Un atentado suicida contra el centro cultural chií Tebyan en Kabul causa la muerte de 50 personas, incluyendo dos menores de edad. Además, más de 80 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión que se produjo durante la celebración de una actividad en dicho centro. El centro también es la sede de una agencia de noticias iraní y varios periodistas se hallaban entre las personas que fallecieron como consecuencia del ataque que se produjo cuando uno de los atacantes se detonó a sí mismo. Otras dos personas podrían haber estado involucradas lanzando granadas al mismo tiempo. ISIS reivindicó el atentado, del que la insurgencia talibán se desmarcó. Días antes, ISIS reivindicó otro atentado suicida en las inmediaciones de las oficinas de los servicios de inteligencia afganos, en el que murieron 10 personas como consecuencia de la explosión. Las oficinas están en una zona próxima a varias embajadas, entre ellas la de EEUU. En los últimos meses esta organización ha llevado a cabo múltiples atentados en Kabul, después de que su capacidad en otras zonas del país, especialmente en la provincia de Nangarhar, de donde es originaria la rama afgana de ISIS, se viera seriamente mermada por las operaciones militares afganas y de EEUU. Otro atentado de enorme gravedad fue el que se produjo el 31 de diciembre durante la celebración de un funeral en la ciudad de Jalalabad, al este del país, cuando la explosión provocada por un atacante suicida causó la muerte de al menos 15 personas e hirió a otras 13, según señaló un portavoz oficial. El atentado no fue reivindicado. (The New York Times, TOLO News, 28/12/17; Reuters, 31/12/17; CNN, 25/12/17)

Persiste la grave situación de inestabilidad en el país como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la insurgencia secesionista de la región anglófona del país. En la división de Manyu, en la región de Suroeste, se produjeron nuevos enfrentamientos en diferentes localidades entre el 4 y el 25 de diciembre que causaron la muerte de hasta seis gendarmes y un soldado, cuatro de ellos en el ataque en la localidad de Kembong, elevando a 17 el número de víctimas mortales pertenecientes a los cuerpos de seguridad muertos en la región anglófona desde el inicio del conflicto en noviembre. El comandante de las Fuerzas Armadas en el Suroeste ha afirmado que numerosos soldados han desertado y se han unido a las milicias separatistas. Una unidad de élite del Ejército lanzó el 14 de diciembre una operación militar para recapturar diferentes localidades bajo control separatista. Se desconoce una cifra real de víctimas mortales de las milicias secesionistas o de la población civil acusada o sospechosa de apoyar a los grupos armados, aunque las fuerzas de seguridad camerunesas han llevado a cabo operaciones de castigo en localidades proindependentistas (como Kembong y Babong) que han provocado el desplazamiento forzado de población hacia Nigeria, unas 38.000 personas. Ante esta situación, la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland, ha visitado Camerún, donde se ha reunido con el presidente Paul Biya, al que le ha trasladado su preocupación por la situación, ha realizado un llamamiento a la población a preservar la paz y la unidad y a privilegiar el diálogo. Scotland se ha reunido con diferentes actores políticos y sociales del país. Biya ha denunciado los ataques realizados por “extremistas” y ha recordado que su compromiso en favor del bilingüismo y la multiculturalidad, así como a la defensa del territorio nacional. (Jeune Afrique, 03, 04, 20/12/17)

