La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha explicado que la Corte no seguirá con su investigación acerca de la incursión de las Fuerzas de Defensa Israelíes contra una flotilla internacional que transportaba ayuda humanitaria a Gaza en 2010. Si bien reconoce que existen motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra en uno de los barcos, el Mavi Marmara, sostiene que los crímenes no son lo suficientemente graves como para ser perseguidos por el Tribunal, que debe priorizar los crímenes de guerra a gran escala. En 2010, el Ejército israelí abordó la flotilla en aguas internacionales, matando a nueve pasajeros – de los cuales ocho ciudadanos turcos y uno estadounidense de origen turco - e hiriendo a otros varios. La demanda fue presentada inicialmente a la CPI por Comoras en 2013, ya que el navío Mavi Marmara estaba abanderado en Comoras, y porque ni Turquía ni Israel son miembros de la CPI. La decisión de la fiscal de la CPI ha sido considerada un éxito por familiares de algunas víctimas, ya que reconoce que hubo crímenes de guerra, y también por el Ministerio de Exteriores de Israel, satisfecho por el cierre de lo que consideran una investigación jurídicamente injustificada y políticamente interesada. El abogado turco que representa Comoras, Razaman Ariturk, ha acusado a la CPI de tener un doble rasero, lamentando la negativa actual de investigar los hechos de la flotilla, mientras que si investigó hechos similares en el caso Abu Garda, cuando 11 miembros de la Misión de paz de la Unión Africana en Sudán fueron asesinados en 2007. (Jurist, NY Times, 06/11/14; AP, 14/11/14)

En su octavo informe al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Libia, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha advertido de que el agravamiento de la violencia y la inestabilidad política están impidiendo reducir la impunidad en el país. Bensouda ha señalado los problemas de seguridad que son jurisdicción de la CPI, como los asesinatos continuados en Bengasi, las amenazas a profesionales de medios de comunicación, mujeres, defensores de derechos humanos, fiscales, jueces y abogados; el elevado número de personas en detención preventiva, algunas de las cuales pueden estar sujetas a tortura y muerte bajo custodia; y el desplazamiento masivo de personas Tawerghan. Bensouda sostiene que la situación de seguridad, la división del país en dos zonas con dos Gobiernos y la falta de recursos han dificultado considerablemente la capacidad de la CPI de investigar de manera efectiva en el país. Con el fin de poder llevar a cabo sus funciones, Bensouda ha instado a las autoridades libias a garantizar las condiciones necesarias para facilitar las investigaciones de la CPI en Libia, y entregar inmediatamente a Saif Al-Islam Gaddafi a la custodia de la Corte. También ha pedido a la comunidad internacional que explore soluciones para restaurar la estabilidad en Libia, y que forme un grupo de contacto internacional sobre temas de justicia para proporcionar apoyo material y jurídico entre otros a Libia. En febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU refirió el caso de Libia a la CPI. De los tres casos que debían juzgarse inicialmente por crímenes contra la humanidad, sólo el juicio a Saif al-Islam al-Gaddafi, hijo del antiguo dictador acusado de dos cargos de crímenes contra la humanidad, aún está pendiente, ya que Muammar al-Gaddafi, el dictador del régimen anterior, fue asesinado y Abdullah al-Senussi, actual jefe de inteligencia militar, es juzgado por un tribunal nacional. (CPI, 11/11/14)

