Se produjo en Kabul uno de los atentados más graves del año coincidiendo con los primeros días de la celebración del Ramadán. El ataque, que tuvo lugar el 31 de mayo causó la muerte de al menos 90 personas, presumiblemente civiles en su mayoría, e hirió a otras 460 y se produjo en el barrio que concentra las delegaciones diplomáticas en el país, en las inmediaciones de la Embajada de Alemania. El atentado no fue reivindicado y la insurgencia talibán negó su implicación, aunque los servicios de inteligencia acusaron a la Red Haqqani de estar detrás. Se trata del atentado más grave en Kabul desde el que tuvo lugar en julio de 2016 perpetrado por ISIS y en el que murieron 80 personas. El atentado se produjo en la calle que lleva a la Embajada de EEUU y a los cuarteles generales de EEUU y la OTAN, por lo que se desconoce si la intención era atacar la Embajada de Alemania o estos otros objetivos. Este ataque concluía un mes en el que se repitieron los atentados tanto en Kabul como en otras zonas del país. Un atentado con coche bomba en la provincia de Khost causó la muerte a 14 personas e hirió a otras ocho en el primer día de celebración del Ramadán. El atentado fue reivindicado por los talibanes. En la provincia de Badghis se produjeron graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán. Como consecuencia de estos murieron 22 insurgentes, seis miembros de las fuerzas de seguridad y ocho civiles, según señalaron fuentes oficiales. Además, otros 33 insurgentes y 17 civiles resultaron heridos. (The Guardian, 31/5/17; Reuters, 27/5/17)

Durante el mes se han producido diversos ataques y acciones militares. El 17 de mayo tres personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia de la explosión de una granada en Gikoto, en el sur de la capital, Bujumbura. Las víctimas mortales eran miembros de Imbonerakure, el brazo juvenil del partido en el poder, el partido CNDD-FDD. Otras ocho personas mureiron tras un ataque al área de Kamenge, frente a la casa del líder del área, Esperence Hakizimana. Desde abril de 2015 700 personas han muerto según el presidente de la organización local de DH CNIDH, Jean-Baptiste Baribonekeza. La organización FIDH ha afirmado que Imbonerakure se ha convertido en la punta de lanza de la represión y se han extendido por todo el país identificando y acosando a la oposición. A su vez, Amnistía Internacional ha afirmado en una carta abierta a la EAC que se reúne en Dar es Salaam el 20 de mayo, que debe priorizar el freno de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el país, proporcionar el renovado liderazgo político y el compromiso necesario para poner fin a la crisis. Además, ha destacado que los líderes regionales deben asegurar que el Diálogo político interburundés tenga oportunidades de éxito, incluyendo la presión hacia el Gobierno de Burundi para que lleve a cabo una investigación independiente sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país. Diversos informes relatan la existencia de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitgrarios y desapariciones forzosas en todo el país, y según el informe de la Oficina del ACNUDH, solo en enero se encontraron 22 cuerpos, y hay más de 210 casos investigados de desapariciones forzosas en los cuatro meses de análisis del informe hasta enero de 2017. (RFI, 06, 18, 22/05/17; AI, 19/05/17)

Se producen nuevos ataques contra la minoría cristiana copta de Egipto. 29 personas murieron y otros 25 resultan heridos en un ataque el 26 de mayo en la provincia de Minia por parte de una decena de hombres armados contra un autobús y otros dos vehículos que se dirigían al monasterio de San Manuel. Entre las víctimas se encontraban algunos menores. ISIS reivindicó el atentado. Tras el ataque, el régimen egipcio llevó a cabo ataques aéreos contra supuestos campos insurgentes junto a las ciudades libias de Derna (noreste) y Hun (centro). Se suman a los graves atentados de ISIS del 9 de abril en Tanta y Alejandría, que causaron 45 fallecidos, y tras los cuales el presidente egipcio, Abdul Fatah al Sisi, declaró el estado de emergencia en el país. Por otra parte, continuó la tensión en el Sinaí. Entre los hechos de violencia, fue asesinado el 6 de mayo en el norte de Sinaí un cristiano copto retornado a al-Arish, elevándose a ocho los cristianos coptos asesinados en esa localidad desde febrero, mes en que se intensificaron los ataques de militantes islamistas, que llevaron a desplazarse en febrero a 355 familias, según organizaciones de apoyo a la minoría copta. Durante el mes hubo nuevos ataques insurgentes y contrainsurgentes en el Sinaí, con varias víctimas mortales. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos denunciaron nuevos abusos en Egipto. Amnistía Internacional denunció a finales de mayo que las medidas represivas contra las voces críticas se habían intensificado. (AP, 29/05/17; The Guardian, 26/05/17; Amnistía Internacional, 30/05/17)

