ha cedido a las presiones de quienes pedían que se otorgaran poderes adicionales al Ejército para llevar a cabo una operación militar de contrainsurgencia. Por otra parte, días antes la explosión de una bomba en un autobús que transportaba funcionarios gubernamentales en la ciudad de Peshawar causó la muerte a 15 personas. Otras 30 resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. (The Guardian, 28, 29/03/16; Al Jazeera, 16/3/16)

Las sucesivas ofensivas de los cuerpos de seguridad somalíes y de la AMISOM apoyados por las operaciones encubiertas de las fuerzas especiales estadounidenses han forzado al grupo armado al-Shabaab a replegarse hacia el norte tras la pérdida de feudos en el centro y sur del país. En este sentido, el 21 de marzo el jefe militar de la región ha informado sobre la muerte de 65 militantes de al-Shabaab en diferentes acciones militares que el grupo armado ha llevado a cabo en localidades costeras de Puntlandia y la captura de otros 31 militantes, entre ellos menores. Los ataques del grupo armado se están incrementando durante el año con el objetivo de desestabilizar al Gobierno Federal, que pretende organizar el proceso electoral este año. El Gobierno ha enviado aviones con material militar para proveer a las fuerzas somalíes de la región. En paralelo, ataques con aviones tripulados y no tripulados de EEUU han ejecutado hasta 150 sospechosos de formar parte de al-Shabaab el 5 de marzo en Raso Camp, a 120 millas al norte de Mogadiscio, donde el grupo yihadista estaba supuestamente construyendo una base de entrenamiento. Por otra parte, región sureña de Jubalandia, con Kismayo como capital, está emergiendo como una historia de éxito en los esfuerzos de la UA para pacificar el país, según señala The East African. Los diferentes grupos armados y milicias del valle de Juba se han reintegrado en la sociedad y han colaborado con la AMISOM para desarticular al-Shabaab y expulsarla de la región. (The Independent, 07/03/16; AMISOM, 17/03/16; Radio Kulmiye, 22/03/16; The East African, 29/03/16)

Un ataque coordinado y sin precedentes de ISIS contra edificios de la Policía y la Guardia Nacional tunecina deriva en una escalada de violencia en Ben Guerdane, localidad de unos 600.000 habitantes ubicada a 32 kilómetros de la frontera con Libia. Unos cincuenta atacantes lanzaron la ofensiva y con equipos de megafonía llamaron a la población a sublevarse. Los enfrentamientos entre los combatientes de ISIS y las fuerzas tunecinas causaron la muerte de 36 atacantes, 12 integrantes de los cuerpos de seguridad y de siete civiles en el primer día de combates, el 7 de marzo. La ofensiva fue frenada en unas horas, pero en los dos días siguientes las operaciones anti-yihadistas llevadas a cabo en la zona acabaron con la muerte de otros diez presuntos miembros de ISIS y condujeron a la identificación de aresenales del grupo armado. La semana previa al ataque coordinado en Ben Guerdane otra célula de ISIS se había infiltrado en los suburbios de la localidad y los cinco militantes que se habían apertrechado en una casa fueron abatidos después de varias horas de asedio. El balance final de la violencia en Ben Guerdane durante la primera quincena de marzo ascendió, por tanto, a al menos 70 personas. El Gobierno denunció que la ofensiva de ISIS pretendía la proclamación de una nueva provincia y anunció la extensión del estado de emergencia en el país, que durante 2015 padeció varios sangrientos atentados. Informaciones de prensa destacaron que Ben Guerdane es una localidad estratégica, considerada puerta de entrada a Libia y zona de flujos de contrabando de armas y bienes. Túnez ha construido una barrera de 200 kilómetros en la frontera con Libia en un intento por bloquear la entrada de combatientes, pero no ha impedido los movimientos a ambos lados del límite. Las tropas en la zona estaban en alerta desde el pasado febrero, cuando un ataque aéreo de EEUU sobre un campo de entrenamiento en Libia causó la muerte de decenas de militantes de ISIS, en su mayoría de nacionalidad tunecina. (Al-Jazeera, 07/03/16; Le Monde, 09/03/16; Jeune Afrique, 22/03/16)

