Se produce un incremento significativo de la violencia en las regiones secesionistas anglófonas del Noroeste y del Suroeste. Los militantes secesionistas de las dos regiones han llevado a cabo ocho ataques durante el mes que han causado la muerte de al menos 10 personas, 6 de las cuales en la última semana de noviembre. Se han producido diversas explosiones, incendios de colegios y operaciones de búsqueda de armas en domicilios de supuestos miembros del movimiento. 15 líderes secesionistas se encuentran en búsqueda y captura, el principal partido opositor Social Democratic Front ha boicoteado una sesión parlamentaria el 14 de noviembre para mostrar su rechazo ante la gestión gubernamental del conflicto, y diversos opositores y la sociedad civil hicieron un llamamiento en Bamenda el 26 de noviembre exigiendo la celebración de un diálogo nacional, la liberación de los presos y amnistía para la población exiliada. Uno de los principales objetivos de la escalada de acciones por parte de la insurgencia es la retirada de los puestos de control en las carreteras, considerados un símbolo de ocupación, según ha destacado Ben Kuah, líder del brazo militar del grupo Ambazonian Governing Council (AGC) desde Dakar. Decenas de civiles han muerto desde octubre, tras la contundente respuesta del Gobierno para sofocar las protestas del movimiento secesionista que rechaza la marginación del Gobierno francófono hacia la región, conocida como Ambazonia. En 2018 se celebrarán elecciones presidenciales, lo que puede incrementar la tensión. (Reuters, 08, 11, 30/11/17)

Un atentado contra una mezquita sufí en Bir al-Abed (norte del Sinaí), perpetrado durante el rezo mediante una explosión con bomba seguida de tiroteos causa 305 víctimas mortales, incluyendo 27 menores, y 128 heridos, según el balance de la Fiscalía general, que cifró en entre 25 y 30 el número de atacantes. El atentado, cometido el 24 de noviembre, no fue reivindicado, si bien la Fiscalía señaló que los atacantes llevaban la bandera de ISIS. Se trata del atentado más grave en el país en los últimos años y se produce en un contexto de escalada de la violencia en la península del Sinaí. Entre los hechos recientes, un atentado con coche bomba en julio reivindicado por ISIS causó la muerte a 23 soldados. Tras el atentado de noviembre, el presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, convocó una reunión de emergencia con los ministros de Defensa e Interior y el jefe de los servicios de inteligencia, y anunció una respuesta de “fuerza brutal”. El Ejército llevó a cabo bombardeos contra zonas montañosas cercanas a la localidad de Bir al-Abed. Respecto al balance de víctimas, medios de comunicación señalaron la dificultad de confirmarlo, dadas las restricciones de acceso a la península, considerada zona de seguridad militar. Por otra parte, el grupo Jund al-Islam le declaró la guerra el 11 de noviembre a la rama local de ISIS, Provincia del Sinaí. Además se atribuyó un atentado contra un vehículo de Provincia del Sinaí en octubre, que mató a cuatro personas. Algunos análisis sitúan a Jund al-Islam como principal sospechoso del atentado contra la mezquita sufí en Bir al-Abed. (Reuters, BBC, The Guardian, El País, 24-26/11/17, Al-Monitor 1/12/17)

Las Fuerzas Armadas declaran su apoyo a la decisión del presidente, Rodrigo Duterte, de finalizar formalmente las negociaciones de paz con el NDF alegando la falta de compromiso del NPA para con la paz y el desarrollo del país. Para sustentar estas declaraciones, las Fuerzas Armadas señalaron que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre el NPA había 353 crímenes solamente en Mindanao oriental y habría provocado daños por valor de 2,18 billones de pesos, un incremento sustancial respecto del año anterior, en el que la cifra rondó los 100 millones de pesos. Durante el mismo periodo, las acciones del NPA habrían provocado la muerte de 70 civiles y 64 militares, policías o CAFGU (Citizen Armed Force Geographical Unit). Además, 127 policías o militares habrían resultado heridos, mientras que 28 civiles habrían desaparecido. Finalmente, cabe destacar que, coincidiendo con al finalización de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el NDF, las Fuerzas Armada intensificaron sus operaciones contra el NPA, que se tradujo en la toma de uno de los principales campamentos del NPA y en la muerte de 14 combatientes en la región de Batangas a finales de noviembre. Por su parte, el NPA anunció una intensificación de sus operaciones en el norte de Mindanao. Según el grupo, solamente en la primera quincena del mes de noviembre habría llevado a cabo 27 acciones militares en las que 13 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habrían fallecido y otros 12 habrían resultado heridos. (MindaNews, 28/11/17, Sunstar, 20/11/17)