El presidente, Rodrigo Duterte, declara la ley marcial en Mindanao, pocos días después del inicio de los graves enfrentamientos en la ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur) entre las Fuerzas Armadas y el grupo Maute y otras organizaciones armadas que, según algunos medios, habrían jurado lealtad a Estado Islámico. Los enfrentamientos se iniciaron a finales de mayo tras un operativo militar y policial fallido para detener a Isnilon Hapilon, líder histórico de Abu Sayyaf que según muchos medios se erigió en el máximo exponente de Estado Islámico en la región y que en el mes de enero habría recibido órdenes para trasladarse desde su bastión tradicional en el archipiélago de Sulu a Lanao del Sur para consolidar la presencia de Estado Islámico en la región. Como respuesta a dicho operativo, alrededor de 100 combatientes (principalmente del grupo Maute y de Abu Sayyaf) tomaron algunas partes de la ciudad, destruyeron edificios, tomaron decenas de rehenes y liberaron prisioneros, en un modus operandi parecido al que se utilizó en la toma de la localidad de Butig en 2016 por parte del grupo Maute. Durante los primeros días de enfrentamientos, que incluyeron numerosos bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Armadas, unas 130 personas murieron y más de 170.000 se vieron obligadas a huir. Además de los dos mencionados grupos, la Policía también señaló que otras organizaciones como el BIFF o como Ansar Kilafah, así como numerosos combatientes foráneos de países como Indonesia, Malasia o Singapur, habrían estado involucrados en el sitio a la ciudad de Marawi. Por parte del Gobierno, algunos medios señalaron que habría recibido la ayuda de eterceros países, especialmente de EEUU. Por otra parte, también cabe destacar la muerte de 31 miembros del BIFF en la localidad de Datu Salibo (provincia de Maguindanao, principal bastión del grupo) a principios de mayo. Previamente, el BIFF ya había protagonizado algunos enfrentamientos de una cierta envergadura, como los que tuvieron lugar a mediados de marzo en Maguindanao y que provocaron la muerte de 21 combatientes. CNN, 24/05/17; Rappler, 24/05/17; Inquirer, 26/05/17; Philstar, 23/05/17)

Un atentado con coche bomba contra una heladería en una zona comercial de Bagdad causa 17 víctimas mortales y unos sesenta heridos. El ataque, perpetrado el 30 de mayo en el distrito de Karrada, predominantemente shií, tuvo lugar a final de día durante el Ramadán, y fue reivindicado por ISIS. Fue seguido ese mismo día de otro atentado con coche bomba, no reivindicado, en el Puente de los Mártires y frente a una oficina en que se cobran las pensiones. Este segundo ataque causó 14 víctimas mortales y al menos 37 heridos, según fuentes policiales. Otros dos ataques en el sur de la capital iraquí el 19 de mayo mataron a al menos 19 personas y causaron heridas a unos 25, en un puesto de control y junto a una comisaría, reivindicados por ISIS. A su vez, otras 33 personas murieron ese mismo día en explosiones en dos puestos de control en una carretera cerca de yacimientos petroleros en la provincia de Basra (sur). Por otra parte, continuó la ofensiva de las fuerzas gubernamentales iraquíes y milicias aliadas de éstas, con apoyo estadounidense, para tomar Mosul, abriendo un nuevo frente en el noroeste de la ciudad a principios de mes. Según un comunicado militar iraquí, las fuerzas iraquíes lanzaron una operación el 27 de mayo para tomar la última zona controlada por ISIS, que incluye el casco histórico y tres distritos adyacentes en la orilla occidental del Tigris. El representante especial del secretario general de la ONU, Ján Kubiš, en su comparecencia en el Consejo de Seguridad en mayo cifró en 700.000 el número de personas que habían huido de sus casas en Mosul desde que comenzaron las operaciones militares para tomar la ciudad, a mediados de octubre de 2016, de las cuales una quinta parte habían vuelto. Otras 200.000 personas están en zonas de la ciudad controladas por ISIS, en situación de grave carestía de alimentos y agua, con riesgo de bombardeos y de fuego cruzado. EEUU hizo público el 25 de mayo el sumario de una investigación que confirma que Washington bombardeó una casa en Mosul el 17 de marzo causando la muerte de más de 100 civiles. EEUU afirma que combatientes de ISIS colocaron explosivos en la vivienda, amplificando la explosión. Por otra parte, las Unidades de Movilización Popular (PMU), respaldadas por Irán, lanzaron una operación el 13 de mayo en el distrito de Sinjar; el 23 de mayo tomaron Qayrawan (distrito de Sinjar); y el 29 de mayo tomaron el control de las localidades de Taro y Wadi al Maidar, fronterizas con Siria. Su expansión en áreas cercanas a la región del Kurdistán iraquí hizo aumentar las tensiones entre las PMU y las autoridades kurdas. Por otra parte, diez soldados murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque el 2 de mayo en la provincia de Anbar. (The Guardian, 25, 30/05/17; BBC, 30/05/17; Al Jazeera, 2, 20/05/17; Reuters, 16, 27/05/17; Al Monitor, 26/05/17)

