La Cámara de Apelaciones de la CPI ha confirmado por mayoría la sentencia que declaró a Thomas Lubanga, jefe y fundador de la Force Patriotique pour la Libération du Congo (Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo, FPLC) culpable de alistamiento, reclutamiento y uso de menores de 15 años en hostilidades, así como la sentencia correspondiente a 14 años de prisión. La defensa de Lubanga había alegado que el proceso había sido injusto, que las conclusiones de la Sala de Primera Instancia sobre la edad de los menores soldado eran erróneas, y que la pena era desproporcionada. En marzo de 2012, Lubanga fue declarado culpable por co-perpetrar crímenes de guerra (alistamiento y reclutamiento de menores de 15 años en el FPLC y utilizarlos para participar activamente en hostilidades) de septiembre de 2002 a agosto de 2003, y, en julio de 2012, fue condenado a 14 años de prisión. La decisión de la Sala de Apelaciones clausura el primer caso de la CPI. La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha acogido con satisfacción la decisión, que, según ella, emite un mensaje claro de que quien reclute, aliste, y obligue a menores a participar en las hostilidades tendrá que rendir cuentas por ello. (Hague Portal, 01/12/14; CPI, 01, 02/12/14)

La Sala de Cuestiones Preliminares Iª de la CPI ha rechazado las alegaciones de Côte d'Ivoire a la admisibilidad del caso y ha recordado al Gobierno su obligación de entregar a Simone Gbagbo a la CPI. En noviembre de 2012, la CPI emitió la orden de detención contra Simone Gbagbo por crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, otros actos inhumanos y persecución), presuntamente cometidos en Côte d’Ivoire entre diciembre de 2010 y abril de 2011. En septiembre de 2013, el Gobierno de Côte d’Ivoire puso en duda la competencia de la CPI sobre el caso, alegando que la misma persona estaba siendo procesada por el mismo delito en Côte d'Ivoire. La CPI ha confirmado ahora la obligación de Côte d'Ivoire de extraditar a Simone Gbagbo a La Haya sin demora, argumentando que las autoridades de Côte d’Ivoire no están tomando las medidas suficientes para juzgarla. Coincidiendo con los argumentos de los jueces de la CPI de que los delitos por los que Gbagbo está siendo juzgada en su país no son los mismos que los cargos del Tribunal Internacional, Human Rights Watch ha pedido a las autoridades de Côte d’Ivoire que extraditen rápidamente a Simone Gbagbo al tribunal de La Haya. La CPI también ha confirmado cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (por asesinato, violación, otros actos inhumanos o - con carácter subsidiario - intento de asesinato y persecución) cometidos en la capital Abidjan entre diciembre de 2010 y abril de 2011 contra Charles Blé Goudé, fundador del partido Jeunes Patriotes (Jóvenes Patriotas). (CPI, HRW, 11/12/14)

Después de que la Sala V de la CPI rechazara aplazar de nuevo el juicio al presidente de Kenya Uhuru Kenyatta, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha optado por retirar los cargos contra él. La Fiscal ha advertido que podría abrirse un nuevo caso si se encontraran nuevas pruebas en el futuro. Según Bensouda, el caso de Uhuru Kenyatta se ha enfrentado a varias dificultades que obstruyeron su investigación: entre éstas, la muerte de varias personas que podrían haber proporcionado pruebas importantes, o el miedo de otros testigos a declarar; la retirada o modificación de declaraciones de testigos clave; o el incumplimiento del Gobierno de Kenya a las solicitudes de información. En la misma dirección, la Sala V ha afirmado que el incumplimiento del Gobierno de Kenya merma la capacidad de la Fiscalía para investigar a fondo las acusaciones, y viola las obligaciones internacionales de Kenya con el Estatuto de Roma. Kenyatta fue procesado por su presunta responsabilidad en la violencia posterior a las elecciones en el 2007-2008, cuando cerca de 1.200 personas perdieron la vida. El presidente Kenyatta ha expresado su satisfacción por la decisión y ha calificado el proceso de deficiente y de parodia. Human Rights Watch, por su parte, ha lamentado que la larga tradición de impunidad en Kenya haya obstaculizado un proceso justo en la CPI. Amnistía Internacional ha lamentado que la retirada de los cargos no supone una vindicación del presidente Uhuru Kenyatta, sino una muestra de que el Gobierno de Kenya y la CPI continúan fallando a las víctimas de la violencia postelectoral. (CPI, BBC, 05/12/14; AI, 12/5/14)

