Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI han pedido a la fiscal general, Fatou Bensouda, que reconsidere su decisión de dar por finalizada la petición de la Unión de las Comoras de investigar el ataque contra una flotilla de ayuda humanitaria por el Ejército israelí. El 31 de mayo de 2010, el buque Mavi Marmara con bandera de la Unión de las Comoras partió de expedición para denunciar el bloqueo marítimo israelí en Gaza, pero fue detenido por las Fuerzas de Defensa de Israel. Después de enfrentamientos violentos en el interior del navío murieron 10 pasajeros turcos. En mayo de 2013, la Unión de las Comoras pidió a la CPI que investigara los hechos violentos, pero en noviembre de 2014, la Fiscalía de la CPI anunció que daba por finalizados los exámenes preliminares, y que el incidente no era de gravedad suficiente para justificar la intervención de la CPI. Pero en enero de 2015, los representantes de la Unión de las Comoras pidieron que se reconsiderara esta decisión. En julio de 2015, la Sala de Cuestiones Preliminares ha declarado ahora que la Fiscalía cometió errores en la determinación de la gravedad del caso potencial, y le ha solicitado que inicie una investigación lo antes posible. Bensouda ha cuestionado la decisión, añadiendo que la Fiscalía podría reconsiderar la decisión de abandonar el caso si dispusiera de nuevos hechos o datos. Después de los hechos violentos, Israel investigó los incidentes, concluyendo que la incursión no violaba el Derecho Internacional. Mientras tanto, un tribunal turco está juzgando in absentia a cuatro comandantes israelíes acusados. (ICC, 16/07/15; I24News, 27/07/15)

Después de que la Policía camboyana se negara a ejecutar las órdenes de detención del jefe del Estado Mayor de la Marina del régimen de los Khmeres Rojos Meas Muth y de la comandante de distrito Im Chaem, el juez Co-Instructor Internacional Mark Harmon ha anunciado su renuncia del Tribunal Especial de las Cortes de Camboya. Según el juez, su dimisión se debe a motivos personales. Pero los analistas recuerdan que una larga lista de jueces internacionales, fiscales e investigadores han dimitido de la corte. Según documentos desclasificados por el tribunal en las semanas previas, el juez Harmon había pedido sin éxito y en repetidas ocasiones la detención de Meas Muth (caso 003) y de Im Chaem (caso 004) durante el año pasado. Antes dejar su cargo, también, el juez Harmon ha emitido un comunicado de prensa recordando a los Gobiernos de Vietnam y Tailandia que en noviembre de 2013 solicitó que le proporcionaran documentos relativos a los casos 003 y 004, e instándoles una vez más a que cooperen. Harmon acusó a los sospechosos, Meas Muth e Im Chaem, de crímenes contra la humanidad en marzo de 2015, pero ninguno de los dos ha sido arrestado y llevado ante el Tribunal. El régimen de los Khmeres Rojos (1975-1979) causó la muerte de entre 1,4 y 2,2 millones de personas camboyanas entre otras nacionalidades, la gran mayoría debido a ejecuciones extrajudiciales, tortura, hambre y enfermedades. (Cambodia Daily, 07/07/15; VOA, 08/07/15; EEEC, 20/07/15)

El Parlamento de Kosovo ha aprobado una resolución pidiendo que se investigue la presunta corrupción dentro de la Misión de la UE en Kosovo para el imperio de la ley (EULEX). Después de que la fiscal de EULEX, María Bamieh, acusara en octubre de 2014 a personal judicial de la institución de dejarse sobornar, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, encargó un informe de investigación. Dicho informe, publicado en abril de 2015, concluía que la misión no había investigado adecuadamente las acusaciones de corrupción, pero que tampoco había tratado de encubrirlas. Mientras tanto, un equipo de investigadores locales e internacionales sigue investigando dichas acusaciones. La resolución del Parlamento kosovar también acusa a la misión de la UE de asumir arbitrariamente casos que son competencia de los fiscales locales, a pesar de que supuestamente la EULEX debería reducir su tamaño y estar juzgando únicamente en los casos ya abiertos. El recelo del Parlamento de Kosovo coincide con fuertes debates sobre la creación de un Tribunal de Crímenes de Guerra kosovar que reemplazaría a la Misión de la UE. La creación de este Tribunal fue rechazada en junio de 2015 por el Parlamento kosovar, ante el temor de actores nacionalistas de que se persiga a los combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo. En agosto de 2015 se celebrará una nueva votación acerca de la posible creación de tal Tribunal. (Balkan Transicional Justice, 23/07/15)