Más de 20 combatientes del Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), escisión del MILF opuesta al proceso de paz, mueren en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en las provincias de Cotobato Norte y Maguindanao durante los últimos días del mes de diciembre. Las Fuerzas Armadas, cinco de cuyos miembros resultaron muertos o heridos, utilizaron bombardeos aéreos para atacar las posiciones del BIFF y para tomar uno de los campamentos de entrenamiento del BIFF. El contingente del BIFF que se enfrentó al Ejército, la tercera facción del BIFF, está liderado por Esmael Abdumalik (alias Abu Toraife), identificado por el Gobierno como la persona que podría haber sucedido a Isnilon Hapilon como principal responsable de Estado Islámico en el Sudeste Asiático. Once miembros del BIFF murieron en Cotobato Norte en la ofensiva militar entre los días 21 y 23 de diciembre, mientras que otros 13 lo hicieron en los bombardeos aéreos en la provincia de Maguindanao el día 25 de diciembre. Según algunas fuentes, ocho de las 13 víctimas mortales podrían ser menores de edad. Como represalia por esta última acción del Ejército, a finales de diciembre el BIFF asesinó a un líder comunitario del grupo indígena Teduray. Por otra parte, las Fuerzas Armadas advirtieron a mediados de diciembre que el grupo Maute, cuyos enfrentamientos con el Ejército entre finales de mayo y finales de octubre provocaron la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 400.000 personas en la ciudad de Marawi, seguía reclutando a civiles en la región de Lanao del Sur. Por su parte, las Fuerzas Armadas anunciaron que proseguía la operación de captura de Abu Dar, uno de los principales del grupo Maute que consiguió escapar de Marawi con alrededor de 40 combatientes. El Gobierno confirmó la muerte de los siete hermanos Maute, incluyendo a los dos fundadores y máximos dirigentes del grupo, Omar y Abdullah. Finalmente, cabe destacar que a mediados de diciembre el Congreso decidió, a petición del presidente, prorrogar la ley marcial en Mindanao hasta el 31 de diciembre de 2018. (Inquirer, 23 y 28/12/17; Manila Times, 26/12/17; Phistar, 28/12/17)

El Gobierno denuncia a principios de diciembre un incremento en el número y la intensidad de ataques por parte del NPA, poco después de que el presidente, Rodrigo Duterte, decretara formalmente la suspensión de las conversaciones de paz, calificara de terroristas a los miembros del NPA y del NDF y ordenara la búsqueda y detención de aquellos miembros de ambas organizaciones que habían sido liberados con motivo de las mencionadas negociaciones de paz. Durante dicho mes de noviembre, Manila contabilizó 47 ataques, entre los que se incluyen emboscada y secuestro de civiles. En el mismo periodo, el Gobierno llevó a cabo 73 operaciones contra el NPA. El Gobierno comunicó que desde el inicio de las conversaciones de paz a principios de febrero, 264 combatientes del NPA murieron o fueron arrestados, mientras que otros 573 se habrían entregado o rendido voluntariamente. A finales de mes, con motivo del 49º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Filipinas, el Gobierno advirtió sobre la posibilidad de que el NPA incrementara sustancialmente sus ataques. En dichas fechas, el NPA declaró estar preparado para la guerra de alta intensidad que el propio Duterte había anticipado de cara al 2018. Por otra parte, el Gobierno anunció la creación de dos batallones de infantería que serán desplegados en el Easter Mindanao Command, que cubre una región (el norte, sur, este y partes del centro de Mindanao) en el que opera aproximadamente el 50% de los efectivos del NPA. (Philstar, 04 y 17/1217; Inquirer, 17/12/17; CNN, 03/12/17)

El CICR advierte de las condiciones de vida de la población rohingya que ha quedado en el estado Rakhine, del que 650.000 personas han huido desde la grave ofensiva militar iniciada en el mes de agosto. 180.000 rohingyas permanecen en Myanmar sin poder recuperar la normalidad, puesto que persisten graves tensiones comunitarias en el estado. Por otra parte, la ONG Médicos sin Fronteras denunció que al menos 6.700 personas rohingya murieron como consecuencia de la violencia, incluyendo numerosos menores – más de 700 menores de cinco años–, en el primer mes después de que se iniciara la operación militar tras los atentados del grupo armado ARSA. Además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que no podía descartarse que en el futuro un tribunal calificara de genocidio los actos cometidos contra la población rohingya, y que se trataba de ataques perfectamente diseñados y planificados, al tiempo que exigía una mayor acción de la líder birmana Aung San Suu Kyi para detener la acción militar. Por otra parte, el grupo armado de oposición kachin KIA señala que las últimas ofensivas en el norte del país por parte de las Fuerzas Armadas serían un indicio de que se prepara una operación a gran escala en las zonas bajo el control de la insurgencia. Las Fuerzas Armadas de Myanmar acostumbran a lanzar las mayores ofensivas en octubre, coincidiendo con el inicio de la estación seca, pero algunos medios locales han señalado que como consecuencia de la escalada del conflicto armado en Rakhine y la grave crisis humanitaria que atraviesa la población rohingya, en esta ocasión el Ejército habría optado por un perfil más bajo. No obstante, sigue bloqueado el acceso a la población desplazada interna como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el KIA. (The Irrawaddy, 14, 15 y 18/12/17)

