Un ataque de la insurgencia talibán contra la base militar afgana de Camp Shaheen, en las inmediaciones de la ciudad de Mazar-e Sharif, en la provincia de Balkh, causa la muerte de 160 soldados según algunos recuentos no oficiales, aunque fuentes del ministerio de Defensa señalan que la cifra de fallecidos es de más de 100. Gran parte de los soldados habían sido reclutados recientemente y estaban en sus primeras fases de instrucción en el Ejército afgano. 10 insurgentes talibanes, vestidos con uniformes del Ejército entraron en la base y los enfrentamientos entre insurgentes y soldados se prolongaron durante varias horas. Todos los insurgentes murieron durante el transcurso de los enfrentamientos y una persona resultó detenida posteriormente. El ataque se habría producido cuando los soldados terminaban los rezos del viernes y estaban en su mayoría desarmados. Algunos supervivientes señalaron que los infiltrados contaban con aliados en el interior de la base. Se trata de uno de los ataques más graves de los últimos años en el país. (The New York Times, 23/4/17; BBC, 22/4/17)

Dos ataques suicidas reivindicados por ISIS contra sendas iglesias coptas en las localidades de Tanta y Alejandría durante las celebraciones del Domingo de Ramos, el 9 de abril, causan cerca de 50 víctimas mortales (29 en Tanta y 18 en Alejandría) y más de cien heridos (71 en la primera y 35 en la segunda). El ataque se produjo semanas antes de la visita del Papa a Egipto. El presidente egipcio, Abdul Fatah al Sisi, declaró el estado de emergencia para un periodo de tres meses. Asimismo, se produjeron incidentes de violencia en el Sinaí. Una semana después de los atentados suidas contra las iglesias coptas, hombres armados atacaron un puesto de control a 800 metros del Monasterio de Santa Caterina, en el sur del Sinaí. El ataque fue reivindicado por ISIS y causó la muerte de un policía y heridas a otros cuatro. El Ejército llevó a cabo diversos ataques durante el mes contra insurgentes en el norte del Sinaí. Por otra parte, al Sisi se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros de la administración a comienzos de abril en Washington, en que abordaron la situación en el Sinaí, entre otras cuestiones. Trump expresó pleno apoyo al-Sisi. Durante el mes, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional advirtieron sobre los riesgos de que el estado de emergencia lleve a un deterioro aún mayor de la situación de derechos humanos en el país. (The Guardian, 09/04/17; Reuters, 19/04/17; NYT, 3/04/17; AI, 10/04/17)

Un ataque de la insurgencia naxalita causa la muerte de 25 miembros de las fuerzas de seguridad en la zona de Sukma, en el estado de Chhattisgarh. 300 insurgentes habrían participado en la emboscada, que atacaron a un grupo de 100 policías que patrullaban una zona en la que se estaban llevando a cabo obras de construcción de infraestructura. Según la propia policía, en el ataque habría muerto 12 insurgentes, pero sus cuerpos no fueron hallados después del ataque. Entre los insurgentes atacantes también habría mujeres. Se trata de uno de los ataques naxalitas más mortíferos de los últimos años. La zona de Sukma está fuertemente afectada por la presencia insurgente y las operaciones militares de las fuerzas de seguridad. En el mes de marzo se produjo otro ataque importante insurgente en esta misma zona en el que murieron 12 policías. Según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, en ambos meses Chhattisgarh fue el estado indio que concentró un mayor número de muertes como consecuencia del conflicto armado entre la insurgencia naxalita y las fuerzas de seguridad, con 29 muertos en marzo y 31 en abril. (South Asia Terrorism Portal; India Today, 24/4/17)