Las Cámaras Africanas Extraordinarias han iniciado el juicio al ex presidente de Chad, Hissène Habré, en Dakar, Senegal, acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura que podrían haber causado la muerte de 40.000 personas entre 1982 y 1990. En el primer día del juicio, Habré ha sido expulsado de la sala del tribunal por gritar que el proceso es una farsa neocolonialista. En el segundo día, en el que Habré ha asistido sin abogado y se ha negado a hablar, el juez ha nombrado a nuevos abogados para defenderlo, y ha programado la próxima audiencia para septiembre de 2015 para dar tiempo para preparar su defensa. La dictadura de Habré (1982-1990) finalizó cuando un grupo armado de la oposición encabezado por Idriss Déby, ahora presidente de Chad, derrocó a Habré del poder. Desde entonces, el ex presidente estaba viviendo un cómodo exilio en Senegal. Pero en 2000, un grupo de víctimas presentó una primera denuncia contra él. En el 2002, el Gobierno de Chad suspendió la inmunidad de Habré para poder ser perseguido en el extranjero. En 2005, un tribunal belga emitió entonces una orden de detención aludiendo a la jurisdicción universal, por lo que Senegal remitió el asunto a la Unión Africana. A continuación, la Unión Africana pidió a Senegal que juzgara a Habré. Las Cámaras Africanas Extraordinarias se inauguraron finalmente en febrero de 2013, dentro del sistema judicial senegalés, pero con el apoyo de la Unión Africana. Para investigar el caso, las Cámaras han utilizado información de la Comisión Nacional de la Verdad de Chad de 1992; los cuatro años de la investigación belga sobre Habré, que contiene entrevistas con testigos y funcionarios de Habré y documentos de seguridad; y la investigación durante 19 meses de los cuatro jueces de instrucción las Cámaras y que efectuaron cuatro misiones a Chad. Asociaciones de víctimas chadianas y Human Rights Watch también han sido cruciales para recoger y descubrir información. Después de la muerte de Pinochet poco antes de ser juzgado, el caso de Habré es el primer juicio en el mundo en el que un tribunal de un país enjuicia al jefe de Estado de otro país por presuntos delitos contra los derechos humanos. (HRW, 09/07/15; BBC, 20/07/15)

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) ha concluido en un informe que el número de casos que investigan los crímenes internacionales es muy bajo en comparación con la gran cantidad de atrocidades cometidas. La investigación, que ha analizado la respuesta de las autoridades judiciales congoleñas a los crímenes internacionales cometidos en RD Congo, con especial atención en el este del país devastado por la guerra (Kivu del Norte, Kivu del Sur, e Ituri) en el período 2009-2014, ha contabilizado que, en este período, sólo se han iniciado 39 casos relacionados con presuntos crímenes internacionales. Esto representa una ligera mejoría con respecto al período 1993-2003, en que los tribunales militares sólo trataron 12 casos de crímenes internacionales. Aún así la mayoría de los casos iniciados del 2009 al 2014 se encuentran todavía en etapa de investigación. El informe identifica algunos obstáculos a la búsqueda de la justicia, como la ambigüedad de las leyes sobre crímenes internacionales, la interferencia política, la dificultad de acceso a la escena del crimen donde todavía operan grupos armados, y la presión internacional para perseguir determinados casos. Los casos de violencia sexual, según el ICTJ, tienen más probabilidades de ser procesados que casos de alistamiento, reclutamiento o utilización de menores en las hostilidades o de saqueo de los recursos naturales, por ejemplo. El ICTJ recomienda definir una estrategia para perseguir los crímenes internacionales, acelerar la adopción por parte del Parlamento de legislación clave en la lucha contra la impunidad y realizar un mapeo completo de los crímenes internacionales cometidos entre 2003 y 2014. (ICTJ, 17/07/15)