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslacia ha decidido liberar al líder nacionalista del Partido Radical Serbio, Vojislav Šešelj por razones humanitarias – enfermo de cáncer – después de 12 años en prisión sin sentencia. Su liberación está condicionada a no interferir con víctimas ni testigos, y a volver a estar presente en el veredicto del TPIY. Pero Šešelj ha asegurado públicamente que no se entregará de vuelta a la justicia, entre otras declaraciones políticas en contra de los líderes serbios actuales. Šešelj, que se entregó voluntariamente al TPIY en 2003, está acusado de crímenes contra la humanidad (persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, deportación y traslado forzoso), y violaciones de las leyes o usos de la guerra (asesinato, tortura, tratos crueles, destrucción indiscriminada de pueblos, y devastación no justificada por necesidades militares, destrucción o daño deliberado de instituciones dedicadas a la religión o la educación, saqueo de bienes públicos o privados) en contra de croatas, musulmanes y otros ciudadanos no serbios, de agosto 1991 a septiembre de 1993 en diferentes regiones de Bosnia. Mientras Šešelj se declaró inocente, los fiscales pidieron una pena de 28 años de cárcel. Su juicio concluyó en 2012, pero no se espera el veredicto hasta finales de 2015. Su liberación ha despertado el apoyo de sus seguidores, mientras que los representantes de varias asociaciones de víctimas bosnias y croatas han deplorado su liberación antes de dictar sentencia. A raíz de la polémica, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide el fin de la impunidad en la antigua Yugoslavia, expresando su preocupación por la retórica radical y extrema que producen tensiones entre personas y los grupos étnicos. (BBC, 12/11/14; SBS, 13/11/14; InSerbia, 14/11/14; Parlamento Europeo 2014/2970 (RSP)

En juicios distintos, el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) ha condenado a muerte a cuatro líderes políticos. El líder del partido Jamaat-e-Islami, Motiur Rahman Nizami, ha sido condenado por asesinato, violación y saqueo en 1971. Otro líder de Jamaat-e-Islami y magnate de la prensa Mir Quasem Ali ha sido condenado por ocho cargos de crímenes de guerra perpetrados en la ciudad de Chittagong en 1971. Zahid Hussain Khokon, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y alcalde de la ciudad de Nagarkanda, ha sido declarado culpable por cargos que incluyen asesinato en masa, asesinato, violación, pillaje y conversión religiosa forzosa de hindúes. Mobarak Hossain, ex dirigente de la Liga Awami, ha sido declarado culpable de asesinato, secuestro y tortura. El caso de Mobarak Hossain, supone la primera condena a un miembro de la Liga Awami, el partido actualmente en el poder. Todos los delitos se refieren a hechos violentos ocurridos durante la guerra de 1971. Mientras que algunos sectores han celebrado los veredictos, el partido Jammat-e-Islami ha convocado huelgas nacionales en protesta por la sentencia. Creado en 2010, el ICTB ha sido criticado por atacar a la oposición política. Desde el año 2013, 14 personas han sido condenadas por crímenes de guerra, diez de las cuales pertenecen al partido Jamaat-e-Islami. Las condenas han provocado protestas islamistas que han comportado por lo menos 150 muertes desde principios de 2013, causadas principalmente por las fuerzas de seguridad. (BBC, 02/11/14; 24/11/14)

Un tribunal indígena de Toribio, Colombia, ha condenado a siete combatientes indígenas del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el asesinato de dos líderes de la comunidad indígena nasa. Los líderes fueron asesinados a tiros después de retirar una valla publicitaria que alababa al líder de las FARC, Alfonso Cano. Dos años antes, los nasa había pedido al Ejército y a la guerrilla colombiana que abandonaran su territorio, explicando que estaban quedando atrapados entre dos fuegos del conflicto. La corte asamblearia, integrada por 3.000 miembros, ha condenado a cinco de ellos de 40 a 60 años de cárcel y otras dos personas – de 14 y 17 años – a 20 latigazos y a reclusión en un centro de rehabilitación hasta que cumplan 18. Tras el juicio, las armas utilizadas por los guerrilleros han sido destruidas ante la corte indígena. El representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, ha afirmado que los rebeldes de las FARC deberían haber sido juzgados en un tribunal independiente, ya que los rebeldes no han tenido derecho a defensa y se les ha negado el derecho a apelar. Las autoridades indígenas en Colombia tienen jurisdicción en sus propios territorios siempre que no contravengan la legislación nacional. Alrededor de 220.000 personas han muerto en cinco décadas de conflicto armado en Colombia. (BBC, 10-12 /11/14)

