Charles Blé Goudé, ex ministro de Deportes de Côte d'Ivoire y aliado político muy cercano al ex presidente Laurent Gbagbo, es acusado de crímenes de guerra y de asesinato. Goudé se encuentra en paradero desconocido desde mayo de 2011 cuando las fuerzas especiales de Francia forzaron la salida y capturaron a Gbagbo tras su negativa a abandonar el poder cuando perdió las elecciones en diciembre de 2010 frente a Alassane Ouattara. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Goudé en 2006 por fomentar ataques contra personal de la ONU y la orden de arresto se emitió en julio de 2011. La semana pasada Goudé fue extraditado a Côte d'Ivoire desde Ghana y está a la espera de ser juzgado. En diciembre de 2011, la CPI confirmó que tenía jurisdicción para el caso. (Jurist, 22/01/13)

Saif al-Islam Gaddafi, comparece ante un tribunal en Zintan, Libia, acusado de pasar información a una delegación de la CPI relativa a la seguridad nacional libia, de insultar la nueva bandera libia y de haber intentado escapar de la cárcel. Actualmente, Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Sennussi, ex jefe de inteligencia de Gaddafi, se encuentran detenidos en Libia, acusados de crímenes contra la humanidad. Su juicio cumple con los requisitos de la CPI para el proceso. Sin embargo, el abogado de Saif al-Islam ha informado a la Corte que su cliente corre el riesgo de no recibir un juicio justo en Libia debido a que existe el 'deseo de venganza' y ha señalado que la CPI dañará su imagen si permite que el proceso se inicie en ese país. (Jurist, 06, 10 y 17/01/13)

Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, anuncia que su oficina ha emprendido una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Malí. La decisión se basa en información recogida en investigaciones preliminares utilizadas para la publicación de un informe sobre la actual situación del país. Benouda alega que existen suficientes pruebas para creer que se han cometido crímenes de guerra, mutilaciones, torturas y violaciones sexuales. Las pesquisas se centrarán principalmente en las regiones norteñas de Malí, donde se han producido los hechos más violentos. Pese a que persiste la violencia, Bensouda destaca el papel crucial que puede desempeñar la justicia en el proceso de reconciliación. (Jurist, 16/01/13)

Las autoridades palestinas han anunciado que consideran que el crecimiento de los asentamientos de Israel en Jerusalén Este y en Cisjordania no les dejará más remedio que llevar a ese país a la CPI, precisamente una de las razones por las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu se opuso a que las Naciones Unidas aceptara a Palestina como "Estado observador no miembro" de la organización en noviembre del año pasado. (ElPais.com, 24/01/13)

Más de 50 países piden al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Siria a la CPI ante el fracaso de las autoridades sirias de investigar y procesar a los responsables de crímenes de guerra cometidos desde marzo de 2011. La carta enviada a la Corte señala que la situación en el terreno es cada vez más desesperada, con ataques a la población civil y con la comisión de crímenes atroces que se han convertido en la norma. Considerando que Siria no es parte del Estatuto de Roma, la única forma de investigar los hechos es a través del Consejo de Seguridad de la ONU. (Jurist, 15/01/13)

El Tribunal Penal Internacional para Bangladesh (ICTB por sus siglas en inglés) rechaza la apelación del general Abdul Qader Molla para la celebración de un nuevo juicio y ordena a la defensa que presenta sus argumentos. La fiscalía presentó sus alegatos el día 27 de diciembre pasado. Molla es uno de los varios líderes del Jamaat-e-Islami (JI) juzgados por crímenes de guerra que han solicitado que se celebre un nuevo juicio alegando que en el anterior se hicieron demasiadas concesiones. (Jurist, 07/01/13)

Charles Taylor, ex president de Liberia, inicia el proceso de apelación contra su condena de 50 años de cárcel por crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil de Sierra Leona. La apelación, que consta de 42 puntos, señala que el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona cometió 'errores sistemáticos' al evaluar las pruebas y haber confiado en el testimonio basado en rumores de 94 personas presentadas por la fiscalía. Taylor fue condenado a 50 años de cárcel en mayo de 2011 tras ser acusado de crímenes de guerra un mes antes. (Jurist, 22/01/13)