Un tribunal libio ha condenado a 37 altos cargos del período de al-Gaddafi acusados de incitar a la violencia y al asesinato de manifestantes durante el levantamiento de 2011, incluyendo bombardear indiscriminadamente, incitar a la violación, dar órdenes de abrir fuego contra los manifestantes, reclutar y armar a mercenarios y participar en actos de vandalismo, saqueos y asesinatos. Nueve de ellos, incluido el hijo del ex presidente, Saif al-Islam al-Gaddafi, y el ex jefe de inteligencia, Abdullah al-Senussi, han sido condenados a muerte. Otros 23 ex altos cargos han sido condenados a penas que van desde los cinco años de prisión a la cadena perpetua, cuatro han sido absueltos, y uno ha sido remitido a tratamiento médico sin ser condenado. Los condenados tienen derecho a apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo Libio en un plazo de 60 días. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado las faltas de garantías durante el juicio, ya que a muchos de los acusados se les ha negado el derecho a asistencia letrada, a guardar silencio, a ser informado sin demora de los cargos en su contra, a desafiar la evidencia presentada en su contra, y, a ocho de ellos – incluido Saif al-Islam – que tuvieron que seguir el juicio por videoconferencia, a estar presentes en su juicio. Las organizaciones también han pedido que en la apelación se anulen las condenas a muerte, y que se entregue a Saif al-Islam a la CPI para ser juzgado convenientemente. El director de derechos humanos de la División de Justicia Transicional y Estado de Derecho de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Claudio Cordone, también ha expresado su preocupación por los juicios in absentia, por el hecho de que las pruebas por conducta criminal se hayan atribuido en gran medida a los acusados en general, en lugar de establecer responsabilidades penales individuales, y por imponer la pena de muerte. (AI, BBC, HRW, UNSMIL, 28/07/15)

En el momento en que el Vaticano iba a procesar su primer juicio por abuso sexual del país, éste ha sido aplazado después de que el acusado cayera enfermo horas antes de comparecer ante el tribunal. El arzobispo Jozef Wesolowski, originario de Polonia, está acusado de pagar a cambio de sexo con niños en República Dominicana de 2008 a 2013 y de poseer miles de imágenes de pornografía infantil. El juicio se ha aplazado a una fecha no determinada mientras Wesolowski siga siendo atendido en cuidados intensivos por una enfermedad no especificada. Wesolowski ya había sido declarado culpable por un Tribunal especial eclesiástico y apartado del sacerdocio en junio de 2014, pero esta era la primera vez que un tribunal penal del Vaticano abordaría este tipo de juicio. Su caso supone un reto para los esfuerzos del Papa Francisco de procesar los abusos sexuales. El actual Papa reformó el sistema judicial del Vaticano para permitir que los obispos puedan ser juzgados en este país, después de que lo acusaran de no tomar medidas suficientes para perseguir los delitos sexuales contra menores de edad. En caso de ser declarado culpable, Wesolowski podría pasar entre seis y 10 años en una cárcel del Vaticano. Las cifras relativas a los abusos sexuales de menores por miembros de la Iglesia en todo el mundo no se conocen. (BBC, 11/07/15; Le Monde, 11/07/15)

Un subcomité de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dirigido por el comisionado Manchala Jha ha definido un procedimiento amigable para recoger las declaraciones de las víctimas, especialmente pensado en las mujeres, niños, niñas y ancianos. Según este procedimiento, un funcionario de la Comisión, preferiblemente mujer, y una persona elegida por la víctima estarán presentes durante la grabación de la declaración, a fin de darles la confianza para aportar su testimonio. Además el Sub-Comité para una estructura amigable para las víctimas, niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres ha recomendado la creación de un centro de protección de testigos para aumentar la confianza de aquellos que quieran testificar contra los perpetradores de derechos humanos. El procedimiento ha sido definido en consulta con actores interesados de cuatro regiones desde abril de 2015, después de observar que las víctimas de violación y agresión sexual son reacias a contar su experiencia. El conflicto armado en Nepal (1996-2006) causó la muerte de más de 16.000 personas, la desaparición de 1.300 personas y el desplazamiento interno de otras 80.000 personas. (E-Kantipour, 23/07/15)