Decenas de miles de personas se desplazan de los distritos de Yüksekova (provincia de Hakkari) y Nusaybin (provincia de Mardin) a causa de la violencia. El Gobierno inició a mitad de marzo nuevas operaciones militares contra el PKK, con medidas de toque de queda y despliegue de 20.00 fuerzas adicionales esos distritos y en el centro de la ciudad de Sirnak (provincia homónima). Mientras, se anunció el 1 de marzo el levantamiento parcial del cerco a Cizre, una de las localidades más castigadas por la escalada de violencia de los últimos meses. El partido opositor turco CHP emitió un informe que definía como “ilegales” los toques de queda indefinidos en las provincias de Diyarbakir y Mardin, señalando que la población civil quedaba atrapada entre las prácticas ilegales del AKP y la violencia del PKK. El movimiento kurdo, por su parte, criticó las nuevas operaciones militares e hizo nuevos llamamientos al diálogo en el marco de la celebración del nuevo año kurdo (Newroz), el 21 de marzo. Por otra parte, el conflicto armado continuó involucrado bombardeos del Ejército contra objetivos del PKK en el norte de Iraq, así como ataques del PKK. A su vez, el grupo armado TAK (considerado vinculado al PKK) reivindicó un atentado con coche bomba en Ankara que mató a 36 personas y causó heridas a más de un centenar. El think tank ICG ofreció un balance de víctimas mortales de marzo de 52 miembros de las fuerzas de seguridad, al menos 40 civiles y al menos 25 miembros del PKK. A su vez, Erdogan cifró en 5.359 los militantes del PKK fallecidos, heridos o detenidos en operaciones antiterroristas entre el 22 de julio de 2015 y finales de marzo. La agencia Anadolu cifró en 377 las fuerzas de seguridad fallecidas y en 285 los civiles muertes en ese periodo. Por otra parte, se produjo un atentado suicida en Estambul, que mató a media decena de personas y causó heridas a cerca de cuarenta, y que fue atribuido a ISIS. (Hürriyet, Firat, Bianet, 1-31/03/16)

El partido National Resistance Movement (NRM) del recién reelegido presidente Yoweri Museveni, vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el 18 de febrero, también consigue una amplia victoria en las elecciones parlamentarias realizadas en la misma fecha y obtiene más de dos tercios de los 427 escaños del Parlamento. No obstante, al menos 17 ministros han perdido sus escaños en las elecciones, y la comisión electoral ha señalado que el principal partido opositor, el Forum for Democratic Change (FDC) consiguió 40 escaños, y el Democratic Party obtuvo otros 15 escaños. Las elecciones fueron calificadas de caóticas y sembradas de numerosas irregularidades, según diversos observadores internacionales, y calificadas de fraudulentas por la oposición. El propio presidente de la Comisión Electoral, Badru Kiggundu, que ha presidido la comisión en las dos últimas elecciones presidenciales, pidió disculpas por los significativos problemas que los votantes encontraron para ejercer su voto en la capital, Kampala, y en el vecino Wakiso, feudos de la oposición. Tras el anuncio de los resultados, se produjeron numerosos incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, y al menos 10.000 personas se desplazaron en el distrito Bundibugyo (en el oeste de Uganda) como consecuencia de la violencia postelectoral, que causó nueve víctimas mortales y cuatro heridos. Enfrentamientos entre partidarios y opositores de Museveni se enfrentaron en los distritos de Wakiso y Masindi, causando al menos 10 heridos. A finales de mes, el balance de víctimas mortales en el distrito Bundibugyo se elevó a 28. Finalmente, cabe destacar que el 29 de febrero Kizza Besigye fue nuevamente detenido y sometido a arresto domiciliario. Desde el 18 de febrero hasta principios de marzo, Besigye ha sido arrestado nueve veces. (The Daily Monitor, 01/03/16; The New Vision, 26/03/16)

