La presidenta de transición de la República Centroafricana (RCA) Catalina Samba-Panza ha solicitado a la CPI que abra una investigación sobre los crímenes que son competencia de la CPI cometidos desde agosto de 2012. Según las autoridades centroafricanas, los tribunales del país no están en condiciones de llevar a cabo las investigaciones y procedimientos necesarios de manera eficiente y, en consecuencia, necesitan la intervención de la CPI. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, respondió en un comunicado que la CPI está desarrollando investigaciones preliminares en la RCA desde febrero de 2014, y que en breve decidirá si el caso cumple con los criterios del Estatuto de Roma para abrir una investigación. Esta es la quinta vez que un Estado miembro - todos ellos africanos - requiere la intervención de la CPI. La violencia se avivó en este país rico en minerales en marzo de 2013, cuando los rebeldes de Seleka derrocaron a François Bozize, que había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 2003. Desde entonces, la violencia interreligiosa se ha cobrado miles de vidas, en su mayoría musulmanes, ha desplazado a un millón de personas de una población total de 4,6 millones. Más de una veintena de enclaves en los que viven entre 15.000 y 20.000 personas musulmanas están actualmente bajo el asedio de las milicias anti-Balaka. La Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme, ha advertido en un informe sobre el riesgo de genocidio y de limpieza social en el país. (ICC, OnIslam; 12/06/14; Jurist, 13/06/14, FIDH, 24/06/14)

Tanto la Defensa como la Fiscalía han retirado sus apelaciones a la sentencia de Germain Katanga. En Marzo de 2014, la CPI declaró a Germain Katanga culpable de un cargo de crímenes contra la humanidad y de cuatro cargos de crímenes de guerra por su contribución en los crímenes cometidos por la milicia Ngiti el 24 de febrero de 2003 durante el ataque a la aldea de Bogoro, en Ituri, donde murieron cerca de 200 civiles. En abril, tanto la Defensa de Katanga como la Fiscalía de la CPI apelaron la decisión de la Corte. Ahora en Junio la Defensa de Katanga ha notificado que acepta la sentencia, y la Fiscal ha reaccionado de forma similar. En un caso diferente, la CPI ha confirmado su acusación, consistente en 18 cargos de crímenes de guerra y cinco crímenes contra la humanidad, contra Bosco Ntaganda. La Sala determinó que Ntaganda tiene responsabilidad penal individual en relación con un ataque generalizado y sistemático contra la población civil percibida como no Hema (como los Lendu, los Bira y grupos étnicos Nande) por la Unión de Patriotas Congoleños Fuerzas Patrióticas / pour la Libération du Congo (UPC / FPLC, por sus siglas en francés) entre agosto de 2002 y mayo de 2003, en la provincia de Ituri. (CPI, 09/06/14, 25/06/14)

La CPI ha confirmado la acusación contra el ex presidente Laurent Gbagbo de cuatro crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación, otros actos inhumanos o intento de asesinato y persecución), en relación a la violencia postelectoral en Côte d’Ivoire en 2010 y 2011. Los crímenes se cometieron presuntamente los días 16 a19 de diciembre de 2010, durante y después de una marcha a favor del candidato de oposición Ouattara a la sede de la RTI, el 3 de marzo de 2011 en una manifestación de mujeres en Abobo, el 17 de marzo de 2011 por los bombardeos a una zona densamente poblada de Abobo, y hacia el 12 de abril 2011 en Yopougon. El Tribunal ha considerado que existen pruebas suficientes para juzgar a Gbagbo basándose en su responsabilidad individual por los crímenes. La ONG Human Rights Watch ha celebrado la decisión, pero ha pedido a la Fiscalía de la CPI que investigue también los crímenes cometidos por los partidarios del presidente marfileño actual Alassane Ouattara. (ICC, 12/06/14; noticias Hirondelle, 13/06/14)

La Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) ha confirmado la condena por 30 años al ex jefe del Ejército Augustin Bizimungu por su papel en el genocidio de Rwanda en 1994. En mayo de 2011, la Sala de Primera Instancia II del TPIR condenó a Bizimungu por genocidio, exterminio, asesinato y violación como crímenes contra la humanidad, y por asesinato y violación en los ataques a las prefecturas de Ruhengeri, Kigali, Gitarama, Cyangugu y Butare en abril, mayo y junio de 1994. El tribunal consideró que Bizimungu, una de las figuras de más alto rango juzgadas por el TPIR, había llamado a la matanza de tutsis pocos días antes de ser nombrado jefe del ejército, y que tenía un control completo sobre los hombres a su mando que participaron en las masacres. En su apelación, Bizimungu alegó que había instado a la disciplina militar y al respeto a la dignidad de la vida humana. Aunque la Cámara de Apelaciones revocó algún cargo, confirmó la condena por 30 años de prisión en vista de la gravedad de las condenas restantes. (ICTR, 30/06/14; Jurist, 01/07/14)

Los ex soldados del ejército de la República serbia Mitar Vlasenko, Rade Vlasenko, y Drago Koncar, han sido arrestados por la policía local sospechosos de perpetuar crímenes de guerra. La Fiscalía les acusa de presuntamente matar a siete personas bosnias en el área de Kozarac entre mayo y junio de 1992. La detención ha tenido lugar después del descubrimiento el año pasado en Tomašica, cerca de Kozarac de la que, según se cree, es la mayor fosa común del conflicto armado en Bosnia de 1992 a 1995. Los expertos estiman que la fosa común contiene los restos de unas 1.000 víctimas. El año pasado se desenterraron a 435 de éstas, de las que 178 pudieron ser identificadas a través de análisis de ADN. Alrededor de 1.200 personas todavía están registradas como desaparecidas en la zona. (Reuters, 05/06/14)

Los jueces del Tribunal Supremo español ha votado 9 votos a favor y 7 en contra de abandonar dos investigaciones judiciales sobre el presunto genocidio y las violaciones de derechos humanos ejercidas en Tíbet por líderes chinos, entre los cuales se encontraba el ex presidente Hu Jintao. La decisión se debe a una nueva ley que restrinje la jurisdicción de los jueces españoles a la hora de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero. En febrero de 2014, mientras que la investigación amenazaba con dañar las relaciones entre los dos países, el Parlamento español puso fin a la jurisdicción universal, aprobando una ley que limita la capacidad del sistema judicial español para juzgar casos de crímenes contra la humanidad. Bajo la nueva ley, los tribunales españoles solo pueden procesar los delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero si el sospechoso es un ciudadano español, un extranjero residente en España o un extranjero cuya extradición haya sido denegada por España. La ley incluye una cláusula para poner fin a las investigaciones en curso, incluyendo las órdenes de detención emitidas en febrero a varios ex dirigentes chinos por su participación en el presunto genocidio en el Tíbet. Las autoridades chinas, que han sido acusados en varias ocasiones de uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, y de detención y desaparición de los monjes tibetanos, han acogido con satisfación la decisión. (BBC, 24/06/14, Jurist, 25/06/14)

El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil, Doudou Diène, ha reconocido los esfuerzos del Gobierno de Côte d'Ivoire para promover la reconciliación nacional, invitando a los partidos de oposición a contribuir a esta. Diène ha destacado la liberación de numerosos detenidos en la crisis post-electoral de 2010-2011, la ampliación de las consultas para la reforma de la Comisión Electoral Independiente (CEICI, por sus siglas en francés) para las elecciones de 2015, y el relanzamiento del diálogo político entre el gobierno y los partidos de oposición. El experto independiente también ha recordado que la justicia imparcial y equitativa tiene un papel clave en la reconciliación, y pidió que la escucha a las víctimas en la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación (CDVR) contribuya a la reconciliación interétnica y por encima de afiliaciones partidistas. (UNHCHR, 06/06/14)

De acuerdo con el Documento de Doha para la paz en Darfur de 2011, la Autoridad Regional de Darfur (ARD) ha puesto en marcha un Comité de Justicia, encabezado por el jefe de policía El Tayeb Abdel Rahman Mukhtar, y un Comité de Verdad y Reconciliación, liderado por Ibrahim Abdallah Mohamed. El Presidente de la ARD, Tijani Sese, instó a los comités a rendir cuentas y a luchar contra la impunidad relacionada con la venganza, y vinculó el trabajo de los Comités con compensaciones posteriores. La ARD también ha anunciado que pronto los antiguos combatientes rebeldes del Movimiento de Liberación y Justicia (LJM) se integrarán a las Fuerzas Armadas de Sudán. La creación de los comités ha despertado la reticencia de los representantes de las personas desplazadas en los campos de Darfur, que declararon en mayo no tener ninguna confianza en los Comités, y pideron, en su lugar, un órgano de justicia internacional. Otras voces críticas también han cuestionado el lanzamiento de tales Comités, mientras padece una escalada de la violencia por la quema sistemática de aldeas y el desplazamiento forzado de civiles a manos del grupo armado Rapid Support, bajo el mando del aparato de seguridad del gobierno. (El Fasher, 24/06/14)

La Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez ha iniciado su mandato el 9 de junio, inaugurada oficialmente para investigar violaciones graves de los derechos humanos que se cometieron por el Estado tunecino a partir de julio de 1955, y para proporcionar compensaciones y rehabilitación a las víctimas. Aunque la Comisión no sea un órgano judicial, puede remitir los casos de las violaciones más graves de los derechos humanos a los tribunales. Después de un proceso participativo de dos años, la Ley Orgánica sobre el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional aprobada el 15 de diciembre de 2013 por la Asamblea Nacional Constituyente puso en marcha la Comisión, junto a otros mecanismos de justicia de transición. Ésta tiene un mandato de cuatro años renovable por un año adicional. Algunos actores han expresado preocupaciones acerca de los comisionados, ya que algunos de ellos son figuras supuestamente desconocidas, sin la experiencia esperada en materia de derechos humanos, o incluso tienen lazos políticos con el régimen anterior. La confianza en la independencia judicial es aún débil, ya que no ha habido ninguna reforma judicial y los jueces no se han cambiado. (ICTJ, 06/06/14, RFI, PNUD, 09/06/14)

Durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado la creación de una comisión de la verdad para reconocer a las víctimas en ambos lados del conflicto, y para abordar los derechos de las víctimas, las reparaciones y las garantías de seguridad. Las negociaciones se dieron ocho días antes de las elecciones entre el actual presidente Juan Manuel Santos y el opositor Oscar Iván Zuluaga, quien amenazó con clausurar el proceso de negociación de paz. Las FARC habían declarado un alto el fuego del 9 al 30 de junio durante el período de las elecciones presidenciales. La decisión está en consonancia con el "Marco Legal para la Paz", que prevé la reducción de las penas para aquellos rebeldes que confiesen delitos relacionados con su pertenencia a grupos armados ilegales. Aunque el proyecto de ley fue criticado por activistas de derechos humanos que rechazan los perdones judiciales a los actores armados, la Corte Constitucional de Colombia declaró en agosto de 2013 que tal Marco es constitucional. Las conversaciones de paz en La Habana para poner fin a 50 años de conflicto que ha matado a más de 220.000 personas, han iniciado en noviembre de 2012. Según se destaca por un informe sobre desaparición forzada del organismo gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica, unas 26.000 personas permanecen enterradas de manera anónima en el selva o en los ríos. El Centro recuerda que dichos informes no sólo pueden contribuir a curar a las víctimas, sino que también pueden ser útiles para negociaciones entre los grupos armados y el gobierno. (El Colombiano, 02/06/14; Jurist, 08/06/14)

Un nuevo estudio publicado por la Fundación Kofi Annan y el Internacional Center for Transicional Justice (ICTJ, por sus siglas en inglés) concluye que las comisiones de la verdad pueden hacer importantes contribuciones a los procesos de paz si todas las partes están de acuerdo en objetivos comunes, si existe una verdadera voluntad política local para investigar hechos del pasado, y si se basan en políticas basadas en los derechos y en el acceso a la justicia. Las Comisiones de la verdad, sin embargo, también pueden obstaculizar los procesos de paz si generan expectativas demasiado elevadas, si no invierten suficientes recursos, si no son independientes, legítimas o no reconocen realmente el derecho de las víctimas a la verdad. Para contribuir a un proceso de paz, las comisiones de la verdad deben ser definidas conjuntamente entre mediadores de paz y profesionales de la justicia transicional, y adaptarse a las circunstancias de cada país. (ICTJ, 18/06/14)