El 28 de noviembre Uhuru Kenyatta ha sido nombrado nuevo presidente del país para un segundo y último mandato de cinco años en una ceremonia celebrada en Nairobi con el boicot de la oposición. Kenyatta ha ganado con el 98% de los votos y una participación de solo el 38%, ya que la oposición boicoteó el proceso por considerarlo fraudulento. En este sentido, el candidato derrotado, Raila Odinga, destacó el mismo día 28 que el 12 de diciembre sería nombrado nuevo presidente del país coincidiendo con las celebraciones que conmemoran el Día de la Independencia. La oposición política ha rechazado la victoria de Kenyatta en las elecciones presidenciales celebradas el 26 de octubre, después de haber sido pospuestas por numerosas irregularidades. El 17 de noviembre murieron cinco personas como consecuencia del uso de munición real por parte de los cuerpos de seguridad para dispersar una concentración en favor del líder opositor Raila Odinga, derrotado en las elecciones, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. (aljazeera, 26/10/17, 28/11/17)

La CENI publica el nuevo calendario electoral el 5 de noviembre lo que provoca la convocatoria de una huelga general de escaso seguimiento el 15 de noviembre e importantes movilizaciones en diversas localidades y fechas (21, 28 y 30 de noviembre). La más destacada es la movilización del 30 de noviembre contra el mantenimiento en el poder del presidente Joseph Kabila, cuyo mandato culminó el 20 de diciembre de 2016. Estas movilizaciones estaban prohibidas por la oposición y han sido sistemáticamente dispersadas. Numerosos miembros de la coalición opositora Rassemblement de l’Opposition (Rassop) han sido detenidos, entre los cuales destacan Jean-Marc Kabund, secretario general del UDPS y Martin Fayulu, responsable de movilización en el seno de la Rassop. El acuerdo del 31 de diciembre de 2016, que preveía la celebración de elecciones antes de finalizar el 2017, se ha convertido en papel mojado. El Gobierno ha justificado el retraso electoral por la situación de seguridad y por problemas materiales para anunciar su decisión de organizar el escrutinio en 2018. La Conferencia Episcopal congolesa ha realizado un llamamiento a Kabila para que haga una declaración pública en la que asegure que él no será candidato a su reelección. El Consejo de Seguridad de la ONU ha validado el calendario electoral presentado en el que se prevé la celebración de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y provinciales el 23 de diciembre de 2018 y el nombramiento del presidente en enero de 2019, más de un año más tarde del acuerdo alcanzado el 31 de diciembre de 2016. El candidato opositor, Moïse Katumbi, ha declarado fantasioso este calendario. La ONU, la Iglesia Católicay la UA han insistido en exigir que no se produzcan nuevos retrasos. En paralelo, el proyecto de reforma electoral ha suscitado un importante debate en el país de cara a establecer un umbral de representatividad, lo que tiene detractores en los pequeños partidos políticos y formaciones regionales que podrían desaparecer si no forman parte de alguna de las grandes familias políticas del país. (Jeune Afrique, 24, 25, 29, 30/11/17)

Se producen diversas acciones armadas por parte del grupo Boko Haram (BH) en las regiones de la zona del Lago Chad (Borno, Nigeria; Far North, Camerún) que causan decenas de víctimas mortales. Entre los ataques más graves del mes destaca la explosión el 1 de diciembre de las bombas que transportaban dos suicidas causando 13 víctimas mortales y 53 personas heridas de diversa consideración en un mercado en la localidad de Bio, en el estado nigeriano de Borno, en el momento en que diversos trabajadores humanitarios estaban distribuyendo alimentos a la población afectada de la zona. Por otra parte, en las cercanías de la capital de Borno, Maiduguri y en el campo de desplazados de Dikwa entre el 7 y el 18 de noviembre murieron 33 personas, entre ellas 13 suicidas (la mayoría mujeres), y en la mezquita de Mubi en el estado de Adamawa un atentado suicida causó la muerte de alrededor de 60 personas el 21 de noviembre. Al menos una decena de miembros del grupo armado se entregaron a la fuerza conjunta regional en el Far North (Camerún) y la fuerza capturó al líder Abba Goroma. Se produjeron diversos otros atentados y acciones de menor consideración, en los que murieron diversos militantes y soldados en las operaciones militares y emboscadas. (The Guardian, 21/11/17; Reuters, 02/12/17)

