La organización humanitaria MSF alerta que el aumento por quinta vez del número de personas que llegan a Tanzania huyendo de la violencia política que azota Burundi se está convirtiendo en una de las más graves crisis de refugio del continente en la actualidad, en medio de alertas sobre amenazas de genocidio. Alrededor de 10.000 personas burundesas han llegado a Tanzania cada mes desde agosto, incrementando la saturación de tres campos de refugiados en el noroeste de Tanzania a alrededor de 250.000 personas. Cerca de 325.000 personas, el 3% de la población del país, han huido desde que se iniciara la crisis en abril de 2015, la mayoría a Tanzania pero también a Rwanda, Uganda y RDC. ACNUR ha anunciado que 462 burundeses y 42 congoleses están llegando a Tanzania cada día durante noviembre, por lo que la cifra de población refugiada burundesa alcanzará las 280.000 personas a finales de 2016. El Gobierno tanzano ha tenido que desplazar y compensar a su propia población cada vez que ha necesitado el espacio para crear un nuevo campo. Miles de personas se manifestaron a finales de noviembre en apoyo al Gobierno que ha manifestado su oposición a que la ONU investigue las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país. Un informe realizado conjuntamente por la organización local Iteka y por la Federación Internacional de Derechos Humanos alerta sobre el riesgo de genocidio en el país. (VOA, 15/11/16; Reuters, 16/11/16; AP, 27/11/16)

Las Fuerzas Armadas declaran a principios de noviembre que más de 112 combatientes de Abu Sayyaf han muerto, otros 30 han resultado heridos y alrededor de 100 han sido detenidos desde que el actual presidente, Rodrigo Duterte, tomara posesión del cargo y ordenara el incremento de las acciones militares contra Abu Sayyaf a principios de julio. En este mismo periodo, 28 soldados murieron y otros 36 resultaron heridos, la mayoría en Sulu. La mayor parte de los enfrentamientos y de las víctimas se produjeron en la provincia de Sulu, aunque en Basilan también se registraron niveles elevados de violencia. También cabe destacar que a mediados de noviembre 14 personas (10 combatientes de Abu Sayyaf y cuatro soldados) murieron y varias decenas resultaron heridas en la región de Patikul (provincia de Sulu) durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y un grupo de combatientes de Abu Sayyaf comandado por uno de sus principales líderes, Radullan Sahiron. Por otra parte, a finales de noviembre el Gobierno de Filipinas declaró que durante el mes Abu Sayyaf había secuestrado a 11 personas, cuatro de nacionalidad indonesia, seis vietnamita y dos alemana. Una de las personas, de nacionalidad alemana, fue asesinada. Actualmente se estima que Abu Sayyaf tiene en su haber a 16 personas cautivas. Recientemente, el Gobierno filipino hizo público un informe según el que Abu Sayyaf habría ingresado más de siete millones de dólares en los primeros seis meses del 2016 en concepto de liberación de rehenes. Ante el incremento en el número de secuestros que se ha observado en regiones como Sulu o el estado malasio de Sabah en los últimos meses, a principios de noviembre, Duterte había declarado su intención de incrementar la cooperación con Malasia e Indonesia, incluyendo patrullajes conjuntos y el inicio de ejercicios miliares combinados en 2017. (Inquirer, 18/11/16; ABS-CBN News, 18/11/16; Wall Street Journal, 01/11/16; Channel News Asia, 21/11/16, Anadolu aAgency, 01/11/16; Associated Press, 02/11/16; Philippine Star, 04/11/16)