El Tribunal de Bosnia y Herzegovina condena a un ex oficial de policía serbobosnio a 20 años de cárcel por su implicación en la masacre de Srebrenica. Bozidar Kuvelja está acusado de haber llevado a cabo un registro militar en Potocari en busca de bosniomusulmanes durante la Guerra de Bosnia. Tras sacar a las víctimas de sus casas, Kuvjela ayudaba a miembros de la unidad de Policía a trasladar a los detenidos hasta un almacén conocido por el nombre de 'Casa Blanca', donde eran torturados. El acusado colaboraba en la separación de personas por sexo, a partir de lo cual se llevó a cabo la ejecución de más de un millar de hombres y jóvenes musulmanes de 7 a 70 años de edad. La fiscalía ha anunciado su intención de apelar para que el acusado reciba una condena más larga dada la naturaleza de los crímenes cometidos. (Jurist, 11/01/13)

Un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dado a conocer el 1 de enero aporta datos sobre crímenes confesados por paramilitares desmovilizados. Según el informe, paramilitares (´paras´) han confesado un total de 39.546 crímenes, que involucran a 51.906 víctimas -1.046 masacres, 25.757 asesinatos, 1.618 reclutamientos forzados, 3.551 desapariciones forzadas, 11.132 desplazamientos forzados, 1.168 extorsiones, 1.916 secuestros, 96 violaciones sexuales, 773 torturas y 65 acciones de tráfico de drogas. En cuanto a fosas comunes los 'paras' han confesado la existencia de 3.929 fosas exhumadas, 4.809 cadáveres encontrados, 748 cuerpos con identificación indiciaria (con muestra de ADN y esperando resultados de laboratorio), -1.994 cuerpos plenamente identificados por pruebas de ADN o carta dental, 1.813 cuerpos entregados a familiares y 181 cuerpos identificados y pendientes de entrega a familiares. Igualmente los 'paras' confesaron haber contado con la complicidad de 1.124 políticos, 1.023 militares, 393 servidores públicos y 10.329 personas y desmovilizados. El informe confirma que la mal llamada Ley de Justicia y Paz es en realidad una coartada para la impunidad y la legalización de la estrategia paramilitar del régimen, ideada y materializada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según datos presentados en el informe. Por otra parte, la Fiscalía General informa que Hernán Giraldo, ex comandante paramilitar y ex líder de las FARC podría ser juzgado por crímenes sexuales cometidos por sus subordinados durante el período en el que fue comandante del Bloque de Resistencia de Tayrona, de las AUC. Giraldo se desmovilizó en 2006 bajo el programa de Justicia y Paz acordado con el gobierno colombiano y fue extraditado a los EEUU en 2008, acusado de tráfico de drogas. Por otra parte, Karina, ex líder del Frente 47 de las FARC, que se entregó en 2008, podría ser juzgado por ordenar abortos forzados. La Fiscalía considera que estos y otros comandantes utilizaron la violencia sexual como 'arma de guerra organizada y deliberada'. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ejercerá de observadora en el diálogo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según ha informado Caracol Radio. La emisora colombiana ha revelado que la CIDH ha expresado al Gobierno su deseo de ejercer de observador en el proceso de paz y que el Ejecutivo ha aceptado. Además, ha avanzado que el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se reunirá con la CIDH antes de viajar de nuevo a La Habana para informar a la CIDH sobre los últimos avances. (Colombia, Report, 07/01/13, EuropaPress, 28/01/13 y notimundo2, enero 2013)

El ex dictador del Chad, Hissène Habré, será juzgado en febrero por supuestos crímenes contra la humanidad. La asamblea nacional de Senegal adoptó una ley en diciembre que permite la creación de un tribunal especial con la Unión Africana, que ya ha recibido financiación de Bélgica. El juicio podría dar inicio a principios de febrero. Habré está acusado de torturas, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra perpetrados durante sus ocho años de mandato entre 1982 y 1990. (Jurist, 17/01/13)