La organización UNICEF alerta en un nuevo informe que el grupo armado yihadista Boko Haram (BH) ha incrementado el uso de menores para llevar a cabo sus atentados suicidas, a menudo utilizando drogas para someter su voluntad durante las misiones. La organización ha anunciado que BH ha utilizado a 27 menores en los primeros tres meses del año para cometer acciones suicidas contra lugares con una densidad de población alta como mezquitas, mercados y campos de desplazados. Cuatro menores fueron utilizados en 2014, 56 en 2015, 30 en 2016 y 27 en los tres primeros meses del año. Una misión del Consejo de Seguridad de la ONU ha visitado los países de la región del Lago Chad para supervisar la situación sobre el terreno. (Security Council Report, 01-07/04/17)

Un atentado contra el metro de San Petersburgo el 3 de abril causa 15 víctimas mortales y más de 40 heridos, mientras una segunda bomba es localizada y desactivada en otra estación del metro. No hubo reivindicación inmediata del atentado. Según las autoridades, se trató de un atentado suicida, perpetrado por un hombre con nacionalidad rusa originario de Osh (Kirguistán), con supuestos vínculos con organizaciones islamistas. Otras diez personas fueron detenidas en relación al ataque. Ese mismo mes se produjeron otros ataques en territorio ruso. Entre los hechos de violencia, el grupo armado ISIS reivindicó un ataque en Astrakhan (región homónima, al sur de Rusia) el 4 de abril, que mató a dos policías. (The Guardian, BBC, 3/04/17; RFE/RL, 3-30/04/17)

Un ataque de las fuerzas armadas sirias contra la localidad de Jan Shijún (provincia de Idlib), bajo control rebelde, con exposición a gas sarín causa más de 80 víctimas mortales, incluyendo menores de edad, así como varios cientos de heridos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifró en 86 las víctimas mortales. La ONG de derechos humanos HRW informó el 1 de mayo de al menos 90 fallecidos, incluyendo 30 menores, señalando que el ataque se suma a otros ataques con armas químicas, incluyendo un ataque el 30 de marzo con agente nervioso en Al-Lataminah (Hama), que causó cerca de 170 heridos, muchos de ellos combatientes rebeldes. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas afirmó el 20 de abril que tenía pruebas irrefutables sobre el uso de gas sarín o una sustancia similar en el ataque en Jan Shijún, pero no se expresó sobre la responsabilidad de su uso. Los gobiernos occidentales acusaron al régimen sirio del ataque con uso de gas sarín, mientras Rusia y Siria alegan que las fuerzas rebeldes atacadas por el régimen sirio tenían un arsenal químico. El Gobierno estadounidense respondió con una serie de ataques -sin autorización internacional de la ONU- con misiles crucero contra la base aérea del régimen sirio en Shayrat. EEUU alegó intereses vitales de seguridad nacional. En respuesta, Rusia anunció que suspendía un acuerdo con EEUU sobre intercambio de información sobre vuelos militares que tenía el objetivo de prevenir incidentes, y llamó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Continuó la violencia en otras áreas del país. 126 personas murieron, incluyendo 68 menores, en un ataque suicida contra un convoy de autobuses que transportaba residentes de las localidades de Fua y Kefraya (norte) en el marco de un acuerdo entre el régimen sirio y fuerzas rebeldes para la evacuación de civiles y combatientes tanto de localidades asediadas por el régimen –Zabadani y Madaya, cerca de Damasco- como bajo el cerco rebelde – Fua y Kefraya, provincia de Idlib-. Por otra parte, se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos rebeldes en diversos suburbios en el este de Ghouta a finales de abril. Choques entre combatientes de Jaysh al-Islam y de Tahrir al-Sham causaron más de 90 viíctimas mortales, incluyendo insurgentes y civiles, según el Observatorio Siria de Derechos Humanos. Por otra parte, el secretario de estado de EEUU, Rex Tillerson, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 12 de abril en Moscú, en la primera reunión de un alto cargo del gabinete de Trump con Putin. El encuentro puso de manifiesto las diferencias entre ambos gobiernos, incluyendo en relación al uso de gas sarín en Jan Shijún. Tras la reunión, Tillerson señaló el bajo nivel de confianza entre las partes. (The Guardian, 16/04/17; BBC, 26/04/17; HRW, 1/05/17 NYT, 12/04/17)