El Consejo de Seguridad de la ONU renueva la misión de la ONU en el país (MINUSCA) por un año y amplía el contingente militar de la misión en 900 soldados, alcanzando la cifra de 13.000 militares en el país, ante la escalada de la violencia de los últimos meses. En este sentido, se produjo un resurgimiento de la violencia entre grupos armados en la capital, Bangui, a la vez que persistió la violencia en el este, el norte y el sur del país, causando decenas de víctimas mortales. Se produjeron enfrentamientos entre milicias ex Séléka, entre milicias ex Séleka y antibalaka, entre la misión de la ONU en el país y los grupos armados. El 8 de noviembre una milicia antibalaka atacó Mobaye, la capital de la provincia de Basse-Koto controlada por la facción ex Séléka UPC, muriendo 11 combatientes. Desde finales de octubre 16 personas han muerto en localidades cercanas a Batangafo y en Saragba (provincia de Ouham, norte) por enfrentamientos entre milicias antibalaka y el grupo ex Séleka MPC. El grupo ex Séléka FPRC se retiró del programa de DDR el 12 de noviembre, suspendió las conversaciones con el Gobierno y rechazó el despliegue de los nuevos prefectos en las provincias del norte. Las milicias antibalaka lideradas por Maxime Mokhom y Edouard Patrice Ngaissona formaron un único movimiento el 5 de noviembre. En paralelo, cabe destacar la evacuación y cierre de la misión de la organización humanitaria MSF como consecuencia de un asalto armado en sus oficinas en Bangassou, en el sureste del país, lo que deja a miles de personas sin protección en esta localidad diamantífera fronteriza con RDC. Medio millón de personas dependían de la asistencia de MSF y unas 50 personas necesitaban operaciones de urgencia que ya no podrán realizarse, lo que ya ha supuesto la muerte de cuatro pacientes. (Jeune Afrique, 14 y 15/11/17; Reuters, 22/11/17)

Durante el mes de noviembre se produjo un incremento de la violencia entre el grupo armado islamista al-Shabaab y los cuerpos de seguridad gubernamentales en las regiones de Middle y Lower Shabelle, lo que provocó un aumento de la preocupación por el impacto humanitario derivado de ello. El 23 de noviembre UNHCR anunció el desplazamiento de otras 10.000 personas en estas regiones durante noviembre. EEUU aumentó significativamente sus ataques aéreos contra al-Shabaab argumentando una mejora de los servicios de inteligencia, llevando a cabo al menos ocho ataques durante el mes (en comparación al total del año, 29), incluyendo el cometido el 21 de noviembre, que causó la muerte de 100 supuestos combatientes en la región de Bay, a 200 km al suroeste de Mogadiscio. El presidente de EEUU, Donald Trump en abril autorizó nuevas prerrogativas a AFRICOM en el país. Los ataques aéreos de EEUU también afectaron a objetivos de Estado Islámico (ISIS) en el país el 3, 12 y 27 de noviembre. El Departamento de Defensa de EEUU dispone al menos de 500 miembros en el país (entre civiles, militares y contratas), más del doble de las 200 personas de que disponía en marzo de 2017, según AFRICOM. EEUU estima que hay entre 3.000 y 6.000 combatientes de al-Shabaab en el país y menos de 250 miembros de ISIS en Somalia. Por su parte, AMISOM anunció que prevé la reducción de 1.000 cascos verdes antes de finales de 2017 de los 22.000 de que dispone en el país. (Hiraan Online, 16/11/17; CNN, 21/11/17; UNHCR, 24/11/17)

Escala el conflicto armado y la crisis humanitaria en Yemen. Las fuerzas al-houthistas lanzaron un ataque con misil balístico contra Arabia Saudita el 6 de noviembre, que fue interceptado cerca de la capital, Riad. La coalición liderada por Arabia Saudita lo consideró un acto de guerra de Irán, al que considera suministrador del armamento. A su vez, el ataque estuvo precedido de bombardeos de la coalición en la gobernación de Saada a comienzos de mes, con cerca de unas cuarenta víctimas mortales. En respuesta al lanzamiento del misil, la coalición anunció el bloqueo temporal de todos los puertos marítimos, aéreos y terrestres de Yemen, tanto a cargamentos comerciales como humanitarios. Organizaciones humanitarias y agencias de la ONU, entre otros, expresaron grave preocupación por el bloqueo. En un comunicado conjunto, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la OMS alertaron de que el bloqueo podría suponer la muerte de miles de personas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU alertó que si no se levantaba el bloqueo podría darse una situación de hambruna que afectase a millones de personas. La ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) calificó el ataque con mísil de aparente crimen de guerra, al tiempo que alertó de que el ataque no podía justificar una medida de agravamiento de la catástrofe humanitaria que afecta a Yemen. El 13 de noviembre, Arabia Saudita anunció el levantamiento del bloqueo a los accesos bajo control del gobierno yemení. Unos días después, Arabia Saudita accedió a levantar el bloqueo de algunos de los accesos restantes, incluyendo el puerto de Hodeidah y el aeropuerto de Saná, ambos bajo control al-houthista. El 25 de noviembre, cuatro vuelos de organizaciones y agencias humanitarias pudieron acceder al aeropuerto de la capital, Saná, mientras un día después pudo llegar un cargamento de ayuda a Hodeidah. Desde el Programa Mundial de los Alimentos se enfatizó a finales de mes que se necesitaba aún el levantamiento del bloqueo a las importaciones comerciales para poder cubrir necesidades de alimentación a las que no llega la ONU. UNICEF señaló a finales de mes que 11 millones de niños y niñas, prácticamente toda la población menor del país, estaba en situación de necesidad aguda de asistencia. Por otra parte, se incrementó la tensión en la alianza entre los al-houthistas y las fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, con choques en Saná a finales de mes, con varias víctimas mortales. (UNICEF, OCHA, UN, Reuters, The Guardian, El País, 1-30/11/17)