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, ha solicitado la adhesión de su país a 20 organizaciones y tratados internacionales, incluida la CPI. El jefe negociador de la AP, Saeb Erekat, ha explicado que la adhesión a los tratados será efectiva en 90 días, y el presidente Mahmoud Abbas, ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la CPI en contra de Israel. Después de la confrontación armada julio y agosto en Gaza, el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al-Malki, se había reunido con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para explorar cómo la Corte Internacional podría investigar los crímenes de guerra en Palestina. Varios funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la membresía de Palestina de la CPI, diciendo que todas sus disputas deben ser resueltas a través de negociaciones de paz, y advirtiendo que la adhesión a la CPI también expone a los palestinos a enjuiciamiento. La iniciativa de unirse a la CPI, entre otras organizaciones internacionales, se ha producido un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara una resolución que pedía fijar el 2017 como fecha límite para completar las negociaciones, así como poner fin a la ocupación de los territorios palestinos. (Al-Jazeera, 30/12/14; The Jerusalem Post, 02/01/15)

Dos semanas después de una sentencia de la CPI pidiendo la extradición de Simone Gbagbo a la Corte de La Haya, un tribunal de Côte d’Ivoire ha iniciado el juicio contra la ex primera dama, Simone Gbagbo, el ex primer ministro Gilbert Ake N'Gbo, y el líder del partido Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Ivoiriense, FPI) Pascal Affi N'Guessan, entre otros dirigentes del anterior régimen de Laurent Gbagbo. El juicio, que estaba previsto para octubre de 2014, fue pospuesto por discrepancias en la composición del jurado, acusado de ser étnica y regionalmente tendencioso a favor del actual presidente Alassane Ouatara. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por que el juicio suponga una "Justicia de los vencedores", ya que en su gran mayoría los acusados son miembros del FPI cercanos al ex presidente Gbagbo. El Gobierno de Côte d’Ivoire defiende su responsabilidad de juzgar a los miembros del FPI como un hito para la reconciliación nacional, junto con la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación (CDVR). La CDVR también fue criticada en octubre de 2014 por su parcialidad política, falta de coordinación con los actores, falta de voluntad para hacer que el proceso sea público, y la falta de medidas de reparación previstas. Los cargos están relacionados con la violencia post-electoral en 2010, cuando cerca de 3.000 personas murieron después de que el presidente Gbagbo se negara a aceptar su derrota y a ceder su poder a Alassane Ouatara. (Le Monde, 26/12/14; Libération 30/12/14)

Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil ha concluido en su informe final que el Estado llevó a cabo detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas de forma sistemática durante la dictadura militar (1964-1985). La investigación ha identificado 434 personas ejecutadas (de las cuales 210 nunca fueron localizadas), aunque advierte que el número sería probablemente mayor si se hubiera podido acceder a documentos relevantes de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales fueron supuestamente destruidos. Indígenas, sacerdotes y homosexuales fueron especialmente reprimidos. La Comisión también ha identificado a 377 responsables de abusos contra los derechos humanos y ha pedido la persecución penal de los 100 que todavía están vivos, argumentando que la Ley de Amnistía de 1979 no es aplicable, dado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La CNV también ha recomendado separar las instituciones médico-legales y órganos forenses de los departamentos de seguridad pública y de la policía civil, eliminar el Auto de Resistencia a la Prisión, establecer una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, y crear un órgano permanente para el seguimiento de las 29 recomendaciones del informe. La Fiscal General Adjunta de la República, Ela Wieko, ha valorado que la investigación se ha hecho con rigor, que permite concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que reconoce que había una política estatal de represión contra los pueblos indígenas. Varios actores han denunciado el sesgo en la comisión por no investigar abusos contra los derechos humanos de la guerrilla, o han criticado la inexactitud en sus conclusiones de los organismos considerados responsables. La CNV, compuesta por siete miembros, fue creada en 2012 para investigar las violaciones de los derechos humanos desde 1946 hasta 1988, con una atención especial en la era militar de 1964 a 1985. (Globo, R7 Notícias, 10/12/14; Ámbito Jurídico, 12/12/14)