Por primera vez desde 2014, a principios de noviembre las tropas iraquíes comienzan a entrar a los suburbios de Mosul en el marco de la campaña por recuperar la ciudad del control de ISIS en la que también participan milicias shiíes, combatientes tribales sunníes, fuerzas kurdas con apoyo de la coalición internacional liderada por EEUU. Ante el avance de este conjunto de fuerzas, ISIS está ejecutando a decenas de personas acusadas de traición, colaboración con las fuerzas iraquíes o deserción. Con la intención de intimidar, los cuerpos han sido colgados en postes de electricidad junto a carteles con el presunto motivo de su ejecución. Adicionalmente, ISIS ha empezado a enviar a menores de edad de hasta 12 años con cinturones explosivos a las zonas de penetración de las fuerzas enemigas para frenar su entrada a la ciudad. Tropas iraquíes que avanzaron por el sur de la ciudad encontraron una fosa común con más de un centenar de cuerpos decapitado en la zona de Hammam al-Alil. Sólo en esta zona, además, unas 1.500 familias fueron obligadas por ISIS a desplazarse hacia Mosul. En este contexto, testigos y el alto comisionado de la ONU para los refugiados advirtieron que ante la presión militar ISIS está desplazando a miles de residentes para utilizarles como escudos humanos. Informaciones de prensa destacaron que cerca de 50.000 personas han abandonado la zona de Mosul. Paralelamente, Human Rights Watch aseguró haber recibido informaciones que indican que el grupo armado estaba acopiando productos químicos con el fin de utilizarlos como armas contra sus adversarios. La organización también solicitó al Gobierno iraquí que mantenga el control sobre sus fuerzas y, tras denunciar abusos cometidos por las fuerzas iraquíes y las milicias pro-gubernamentales en el marco de su campaña en Mosul, incluyendo la mutilación de cadáveres de combatientes de ISIS y la ejecución de uno de ellos después de haberse rendido. Hacia finales de mes, medios de prensa subrayaban el lento avance de las fuerzas iraquíes en Mosul añadiendo que, en privado, militares iraquíes y kurdos reconocen que la campaña podría extenderse como mínimo por tres meses. En los últimos días de noviembre, la estrategia de las fuerzas iraquíes y de las milicias pro-gubernamentales apuntaba a cortar las rutas de suministro de Mosul, después de rodear la ciudad. Combatientes de ISIS luchaban en Tal Afar (unos 60 kilómetros al oeste de Mosul) con las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición mayoritariamente integrada por grupos armados shiíes que cuentan con el respaldo de Irán y la luz verde de Bagdad. El bloqueo de esta ruta supondría desmantelar la conexión entre Mosul y Raqqa, la ciudad más importante controlada por ISIS en Siria. Al finalizar noviembre, Mosul también se encontraba rodeada por el norte, sur y este por fuerzas del gobierno iraquí y tropas kurdas (peshmergas). (The Guardian, 01, 08, 11/11/16; AP, 07/11/16; al-Jazeera, 12, 22/11/16; HRW, 15/11/16; Reuters, 21/11/16)

Amnistía Internacional ha presentado el 23 de noviembre, un informe bajo el título “Nigeria: ‘Bullets were raining everywhere”, donde la ONG ha denunciado cómo las fuerzas de seguridad nigerianas, encabezadas por el Ejército, han desarrollado una escalofriante campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales contra el movimiento pro-Biafra IPOB (Indigenous People of Biafra), que ha costado la vida de al menos 150 manifestantes pacíficos en la parte sureste del país. El informe abarca el período que comprende agosto 2015 - agosto 2016, y en él se recopilan datos relacionados con manifestaciones y reuniones, a través del análisis de 87 videos, 122 fotografías y 146 testimonios de testigos oculares, donde se demuestra el uso de la fuerza desproporcionada empleada por las fuerzas de seguridad, así como evidencias de masivas ejecuciones extrajudiciales. Uno de los casos más emblemáticos denunciado en el informe, ha sido la represión realizada por las fuerzas de seguridad nigerianas durante los dos días de celebración del Día del Recuerdo de Biafra, producido el 30 de mayo de 2016, que conmemoraba el 49º aniversario de la declaración de la República de Biafra, donde al menos 60 personas fueron asesinadas a tiros y otras 70 resultaron heridas. Makmid Kamara, Director Interino de Amnistía Internacional Nigeria, ha exigido a las autoridades nigerianas el inicio de una investigación imparcial para determinar los responsables de los hechos. El Coronel Sani Kukasheka Usman, Director Interino de Relaciones Públicas del Ejército, ha negado las acusaciones realizadas por Amnistía Internacional, describiendo las acusaciones de asesinato masivo de manifestantes del MASSOB / IPOB por parte del Ejército como infundadas. Desde agosto de 2015, han tenido lugar una serie de protestas, marchas y encuentros de miembros y simpatizantes del IPOB (organización surgida en el 2012) demandando la creación de un estado independiente en Biafra. Las tensiones aumentaron en la zona más tras la detención del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, el 14 de octubre de 2015, quien permanece detenido. (AI, 23/11/2016; Vanguard, 24/11/2016)