Al menos nueve personas murieron como consecuencia de un atentado contra una iglesia en Quetta y más de 40 resultaron heridas. Dos atacantes suicidas atacaron la iglesia en el momento en que centenares de personas asistían a una ceremonia religiosa con motivo de la navidad. Uno de los atacantes murió tiroteado por la policía a la entrada de la iglesia mientras que el segundo hizo estallar un cinturón con explosivos al entrar en la iglesia. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque el Gobierno pakistaní afirmó que el atentado había tenido lugar debido al santuario para el terrorismo que representa Afganistán. El Gobierno pakistaní ha negado en repetidas ocasiones que ISIS tenga una presencia organizada en el país, a pesar de que ha reivindicado varios atentados en los últimos años. (The Indian Express, 17/12/17; The New York Times, 17/12/17)

Persisten los ataques de Boko Haram en la región camerunesa del Far North, cometiendo diversas acciones (básicamente atentados suicidas) que han provocado la muerte decenas de personas. El departamento de Mayo-Sav, fronterizo con Nigeria, se ha convertido en el principal escenario de ataques y acciones suicidas atribuidas a Boko Haram. Desde 2014, año en el que Camerún inicia su lucha contra Boko Haram, el grupo ha ejecutado a unas 2.000 personas, entre civiles y militares, y alrededor de un millar de personas han sido secuestradas por el grupo en la región, según destaca el International Crisis Group. Desde su aparición hace 8 años, Boko Haram ha causado la muerte de unas 20.000 personas en toda la región del Lago Chad, que comprende Nigeria, Camerún, Níger y Chad. (Jeune Afrique, 31/12/17)

Diversas protestas en diferentes lugares del país organizadas por la Iglesia Católica y otros actores de la sociedad civil apoyadas por la oposición política el 31 de diciembre acaban siendo reprimidas con dureza por parte de los cuerpos de seguridad gubernamentales causando al menos ocho víctimas mortales y centenares de personas arrestadas. El secretario general de la ONU y diversas cancillerías habían realizado un llamamiento al Gobierno a que permitiera el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica, aunque el Gobierno respondió con el uso de fuego real, lanzamiento de gases lacrimógenos y un importante despliegue securitario, bloqueo de la circulación y la prohibición de la convocatoria de manifestaciones. Los cuerpos de seguridad irrumpieron en las celebraciones eclesiásticas para reprimir cualquier acto de protesta contra el presidente del Gobierno. El 31 de diciembre de 2016 se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y la oposición política mediado por la Iglesia Católica según el cual debían celebrarse elecciones presidenciales antes de finalizar 2017, prolongando el mandato de Joseph Kabila por un año. La principal coalición opositora fracasó en la movilización organizada para el 19 de diciembre, un año después del fin del segundo mandato del presidente Joseph Kabila. Los manifestantes que Kabila anunciara que no volvería a ser candidato a las elecciones y que se estableciera un calendario electoral consensuado en lugar del actual, que prevé celebrar elecciones el 23 de diciembre de 2018. (Jeune Afrique, Al-Jazeera, The Guardian, 31/12/17)

