La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha recibido a principios de agosto al ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad al-Malki, para aclarar los mecanismos existentes sobre la jurisdicción de la CPI. Después de ser acusada por un periódico británico de no abrir investigaciones por crímenes de guerra debido a presiones políticas, Bensouda ha argumentado que la CPI no tiene jurisdicción sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos. La jurisdicción de la CPI sería aplicable si Israel o Palestina fueran Estados parte del Estatuto de Roma, si el gobierno Palestino hubiera presentado una declaraxión oficial de aceptación de la jurisdicción de la CPI, o si hubiera solicitado a la Fiscalía de la CPI que abriera una investigación. El gobierno palestino declaró aceptar la jurisdicción de la CPI en 2009, pero la solicitud fue denegada por la CPI en 2002 argumentando que Palestina no era un Estado miembro de la ONU, sino que tan solo tenía un estatuto de "observador". Con el objetivo de garantizar la jurisdicción de la CPI sobre los recientes crímenes entre Israel y Palestina, Amnistía Internacional ha pedido a la Fiscal que revise su denegación de 2002, ha invitado a la Autoridad Palestina a volver a presentar su declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI, ha llamado al gobierno de Israel a firmar el Estatuto de Roma (que firmó en diciembre de 2000 pero retractó en agosto de 2002), y ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir el caso a la Fiscal de la CPI para su investigación. (AI, 01/08/14; ICC, 05/08/14; El País, 14/08/14; The Guardian, 29/08/14)

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) han considerado a Nuon Chea y Khieu Samphan, altos cargos del Partido Comunista de Kampuchea (CPK), culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos entre abril de 1975 y diciembre de 1977. Más de 1,7 millones de personas murieron bajo el gobierno de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. La Cámara, que los ha condenado a cadena perpetua, ha concluido que implementaron políticas de desplazamiento forzoso de la población en circunstancias aterradoras, promovieron la ejecución de antiguos oficiales de la República Khmer, resultando en el homicidio de al menos 250 funcionarios, y que instigaron los crímenes de exterminio y otros actos inhumanos, incluidas las desapariciones forzadas. Según sus abogados, los dos acusados, que se enfrentan a una segunda fase del juicio con cargos adicionales, apelarán la sentencia. En esta primera fase del juicio, que ha durado 222 días, han intervenido 92 testigos y han asistido 103.724 personas. Los argumentos a favor de las ECCC resaltan la oportunidad de que el sistema judicial camboyano, considerado corrupto, colabore con un equipo judicial híbrido ONU-camboyano. Las posturas críticas lamentan que la mayoría de los Jemeres Rojos acusados han muerto antes de ser juzgados, y que los juicios cubren una parte muy limitada de los crímenes del régimen. (The NY Times, 06/08/14; ECCC, 07/08/14; East Asia Forum, 30/08/14)

Un tribunal militar ha iniciado en la región de Kivu del Sur el juicio al teniente coronel Bedi Mobuli Egangela, acusado de crímenes que incluyen asesinato, violación y tortura presuntamente cometidos entre 2005 y 2006 en el este de la RD del Congo. El juicio, que puede durar unas tres semanas, escuchará los testimonios de unas 100 presuntas víctimas, aunque según la organización Avocats sans Frontières (Abogados sin Fronteras), más de 900 personas han sido identificadas como víctimas. Scott Campbell, de la división de derechos humanos de la misión de la ONU, señaló que el Consejo de Seguridad y diferentes representantes especiales del secretario general de la ONU consideran este caso como una prueba de ensayo para valorar si la justicia militar congolesa es capaz de hacer justicia en caso de delitos muy graves cometidos por oficiales de alto rango. A principios de 2014, 39 soldados fueron juzgados por presunta violación en masa, pero todos ellos eran soldados de bajo rango, y sólo dos fueron condenados por violencia sexual. La violencia sexual sigue siendo un problema importante en el este de la RD Congo, donde varios grupos armados siguen operando más de una década después del fin oficial del conflicto en 2002. (BBC, 14/08/14; 22/08/14)

