Se celebra en Bruselas una reunión el 14 de octubre entre una delegación de líderes en el exilio del Conseil National pour le Respect de l’Accord d’Arusha (CNARED) y el presidente de Burkina Faso, Michel Kafando, que a su vez es el enviado especial del secretario general de la ONU en Burundi. La delegación de la CNARED, que es una plataforma de grupos opositores en el exilio y una parte de la oposición interna al presidente burundés, Pierre Nkurunziza, estuvo liderada por el profesor Charles Nditije. Según el comunicado del CNARED, los líderes opositores reiteraron su petición para celebrar un diálogo inclusivo interburundés. Kafando por su parte expresó su voluntad en facilitar una solución al conflicto político. Posteriormente, en las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos (CIRGL, que agrupa a todos los países de la región) el 19 de octubre, de la que Burundi es parte, se destacó la mejora de la situación de seguridad en el país, se instó a los países que acogen población refugiada burundesa que facilitaran su retorno al país y el comunicado también expresó su apoyo al diálogo interburundés promovido por la organización EAC. El Gobierno burundés rechazó participar en la reunión con la oposición acordada para octubre. Se espera, según las fuentes, que el diálogo se renueve en noviembre. El Gobierno aprobó una ley que propone reformas constitucionales que permitirían al presidente Nkurunziza presentarse a un cuarto mandato en 2020, y el nuevo borrador de Constitución deberá superar el referéndum que se celebrará en febero de 2018. (Security Council Report, ICG, CNARED, 16/10/17)

El nuevo informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre Chipre, afirma que las partes estuvieron cerca de alcanzar una solución al conflicto en Chipre en las negociaciones de junio en Suiza, con acercamiento en cuestiones estratégicas sobre seguridad y garantías, así como otros aspectos centrales. No obstante, no lograron alcanzar un acuerdo que abordarse las diferencias restantes, pese a la propuesta presentada entonces por el secretario general de un paquete de acuerdo con cuestiones relativas a territorio, igualdad política, propiedad, trato equivalente, seguridad y garantías. Tras la presentación del nuevo informe, ambas partes se acusaron mutuamente del bloqueo en las negociaciones. Ambas partes estarían a su vez en fase preparatoria para un reimpulso al proceso. El negociador greco-chipriota Andreas Mavroyiannis señaló que se espera una visita del subsecretario general Jeffrey Feltman antes de finales de año. Por otra parte, están previstas elecciones presidenciales en enero. (ONU, Cyprus Mail, Hurriyet Daily News, 1-31/10/17)

El líder del MILF, Ebrahim Murad, advierte que la lentitud del proceso de paz y los retrasos en la aprobación de la Bangsamoro Basic Law está creando descontento entre la comunidad moro y que ello podría ser aprovechado por organizaciones radicales como las que, desde el mes de mayo, se enfrentan a las Fuerzas Armadas en la región de Marawi. En la misma línea que Murad, el presidente, Rodrigo Duterte, señaló que un eventual fracaso del proceso de paz conllevaría la reanudación de un conflicto de alta intensidad en Mindanao, así como el fortalecimiento y la legitimación de organizaciones radicales y de las demandas de secesión. Pocos días más tarde de estas declaraciones, Duterte pidió al Congreso la tramitación con carácter urgente de la Bangsamoro Basic Law. Previamente, algunos congresistas habían advertido sobre los riesgos que entraña la aprobación de dicha ley. A principios de mes, una delegación diplomática (representantes de la UE, el Foro Regional de ASEAN (ARF), Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Alemania, Hungría, Francia y España) se reunieron con el MILF, la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, el International Monitoring Team y varias ONG para expresar su apoyo al proceso de paz. Además de financiar proyectos humanitarios y de desarrollo, la UE participa en el International Monitoring Team junto con unos 60 observadores de Brunei Darussalam, Indonesia, Japón, Libia y Noruega. Finalmente, cabe destacar que a finales de octubre el presidente de la Comisión de Transición de Bangsamoro, Ghadzali Jaafar, declaró que se posponía nuevamente (por tercer vez) la celebración de la denominada Asamblea Bangsamoro, prevista para el 3 y 4 de noviembre y en la que los contenidos de la Bangsamoro Basic Law deberían ser compartidos y discutidos con la sociedad civil. Según trascendió posteriormente, el motivo de este nuevo retraso en la celebración de esta asamblea era la participación de Rodrigo Duterte en la Cumbre de ASEAN, que preside el propio Duterte. Gulf News, 03/10/17; Al Jazeera, 23 y 24/10/17; Rappler, 03/10/17; Inquirer, 30/10/17

