El presidente, Rodrigo Duterte, firma a principios de diciembre una proclamación en la que declara al NPA y al Partido Comunista de Filipinas como organizaciones terroristas, pocos días más tarde de haber firmado otra proclamación presidencial en la que formalmente ponía fin a las conversaciones de paz. Además, poco después de estas decisiones, el Gobierno ordenó una intensificación de las operaciones militares contra el NPA y el propio presidente auguró una guerra de alta intensidad en los siguientes meses. A mediados de diciembre el Congreso aprobó por amplia mayoría una petición del presidente de prorrogar la ley marcial en Mindanao hasta finales de 2018, argumentando la necesidad de combatir a Estado Islámico y otros grupos islamistas, así como de erradicar al NPA. A pesar de que algunos medios especularan con la posibilidad de que el detonante para que Duterte pusiera fin a las negociaciones de paz fuera la muerte de un niño de 4 años durante una emboscada del NPA en la provincia de Bukidnon en el mes de noviembre, otras voces señalan que el motivo real para la finalización del proceso de paz fueron las conversaciones privadas entre el presidente y el NDF sobre una futura coalición de gobierno. En este sentido, el fundador del NPA y del PCF, Jose Maria Sison, declaró que Duterte había malinterpretado la posición del NDF al respecto. Además, añadió que detrás del cambio de posición repentino de Duterte seguramente se hallaba la visita que realizó el presidente estadounidense, Donald Trump, a Manila en el mes de noviembre, y en la que según Sison el presidente estadounidense habría hecho varias concesiones a Duterte y le habría dado un cheque en blanco y su apoyo para la eliminación del NPA a través de las armas. Sison señaló que no entendía la decisión de Duterte justamente en el momento en el que el NPA se habría mostrado dispuesto a firmar el alto el fuego que con tanta insistencia habían estado buscando las administraciones de Duterte y de su antecesor, Benigno Aquino. Estas declaraciones de Sison coinciden con algunas especulaciones hechas por varios medios de comunicación según las que un acuerdo de este tipo estaba previsto para diciembre de 2017 o enero de 2018. Durante el mes de diciembre, el consejero presidencial para el proceso de paz, Jesus Dureza, hizo algunas declaraciones que daban a entender que las puertas para la reanudación de las conversaciones de paz no estaban cerradas. En la misma línea, a finales de diciembre Sison declaró su deseo de reanudación del diálogo, pero al mismo tiempo se mostró partidario de que el pueblo filipino se revelara contra lo que consideró una dictadura fascista. (Davao Today, 31/12/17; Inquirer, 01/01/18; Rappler, 06 y 27/12/17)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ordena el inicio de los trámites para el traslado de la embajada de EEUU desde Tel Aviv. La decisión ha sido fuertemente criticada por los actores políticos palestinos, así como por la comunidad internacional, en tanto que rompe con el consenso internacional que considera el estatus de Jerusalén como parte de las cuestiones a resolver en las negociaciones entre israelíes y palestinos para una solución final al conflicto. La decisión generó protestas palestinas en Gaza y Cisjordania y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes en torno a la frontera, con un balance de 12 víctimas mortales, la mayoría en Gaza, y decenas de heridos. Se incrementó el lanzamiento de cohetes a Israel desde Gaza así como los ataques aéreos israelíes. Hamás llamó a una tercera intifada, si bien las movilizaciones fueron más limitadas que en periodos anteriores. El presidente palestino, Mahmud Abás, calificó la decisión de violación flagrante del derecho internacional, afirmó que EEUU había cruzado todas las líneas rojas y que ya no era posible para EEUU desempeñar un papel mediador en el proceso de paz a causa de su posición favorable a Israel. Así lo expresó en una reunión de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica celebrada en la capital turca, Ankara, el 13 de diciembre, en la que los líderes musulmanes rechazaron la decisión de EEUU y declararon a Jerusalén este capital de Palestina. A su vez, EEUU vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldada unánimemente por los otros 14 miembros del Consejo, que requería a todos los países el cumplimiento con las resoluciones pre-existentes, que requieren que el estatus final de Jerusalén se decida en negociaciones directas entre Israel y Palestina. Tras el veto, se convocó una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU en la que 128 países votaron a favor de una resolución que instaba a EEUU a retirar su decisión de reconocer a Jerusalén como capital israelí. 35 países se abstuvieron y 9 votaron en contra. Previo a la sesión trascendieron las presiones de EEUU para que países que reciben apoyo económico de EEUU no apoyasen la resolución, amenazándoles con la retirada de fondos. (Reuters, 13/12/17; Al Jazeera, 13/12/17; Efe, 11/12/17; The Guardian, 24/12/17)