El oficial argentino Jorge Horacio Páez Senestrari fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, acusado de tortura y homicidio agravado en el noroeste de la provincia de San Juan de Argentina, y extraditado inmediatamente a la ciudad fronteriza de Yacuiba. Páez permanecía huido de la justicia desde 2011, y estaba bajo una orden internacional de arresto de la Interpol. El acusado, uno de los protagonistas más buscados de la represión Argentina, se enfrenta ahora a un juicio por tortura, abuso sexual y homicidio. Páez ya ha sido condenado a 25 años de cárcel en otro juicio por homicidio agravado y tortura, pero fue liberado en 2011 por un tribunal de apelaciones. Alrededor de 30.000 personas fueron torturadas y asesinadas durante el régimen militar de Argentina (1976-1983). (BBC, Infojus Noticias, 11/08/14)

El juez Paul Perel ha dictaminado que los testimonios de los 38.000 supervivientes de violaciones de derechos humanos en escuelas residenciales de Canadá deben ser destruidos por morivos de privacidad, a menos que las víctimas opten por mantener sus registros en un archivo. Durante la mayor parte del siglo pasado, unos 150.000 niños y niñas de naciones originarias, inuit y metis fueron escolarizados por la fuerza en internados como parte de los esfuerzos del Gobierno para "integrar a los indios”. Muchos sufrieron abusos a los derechos humanos en estas escuelas religiosas. Mientras algunos consideran que el material estaba concebido para ser confidencial y debe ser destruido una vez se procesen las demandas, otros, incluyendo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, han solicitado que los documentos se conserven para garantizar el registro histórico más completo posible. La Comisión iniciará ahora un proceso de información para notificar a los 38.000 supervivientes de su derecho a preservar su testimonio. (The Star, The Canadian Press, 07/08/14)

Estela de Carlotto, presidenta de la organización que busca a nietos secuestrados Abuelas de Plaza de Mayo, ha encontrado su nieto Guido Carlotto Montoya/ Ignacio Hurban después de 36 años de búsqueda. Ignacio Hurban fue robado de sus padres cuando era un bebé, y dado en adopción en 1978. Su padre biológico había sido asesinado en diciembre de 1977, y su madre fue ejecutada bajo custodia en junio de 1978, poco después de dar a luz. Después de conocer a sus abuelas, Ignacio Hurban ha declarado que ha resultado ser una experiencia hermosa, y ha animado a dar el paso a otras personas que sospechen estar en la misma situación. Hurban es el nieto secuestrado 114º en ser identificado por la organización, aunque todavía falta encontrar a más de 400 nietos más. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha celebrado la noticia, destacando el papel de la organización Abuelas de Plaza de Mayo que abogó por la creación del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en 1980, y participó en el proyecto y la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El ACNUDH también ha instado a todos los gobiernos a que apoyen plenamente a las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones que trabajan en su nombre en la búsqueda de sus seres queridos. (BBC, ACNUDH, 08/08/14)

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) ha designado una comisión de investigación para examinar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario en los Territorios Ocupados Palestinos, incluida Jerusalén oriental y la Franja de Gaza, perpetuadas desde el 13 de junio de 2014. Sus miembros son William Schabas, Doudou Diène, y un tercero por determinar. La Comisión de Investigación se creó en julio de 2014 con el mandato de presentar un informe el próximo marzo 2015. Mientras que el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, ha acogido con satisfacción la decisión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que el CDH debe investigar los crímenes de guerra en otros países y no en Israel, y ha advertido de que el Gobierno israelí no cooperará con la Comisión. Según la ONU, el Ejército israelí ha matado a más de 2.000 palestinos - 69% de ellos civiles, incluidos 495 niños y 253 mujeres - desde el comienzo de los enfrentamientos en el 8 de julio. El grupo armado palestino Hamas ha matado a 66 soldados israelíes y 7 civiles. Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, han denunciado que el ataque contra seis escuelas de la ONU y la única central eléctrica existente en Gaza puede equivaler a crímenes de guerra. Estos dos actores también han lamentado que los grupos armados palestinos hayan almacenado municiones en instalaciones de la ONU y otros edificios civiles, poniendo en peligro a la población civil palestina. (AI, 30/07/14; Jurist, 01/08/14, 12/08/14; ACNUDH, 11/08/14; Times of Israel, 13/08/14; El País, 14/08/14)