Un nuevo balance del atentado más mortífero de la historia del país, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre, eleva la cifra de víctimas mortales a 512 muertos, respecto a la cifra ofrecida a finales de octubre que alcanzaba las 358 víctimas mortales. El atentado sigue sin ser reivindicado, aunque las autoridades no tienen ninguna duda de que al-Shabaab está detrás de este desastre. A esta cifra deben sumarse otras 295 personas heridas de diversa gravedad como consecuencia del atentado, y hay otras 70 personas que están desaparecidas y que también podrían haber muerto en el atentado, según ha destacado Abdulahi Mohamed Shirwac, presidente del comité de operaciones de urgencia del país, comité compuesto por 11 miembros puesto en marcha tras este grave atentado. EEUU ha intensificado las operaciones militares en el país en las últimas semanas con operaciones con drones contra los islamistas locales, al-Shabaab y los miembros yihadistas que se han unido a las filas de Estado Islámico en el país. El clima de seguridad sigue siendo frágil, con acciones y atentados recurrentes en zonas rurales y en Mogadiscio. (Jeune Afrique, 02/12/17)

Las milicias al-houthistas matan al ex presidente yemení Ali Abdullah Saleh el 4 diciembre en la capital, Saná, tras varios días de grave escalada de la violencia entre los al-houthistas y las fuerzas leales a Saleh, que causó la muerte de al menos 230 personas y miles de heridos –según balance en The Guardian-. Tras meses de crecientes tensiones dentro de la coalición de fuerzas rebeldes que unía a los al-houthistas y a las fuerzas leales a Saleh contra el régimen de Abdu Rabbu Mansour Hadi, la intensificación de la violencia en diciembre y el asesinato de Saleh marcan la desintegración de la coalición rebelde. Saleh había anunciado en un discurso televisivo el 2 de diciembre que estaba preparado para una nueva página en las relaciones con la coalición internacional que apoya a Hadi, y que buscaba el diálogo con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los al-houthistas tomaron pleno control de la capital y detuvieron a más de 40 periodistas. A su vez, la coalición internacional intensificó sus bombardeos contra Saná y provincias del norte, que mataron a al menos 136 civiles desde el 6 diciembre, según informó la ONU el día 19. Entre los ataques aéreos, un bombardeo impactó sobre una cárcel en Saná el 13 de diciembre, matando a 45 presos considerados leales a Hadi. Otro ataque mató a 14 menores y seis adultos en una granja en la provincia de Hodeidah el 15 de diciembre. Además, en otro balance emitido el 28 de diciembre, la ONU informó de 109 víctimas mortales civiles en bombardeos de la coalición internacional entre el 18 y 20 de diciembre. Asimismo, Arabia Saudita interceptó un misil balístico dirigido contra la capital, Riad, el 19 de diciembre, sin víctimas, en un nuevo ataque con misil de los al-houthistas. Un informe del secretario general de la ONU señaló que la ONU investiga la posible transferencia de misiles balísticos por parte de Irán a las fuerzas al-houthistas. Por otra parte, el Ejército yemení tomó la localidad de Bayhan el 15 de diciembre, una de las últimas posiciones al-houthistas en el sur, estratégica por su ubicación en una vía que conecta las provincias de Shabwa y Marib. Decenas de combatientes murieron en los enfrentamientos. Por otra parte, tras mayores presiones internacionales, Arabia Saudita aceptó el 20 de diciembre levantar el bloqueo sobre el puerto de Hodeidah para un periodo de 30 días, permitiendo la entrada de suministros humanitarios y barcos comerciales, incluyendo de combustible y alimento. (The Guardian, 2, 4, 6, 14, 21/12/17; Reuters, 4, 15, 19, 28/12/17; Al Monitor, 20/12/17)