Se producen algunos de los episodios de violencia más graves de los últimos años después de que alrededor de 30 personas murieran, varias decenas resultaron heridas y centenares detenidas durante el mes de abril en el marco de las manifestaciones y protestas antigubernamentales que se produjeron en varias ciudades del país. Además de las criticas habituales de la oposición a la precaria situación económica del país y a la deriva autoritaria en la que consideran está inmerso el Gobierno venezolano, las movilizaciones y protestas en numerosos estados del país estuvieron motivada fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por la decisión de finales de marzo del Tribunal Superior de Justicia, que muchos consideran controlado por el oficialismo, de asumir los poderes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, así como de retirar la inmunidad parlamentaria a los miembros del Congreso. Estas medidas provocaron una reacción inmediata de condena por parte de varios países (como el de Perú, que llegó a retirar a su embajador) y de la OEA, cuyo secretario general calificó la decisión del TSJ como un autogolpe de Estado. De hecho, poco después de que la Fiscal General del Estado, considerada próxima al Gobierno, declarara que estas sentencias del TSJ violaban varios aspectos de la Constitución, el propio tribunal retiró las medidas más controvertidas de sus resoluciones. A pesar de ello, 19 países votaron una resolución de la OEA en la que instaban al Gobierno a restaurar la democracia y a respetar la separación de poderes. El segundo eje de tensión importante durante el mes, y que antecedió las movilizaciones sociales más importantes que ha habido en Venezuela en los últimos meses, fue la inhabilitación de 15 años para el ex candidato presidencial en 2012 y 2013 y actual gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, por presuntas irregularidades cometidas en tanto que gobernador de Miranda. En los días siguientes la oposición convocó movilizaciones masivas en todo el país y se produjeron graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y grupos de civiles para-policiales. Ante esta situación de inestabilidad y polarización, a finales de mes el presidente, Nicolás Maduro, instó a la oposición a reanudar el diálogo y se reunió con el facilitador de las conversaciones, el ex presidente dominicano Leonel Fernández, pero la oposición se negó a tales negociaciones. En este contexto, las relaciones entre el Gobierno y la OEA también se deterioraron ante la tentativa del Consejo Permanente del organismo para abordar la crisis en el país y las amenazas de Caracas de retirarse de la organización. (BBC, 02, 09 y 19/04/17; El Nacional, El País, LA Vanguardia, 20/04/17)

El 13 de abril diferentes fuentes cercanas al grupo armado islamista ISIS han circulado mensajes sobre una nueva promesa de adscripción al grupo armado en la región del Sahel que sería realizada en breve. A principios de marzo surgió un nuevo grupo conocido como GSIM (Group for Support of Islam and Muslims, también conocido como Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimeen, JNIM), vinculado a al-Qaeda, que desde entonces ha llevado a cabo una escalada de acciones bélicas. Analistas han manifestado sus dudas sobre qué grupo hará efectiva esta petición: una opción es Ansarul Islam, un paraguas de grupos en el norte del país liderados por Ibrahim Mulam Dicko. Dicko ha criticado la formación de JNIM, que incluye Ansar Dine, la rama sahariana de al-Qaeda in the Islamic Magreb (AQLIM), Al_Murabitoune y Katibat Macina. Diversas fuentes vinculadas a al-Qaeda han anunciado que esta información es un mito para hacer creer que ISIS está tomando fuerza en la zona, cosa que según el grupo no es cierta, ya que al-Qaeda continúa siendo dominante en la zona. Por otra parte, el 6 de abril un tribunal militar ha sentenciado a 15 soldados a 17 años de prisión por haber intentado robar armas de un depósito en 2016, de los que 10 formaban parte de la guardia presidencial RSP) del antiguo líder del país, Blaise Compaoré. (AFP, 02 y 06/04/17; BBC, 14/04/17)