El Gobierno ruso anuncia su salida del Centro Conjunto de Control y Coordinación (JCCC, por sus siglas en inglés), el órgano establecido en 2014 para facilitar la implementación del alto el fuego de los acuerdos de Minsk, integrado por representantes militares ucranianos y rusos, y cuyo trabajo es supervisado por la misión de la OSCE. Rusia justificó su salida –implementada el 19 de diciembre- acusando a Ucrania de crear “una situación tensa moral y psicológica” para sus militares del JCCC, así como de limitar su acceso a la línea de frente e introducir nuevas reglas para la entrada de ciudadanos rusos a Ucrania que incumplirían el acuerdo de régimen de libre visado. Ucrania negó las acusaciones. La OSCE expresó preocupación por las posibles consecuencias de la decisión rusa de salir del JCCC, que podría llevar a un deterioro de la situación de seguridad, con impactos en la población civil y en la propia misión de la OSCE. A su vez, el Gobierno ucraniano afirmó que no descartaban que la salida del JCCC se debiera al objetivo de incrementar las operaciones militares contra Ucrania. El enviado especial para Ucrania de EEUU, Kurt Volker, señaló que la salida se llevó a cabo justo antes de un incremento significativo de la violencia en el este. Por otra parte, el Grupo Trilateral de Contacto anunció un nuevo alto el fuego tras su encuentro del 20 de diciembre, que entró en vigor el 23 de diciembre. La medida sigue a una escalada de violencia durante el mes de diciembre. La misión de la OSCE registró 328 violaciones del alto el fuego en las primeras 24 horas desde su entrada en vigor, con un descenso a 64 el día 24 de diciembre, en contraste con las 3.500 cometidas solo en la jornada del 11 de diciembre. (Europa Press, 21/12/17; Hromadske, 24/12/17; RFE/RL, 23/12/17; OSCE, 27/12/17; UNIAN, 20/12/17)

Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, Edward Nalbandian y Elmar Mammadyarov, se reúnen en Viena el 6 de diciembre en un encuentro facilitado por el Grupo de Minsk de la OSCE, órgano mediador en el proceso de paz. La reunión sigue al reinicio de las negociaciones al nivel presidencial en octubre. No obstante, las partes no alcanzaron aún acuerdo sobre los detalles para ampliar la Oficina del Representante Espacial de la Presidencia de turno de la OSCE. En ese sentido, aceptaron ampliar en varios el número de asistentes de la oficina, pero no se alcanzó acuerdo sobre el resto de aspectos, incluyendo la ubicación. En un comunicado conjunto del 7 de diciembre, los co-presidentes del Grupo de Minsk expresaron satisfacción por la intensificación del diálogo e instaron a las partes en centrarse en buscar soluciones a las cuestiones sustantivas del arreglo político del conflicto. Además, instaron a las partes a implementar acuerdos previos sobre medidas adicionales para reducir la tensión, llamando a Armenia y a Azberbaiyán a aceptar la expansión de la Oficina del Representante de la OSCE, entre otras medidas. Asimismo, les instaron a evitar la politización de los pasos en materia de personas desaparecidas. Por otra parte, expresaron apoyo a la toma en consideración de las partes de la propuesta de reanudar los contactos de diplomacia ciudadana, entre la población de ambos lados. (OSCE, 7/12/17; Trend News Agency, 6/12/17)

Concluye la cuarta ronda del Diálogo interburundés celebrado en Arusha entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre sin que se alcance ningún tipo de acuerdo. La ronda ha contado con la presencia de representantes del Gobierno burundés pero han sido boicoteadas por la coalición opositora CNARED y representantes de la sociedad civil en el exilio. El presidente Pierre Nkurunziza el 12 de diciembre ha lanzado oficialmente la campaña para reformar la Constitución vía un referéndum que se celebrará durante la primera mitad del 2018. (Africa Time, 13/12/17)

