El 1 de diciembre se han celebrado las elecciones presidenciales en el país, las cuales han dado la victoria al candidato opositor de la coalición formada por siete partidos, Adama Barrow, con el 43,3% de los votos, frente al 39,6% que ha obtenido el actual presidente Yahya Jammeh. En un primer momento, Jammeh, que lleva 22 años en el poder, ha aceptado los resultados, pero posteriormente ha acusado a la comisión electoral de no haber realizado el escrutinio de los sufragios correctamente, y se ha negado a reconocer los resultados, demandando la celebración de nuevas elecciones. La postura de Jammeh ha abierto una profunda crisis política en el país. La UA, la CEDEAO y la ONU han instado al presidente a respetar los resultados de los comicios. El 13 de diciembre, una comisión de alto nivel de la CEDEAO encabezada por Ellen Johnson Sirleaf, Presidenta de Liberia, y por Muhammadu Buhari, Presidente nigeriano, se han reunido con las partes en Bangui, capital gambiana, sin lograr acuerdos. Ese mismo día las fuerzas de seguridad gambianas han tomado la sede de la Comisión Electoral en Gambia. El 17 de diciembre, en la cumbre de Jefes de Estado de la CEDEAO celebrada en Abuja, Nigeria, se ha reconocido oficialmente la victoria Barrow, y no las demandas de Jammeh. La CEDEAO, quien ha nombrado a Buhari y al presidente saliente de Ghana, John Dramani Mahama, coordinadores del equipo de mediación, ha comunicado que las fuerzas regionales están en alerta ante una negativa de Jammeh de entregar el poder el próximo 19 de enero, fecha en la que concluye su mandato. El 31 de diciembre, Jammeh ha declarado que el despliegue de las fuerzas de la CEDEAO en el país sería una “declaración de guerra". (VOA, 02/12/2016; Al Jazeera, 02, 10, 13/12/2016; The East African, 10/12/2016; Daily Trust, 11/12/2016; CEDEAO, 12/12/2016; DW, 13/12/2016; Reuters; 17, 21, 23/12/2016; Cameroon Tribune, 19/12/2016)

Miles de personas se manifiestan en la ciudad de Arwani y en poblaciones cercanas después de que dos insurgentes murieran tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se prolongó durante casi dos días. Los insurgentes murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad lo que llevó a la población de esta ciudad y ciudades vecinas a iniciar protestas en las calles. Al menos una persona murió posteriormente en el transcurso de las masivas protestas contra el Gobierno indio, en las que decenas de personas resultaron heridas. En los últimos meses se han producido las protestas más numerosas contra el Gobierno de los últimos años desencadenadas tras la muerte del integrante del grupo armado de oposición Hizbul Mujahdeen, Burhan Wani. El Gobierno suspendió los servicios de telefonía móvil e internet en algunas zonas del estado en un intento por acallar las protestas. En los últimos meses cerca de cien personas han muerto y miles han resultado heridas como consecuencia de los disturbios y la represión policial de estas protestas para la que se ha utilizado armamento lesivo. Días después del inicio de los últimos disturbios, tres soldados murieron después de que el convoy en el que se desplazaban en las afueras de la ciudad de Srinagar fuera atacado por insurgentes armados. (Al Jazeera, 9/12/16; Reuters, 17/12/16)