Continúa la situación de inestabilidad en la zona fronteriza en torno a Nagorno-Karabaj, con nuevas acusaciones entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas de violación del alto el fuego. El Gobierno azerbaiyano afirmó que habían disparado a posiciones armenias para evitar que éstas atacaran la localidad de Aqdam. Por su parte, representantes militares de Nagorno-Karabaj negaron haber atacado a la población civil de Aqdam y alegaron que fuerzas azerbaiyanas habían tratado de entrar en territorio bajo su control. El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán afirmó haber matado a entre 10 y 15 soldados armenios, mientras las fuerzas armenias negaron haber tenido bajas. Por otra parte, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, se reunió en EEUU con el subsecretario de Estado, John Kerry, con motivo de una cumbre de seguridad nuclear. Kerry instó a una resolución definitiva del conflicto de Nagorno-Karabaj. Aliyev afirmó que la solución al conflicto requiere de la retirada inmediata e incondicional de las tropas armenias. (RFE/RL, 11, 31/04/16)

Al menos 11 personas mueren como consecuencia de la violencia desencadenada durante las elecciones locales celebradas el 22 de marzo. Además, la oposición denunció el fraude generalizado en los comicios. Siete de las personas que murieron habían sido tiroteadas por las fuerzas de seguridad, según informó la propia policía. Gran parte de la violencia electoral se produjo en la ciudad de Mathabria, al sur dela país, cuando miles de personas seguidoras del partido gubernamental Awami League se enfrentaron a la policía y se hicieron con las urnas electorales para llevarlas a la sede del Gobierno en la zona. El partido de la oposición BNP, que retornó a la política electoral en 2015 tras varios meses de protestas y el boicot a diversas elecciones, señaló que se habían producido numerosos casos de violencia electoral y culpó a la propia Comisión Electoral del país de ser la responsable de las muertes durante las elecciones locales, por no haber hecho nada por impedir la violencia y el fraude y pidió la dimisión del jefe de la comisión. El BNP señala que fueron 22 las personas que murieron como consecuencia de la violencia electoral. (AFP, 23/3/16; bdnews24.com, 24/3/16)

Un doble atentado suicida en la capital belga, Bruselas, causa la muerte de 32 personas y heridas a unas 300 personas. Los ataques se produjeron en el aeropuerto de Zaventem –uno de los principales del continente europeo– y en la estación de metro del distrito de Maalbeek –en el centro de la ciudad y cerca de las instituciones europeas–, en la mañana del 22 de marzo. Fueron reivindicados por ISIS. Sobre uno de los autores del doble atentado en Bruselas, Jalid Bakraoui, pesaba una orden de búsqueda y captura por su implicación en los atentados de París, de noviembre de 2015, que resultaron en la muerte de 130 personas y más de 360 heridos. También hay evidencias de participación en los atentados de París de otro de los implicados, Najim Laachrauoi. Asimismo, el doble atentado tuvo lugar pocos días después de la detención en Bruselas de uno de los sospechosos de participación en los atentados de París, Salah Abdeslam. Bélgica decretó el máximo nivel de alerta tras los atentados y el Gobierno anunció que ampliaría su campaña contra ISIS, ataques hasta ahora restringidos a Iraq. El atentado generó críticas y condenas internacionales, incluyendo del Consejo de Seguridad de la ONU, que llamó a intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para hacer frente al terrorismo y al extremismo violento. (The Guardian, BBC, Reuters, 22-31/03/16)