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, nombra al exvicepresidente Gustavo Bell nuevo jefe negociador del Gobierno con el ELN, sustituyendo a Juan Camilo Restrepo, quien renunció a este puesto tras el cierre del cuarto ciclo de negociaciones en Quito. Bell fue embajador de Colombia en Cuba durante las negociaciones de paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Según algunas fuentes periodísticas, la renuncia de Restrepo se debería a desavenencias internas en la delegación negociadora. Junto a Restrepo renunció también el general Herrera y otros miembros del equipo negociador. Por otra parte, cabe destacar que el ELN retiró a sus representantes del mecanismo de verificación del acuerdo de alto el fuego, en el que también participan el Gobierno, Naciones Unidas y la Iglesia, en protesta por lo que califica de “colapso del acuerdo de alto el fuego”, señalando que el mecanismo no cumplió su mandato. Además, el ELN expresó su desacuerdo con el despliegue de operaciones militares en territorio con presencia guerrillera, pese a que el Gobierno señaló que se trataba de un mero cumplimiento de su mandato constitucional. No obstante, la guerrilla reiteró su voluntad de respetar el alto el fuego hasta el 9 de enero, como está estipulado en el acuerdo. En el informe presentado por Naciones Unidas de seguimiento de la actividad del mecanismo de verificación se destacó que se constataron 27 incidentes, pero que no se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el ELN. (EFE, 19/12/17; El Tiempo, 26/12/17)

Prosigue la tramitación parlamentaria de la Bangsamoro Basic Law tanto en la cámara baja del Congreso –donde se está trabajando en la armonización de contenidos entre la BBL y otras tres leyes anteriores sobre la autonomía de Bangsamoro- como en el Senado, donde a finales de diciembre se llevó a cabo la primera sesión de esta cámara sobre la BBL. Sin embargo, algunas voces vislumbraron algunas dificultades al respecto a corto plazo después de que el propio presidente, Rodrigo Duterte, declarara públicamente que no cree que la BBL pueda superar las barreras constitucionales y de que el presidente del Senado pidiera que todos y cada uno de los contenidos de la BBL fueran plenamente constitucionales. La aprobación de la BBL, que debería contener los principales compromisos del Acuerdo Global sobre Bangsamoro firmado en 2014 debería haber sido aprobado pocos meses más tarde, pero a principios de 2015 la tramitación parlamentaria de la misma fue pospuesta por la presunta participación de miembros del MILF en una masacre. La aprobación de dicha ley fue una de las promesas electorales de Duterte en la campaña de 2016, pero ésta ha ido sufriendo sucesivos retrasos hasta que en el mes de noviembre trascendió que la nueva fecha propuesta para la aprobación de la BBL es marzo de 2018. Por otra parte, el MILF declaró públicamente haberse aproximado al Gobierno de Libia para que jugara un papel más importante en el proceso de paz en los siguientes meses. El Gobierno de Libia, por su parte, que ya ejerció las tareas de facilitación del diálogo en el acuerdo de Trípoli de 1976 entre Manila y el MNLF, declaró estar estudiando la propuesta y mostró su interés por el proceso de paz en Mindano. (ABS-CBN News, 20/12/17; NDBC News, 02/12/17; Manila Standard, 10/12/17)

El general del este Jalifa Hafter declara obsoletos el Acuerdo Político Libio (LPA) y el Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), que emanaba del acuerdo y que cuenta con apoyo de la ONU. En un discurso televisivo, Hafter alegó el vencimiento del acuerdo, lo que según él marca un punto de inflexión histórico y peligroso para Libia. El general declaró que, tras el vencimiento del acuerdo, todas las instituciones políticas derivadas de éste perdían legitimidad. Hafter afirmó que sus fuerzas del LNA solo se someterían a una autoridad electa por la población libia. Un comunicado presidencial del Consejo de Seguridad de la ONU del 14 de diciembre enfatizó la continuidad del LPA y rechazó “fechas límite incorrectas” que, según el Consejo, solo servían para socavar el proceso político de Libia, facilitado por la ONU. La nueva situación creada pone en interrogante el proceso de paz. El enviado especial del secretario general había instado al GNA y a Hafter, que controla en torno al 70% del territorio, a presentar enmiendas al LPA y a establecer una institución de transición que organice comicios parlamentarios y presidenciales para 2018. El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, viajó a Libia para reunirse por separado con el presidente del Consejo Presidencial, Faiez Serraj, y otros miembros del GNA en Trípoli, y con Hafter en Benghazi, con el objetivo de reimpulsar el proceso de paz. (Reuters, LV, 17/12/17; Consejo de Seguridad de la ONU, 14/12/17; Libya Herald, 21/12/17)