Cuatro ex oficiales del Ejército son arrestados en Chile por su supuesta implicación en el asesinato del cantautor Víctor Jara durante la dictadura del general Augusto Pinochet(1974-1990). Jara fue asesinado días después del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende y su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia política y de las violaciones de derechos humanos que asolaron el país en los años setenta. La Fiscalía acusa a los dos ex tenientes Hugo Sánchez y Pedro Barrientos, de haber disparado a muerte a Jara y nombra a otros cómplices. El juez ha informado que Sánchez fue detenido tras entregarse a la Policía y que se ha solicitado la extradición de Barrientos, que vive en EEUU. Por otra parte, seis directores del centro de detención de Colonia Dignidad, que sirvió como complejo para torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet han sido condenados a penas de hasta once años de prisión por su complicidad en los crímenes de abuso infantil cometidos por el director del centro, el nazi Paul Schäfer. El Tribunal Supremo chileno ha condenado a otras diez personas a penas de libertad vigilada. Entre los condenados, uno es chileno mientras que el resto son alemanes. Al menos uno de estos condenados se encuentra prófugo de la justicia desde mayo de 2011, cuando escapó a Alemania. Villa Baviera o Colonia Dignidad fue un complejo que comenzó a construirse en la década de 1950 por parte de inmigrantes alemanes liderados por Schäfer. (Reuters, 02/01/13, EuropaPress, 28/01/13)

Un tribunal guatemalteco ha resuelto que el dictador José Efraín Ríos Montt y su antiguo colaborador José Mauricio Rodríguez Sánchez deberán responder en un juicio por una serie de masacres que serían constitutivas de genocidio y crímenes contra la humanidad. El juez Miguel Ángel Gálvez, ha declarado que existen suficientes pruebas que implican al general en las masacres cometidas contra indígenas en la zona norte de Guatemala. Por otra parte, el sacerdote Mario Orantes Nájera, condenado en 2001 a 20 años de cárcel por el delito de "ejecución extrajudicial en grado de complicidad" por el asesinato del obispo Juan Gerardi, recuperará la libertad esta semana, tras ser beneficiado por la figura de redención de penas, que permite la excarcelación de los reos que hayan cumplido la mitad de su condena y acreditado buena conducta. Orantes reitera su inocencia y anuncia que hablará con el arzobispo primado de Guatemala, Julio Vian, para ser incardinado a alguna parroquia y poder ejercer su ministerio. En relación al firme rechazo a su libertad expresado por la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), fundada por el malogrado obispo Gerardi, Orantes dijo que todos debemos respetar la ley y que la ODHA, que ejerció como acusación particular en el juicio, "no tiene nada que decir al respecto". Orantes era coadjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, donde el prelado murió a golpes el 26 de abril de 1998. Dos días antes de su brutal asesinato, el obispo presentó su informe Guatemala: Nunca Más, una investigación sin precedentes de los crímenes ocurridos durante la guerra civil que afectó este país centroamericano entre 1960 y 1996. Según el estudio, que documenta 54.000 casos de graves violaciones de derechos humanos, el Ejército y los grupos paramilitares habían cometido el 90% de los crímenes. (ElPais.com, 04/01/13, EuropaPress, 28/01/13)

El Tribunal egipcio de Casación acepta la apelación del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, y ordena la repetición del juicio en el que tanto el ex mandatario como su ministro del Interior, Habib al Adly, fueron condenados a cadena perpetua por la sangrienta represión contra los manifestantes que culminó con la caída del régimen el 11 de febrero de 2011. En junio de 2011 un tribunal declaró culpables a Mubarak y Al Adly de la muerte de más de 850 manifestantes durante la revolución. En cambio, sus dos hijos, Gamal y Alaa, además de seis altos cargos del Ministerio del Interior fueron absueltos. Todos ellos deberán volver a comparecer ante la justicia. (ElPais.com, 13/01/13)

El Tribunal Supremo de Israel dictamina que Aleksandar Cvetkovic, serbobosnio acusado de haber estado implicado en la masacre de Srebrenica, pueda ser extraditado a Bosnia para ser juzgado en el país. Cvetkovic, que ha estado residiendo en Israel desde 1996 y dispone de nacionalidad israelí, fue arrestado en 2011. En agosto, un tribunal de primera instancia sentenció que Cvetkovic podía ser enviado a Bosnia, lo cual fue ratificado por el Tribunal Supremo el 29 de noviembre. La Fiscalía acusa a Cvetkovic de formar parte del pelotón de fusilamiento que ejecutó a cerca de 1.200 bosniomusulmanes en Srebrenica en julio de 1995. El acusado elega que él simplemente era un chófer del Ejército cuando las fuerzas serbia asesinaron a más de 8.000 hombres y jóvenes musulmanes tras asediar la ciudad. La matanza de Srebrenica se considera la mayor atrocidad cometida en Europa desde la II Guerra Mundial. (RFE/RL, 08/01/13)