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha concluido en su informe tras su visita a España en Febrero de 2014 que las políticas públicas españolas tienen graves deficiencias con respecto a la verdad y la justicia. De Greiff lamenta la falta de información oficial, de mecanismos para buscar la verdad, la privatización de las exhumaciones que se dejan bajo la responsabilidad de las víctimas y genera problemas de homologación y reconocimiento oficial de la verdad. En el ámbito de la justicia, una interpretación demasiado restrictiva de la Ley de Amnistía de 1977 niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo de investigación. En una apreciación más positiva, el informe reconoce la democratización de las Fuerzas Armadas. El Relator Especial insta al Gobierno español y a la sociedad civil a debatir la forma de abordar los retos pendientes: establecer mecanismos para oficializar la verdad; asumir la responsabilidad sobre exhumaciones; garantizar el acceso a todos los documentos encontrados; eliminar o resignificar los símbolos franquistas que quedan; formar a los cuerpos de seguridad sobre las violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura; ampliar los programas de reparación, considerar alternativas a la Ley de Amnistía de 1977; y colaborar con otros Estados que enjuician los delitos relacionados con el Franquismo (1939-1975). (ACNUDH, 22/07/14 (A/HRC/27/56/Add.1); El Diario, 28/08/14)

La Comisión Internacional Independiente de la ONU de Investigación sobre la República Árabe Siria ha presentado su octavo informe que documenta el sufrimiento causado a la población civil. Se acusa a las fuerzas gubernamentales de crímenes de lesa humanidad (masacre, ataque generalizado contra la población civil, asesinato sistemático, tortura, violación y desaparición forzada) y crímenes de guerra (asesinato, toma de rehenes, tortura, violación y violencia sexual, reclutamiento de menores, ataque a civiles, ignorar la protección especial de hospitales y personal humanitario, bombardeo aéreo desproporcionado, y uso de gas cloro, que es ilegal). Los grupos armados no estatales, de manera similar, están acusados de crímenes de guerra (asesinato, ejecución sin garantías judiciales, tortura, toma de rehenes, desaparición forzada, violación y violencia sexual, reclutamiento de menores, ataques a periodistas y personal médico, y bombardeos a barrios civiles). En un informe distinto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha contabilizado más de 191.000 muertos en Siria entre marzo de 2011 y abril de 2014. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha lamentado la falta de atención a pesar de la gravedad del sufrimiento de la población. Criticando la parálisis internacional, Pillay ha pedido al Consejo de Seguridad que remita el caso a la Corte Penal Internacional, y a los gobiernos que dejen de facilitar armas y otros suministros militares. (ACNUDH, 13/08/14 (A/HRC/27/60); ACNUDH, 22/08/14)