Al finalizar su primera visita oficial al país, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha compartido sus conclusiones preliminares. De Greiff celebra la nueva ley que establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), un contenido clave del acuerdo de paz de Arusha del año 2000, pero advierte de que sus objetivos no deben ser el perdón, sino descubrir la verdad, promover la reconciliación a nivel de sociedad, involucrar a la sociedad civil en el proceso, y asegurar la apertura y la accesibilidad a las víctimas, independientemente de su identidad étnica o afiliación política. El relator especial añadió que, paralelamente a la CVR, deben priorizarse los programas de ayuda a las víctimas centrados en las viudas mayores y enfermas, huérfanos, desplazados internos y otros grupos marginados, y que los futuros programas de reparación integral deben apoyar la educación. De Greiff también ha recomendado al Gobierno que no posponga las investigaciones judiciales por crímenes en masa del pasado y que reúna las pruebas pertinentes de inmediato, con especial atención a la violencia sexual y de género. En cuanto a las garantías de no repetición, de Greiff valoró los esfuerzos para la desmovilización de los ex combatientes y la reintegración de un gran número de ellos en el Ejército y la Policía, pero recomendó tomar medidas adicionales para profesionalizar aún más el Ejército, la Policía y el Servicio de inteligencia, y aprobar enmiendas constitucionales y legislativas para disminuir el margen de interferencia del Ejecutivo en la administración de justicia. El informe final de la visita será presentado en septiembre de 2015. (ACNUDH, 05, 16/12/14)

El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional Nacional (NTJWG, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe que define los estándares mínimos de una Comisión Nacional de Reconciliación de Paz (NPRC, por sus siglas en inglés) efectiva y ha pedido al Parlamento que acelere su puesta en marcha. Tales estándares mínimos se refieren a la protección de víctimas y testigos; la privacidad y la confidencialidad para las personas con necesidades especiales; una financiación adecuada y la movilización de recursos para la comisión; el poder de citar testigos; y las directrices para incorporar la dimensión el género en la labor de la Comisión. El NTJWG también exhortó al Parlamento a poner en marcha una ley que ponga en funcionamiento la NPCR, a aumentar la participación pública y a seleccionar a los comisionados mediante un proceso abierto sujeto a escrutinio y debate público. El Presidente de la NTJWG, Alec Muchadehama, ha recordado que la NPCR está prevista en el Capítulo 12 de la Constitución, y ha animado a todos los zimbabwenses a que impulsen su establecimiento. (NTJWG, 02/12/14)

El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos (SSCI, por sus siglas en inglés) ha desclasificado un informe ejecutivo – conocido como el informe Feinstein – que concluye que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó técnicas de interrogatorio más brutales que las que ha reconocido, que los interrogatorios han sido ineficaces, y que la CIA ha engañado deliberadamente al Gobierno de EEUU acerca de la información obtenida y las técnicas utilizadas entre 2002 y 2007. El informe completo, de más de 6.700 páginas, finalizado cinco años y medio atrás, permanece clasificado, pero ha sido compartido con la Casa Blanca. El estudio documenta los abusos y un sinnúmero de errores cometidos entre finales de 2001 y principios de 2009, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de Nueva York. La Presidenta del SSCI, Dianne Feinstein, ha expresado su esperanza de que las conclusiones del informe no permitan nunca más la detención secreta indefinida ni el uso de interrogatorios coercitivos. El Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Emmerson, ha puesto de relieve que el informe ejecutivo confirma que hubo una política clara orquestada por el Gobierno de George W. Bush, lo que permitió que se cometieran crímenes sistemáticos y violaciones graves de los derechos humanos. El Relator Especial ha recordado que según la Convención contra la Tortura y la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, los EEUU deberían procesar a los autores y también a los altos cargos al mando. (SSCI, 09/12/14; Jurist, 09/12/14; ACNUDH, 09/12/14)

Como resultado de una negociación de tres años entre EEUU y Francia, este último ha decidido destinar 60 millones de dólares (49 millones de euros) para compensar a sobrevivientes del Holocausto no franceses y familiares de las víctimas que fueron deportados a campos de concentración por la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF durante la Segunda Guerra Mundial. Cientos de víctimas directas y sus cónyuges recibirán 100.000 dólares, y miles de herederos podrían recibir decenas de miles de dólares. El fondo de compensación se ha acordado después de que se impidiera concurrir a la compañía francesa en contratos ferroviarios en Maryland, Nueva York, Florida y California (EEUU) debido a su papel en el Holocausto. El acuerdo incluye el compromiso del Gobierno de EEUU a poner fin a las demandas y reclamaciones de indemnización de los tribunales estadounidenses contra SNCF, que impedían que la compañía francesa pudiera participar en concursos públicos. Durante la ocupación nazi en Francia, SNCF deportó a unos 76.000 judíos a campos de concentración. En el año 2011, el presidente de SNCF, Guillaume Pepy, expresó su pesar por colaborar con la deportación, pero argumentó que no tenía control efectivo sobre su funcionamiento. El fondo de compensación será financiado por el Gobierno francés y administrado por los EEUU. SNCF añadirá 4 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar memoriales del Holocausto y museos en EEUU, Israel y Francia. Abraham Foxman, director de la organización judía de derechos civiles Anti-Defamation League (Liga Anti-Difamación), dijo que el acuerdo proporciona una reparación modesta, un importante reconocimiento de su dolor, y reconoce la responsabilidad de los Gobiernos e instituciones para buscar cualquier posible medida de justicia para las víctimas del Holocausto. (Le Monde, AP, 05/12/14)

