La capital de Afganistán, Kabul, registra en un mismo día varios atentados de gravedad. El primero de ellos tuvo lugar en la parte exterior del Ministerio de Defensa, con el estallido de dos bombas. La explosión de la primera bomba causó decenas de muertes y fue seguida por una segunda explosión, que ocasionó la muerte de diversos altos mandos de las fuerzas de seguridad afganas que se habían desplazado al lugar tras el primer atentado. Según fuentes periodísticas, entre las aproximadamente 40 personas fallecidas había dos generales, varios coroneles y numerosos soldados y policías. Numerosos civiles que se hallaban en la zona de mercado próxima a la sede del Ministerio de Defensa también murieron como consecuencia del doble atentado. Además, 110 personas resultaron heridas. Horas después la sede de la ONG CARE International fue atacada por hombres armados. Tras el estallido de una bomba se produjo un intenso tiroteo que duró 11 horas y a consecuencia del cual murieron tres atacantes y seis personas más resultaron heridas. La insurgencia talibán reivindicó ambos atentados. (The New York Times, 6/9/16)

Corea del Norte lleva a cabo su quinto ensayo nuclear, el mayor de los que han tenido lugar hasta el momento, provocando un sismo de 5,3 en la escala de Richter. Dicho ensayo, que se realizó el 9 de septiembre, provocó la condena por parte de la comunidad internacional, incluida China. EEUU anunció el inicio de conversaciones para imponer nuevas sanciones a Pyongyang y ordenó que varios de sus bombarderos sobrevolaran Corea del Norte y la llamada Zona Desmilitarizada, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. China, que tradicionalmente ha sido contraria a la imposición de sanciones unilaterales, y EEUU, que en numerosas ocasiones ha instado a China a utilizar su influencia en el Gobierno norcoreano para que ponga fin a su programa nuclear, acordaron incrementar su cooperación en el seno de Naciones Unidas para lograr la desnuclearización de la península coreana. Días antes de llevar a cabo su quinto ensayo nuclear –el cuarto tuvo lugar en el enero, con una bomba de hidrógeno-, el Consejo de Seguridad de la ONU ya había condenado y considerado una grave violación de sus obligaciones internacionales el lanzamiento de tres misiles de medio alcance por parte de Corea del Norte, uno de los cuales había caído en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Japón. Poco antes, en el mes de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU ya había condenado de manera unánime el lanzamiento misiles balísticos por parte de Corea del Norte a principios y finales de mes. Dos de los mencionados misiles se adentraron en la zona exclusiva económica y en la zona de identificación de defensa aérea de Japón, lo cual fue considerado una amenaza grave por parte del Gobierno japonés. También en agosto, el Gobierno norcoreano reconoció haber reanudado la producción de plutonio, lo cual contraviene varias resoluciones de Naciones Unidas. En este sentido, los ministros de exteriores de China, Japón y Corea del Sur instaron a Corea del Norte a no incurrir en provocaciones y a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. (New York Times, Wall Street Journal, 08/09/16; Washington Post, CNN, 09/09/16; Aljazeera, 13/09/16; Guardian, 05/09/16; Korean Times, 04/09/16)