Una ofensiva de las Fuerzas Armadas birmanas contra el grupo armado de oposición KIA fuerza el desplazamiento de miles de personas en un intento por parte del Ejército de tomar el control de un emplazamiento controlado por dicho grupo insurgente en el estado Kachin. En paralelo, en las últimas semanas se han multiplicado los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la conocida como “Alianza del norte”, integrada por los grupos armados KIA, TNLA, MNDAA y AA, en el estado Shan. Estos grupos no firmaron el acuerdo de alto el fuego de alcance nacional. A pesar de los repetidos enfrentamientos en el estado Shan, el Gobierno señaló que más de 10.000 personas que se habían desplazado de manera forzada anteriormente habían regresado a sus hogares. Aunque el Gobierno señaló que el retorno se producía en condiciones de seguridad, diversas organizaciones se hicieron eco de la reticencia de la población civil a regresar a sus hogares. Además de los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad, también se registraron choques entre los grupos armados de oposición TNLA y SSA-S, que se vienen repitiendo desde el mes de febrero. Naciones Unidas señaló que entre noviembre y diciembre unas 15.000 personas habían tenido que refugiarse en China como consecuencia de la violencia y denunció las dificultades en el acceso humanitario a la población desplazada, señalando que Gobierno y Ejército estaban impidiendo a las organizaciones humanitarias la distribución de ayuda alimentaria, lo que estaba derivando en un grave deterioro de las condiciones de vida de la población local. (The Irrawaddy 19, 21, 22 y 28/12/16

Las organizaciones de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad pakistaníes de ser responsables de ejecuciones extrajudiciales a escala masiva. Según la BBC, las cifras oficiales del ministerio de derechos humanos pakistaní, en los últimos seis años se han encontrado los cuerpos de cerca de 1000 activistas políticos e insurgentes armados que en su mayoría habrían sido asesinados por las fuerzas de seguridad pakistaníes. La organización de derechos humanos Voice for Baloch Missing Persons ha registrado el hallazgo de los cuerpos de 1.200 personas. Estas organizaciones denuncian que desde el reinicio del conflicto armado en la provincia pakistaní en el año 2007 se ha producido la desaparición forzada de miles de personas. El Gobierno por su parte ha negado que se trate de los cuerpos de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente y ha señalado que mayoritariamente son insurgentes que han muerto en enfrentamientos con otros grupos armados de oposición. (BBC, 28/12/16)

Un nuevo informe de la ONU afirma que persisten las violaciones y los abusos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en el país, lo que incluye violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y tratos inhumanos y degradantes. Durante el periodo analizado por el informe, entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2016, que incluye los últimos seis meses del Gobierno de transición y los primeros pasos del actual Gobierno, la misión de la ONU en el país ha recogido pruebas de 1.301 casos de violaciones y abusos que afectan a al menos 2.473 personas. La MINUSCA ha constatado que desde agosto de 2016 se ha producido un aumento alarmante del nombre de casos de violaciones y otros abusos, y que los actores armados vinculados a las diferentes facciones de la antigua coalición Séléka y de las milicias anti-Balaka han causado al menos un centenar de muertes, en particular en las localidades de Kaga-Bandoro y Bria. Por otra parte el PMA ha anunciado que se encuentra en riesgo de tener que interrumpir la ayuda humanitaria a 150.000 personas desplazadas internas en el país. Este año el PMA pretendía asistir a alrededor de un millón de personas pero solo 400.000 han recibido asistencia debido a las restricciones de recursos. El PMA tiene previsto asistir a 578.000 personas durante el año 2017. (UN, 14, 22/12/16; Jeune Afrique, 15/12/16)

Con el apoyo de Rusia y de milicias pro-gubernamentales y después de una intensa ofensiva, el régimen de Bashar al-Assad declara el control total sobre Alepo. En los últimos cuatro años la zona este de la ciudad había estado bajo control de las fuerzas de oposición. Desde noviembre que las tropas gubernamentales intensificaron sus acciones sobre el bastión rebelde y a mediados de mes habían conseguido cercar a las fuerzas opositoras en unos cuantos barrios. La ofensiva motivó el desplazamiento forzado de decenas de miles de civiles. La ONU recibió denuncias sobre cientos de hombres desaparecidos tras cruzar hacia las zonas controladas por el Gobierno y otras respecto a que rebeldes impedían a civiles abandonar la zona. La ONU también alertó sobre los asesinatos perpetrados por milicias pro-gubernamentales en su avance en Alepo. La ONU estima que cientos de personas murieron en el este de Alepo en el marco de esta campaña. En las semanas previas a la victoria gubernamental más de 200.000 personas se encontraban viviendo bajo el asedio de las fuerzas del régimen, en un contexto de total escasez de alimentos y servicios, en especial tras la destrucción deliberada de la práctica totalidad de las infraestructuras de salud en la zona este de Alepo. A partir de 15 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo de cese el fuego negociado bajo los auspicios de Turquía e Irán, rebeldes y civiles de la zona este de Alepo fueron autorizados a marchar a la provincia de Idlib –bajo control de la oposición–, mientras que las localidades de Foua y Kefraya–-de mayoría shií– que se encontraban en la zona rebelde fueron evacuadas. (BBC, 23/12/16; The Guardian, 22/12/16)

