Se producen múltiples atentados en el país a lo largo de todo el mes, perpetrados tanto por la insurgencia talibán como por la filial de ISIS en el país. El aeropuerto de Kabul fue atacado con misiles a la llegada del secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los misiles impactaron tanto dentro como fuera del aeropuerto, pero no se produjeron víctimas, aunque cuatro personas (tres insurgentes y un civil) murieron en la operación de seguridad que se inició después del atentado. El ataque fue reivindicado por la insurgencia talibán y por ISIS. La visita diplomática era la primera de este nivel después del anunció en el mes de agosto de una nueva estrategia para Afganistán por parte del Ejecutivo de Donald Trump, aunque Mattis no reveló el número de tropas adicionales que pretende desplegar para “no revelar información al enemigo”. No obstante, medios de comunicación han señalado que el plan aprobado por el Gobierno de EEUU podría implicar el despliegue adicional de 3.000 soldados que se unirían a los 11.000 soldados estadounidenses ya desplegados en el país. La OTAN, por su parte, cuenta con un despliegue de 5.000 efectivos militares. En paralelo, se produjeron otros episodios de violencia en el país, como al atentado suicida contra una mequita en Kabul en el que murieron cinco civiles. El ataque se produjo dos días antes de la celebración de la Ashura, festividad shií, y fue reivindicado por ISIS. La insurgencia talibán negó cualquier implicación en los hechos. En la provincia de Kandahar, doce miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y otros cuatro resultaron heridos cuando un suicida hizo estallar explosivos en la sede del gobierno y la policía del distrito de Maroof. (NYT, 27/09/17; al-Jazeera, 29/09/17; Reuters, 27/09/17)

Las Fuerzas Armadas intensifican la operación militar iniciada en el estado de Rakhine tras los ataques protagonizados por el grupo armado roghingya ARSA a finales de agosto, provocando centenares de muertes y el desplazamiento forzado de 500.000 personas según Naciones Unidas, mayoritariamente población civil rohingya que se ha refugiado en Bangladesh. Se trata de aproximadamente dos terceras partes de la población rohingya de Rakhine. Unas 200 poblaciones resultaron quemadas y organizaciones de derechos humanos denunciaron violencia sexual y pillaje. Además, el Gobierno reconoció que al menos 400 personas habían muerto, señalando que se trataba en su mayoría de insurgentes. También señaló que había hallado los cuerpos de 28 personas de confesión hindú, acusando al ARSA de estas muertes, lo que fue negado por el grupo armado. El ARSA decretó un alto el fuego unilateral de un mes a mediados de septiembre La crisis humanitaria se vio agravada por el bloqueo gubernamental a la ayuda humanitaria tanto de Naciones Unidas como de ONG, impidiendo el acceso humanitario a la población afectada. El Gobierno birmano rechazó en Naciones Unidas las acusaciones de genocidio y limpieza étnica. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres exhortó a las autoridades birmanas a detener las operaciones militares. Internacionalmente, se intensificaron las críticas contra la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, por su inacción ante las violaciones de los derechos humanos de la población rohingya. (The Irrawaddy, 21/09/17)

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que han muerto al menos 400 personas entre abril y septiembre en Nigeria y Camerún como consecuencia de los ataques de Boko Haram, lo que supone el doble de víctimas mortales respecto a los cinco meses previos, cuestionando el discurso oficial sobre una reducción de la violencia por parte de Boko Haram como consecuencia de la presión militar. El incremento de los ataques suicidas, a menudo cometidos por jóvenes mujeres y niñas forzadas a detonar bombas en lugares densamente poblados, ha provocado la muerte de al menos 381 civiles en Nigeria (223) y en Camerún (158), lo que supone una media de un ataque suicida por semana. El peor ataque fue cometido en Waza, donde murieron 16 civiles y otros 34 resultaron heridos cuando una joven fue forzada a detonar una bomba en un centro de videojuegos lleno de gente. La organización ha señalado que entre mayo y agosto han muerto en Nigeria siete veces más que en los meses precedentes, y solo en agosto murieron 100 personas, mientras que en Camerún, los ataques han causado cuatro veces más víctimas mortales que en los cinco meses precedentes. Al menos 20.000 personas han muerto desde 2009 y 2,6 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. (aljazeera, 05/09/17)