15 personas murieron y alrededor de 70 resultaron heridas en un atentado en un mercado de Davao (Mindanao) a principios de septiembre. El Gobierno declaró que Abu Sayyaf había reivindicado la autoría del atentado, aunque algunos medios de comunicación declararon que había sido perpetrado por un grupo aliado de Abu Sayyaf e incluso el propio Gobierno vinculó la acción al narcoterrorismo y especuló con la posibilidad de que algunos carteles de la droga estuvieran detrás del atentado. En los días siguientes, el presidente impuso el estado de emergencia nacional y ordenó a las Fuerzas Armadas la erradicación del grupo armado. El Ejército declaró que disponían de informaciones de inteligencia según las que un atentado de estas características podía suceder y señaló que este atentado era la respuesta de Abu Sayyaf ante el incremento de las ofensivas militares que se produjo desde principios de julio coincidiendo con la toma de posesión del cargo del nuevo presidente, Rodrigo Duterte. Aproximadamente unos 30 miembros de Abu Sayyaf habían muerto a finales de agosto como resultado de esta ofensiva militar. Poco antes del mencionado atentado, 12 militares habían muerto en Jolo en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, el de mayor letalidad para el Ejército bajo el mandato de Duterte. Como consecuencia del incremento de las hostilidades entre ambas partes, unas 5.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. El día anterior al atentado, un portavoz de Abu Sayyaf declaró que no esperarían a que las Fuerzas Armadas vinieran a buscarles a sus principales bastiones y aseguró contar con más de 1.000 combatientes. Las Fuerzas Armadas consideraron tal cifra completamente desproporcionada y la redujeron a un máximo de 400 miembros. Sin embargo, reconocieron que Abu Sayyaf seguía teniendo una notable capacidad de reclutamiento de nuevos combatientes. Según Manila, buena parte del mismo es forzoso, pero hay que tener en cuenta que los cuantiosos ingresos que Abu Sayyaf percibe como pago para el rescate de rehenes les permiten tanto reclutar a personas con necesidades económicas como donar parte de estos ingresos a las comunidades en las que operan, lo cual comporta un cierto grado de apoyo social a Abu Sayyaf y a la vez dificulta las tareas de contrainsurgencia del Estado. Según Manila, este sería uno de los principales factores que explica que ninguno de los Gobiernos desde principios de los años 90 haya podido erradicar militarmente a Abu Sayyaf. Manila también declaró que la orografía del terreno en las zonas selváticas de Sulu y el hecho de que el grupo se haya fragmentado en facciones más pequeñas también están dificultando la lucha contra el grupo. A pesar de ello, el Ejército señaló que la ofensiva está diezmando seriamente al grupo, que éste se está quedando sin municiones y que se están incrementando los esfuerzos para interrumpir la cadena de abastecimiento de Abu Sayyaf. (Aljazeera, GMA News, Minda News, 02/09/16; BBC, 03/09/16; Philippine Star, 04/09/16; Wall Street Journal, BBC, Rappler, New York Times, 17/087/16)

Un ataque insurgente contra la base de las Fuerzas Armadas indias de Uri, situada en una zona cercana a la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán, causa la muerte a 19 soldados indios y cuatro insurgentes cachemires. Se trata del ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en las últimas décadas. Estas fuerzas de seguridad han atribuido el atentado al grupo armado de oposición con base en Pakistán, Jaish-e-Muhammad y han apuntado a que el Gobierno pakistaní estaría detrás del atentado. Las Fuerzas Armadas señalaron que en el momento del ataque había un elevado número de tropas en la base que regresaban de una operación. Gran parte de estas tropas estaban alojadas en tiendas de campaña que se incendiaron durante el ataque. El ataque se produce en un momento de elevada tensión en la región de Jammu y Cachemira después de meses de intensas protestas sociales tras el asesinato en julio de un militante icónico entre sectores de la juventud cachemir por las Fuerzas Armadas indias. Como consecuencia de las protestas han muerto más de setenta personas, en su mayoría civiles. En respuesta al atentado, las fuerzas de seguridad indias han iniciado una serie de ataques selectivos contra campamentos de la insurgencia en territorio pakistaní en la zona fronteriza, aunque Pakistán negó que estas operaciones tuvieran lugar. (The Guardian, 17/9/16; The New York Times, 18/9/16)

Las Fuerzas Armadas birmanas prosiguen en su ofensiva contra el grupo armado de oposición KIA en el estado Kachin con bombardeos aéreos así como otras posiciones del grupo armado en el estado Shan, donde los enfrentamientos se han prolongado durante los últimos meses. Algunas fuentes han señalado que esta ofensiva tendría como objetivo forzar al grupo armado a unirse al acuerdo de alto el fuego. En paralelo, más de 3.000 personas tuvieron que huir de sus hogares de forma forzada como consecuencia de la escalada en la violencia entre las Fuerzas Armadas y la facción del grupo armado DKBA Na Ma Kyar, en el estado Karen. Los enfrentamientos tendrían como objetivo capturar al líder del grupo armado, Saw Saw Aung e iniciar una ofensiva a gran escala contra la organización insurgente. Parte de la población desplazada como consecuencia de la violencia se ha refugiado en Tailandia, en la zona fronteriza con Myanmar. Algunas fuentes han señalado que los enfrentamientos en esta zona tendrían como objetivo controlar territorio de zonas cercanas a las bases del grupo armado de oposición KNU (uno de los firmantes del acuerdo de alto el fuego nacional) y en las que estaría prevista la construcción de una presa, ahora encallada y a la que el KNU se opone. Por otra parte, también se registraron enfrentamientos entre los grupos armados de oposición KNLA y MNLA en la región Tanintharyi en la que ambos grupos reivindican territorio. (The Irrawaddy, 9, 12 y 23/9/16)