Se incrementa la tensión en la península coreana después de que los Gobiernos de Corea del Sur y EEUU, así como Naciones Unidas, impusieran nuevas sanciones a Corea del Norte tras el ensayo de un misil balístico intercontinental que Pyongyang llevó a cabo a finales de noviembre. Por otra parte, el Gobierno norcoreano también reaccionó con contundencia a los mayores ejercicios militares aéreos conjuntos entre EEUU y Corea hasta el momento, que tuvieron lugar a principios de diciembre. Poco después de estos ejercicios militares, el Gobierno de Japón anunció su intención de comprar nuevos sistemas antimisiles y de adquirir misiles con capacidad de impacto en Corea del Norte. (CNN, New York Times, The Guardian, 24/12/1; BBC, 29/12/17)

Las fuerzas de seguridad indias matan a Noor Mohammad Tantray, líder del grupo armado de oposición Jaish-e-Mohammad. La muerte del insurgente se produjo como consecuencia de un intenso tiroteo en la ciudad de Srinagar. Después de que se difundiera la noticia de su muerte se iniciaron manifestaciones contra la presencia de las fuerzas de seguridad indias en el valle de Cachemira, tal y como ha sucedido en varias ocasiones durante este año después de que se registraran enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados que operan en la zona. Al menos seis manifestantes resultaron heridos como consecuencia de la respuesta policial a las protestas. Días antes, dos insurgentes y una mujer habían muerto en otro tiroteo con las fuerzas de seguridad en el distrito de Shopian 2017 ha sido escenario de un repunte de la violencia armada y se ha registrado el mayor número de víctimas mortales como consecuencia del conflicto armado desde el año 2010. (The Guardian, 26/12/17; The Daily Star, 20/12/17)

Decenas de miles de personas se movilizan desde finales de diciembre contra el gobierno y el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en una veintena de ciudades del país. Al menos dos personas murieron en la localidad de Doroud (oeste), después de que la Policía abriera fuego contra manifestantes que habrían intentado tomar la sede del gobernador local. Las protestas se iniciaron el día 28 en la localidad de Mashhad, y se extendieron a otros núcleos. Del foco inicial en la denuncia del desempleo, la corrupción y la subida de precios en productos básicos, las protestas pasaron a incorporar también diversas proclamas contra el Gobierno y contra el ayatolá Jamenei. Algunos análisis señalan que las protestas podrían haber estado iniciadas por sectores conservadores, contrarios al presidente moderado Hassan Rouhani, y que habrían seguido después dinámicas propias. Las autoridades iraníes desplegaron fuerte presencia policial, si bien no desplegaron a la Guardia Revolucionaria ni a la milicia Basij. El Consejo de Seguridad Nacional decidió bloquear las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, mientras el Gobierno suspendió los planes de subir el precio de los combustibles. Rouhani reconoció el derecho de la población a la protesta, pero afirmó que la violencia y los daños a la propiedad no eran aceptables. También rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump en apoyo de las protestas. Asimismo, también se produjeron movilizaciones pro-gubernamentales el 30 de diciembre, convocadas con anterioridad a las protestas contra el régimen. (Reuters, 29-31/12/17; The Guardian, 30-31/12/17)

El presidente Uhuru Kenyatta ha afirmado que la fase para promover el diálogo ya ha culminado por lo que rechaza mantener conversaciones con la oposición ya que las elecciones dieron un resultado electoral. Según él, la prioridad debe ser el desarrollo del país hasta el próximo ciclo electoral en 2022. El anuncio del candidato opositor derrotado, Raila Odinga, de nombrarse nuevo presidente, ha sido pospuesto para 2018 por presiones internacionales para evitar una escalada de la situación, anuncio que el Gobierno calificó de acto de traición si se producía. Odinga consiguió que la justicia del país procediera a repetir las elecciones de agosto en octubre por las irregularidades detectadas, pero éste decidió boicotearlas afirmando que no se habían producido las suficientes reformas electorales para garantizar un proceso creíble, por lo que afirmó que no reconocería la legitimidad de la victoria de Kenyatta, pero que se mantenía abierto a promover un diálogo político que pusiera fin a la situación de tensión. Organizaciones locales e internacionales han denunciado durante diciembre la muerte de decenas de decenas de personas en enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y simpatizantes opositores. La Kenyan National Commission on Human Rights publicó un informe el 20 de diciembre en el que analizaba los acontecimientos ocurridos durante el periodo entre septiembre y noviembre de 2017, en el que documentaba la muerte de 92 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos y por la actuación policial, y por otro lado también constató la existencia de un mínimo de 86 casos documentados de violencia sexual durante el periodo electoral. (Fox News, 09/12/17; Kenyan National Commission on HR, 20/12/17)