El Reino Unido acusa al coronel Kumar Lama, oficial del Ejército nepalí, de torturas durante la guerra civil que tuvo lugar en el país en 2005. Lama, que actualmente forma parte de la misión de la ONU en Sudán, fue arrestado por la Policía Metropolitana en su casa de East Sussex y el juez del distrito ha ordenado que permanezca detenido hasta que comparezca ante el Old Bailey de Londres el día 24 de enero. Los cargos provienen de dos incidentes separados que supuestamente ocurrieron entre abril y mayo de 2005, a finales de la guerra, en el Cuartel del Ejército de Gorusinghe, en Nepal. La Policía pudo arrestar a Lama bajo la sección 134 del Código Penal británico de 1988, que señala que un oficial público puede ser arrestado y acusado de torturas por haber infligido un dolor o padecimiento severo a otro de manera intencionada, independientemente de si el acto se comete el el Reino Unido o en otro país. El Gobierno de Nepal ha expresado su desacuerdo con el arresto y ha declarado que el mismo viola el derecho internacional y el principio de soberanía jurisdiccional. (Jurist, 05/01/13)

Innocent Musabyimana es arrestado en Francia, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Las autoridades ruandesas emitieron una orden de arresto en noviembre y los fiscales en Ruanda han solicitado que Musabyimana sea extraditado para ser juzgado en ese país. Las autoridades francesas alegan desconocer cómo llegó Musabyimana a Francia y cuanto tiempo lleva en el país. Se espera que un juez francés dictamine sobre el pedido de extradición el 30 de enero. En caso de ser aceptada, el primer ministro Jean-Marc Ayrault firmaría la orden de que el acusado sea trasladado a Rwanda. Por otra parte, Jean Uwinkindi, pastor Pentecostal, la primera persona trasladada a Rwanda por el TPIR, presenta una objeción constitucional ante el Tribunal Supremo de ese país. La defensa alega que es necesario cambiar la ley bajo la cual se procesa a su cliente porque viola los derechos del acusado. El Tribunal Supremo ha informado que comunicará su decisión el día 22 de febrero. Cabe destacar que Martin Ngoga, fiscal general de Rwanda, acusa a Francia de 'no hacer nada' por llevar ante la justicia a sospechosos de genocidio que se encuentran en su territorio. Ngoga señala que en 18 años, Francia no ha hecho ningún esfuerzo al respecto porque sigue protegiendo a estas personas. Francia ha emprendido inesvtigaciones judiciales en varios casos pero ninguno ha sido juzgado. Entre ellos se encuentran los casos del Padre Wenceslas Munyeshyaka y del ex alcalde Laurent Bucyibaruta, remitidos a Francia por el TPIR en 1997. (Hirondelle News Agency, 22 y 23/01/13, Jurist, 25/01/13)

Da inicio el juicio en Rwanda de Léon Musegera, ex político rwandés extraditado de Canadá hace un año. Los cargos en su contra incluyen incitación a cometer genocidio. Musegera, lingüista y ex profesor de la Universidad de Rwanda, se le acusa principalmente del discurso pronunciado en un mitin de su partido, el MRND, en noviembre de 1992. Durante el juicio, se dio a conocer el discurso a jueces y al público asistente para demostrar el cargo de conspiración para la comisión de genocidio. Mugesera siempre se ha declarado inocente y ha declarado que el fiscal ha sacado su discurso de contexto. (Hirondelle News Agency, 17/01/13)

El Gobierno de México promulga la ley general de víctimas, fruto de la presión social del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia. Con la publicación del decreto de la ley en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Enrique Peña Nieto cumple la promesa hecha el primer día de su gobierno, cuando ofreció destrabar esta legislación, aprobada en abril por unanimidad en el Congreso mexicano pero recurrida ante el Supremo por el anterior Gobierno, que la creía inviable e ilegal. (ElPais.com, 10/01/13)

El Gobierno de Uruguay concede 277 reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura militar que sufrió el país sudamericano entre 1973-1985, según ha informado la Comisión Especial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Educación y Cultura. Las reparaciones económicas han ido a parar a 148 familias de víctimas fallecidas o desaparecidas, a 78 niños nacidos en cautiverio o detenidos junto a sus padres durante más de 180 días; a 45 personas que sufrieron lesiones gravísimas y a seis niños desaparecidos durante más de 30 días. (Europapress, 11/01/13)