Se incrementó notablemente la tensión entre Corea del Norte y parte de la comunidad internacional después de que Pyongyang llevara a cabo con éxito un ensayo con un misil balístico intercontinental (Hwasong-15). Este ensayo generó una enorme inquietud porque, según algunos expertos, este misil habría alcanzado una altitud netamente superior a la de ensayos anteriores y denota la capacidad de Corea del Norte de impactar en cualquier parte del EEUU continental. En este sentido, algunos científicos señalaron que, si bien el recorrido del mencionado misil fue de unos 4.500 quilómetros, tendría un alcance de unos 13.000 quilómetros. Además, Corea del Norte anunció que este tipo de mísiles podían llevar adosadas cabezas nucleares de grandes dimensiones y declaró que con este ensayo se finalizaba el programa balístico y se culminaba la tarea de convertir a Corea del Norte en una potencia nuclear. El Gobierno de EEUU mostró su preocupación y admitió que este nuevo tipo de misiles podían impactar en prácticamente cualquier parte del mundo y suponían una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales. A pesar de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, mostró su compromiso con una solución dialogada para la desnuclearización de la península coreana, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer nuevas e importantes sanciones, mientras que algunos congresistas declararon públicamente que no descartaban la opción militar para poner fin al programa nuclear norcoreano. Poco antes de este ensayo balístico, un oficial norcoreano había declarado que EEUU no iniciría una aproximación diplomática a la resolución del conflicto hasta que se dieran dos condiciones y Corea del Norte demostrara: un ensayo con misilies balísticos intercontinentales y un ensayo nuclear en superficie. (CNN, 30/11/17; NYT, 29/11/17; The Guardian, 05/11/17)

Aunque el Gobierno dio por finalizada la operación militar contra el grupo Maute a finales de octubre tras cinco meses de graves enfrentamientos, durante el mes de noviembre se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos cercanos o vinculados al grupo Maute, como Abu Sayyaf o el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Cabe destacar especialmente la ofensiva militar terrestre y aérea de las Fuerzas Armadas contra la facción del BIFF liderada por Esmael Abdulmalik alias Comandante Toraife, sobre el que sospecha que tiene vínculos directos con Estado Islámico e incluso que podría haber sucedido a Isnilon Hapilon, que falleció en los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo Maute en Marawi, como máximo responsable de Estado Islámico en Filipinas y en el Sudeste Asiático. Sin embargo, también trascendió en algunos medios que fuentes policiales consideraban que el relevo de Isnilon Hapilon pudo haber sido tomado por el combatiente malasio Mohammed Amin Baco, a pesar de que el Ejército señaló que éste falleció en la mencionada ofensiva en Marawi. La operación militar contra Toraife en las provincias de Maguindanao y Cotobato Norte provocó el desplazamiento forzoso de unas 5.000 personas. Las Fuerzas Armadas también llevaron a cabo varios operativos contra las fuerzas del subcomandante del BIFF Ismael Abubakar alias Comandante Bungos cerca de las ciudades de Datu Unsay y Shariff Aguak. En ambos casos, el Ejército coordinó sus operatives con el MILF para evitar malentendidos y enfrentamientos indeseados. Cabe recordar que el BIFF surgió como una escisión del MILF que se oponía al proceso de paz. Finalmente, también cabe destacar la detención de tres miembros de Abu Sayyaf que, según el Gobierno, pretendían atentar contra la cumbre de ASEAN que se celebró en Manila durante el mes de noviembre. A principios de noviembre, seis soldados murieron y otros cuatro resultaron heridos en la isla de Basilan en una emboscada de Abu Sayyaf. Tanto el Gobierno como algunos analistas han mencionado recientemente el reto a la seguridad del país que suponen estos grupos, pero a la vez han señalado que éstos no disponen del armamento, los contactos internacionales y el carisma de los líderes del grupo Maute. (CNN, Rappler y Inquirer, 15/11/17; La Vanguardia, 09/11/17; Sunstar, 13/11/17; Aranbews, 08 y 12/11/17)