El Presidente, Rodrigo Duterte, ofrece puesto de trabajo y oportunidades económicas a los combatientes del NPA si se rinden dejan las armes o bien firman un cese de alto el fuego bilateral. Igualmente, Duterte declaró que todavía había esperanzas de una posible reanudación de las conversaciones de paz –canceladas desde el mes de julio– y a la vez expresó su apoyo a la iniciativa de su hija y alcaldesa de Davao, Sara Duterte-Carpio, de promover negociaciones de paz locales con el NPA en la región de Davao. Hasta el momento se ha conformado el Comité de Paz de la Ciudad de Davao y se han iniciado contactos exploratorios con comandantes del NPA en la región, y se ha acordado la fecha para la siguiente reunión (17 de noviembre). Estas declaraciones de Duterte en favor de una posible reanudación de las conversaciones de paz fueron reafirmadas tanto por el asesor presidencial para el proceso de paz, Jesus Dureza, como por el jefe del panel negociador con el Gobierno, Silvestre Bello III, que afirmaron a finales de octubre que las conversaciones de paz no han finalizado formalmente y que para que ello sucediera alguna de las dos partes tendría que solicitarlo por escrito, en cuyo caso la finalización de las conversaciones de paz entraría en vigor en 30 días. De hecho, Bello declaró que se mostraba optimista sobre el futuro del proceso de paz e hizo público su convencimiento de que se logrará un acuerdo de paz durante el mandato de actual presidente. Pocas semanas antes, el propio Duterte había declarado que debería ya ser el próximo presidente quien tuviera que abordar un eventual acuerdo de paz con el NDF. Además, Duterte advirtió que declararía la ley marcial sobre todo el territorio –y no solamente en una parte de Mindanao, como ocurrió recientemente a raíz de unos episodios de violencia protagonizados por el llamado Grupo Maute– si se incrementaba el riesgo o la amenaza que representa la actividad armada del NPA. Inquirer, 20/10/17 y 01/11/17; Manila Times, Mindanews y CNN, 01/11/17

Diversas organizaciones insurgentes denuncian que el proceso de paz está paralizado fruto de las profundas diferencias entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) del país. A estas diferencias se unirían también las divergencias entre los diferentes grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego, con diferentes enfoques acerca del proceso de paz. Un ejemplo de las divergencias entre Gobierno y Tatmadaw sería el hecho de que las Fuerzas Armadas estarían tratando de controlar la celebración de los diálogos políticos a nivel nacional promovidos por los grupos insurgentes étnicos y que contarían con el beneplácito del Gobierno. A pesar de que los enfrentamientos armados entre los grupos signatarios y el Ejército prácticamente han desaparecido, apenas se han producido avances en el proceso de diálogo político y la insurgencia denuncia la falta de preparación del nuevo equipo negociador en el Gobierno, así como el hecho de que cualquier decisión debe pasar por la Consejera de Estado lo que ralentiza el proceso. (The Irrawaddy, 20/10/17)

El clima político en RDC siguió siendo tenso. Los hechos apuntan a que el cronograma establecido por el acuerdo del 31 de diciembre de 2016 no se cumplirá. El acuerdo entre el gobierno y la oposición se diseñó para abordar el estancamiento político resultante del fracaso del presidente Laurent Kabila de renunciar al final de su segundo mandato a fines de 2016. Sin embargo, el 10 de octubre , la comisión electoral de la RDC (CENI) anunció que el registro de votantes en la turbulenta región de Kasai, que comenzó en septiembre, requeriría un total de tres meses para ser finalizado y que se necesitarían al menos 504 días para organizar las elecciones tras completar el registro de votantes. De acuerdo con este cronograma, la elección no se realizará hasta abril de 2019 o posteriormente. Félix Tshisekedi, líder opositor de la coalición Rassemblement e hijo del fallecido histórico líder opositor, Étienne Tshisekedi, anunció que el anunció de la CENI era una declaración de guerra, y tras esto, la CENI, el Gobierno y el comité establecido para supervisar la implementación del acuerdo de 31 de diciembre debía publicar un calendario electoral realista. El embajador de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, destacó la posible retirada del apoyo internacional a menos de que las elecciones se celebrarán antes de finales de 2018. Tshisekedi afirmó que Rassemblement aceptaría la fecha de elecciones en junio de 2018 si el presidente Kabila dimitiera a finales de 2017 y tomara las riendas de la fase de transición un gobierno de transición hasta la fecha electoral. (ICG, 24/10/17; Security Council Report, 31/10/17)