El subsecretario general de la ONU, Toby Lanzer, quien además dirige la división humanitaria de la ONU en la región del Sahel, ha declarado que si las regiones afectadas por el conflicto de Boko Haram en la región del Lago Chad, que comprende zonas de Nigeria, Chad, Níger y Camerún, no reciben más ayuda, se convertirán en la peor crisis humanitaria del mundo. La ONU ha solicitado 739 millones de dólares (657 millones de euros) para poder proporcionar la asistencia humanitaria necesaria, sin embargo, tan sólo ha recibido hasta la fecha unos 197 millones de dólares, muy por debajo de los compromisos de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Según cifras de la ONU, más de seis millones de personas se encuentran actualmente en graves condiciones de inseguridad alimentaria en la zona del Lago Chad, de las cuales 568.000 se hayan gravemente desnutridas. (DW, 30/09/2016)

Diferentes ciudades del país han sido escenarios de atentados insurgentes. El 2 de septiembre un atentado suicida en un tribunal de la ciudad de Mardan, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de 11 personas. Además, 20 personas más resultaron heridas como consecuencia de la deflagración, que se produjo cuando la policía trató de impedir el paso hacia el interior del recinto del atacante. En los últimos meses se han producido varios atentados dirigidos contra abogados, el más grave de ellos en el mes de agosto en Quetta, en el que murieron 70 personas, en su mayoría abogados. El grupo armado de oposición Jamaat-ul-Ahrar reivindicó el atentado en Mardan. Otro atentado el mismo día afectó a la ciudad de Peshawar. Cuatro atacantes suicidas perpetraron un atentado contra un recinto en el que residían alrededor de 100 trabajadores de la presa Warsak que profesan la religión cristiana. Todos los atacantes y tres personas más murieron como consecuencia del atentado. Días después se produjo un nuevo atentado en la región tribal de Mohmand. Al menos 29 personas murieron y otras 20 resultaron heridas como consecuencia del estallido de una bomba en una mezquita en el momento en que numerosas personas atendían las plegarias del viernes. El grupo armado Jamaat-ul-Ahrar reivindicó también este atentado señalando que había buscado atacar a seguidores del Gobierno. Este grupo armado se creó en 2014 integrado por diferentes facciones talibanes procedentes de cuatro de los siete distritos tribales den la frontera de Pakistán con Afganistán y está liderado por Omar Khalid Khorasani, comandante talibán con fuertes vínculos con al-Qaeda, que le habría proporcionado apoyo material y económico. (The New York Times, 2 y 16/9/16)

Fuentes de los cuerpos de seguridad informan de la muerte de al menos 20 personas en la localidad de Kaga-Bandoro (centro del país, prefectura de Nana-Grébizi) a manos de milicias rebeldes, supuestamente vinculadas a grupos de ex Séléka. Posteriormente estos grupos incendiaron y saquearon decenas de casas. La misión de mantenimiento de la paz en el país (MINUSCA) ha destacado que el brote de violencia se produjo como consecuencia de enfrentamientos entre facciones de grupos vinculados a la antigua coalición Séléka y milicias anti-balaka. Kaga-Bandoro es el feudo de una facción de la antigua coalición Séleka, el Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), liderado por Nourredine Adam, sobre el que pesan sanciones internacionales por su papel desempeñado en las acciones de violencia acaecidas en 2013 y 2014. Fuentes locales elevan la cifra de víctimas mortales a 26. (AFP, 18/09/16; Al-Jazeera, 18/09/16)