Se producen varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y los diferentes grupos insurgentes que operan en el estado. Siete personas, seis insurgentes y un policía, murieron el 18 de noviembre en enfrentamientos en la población de Hajin, en el distrito de Bandipora. Esta zona está fuertemente afectada por el conflicto armado y la población local ha denunciado en repetidas ocasiones la arbitrariedad de las acciones de las fuerzas de seguridad, con frecuentes operaciones militares con graves impactos sobre la población civil. Según la BBC, está población ha servido de zona de tránsito y de base para el grupo armado Lashkar-e-Taiba. Ante la noticia de que se estaban produciendo enfrentamientos armados, se convocaron manifestaciones de protesta por la acción de las fuerzas de seguridad indias en varios puntos del Estado. También se produjeron movilizaciones sociales después de los enfrentamientos que tuvieron lugar en el distrito de Budgam, y en los que murieron cuatro insurgentes y en el distrito de Baramulla, donde murió un integrante del grupo armado de oposición Jaish-e-Mohamad. Por otra parte, la comisión de derechos humanos estatal instó al Gobierno a investigar más de 2000 tumbas no identificadas en el plazo de seis meses. Las organizaciones de familiares de desaparecidos habían denunciado la existencia de cerca de 4.000 fosas comunes no identificadas en las zonas cercanas a la frontera. (Al Jazeera, 3, 18 y 30/11/17)

La Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, visita la zona norte del estado de Rakhine, la más afectada por el conflicto armado desde los enfrentamientos en el mes de agosto entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición rohingya que hasta el momento ha provocado el desplazamiento forzado de más de 600.000 personas rohingya, que en su mayoría se han refugiado en Bangladesh. Diferentes organismos y personalidades internacionales se pronunciaron sobre la situación en el país. El Consejo de Seguridad emitió una declaración presidencial, al no lograr el consenso de Rusia y China para la aprobación de una resolución, en la que se condenaban tanto los ataques por parte del ARSA contra las fuerzas de seguridad birmanas como la violencia sistemática y generalizada por parte de éstas contra la población rohingya en las posteriores operaciones militares e instaba al Gobierno a no hacer un uso excesivo de la fuerza así como a investigar todas las violaciones de derechos humanos incluyendo la violencia sexual. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson calificara de limpieza étnica las operaciones militares del Ejército. Además, el mes concluía con la visita al país del Papa Francisco en la que se reunió con diferentes líderes religiosos así como con Aung San Suu Kyi. Durante su visita evitó utilizar la palabra rohingya, lo que le valió críticas de organizaciones de derechos humanos. Por otra parte, también en el estado Rakhine se intensificaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición AA, provocando el desplazamiento forzado de centenares de personas. En el episodio de violencia más grave murieron 11 soldados y 14 resultaron heridos. (The Irrawaddy, 2, 7, 9, 14 y 28/11/17)

Dimite el ministro de Justicia de Pakistán, tras las intensas protestas y disturbios en diferentes ciudades del país que tuvieron lugar a lo largo del mes de noviembre en los que murieron al menos seis personas. La dimisión se produjo después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los líderes de las protestas, encabezadas por la organización religiosa TLYR, que acusaban al ministro de blasfemia por haber impulsado una reforma electoral en la que se modificaba la formulación de la creencia en el Profeta Mahoma y que el TLYR interpretaba también como una suavización de la designación de la comunidad ahmadí como no musulmana. El TLYR organizó multitudinarias protestas que desembocaron en episodios de violencia y enfrentamientos con la policía. Además de las seis personas que fallecieron, más de 200 resultaron heridas y el Gobierno desplegó al Ejército para restaurar el orden en la capital. El acuerdo alcanzado entre manifestantes y Gobierno para poner fin a las protestas e impedir que la violencia se expandiera por el país también se contempla la puesta en libertad de todas las personas detenidas en el marco de los disturbios. (Al Jazeera, 17, 26 y 27/11/17)