La coalición de grupos armados étnicos United Nationalities Federal Council (UNFC), que no se han adherido al acuerdo de alto el fuego nacional, demandan reunirse con la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y con el Jefe de las Fuerzas Armadas, en un intento de superar el bloqueo en las negociaciones de paz. Se trataría de la segunda reunión con Suu Kyi, después de la primera que tuvo lugar en marzo. Desde 2016 la UNFC ha negociado con el Gobierno a partir de una agenda de ocho puntos, pero según fuentes locales parece improbable que la coalición vaya a unirse al acuerdo de alto el fuego antes de que se celebre la próxima sesión de la conferencia de paz Panglong 21, prevista para inicios de 2018. Una de las discusiones sobre las que no hay acuerdo y entorno a las que persiste el bloqueo es la relativa a la terminología para denominar el país. La insurgencia prefiere “Unión Federal Democrática”, mientras que el Gobierno defiende “Unión Democracia y Federal”. Esta denominación debería ser incluida en un anexo al acuerdo de alto el fuego nacional, que en la actualidad no la incluye. (The Irrawaddy, 13/12/17)

La coalición opositora lleva a cabo diversas movilizaciones contra el presidente y la voluntad de su régimen de perpetuarse en el poder ante el estancamiento del diálogo político. Se han producido diversos incidentes y el número de heridos no deja de aumentar, como en la manifestación celebrada el 28 de diciembre, en la que resultaron 12 personas heridas, cinco de las cuales de gravedad, y los cuerpos de seguridad arrestaron a unas 15 personas. La coalición opositora organiza desde septiembre manifestaciones casi semanales contra el presidente y su familia, en el poder desde hace 50 años. Un proyecto de revisión de la Constitución en curso propone la limitación de dos mandatos presidenciales, aunque no es retroactiva, lo que autorizaría al presidente a presentarse en el 2020 y en el 2025, lo que rechaza la oposición. Ante el clima de inestabilidad creciente, diversos países de la región han solicitado la apertura de un diálogo político entre el poder y la oposición mediado por el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y el guineano Alpha Condé. Sin embargo, este diálogo propuesto en noviembre por el Gobierno sigue sin concretarse. La oposición exige medidas de distensión previas al diálogo, principalmente la liberación de manifestantes encarcelados y la retirada de las fuerzas de seguridad de las calles del norte del país. El 12 de diciembre la coalición ha boicoteado las consultas iniciadas por el Gobierno reprochando al poder de querer ser juez y parte del conflicto. En la cumbre UE-UA del 29-30 de noviembre celebrada en Abidján, la cuestión togolesa ocupó el centro del debate paralelo a la cumbre. Una delegación opositora ha sido recibida en Accra el 29 de diciembre por el presidente Nana Akufo-Addo, quien ha reiterado que la mediación ghaniana y guineana continúa en marcha. (Jeune Afrique, 30/11/17; 05, 08, 13 y 31/12/17)

El Alto Consejo para la Paz afirma que está preparado para iniciar negociaciones de paz con la insurgencia talibán siguiendo el mecanismo que prefieran los talibanes. El organismo gubernamental instó a los insurgentes a presentar un plan para unas negociaciones afirmando que también podría contemplarse la posibilidad que éstos abran una oficina política en Kabul. Esta oferta se produjo en paralelo al anuncio de un posible cierre de la oficina de los talibanes en Qatar ante las acusaciones del Gobierno de Afganistán de que estaría usando esta oficina para recaudar fondos y promover sus actividades. El presidente del Alto Consejo para la Paz afirmó que se estaba entrando en una nueva fase en la que se buscaría mantener negociaciones directas o indirectas con los talibanes. Además, destacó que se habían llevado a cabo consultas con diferentes sectores sociales, incluyendo partidos políticos, líderes religiosos y mujeres, entre otros. También destacó un reciente viaje a Indonesia en el que líderes políticos y religiosos de este país mostraron su apoyo a un proceso de paz en Afganistán. Además, el Alto Consejo para la Paz celebró un encuentro en el que participaron 700 líderes religiosos del país para discutir sobre un posible formato para las conversaciones de paz con la insurgencia talibán, en preparación a la conferencia de paz que tendrá lugar en los próximos meses en Kabul, con la participación de delegaciones de más de 20 países. Por otra parte, el Gobierno de China acogió un encuentro entre dirigentes afganos y pakistaníes con la intención de reducir la tensión entre los dos países y de mejorar la cooperación económica y en materia de seguridad, en un momento en el que China está expandiendo su actividad económica en Pakistán. (Pajhwok, 6/12/17; Tolo News, 25 y 27/12/17; Al Arabiya, 10/12/17)