El Tribunal Constitucional ha validado la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de febrero, por lo que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones el 10 de abril, en un clima de tensión creciente. Tres candidatos compiten para superar al presidente saliente, Ikililou Dhoinine. 19 de los 25 candidatos de la primeva vuelta han denunciado fraude y han hecho un llamamiento para que se lleve a cabo un recuento imparcial de los votos. Entre ellos se encuentra el coronel Assoumani Azali, que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1999 y ganó las elecciones en 2002, tras lo que gobernó por cuatro años hasta 2006. El Constitucional, no obstante, aunque reconoció la existencia de algunas irregularidades, señaló que éstas no tuvieron impacto en los resultados y declaró la limpieza del proceso. En abril competirán el actual vicepresidente, Mohamed Ali Solihi, en primer lugar con el 17,6% de los votos, el gobernador de Grand Comore, Mouigni Baraka Said Solihi, en segundo lugar, y Assoumani, en tercer lugar. El clima de tensión se evidenció con protestas y el incendio de vehículos de altos cargos ministeriales, entre ellos miembros del Constitucional y de diversos ministerios. Estas elecciones se limitan a los residentes de Grand Comore, ya que el sistema electoral de las islas establece que cada cuatro años la presidencia la ocupa un responsable de cada isla. En 2006 fue el turno de Anjouan y en 2010 el de Moheli. (RFI, 16/03/16)

El primer ministro y líder del nuevo gobierno de unidad de Libia, Fayez Sarraj, llega a Trípoli el último día de marzo acompañado de otros siete miembros del consejo presidencial a pesar de las resistencias de diversos sectores y de las amenazas de milicias. Dado que el espacio aéreo está clausurado por los poderes que actualmente controlan Trípoli, los dirigentes del nuevo gobierno –que cuenta con el respaldo de la ONU– se vieron obligados a viajar a la capital Libia por mar desde Túnez hasta la base naval de Abusita. A mediados de marzo, EEUU y varios países europeos reconocieron al nuevo gobierno de unidad nacional como única autoridad legítima de Libia. Sin embargo el nuevo gobierno de unidad emergido de los acuerdos adoptados en diciembre de 2015 en Marruecos no cuenta con el reconocimiento de las autoridades que hasta entonces habían reivindicado el control del país, el Congreso Nacional General (CNG) con base en Trípoli y la Cámara de Representantes (CdR) radicada en la zona este de Libia. De acuerdo a lo establecido en el acuerdo de diciembre, la lista de ministros del nuevo gobierno debía recibir la aprobación de la Cámara de Representantes, que en medio del clima de violencia e inseguridad en el país no llegó a pronunciarse. En este contexto, el consejo presidencial interpretó el apoyo de un centenar de integrantes de la CdR (la mayoría) como respaldo a la proclamación del nuevo gobierno. Según diversos análisis, se espera que el nuevo gobierno de unidad solicite ayuda a la comunidad internacional para entrenar al Ejército libio y para combatir la presencia del grupo armado ISIS en el territorio. Fuentes cercanas al Diálogo Político de Libia confirmaron que el nuevo gobierno pretende solicitar ayuda logística y en materia de formación o ataques selectivos contra ISIS, pero aseguraron que no está previsto el despliegue de fuerzas militares extranjeras en el país. Diversos análisis coincidieron en que el reto más inmediato de Sarraj es conseguir el control de la capital de Libia. (The Guardian, 15, 30, 31/03/16; UNSMIL, 14/03/16)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha presentado el informe “La situación de los Derechos Humanos en México”, en el cual alerta de la grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el país, debido en parte a las consecuencias de la impunidad que persisten en el país desde la llamada “guerra contra el narcotráfico”, puesta en marcha durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012). La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante visitas al país que tuvieron lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como en otras visitas y mecanismos implementados. En el informe, la CIDH ha puesto énfasis en la grave situación que atraviesa el país en materia de desapariciones forzadas -26.798 casos reportados-, ejecuciones extrajudiciales y tortura -2.420 investigaciones abiertas- así como la situación de inseguridad ciudadana, el desplazamiento forzado de población, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia nacional. La CIDH reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional realizados en el país durante los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar la grave crisis de violencia e impunidad que atraviesa el país. La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria. A su vez, la CIDH ha detectado fallas profundas en la búsqueda y graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones. En relación con la prevalencia de la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH ha encontrado que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez. La CIDH ha señalado que el país ha alcanzado niveles de violencia alarmantes y recomienda al estado mexicano medidas para tratar de romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. El informe contiene recomendaciones al Estado mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad, y acceso a la información. (CIDH, 2/03/2016)

