En la apertura de la 12ª Sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, instó a los Estados miembro a ratificar Estatuto de Roma. Ban dijo que para ser plenamente eficaz, el Estatuto de Roma debe ser ratificado universalmente. Sin embargo, 43 Estados no lo han firmado ni ratificado y 31 todavía tienen que ratificarlo. Otros desafíos a los que se enfrenta la organización son finalizar los juicios sin una demora indebida, afrontar la falta de recursos y la escasez de personal, que se haga justicia de forma independiente, imparcial y de conformidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y que sea percibida como tal. (UN, 20/11/13; Jurist, 21/11/13)

Las fuerzas policiales de Bélgica, Francia, Países Bajos y la RD Congo han arrestado a Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Narcisse Arido y Fidèle Babala Wandu acusados de influir corruptamente a testigos, de alterar pruebas o de presentar evidencias falsas que sabían que eran falsas en el juicio a Jean-Pierre Bemba Gombo. Arrestado en el año 2008, el ex vicepresidente de la RD Congo y comandante en jefe del Movimiento para la Liberación del Congo, Bemba está acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la República Centroafricana durante 2002 y 2003. (ICC, Jurist 24/11/13; Europa Press, 25/11/13)

La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha declarado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su Oficina ha firmado un acuerdo con Libia para compartir el enjuiciamiento de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011. Gracias a este acuerdo, la CPI se ocupará principalmente de los sospechosos fuera de Libia, mientras que las autoridades judiciales libias se centrarán en los que se encuentren dentro del territorio libio. Si bien la colaboración de Libia con la CPI y el proyecto de ley que reconocería la violación durante los conflictos armados como un crimen de guerra son pasos en la dirección correcta, existen algunos desafíos pendientes, como la tortura o incluso los asesinatos bajo custodia, o las tensiones con respecto a la minoría Tawergha. Bensouda ha alentado al Gobierno libio a establecer una estrategia global para hacer frente a los graves delitos cometidos en el país. (ICC, 14/11/13; Hirondelle News, 15/11/13)

En la celebración de su vigésimo aniversario, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha puesto de relieve su legado en la antigua Yugoslavia: logros y retos generales del Tribunal, su contribución a la promoción del estado de derecho en la región y los mecanismos de protección de víctimas y testigos y apoyo en el enjuiciamiento de crímenes de guerra ante los tribunales nacionales. Creado en 1990 por la ONU para juzgar los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones de la ley y las costumbres de la guerra y las infracciones graves de los Convenios de Ginebra, el TPIY ha acusado a 161 personas y oído a más de 4.500 testigos. Actualmente tiene 25 procesos pendientes. En la conferencia de celebración, familiares de víctimas de la guerra de Bosnia han acusado al tribunal por ser parcial e inefectivo, denunciando que tras la reciente absolución de varios altos cargos serbios, ninguno ha sido condenado por los crímenes cometidos en la guerra de Bosnia. (TPIY, 18/11/13; EP, 27/11/13)

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) ha condenado a muerte in absentia a Chowdhury Mueen Uddin y a Ashrafuzzaman Khan, miembros del partido Jamaat-e-Islami, por secuestrar y asesinar a 18 personas durante la guerra de liberación de Bangladesh en 1971. Mueen Uddin, que vive en el Reino Unido, no será extraditado, ya que el Reino Unido no extradita a personas condenadas a la pena de muerte. El ciudadano de los EEUU Ashrafuzzaman Khan tampoco será extraditado, ya que no existe un tratado de extradición entre los EEUU y Bangladesh. Los juicios, descritos como defectuosos por Human Rights Watch, han limitado el número de testigos de la defensa.El Tribunal también acusó a Syed Mohammad Qaisar, el ex ministro de Estado de Bangladesh para la Agricultura, de 18 crímenes de guerra por actos supuestamente cometidos en 1971, y al líder de Jamaat-e-Islami Azharul Islam de seis cargos de crímenes contra la humanidad, en una masacre que ocurrió en el distrito de Rangpur en el año 1971, en la que más de 1.200 personas perdieron la vida. (Jurist, 04, 11 y 12/11/13; BBC, 03 y 05/11/13; The Daily Star, 11/3/13)