La situación en Turquía se agrava en diciembre de manera preocupante, en un contexto de escalada de los múltiples frentes que afectan al país. Entre los atentados de gran escala, el grupo armado kurdo TAK (vinculado al PKK, según algunos análisis) reivindicó dos atentados cometidos el 10 y el 17 de diciembre. El primero de ellos, un doble ataque con bomba en Estambul contra la policía junto al estadio del equipo de fútbol Besiktas, tras un partido de fútbol de gran expectación. El atentado causó 45 víctimas mortales e hirió a más de 150, incluyendo civiles. El TAK se atribuyó también un atentado en la provincia de Kayseri (centro) contra un autobús que transportaba soldados de permiso, que mató a 14 soldados e hirió a 56 personas. A los atentados del TAK se sumaron otros hechos de violencia entre el Estado y el PKK en el sudeste de Turquía y norte de Iraq, así como detenciones masivas de personas acusadas de vínculos con el PKK (500 personas solo entre el 19 y 26 de diciembre). El ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, informó de planes para destruir al PKK a una escala “inimaginable”, y que ello se producirá en abril de 2017, para lo cual el Ejército impedirá al grupo armado establecerse en sus bases en invierno. En relación a otros frentes de violencia, un ataque en Estambul contra una discoteca de élite en que se celebraba la nochevieja mató a 39 personas –incluyendo 24 extranjeros– e hirió a 65 en las primeras horas del 1 de enero. ISIS reivindicó el atentado, en venganza por los bombardeos de Turquía en suelo sirio. Por otra parte, fue asesinado en Ankara el embajador ruso, Andrei Karlov, por disparos de un hombre identificado después como policía antidisturbios de permiso. Las autoridades investigan posibles vínculos con el movimiento Gülen, al que se le atribuye el fallido golpe de Estado de julio. El ataque coincide con la aproximación de Turquía y Rusia tras la crisis de 2015. (Reuters, The Guardian, Hürriyet, Firat, 1-31/12/16, 1/1/17)

Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) ejecutan a cinco soldados burundeses que habían penetrado en territorio congolés el 21 de diciembre, según un portavoz del Ejército congolés. Estos enfrentamientos empezaron cuando los militares burundeses estaban persiguiendo a un grupo de milicianos pertenecientes al grupo armado burundés FNL que penetró en territorio congolés en Kiliba, tras haber pasado el puesto fronterizo de Vugizo. que separa Kiliba, en Kivu Sur (RDC), de Gatumba, en territorio burundés. El grupo armado FNL ha encontrado tradicionalmente refugio en esta provincia. Posteriormente esta cifra ha aumentado a 10 soldados, porque durante la huida no pudieron recoger a cinco de los cuerpos de los soldados muertos. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno burundés, Gaspard Baratuza, ha desmentido que estos combatientes fueran militares burundeses, y ha afirmado que ambos países mantienen buenas relaciones, ha destacado que existe un intercambio de información entre ambos Ejércitos, por lo que los milicianos muertos podrían ser antiguos soldados que desertaron y se unieron a la rebelión tras el intento de golpe de Estado el pasado 13 de mayo de 2015. Según Baratuza, supuestamente las FARDC preguntaron al mando de la primera región militar burundesa si habían enviado soldados a la zona, y como se les contestó que no, las FARDC actuaron en consecuencia. No obstante, fuentes médicas burundesas han afirmado que se admitieron diversos soldados burundeses heridos el 22 de diciembre en el hospital militar de la capital, situada cerca de la frontera congolesa. Otra fuente militar congolesa en el anonimato ha señalado que tradicionalmente existe cooperación entre los dos Ejércitos, señalando la existencia de un acuerdo tácito que permite a los soldados burundeses perseguir a las FNL más allá de la frontera burundesa, por lo que la razón de este enfrentamiento podría ser la ausencia del comandante militar del sector en RDC y la ignorancia de los soldados sobre el pacto tácito. Kinshasa nunca ha autorizado a Burundi este tipo de incursiones. Las FNL establecieron sus bases en RDC en 1993 cuando se inició el conflicto armado interno, y aunque una parte está desmovilizada, se estima que alrededor de 500 combatientes de las FNL permanecen en Kivu Sur. (Jeune Afrique, 23/12/16; Monitor, 26/12/16; Allafrica, 31/12/16)

El 23 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 2334 que declara que el establecimiento de colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967 no tiene validez legal, constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados como vía para resolver el conflicto. El texto solicita a Israel que detenga todas sus actividades de construcción de asentamientos en los territorios ocupados y subraya que no se reconocerán modificaciones a las fronteras vigentes hasta junio de 1967 que no sean resultado de negociaciones entre las partes. Se trata de la primera resolución del Consejo sobre el conflicto palestino-israelí desde 2009 y la primera en abordar el tema de los asentamientos desde 1980. La resolución fue aprobada con el voto favorable de 14 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad con la abstención de EEUU, que tradicionalmente ha vetado este tipo de iniciativas. El presidente electo de EEUU, Donald Trump, intentó presionar a la administración de Obama para que vetara la resolución crítica con Israel. El Gobierno de Israel reaccionó airadamente contra lo que consideró como una resolución “vergonzosa, distorsionada y absurda” y anunció represalias. Israel convocó a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad que apoyaron la iniciativa, canceló la visita a Israel del presidente de Ucrania debido al apoyo de este país a la moción y anunció la suspensión de sus contribuciones a varias instituciones de la ONU. Funcionarios israelíes acusaron al gobierno de Obama de estar tras la iniciativa y de planear nuevas acciones a través de la ONU antes de dejar la presidencia de EEUU el 20 de enero. Según informaciones de prensa, el Gobierno israelí teme que el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, aproveche la celebración de una conferencia internacional promovida por París el 15 de enero para delinear un plan de paz hostil a sus intereses. Días después de la aprobación de la resolución de la ONU, autoridades israelíes anunciaron la edificación de 600 nuevas viviendas en Jerusalén Este, la primera fase de un proyecto que pretende construir unas 5.600. (UN News, 23/12/16; New York Times, 22, 24, 26/12/16; El País, 26/12/16)

Después de siete meses de enfrentamientos en Sirte, la campaña llevada a cabo por un conjunto de milicias presuntamente leales al Gobierno de Acuerdo Nacional con el apoyo de ataques aéreos de EEUU consigue expulsar al grupo armado ISIS de Sirte. Los combates dejaron centenares de víctimas mortales, más de 750 sólo en el bando pro-gubernamental. Se desconoce el número de fallecidos en las filas de ISIS, aunque algunas estimaciones de las autoridades locales apuntan a más de un millar de combatientes muertos desde el inicio de la ofensiva en mayo. ISIS consolidó su presencia en Libia desde 2015 y ha pretendido establecer una provincia del proclamado “califato” en el país norteafricano. Diversos análisis resaltaron que se trata sin duda de una importante derrota para el grupo armado dado que Sirte era su principal bastión en territorio libio. No obstante, numerosas voces coincidieron en advertir que la derrota de ISIS en Sirte no equivale al fin del grupo armado en el país y destacaron que la organización puede continuar operando en células reducidas tanto en Libia como en países vecinos. ISIS podría continuar explotando el vacío de poder y beneficiándose de las divisiones políticas y problemas de seguridad que atraviesa Libia. Expertos estiman que cientos de combatientes de ISIS estarían dispersos en distintos puntos del país. El grupo habría llegado a tener hasta 5.000 combatientes en Libia. (New York Times, 08/12/16; Washington Post, 07/12/16; BBC, 09/12/16)