Se desencadenan enfrentamientos entre milicias pertenecientes a la antigua coalición Séléka en la localidad de Bria, en el centro-norte del país, que provocan la muerte de 16 personas y el desplazamiento forzado de otras miles de personas en el área, y alrededor de 5.000 personas junto a las autoridades locales y organizaciones humanitarias han buscado refugio en las instalaciones de la MINUSCA. Estas dos facciones son el Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) y la Union pour la Paix in Centrafrique (UPC). La misión de la ONU en el país ha intervenido para frenar la violencia en la localidad. Por otra parte, a finales de octubre han muerto al menos 25 personas (entre civiles, cuerpos de seguridad y combatientes) en las cercanías de Bambari como consecuencia de enfrentamientos entre milicias anti-balaka y ex Séléka. En paralelo se produce la retirada de la operación francesa en el país, Sangaris, que coincide con la escalada de los enfrentamientos. Francia ha culminado la retirada de 2.000 soldados. Unos 350 solados de la misión permanecerán en el país para apoyar a la MINUSCA. (BBC, AllAfrica, 31/10/16; HRW, 01/11/16; Sputnik News, 30/10/16; UN, 22 y 23/11/16)

Naciones Unidas alerta que el número de sirios y sirias viviendo en localidades asediadas en el marco del conflicto armado se ha intensificado significativamente en los últimos seis meses, pasando de 468.700 personas a 974.080. El Coordinador de la Oficina de Emergencias, Stephen O’Brien, advirtió sobre las dramáticas condiciones de vida de estas personas, que padecen aislamiento, falta de alimentos y desnutrición, no atención médica o asistencia precaria y que se ven en la disyuntiva de rendirse o huir, cuando las condiciones lo permiten. O’Brien destacó que esta estrategia está siendo utilizada principalmente por las fuerzas de Bashar al-Assad, que recientemente han añadido a su lista de localidades asediadas lugares como Jobar, Hajar al-Aswad o Khan al-Shih (en los suburbios de Damasco) y varias zonas del área agrícola de Ghouta. Las peores condiciones humanitarias, sin embargo, se registraban en el área este de Alepo, objeto de una intensa campaña aérea por parte del régimen. Después de unas semanas de relativa calma, las ofensivas de Damasco con apoyo decisivo de Rusia –que desplegó un portaaviones a la costa siria– volvieron a ensañarse con la zona de la ciudad controlada por la oposición y con las áreas rurales de los alrededores. Los ataques continuaron afectando hospitales, entre ellos el único centro pediátrico que continuaba operativo. Cabe destacar también que durante noviembre el Ejército de EEUU reconoció públicamente que 64 civiles habían muerto como consecuencia de ataques estadounidenses contra presuntos objetivos de ISIS en Iraq y Siria entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016. Este balance no incluye las víctimas de la ofensiva en Manbij en julio, aún en investigación y en la que habrían muerto decenas de personas. En octubre, un informe de Amnistía Internacional concluyó que alrededor de 300 civiles habían fallecido en 11 ataques de la coalición liderada por Washington en los últimos dos años. Según fuentes oficiales, hasta principios de noviembre EEUU había lanzado 5.362 ataques aéreos contra ISIS en Siria y otros 6.992 en Iraq. En cuanto a las dinámicas en los frentes de batalla, cabe destacar que a finales de noviembre las fuerzas del régimen sirio habían conseguido capturar áreas clave del este de Alepo, en lo que algunos observadores describieron como la peor derrota de las fuerzas rebeldes desde 2012. (BBC, 21, 28/11/16; Reuters, 09/11/16; The Guardian, 15, 18, 28/11/16)