La Asamblea General de la ONU ha pedido a Israel que indemnice a Líbano con 850 millones de dólares por daños ambientales derivados de los ataques aéreos en 2006, en una resolución no vinculante aprobada por 170 países, con la oposición de seis países y tres abstenciones. Basándose en las conclusiones de un informe publicado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en agosto de 2014 y que cuantifica el valor del daño a Líbano en 856 millones de dólares, la resolución también insta a los Estados Miembros y a los donantes a seguir apoyando a Líbano para completar la limpieza y las operaciones de rehabilitación. Durante el enfrentamiento armado de 2006, aviones israelíes bombardearon una central eléctrica, derramando cerca de 15.000 toneladas de petróleo en el mar Mediterráneo y contaminando hasta 120km de orilla. Representantes de Israel en la ONU han afirmado que ya contribuyeron a los esfuerzos del PNUMA para limpiar la costa libanesa en su momento y que la resolución actual, votada mucho después de los efectos de la marea negra, es una muestra de la agenda anti-israelí en la ONU. En cambio, el embajador del Líbano ante la ONU, Nawaf Salam, dijo que la resolución es un avance importante, ya que es la primera vez que se fija una estimación de los daños. En 2006, Israel atacó objetivos en todo Líbano e invadió el sur del país después de que el grupo armado libanés Hezbollah capturara a dos soldados israelíes. Más de 1.000 libaneses, la mayoría civiles, y 160 israelíes, en su mayoría soldados, murieron entonces. (A/RES/69/212, 19/12/14; BBC, Ya-Libnan, 20/12/14)

En el 77º aniversario de la masacre de Nanjing, el presidente de China, Xi Jinping, ha presidido la primera conmemoración de Estado de la masacre. El acto, al que asistieron alrededor de 10.000 personas, incluidos supervivientes, soldados y estudiantes, es uno de los tres nuevos días festivos previstos para conmemorar el conflicto armado entre China y Japón. Durante la ceremonia, el presidente Xi criticó la negación de la masacre, en referencia a los nacionalistas japoneses, pero añadió que China no debe incubar odio contra una nación entera, porque una pequeña minoría de militaristas lanzara agresivas guerras. La tensión entre China y Japón por disputas territoriales se ha incrementado con actos conmemorativos como con las visitas de las autoridades japonesas al santuario Yasukuni, donde están enterrados criminales de guerra. Pero las relaciones parecen haber mejorado después de que los líderes de ambos países mantuvieran sus primeras conversaciones en noviembre de 2014. China dice que 300.000 civiles fueron masacrados en Nanjing cuando la ciudad fue ocupada por las tropas japonesas en 1937, aunque algunos nacionalistas japoneses disputan esta versión. (BBC, 13/12/14)

La Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio (CNLG) en colaboración con la organización no gubernamental rwandesa Aegis Trust han anunciado un plan para conservar, digitalizar y hacer accesible los documentos y archivos audiovisuales creados en los tribunales Gacaca. Los tribunales Gacaca, que fueron clausurados en junio de 2012, produjeron aproximadamente 60 millones de páginas de documentos y 8.000 archivos audiovisuales. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio, Jean de Dieu Mucyo, destacó que los testimonios de Gacaca de víctimas, testigos, autores, investigadores y jueces ayudan a aprender acerca de la preparación, ejecución y consecuencias del genocidio, y para comprender cómo Gacaca ayudó a restaurar la justicia en las comunidades. Los archivos de Gacaca tienen como propósito ser una herramienta para la investigación, el aprendizaje y la prevención de atrocidades masivas. El archivo físico se quedará en una nueva instalación en el Memorial del Genocidio de Kigali para formar parte del Centro Global para la Humanidad, un centro de investigación sobre el genocidio. Gacaca son tribunales de carácter comunitario establecidos en 2001 en Rwanda para hacer frente al colapso de los tribunales ordinarios del país ante los centenares de miles de acusados por la violencia del genocidio ruandés de 1994, cuando cerca de 800.000 ruandeses, en su mayoría tutsis junto a hutus moderados, fueron asesinados. Su funcionamiento no ha estado exento de críticas. (Aegis Trust, 11/12/14; All Africa, 12/12/14)