El ex comandante de la milicia y el líder de las Fuerzas Armadas del Pueblo Congoleño (FAPC), Jerôme Kakwavu, acusado de crímenes de guerra, ha sido condenado por un tribunal militar a 10 años de prisión, y al pago de indemnizaciones a una docena de víctimas. Estaba acusado de cometer crímenes de guerra de violación, asesinato y tortura en el distrito occidental de la provincia de Ituri, en 2004, y por las masacres cometidas en los bosques de Kobu y Jicho contra la población civil en enero de 2003. La sentencia de Kakwavu es importante dado que es el primer general congolés condenado por violación. Según un informe de Human Rights Watch, de las 187 condenas impuestas por tribunales militares por violencia sexual entre julio de 2011 y diciembre 2013 registradas por Naciones Unidas, sólo tres se dirigían a altos oficiales del Ejército. David Tolbert, Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional ha declarado que la condena de Kakwavu es un signo positivo en la rendición de cuentas del país, pero que el número de investigaciones abiertas relacionadas con crímenes internacionales permanece muy limitado en comparación con la magnitud de las atrocidades cometidas. (Radio Okapi, 07/11/14; HRW, 10/11/14; ICTJ, 12/11/14)

El Gobierno israelí ha negado la entrada a los miembros del comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU creado para investigar posibles crímenes de guerra cometidos durante julio y agosto de 2014 en ataques aéreos sobre Gaza. Denunciando una obsesiva hostilidad hacia Israel, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nachshon, dijo que no cooperará con una investigación de la ONU que se centre en un solo bando, pero que facilitará documentos que indican que el grupo armado palestino Hamas cometió crímenes de guerra. Poco antes, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un informe que investiga los ataques aéreos de las fuerzas israelíes dirigidos contra casas habitadas en julio y agosto. El informe, que documenta el bombardeo de varios edificios, concluye que algunos casos equivalen a crímenes de guerra. Mientras que la organización ha podido identificar algunos casos en que el bombardeo de edificios estaba relacionado con posibles objetivos militares, esto no ha sido cierto en todos los casos investigados, lo que podría constituir crímenes de guerra. El informe también sostiene que en los casos en los que se identificaron posibles objetivos militares, hubo un uso desproporcionado de la fuerza, dado que no se dieron avisos previos, y que se derruyeron casas repletas de civiles. Por estas razones, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU que posibiliten una investigación de la CPI. Según Amnistía Internacional, durante los ataques a Gaza de julio y agosto de 2014, al menos 18.000 viviendas fueron destruidas o convertidas en inhabitables. Más de 1.500 civiles palestinos, incluyendo 519 niños murieron en ataques israelíes. Los grupos armados palestinos también cometieron crímenes de guerra, disparando miles de cohetes indiscriminados contra Israel matando a seis civiles, incluido un niño. (AI, 06/11/14, Haaretz, 12/11/14)

Amnistía Internacional ha publicado un informe que acusa a la empresa minera belga Groupe Forrest Internacional de demoler cientos de viviendas en la RD del Congo, y de obstaculizar la justicia y la reparación a las víctimas. Según la organización de derechos humanos, la filial de la compañía Entreprise Général Malta Forrest (EGMF) suministró excavadoras para demoler 387 viviendas y para desalojar forzosamente a cientos de personas que viven junto a la mina de cobre y de cobalto de la compañía de Luiswishi, en Kawama, entre mayo de 2009 y mayo de 2010, en pleno conflicto armado (1998-actualidad). El informe también detalla cómo las empresas y el Gobierno congoleño han obstaculizado los intentos de los habitantes del pueblo de obtener justicia. Groupe Forrest Internacional ha afirmado en repetidas ocasiones que las demoliciones eran legales, y que las excavadoras sólo destruyeron chabolas temporales pertenecientes a pequeños mineros. Pero AI ha presentado fotografías por satélite, imágenes de vídeo y archivos de una investigación penal de un fiscal del Gobierno que demuestran lo contrario. El informe pide a las autoridades congoleñas y a Groupe Forrest Internacional que garanticen la plena indemnización por todas las pérdidas causadas por las demoliciones y los desalojos forzosos, y que presenten cargos contra todos los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario. También solicita a Bélgica que regule adecuadamente las multinacionales belgas en su propio país y en el extranjero. Después de la presentación del informe, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos congoleño ha anunciado que ha tomado medidas para enjuiciar las demoliciones de Kawama. La competencia por el control de los minerales es una de las causas de la guerra en RD Congo. Se estima que el país posee el 34% de las reservas mundiales de cobalto y el 10% de las reservas de cobre. (BBC, 24/11/14; AI, 24, 27/11/14)