El Parlamento ucraniano aprueba en octubre, en medio de controversias e incidentes en la cámara legislativa y con protestas en la capital, la ley 7163-4, que prolonga la condición de estatus especial para las áreas de Donetsk y Lugansk fuera de control del Estado. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, defendió la aprobación de la ley y extensión del estatus como elemento clave para la implementación de los acuerdos de Minsk. Partidos de la oposición critican la condición de estatus especial por considerar que atenta contra la soberanía y unidad del país. No obstante, la ley no incluyó referencias específicas a los acuerdos de Minsk, mientras define como zonas “temporalmente ocupadas” a las áreas de Lugansk y Donetsk fuera de control de Ucrania y critica el papel de Rusia en dicha ocupación, aspectos que sí contaron con el apoyo opositor. Por otra parte, el enviado especial de EEUU para Ucrania, Kurt Volker, se reunió en Belgrado el 7 de octubre con Vladislav Surkov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir sobre la implementación de los acuerdos de Minsk. Asimismo, el ex secretario general de la OTAN y nuevo asesor del presidente de Ucrania, Anders Fogh Rasmussen, expresó rechazo a la propuesta de Rusia de septiembre de desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en la línea de contacto, señalando que eso podría consolidar el control de Rusia sobre las áreas de Lugansk y Donetsk fuera de control ucraniano, pero afirmó que Ucrania buscará reformular la propuesta, defendiendo la cobertura de todo el territorio del Donbas. (Reuters, RFE/RL, Itar Tass, 1-31/10/17)

Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sargsyan y Ilham Aliyev, respectivamente, se reúnen por vez primera desde junio de 2016. La cumbre tuvo lugar en Ginebra, bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE, órgano mediador en el proceso negociador en torno a Nagorno-Karabaj, que atraviesa estancamiento prolongado y fragilidad en la línea de alto el fuego. El comunicado conjunto emitido por los ministros de Exteriores de ambos países, presentes también en la reunión, y por los co-presidentes del Grupo de Minsk, señaló el clima constructivo del encuentro y la aceptación de las partes a adoptar medidas para intensificar el proceso negociador y adoptar pasos encaminados a reducir la tensión en la línea de contacto. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando la falta de mecanismos de participación en el proceso y alertaron sobre los riesgos de nuevos ciclos de violencia. (OSCE, ECP, 1-31/10/17)

El Gobierno indio nombra a Dineshwar Sharma, antiguo director de la oficina de inteligencia, como interlocutor para mantener conversaciones con diferentes actores en el estado indio de Jammu y Cachemira, encaminadas a encontrar una solución política al conflicto en este estado. Este nombramiento supone un cambio en la política gubernamental central en este estado, que hasta el momento había mantenido un enfoque de seguridad mediante continuas operaciones militares de contrainsurgencia. A pesar del cambio, numerosos actores en el estado de Jammu y Cachemira expresaron su escepticismo con respecto a las posibilidades de éxito de la vía negociada y de la voluntad real del Ejecutivo indio, ya que la desconfianza entre los diferentes actores es grande. Además, algunas organizaciones de derechos humanos han reclamado que se clarifique cuál es el mandato del interlocutor Sharma, puesto que anteriores procesos de diálogo fracasaron y se teme que vuelva a suceder lo mismo, si el mandato no es claro. En 2010 fracasó un intento de diálogo después de que las recomendaciones de los tres interlocutores gubernamentales no fueran seguidas por el Ejecutivo indio. (AL Jazeera, 26/10/17)

Se celebra una ronda de negociaciones de paz en territorio del estado de Nagalandia por primera vez en 20 años. Las negociaciones de paz se iniciaron en el extranjero en 1997 y se trasladaron a Delhi en 2002, pero no habían tenido lugar en Nagalandia. No ha trascendido el contenido de la reunión, que tuvo lugar en Diampur a puerta cerrada y en la que participaron seis grupos armados agrupados bajo el paraguas conocido como “Grupos Políticos Nacionales Naga” (NNPG): GPRN/NSCN (Kitovi Zhimomi), NNC, FGN, NSCN(R), NPGN (Non-Accord) y NNC/GDRN/NA. Así pues, se ha logrado la incorporación de nuevas organizaciones insurgentes al proceso de paz que hasta ahora había estado protagonizado por el NSCN-IM, después de que el NSCN-K rompiera las negociaciones. Según han recogido diversos medios de comunicación locales, el acuerdo final podría alcanzarse en diciembre. También se han multiplicado las voces que han destacado la importancia de presionar al NSCN-K para que se incorpore de nuevo al proceso. (NDTV, 24/10/17; Imphal Free Press, 23/10/17; The Northeast Today, 24/10/17)