El think tank Sahan Research afirma que el grupo armado islamista radical al-Shabaab ha intensificado sus ataques en el país y ha incrementado el uso y potencia de las bombas explosivas improvisadas (conocidas como IED). Este incremento pretende erosionar la celebración de las elecciones presidenciales durante noviembre en el país. Algunas de estas revelaciones aparecerán en el próximo informe de la ONU. Expertos en cuestiones de seguridad afirman que el ataque contra un avión comercial en febrero pone de manifiesto el uso de bombas más sofisticadas por parte de al-Shabaab y los vínculos con las insurgencias de Oriente Medio y otras zonas. El uso de IED ha causado la muerte de 470 personas en los siete primeros meses de 2016, mientras que en el conjunto de 2015 fueron 200 y en 2010 solo 50. El uso de camiones bomba, antes usados muy raramente, fueron utilizados en cinco ocasiones contra bases militares y otras instalaciones que los coches bomba habían sido incapaces de afectar, con un volumen de bombas superando los 400 kg, mientras que los coches bomba utilizan entre 100 y 150 kg y su peso y volumen en un coche es más fácilmente detectable. Además se ha constatado el aumento del uso de bombas “moldeadas” (shaped) que puede penetrar un blindado y dirige la explosión hacia una zona pequeña, utilizadas normalmente en Iraq y Afganistán. Estas cargas se han utilizado entre 20 y 40 veces en los últimos dos años. Además, la estandarización en la fabricación de IED refuerza la hipótesis según la cual existe algún lugar de fabricación o manufacturación y distribución por la similitud entre IED, y que podría haber algún técnico con experiencia en países como Afganistán, Siria, Iraq o Yemen. También se ha constatado el incremento de bombas que explotan por presión en detrimento de bombas explosionadas por radio control, con menos exactitud, lo que sugiere algún tipo de factoría para producirlas, según la organización Bancroft Global Development, una organización estadounidense que entrena a la Policía somalí. Cabe destacar la muerte durante el mes de centenares de civiles, combatientes de al-Shabaab, soldados y miembros de AMISOM en diferentes ataques, atentados y acciones militares de al-Shabaab. Entre las destacadas, el 1 de noviembre se anunció la muerte de 140 combatientes en la zona de Afmadhow (Lower Juba) según el contingente de Kenya de la AMISOM en la semana anterior. Finalmente, cabe destacar el anuncio de la posible retirada de la misión de la UA en el país en 2018, lo que ha provocado que la misma AMISOM haya solicitado 4.000 soldados que se añadirían a los actuales 21.129 militares para poder acabar con al-Shabaab en zonas controladas por el grupo en el Valle de Juba, Bakool, Hiraan y otras zonas costeras. Aunque la misión de apoyo de la ONU en Somalia (UNSOS) anunció que existían fondos disponibles para incrementar el contingente en Somalia, no se han presentado países voluntarios desde hace dos meses. Etiopía recientemente retiró 2.000 militares del país no encuadrados en la AMISOM bajo el marco de un acuerdo bilateral entre Etiopía y Somalia, argumentando la falta de apoyo internacional, países como Kenya y Burundi han amenazado con retirar las tropas por atrasos en los pagos y falta de compensaciones. (Allafrica 01/11/16; Reuters, 04/11/16; The East African, Shabell Meida, 17/11/16; 22/11/16; Shabelle Media, 23/11/16)

El Gobierno japonés eleva una protesta diplomática ante el ministerio de Exteriores chino a través de su embajada en Beijing después de que cuatro navíos chinos se adentraran en lo que Japón considera aguas territoriales de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente), cuya soberanía está en disputa entre los dos países. Pocos días más tarde de cursar esta protesta, el Gobierno japonés denunció que varios barcos chinos habían navegado nuevamente en dichas aguas territoriales. Según Tokio, en 2016 solamente se han elevado más de 30 protestas formales por incursiones de barcos chinos, la mayoría guardacostas o botes pesqueros. Por otra parte, la tensión acerca de esta disputa se acrecentó nuevamente después de que China expresara su malestar y preocupación por la intención del Gobierno japonés de que la UNESCO declare patrimonio de la humanidad las islas Amami-Ryukyu. Aunque Tokio ha señalado que las islas Senkaku/Diaoyu no están incluidas en la propuesta que debe presentar formalmente en febrero de 2017 para que su posible designación se haga efectiva en 2018, Beijing considera que ello puede afectar negativamente la gestión y resolución del contencioso que mantiene con Japón. (AFP, 06/11/16; The Japan Times, 14/11/16)