Un alto funcionario de las Naciones Unidas ha pedido a la comunidad internacional que aporte financiación para las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés), que todavía se enfrentan a la escasez de fondos. Las ECCC, un tribunal mixto establecido en 2001 para juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el régimen de los Khmeres Rojos, está financiado por donaciones voluntarias, que han caído en los últimos años. Durante meses, el personal local de las ECCC trabajó sin sueldo y en septiembre este personal no remunerado se declaró en huelga. (UN, 11/07/13; Jurist, 08/11/13)

La asamblea consultiva Loya Jirga ha debatido un acuerdo de seguridad bilateral que establece los términos de la presencia militar de EEUU en Afganistán después de finales del año 2014, y ha pedido al presidente afgano Hamid Karzai que lo firme antes de finales de 2013. El presidente Karzai aseguró que seguirá su recomendación a condición de que el Ejército estadounidenses no lleve a cabo más asaltos a viviendas. Otro motivo de desacuerdo se refiere a la jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio afgano. Muchos afganos quisieran que tales casos sean procesados en bases estadounidenses en Afganistán para aumentar su rendición de cuentas. Se prevé que EEUU mantendrá más de 10.000 soldados en Afganistán, mientras que existen críticas continuas a la impunidad de los asesinatos de civiles a manos de las tropas estadounidenses. Amnistía Internacional había pedido una mayor transparencia y rendición de cuentas por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas militares de EEUU en el país, y la indemnización a las familias de las víctimas. (AI, 20/11/13; Europa Press, 21/11/13; CNN, 24/11/13)

Diez presos relacionados con crímenes de guerra durante la guerra civil de Bosnia han sido absueltos después de una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). Seis de ellos habían sido declarados culpables de genocidio en la masacre de Srebrenica, otros dos eran altos funcionarios serbios condenados por el establecimiento y la formación de escuadrones paramilitares, y los otros dos, el general Ratko Mladic y Radovan Karadzic, están siendo juzgados en el Tribunal Penal Internacional para la la ex Yugoslavia (TPIY). La CEDH sostuvo que el Código Penal de Bosnia de 2003, más estricto, fue erróneamente utilizado, en lugar del código de 1976 en vigor cuando se cometieron los crímenes. La UE y la OSCE han lamentado esta situación que ha llevado a la liberación de personas responsables de crímenes atroces. (Jurist, 19/11/13; ICTJ 21/11/13)

La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz ha acusado a los comandantes de la guerrilla de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Elda Neyis Mosquera García está acusada de victimizar a 2.500 personas como consecuencia de su actividad criminal. El miembro de las FARC Eli Mejía Mendoza, está acusado de victimizar a 1.500 personas directas e indirectas entre 1998 y 1999, y Olimpo de Jesús Sánchez Caro, comandante adjunto del desmovilizado Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), será juzgado por 168 casos de desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal y de género, crímenes presuntamente cometidos entre 1986 y 2008. Estos juicios son parte del plan de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz para dar prioridad a los principales responsables de crímenes de guerra. (Europa Press, 11/24/13)

Un tribunal militar ha iniciado el juicio a 39 soldados del gobierno acusados de asesinato, saqueo y violación en masa y otros actos de violencia sexual contra al menos 103 mujeres y 33 niñas en la retirada después de una ofensiva rebelde en Minova, al sur de Goma, en noviembre de 2012. El juicio llega tras meses de presión internacional después de que 12 oficiales fueran suspendidos, pero sin que se juzgara a ninguno. Después de eso, la ONU amenazó con dejar de financiar a las unidades del ejército sospechosas de abusos. El proceso ha sido criticado por juzgar a pocos oficiales de alto rango, y algunas víctimas dijeron que sus presuntos violadores no se encontraban entre los 39 acusados. (BBC, 20/11/13)