El conflicto armado en Siria se agrava aún más durante septiembre tras el fallido intento por restablecer un acuerdo de cese de hostilidades en el país. A principios de mes, y tras meses de negociaciones, EEUU y Rusia llegaron a un acuerdo con el propósito de reactivar una tregua, facilitar el acceso de ayuda humanitaria y establecer un mecanismo de cooperación militar entre Washington y Moscú. Según lo que trascendió a la presa sobre el esquema acordado, se esperaba que en un primer período de siete días –que se inició el 12 de septiembre– las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y las de la oposición volvieran a cumplir con el cese de hostilidades acordado en febrero. Adicionalmente, estaba previsto que la ayuda humanitaria se canalizara a Alepo –tanto al área favorable al régimen como a la controlada por la oposición–, que Damasco mantendría en tierra a su fuerza aérea y que Rusia y EEUU comenzarían a coordinar su campaña contra ISIS y Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al Nusra). Sin embargo, la implementación del acuerdo presentó problemas desde un comienzo y las tensiones entre las partes se intensificaron después de que un ataque aéreo estadounidense causara la muerte a 62 soldados sirios en la zona de Deir al-Zor el 17 de septiembre. Washington aseguró que se trataba de un error y anunció una investigación. Sin embargo, el régimen de Damasco anunció dos días después que no respetaría más la tregua, argumentando las violaciones del alto el fuego por parte del bando rebelde, y poco después anunció una gran ofensiva sobre Alepo. Esa misma jornada, un ataque aéreo atribuido a las fuerzas del régimen sirio y de Rusia contra un convoy humanitario de la ONU y la Luna Roja causó la muerte de 18 personas, incluyendo personal y voluntarios de la Luna Roja y conductores de los vehículos que pretendían entregar ayuda. El episodio alentó duras críticas contra Damasco y Moscú. Ante la intensa campaña del régimen sirio y sus aliados en el este de Alepo, a finales de septiembre el gobierno ruso fue acusado de crímenes de guerra por embajadores occidentales en una tensa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se denunció el uso de bombas incendiarias y otros artefactos diseñados para causar gran destrucción y destruir búnkeres. Rusia respondió acusando a Occidente de arrogancia y de emprender arriesgadas aventuras unilaterales en países del norte de África y Oriente Medio. Según informaciones de prensa y estimaciones de la ONU sólo en la última semana de septiembre murieron más de 400 personas en Alepo, de las cuales más de 300 fallecieron en la zona este –entre ellas un centenar de menores– como resultado de los ataques aéreos del régimen y de la fuerza aérea rusa. Otras 80 personas perdieron la vida en el área oeste de la ciudad bajo control del gobierno, incluyendo una treintena de menores. Además, sólo en septiembre se contabilizaron más de una treintena de ataques contra instalaciones médicas. (UN, 01-30/09/16; ICG, 01/10/16; The Guardian, 10, 11, 25/09/16; New York Times, 19/09/16; UN News, 23/09/16)

El grupo armado islamista radical Al-Shabaab intensifica los ataques en los últimos meses contra la población civil y los cuerpos de seguridad con el objetivo de intentar erosionar el proceso electoral que ha sido pospuesto varias veces y que finalmente se celebrará entre octubre y noviembre con un sistema de votación indirecto y delegado. Las elecciones legislativas y presidenciales con el sistema de voto directo ya han sido pospuestas para 2020 debido a la situación general de inseguridad. Finalmente, cabe destacar la retirada del contingente etíope de la AMISOM. (AfricanArguments, 19/09/16)

A la desestabilización actual del proceso de paz generada a raíz del reinicio de la violencia tras la crisis de Juba durante el pasado mes de junio, se le ha sumado el anuncio de la vuelta a la lucha armada que ha realizado el grupo armado South Sudan Democratic Movement-Cobra Faction (SSDM-CF), comandado actualmente por el Teniente General Khalid Botrus Bora. Tras el anuncio, más de 5,000 soldados del grupo étnico murle comandados por el General John Welarum en el estado de Borna, han desertado de las filas del Ejército nacional (SPLA) y se han unido al SSDM-CF. En mayo de 2014, el SSDM-CF, entonces comandado por David Yau Yau, había firmado un acuerdo de paz con el Gobierno de Salva Kiir, que incluía la creación de un área administrativa propia para la región de Greater Pibor, un fondo especial para mejorar los servicios básicos de la zona, así como proveía a sus pueblos autóctonos de derechos particulares sobre sus tierras y recursos. El SSDM-CF ha denunciado el incumpliendo de las cláusulas pactadas por parte de la administración presidida por Kiir, y ha declarado la vuelta a la confrontación armada y la generación de alianzas con otros grupos rebeldes para derrocar al Gobierno. (VOA, 27/09/2016; Radio Tamazuj, 27/09/2016, 01/10/2016)