Diez personas resultan heridas a causa de la explosión de una bomba en un establecimiento de una cadena de supermercados en San Petersburgo el 27 de diciembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el suceso de atentado terrorista. El grupo armado ISIS se atribuyó la explosión a través de la agencia de noticias Amaq, si bien algunos análisis cuestionaron la falta de evidencias al respecto. El supuesto autor de los hechos, cuya detención se anunció el 30 de diciembre, fue acusado con cargos de terrorismo. El atentado tiene lugar semanas después de que trascendiera que la CIA proporcionó información a Rusia que le habría permitido frustrar este mes diversos atentados con bomba en San Petersburgo, incluyendo planes de ataque contra la catedral de Kazán, según informó el Kremlin. Siete personas fueron detenidas entonces en relación a esos supuestos planes. A su vez, la ciudad de San Petersburgo se vio afectada en abril por un atentado contra el metro, que causó 15 víctimas mortales y en torno a 50 heridos. (The Guardian, BBC, LV, 27/12/17; RFE/RL, 30-31/12/17)

Inicialmente lanzado en noviembre de 2015, el 13 de diciembre de 2017 avanzaron las conversaciones sobre la creación de la fuerza conjunta G5 Sahel ante la situación de inestabilidad que afecta el norte de Malí y sus vecinos Burkina Faso y Níger, a los que se han sumado Chad y Mauritania, con el apoyo de Francia. En este sentido, tras la Cumbre del Clima celebrada en Paris, se han reunido los presidentes del G5 Sahel y de Francia junto a la canciller alemana, el primer ministro italiano, el ministro saudí de Exteriores y el presidente de la Comisión de la UA con el objetivo de discutir la financiación de la fuerza conjunta antiterrorista. Por el momento se han recabado ya dos tercios de los 450 millones de euros necesarios para su lanzamiento entre los que ya se habían anunciado y los compromisos realizados. Arabia Saudita ha anunciado que aportará 100 millones de dólares a la fuerza conjunta, mientras que EAU también ha anunciado una aportación de 30 millones de dólares. Aunque el presupuesto global sigue lejos de alcanzarse, el anuncio de EEUU de destinar una ayuda bilateral directa a los países miembros del G5 Sahel de 60 millones de dólares se suma a los realizados. El 13 de diciembre se ha acordado celebrar el próximo 23 de febrero de 2018 una nueva reunión en Bruselas para poder cerrar el presupuesto definitivo de la misión. Tras el lanzamiento de su primera operación a finales de octubre en las fronteras de Malí, Burkina Faso y Níger, se estima que la fuerza conjunta G5 Sahel estará plenamente operativa durante el primer semestre de 2018 y contará con 5.000 soldados pertenecientes a los 5 países miembros. (Jeune Afrique, 12, 13 y 31/12/17)

El presidente Omar al-Bashir decreta el estado de emergencia en dos estados que no están afectados por conflictos armados. Estos estados son Kassala, en el este, fronterizo con Eritrea, y el otro es Kordofán Norte, que se encuentra en el centro. El decreto presidencial establece un periodo de excepcionalidad de seis meses, sin mencionar las razones por la que se ha tomado esta decisión. El estado de emergencia ya se encuentra en vigor en siete estados afectados por conflictos armados en el país, como son los cinco estados de Darfur donde el Gobierno combate a la insurgencia darfurí desde 2003, y los estado de Kordofán Sur y Nilo Azul, donde se enfrenta a la rebelión del SPLM/A desde 2011. (Jeune Afrique, 30/12/17)