La situación en el este de Ghouta –una de las denominadas zonas de desescalada– se deteriora durante el mes, con un incremento de ataques militares del régimen sirio. En torno a unas setenta personas murieron y varios cientos resultaron heridos en las dos últimas semanas de mes, según un balance de The Guardian, y al menos 150 según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El asesor humanitario del enviado especial de la ONU, Jan egeland, alertó a principios de mes de que la población civil en las zonas bajo asedio del este de Ghouta hacía frente a una situación de catástrofe, debido a los ataques y la falta de acceso humanitario. El relator especial sobre el derecho a la salud y la relatora especial sobre el derecho a la alimentación emitieron un comunicado conjunto el 10 de noviembre instando al fin de los impedimentos a la asistencia, con el fin de poder garantizar suministros humanitarios, incluyendo suministros médicos y alimentación, a cientos de miles de civiles atrapados en la zona del este de Ghouta –450.000 según un comunicado del alto comisionado para los derechos humanos de finales de octubre. La ONU anunció el 28 de noviembre que el Gobierno sirio había aceptado un alto el fuego en el este de Ghouta a propuesta de Siria. Según el enviado de la ONU, Steffan de Mistura, no era casualidad que la propuesta y acuerdo tuvieran lugar el mismo día que se iniciaba una nueva ronda del formato negociador de Ginebra. De Mistura señaló que la situación en el este de Ghouta involucraba a una sola parte en la acción militar, el régimen sirio. Por otra parte, el Ejército sirio y fuerzas aliadas tomaron la localidad de Abu Kamal (gobernación de Deir ez-Zor, frontera con Iraq) el 19 de noviembre, en un segundo asalto tras una ofensiva el 8 de noviembre –tras la cual ISIS recuperó parte de la ciudad–. Previamente el Ejército sirio había tomado el 3 de noviembre la localidad de Deir ez-Zor. Mientras, continuaron los ataques en Idlib, con ataques de fuerzas del régimen en áreas del este y sur de la provincia. En el contexto de ofensivas militares del régimen y avances territoriales, los líderes ruso y sirio, Vladimir Putin y Bashar al-Assad, afirmaron que la fase militar del conflicto estaba llegando a su fin. Así lo expresaron en la reunión bilateral celebrada en Sochi (Rusia) el 20 de noviembre previa a la cumbre trilateral entre Rusia, Irán y Turquía del 22 de noviembre en que las partes respaldaron el plan ruso de celebrar un diálogo nacional sirio en Sochi, sin fecha. (Al Jazeera, 28/11/17; ACNUDH, 10/11/17; Security Council Report, 30/11/17; The Guardian, Reuters, 1-30/11/17)

La situación en el país continúa siendo de extrema gravedad cuatro años después del inicio del conflicto entre los diferentes actores del escenario sursudanés, según destaca el Security Council Report. Persiste la grave situación humanitaria, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, presión a actores políticos opositores) y el clima de inseguridad reinante. En lo concerniente a la seguridad, los enfrentamientos entre el Gobierno y los actores opositores son permanentes en numerosas áreas del país, entre las que se incluyen las regiones de Equatoria y el Alto Nilo, y se teme que se produzca un incremento de la violencia debido a la proximidad de la estación seca y la mejora de la movilidad, que tradicionalmente se traduce en un incremento de los niveles de violencia. Según OCHA, hay 1,86 millones de personas desplazas internas y 2,1 millones de personas refugiadas en los países vecinos, cifra que no para de aumentar (los enfrentamientos en octubre en Equatoria Central han provocado 17.300 nuevos refugiados hacia Uganda). Aproximadamente 4,8 millones de personas se enfrentan a una grave situación de inseguridad alimentaria, cifra que a principios de 2018 se elevará, previsiblemente, a 5,1 millones, de los cuales 1,1 son menores, según ha alertado Save the Children. Se produjo un incremento de la tensión en Juba como consecuencia del arresto domiciliario el 1 de noviembre del antiguo jefe del Estado Mayor, el general Paul Malong, al que se exigió la reducción de su protección privada, lo que provocó tensión entre los cuerpos de seguridad sursudaneses y la milicia privada, lo que forzó la mediación de un grupo de elders, y a mediados de noviembre se alcanzó un acuerdo y se redujo la presencia militar por ambas partes y se puso fin al arresto domiciliario, en vigor desde que fuera cesado en mayo. (Security Council Report, PRIO Monitoring South Sudan e International Crisis Group, noviembre 2017, Reuters, 22/11/17)