Las formaciones políticas palestinas rivales Fatah y Hamás firman un acuerdo de reconciliación en El Cairo, con facilitación de Egipto, con el que poner fin al conflicto intrapalestino, tras fracasos de intentos anteriores en los últimos años. El pacto contempla la administración de Gaza por parte de un gobierno de unidad nacional a partir del 1 de diciembre; el traspaso del control de los pasos fronterizos de Gaza por Hamás a la Autoridad Palestina (AP); y el levantamiento de las restricciones impuestas por la AP a Gaza, como las restricciones de suministro eléctrico. Hamás hizo efectiva la entrega del control de los pasos fronterizos a la AP el 1 de noviembre. El acuerdo llegó precedido de un proceso de distensión entre las facciones palestinas. En septiembre Hamas ya expresó su disposición a ceder el control civil de la Franja a la AP con el fin aliviar el bloqueo económico de Egipto e Israel. Asimismo, el 3 de octubre el Gobierno de la AP se reunió en Gaza por primera vez desde 2014, y mantuvo conversaciones con los dos principales líderes de Hamas, Ismail Haniyah y Yahiya Sinwar. Pese a los avances en la reconciliación intrapalestina, el Gobierno israelí afirmó que no negociaría con un gobierno palestino que dependa de Hamás. Y exigió como condiciones el desarme de Hamás, su reconocimiento de Israel y la ruptura de relaciones con Irán, entre otras medidas. (The Guardian, BBC, 1/10/17-01/11/17)

El nivel de hostilidades armadas en Darfur ha seguido siendo significativamente menor que en años anteriores, y las fuerzas del Gobierno sudanés han vuelto a tomar la mayor parte del territorio previamente controlado por grupos rebeldes y ahora controlan Darfur. El alto el fuego unilateral, declarado por el Gobierno de Sudán a mediados de 2016, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre mediante decreto presidencial el 8 de octubre y comunicado el 17 de octubre al Consejo de Seguridad de la ONU y continuó siendo ampliamente respetado. Si bien la situación general de seguridad está mejorando, la región sigue siendo frágil y persiste un entorno de inestabilidad ante la violencia intercomunal, la proliferación de armas y las violaciones de los derechos humanos. OCHA señala que debido a los altos el fuego unilaterales del Gobierno y de la mayoría de grupos armados, se han producido menos conflictos vinculados al desplazamiento en Darfur durante los primeros nueve meses de 2017 que durante el mismo periodo en años anteriores, aunque la organización estima que existen 2,3 millones de personas desplazadas internas en condiciones de vulnerabilidad que necesitan asistencia en todo el país, incluyendo 2,1 millones en Darfur y 240.000 en las regiones de Blue Nile y Kordofán. (OCHA, 01/10/17; S/2017/876 de 18/10/17; Security Council Report, 31/10/17)

En un esfuerzo por revitalizar el proceso de paz y en preparación para su iniciativa de convocar un foro de revitalización de alto nivel, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) consultó por separado con el Gobierno, la oposición y actores de la sociedad civil en octubre. Una delegación de la IGAD se reunió con el líder de la oposición y ex primer vicepresidente Riek Machar en Sudáfrica el 4 de octubre. En esta reunión Machar expresó su compromiso con el proceso que promueve la IGAD, dijo su portavoz, lo que marca un aparente cambio de posición de una carta que Machar había enviado al secretario general de la ONU el 14 de septiembre. Una delegación del Consejo de Ministros de la IGAD, encabezada por el ministro de Exteriores de Etiopía, Workneh Gebeyehu, se reunió con el presidente Salva Kiir y su gabinete el 13 de octubre. Según los informes, los responsables gubernamentales de Sudán del Sur afirmaron que el gobierno apoyaba el foro de revitalización, pero pidieron aclaraciones sobre sus objetivos, que se espera que la IGAD presente por escrito. No obstante, la seguridad y la situación humanitaria en Sudán del Sur continuaron siendo muy graves. Los violentos enfrentamientos entre el gobierno y las fuerzas de la oposición persistieron en varias áreas del país. Según OCHA, el número de desplazados internos de Sudán del Sur es de 1,88 millones, mientras que otros 2,1 millones se han refugiado en países vecinos. Aproximadamente 6 millones de personas, la mitad de la población del país, enfrentan inseguridad alimentaria severa. La situación de los trabajadores de ayuda humanitaria sigue siendo extremadamente peligrosa, con 18 trabajadores humanitarios muertos desde el comienzo del año. (Security Council Report, 31/10/17)