Se intensifica la preocupación por el elevado número de víctimas civiles del conflicto armado en Yemen, en especial tras el colapso de las conversaciones de paz en agosto. Sólo en ese mes al menos 329 civiles murieron y otros 426 resultaron heridos producto de las hostilidades, en su mayoría producto de la campaña aérea de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita. En este contexto, durante septiembre medios de prensa se hicieron eco de una investigación que concluye que uno de cada tres ataques aéreos saudíes han tenido como objetivo blancos civiles, entre ellos escuelas, hospitales, mezquitas, mercados y otras infraestructuras. La investigación fue llevada a cabo por Yemen Data Project, que reúne a académicos, activistas y defensores de derechos humanos y desmiente las afirmaciones de Riad respecto a que sus ofensivas aéreas han intentado minimizar las victimas en la población civil. Estos antecedentes vuelven a poner en entredicho además el apoyo que está dando EEUU y Reino Unido a la coalición liderada por Arabia Saudita, lo que ha incluido asistencia y apoyo logístico pero también cuantiosas ventas de armas. El informe constata la repetición de ataques contra objetivos civiles, lo que llevaría a desestimar la posibilidad de que se trate de errores. Según el estudio, basado en fuentes públicas y complementado por investigación en terreno, desde el inicio de la campaña saudí en Yemen en marzo de 2015 se han registrado 8.600 ataques aéreos, de los cuales 3.158 afectaron a sitios no militares. Se identificaron 942 ataques contra áreas residenciales, 114 en mercados, 34 en mezquitas, 147 en escuelas, 26 en universidades y 378 en transportes. La ONU también ha documentado ataques de este tipo por parte de ambos bandos en disputa y organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos por parte de los al-houthistas, como el uso de minas terrestres, ataques indiscriminados, disparos de proyectiles en zonas residenciales y agresiones a civiles pro francotiradores. En este contexto, se intensificaron las voces que reclaman una investigación internacional independiente sobre las denuncias de abusos en el marco del conflicto armado. El gobierno holandés solicitó una acción en esta línea en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra con el fin de analizar la cuestión de las víctimas civiles en la guerra de Yemen. Sin embargo, Reino Unido bloqueó esta iniciativa y Eslovaquia, en nombre de la UE, acabó presentando una propuesta menos ambiciosa, consistente en el envío de una misión de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con asistencia de expertos. (The Guardian, 16, 19, 25/09/16; New York Times, 23/09/16)

Se aprueba en referéndum una batería de enmiendas constitucionales que amplían el término del mandato presidencial de cinco a siete años, eliminan los límites de edad para los candidatos presidenciales y amplían los poderes del presidente, dándole capacidad de destituir al Parlamento. Otros cambios incluyen la creación de dos puestos de vicepresidencia, a ser nombrados y destituidos por el presidente. La primera vicepresidencia ocuparía el cargo de presidente en funciones en caso de dimisión de este último. La votación tuvo una participación del 63%, y obtuvo un 84,2% de respaldo según la comisión electoral. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa había expresado preocupación por los riesgos de que los cambios constitucionales debiliten el espacio para la disidencia política. Mientras, continuó la represión a sectores críticos en Azerbaiyán, incluyendo opositores políticos, activistas y periodistas, incluyendo con diversas detenciones. Se produjeron también varias protestas contra la celebración del referéndum. (Reuters, BBC, RFE/RL, 1-30/09/16)