El día 5 de diciembre, el gobernador del estado de Kaduna, Nasiru El-Rufa’i, ha declarado oficialmente al Movimiento Islámico de Nigeria (IMN), un grupo musulmán chiita del norte del país, como grupo insurgente. La declaración se ha realizado tras darse a conocer la orden del Tribunal Supremo del país, por la que obliga al Gobierno federal a liberar al líder del IMN, Ibrahim Zakzaky, en un plazo de 45 días, así como a pagar una multa por detención ilegal. La declaración de grupo insurgente realizada por el estado de Kaduna, ha desencadenado la condena del IMN, así como de la organización nigeriana Muslim Rights Concern, quien ha advertido que esta ha abierto una peligrosa dimensión, y ha recordado a las autoridades de Kaduma que deberían aprender de las lecciones de la reciente historia del estallido de la violencia de Boko Haram a raíz de la represión gubernamental en el año 2009, que puede generar la radicalización y movilización de los seguidores del IMN. Tras el anuncio, que ha coincidido con el primer aniversario de la masacre de 347 miembros del INM en el estado norteño de Zaria que género la detención de Zakzaky, se han producido diferentes manifestaciones de rechazo, lo que ha llevado al Gobierno del estado de Kaduna a prohibir cualquier forma de manifestación y reunión. (DW, 14/12/2016; Vanguard, 18/12/2016; This Day, 19/12/2016; Daily Trust, 19/12/2016)

Aumenta la tensión entre los Gobiernos de Serbia y de Kosovo, con varias medidas de presión mutuas. Por una parte, el Gobierno kosovar destituyó a mediados de diciembre a Ljubomir Maric, ministro para la autonomía local de Kosovo –y miembro de la Lista Serbia, socia serbokosovar en el gobierno de coalición-, por acompañar al responsable de la Oficina de Serbia para Kosovo, Marko Djuric, en un viaje a Kosovo sin autorización kosovar. El cese fue criticado por el Gobierno serbio, y el primer ministro serbio emitió un ultimátum a finales de mes para su reintegración. Además, desde la Lista Serbia se informó a finales de mes de la dimisión de la sucesora de Maric, Mirjana Jevtic, designada por el primer ministro serbokosovar, y de la paralización de la participación serbokosovar en las instituciones de Kosovo. Su salida del Gobierno sigue el llamamiento realizado en ese sentido por el Gobierno kosovar, en protesta por lo que se considera obstruccionismo del Gobierno kosovar. Además, el primer ministro serbio advirtió en diciembre de que si el Gobierno kosovar no avanza en la cuestión de descentralización de los municipios de mayoría serbia de Kosovo, la asociación de municipios se constituirá por sí misma a mitad de febrero de 2017. (Reuters, Balkan Insight, 1-31/12/16)