El Gobierno de Corea del Norte emite un comunicado en el que insta al nuevo Gobierno de EEUU a poner fin a lo que considera una política anacrónica de hostilidad y amenazas nucleares hacia Corea del Norte. El comunicado también insta al nuevo Gobierno a hacer frente a la realidad, en referencia al reconocimiento formal de que Corea del Norte ya es estado con una notable capacidad nuclear. El comunicado critica abiertamente la política que ha mantenido la administración de Barack Obama y, aunque no cita directamente al nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, algunas voces han considerado este comunicado como una clara advertencia a Washington. De hecho, a mediados de mes, algunos medios de comunicación han publicado que en enero, coincidiendo con la toma de posesión del cargo de Trump, el Gobierno norcoreano tiene la intención de llevar a cabo un ensayo con un misil balístico de medio alcance, con la intención de dejar claro a EEUU que no piensa abandonar su política armamentística. Según algunos expertos, Corea del Norte dispone actualmente de entre 12 y 20 cabezas nucleares y que en los siguientes cinco años podrían alcanzar las entre 50 y 100. Además, según estos mismos expertos, Pyongyang dispone actualmente de entre 200 y 320 misiles balísticos Nodong de medio alcance (con capacidad para impactar cualquier ciudad japonesa y las bases militares de EEUU en la región), varios misiles Musudan de largo alcance (con capacidad para impactar en Alaska y en Guam, isla en la que EEUU tiene una importante base militar) y está desarrollando algunos misiles de largo alcance que podrían alcanzar determinadas partes de la costa oeste de EEUU. Finalmente, estos mismos analistas consideran que el último ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte en el mes de septiembre demostraría que ya dispone de la capacidad para construir bombas nucleares de la potencia de la que se lanzó sobre Hiroshima en 1945. (Whashington Times, 22/11/16; CNBC, 08, 15 y 18/11/16; USA Today, 14/11/16; Yonhap News, 09, 13 y 21/11/16)

Una Corte de Casación (tribunal de apelaciones) de Egipto anula a mediados de noviembre la condena a muerte que pesaba contra el ex presidente islamista Mohamed Morsi, derrocado por un golpe de Estado militar a mediados de 2013. El tribunal desestimó la sanción para Morsi y otros cinco líderes de los Hermanos Musulmanes (HM), entre ellos su máximo dirigente, Mohamed Badie, en el marco de una causa abierta por presuntamente participar y preparar el asalto a diversas cárceles egipcias durante la revuelta contra Hosni Mubarak en 2011 con ayuda de Hamas y Hezbollah. Aunque algunos medios de prensa destacaron que la Corte de Casación es de las instituciones más garantistas del país, otros sugirieron que la medida reflejaría las reticencias del actual gobierno egipcio a ejecutar a dirigentes de los HM que mantienen apoyo popular a pesar de la campaña de persecución lanzada por las autoridades. A finales de noviembre, un nuevo dictamen de la máxima instancia de la Corte de Casación declaró nula también la cadena perpetua contra Morsi por un caso de conspiración para cometer actos terroristas en colaboración con organizaciones foráneas con el propósito de afectar la seguridad nacional. La acusación contra Morsi apuntaba al envío de “elementos” a campos de entrenamiento liderados por Hamas y por Hezbollah, medida que ha sido negada por los HM. El ex mandatario aún enfrenta extensas condenas por otros dos casos judiciales, incluyendo 40 años de cárcel por presuntamente revelar secretos y entregar documentos sensibles a Qatar y a otros 20 años por su rol en la represión de manifestaciones en las afueras del palacio presidencial en diciembre de 2012, durante su presidencia. En paralelo, cabe mencionar que continuó la campaña de acoso a las voces disidentes. Un tribunal de la capital egipcia condenó a dos años de cárcel al presidente del Sindicato de Periodistas de Egipto, Yehia Kalash, y a otros dos dirigentes de la organización. Egipto es considerado uno de los seis países más peligrosos para ejercer el periodismo tras la detención de decenas de profesionales en los últimos años. Finalmente, en lo que respecta al conflicto en el Sinaí, cabe destacar que grupos insurgentes que operan en la península reivindicaron el asesinato de dos generales en las últimas semanas. Informaciones indican que han emergido al menos dos nuevas organizaciones armadas en la zona, Louwaa al-Thawra (Brigadas de la Revolución) y Hasam Movement. (El País, 15/11/16; New York Times, 15/11/16; BBC, 22/11/16)