Emmanuel Mbarushimana, un inspector de escuela primaria acusado de participar en el genocidio de Rwanda, ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de Dinamarca de extraditarlo a Rwanda, alegando ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) que no recibiría un juicio justo si es juzgado por un tribunal de Rwanda. Si bien en los últimos meses muchos ciudadanos rwandeses acusados de genocidio han sido procesados en diferentes países europeos, es la primera vez que esta alegación, que podría suspender la deportación de Dinamarca durante años, se hace a la CEDH. (Jurist , 08/11/13, Hirondelle News, 11/9/13)

La Audiencia Nacional española ha emitido cinco órdenes de detención contra el ex presidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng, el ex jefe de la policía de seguridad Qiao Shi, el ex funcionario del Partido Comunista en el Tíbet Chen Kuiyan, y el ex ministro de Planificación familiar Pen Pelyun, acusados de crímenes contra la humanidad. En octubre de 2013, un tribunal español ya demandó a Hu Jintao, otro ex presidente de China, por acciones que conformaban genocidio, aunque todavía no se ha emitido una orden internacional de detención. Las órdenes vienen como parte de una investigación sobre el presunto genocidio de China contra el Tíbet. El caso fue abierto después de que dos organizaciones de la sociedad civil de apoyo al Tíbet presentaran una demanda en la corte española. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, así como algunos órganos de derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de China en las manifestaciones tibetanas de 2008, la detención y desaparición de manifestantes pacíficos. (Jurist, 19/11/13; El diario 20/11/13)

Por primera vez en su historia, la Corte de Apelaciones francesa ha autorizado la extradición de Claude Muhayimana y de Inocencio Musabyimana, buscados por Rwanda por presunta participación en el genocidio de 1994. Muhayimana está acusado de participar en la masacre de tutsis en la ciudad de Kibuye, mientras que los presuntos delitos de Musabyimana tuvieron lugar en la provincia de Gisenyi. Francia ha extraditado a individuos previamente a enfrentar cargos ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en Tanzania, pero aún no ha extraditado a ninguna persona a la propia Rwanda para ser juzgada. La Corte francesa consideró por primera vez que los ruandeses procesados recibirían un juicio justo en su país, y que sus vidas no corrían peligro. Los dos hombres anunciaron que van a recurrir ante el Tribunal de Casación, el más alto tribunal de Francia. (Jurist, 13/11/13; Hirondelle News, 15/11/13)

El fiscal de la Fiscalía Especial de Kosovo (SPRK, por sus siglas en inglés) ha acusado a 15 personas de tortura y malos tratos a los prisioneros y de asesinato de civiles en un centro de detención del Ejército de Liberación de Kosovo en Likovac en 1998, y a otras cuatro personas de crímenes de guerra contra la población civil, incluidas la tortura y la violación contra dos civiles albaneses, presuntamente cometidos en Vaganica y Likovac en 1998-1999. Varios tribunales y organizaciones kosovares han procesado los delitos de crímenes de guerra, lo que resulta en la condena de participantes serbios y kosovares. (Jurist, 08/11/13; EULEX, 8, 13/11/13)

El Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur (KLWCT, por sus siglas en inglés) ha acusado a Amos Yaron, general israelí al control militar de los campos de refugiados de Sabra y Shatila, de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en el Líbano ocupado en septiembre de 1982. También ha acusado al Estado de Israel de matar, causar lesiones corporales graves y sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física al pueblo palestino, cargos que constituyen el delito de genocidio. El KLWCT fue lanzado por la Fundación Kuala Lumpur para Criminalizar la Guerra, una organización no gubernamental fundada por el ex primer ministro de Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad para investigar los crímenes de guerra que otras instituciones penales como la Corte Penal Internacional no han abordado. (Global Research, 25/11/13; Scoop, 27/11/13)