Un ataque contra una base aérea del sur de Libia (Brak Al-Shati) utilizada por las fuerzas del llamado Ejército Nacional Libio (LNA) del general Hafter, causa 141 víctimas mortales, según el balance del propio LNA. El alcalde de Brak Al-Shati cifró en 95 los fallecidos. El ataque fue perpetrado el 18 de mayo por la milicia Tercera Fuerza, con base en Misrata y leal al llamado Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), respaldado por la ONU. El LNA denunció que la mayor parte de sus soldados iban desarmados y estaban realizando un desfile militar. Fuentes médicas señalaron que podrían haberse cometido ejecuciones extrajudicales. El GNA anunció una investigación sobre los hechos y suspendió en funciones al ministro de Defensa y al jefe de la Tercera Fuerza hasta el esclarecimiento de responsabilidades. En los últimos meses la zona en torno a la base de Brak Al-Shati, así como la base de Tamanhent y la ciudad de Sabha (sur) han sido escenario de tensiones entre las fuerzas del LNA, del general Hafter, y milicias rivales leales al Gobierno apoyado por la ONU. Entre los incidentes, la base aérea de Tamenhant, controlada por la Tercera Fuerza, fue atacada por el LNA a comienzos de abril. Tras el ataque en Brak Al-Shati del 18 de mayo, Tercera Fuerza se retiró del sur hacia zonas del centro de Libia. Una brigada del LNA tomó la base aérea de Tamanhent el 25 de mayo. Asimismo, se produjeron fuertes enfrentamientos en Trípoli el 26 de mayo, en el marco de ataques de fuerzas contrarias al GNA contra actores armados alineados con el GNA. En semanas anteriores habían circulado informaciones sobre un posible ataque en redes sociales, bajo el nombre de “Orgullo de Siria”, con llamamientos a una operación en el sur. Finalmente, las fuerzas del GNA retomaron el control de la ciudad. El incremento de la tensión durante el mes puso en cuestión el acercamiento producido entre el GNA y el LNA a principios de mayo. Así, el primer ministro del GNA, Fayez Seraj, y el general líder del LNA, Jalifa Hafter, se reunieron el 2 de mayo en la capital de los Emiratos Arabes Unidos, Abu Dabi. Fue el primer encuentro entre los dos líderes desde enero de 2016. Tras el encuentro no hubo comunicados oficiales, pero medios de comunicación señalaron que las partes habrían acordado una tregua de dos semanas en el sur, así como el mantenimiento de canales permanentes de comunicación, y el establecimiento de dos grupos de trabajo para avanzar en un acuerdo para la formación de un gobierno y acuerdos militares con oficiales de todas las regiones. Según fuentes cercanas a Hafter citadas por Reuters, habrían acordado elecciones presidenciales y parlamentarias no más tarde de marzo de 2018. (Reuters, 2, 18, 25, 26/05/17; The Guardian, 19/05/17)