Tienen lugar importantes movilizaciones en la capital del país, Lomé, exigiendo la dimisión del presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005, fecha en la que sucedió a su padre, el general Gnassingbé Eyadéma, quien dirigió el país durante 38 años. Las movilizaciones se han sucedido durante el mes de noviembre y principios de diciembre como consecuencia de la grave crisis política que padece el país desde hace tres meses, y que ha derivado en amplias movilizaciones en las que los cuerpos de seguridad gubernamentales han intervenido causando la muerte de al menos 16 personas hasta el momento. La oposición política exige el retorno a la Constitución de 1992, que instauró una limitación de mandatos presidenciales, denuncia la extrema represión de las manifestaciones pacíficas organizadas desde agosto y reclama una investigación independiente para determinar las responsabilidades. A finales de noviembre Gnassingbé anunció que en las próximas semanas se celebraría un diálogo con la oposición. Los presidentes guineano, Alpha Condé y el ghanés, Nana Akufo.Addo, se han implicado en el objetivo de establecer unas negociaciones que contribuyan a desatacar la situación, y han discutido diferentes propuestas y medidas para promover la desescalada de la crisis que deberán ser aprobadas en las próximas semanas. La oposición política, antes de cualquier negociación, previamente exige la liberación de las personas detenidas, el levantamiento del estado de sitio y el levantamiento de la prohibición de manifestación en las localidades del norte (Sokodé, Bafilo y Mango) y el retorno de los militares a las casernas. El partido en el poder ha prometido someter a referéndum una modificación de la Constitución que prevé limitar el mandato presidencial a dos, pero esta medida no tiene un carácter retroactivo, lo que significaría que el presidente Gnassingbé se presentara nuevamente en 2020 y 2025. Organizaciones y países de la región se han movilizado para poner fin a la crisis, que según el presidente nigeriano, podría adquirir dimensiones regionales. (Jeune Afrique, 20, 26/11/17; 03/12/17)

El conflicto armado entre Turquía y el PKK causa varias decenas de víctimas mortales en noviembre –unas cuarenta según la base de datos del International Crisis Group, de las cuales 26 insurgentes y 13 miembros de las fuerzas de seguridad; y más de medio centenar de insurgentes según el Ejército–. Continuaron los bombardeos contra posiciones del PKK en el norte de Iraq, así como operaciones militares en el sudeste. Entre los hechos de violencia, las comandantes del PKK Delal Amed (comandante de la guerrilla de mujeres del PKK, YJA STAR) y Aze Malazgirt murieron junto a 11 insurgentes más, en choques en la provincia de Sirnak, según la agencia prokurda Firat. Duran Kalkan, miembro del comité ejecutivo del KCK –estructura que agrupa al movimiento kurdo, incluyendo a las guerrillas–, anunció venganza por dichas víctimas. Por otra parte, el primer ministro turco, Binali Yildirim, afirmó el 1 de diciembre que se estaba muy cerca del final de la actividad del PKK en Turquía, debido a las recientes operaciones. En paralelo, continuaron las macro-detenciones contra personas acusadas de apoyar o pertenecer al PKK. Medios kurdos informaron de la detención de 74 personas en Adana, Mersin, Hatay y Antalya a finales de noviembre. Asimismo, continuó la presión contra organizaciones de derechos humanos. El co-presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD, por sus siglas en turco), Özturk Türkdogan, fue detenido en Ankara junto a otros activistas de derechos humanos el 9 de noviembre. En clave internacional, continuó la tensión entre Turquía y EEUU en torno al apoyo de EEUU a las guerrillas YPG/YPJ en Siria, entre otros ejes de tensión bilateral, si bien se abrió la puerta a una revisión de dicho apoyo militar. El Ministro de Exteriores turco Mevlut Cavusoglu afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había transmitido instrucciones para poner fin al suministro de armamento a las YPG tras una conversación entre Trump y el president turco, Recep Tayyip Erdogan. No obstante, declaraciones posteriores de representantes de la Casa Blanca se limitaron a afirmar que se llevarían a cabo ajustes en base a decisiones sobre los requerimientos en el campo de batalla, sin mencionar una finalización de las transferencias de armamento. (Hürriyet Daily News, Firat, ICG, Al Monitor, 1-30/11/17)