La situación política y de seguridad en el país continúa siendo muy grave. Persisten las graves violaciones de derechos humanos cometidas a diario con total impunidad principalmente por parte del Gobierno y de las milicias juveniles Imbonerakure del CNDD-FDD, el partido del presidente Pierre Nkurunziza. Se cometen periódicamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, casos de torturas y detenciones arbitrarias, acciones que tienen lugar en un entorno de privación de derechos básicos, según ha destacado un informe de una comisión de investigación de la ONU sobre el país publicado el 4 de septiembre. El mandato de esta comisión se ha prolongado un año, a pesar de la resistencia del Gobierno. Desde inicios de la crisis en 2015 se estima que unas 400.000 personas han abandonado el país, según UNHCR. El 31 de agosto Burundi, Tanzania y UNHCR alcanzaron un acuerdo para promover la repatriación voluntaria de 12.000 personas refugiadas desde Tanzania, país que acoge a 280.000 personas refugiadas burundesas. La MONUSCO reportó la muerte de 38 refugiados burundeses y otros 100 resultaron heridos el 15 de septiembre en la provincia congolesa de Kivu Sur a manos del Ejército congolés cuando protestaban por el arresto y supuesta repatriación de otros burundeses. En los hechos, que serán investigados por el Gobierno, también murió un soldado congolés. El componente policial de la ONU sigue sin desplegarse y la ampliación de la autorización de la resolución 2303 para promover el despliegue de la misión generó controversia en el Consejo de Seguridad, ya que se adoptó una declaración de la presidencia del Consejo sin incluir explícitamente esta cuestión. Por otra parte, un panel de la ONU que ha estado investigando las violaciones de los derechos humanos en el país durante el conflicto ha concluido que altos cargos del Gobierno deberían comparecer ante la CPI por crímenes contra la humanidad. Previamente, en agosto el Consejo adoptó una declaración presidencial que generó polémica y divisiones entre sus miembros debido a que el mandato autorizado de establecer una misión policial de la ONU mediante la resolución 2303 por el periodo de un año, requería una renovación ya que el despliegue de la misión todavía no ha tenido lugar. (Security Council Report, 31/09/17)

El Tribunal Supremo anula el 1 de septiembre las elecciones presidenciales por las irregularidades cometidas durante las elecciones celebradas el pasado 8 de agosto y ordena la celebración de nuevas elecciones el 26 de octubre. Los diferentes sectores opositores han celebrado la decisión como histórica en el contexto del país y del continente africano. El presidente en funciones, Uhuru Kenyatta, el primero que ve su reelección discutida por una decisión judicial, manifestó su desacuerdo y movilizó a sus partidarios tomando las calles y afirmando que estaba dispuesto a volver a presentarse. Kenyatta cuestionó y condenó la decisión del tribunal, aunque previamente ya había afirmado que a pesar de su desacuerdo con la decisión del tribunal, la respectaba. En paralelo, el principal contrincante del actual presidente Uhuru Kenyatta en las elecciones, Raila Odinga, y su coalición opositora, la NASA, han acusado al presidente de cometer fraude electoral y han amenazado con retirarse de la contienda, afirmando que estas segundas elecciones podrían ser peores que las primeras ya que la comisión electoral no ha realizado cambios respecto a la operacionalización de sus actividades y de su personal. Las elecciones del 8 de agosto se vieron afectadas por el asesinato de un alto cargo de la comisión electoral, Chris Msando, y las acusaciones de manipulación de votos por parte de la oposición así como el hackeo del sistema informático fueron consideradas ciertas. La declaración de victoria de Kenyatta el 11 de agosto desencadenó dos días de protestas en los suburbios de Nairobi y Kisumu, dos feudos tradicionales de la oposición. (AFP 01, 02/09/17; Daily Nation, 01/09/17)

Las autoridades kurdas celebran el anunciado referéndum sobre la independencia en la región autónoma del Kurdistán, así como áreas de los llamados territorios en disputa –zona de estatus definitivo por definir, en conflicto entre Bagdad y Erbil-. La opción de la independencia recibió el 92% de los votos, con una participación del 72,61% de la población convocada, según la comisión electoral. El referéndum no es vinculante, sino que aspira a ser un mecanismo para iniciar un proceso de negociación con el gobierno central para pactar la independencia. No obstante, el gobierno central mantuvo su oposición frontal, exigiendo la anulación de los resultados. Asimismo, previamente el Parlamento iraquí había declarado la consulta como inconstitucional, así como solicitado al primer ministro el envío de tropas a las zonas en disputa. También el Tribunal Constitucional iraquí lo declaró inconstitucional, mientras países de la región, como Turquía, Irán y Siria, y actores internacionales como EEUU y Reino Unido, se opusieron al referéndum. Entre las medidas de presión, Bagdad impuso el cierre del espacio aéreo para los vuelos internacionales. Además, Ankara y Bagdad informaron de que Turquía pasaría a relacionarse bilateralmente con Iraq, y no con las autoridades kurdas, para cuestiones relativas a actividades económicas, pasos fronterizos y aeropuertos. (The Guardian, BBC, Reuters, Hürriyet Daily News, 1-30/09/17)