El Gobierno extiende el estado de emergencia por 6 meses hasta el 31 de octubre, según fuentes del Parlamento del 29 de abril. Las acciones insurgentes continúan y se amplían cada vez más hacia el sur, aumentando su radio de acción situado en el norte. El partido opositor PARENA ha anunciado que al menos 309 personas habrían muerto desde principios de 2017 por parte de los grupos armados, lo que supone un claro deterioro de la situación dos años después de la firma del acuerdo de paz. El secretario general adjunto de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, Jean-Pierre Lacroix, ha destacado en su primera visita al país el 17 de mayo tras acceder al cargo, que la misión de la ONU en el país (MINUSMA) carece de las capacidades necesarias. La misión, desde 2013 en el país, se la considera la más peligrosa y las cifras de víctimas mortales en combate así lo atestiguan. (VOA, 04/05/17; BBC, 05, 08 y 15/05/17)

Las acciones de insurgencia y contrainsurgencia del grupo armado Boko Haram así como los actos de violencia perpetrados por parte de los pastores nigerianos, en su mayoría pertenecientes al grupo étnico fulani, en enfrentamientos con comunidades agrícolas en el cinturón central del país han causado alrededor de 70 víctimas mortales en cuatro estados. Los estados afectados son Borno, Benue, Delta y Niger. El 6 de mayo fueron liberadas 82 de las 276 menores secuestradas del colegio de Chibok, en el estado de Borno, en abril de 2014, a cambio de la liberación de cinco comandantes de BH, lo que ha suscitado críticas hacia el Gobierno por cuestiones éticas vinculadas a la liberación. A la vez, quedaban cautivas 113 menores, ya que previamente algunas han sido liberadas (como en octubre de 2016, cuando se liberaron a 21 menores, aunque se desconoce qué se ha intercambiado por parte del Gobierno) o se han escapado. Por último, cabe destacar que las principales ciudades del sur del país decidieron cerrar y hacer una sentada a la puerta de casa el 30 de mayo en conmemoración del 50º aniversario del intento secesionista de Biafra. (VOA, 16/05/17; Vanguard, 21/05/17; Africanews, 30/05/17)

22 personas mueren y 59 resultan heridas a causa de un atentado al término de un concierto en el estadio Manchester Arena el 22 de mayo. El atacante hizo explotar un artefacto de fabricación casera, según la Policía. El grupo armado ISIS reivindicó el atentado. A finales de mes, 16 personas habían sido arrestadas en relación al atentado –de las cuales 14 continuaban bajo custodia-, si bien la Policía afirmó que el atacante actuó en gran medida solo. Los partidos políticos británicos suspendieron la campaña electoral de los comicios de junio. El ataque constituye el atentado más grave en Reino Unido desde 2005, en que una serie de atentados en Londres causaron medio centenar de víctimas mortales y 700 heridos. Este nuevo atentado ha tenido lugar además dos meses después de otro ataque en la capital británica en el que un hombre arrolló con su vehículo a peatones y apuñaló a un policía, causando en total cinco fallecidos y 40 heridos. (The Guardian, BBC, 22-31/05/17)