La Comisión de la Verdad de Oaxaca ha denunciado actos de agresión perpetrados contra sus miembros y sus oficinas por parte de la Gendarmería Nacional. Según un comunicado de prensa de la Comisión, la Gendarmería ha intentado ingresar ilegalmente en la oficina de la Comisión de la Verdad de Oaxaca en varias ocasiones, y ha detenido y obligado a identificar a un miembro de la división judicial de la Comisión de manera ilegal. La Comisión destaca que los incidentes generan una situación de riesgo, tanto para los miembros de la Comisión como para los que visitan la oficina, y que la presencia de la Gendarmería en Oaxaca está generando un clima de intimidación entre algunos sectores de la población. La Comisión ha instado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad a rendir cuentas sobre la presencia de las fuerzas policiales en la región, y a exigir a los mandos que respeten los protocolos de seguridad y de derechos humanos. El mandato de la Comisión de la Verdad Oaxaca es investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales, entre junio de 2006 y junio de 2007. Este organismo de la sociedad civil investiga el asesinato de 30 personas y la desaparición de otras 10 y numerosas detenciones arbitrarias presuntamente cometidos por la Policía y las fuerzas paramilitares. (Comisión de la Verdad de Oaxaca, La Jornada, 21/07/15)

Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los ataques de agosto de 2014 en Gaza concluye que hay pruebas abrumadoras de que las llamadas Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF, por sus siglas en inglés) hicieron un uso de la fuerza desproporcionado, o cuanto poco indiscriminado, en los ataques que mataron e hirieron a decenas de civiles. Los ataques israelíes, en represalia por la captura de un teniente israelí por parte de Hamas, causaron un mínimo de 135 muertes de civiles palestinos, entre ellos 75 niños y destruyeron cientos de viviendas e infraestructuras civiles, incluidos hospitales y ambulancias. A la luz de las nuevas pruebas, Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente e imparcial. Teniendo en cuenta que ningún organismo oficial en Israel es actualmente capaz de llevar a cabo una investigación en tales condiciones, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, y en concreto a Israel que colabore con las investigaciones de la CPI. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha reaccionado afirmando que el informe es parcial en su metodología, hechos, análisis jurídico y conclusiones. En los últimos meses, varias instituciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre Conflicto de Gaza de 2014 han publicado informes que apuntan a presuntos crímenes de guerra por parte tanto del Ejército israelí como del grupo palestino Hamas durante la verano 2014 en los ataques de Gaza. (Jerusalem Post, AI, 29/07/15; Jurist, 30/07/15)

Human Rights Watch (HRW) ha acusado a la principal milicia kurda de Siria de violar la prohibición de utilizar menores soldado. Basándose en información proporcionada por organizaciones locales e internacionales, HRW ha compilado una lista de 59 niños, 10 de ellos menores de 15 años, presuntamente reclutados o alistados voluntariamente a las Unidades de Protección Popular (YPG o YPJ, por sus siglas en kurdo, ramas masculina y femenina del grupo armado) desde julio de 2014. En junio de 2014, las YPG-YPJ firmaron una Acta de Compromiso con la ONG Geneva Call mediante la cuál se comprometían a desmovilizar a todos los combatientes menores de 18 años en el plazo de un mes. Aunque cerca de 150 niños fueron desmovilizados dentro de ese plazo, HRW ha documentado nuevos casos de reclutamiento de menores de edad tanto en la rama masculina como en la femenina. En respuesta al informe, a finales de julio de 2015, las YPG y las YPJ han enviado una carta a HRW anunciando que han desmovilizado a otros 43 menores, y que han enviado circulares a los comandantes y jefes de centros de reclutamiento advirtiendo que quienes recluten o acepten cualquier persona menor de 18 años se enfrentaría a las medidas disciplinarias máximas. En un informe de noviembre de 2012 HRW documentó que muchos grupos de oposición armados están utilizando menores de edad como menores soldado en Siria. (HRW, 15/07/15; Jurist, 16/07/15)

En el contexto del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Director ejecutivo de la empresa Mitsubishi, Hikaru Kimura, ha pedido disculpas a prisioneros de guerra de EEUU y a sus familias. Durante esa guerra, hasta 876 prisioneros americanos, y también otros prisioneros filipinos, coreanos y chinos, fueron sometidos a trabajos forzados en cuatro minas operadas por la compañía predecesora, Mitsubishi Mining Co. El Gobierno japonés ya había emitido una disculpa formal a prisioneros de guerra estadounidenses en 2010, pero las disculpas de Mitsubishi son las primeras expresadas por una empresa japonesa. Un prisionero superviviente y varios familiares de ex presos han asistido a la ceremonia, celebrada en el Museo de la Tolerancia del Centro Simon Wiesenthal en Los Angeles. James Murphy, un estadounidense ex prisionero de guerra, ha manifestado su satisfacción por la declaración de disculpa, después de calificar su experiencia como una forma de esclavitud, sin comida, sin medicinas, sin ropa y sin condiciones de saneamiento. En total, cerca de 12.000 prisioneros de guerra estadounidenses fueron sometidos a trabajo forzado, y 1.100 de ellos murieron. Las disculpas, que no prevén ninguna compensación económica, coinciden con una demanda presentada por descendientes de cientos de hombres chinos forzados a trabajar para Mitsubishi durante la Segunda Guerra Mundial y que reclama una compensación de millones de dólares. (BBC, 19/07/15; Reuters, 20/07/15)