Seis días de fuertes enfrentamientos entre una coalición de fuerzas palestinas y facciones yihadistas en el campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, en la ciudad libanesa de Sidón, causan al menos ocho víctimas mortales. Fuentes no oficiales lo elevan a una docena. Los choques comenzaron tras la negativa de facciones yihadistas agrupadas en la coalición al-Shabab al-Muslim (integrada por remanentes de Fatah al-Islam y Jund al-Sham, entre otros, y afiliada a Hayat Tahrir al-Sham), bajo liderazgo de Bilal Badr, al despliegue a lo largo del campo de la llamada Fuerza Conjunta de Seguridad Palestina, creada en 2015 para controlar la seguridad del campo y compuesta por 17 facciones, incluidas Fatah, OLP, Hamás y Yihad Islámica. Los choques, en los que se usó lanzagranadas y ametralladoras, dieron paso a un acuerdo de alto el fuego el 12 de abril. Los incidentes estuvieron precedidos por choques en meses anteriores. Analistas señalaron los riesgos de nuevos episodios de violencia. (Reuters, 9, 12/04/17; Al Monitor, 13/04/17)

Continúa la tensión entre la Autoridad Palestina (AP) y Hamás sobre Gaza. La AP anunció el 27 de abril la suspensión del pago a Israel para el suministro de energía a la Franja de Gaza. Hamás criticó la decisión calificándola de escalada peligrosa. La medida se suma al recorte del 30% de los salarios de decenas de miles de funcionarios de Gaza, adoptado en marzo por la AP. Durante el mes, la AP exigió de nuevo a Hamás la disolución del comité administrativo de Gaza, creado por Hamás en marzo. A su vez, tras reuniones entre Fatah y Hamás en abril, el líder de Hamás Salah al-Bardawil afirmó la disposición de Hamás a ceder la autoridad sobre Gaza al Gobierno de la ANP, condicionando la eliminación del comité administrativo a ese paso previo. A su vez, Hamás exigió la eliminación de impuestos sobre el combustible. Ante el conflicto entre ambos poderes sobre los impuestos, Hamás dejó de comprar combustible a la AP y tuvo que cerrar la central de Gaza a mediados de abril tras acabarse las reservas, agravándose el suministro eléctrico en la Franja de Gaza. Por otra parte, más de mil presos palestinos en cárceles de Israel, la mayoría de Fatah, comenzaron una huelga de hambre indefinida el 17 de abril para reclamar mejores condiciones en las cárceles. Entre las demandas, más visitas familiares, el fin del régimen de aislamiento, mejoras en asistencia sanitaria y acceso a la educación. Encabeza la protesta Marwan Barghouti, destacado preso de Fatah y rival del presidente palestino Mahmud Abás. Hamás expresó su apoyo a la huelga. Por su parte, Israel anunció su negativa a negociar con los presos en huelga. En paralelo, se produjeron protestas en Cisjordania y Gaza en solidaridad con la huelga de hambre. (NYT, 17, 27/04/17; Anadolu Agency, 26/04/17)