En una cumbre de la Commonwealth celebrada en Colombo, el primer ministro británico David Cameron, ha pedido al Gobierno de Sri Lanka que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los presuntos crímenes de guerra. Cameron dijo que si Sri Lanka no ha completado una investigación creíble e independiente en marzo de 2014, que presionaría para una investigación internacional. El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa respondió que el Reino Unido debe permitir que Sri Lanka complete su propia investigación en su propio tiempo. Se calcula que hasta 40.000 civiles tamiles fueron asesinados en los últimos meses de 2009, en la guerra civil entre el Gobierno y los rebeldes Tigres Tamiles. India, Canadá y las Islas Mauricio boicotearon la cumbre en protesta por la supuesta brutalidad del régimen de Sri Lanka contra algunos tamiles. (BBC, The Guardian, The Times of India, 16/11/13)

El gobierno congoleño ha pedido más tiempo para estudiar el acuerdo de paz con el grupo guerrillero M23. La propuesta de acuerdo de paz incluía una amnistía caso por caso para los rebeldes se rinden, la reinserción de los rebeldes en el ejército nacional, y el permiso para transformar la M23 en un grupo político. El estancamiento del acuerdo de paz podría reavivar las tensiones con los guerrilleros, y también con el vecino de Congo Uganda, que trataba de mediar para poner fin a un conflicto que se había enviado a miles de refugiados a través de sus fronteras. (CBC, 11/11/13; Wall Street Journal, 12/11/13)

Once líderes de partidos políticos birmanos y una alianza de 11 grupos étnicos de oposición conocidos como el Consejo Federal de Nacionalidades Unidas (UNFC, por sus siglas en inglés) así como organizaciones de la sociedad civil han discutido en una reunión de dos días sobre cómo estructurar un futuro Ejército que incorpore los grupos armados de oposición étnicos de Birmania. El encuentro, organizado por el organismo gubernamental Centro por la Paz de Myanmar, es la primera discusión formal entre los representantes de los partidos políticos y los líderes rebeldes. Los debates abordaron la creación de un Ejército federal que integre los grupos armados de las diferentes minorías étnicas. Algunos de los retos pendientes son cómo hacer el proceso de reclutamiento más inclusivo, cómo construir la confianza entre las partes, o cómo conceder cierto grado de autonomía a las regiones sin dividir a los militares. (Irrawaddy, 22/11/13)

La Cámara de Representantes tailandesa aprobó un proyecto de ley, por 310 votos a favor y ninguno en contra, que propone la amnistía para los delitos cometidos durante los disturbios políticos tras expulsión del ex primer ministro Thaksin Sinawatra en el golpe militar de 2006. Casi dos semanas después, el Senado rechazó el proyecto de ley, por 141 votos en contra y 0 a favor. La oposición al proyecto de ley se basa en la sospecha de que la ley trata de preparar el país para el regreso de Thaksin, quien huyó de Tailandia en 2008 para evitar una pena de dos años de prisión por corrupción. El opositor Partido Demócrata ha llamado a la desobediencia civil y a una huelga nacional de tres días después de la votación del Senado. Las protestas, debido a la ley de amnistía y a otros motivos, han durado todo el mes de noviembre. (Jurist, 1, 11/12/13; The Guardian, 12, 26/11/13)

Ana Menéndez Pérez, Representante Permanente de España ante la ONU, dijo ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), que el Gobierno español no va a volver a examinar la acción del Estado durante la guerra civil española del 1936-1939. Un día antes, Amnistía Internacional había pedido a las autoridades españolas que investigaran estas desapariciones. Aunque España aprobó una ley de amnistía en 1977 por los crímenes políticos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, varios actores presionaron para su revisión: en octubre, el CED pidió al Gobierno español que se esforzara más para proporcionar información sobre las desapariciones y un juez argentino acusó a cuatro ex funcionarios españoles de violaciones de derechos humanos durante el régimen de Franco. (Jurist, 11/07/13)