El presidente Denis Sassou-Nguesso (72 años) gana las elecciones del 20 de marzo ampliando sus 32 años en el poder, al publicarse los resultados definitivos que le dan vencedor en primera vuelta con el 60% de los votos. El recuento oficial dio a Guy Brice Parfait Kolélas un resultado del 15% de los votos mientras que el tercer candidato, el general Jean-Marie Michel Mokoko, obtuvo poco más del 14%. Los dos principales candidatos opositores rechazaron los resultados parciales publicados por la comisión electoral que daban el 67% de los votos, cifra que posteriormente se ha reducido al 60%, tal y como ha revelado el ministro del Interior al anunciar los resultados definitivos. La jornada electoral transcurrió en un clima de alta tensión y algún tiroteo esporádico y cierre de comunicaciones entre el 20 y el 23 de marzo (internet y mensajes de telefonía móvil) para evitar que los candidatos opositores pudieran publicar sus propios resultados. El país se encuentra en un elevado clima de tensión desde que el Gobierno promovió la reforma constitucional en octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales que establecía la Constitución, lo que le permitió presentarse a un nuevo mandato presidencial. Sassou-Nguesso ha recibido numerosas críticas por nepotismo, recortar la democracia y las libertades en el país, y su Gobierno se ha visto plagado de casos de corrupción. Los cuerpos de seguridad han estado patrullando la capital para intentar sofocar posibles protestas. Al menos 18 personas murieron como consecuencia de acciones de los cuerpos de seguridad durante las movilizaciones contra la reforma constitucional de octubre. Los candidatos opositores han afirmado que las elecciones han sido fraudulentas han realizado un llamamiento para promover una campaña de desobediencia civil. Además, se convocó una manifestación que tuvo un importante seguimiento en el sur de la capital, feudo opositor, aunque no tuvo ningún seguimiento en el norte de Brazzaville, donde Sassou-Nguesso tiene un importante apoyo. EEUU ha afirmado que ha recibido numerosos informes sobre irregularidades durante las elecciones y ha criticado la decisión del Gobierno relativa al corte de las comunicaciones. (Reuters, 22/03/16; Al Jazeera, 24/03/16; NYT, 30/03/16)

La situación de violencia e inseguridad persiste en el noreste del país, donde los diferentes grupos armados llevan a cabo acciones diarias de saqueo y ataques contra la población civil y las Fuerzas Armadas congolesas intentan frenar el clima de inestabilidad. El 29 de febrero un nuevo ataque por parte del grupo armado de origen ugandés ADF causó la muerte de al menos 13 personas en localidades de la región de Beni (zona norte de la provincia de Kivu Norte). En paralelo, en la región sur de Lubero, en la provincia de Kivu Norte, se han producido enfrentamientos entre una milicia Mai Mai y milicias vinculadas al grupo armado hutu rwandés FDLR y las milicias Nyatura. Además, se han reportado informes sobre movimientos de combatientes pertenecientes al grupo armado M23. Por otra parte, dos activistas que fueron detenidos el 15 de marzo durante un taller pro-democracia han iniciado una huelga de hambre. Los dos jóvenes son Fred Bauma e Ives Mwakambala (de los movimientos sociales opositores Filimbi y LUCHA). Nueve días después han puesto fin a la huelga de hambre. (Africa Confidential, 19/02/16; Radio Okapi, 15, 17 y 19/03/16; Jeune Afrique, 23/03/16)