El Equipo Forense Especializado del Ministerio Público ha iniciado investigaciones en la fosa común de Saigon, en la provincia de Pangoa. Prevé encontrar entre 120 y 160 cuerpos de personas asháninkas, una comunidad indígena que sufrió el desplazamiento forzado, el trabajo esclavo y la esclavitud sexual por parte del grupo armado Sendero Luminoso entre 1980 y el año 2000. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de las 70.000 víctimas mortales del conflicto, 6.000 eran ashkàninkas. Aunque Saigón podría ser la fosa común más grande hallada en el país, ésta no fue mencionada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Miembros de la comunidad ashkáninka denuncian que todavía no han recibido las compensaciones establecidas por el plan de reparaciones. Hasta la fecha, se han exhumado 3.000 cuerpos. (Correo, 11/06/14, El País Lima, 13/06/14, El Comercio, 23/06/14)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha nombrado al equipo que investigará las presuntas graves violaciones y abusos de los derechos humanos y delitos relacionados cometidos por ambas partes durante los últimos años del conflicto armado en Sri Lanka, de acuerdo con el mandato de la resolución 25/1 del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2014. El Equipo de Investigación, en funcionamiento hasta mediados de abril de 2015, estará formado por 12 miembros, incluyendo investigadores, expertos forenses, una especialista en género, una analista legal y varios otros miembros con conocimientos especializados. El equipo contará con el asesoramiento de los tres expertos Martti Ahtisaari, diplomático y mediador de la ONU; Silvia Cartwright, juez de las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya; y Asma Jahangir, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. El nombramiento de Sandra Beidas para coordinar el equipo de investigación ha suscitado polémica, ya que fue expulsada de Sudán del Sur en noviembre de 2012 acusada de redactar informes falsos sobre la conducta de las fuerzas armadas de Sudán del Sur, una acusación que el ACNUDH niega. Sri Lanka ha afirmado que no cooperará con esta investigación que afecta a la soberanía del país y que va en contra de los principios de las Naciones Unidas, mientras defiende su propio proceso de investigación. (Al-Jazeera, 11/o6/14; UNHCHR, 25/06/14)

Durante una cumbre en Londres sobre "Eliminación de la violencia sexual en los conflictos", el secretario general de la ONU Ban Ki-moon lanzó las Directrices sobre Reparaciones a la Violencia Sexual debida a los Conflictos, que se aplican a las misiones de paz de la ONU en todo el mundo. Tales medidas de reparación son la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Si bien los datos sobre este tipo de crímenes de guerra son difíciles de cuantificar, se sabe que afecta a mujeres, hombres, niñas y niños. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de mecanismos de sanción en caso de incumplimiento de las directrices, sobre cómo el personal de las misiones de la ONU será formado en estos temas, así como la forma en que el contexto sociocultural, es decir, la salud, la educación, la planeación económica en conflicto o post-conficto integrará y abordará las necesidades de las personas afectadas por la violencia sexual. Durante la misma cumbre, el secretario de Asuntos Exteriores británico, William Hague, anunció una contribución de 1 millón de libras para el Fondo Fiduciario para las Víctimas de la CPI (TFV, por sus siglas en inglés) para asistir a las víctimas de violencia sexual y de género. (UN IPS, ICC, 12/06/14)

Las conmemoraciones en Bosnia del asesinato por Gavrilo Princip de Franz Ferdinand y de su esposa Sophie, herederos del trono austro-húngaro el 28 de junio de 1914, han vuelto a abrir heridas en el país. Los hechos, que iniciaron la Primera Guerra Mundial, son interpretados de manera diferente por las comunidades bosníaca, croata y serbo-bosnia del país. En el centro de Sarajevo, un concierto conmemorativo ha tenido lugar en una biblioteca nacional recién restaurada que había sido destruida durante el asedio de la ciudad 1992 por las fuerzas serbias de Bosnia en la guerra de Bosnia, con la presencia del presidente de Austria, Heinz Fischer. Mientras tanto, algunos líderes de Serbia y serbo-bosnios boicotearon los actos oficiales, que según ellos estaban diseñados para incriminar a los serbios. Las conmemoraciones alternativas organizadas por los serbios de Bosnia, han incluido una recreación del asesinato bajo música interpretada por la Filarmónica de Belgrado en la ciudad de Visegrad, o la inauguración, al este de Sarajevo, de una estatua de Princip, considerado por la comunidad serbia como un héroe nacional que puso fin a años de ocupación de los Balcanes por el imperio austro-húngaro. (BBC, 28/06/14)