El referéndum constitucional que establece el cambio a un sistema presidencialista en Turquía es aprobado por un estrecho margen, con el 51,4% de los votos y en torno a un 84% de participación, tras una campaña acompañada de tensión social y política. Según la misión de observación de la OSCE, la consulta transcurrió en condiciones desiguales, en que las dos partes no tuvieron las mismas oportunidades, la ciudadanía no recibió información imparcial sobre aspectos clave de la reforma constitucional y hubo limitaciones sobre las libertades fundamentales, que tuvieron un efecto negativo. La oposición denunció irregularidades, mientras el Consejo Supremo Electoral y el Consejo de Estado rechazaron la petición de anulación de los resultados. El “no” a los cambios ganó en las tres principales ciudades (Estambul, Ankara e Izmir), que suman una cuarta parte de la población del país, así como –entre otras zonas- en la mayoría de la región kurda, si bien en ésta última con pérdida de votos respecto a los recibidos por el pro-kurdo HDP (defensor del “no”) en pasadas elecciones, interpretado por analistas como resultado de la desigualdad de oportunidades en la campaña y los efectos de la guerra en el sudeste, incluido el desplazamiento de población, entre otros factores. La reforma constitucional aprobada transformará el país en república presidencialista, en la que la presidencia pasará a detentar la jefatura de Estado y de Gobierno, eliminándose el cargo de primer ministro. El presidente nombrará a su gabinete y tendrá diversos vice-presidentes, ya no tendrá que ser una figura neutral y se amplían los supuestos en los que podrá gobernar por decreto. Se elimina la potestad del Parlamento de iniciar una moción de censura, reduciéndose su capacidad de supervisión del gobierno. Se incrementa también el número de miembros de altos tribunales que son nombrados directamente por el presidente, entre otros cambios. Por otra parte, continuó activo el conflicto entre el Estado y el PKK. Durante el mes de abril murieron 81 combatientes del PKK y 42 miembros de las fuerzas de seguridad, además de un civil, según la base de datos del International Crisis Group. Entre los hechos de violencia, el PKK reivindicó un ataque con bomba en un recinto policial en el distrito de Baglar (provincia de Diyarbakir) el 12 de abril, que causó varias víctimas mortales. Asimismo, un paramilitar de la llamada guardia rural murió en un ataque atribuido al PKK contra un autobús de campaña del AKP en la provincia de Van. Continuaron los bombardeos del Ejército contra posiciones del PKK en el norte de Iraq, y por primera vez el Ejército bombardeó la región de Sinjar (norte de Iraq), matando por error a cinco peshmergas. Por otra parte, el partido HDP denunció la continuación en prisión de sus dos co-presidentes, 9 diputados y más de 80 alcaldes y alcaldesas, así como nuevas detenciones masivas durante el mes. El Gobierno extendió el estado de emergencia tres meses el 18 de abril. (Hürriyet Daily News, 12, 16, 25/04/17; ANF, 12, 28/04/17; Brookings, 13/04/17; BBC, The Guardian, EP, 17/04/17)

Se registran nuevas violaciones del alto el fuego en la zona de conflicto, de manera diaria, pese al acuerdo de alto el fuego del 29 de marzo, que formalmente entró en vigor el 1 de abril. El acuerdo se renovó en una nueva reunión del Grupo Trilateral de Contacto del 12 de abril, si bien continuaron produciéndose incidentes de violencia. En su conjunto, la situación se mantuvo volátil, con presencia de armamento no permitido en los acuerdos de Minsk, así como personal armado en la zona de conflicto. Un observador de la OSCE murió y otros dos resultaron heridos al estallar una mina al paso de su vehículo cerca de la localidad de Prishib, bajo control de la autoproclamada república popular de Lugansk, el 23 de abril. La OSCE anunció una investigación sobre los hechos. El secretario general de la OSCE, Lamberto Zannier, condenó el incidente –la primera muerte en servicio de observadores de la OSCE- y alertó sobre la cada vez más peligrosa situación de seguridad que afronta la misión de observación. Por otra parte, el Gobierno ucraniano cortó el suministro de electricidad a la región de Lugansk, alegando impagos. El Gobierno ruso denunció que la medida dejaba sin electricidad a 3 millones de personas, y anunció que Rusia suministrará energía a la región. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la ONU ordenó a Rusia a no discriminar contra la población tártara y ucraniana de Crimea, así como a Ucrania y a Rusia de abstenerse de adoptar medidas que puedan agravar la situación de conflicto en Ucrania, mientras que descartaron tomar otras medidas cautelares reclamadas por Ucrania en su acusación a Rusia de financiación y apoyo a los grupos armados del este de Ucrania. (OSCE, 5, 12-13, 23-24, 27/04/17; RFE/RL, 21, 25/04/17; EP, 23/04/17; DW, 25/04/17)