El conflicto en el este de Ucrania se ve afectado por un grave incremento de las violaciones del alto el fuego en noviembre, con un aumento del 50% en el número de incidentes registrados por la misión de la OSCE entre el 11 y 22 de diciembre con respecto a la segunda mitad de noviembre. También el enviado especial para Ucrania de EEUU, Kurt Volker, lo calificó de escalada masiva, señalando que se trataba de los peores enfrentamientos desde febrero de 2017. Entre los hechos de violencia, ocho personas resultaron heridas y más de 100 edificios fueron dañados en bombardeos en la localidad de Novoluhanske (bajo control de Ucrania, en Donetsk) el 18 de diciembre, según fuentes oficiales ucranianas. La violencia fue especialmente intensa en torno a Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk; así como al sur y sureste de Svitkodarsk (Donetsk); y en torno a las localidades de Popasna y Pervomaisk, en Lugansk. Tras la escalada de violencia, el Grupo Trilateral de Contacto anunció un nuevo alto el fuego tras su reunión del 20 de diciembre, tregua que entró en vigor el 23 de diciembre. Por otra parte, en el plano humanitario, las autoridades ucranianas y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk llevaron a cabo el mayor intercambio de prisioneros hasta la fecha. El Gobierno ucraniano liberó a 233 personas presas, mientras el régimen de Lugansk liberó a 16 y el de Donetsk a 58. Formalmente Ucrania liberaba a 306 personas, si bien en la práctica liberó ese día a 233. De las 73 restantes, parte habían sido puestas en libertad anteriormente, y otras rechazaron volver a áreas bajo control de los regímenes de Donetsk y Lugansk. También una persona liberada en Donetsk prefirió quedarse en ese territorio. El acuerdo de intercambio de prisioneros, facilitado por la OSCE y el Comité Internacional de la Cruz Roja, contemplaba mecanismos para abordar ese tipo de situaciones. (Hromadske, 20, 27/12/17; OSCE, 13, 27/12/17; UNIAN, 20/12/17; The Guardian, 27/12/17)

Según datos del centro de investigación Deep South Watch, la violencia vinculada al conflicto armado en el sur de país alcanzó en 2017 sus mínimos históricos desde el año 2004, en que se considera que se reanudó el conflicto. Desde entonces, unas 7.000 personas han muerto y otras 13.000 han resultado heridas. Según dicho centro de investigación, en 2017 murieron 235 personas y otras 356 resultaron heridas en 545 episodios de violencia registrados en el sur del país. Estas cifras son muy inferiores a las del año 2007, en el que 892 murieron y otras 1.681 resultaron heridas, e incluso a las del año anterior -2016-, en el que 309 personas murieron. Según Deep South Watch, la reducción de los niveles de violencia observados en 2017 está en sintonía con la disminución general de los umbrales de violencia que se observa en el sur del país desde que la entonces primera ministra Yingluck Shinawatra iniciara conversaciones de paz en 2013, que posteriormente fueron reanudadas en 2015 por la junta militar que depuso a Shinawatra. Además del impacto de las negociaciones de paz en la dinámica del conflicto, algunos autores sostienen que las principales causas que explican la reducción sostenida de la violencia en los últimos años son el incremento de las medidas de seguridad por parte del Estado y la mayor presencia de informantes sobre el terreno, la muerte en 2017 de dos de los principales líderes del BRN (el grupo al que se atribuyen la mayor parte de episodios de violencia), el hecho de que la violencia ya haya conseguido que buena parte de la población budista del sur del país ya haya abandonado la región o la voluntad por parte de los grupos armados insurgentes de ser más selectivos en la elección de sus objetivos militares. Según algunos analistas, el hecho de que el principal tema de la agenda sustantiva de las negociaciones sea el establecimiento de las denominadas zonas de seguridad también explica la reducción de los niveles de violencia. (The Sun Daily, 27/12/17; Benar News, 26/12/17)