La credibilidad del proceso electoral que está viviendo desde octubre de 2016 el país se encuentra gravemente amenazado como consecuencia de las amplias acusaciones de fraude electoral, manipulación e intimidación. Las elecciones indirectas que se están celebrando en Somalia, que han implicado a 14.025 electores de todo el país para seleccionar a 275 parlamentarios, suponen un momento crucial en la transición política y democrática que está atravesando el país. No obstante, numerosas voces a nivel interno e internacional han cuestionado la credibilidad del proceso, hasta el punto que la comunidad internacional ha lanzado un comunicado conjunto alertando que la integridad del proceso electoral de 2016 está bajo cuestión, y que más retrasos y un fallo en rendir cuentas a las partes que han cometido graves abusos y malas prácticas puede comprometer la capacidad y la voluntad de la comunidad internacional con el próximo gobierno federal del país. El comunicado, firmado por la IGAD, UA, ONU, UE, EEUU, y cinco países individuales de la UE ha instado a los líderes somalíes a rescindir algunas decisiones relativas al proceso electoral, en concreto el rechazo de los líderes somalíes a reiniciar el proceso para la elección de 24 escaños parlamentarios cuya elección estuvo sujeta a abusos flagrantes, que incluyeron violencia, corrupción e intimidación. Los líderes somalíes han reducido a cinco los escaños que serán reelegidos, lo que ha sido calificado de una amnistía grave ante las más terribles irregularidades confirmadas durante este proceso. Además, la decisión puede violar también el acuerdo según el cual uno de cada tres escaños estaría reservado para mujeres. En paralelo, el comunicado también ha cuestionado la decisión de ampliar el número de escaños de la Cámara Alta de 54 a 75 tal y como estipulaba la Constitución Provisional, destacando que cualquier ampliación debería realizarse tras la elección presidencial e implementada a través de una modificación constitucional. La elección presidencial, que debía tener lugar en agosto de 2016 y ha sido pospuesta tres veces tendrá lugar finalmente en enero de 2017. El 19 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU tenía prevista la celebración de una reunión para discutir la evolución de un proceso que previsiblemente no habrá terminado. (The Nation, 28/12/16; UN, 29/12/16)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su reunión mantenida el 23 de diciembre, ha decidido no aprobar la resolución presentada por Estados Unidos en la cual se solicitaba el embargo de armas a Sudán del Sur, así como la aplicación de sanciones a altos dirigentes. En una votación que se ha saldado con 7 votos a favor (Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, España, Ucrania y Uruguay) y 8 abstenciones (Japón, Rusia, China, Angola, Malasia, Venezuela, Egipto y Senegal), el Consejo de Seguridad ha desestimado la medida a no contar con los 9 votos necesarios. En la resolución también se había incluido la aplicación de sanciones específicas hacia algunos líderes sur sudaneses de ambos bandos: el ex Primer Vicepresidente, Riek Machar, el jefe del Ejército del SPLA, Paul Malong, y el Ministro de Información, Michael Makuei. (Reuters, 23/12/2016; VOA, 23/12/2016)

La frágil situación de seguridad en Ucrania se deteriora a mitad de diciembre, con nuevos incidentes armados y diversas víctimas mortales entre las filas de las fuerzas de seguridad y las de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Se produjeron fuertes incidentes en torno a Svitlodarsk, cerca del estratégico nudo de comunicaciones de Debaltsevo. Se denunció el uso de artillería pesada y los combates fueron descritos como los más fuertes de los últimos meses. Por otra parte, entró el vigor el 24 de diciembre un alto el fuego alcanzado por Ucrania y las fuerzas rebeldes el 21 de diciembre, para facilitar la celebración del periodo de navidades. No obstante, se produjeron nuevos incidentes de seguridad en fechas posteriores al cese de hostilidades. Por otra parte, a finales de noviembre se había incrementado gravemente la tensión entre Ucrania y Rusia, en torno al anuncio de Ucrania de su decisión de llevar a cabo maniobras militares con lanzamiento de misiles antiaéreos de alcance medio sobre las aguas del mar Negro, junto a Crimea. Rusia denunció los planes, considerándolos como invasión de su espacio aéreo, reforzó sus defensas antiaéreas en Crimea y amenazó con derribar los misiles. A comienzos de diciembre Ucrania afirmó que evitaría el espacio aéreo de Crimea, evitando la confrontación directa. (Reuters, The Guardian, Interfax, RFE/RL, 1-29/12)