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reúnen por primera vez desde diciembre de 2015 con motivo de la cumbre de lG20 que se celebró en la ciudad china de Hangzhou. Ambos dirigentes se comprometieron a intentar normalizar las relaciones, evitar que los contenciosos que tienes en los mares de la China Oriental y la China Meridional no interfieran en las relaciones diplomáticas, a resolver los mencionados conflictos a través del diálogo, y a acelerar las negociaciones para establecer mecanismos de comunicación entre las Fuerzas Armadas de ambos países que minimicen las consecuencias que colisiones accidentales en las zonas en disputa. Ya en 2014 ambos mandatarios se comprometieron a poner en práctica mecanismos de comunicación de este tipo, pero desde entonces las conversaciones prácticamente no han producido resultados tangibles. En este sentido, cabe destacar que a mediados de mes ambos países llevaron a cabo en Hiroshima la quinta ronda de conversaciones sobre Mecanismos de Comunicación Aérea y Marítima, en la que constataron la necesidad, entre otras cuestiones, de firmar a la mayor brevedad posible acuerdos de búsqueda y rescate marítimo. A pesar de esta reunión, la tensión entre ambos países volvió a incrementarse después de que varios guardacostas chinos se adentraran en las aguas territoriales de las islas Senkaku/Diaoyu a mediados de mes y de que, ya a finales de mes, varias aeronaves chinas, incluyendo dos aviones de guerra, sobrevolaran dichas islas Senkaku/Diaoyu, provocando el despliegue aviones japoneses en la región. Uno de los principales problemas que han tenido ambos países desde el año 2012 es que las denominadas Zonas de Identificación de Defensa Aérea se solapan, lo cual ha ocasionado numerosos desencuentros en los últimos años. Después de este episodio, el Gobierno japonés volvió a reiterar su intención de defender su territorio ante la eventualidad de una agresión por parte de China, mientras que el Gobierno chino señalo los mencionados aviones se estaban desplazando al Pacífico Occidental para realizar ejercicios militares regulares en la zona. La tensión también se incrementó después de que a mediados de mes la ministra de Defensa de Japón anunciara, durante una visita a los EEUU, su intención de iniciar operaciones conjuntas de patrullaje y entrenamiento con EEUU en el Mar de la China Oriental, región en la que China mantiene contenciosos territoriales con varios países. Algunos medios de comunicación chinos reaccionaron a dichas declaraciones anticipando posibles respuestas por parte de Beijing, como la declaración de una Zona de Identificación de Defensa Aérea en las islas Spratly. Pocos días antes de estas declaraciones por parte de la ministra de Defensa japonesa, habían iniciado los ejercicios militares conjuntos en el Mar de la China Meridional que cada año llevan a cabo China y Rusia. (South China Morning Post, Wall Street Journal, 05/09/16; Guardian, 04/09/16; Japan Times, 04, 11 y 24/09/16)

Fuerzas opositoras al Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) toman el control de terminales petroleras y de infraestructuras clave para la actividad económica del país, evidenciado la competencia de diversas fuerzas políticas en medio de la inestabilidad y fragmentación de Libia. Los puertos petroleros de Ras Lanuf, al-Sidra y Zuitina fueron capturados por sectores leales al ex general Khalifa Haftar, que ha hecho público su rechazo al GAN y apoya al régimen que se había instalado en el este del país, en Tobruk. El militar ha encabezado la resistencia a reconocer al GAN, fruto de un acuerdo promovido por la ONU en diciembre de 2015 y que ha intentado asentar su poder desde Trípoli. EEUU y varios países occidentales (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España) expresaron en un comunicado conjunto su rechazo a la ofensiva en la zona petrolera por parte de Haftar, que se ha autoproclamado mariscal de campo del Ejército Nacional de Libia. A lo largo de septiembre, Haftar criticó al enviado especial de la ONU para Libia, Martin Kobler, asegurado que estaba interfiriendo en los asuntos internos del país y días más tarde, en una entrevista con la agencia AP, aseguró que Libia estaría mejor administrada por un líder con alto nivel de experiencia militar. Haftar también aseveró que contaba con el apoyo de Egipto y su cúpula militar, con la que consultaría regularmente y de la cual recibiría información de inteligencia. Según informaciones de prensa, además del apoyo de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, las campañas de Haftar contra algunos grupos armados a los que combate –muchos de ellos islamistas– han recibido apoyo de diversos países, entre ellos EEUU, Jordania, Reino Unido, Italia y Francia. El gobierno de París se vio obligado a reconocer su presencia en el territorio libio y su asistencia militar a Haftar después de que tres soldados franceses murieran durante una misión de recopilación de información de inteligencia en julio pasado. Al finalizar septiembre, el primer ministro del GAN, Fayez al-Sarraj, aseguró que Haftar debía estar representado en el nuevo gobierno y subrayó que el país no tiene otra alternativa que optar por la vía del diálogo y la reconciliación. A finales de mes Kobler también pidió a la comunidad internacional que apoye al GAN y actúe de manera más efectiva para detener los flujos de armas hacia el país, sujeto a un embargo. Según el diplomático, existen más de 26 millones de armas circulando en Libia, un país de seis millones de habitantes. Finalmente, cabe destacar que Amnistía Interacional también alertó que más de 100 familias atrapadas en medio de las hostilidades en un barrio de Bengazi corrían el riesgo de morir de hambre. (Reuters, 28/09/16; Middle East Eye, 27/09/16; Libyan Express, 19/09/16; The Guardian, 12/09/16; al-Jazeera, 14/09/16; BBC, 30/09/16)