Somalia inicia el proceso de selección de los 275 parlamentarios a finales de octubre, proceso que continúa a finales de noviembre en distintas partes del país, y se prevé que el 30 de noviembre no habrá culminado por lo que se deberá posponer la elección presidencial. 14.025 entre los más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas del país escogerán a 275 parlamentarios, que se unirán a los 54 senadores designados por las diferentes regiones del país. El 30% de los escaños deberán ser ocupados por mujeres, lo que está siendo difícil debido a las características del proceso. Éstos escogerán a un nuevo presidente, momento que todavía se desconoce por los sucesivos aplazamientos del proceso. El vicedirector del cuerpo electoral somalí, el Federal Indirect Election Implementation Team, califica de único el proceso. En 2012 solo 135 líderes clánicos nominaron a los parlamentarios, por lo que la participación en el proceso se ha multiplicado por 100. El representante de la ONU en el país, Michale Keating, ha destacado que el objetivo es alcanzar una transferencia pacífica de poder político, y ha señalado, junto a otros observadores, los numerosos problemas del proceso: intimidación, presión para evitar nuevos candidatos alternativos, limitaciones al movimiento, sobornos y movimientos de dinero, disputas, corrupción y acusaciones de fraude. El embajador de EEUU para Somalia, Stephen Schwartz, ha enviado una carta oficial al presidente de la región de Galmudug, Abdikarim Hussein Guled, señalando fraude, soborno e intimidación en el proceso. Así, el ministro de Presidencia de la región, Mahad Mohamed Salad, habría reemplazado los nombres de los legítimos delegados del clan de la lista de un área local por sus empleados y cuerpo de seguridad, obteniendo el escaño, y a la vez habría prohibido una mujer candidata, Ayan Dahir Canshur, competir contra él. Miembros de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante el fraude detectado. EEUU también ha señalado que la ausencia de representantes del gurpo armado progubernamental Ahlu Sunna Wal Jamaa puede ser un factor de tensión futura. (Shabelle Media, 21, 23/11/16; Dalsan Radio, The East African, 22/11/16; Daily Monitor, 24/11/16)

El Gobierno redobla las medidas de seguridad en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) con motivo de inicio del curso escolar. A finales de octubre, un maestro había sido asesinado en una escuela de Pattani. Poco antes, 16 personas (entre ellas cinco menores) habían resultado heridas por el estallido de un artefacto explosivo en un mercado en Pattani. A septiembre, dos personas murieron después de que una bomba estallara en una escuela. Desde el reinicio de la violencia en el sur del país en el año 2004, más de 200 escuelas han sido atacadas y han muerto más de 180 docentes. Por otra parte, a mediados de mes dos autoridades locales resultaron heridas en la provincia de Pattani después de que estallara un artefacto explosivo. A principios de mes, tres personas habían muerto como consecuencia de tres ataques coordinados en el sur del país. (Wall Street Journal, Bangkok Post y Xinhua, 02/11/16; Bernama, 01/11/16, AFP, 03/11/16)

Se incrementa la tensión en relación a la cuestión kurda en Turquía. A comienzos de diciembre fueron arrestados los co-líderes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ, así como otra decena de diputados del HDP, ante su negativa a testificar en el marco del proceso judicial en el que se les investiga por sus declaraciones en apoyo a las declaraciones de autonomía de diversos municipios del sudeste, durante un congreso de la plataforma DTK a finales de 2015. Las detenciones generaron protestas, incluyendo críticas del partido opositor turco CHP, y el HDP inició un boicot al Parlamento –si bien a finales de mes decidió retornar al trabajo parlamentario. Continuaron las detenciones de otros actores políticos y activistas del movimiento kurdo, con cargos relacionados con delitos de terrorismo, incluyendo el histórico dirigente político kurdo Ahmet Türk. El Gobierno ordenó el cierre de 190 asociaciones acusadas de vínculos con el PKK (así como de más de un centenar a las que se acusa de vinculaciones con otros grupos), lo que generó nuevas críticas de diversos sectores de la sociedad civil y llamadas de alerta sobre supuestos intentos del Gobierno de desmantelar todo el espacio civil no simpatizante con el AKP. El Gobierno designó administradores en municipios kurdos en sustitución de alcaldes y alcaldesas detenidos, entre ellos, del ayuntamiento de Diyarbakir; y anunció que desmantelarían el supuesto sistema de financiación del PKK por parte de ayuntamientos simpatizantes. El Gobierno auguró un invierno muy negativo para el PKK. Por su parte, el PKK advirtió que el tiempo de las palabras había llegado a su fin y llamó a la “resistencia” y a “levantamientos” y amenazó al Estado contra los supuestos planes de una operación militar contra las bases del PKK en Qandil. Por otra parte, 11 personas –incluyendo dos policías y civiles– murieron y más de un centenar resultaron heridos por coche bomba junto a una comisaría en Diyarbakir, atentado reivindicado por el grupo TAK, considerado vinculado al PKK. A su vez, hubo nuevos ataques atribuidos al PKK contra sedes administrativas, como explosiones contra las oficinas del gobernador en Adana, que mató a dos personas e hirió a una veintena, y en Derik (Mardin), que causó la muerte del gobernador. (Hürriyet, Firat, Bianet, The Guardian, 1-28/11/16)