El grupo armado ISIS revindica un atentado a finales de marzo contra un convoy policial en la carretera federal Kavkaz en un tramo cerca de la ciudad de Kaspiysk. La doble explosión causó la muerte de un policía y heridas a otro. Durante el mes, las autoridades rusas detuvieron a diversas personas acusadas de vinculación con ISIS en Daguestán, incluyendo en el distrito de Jasaviurt, y se produjeron varias víctimas mortales. Se impusieron medidas de régimen antiterrorista en diversas localidades. Medidas de ese tipo, impuestas con relativa frecuencia en la república, han sido señaladas en diversas ocasiones por organizaciones de derechos humanos por sus impactos en términos de violaciones de derechos humanos. A finales de mes se informó del asesinato del líder de la comunidad lezgin de Daguestán y representante del movimiento Sadval, Nazim Gadzhiyev. Hubo incidentes también en otras repúblicas del norte del Cáucaso, incluyendo abusos de derechos humanos y ataques contra civiles. En la república de Chechenia, un grupo de periodistas, incluyendo algunos internacionales, y activistas contra la tortura fueron atacados por hombres enmascarados cerca de la frontera con Ingushetia. Asimismo, familiares del poeta Hussein Betelgeriev denunciaron su desaparición. En Ingushetia, se produjo un atentado junto a una mezquita en el distrito Nazir-Kort de Nazran, considerado un ataque contra su imam. Diversas personas resultaron heridas. (Caucasian Knot, 1-31/03/16)

El Gobierno ucraniano y los actores armados del este de Ucrania se acusan nuevamente en marzo de diversas violaciones del alto el fuego. Ucrania denunció uso de armamento de gran calibre por las fuerzas del este, así como varias víctimas mortales de soldados a causa de incidentes en la primera quincena del mes. Desde mediados de marzo la misión de observación de la OSCE detectó un cierto aumento de los incidentes en torno a las localidades de Avdiyivka y de Tasynuvata (región de Donetsk, a 17 kilómetros de la capital de la región, Donetsk) y alertó sobre un mayor acercamiento de las fuerzas respectivas hacia la línea de contacto en Donetsk y los riesgos de una mayor escalada. Frente al deterioro de la seguridad en zonas de Donetsk a finales de mes, en Lugansk continuaron reduciéndose las violaciones del alto el fuego. Los incidentes contrastan con el contexto de marcada reducción de la mortalidad en los últimos meses. El nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cubre el periodo entre mitad de noviembre y mitad de febrero señaló una reducción de hostilidades y un descenso en el balance de víctimas (21 víctimas mortales civiles y 57 civiles heridos, frente a los 47 fallecidos y 131 heridos del periodo entre mitad de agosto y mitad de noviembre). La mayor parte de las víctimas mortales civiles se atribuyeron a restos de explosivos y a artefactos explosivos improvisados. Aun así, el informe identificó violaciones sistemáticas del alto el fuego en los meses de enero y febrero y choques e intercambio de fuego en varias zonas, especialmente cerca de las ciudades de Donetsk y Horlivka así como en localidades cerca de la zona de contacto. Por otra parte, EEUU y la UE ampliaron las sanciones relativas a la anexión de Crimea por Rusia. En clave interna, continuó la crisis política en Ucrania. Los partidos de la coalición gubernamental no alcanzaron acuerdo para la formación de una nueva coalición que permita la designación de un nuevo primer ministro. (ONU, RFE/RL, Reuters, 1-30/03/16)

El Parlamento de Myanmar elige a Htin Kyaw como nuevo presidente del país. Kyaw es considerado la mano derecha de Aung San Suu Kyi, además de ser amigo personal de la dirigente, que no ha podido optar a ser designada presidenta, pese a ser la líder de la NLDpartido que obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones, puesto que la Constitución birmana prohíbe que las personas con hijos extranjeros ocupen este cargo. Aung San Suu Kyi, no obstante, será ministra de Exteriores, Educación, Energía y de la Oficina Presidencial. Anteriormente se había rumoreado que la líder birmana podría no ostentar ningún cargo en el Gobierno y mantenerse al frente del partido desde el Parlamento. Su nombramiento como ministra la obligará a dejar su escaño. Será la única mujer ministra en el nuevo Gobierno, el primero en el país de carácter civil en décadas, aunque las Fuerzas Armadas, conocidas como Tatmadaw, seguirán detentando una considerable cuota de poder y los ministros de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos serán nombrados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y elegidos entre integrantes de esta institución. La Constitución recoge este poder en manos militares no puede ser cambiada sin el consentimiento de las Fuerzas Armadas. (La Vanguardia, 15/3/16; The Guardian, 22 y 31/3/16)