Se producen diferentes atentados armados en la provincia de Baluchistán. Tres integrantes de las fuerzas de seguridad pakistaníes murieron y otros tres resultaron heridos después de varios atacantes armados sin identificar tirotearan el convoy en el que se desplazaban en el distrito de Washuk. Tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad. Por otra parte, se produjo un nuevo ataque sectario contra población hazara. Cuatro miembros de familia shií murieron tiroteados por dos hombres en una motocicleta. El ataque no fue reivindicado por ninguna organización armada, aunque la población hazara ha sido objeto de persecución por parte de la insurgencia talibán, de ISIS y de otros grupos armados sunníes, tanto en Pakistán como en Afganistán, país del que procede gran parte de la población hazara que reside en Baluchistán. (Al Jazeera, 11/9/17; Dawn, 4/9/17)

La coalición armada de las SDF afirma el 20 de septiembre haber tomado el 80% de la ciudad de Raqqa y haber abierto un nuevo frente al norte de la ciudad, llegando la campaña ofensiva a su última fase. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), la presencia de minas sería el principal obstáculo para la toma final de la localidad, hasta entonces en manos de ISIS. Por otra parte, fuerzas insurgentes bajo liderazgo de Tahrir al-Sham lanzaron el 19 de septiembre una ofensiva contra zonas bajo control del régimen al norte de la ciudad de Hama. Días después, fuerzas gubernamentales recuperaron varias localidades. Hubo balances diversos de víctimas en la ofensiva y contraofensiva, según las fuentes. Además, el régimen sirio y Rusia intensificaron los ataques aéreos en la provincia de Idlib en el marco de la respuesta a la ofensiva. Según el OSDH, 66 insurgentes y 38 soldados murieron, además de 40 civiles, en dos días, con en torno a 500 ataques aéreos en unas 40 localidades. A finales de mes, 28 civiles murieron, cuatro de ellos menores, por ataques aéreos contra la localidad de Amanaz (provincia de Idlib), junto a la frontera con Turquía, según el OSDH, que atribuyó los hechos a bombardeos del Ejército sirio o de Rusia, mientras otras fuentes elevaron el balance de víctimas. Médicos sin Fronteras señaló el 28 de septiembre que la escalada de bombardeos de instalaciones médicas desde el 19 de septiembre ha llevado al cierre y evacuación de hospitales en el noroeste de Siria. Por otra parte, investigadores de la ONU afirmaron el 6 de septiembre que el Gobierno sirio fue el responsable del ataque de gas sarín perpetrado en abril en Jan Shijún (provincia de Idlib). Así lo señala el 14º informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria. Según el informe, entre marzo y julio el régimen sirio habría llevado a cabo otros tres ataques con armas químicas, en Idlib, Hama y el este de Ghouta. (Médicos sin Fronteras, 28/09/17; Reuters, Al Jazeera, The Guardian 1-30/09/17; ONU, 06/09/17)

Se produce una escalada de las protestas y las movilizaciones contra el régimen de Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005, ante los intentos de perpetuación en el poder. Gnassingbé sucedió a su padre, el general Gnassingbé Eyadéma, quien dirigió el país durante 38 años. La movilización de la oposición que tuvo lugar el 19 de agosto fue respondida por una gran movilización en Lomé el 29 de agosto por parte del poder a la que han seguido diversas movilizaciones opositoras durante septiembre en las que se ha incrementado la tensión. Una comisión parlamentaria ha celebrado una reunión para discutir la ley propuesta por el Gobierno, que ha sido aprobada por 6 contra 4 de los 10 miembros de la comisión, y sin introducir ninguna de las 48 enmiendas que la oposición había presentado. La ley de reforma electoral establece que el presidente del país solo podrá presentarse a dos mandatos sin carácter retroactivo (por lo que el actual presidente podrá presentarse a las dos futuras elecciones) y que la reforma deberá ser aprobada en referéndum. La oposición ha manifestado su rechazo a que la reforma no tenga carácter retroactivo y permita a Gnassingbé presentarse a las elecciones de 2020 y 2025. La oposición política, dividida hasta el momento, se ha unido en el rechazo a Gnasingbé y exige su dimisión y el retorno a la Constitución de 1992, que instauró una limitación de mandatos presidenciales, denuncia la extrema represión de las manifestaciones pacíficas organizadas desde agosto y reclama una investigación independiente para determinar las responsabilidades. Las protestas se desencadenaron en febrero como consecuencia de la subida de los precios de la gasolina que impulsó el Gobierno. (Jeune Afrique, 29/08/17; 22 y 25/09/17; AFP, 15-19/09/17)