Más de 300 insurgentes se entregan a las fuerzas de seguridad en el marco de la política denominada de reconciliación impulsada por el Gobierno de la provincia de Baluchistan. Los insurgentes pertenecían a diferentes organizaciones armadas que operan en la provincia. Según fuentes oficiales, en los últimos años 1.800 insurgentes han entregado sus armas en el marco de este proceso de desmovilización. Entre los insurgentes que se desmovilizaron en las últimas semanas, cabe destacar un comandante del grupo armado de oposición baluchi BLA. (Dawn, 9/12/17; Anadolu Agency, 12/12/17)

El Gobierno congolés firma un acuerdo de alto el fuego y el cese de hostilidades con representantes opositores del reverendo Ntoumi en la región de Pool. El ministro de Interior congolés Raymond Zéphyrin Mboulou supervisó la firma del acuerdo, que pretende poner fin a la rebelión iniciada contra el Gobierno en abril de 2016, tras la reelección del presidente Denis Sassou-Nguesso en las elecciones celebradas en esa fecha. El secretario general del Consejo Nacional de los Republicanos (CNR),Jean-Gustave Ntondo, la formación política del pastor Ntoumi, anunció la entrada en vigor del acuerdo. En este nuevo conflicto en la región de Pool, escenario de violencia en las últimas décadas, que ha permanecido silenciado por parte de los medios y el Gobierno, la situación humanitaria de unas 138.000 personas se ha visto gravemente afectada por la violencia y la inseguridad en la región, y en julio de 2017 la OCHA hizo un llamamiento de 23,7 millones de dólares para hacer frente a la situación humanitaria en la zona. La situación de violencia también congeló las operaciones de construcción de la vía férrea Congo-Ocean que debía conectar Brazzaville con Pointe Noire, el principal eje económico del país. El conflicto provocó la cancelación de las elecciones parlamentarias en julio en nueve de las 14 circunscripciones electorales de la región de Pool. Según el acuerdo, el reverendo Ntoumi se compromete a facilitar el desarme de sus combatientes, la restauración de la autoridad estatal en Pool, y el Gobierno se compromete a garantizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social y económica de los ex combatientes, así como el reasentamiento de la población desplazada por la violencia en la zona y la libertad de movimiento. Se prevé la creación de una comisión conjunta que deberá supervisar la implementación del acuerdo. En noviembre el Gobierno liberó a dos personas cercanas del entorno del reverendo Ntoumi lo que fue interpretado como un gesto de cara a facilitar la consecución del acuerdo. (Africanews, 17/11/17, 23/12/17)

El 15 de diciembre se firma un acuerdo de cese de hostilidades entre milicias anti-balaka y el grupo armado 3R en Bouar, en la provincia de Nana-Mamberé, en el noroeste de la RCA. Este acuerdo es el resultado de un proceso de mediación que se ha prolongado durante 11 meses y que ha estado liderado por la organización Humanitarian Dialogue (HD). Mediante el acuerdo, los grupos se comprometen a un alto el fuego incondicional así como al cese de todas las hostilidades y ataques contra sus adversarios. El acuerdo prohíbe también el uso de armas de fuego, ataques y robo de ganado, asaltos a civiles y garantiza la libertad de movimiento y acceso a la población, así como el retorno de la población desplazada. HD contribuirá a la implementación del acuerdo. HD lanzó en febrero de 2017 una serie de contactos para promover estas negociaciones de paz. HD ha estado presente desde 2008 en RCA. Ha contado con el apoyo y la cooperación de la UE, MINUSCA y Gobierno de RCA. (HD, 23/12/17)

El grupo armado islamista moderado Ahlu Sunna wal Jama’a (ASWJ) y el gobierno regional de Galmudug, alcanzan un acuerdo de reparto del poder el 6 de diciembre en la región facilitado por la organización regional IGAD y Djibouti, que pretende poner fin tres años de violencia y enfrentamientos en la zona. Los líderes de Galmudug y de ASWJ, Ahmed Dualle Geelle y Sheikh Mohamed Shakir, respectivamente, firmaron el acuerdo en Villa Somalia, el palacio presidencial en la capital, Mogadiscio, ante la presencia del presidente Farmajo. (jawaab en Mudug, 07/12/17)