El Fondo Fiduciario de la CPI para las víctimas, junto con el Ministerio de Salud de Uganda, funcionarios de gobiernos locales, líderes comunitarios, organizaciones de base de mujeres y donantes han puesto en marcha oficialmente en Lira seis proyectos de rehabilitación en el norte de Uganda. Después de un proceso competitivo, el Fondo Fiduciario ha seleccionado 6 nuevas organizaciones como colaboradoras para prestar servicios de apoyo integrados para la rehabilitación física y psicológica de las víctimas en el norte de Uganda, hasta el año 2018. Los proyectos incluyen servicios médicos para víctimas de violencia sexual; servicios de apoyo psicológico; cirugía plástica reconstructiva; servicios quirúrgicos ortopédicos; reparación de prótesis y de aparatos ortopédicos; fisioterapia; cirugía correctiva para eliminar balas y/o metralla; cirugía y fisioterapia para quemados; iniciativas de movilización comunitaria para pacientes; y cuidados postoperatorios y de seguimiento. Además, el Fondo Fiduciario apoyará la reconciliación comunitaria a través de campañas de sensibilización y concienciación para reducir el estigma y la discriminación añadida de las víctimas. Los proyectos han sido dotados con 735.000 euros de presupuesto para el año 2015. Se estima que el conflicto armado en el norte de Uganda entre el Gobierno y la Lord’s Resistance Army (1987-2006) provocó el secuestro de alrededor de 30.000 niños, el desplazamiento de 1,6 millones de personas desde el norte de Uganda y la muerte, la mutilación y el secuestro de más de 100.000 personas. (ICC, 03/07/15)

Decenas de miles de personas han asistido al cementerio memorial de Potocary para conmemorar el 20º aniversario de la masacre de Srebrenica. La ceremonia ha consistido en un funeral y el entierro de 136 víctimas cuyos cuerpos han sido identificados recientemente, junto con los restos de otros 6.241 hombres que ya habían sido identificados y enterrados en Potocary. Un convoy desde Visoko hasta Srebrenica ha transportado los ataúdes ante ciudadanos bosnios que han acogido el paso de la comitiva en señal de luto. Paralelamente, diferentes ciudades y países, incluida Belgrado, la capital serbia, también han celebrado actividades de duelo. Más de 90 delegaciones internacionales de alto rango han asistido a las ceremonias, entre los cuáles Bill Clinton, el presidente de EEUU en ese momento, y representantes de Jordania, Países Bajos, Reino Unido, Turquía y todos los países vecinos miembros de la antigua Yugoslavia. Más de 2.000 agentes de Policía, entre ellos 1.200 miembros de la Policía de la República Srpska, estaban presentes para garantizar la seguridad del acto, dado que la presencia del primer ministro serbio Aleksandar Vučić, asociado con el pasado nacionalista de Serbia, no era bienvenida por un sector de los asistentes bosnios. En efecto, Vučić ha sido atacado con piedras y botellas de agua y ha tenido que huir de la ceremonia. Pero después de que los Gobiernos serbio y bosnio han condenado los hechos, sus líderes se han comprometido a mirar hacia el futuro en una reunión conjunta en Belgrado. En la semana previa a la conmemoración, una resolución de la ONU que declaraba que “la aceptación de los trágicos acontecimientos de Srebrenica como un genocidio es un requisito previo para la reconciliación”, fue vetada por Rusia, país aliado de Serbia. Cerca de 8.000 musulmanes fueron asesinados en Srebrenica por las fuerzas serbias de Bosnia durante la guerra de Bosnia, pero Serbia se niega a referirse a la masacre como genocidio. (BBC, 09/07/15; B92, 10/07/15; Balkan Transicional Justice, 22/07/15)