Más de 120 mujeres que trabajaron como prostitutas en los años 1970 alrededor de la base estadounidense de la ciudad de Uijeongbu solicitan una indemnización al Gobierno coreano, argumentando que el Gobierno les alentó a prostituirse para contentar a las fuerzas estadounidenses, abandonándolas en la pobreza ahora que son mayores. Las mujeres exigen una disculpa y una indemnización de 10.000 dólares cada una, y una investigación de la participación del Gobierno en el presunto fomento de que mujeres pobres y sin educación trabajaran como prostitutas. Las Fuerzas Armadas de EEUU en Corea aseguran que aplican ahora una "tolerancia cero" con militares que utilicen prostitutas, patrullando las zonas con mayor prostitución, y buscando transgresores en los bares. La prostitución también ha sido prohibida en Corea del Sur desde 2004. (Daily Mail, 28/11/14)

Un tribunal de apelaciones ha ordenado al Gobierno a pagar alrededor de 150 millones de pesos (240.000 de dólares) a cada uno de los 31 ex presos políticos recluidos en 1973-1975, durante la dictadura de Augusto Pinochet, en la isla Dawson, en Tierra del Fuego. Los prisioneros, que incluyen líderes políticos y ministros de Gobierno, estuvieron recluidos en barracones hacinados a temperaturas bajo cero y sometidos a trabajo forzoso, y fueron reconocidos como víctimas del Estado en un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Los demandantes presentaron su demanda en enero de 2008, reclamando 400 millones de pesos (640.000 dólares) cada uno, y 500 pesos (0,8 dólares) por día de prisión. Una sentencia anterior había reconocido su derecho a reparación, pero el Consejo de Defensa del Estado apeló la decisión argumentando que el plazo para reclamar una indemnización había prescrito. Pero el tribunal de apelaciones ahora ha sentenciado que teniendo en cuenta que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, las medidas de reparación relacionados con esos delitos tampoco deben prescribir. El vicepresidente de la Organización Nacional de Ex Presos Políticos de Chile, Víctor Rosas Vergara, ha valorado la decisión como un fallo histórico, ya que hasta la fecha las demandas de reparación habían sido sistemáticamente rechazadas por los tribunales, argumentando que las víctimas deberían haber presentado la petición en los primeros cuatro años de haber sido presos, en plena dictadura. Se estima que alrededor de 38.000 personas fueron torturadas durante el régimen de Pinochet. (La Prensa Austral, 20/11/14; Santiago Times, 25/11/14)

Las negociaciones entre partidos en Stormont para tratar cuestiones controvertidas del patrimonio, tal como la regulación de banderas, desfiles y el pasado, ha suscitado críticas de sociedad civil y medios de comunicación. Varios periódicos han expresado su preocupación por la falta de progresos sobre los que informar tras semanas de negociación. En cuanto al lenguaje ofensivo, el dirigente del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), Gregory Campbell, ha utilizado expresiones ofensivas contra las propuestas del partido Sinn Fein, y parodiado el acento irlandés para mostrar su rechazo a una Ley sobre el Idioma Irlandés. Del mismo modo, el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, tuvo que disculparse por llamar "bastardos" a los unionistas radicales. Analistas y representantes de la sociedad civil han deplorado este tipo de actitudes, cuestionando el ejemplo que estos supuestos representantes están mostrando al resto de la sociedad. Al mismo tiempo, la Policía ha iniciado una investigación por una supuesta desviación de gastos por parte de algunos miembros del DUP y del Sinn Fein que han participado en las negociaciones de Stormont. La investigación del posible delito se ha iniciado a raíz de la emisión de dos documentales de la BBC que señalaban presuntos casos de malversación de dinero público. Como señala un informe de la Oficina de Irlanda del Norte presentado a los partidos durante las actuales negociaciones de Stormont, llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de patrimonio es crucial. El documento señala que la situación actual no cumple suficientemente las necesidades de las víctimas, que las diferencias sobre el pasado pueden desestabilizar la toma de decisiones, que la gestión de cuestiones de patrimonio cuestan más de 50 millones de libras (78 millones de dólares) al año, y que ponen al límite la capacidad de la Policía. (Belfast Telegraph, 26/11/14; BBC, 12, 27/11/14)

Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno serbio que actúe contra la impunidad de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos por la policía, fuerzas militares y paramilitares serbias durante las guerras de los Balcanes en la década de 1990. Según AI, diez años después de la apertura del Tribunal de Crímenes de Guerra Especial en Belgrado, solo cerca de 160 personas han sido juzgadas por los crímenes, y pocas víctimas han recibido reparación alguna. Para acabar con la impunidad, la organización de derechos humanos propone: proporcionar personal y recursos suficientes a la Oficina del Fiscal de Crímenes de Guerra; crear una Unidad de Investigación de Crímenes de Guerra de la Policía eficaz; garantizar un apoyo adecuado a los testigos, incluido el apoyo especializado a las víctimas de violencia sexual; y poner fin a la intimidación de testigos protegidos por la unidad de protección de testigos. Amnistía Internacional considera que el proceso de adhesión de Serbia a la Unión Europea es una oportunidad única para hacer frente a las deficiencias en el sistema legal. En octubre de 2014 en su Informe sobre la situación en Serbia, la Comisión Europea también lamentó la falta de investigación de altos funcionarios militares y policiales, la falta de una protección de testigos eficaz y de apoyo a los testigos, y la falta de acceso a la reparación, incluida la indemnización para la mayoría de víctimas de crímenes de guerra. (AI, 04/11/14)

Human Rights Watch (HRW) ha advertido que el acuerdo preliminar para poner fin a la violencia en el norte de Mali llamado "Elementos para un acuerdo de paz y la reconciliación en Malí", no regula convenientemente el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves cometidos por todas las partes. La organización señala que acuerdos de paz anteriores para detener la violencia en el país han permitido la impunidad y debilitado el Estado de Derecho. HRW recomienda que el acuerdo final establezca claramente que ninguna inmunidad será concedida a quien haya cometido los delitos más graves; pida investigar las violaciones del derecho internacional humanitario; proporcione detalles acerca de una comisión internacional de investigación; apoye el establecimiento de células móviles para la audición de víctimas; refuerce una Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) independiente, y asegure el control del personal de fuerzas de seguridad implicados en graves violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, una reunión celebrada por la Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme (FIDH) ha elaborado una hoja de ruta para la reconciliación, solicitando que la CVJR creada en enero de 2014 escuche a las víctimas de todas las formas de represión política y graves violaciones de derechos humanos, y que se prohíba la amnistía. Según la FIDH, los miembros de la CVJR deben ser elegidos por su competencia, independencia, imparcialidad y equidad, excluyendo a miembros de las fuerzas armadas, servicios de seguridad, grupos armados, y líderes políticos, y debe existir paridad entre hombres y mujeres. Los delitos cometidos en el conflicto armado 2012-2013 incluyen ejecuciones sumarias, saqueos, pillaje, violencia sexual, reclutamiento de menores soldado, amputaciones, destrucción de santuarios, desapariciones forzadas y tortura. El Gobierno de Mali y ciertos grupos de la oposición armada iniciaron en noviembre de 2014 su cuarta ronda de "diálogo inter-maliense". Aunque esta ronda ha finalizado sin llegar a ningún acuerdo, las conversaciones se reanudarán en enero de 2015. (HRW, 10/11/14; FIDH, 14/11/14; MaliWeb, 28/11/14)