Igor Plótnitski, presidente de la autoproclamada república popular de Lugansk, anuncia su dimisión el 24 de noviembre, tras unos días de elevada tensión en el territorio bajo control rebelde. El 21 de noviembre se desplegaron en la ciudad hombres armados con uniformes sin identificar, que bloquearon todos los edificios administrativos de la localidad, y que hicieron recordar imágenes de la toma de control de Crimea. Además, decenas de vehículos militares fueron desplazados a la ciudad, incluyendo desde la autoproclamada república de Donetsk. El despliegue fue acompañado de un bloqueo informativo. La misión de la OSCE también señaló que había observado vehículos militares y hombres armados en el centro de Lugansk. Previamente, se había incrementado la tensión entre el Plótnitski y el ministro de Interior de la región, Igor Kornet, con acusaciones cruzadas. Los hechos fueron descritos como una lucha de poder entre ambas figuras en diversos medios. Analistas rusos lo interpretaron también como una proyección de las correlaciones de fuerzas rusas, según El País. Plótnitski fue sustituido por el jefe de los servicios de seguridad locales, Leonid Pasechnik, como presidente en funciones hasta próximas elecciones. Asimismo, Pótnitski fue designado representante de la administración de Lugansk en el proceso negociador de Minsk. El Gobierno ruso afirmó que la situación era de continuidad. Los hechos fueron seguidos con incertidumbre por Ucrania. Tras el despliegue militar del día 21, el presidente ucraniano convocó una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y las tropas fueron puestas en situación de alerta elevada. Por otra parte, en relación al conflicto armado entre Ucrania y las fuerzas rebeldes de Lugansk y Donetsk, el jefe de la misión de la OSCE alertó de la situación que atravesaban miles de personas, sin electricidad, gas ni agua y de la necesidad de garantías para el acceso humanitario y para la plena implementación de las zonas de seguridad, con el fin de reparar instalaciones clave dañadas. También el coordinador humanitario de la ONU en Ucrania, Neal Walker, expresó grave preocupación por los riesgos de que la escalada de enfrentamientos junto a infraestructura de agua, electricidad y gas en Donetsk suponga mayores interrupciones de los servicios básicos. Durante el mes continuaron produciéndose choques. La misión de la OSCE registró en la primera quincena de noviembre 11.425 violaciones del alto el fuego en torno a la línea de contacto y escaladas en diversas áreas, especialmente en la zona entre Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk, y al este y noreste de Mariúpol. Continuó la presencia de armamento pesado, incumpliéndose el acuerdo de Minsk. (NY Times, El País, Reuters, OSCE, 1-30/11/17)

El presidente Robert Mugabe dimite tras 37 años al frente del país. El Ejército había tomado el 15 de noviembre el control de las instituciones y tenía al presidente, de 93 años, retenido en su domicilio presidencial, el llamado “Tejado Azul”. A principios de noviembre Mugabe cesó a varios altos cargos del ZANU-PF, entre ellos al vicepresidente Emmerson Mnangagwa, lo que provocó una importante disputa interna del partido en el Gobierno, el ZANU-PF. Esta destitución fue impulsada por Grace Mugabe, según los analistas, que aspiraba a suceder a su marido. Desde entonces, la presión política le estaba acorralando, sobre todo después que su propio partido, el ZANU-PF, le suspendiera de sus funciones en la dirección del partido y que lanzara el proceso de destitución en la Asamblea Nacional. Mugabe, de 93 años y el presidente más anciano del mundo, se estuvo resistiendo e incluso desafió a todas las coacciones anunciando en directo en la televisión pública que se quedaba, al menos, hasta diciembre. Pero la facción de Mnangagwa, la de los veteranos de la guerra de independencia, ha acabado protagonizando la intervención militar y ha forzado la salida de Mugabe, que ha obtenido a cambio la inmunidad y una compensación multimillonaria. El ZANU-PF había iniciado el impeachment para destituirle y el partido histórico de la oposición, el MDC, secundaba la moción. Además, el Comité Central del ZANU-PF ha expulsado a Grace Mugabe y a una veintena de altos cargos del partido. Según anunció el secretario general del partido gobernante, Patrick Chinamasa, sería el exvicepresidente Mnangagwa quien tome posesión formalmente de la jefatura de Estado y seguirá al frente del país en lo que restaba de mandato de Mugabe, hasta septiembre de 2018. En este sentido, el 24 de noviembre ha sido nombrado Mnangagwa como nuevo presidente del país, y el Tribunal Supremo declaró que el golpe era “constitucionalmente permisible” y anuló el cese de Mnangagwa. Éste ha decretado una amnistía de 3 meses para favorecer el retorno de capitales públicos al país. (EP, 22/11/17; The Guardian, 22, 28/11/17)

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado que pedirá autorización para llevar a cabo una investigación oficial sobre posibles crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán. La fiscal ha señalado que se cumplen todos los criterios legales para dar comiendo a esta investigación. Aunque se desconoce que actores serán objeto de investigación, en informes previos se apuntaba a que talibanes, miembros del Gobiernos afgano así como integrantes de las Fuerzas Armadas de EEUU y de la CIA podrían haber sido responsables de este tipo de crímenes. Por otra parte, un informe del Gobierno de EEUU señaló que la insurgencia talibán había incrementado su control territorial con respecto al año anterior. En el último informe se apuntaba a un control talibán de 54 distritos sobre un total de 4017, un incremento del 5% en el último año. Por su parte, el Gobierno controla algo más del 50% de los distritos y el resto están siendo disputados. (Al Jazeera, 3/11/17 y Daily Times, 2/11/17)