El Ministerio de Interior anuncia que llevará a cabo operaciones de gran escala contra el PKK en los próximos meses y afirma que mantendrán las operaciones durante el invierno. El Gobierno advierte de que el uso de aviones no tripulados supone un grave obstáculo para la capacidad de desplazamiento del PKK. Durante el mes de septiembre continuaron produciéndose acciones ofensivas y enfrentamientos, incluyendo bombardeos del Ejército en zonas del sudeste de Turquía y del norte de Iraq. El PKK afirmó a principios de septiembre que tenían como prisioneros a 20 funcionarios del Estado, incluyendo a dos miembros de alto rango de los servicios de inteligencia (MIT). Según la base de datos de International Crisis Group, en septiembre murieron 80 personas, incluyendo 63 combatientes del PKK, 12 miembros de las fuerzas de seguridad y 5 civiles, lo que supone un incremento respecto al mes de agosto (39 miembros del PKK, 14 de las fuerzas de seguridad y 6 civiles). Los balances ofrecidos por las fuerzas de seguridad y la agencia estatal Anadolu contenían cifras más elevadas de combatientes del PKK fallecidos, como 176 bajas de miembros del grupo armado en agosto, según Anadolu, o casi un centenar fallecidos entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, según el Ejército. Por otra parte, continuó la tensión política, en un contexto de prolongación del estado de emergencia, intervención del gobierno central de los municipios de mayoría kurda, clausura de organizaciones prokurdas y detenciones masivas. (Hürriyet Daily News, Firat, ICG, 1-30/09/17)

La situación de seguridad en la zona de conflicto en el este de Ucrania continúa siendo tensa, con oscilaciones en cuanto a las violaciones del alto el fuego. Así, se produjeron incrementos en los niveles de violencia en la primera semana de septiembre y la segunda quincena, según registró la Misión Especial de Observación de la OSCE. En la segunda mitad del mes, los incidentes se produjeron principalmente en torno a la localidad de Svitlodarsk (municipalidad de Debáltsevo, provincia de Donetsk), así como al este y noreste de la ciudad portuaria de Mariúpol, y en torno al área entre Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk. La misión de la OSCE registró varias víctimas civiles durante el mes, y elevó el balance de víctimas civiles en lo que va de año a 394, de las cuales 69 eran víctimas mortales. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) publicó en septiembre su nuevo informe de monitoreo, que cubre el periodo de 16 de mayo a 15 de agosto, etapa en que registró 161 víctimas civiles (26 fallecidos y 135 heridos), más de la mitad de las cuales a causa de bombardeos. El informe señala que pese a la reducción de víctimas civiles de mayo a junio y de junio a julio, en parte por el alto el fuego para facilitar la cosecha, los incrementos repentinos de los enfrentamientos continúan generando riesgos físicos y trauma psicológica entre la población civil. La OHCHR alertó de que continuaba la práctica a ambos lados de la línea de contacto de colocar objetivos militares cerca de instalaciones civiles, lo que aumenta el riesgo de bombardeos de esas infraestructuras. Hospitales y colegios siguieron afectados por bombardeos. (OSCE, UN, 1-30/09/17)

El conflicto armado en Yemen ha causado ya 5.144 muertes de personas civiles y herido a 8.749 desde marzo de 2015 y hasta agosto de este año, según estimaciones conservadoras de un nuevo informe del Consejo de Derechos Humanos. 3.233 de esas víctimas mortales murieron por bombardeos de la coalición. Además, 1.184 de las 5.144 fueron menores. El informe señala abundantes ataques aéreos contra mercados, hospitales, colegios, zonas residenciales y otra infraestructura pública y privada, así como ataques contra funerales y embarcaciones civiles. Las regiones más afectadas por el conflicto fueron Aden, Al-Hudaydah, Sana’a y Taizz. La crisis humanitaria causada por el conflicto afecta ya a 18,8 millones de personas. De ellas, 7,3 están al borde de la hambruna, según la ONU. Por otra parte, según el informe, las fuerzas al-houthistas y las unidades militares leales al ex presidente Abdullah Saleh son responsables del 67% de los 1.702 casos de reclutamiento de menores para su uso en enfrentamientos. En relación con la grave situación en Yemen, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el 29 de septiembre una resolución para la creación de un grupo de expertos internacionales y locales con mandato de un año para investigar violaciones de los derechos humanos desde septiembre de 2014 e identificar a sus responsables. Se trata de una medida limitada, que deja fuera la opción de una comisión de investigación con capacidad de remitir casos a la Corte Penal Internacional. Medios de prensa señalan la influencia de Arabia Saudita en evitar un mecanismo así. Por otra parte, siguieron los enfrentamientos, incluyendo en torno a la frontera con Arabia Saudita, con decenas de víctimas mortales entre los actores armados, según sus respectivos balances. (ONU, 7/09/17, The Guardian, 29/09/17)