El que se ha hecho llamar Movimiento por la Justicia y la Rehabilitación de Níger (Movement for Justice and the Rehabilitation of Niger) ha hecho público un comunicado el 6 de septiembre, donde han declarado el inicio de la lucha armada contra el Gobierno para obtener derechos fundamentales. Adam Tcheke Koudigan, quien se ha presentado como el presidente de la organización, por medio de un vídeo, ha acusado al Gobierno de los agravios cometidos por el Estado contra la minoría Toubou, así como de descuidar la degradación ambiental de sus comunidades producida por los yacimientos petrolíferos. También ha acusado a la Corporación Nacional de Petróleo de China de "hacer millones de dólares" ignorando el bienestar de los lugareños. El pueblo Toubou es un grupo pastoralista que habita en Chad, Libia, Sudán y Níger. En otro orden de cosas, la violencia de Boko Haram ha vuelto a estar presente en la región sureste de Diffa después de tres meses sin atentados, según ha informado el gobernador local. Durante el mes de septiembre se han registrado distintos ataques en Toumour y Barwa, en los que habrían perdido la vida al menos cinco civiles, siete soldados y treinta militantes de Boko Haram. Estos ataques han incidido en la crisis humanitaria y de seguridad presente en la zona. (AFP, 3, 7/09/2016; PressTV, 7/06/2016)

El grupo armado Vengadores del Delta del Niger (Niger Delta Avengers – NDA) ha roto el alto el fuego que el grupo había decretado el 19 de agosto pasado, con un ataque registrado el 23 de septiembre contra un oleoducto en Bonny, estado de Rivers. En un comunicado presentado el día 24, el portavoz del NDA, Mudoch Agbinibo, ha reivindicado el ataque como una llamada de atención al Gobierno para que se siente a negociar. Otro de los grupos armados de la zona, el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND), así como el líder del Foro Consultivo de las Partes Interesadas de los Estados Costeros del Delta Pan-Níger (Pan-Niger Delta Coastal States Stakeholders’ Consultative Forum) y ex Comisionado Federal de Información, el Jefe Edwin Clark, han condenado duramente la renovación de las hostilidades. El 29 de septiembre, otro grupo armado denominado Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM) se ha atribuido otro ataque contra un oleoducto perteneciente a la Compañía Nigeriana de Desarrollo del Petróleo (NPDC) en el estado del Delta. Por otro lado, durante el mes también ha hecho su aparición otra organización armada, autodenominandose Fuerza de Voluntarios de Iduwini (Iduwini Volunteers Force - IWF), y ubicada en el área de Ekeremor, estado de Bayelsa, que representa uno de los bloques petroleros más ricos del Delta. La nueva organización ha reivindicado diferentes ataques a oleoductos durante el mes, y ha calificado a las compañías petroleras multinacionales y sus contrapartes locales como poco éticas e instigadoras de la violencia en la región del Delta del Níger. En este contexto, el Gobierno nigeriano ha puesto en marcha una operación militar en la zona, que ha denominado Operación Sonrisa de Cocodrilo, donde se han desplegado al menos 3.000 soldados el 2 de septiembre. Informaciones de prensa publicadas el 23 de septiembre, han revelado que seis soldados involucrados en la operación podrían haber sido asesinados en el área de Bakassi, estado de Cross River, por militantes sospechosos de ser miembros de la organización armada, Bakassi Strike Force (BSF). (This Day 9, 24, 26/09/2016; Daily Trust, 12, 23/09/2016; The Guardian, 16, 30/09/2016; Leadership, 20/09/2016; Vanguard, 23/09/2016; ÁfricaConfidencial, 23/09/2016)