El conflicto en el este de Ucrania asiste a un grave incremento de las violaciones del alto el fuego, pasando de las 1.000 infracciones diarias a en torno a 2.000, según ha señalado la Misión Especial de Observación de la OSCE. Según la misión, la mayoría de incidentes han involucrado el uso de armas no permitidas por los acuerdos de Minsk, detectándose un aumento en el uso de morteros, artillería y sistemas de lanzacohetes múltiples. Los bombardeos se concentraron en las áreas entre el aeropuerto de Donetsk, Yasynuvata y Adviivka; zonas al norte y oeste de Horlivka; en torno al eje Debaltseve-Svitlodarsk; zonas al este y noreste de Mariupol y en el oeste de Lugansk. La situación de violencia continuó teniendo un impacto en la población civil, incluyendo a causa de los bombardeos en zonas pobladas y en zonas cercanas a los puntos de cruce. Por otra parte, coincidiendo con el tercer aniversario de las protestas del Maidán, en la capital ucraniana se produjeron protestas contra el Gobierno –entre cuyos organizadores se incluían algunos líderes opositores–, en denuncia de la precaria situación socioeconómica y el aumento de precios. Representantes del Gobierno denunciaron un supuesto plan ruso para desestabilizar al país, incluyendo a través de protestas como las celebradas a mediados de mes. Por otra parte, continuó la tensión entre Ucrania y Rusia en torno a Crimea, con nuevos incidentes en torno a la península. Entre ellos, Rusia detuvo a tres personas a las que acusó de formar parte de un grupo terrorista vinculado al Ministerio de Defensa que planeaba actos de sabotaje. Rusia detuvo a tres soldados rusos junto a la frontera con Crimea. Asimismo, Rusia anunció su retirada de la Corte Penal Internacional, revocando su firma del Estatuto de Roma –que nunca había llegado a ratificar–. El anunció llegó tras una resolución del comité de derechos humanos de la Asamblea General de la ONU condenatoria de “ocupación temporal de Crimea” y de los abusos de derechos humanos; y tras un informe de la oficina de la Fiscalía de la CPI. Según este último, la información disponible sugiere que la situación equivale a un conflicto militar entre Rusia y Ucrania, y que la situación dentro de Crimea equivale un “estado de ocupación”. (OSCE, Reuters, The Guardian, RFE/RL, Itar Tass, 1-30/11/16)

La plataforma de recolección de datos LRA Crisis Tracker afirma que el grupo armado de origen ugandés LRA ha secuestrado a 44 personas en ocho ataques durante el mes de octubre, balance que se encuentra entre los más reducidos del año 2016. Cinco de estos ataques (con 40 secuestros) han sido cometidos por una facción del LRA escindida, que está liderada por el Doctor Achaye, que ha estado operando de forma independiente del liderazgo de Joseph Kony desde 2014. El LRA-Achaye ha estado operando en la frontera sureste de RCA con RDC desde enero de 2016. Los ataques del LRA-Achaye se concentran en las localidades de Zemio, Dembia y Derbissaka. Cinco congoleses y un centroafricano que habían permanecido entre 3 y 24 meses en el grupo –recibiendo entrenamiento militar– consiguieron escaparse en octubre en la localidad de Derbissaka. Solo se ha tenido constancia de dos ataques en RDC en octubre, la cifra más baja de 2016. Por otra parte, cabe destacar que el Comanda de EEUU en África (AFRICOM) está revisando su operativo de búsqueda y captura de Joseph Kony tras cinco años de la misión en la zona en apoyo de la misión de las Fuerzas Armadas de los países de la región, en especial de Uganda. El comandante de AFRICOM, el general de Marines Thomas Waldhauser, se plantea la reducción de la misión teniendo en cuenta que el grupo se ha reducido con el paso de los años y apenas debe contar con dos centenares de combatientes, en paralelo a la deserción de muchos de los principales combatientes. El operativo contra el LRA cuesta alrededor de 100 millones de dólares al año al erario estadounidense. (LRA Crisis Tracker, 10/11/16; Stars and Stripes, 18/11/16)