Coincidiendo con el sexto aniversario de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad, diversos informes de ONG y de la ONU alertan sobre las graves consecuencias del conflicto armado, especialmente en la población civil. UNICEF y Save the Children dieron a conocer resultados de sendas investigaciones sobre el impacto de la guerra en los menores de edad. Según los datos de UNICEF, al menos 652 niños y niñas murieron a causa del conflicto en 2016 –un incremento de 20% respecto al año anterior– y unos 850 fueron reclutados, tres veces más que los 331 registrados en 2015. También se identificaron casos de abuso sexual contra niñas perpetrados por menores de edad. Se estima que más de seis millones de menores dependían de ayuda humanitaria, de los cuales 2,8 millones se encontraban en zonas de difícil acceso, y que en más de dos tercios de los hogares consultados había menores trabajando para intentar ayudar a sus familias. Save the Children destacó, por su parte, que niñas y niños sirios presentaban unos niveles de trauma en un grado alarmante y con posibilidades de causarles daños permanentes e irreversible. Un 70% de los menores entrevistados experimentaba síntomas de estrés post traumático. ACNUR alertó también que el conflicto armado ya había provocado que el número de personas refugiadas de origen sirio superara los cinco millones en los países vecinos. Durante marzo también se conoció un nuevo informe de la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre Siria, que analizó la campaña que derivó en la captura de Alepo por las fuerzas del régimen en diciembre de 2016. La comisión denunció que ambos bandos habían cometido crímenes de guerra pero señaló especialmente al Gobierno de al-Assad por una serie de hechos, entre ellos el ataque deliberado contra un convoy de ayuda humanitaria en septiembre y la evacuación forzada de Alepo, que fue caracterizada como un crimen de guerra por responder a criterios estratégicos y no fines de protección de la población civil. Asimismo, el régimen fue señalado nuevamente por el uso de armas químicas en zonas controladas por la oposición, que habrían causado cientos de víctimas en 2016. Pese a ello, Rusia y China volvieron a bloquear a principios de marzo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía imponer sanciones a Siria por el uso de armas químicas. En este contexto, a lo largo de marzo continuaron registrándose numerosos hechos de violencia con un alto impacto en población civil. Entre ellos, dos atentados suicidas dobles que afectaron al Palacio de Justicia, un restaurante y un autobús de peregrinos iraquíes en Damasco, con un saldo total de más de un centenar de personas fallecidas en los días previos al sexto aniversario de la revuelta. EEUU también fue señalado por cruentos ataques perpetrados por la coalición anti-ISIS liderada por Washington, incluyendo la ofensiva contra una escuela en el oeste de Raqqa en el que murieron 33 civiles y otro ataque en una mezquita de la localidad de al-Jineh, en el norte de la provincia de Alepo, en el que fallecieron 52 civiles. Según Washington, que abrió una investigación, la mezquita albergaba a militantes de al-Qaeda. Cabe destacar que en marzo EEUU desplegó tropas en el norte de Siria, en la zona de Manbij, para evitar nuevos choques entre las fuerzas kurdas y grupos armados de la oposición apoyada por Turquía. En preparación de la ofensiva contra ISIS en Raqqa, se informó que EEUU desplegaría otras 400 tropas adicionales, duplicando el contingente en el país, y que otro grupo de efectivos se instalaría en Kuwait listos para intervenir. (The Guardian, 01-30/03/17; New York Times, 21, 29/03/17)

Se ha producido una nueva oleada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas apoydas por las milicias paramilitares Rapid Support Forces (RSF) y los actores armados opositores SLM-MM y el SLM-TC el 28 de mayo causando una cifra no confirmada de numerosas víctimas mortales. Los grupos armados han señalado que los cuerpos gubernamentales y progubernamentales habían atacado sus posiciones en Ain Siro y en la montaña de Northwest Kutum, en el estado de Darfur del Norte. (Sudan Tribune, 28/05/17)

Organizaciones de derechos humanos denuncian que el Gobierno está creando bases de datos con información biométrica (como el ADN o las huellas dactilares) sobre millones de ciudadanos en Xinjiang a través de chequeos médicos y con finalidades de control y vigilancia. En la misma línea, según algunos medios en el mes de mayo el Gobierno habría ordenado a todos los estudiantes de Xinjiang estudiando en el extranjero de regresar bajo la amenaza de que sus familiares fueran detenidos. Tras varios meses de relativa calma y sin incidentes significativos de violencia en Xinjiang, la preocupación del Gobierno chino se había incrementado desde el mes de enero, cuando tres personas habían muerto a manos de las Fuerzas Armadas en el marco de un operativo antiterrorista que se puso en marcha después de que a finales de diciembre de 2016 cinco personas fallecieran cuando intentaban atentar con explosivos contra un edificio del Partido Comunista en el condado de Moyu. Posteriormente en febrero, ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que, según el Gobierno, un grupo de personas armadas con cuchillos atacara a varios civiles en el condado de Pishan. En las semanas posteriores a estos incidentes, el Gobierno desplegó a decenas de miles de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sin precedentes y llevó a cabo desfiles militares en varias ciudades de Xinjiang. Por su parte, el Congreso Mundial Uigur, la organización uigur con mayor proyección internacional, acusó al Gobierno de generar brotes de violencia con sus políticas represivas en la región. Posteriormente, a finales de febrero, ISIS y el Partido Islámico del Turkestán, afiliado a a-l-Qaeda, lanzaron sendos vídeos en los que amenazaban directamente al Gobierno chino y en el que llamaban a incrementar el número de ataques en Xinjiang. Según algunos analistas, el vídeo emitido por ISIS es importante porque es el primero emitido en lengua uigur y porque supone que China, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento, pasa a ser un objetivo importante en la retórica de organizaciones yihadistas. En los días posteriores, el Gobierno chino expresó su preocupación por los vínculos transnacionales de los grupos armados que operan en Xinjiang y anunció su intención de incrementar la cooperación internacional para dificultar que el tránsito de combatientes que vayan a Siria o que regresen de ella. Además, el presidente chino, Xi Jinping, llamó públicamente a construir un muro de acero alrededor de Xinjiang y, ya hacia finales de mes, el poder legislativo aprobó nuevas medidas antiterroristas, que fueron criticadas por varias organizaciones por considerar que atentan contra los derechos humanos y contra la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Finalmente, cabe destacar que un centro de investigación de las Academia China de Ciencias Sociales publicó un artículo en el que, sin dar cifras, señalaba que los niveles de violencia se habían reducido desde el año 2016, pero a la vez también reconocía que éstos podrían volver a incrementarse nuevamente por la existencia de sólidos vínculos entre grupos armados locales y grupos yihadistas foráneos. (HRW, 15/05/17; Independent, 17/05/17; BBC y AP, 15/02/; South China Morning Post, 17/02/17)