Se desencadenan fuertes movilizaciones en diversos lugares del país, en especial en la capital, Kinshasa, en contra del diálogo nacional y del acuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición política que causan la muerte de decenas de personas como consecuencia de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la población civil. Las movilizaciones se habrían desencadenado como consecuencia de la firma el 14 de septiembre del acuerdo entre la Mayoría Presidencial y la opositora Union pour la Nation Congolaise (UNC). Las movilizaciones también se habrían producido en otras localidades del país, entre otras como Goma, Bukavu y Beni. El gobernador de Kinshasa habría permitido la celebración de las movilizaciones. El 19 de septiembre al menos 17 personas, entre las cuales tres policías, habrían muerto, aunque la oposición política eleva la cifra de víctimas a 50. Decenas de activistas habrían resultado detenidos, e incluso Aministía Internacional habría calificado los hechos de represión sistemática. La ONU y la UE manfiestaron su preocupación por los hechos y EEUU habría anunciado el establecimiento de sanciones adicionales. Los cuarteles generales de tres importantes partidos políticos, la Union pour la Démocratie et le Progrès Sociale (UDPS), les Forces Nationales pour la Union et la Solidarité (FONUS) y el partido lumumbista (MLP) fueron incendiados el 20 de septiembre. (AFP, 20/09/16; BBC, 20, 21/09/16; Radio Okapi, 20/09/16)

El Gobierno turco interviene 28 ayuntamientos, reemplazando a sus alcaldes electos por funcionarios, a través de un decreto ley en el marco del estado de emergencia declarado a mitad de julio tras el golpe de estado fallido. 24 de los alcaldes afectados están acusados de vínculos con el PKK, mientras a otros 4 se les vinculada con la organización FETÖ –siglas que da el Gobierno al movimiento del clérigo Gülen, considerado organización terrorista y acusado del intento de. El HDP condenó fuertemente la medida, que se enmarca en la definición amplia de “terrorismo” que defiende el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y la consiguiente persecución del movimiento kurdo, incluyendo sectores políticos y sociales, a los que acusa de dar apoyo al grupo armado PKK. Además, el Gobierno ha suspendido temporalmente de su cargo a 11.000 profesores por supuestos vínculos con el PKK, según anunció el Ministerio de Educación a comienzos de mes, cifra que podría aumentar. Por otra parte, continuó la violencia vinculada al conflicto armado, con nuevos ataques del PKK y de las fuerzas de seguridad, incluyendo bombardeos contra posiciones del grupo armado. Entre los hechos de violencia durante septiembre, el Ejército ofreció un balance de 157 miembros del PKK fallecidos en el marco de operaciones militares en el distrito de Çukurca (provincia de Hakkari) durante la primera semana de septiembre; 53 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en puesto de control policial frente a la sede provincial del AKP en Van durante el primer día de la fiesta musulmana de Eid al-Adha; siete paramilitares, dos militares y un civil murieron y otras personas resultaron heridas en un ataque del PKK en la región de Tendürek (distrito de Doğubayazıt, provincia de Ağrı). Por otra parte, la provincia de Kilis se vio de nuevo afectada por ataques con proyectiles lanzados desde Siria a comienzos de mes. Turquía abrió un nuevo frente en la guerra de Siria, incursionando desde la provincia de Kilis. (Hürriyet, Reuters, Bianet, 1-30/09/16)

Las autoridades de Uzbekistán anuncian la muerte del presidente del país, Islam Karimov, el 2 de septiembre, por un derrame cerebral. Karimov gobierna Uzbekistán –el país más poblado de Asia central y con importantes reservas de gas– desde 1989 y su última reelección fue en las elecciones de marzo de 2015, en un proceso cuestionado por la OSCE. Su muerte se produce sin un sucesor claro, mientras el primer ministro Shavkat Mirziyaev ha sido nombrado presidente en funciones. En sus décadas en el poder, el régimen de Karimov ha silenciado a la oposición política. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado uso de la tortura y otros malos tratos para reprimir a la disidencia, entre otras vulneraciones de derechos humanos. (Reuters, 02/09/16)

Se reconduce el último estallido de crisis fronteriza entre Kirguistán y Uzbekistán, con la retirada por parte de Uzbekistán a mediados de septiembre de las fuerzas policiales y de frontera desplegadas en agosto en la zona de Unkur-Too, área montañosa en disputa por los dos países. Además, se informó de la liberación de varios ciudadanos kirguizos que habían sido detenidos ese mes, acusados de entrada ilegal en Uzbekistán. La movilización de fuerzas uzbekas había sido acompañada por la afirmación de soberanía de Uzbekistán sobre esa zona en disputa. Por su parte, en respuesta Kirguistán también había desplegado fuerzas y el presidente kirguizo había ordenado revisar los acuerdos fronterizos internacionales firmados por anteriores administraciones. Los episodios de tensión fronteriza han sido recurrentes desde la independencia de los países centroasiáticos ex soviéticos, incluyendo con incidentes con víctimas mortales. (RFE/RL, 19/09/16)