El Ministerio georgiano de Desplazados internos aprueba una estrategia de igualdad y un plan de acción para 2016-2017, que cuenta con presupuesto asignado, y que tiene como objetivo dar apoyo a la igualdad de género dentro del propio ministerio así como entre la población desplazada. Según International Displacement Monitoring Centre, la población desplazada interna por el conflicto en Georgia asciende a 239.000 personas, de los cuales en torno a la mitad son mujeres. La estrategia y el plan de acción incluyen esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, apoyo a las mujeres víctimas de violencia así como para la implementación de las resoluciones de la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad, y de otros compromisos establecidos en los planes de acción nacional de Georgia. En el marco de la estrategia, se ha creado un mecanismo interno de igualdad de género, que incluye la creación de una figura de asesor de género del Ministro, la creación de una comisión de igualdad de género y la designación de puntos focales en las ramas regionales del Ministerio. El desarrollo de la estrategia forma parte de un proyecto implementado por ONU Mujeres y la FAO y financiado por la UE. (ONU Mujeres, EEAS, 8/11/16)

Tras el paso del huracán Mattew el pasado 4 de octubre, que dejo un balance de más de 500 muertos y una crisis humanitaria similar a la generada por el terremoto de 2010, que obligó a retrasar una vez más las elecciones presidenciales y legislativas planificadas para el 9 de octubre, el país ha ido retomando la normalidad, que le ha permitido la celebración de los comicios. La primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, se ha celebrado finalmente el 20 de noviembre. Con su celebración, el país ha dado un paso más hacia la normalización institucional, después de la crisis política desatada a finales de 2014. La inestabilidad y las tensiones políticas internas han obligado a posponer hasta en cuatro ocasiones la celebración de los comicios desde la primera fecha prevista el 27 de diciembre del 2015. Léopold Berlanger, presidente de la Consejo Electoral Provisional (CEP), se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la jornada electoral, cuyos resultados definitivos se conocerán a finales de mes. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, que ha desplegado en el país un equipo de 130 expertos y observadores de 24 nacionalidades, encabezada por el ex senador uruguayo, Juan Raúl Ferreira, ha informado que en las próximas semanas presentará un informe con recomendaciones al CEP para ser considerado con vista a la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 29 de enero de 2017. (Haiti Libre, 19, 21-22/11/2016)

El 30 de octubre, el Gobierno y la oposición venezolana, representada por la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han iniciado un proceso de diálogo nacional facilitado por la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la participación del Vaticano, con el fin de encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país. En él, se han establecido cuatro mesas de trabajo: respeto a la soberanía, reparación de víctimas, cronograma electoral y economía. La MUD ha condicionado el progreso de las conversaciones a la liberación de más de un centenar de opositores y a la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas. A raíz de la apertura del diálogo, el Congreso de Venezuela ha postergado el proceso de juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro, con el objeto de no contaminar el diálogo. El primer gesto del Gobierno venezolano ha sido la liberación de tres activistas opositores detenidos hace poco más de un mes. Los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay han firmado una declaración conjunta en la que expresan su esperanza en el diálogo. El día 12, el Gobierno y la oposición han acordado una declaración conjunta denominada “Convivir en paz”, en la que se han comprometido a cumplir con la Constitución del país, así como han expresado su compromiso con una convivencia pacífica y sin violencia. A su vez, los delegados de ambas partes, han acordado implementar medidas que mejoren el abastecimiento de alimentos y medicinas que escasean en el país. El proceso no ha estado exento de muchas tensiones y acusaciones mutuas durante todo el mes, por lo que el 16 de noviembre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado en sesión extraordinaria, una declaración de apoyo al diálogo en Venezuela, en la cual se alienta a ambas partes a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación nacional. Un día después, la MUD ha acusado al Gobierno de incumplir los acuerdos suscritos en la mesa de dialogo. El día 23, Henrique Capriles, figura clave de la oposición, ha asegurado que el Gobierno de Maduro ha abandonado la mesa de diálogo político, acusación que ha sido desmentida por el propio Presidente, quien ha afirmado que la mesa de diálogo sigue avanzando y consolidándose. Capriles ha puesto como fecha límite el 6 de diciembre, día de la tercera plenaria de delegados, para ver los resultados del diálogo de la oposición con el Gobierno, y ha avisado que si no hay resultados el dialogo puede acabar. El ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien funge como mediador, ha reafirmado la vigencia y la fuerza del diálogo político entre el Gobierno venezolano y la oposición, y ha recalcado que el proceso de diálogo es el gran futuro y la garantía de paz del país. (Reuters, 01/11/2016; Efe, 02, 08, 12, 16-17, 20, 24/11/2016)