Un primer grupo de 12 víctimas del conflicto armado colombiano se han sumado a las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cada una de las víctimas ha explicado sus expectativas en relación con el proceso de verdad, justicia y reparación, y ha formulado recomendaciones. Un total de 60 víctimas serán finalmente escuchadas por la mesa de negociaciones, seleccionadas por el centro universitario de investigación Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, la Conferencia Episcopal colombiana y la ONU Colombia, siguiendo criterios de tipo de victimización (desplazamiento/ desaparición...), agresor (estado/ paramilitares/ guerrilla), la diversidad geográfica y social. Como ha destacado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la participación de las víctimas en una mesa de negociaciones de paz no tiene precedentes, y constituye un posible modelo para otros países que traten con cuestiones de justicia, paz y reconciliación. Las víctimas y la sociedad civil en general han participado en las conversaciones de paz a través de diferentes canales, como foros de las víctimas, en los que han participado 3.000 víctimas, o las mesas de conversación regionales (y a través de un portal de Internet), que han recibido más de 7.500 propuestas relacionadas con los temas de la agenda de negociación. (El Tiempo, 15-17/08/14; BBC, 17/08/14)

Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC) han recordado en su sentencia del caso contra Nuon Chea y Khieu Samphan que se están llevando a cabo 11 iniciativas de reparación. Estos proyectos, diseñados para reconocer el perjuicio sufrido por las partes civiles del régimen del Jemer Rojo, incluyen la institución de un Día Nacional de la Memoria; la construcción de un monumento en Phnom Penh para honrar a las víctimas de desalojos forzados; un proyecto terapéutico a los testigos; grupos de autoayuda; una exposición permanente; una exposición itinerante y proyectos educativos; la inclusión de un capítulo sobre el movimiento y las ejecuciones forzadas de población en Tuol Po Chrey dentro del plan de estudios escolar de Camboya; la construcción de un centro de aprendizaje de la paz; un folleto sobre los hechos juzgados y la participación de la parte civil en las ECCC; dos ediciones del veredicto en el Nuon Chea y Khieu Samphan Caso; y la inclusión de los nombres de los actores civiles que han participado en los enjuiciamientos en el sitio web de las ECCC. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión de la Cámara de aprobar estos 11 proyectos de reparación y ha hecho un llamamiento para que se apliquen plenamente. La organización también ha instado al Gobierno de Camboya a que ponga mayor esfuerzo para reparar el daño sufrido por las víctimas. (ECCC, AI, 07/08/14)

Familiares de víctimas de la comunidad indígena Ixil han celebrado una ceremonia para enterrar a 31 civiles muertos en la aldea de Xecax en febrero de 1982. Hace cuatro años la Fundación de Antropología Forense de Guatemala inició la exhumación de los 31 cuerpos (28 cuerpos completos y tres partes de cuerpos), aunque solo ha sido capaz de identificar a ocho de ellos. La guerra civil en Guatemala entre el Estado y varias guerrillas (1960-1996) causó más de 200.000 muertes, el 93% a manos de las Fuerzas Armadas gubernamentales, de acuerdo a un informe de la ONU. El 83% de las víctimas, además, eran indígenas mayas. No se han identificado responsables de la masacre. Algunos miembros de la comunidad culpan a Otto Pérez Molina, actual presidente del país. Pérez Molina, que ha negado la acusación, fue comandante militar en Quiché, la región donde se produjo la masacre Xecax. (AP, Tico Times, 30/07/14)

Los presidentes alemán y francés, Joachim Gauck y François Hollande, han conmemorado el centenario de la declaración de guerra de Alemania a Francia en agosto de 1914 en homenaje a los soldados caídos en Alsacia. Han colocado la primera piedra de un monumento a la Gran Guerra en el cementerio de Vieil Armand que contiene los restos de 12.000 soldados no identificados. Unos 30.000 hombres murieron en las montañas alrededor de ese emplazamiento. Tras agradecer el sacrificio de los soldados, ambos líderes celebraron la amistad actual de los dos países como un ejemplo para los lugares donde se vea amenazada la paz. Otros actos de memoria han tenido lugar en Lieja - donde fueron invitados 50 jefes de Estado -, Mons (Bélgica), Londres, o Glasgow (Reino Unido). Entre 1914 y 1918, la guerra dejó 17 millones de soldados y civiles muertos. (BBC, 03/08/14; 05/08/14)