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Turquía y el grupo armado PKK causan al menos medio centenar de víctimas mortales en mayo en diversas provincias del sudeste de Turquía, incluyendo distritos de Hakkari, Agri, Sirnak, Van y Diyarbakir. 32 combatientes del PKK y 25 miembros de las fuerzas de seguridad, así como dos civiles murieron, según el balance de Internacional Crisis Group. Fuentes gubernamentales ofrecieron balances más elevados sobre las bajas de la parte contraria. El Ministerio de Interior señaló que la campaña militar en marcha era una de las de mayor escala de los últimos 30 años. El ministro de Interior, Süleyman Soylu, señaló el 28 de mayo que las operaciones dentro y fuera del país continuarán hasta que se haya eliminado totalmente la presencia de combatientes. Según Soylu, el PKK no habría conseguido reestablecer su dominio en áreas que anteriormente dominaban. También señaló que acabarían con su presencia en las zonas fronterizas no solo mediante bombardeos sino también mediante despliegue militar. (Hürriyet Daily News, ANF, 1-31/05/17)

Una coalición de 40 organizaciones de derechos humanos locales e internacionales ha solicitado al Gobierno ugandés una investigación independiente de las ejecuciones de noviembre de 2016 que tuvieron lugar en la localidad de Kasese. Los grupos han instado al Gobierno a que invite a miembros relevantes de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y otras figuras africanas e internacionales para que investiguen los hechos. Seis meses después de las operaciones militares y policiales en Kasese, en el oeste de Uganda, ningún militar o policial ha sido acusado por su conducta durante la violencia del 26 y 27 de noviembre de 2016, pero al menos 180 civiles, incluidos al menos seis niños actualmente en prisión preventiva, enfrentan cargos de asesinato, traición y terrorismo, entre otros delitos. El número de víctimas mortales sigue siendo confuso, ya que el 16 de marzo el Gobierno incrementó sus cifras previas y señaló la muerte de 103 personas, pero no especificó el periodo temporal. Las investigaciones de HRW en el distrito de Kasese revelaron la muerte de 55 personas, incluyendo 14 policías, el 26 de noviembre, y más de 100 personas murieron a manos de la policía y el Ejército durante el ataque al palacio del 27 de noviembre. (HRW, 26/05/17)

El conflicto armado en el este de Ucrania causa nuevas víctimas civiles en mayo, en un contexto de situación de alta volatilidad. Así, durante el mes se produjeron escaladas y reducciones de la violencia, con un aumento del 75% de violaciones del alto el fuego entre el 8 y el 14 de mayo, tras cinco semanas de reducción de la violencia. Entre el 13 y 14 de mayo se intensificaron los bombardeos. Entre los hechos de violencia, cuatro civiles murieron el 13 de mayo en Avdiivka –localidad bajo control del Gobierno en Donetsk-, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Por otra parte, al menos ocho civiles resultaron heridos por bombardeos en la ciudad de Krasnohorivka -ciudad bajo control del gobierno ucraniano en Donetsk- el 28 de mayo, que también causaron daños a infraestructura civil, incluyendo un colegio, un hospital y viviendas, según fuentes policías en Kyiv Post. La OSCE elevó a 233 las víctimas civiles (189 heridos y 44 fallecidos) desde inicios de 2017. Asimismo, la misión constató presencia continuada de hombres armados, soldados y material militar en áreas residenciales y en las cercanías de infraestructura civil. (Kyiv Post, 28/05/17; OSCE, 17, 31/05/17; RFE/RL, 13/05/17)