La CPI ha iniciado el juicio a Laurent Gbagbo y a Charles Blé Goudé con la lectura de los cargos contra los acusados, las diligencias preliminares de la Representante Legal de las Víctimas y las diligencias preliminares de la Defensa de ambos acusados. Los acusados se han declarado inocentes de los cargos. Laurent Gbagbo, ex presidente de Côte d’Ivoire, y Charles Blé Goudé, ex ministro de la juventud del Gobierno de Gbagbo, están acusados de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación, otros actos inhumanos o - con carácter subsidiario - de intento de asesinato y persecución). Los presuntos crímenes ocurrieron durante la violencia post-electoral que enfrentó a los partidarios del ex presidente Gbagbo y a los partidarios del líder opositor Alassane Ouattara, entre diciembre de 2010 y abril de 2011. A pesar de que ambas partes participaron en la violencia que causó la muerte de 3.000 personas y el desplazamiento de un millón de personas, sólo los partidarios de Gbagbo han sido procesados hasta la fecha. Esta es la primera vez que la CPI juzga a un ex presidente. (ICC, El País, 28/01/16)

El vicepresidente William Ruto ha comparecido ante la CPI para pedir que se retiren los cargos de crímenes de lesa humanidad en su contra (asesinato, deportación o traslado forzoso de población y persecución) y contra su coacusado, el locutor Joshua Sang. La defensa argumenta que el caso debe ser archivado, dado que seis testigos han retirado su testimonio de acusación, y que no hay suficientes pruebas para procesarlos. En diciembre de 2014, la CPI retiró los cargos contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta, puesto que la fiscal Fatou Bensouda no presentó suficientes pruebas para el juicio. Pero en los casos de Uhuru Kenyatta, Ruto y Sang, hay motivos para creer que se han producido interferencias sobre testigos, tales como sobornos para cambiar y retirar sus testimonios. Teniendo en cuenta la dificultad para obtener pruebas, por primera vez en la historia de la CPI, la sala de primera instancia ha tenido en cuenta declaraciones grabadas. La violencia postelectoral de 2007-2008 dejó más de 1.000 muertos y más de 600.000 personas desplazadas. (DW, 11/01/16; Jurist, 12/01/16)

El Gobierno holandés ha anunciado que será la sede de la Institución Judicial Especialista Reubicada de Kosovo, un nuevo tribunal de crímenes de guerra que juzgará delitos graves presuntamente cometidos en 1999-2000 por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés) contra minorías étnicas y opositores políticos. El tribunal, que se compone de jueces internacionales y está financiado por la Unión Europea, no será un tribunal internacional, sino un tribunal nacional de Kosovo, regido por las leyes de Kosovo, que administra justicia fuera del territorio kosovar. Una de las razones para crear tal tribunal es proteger a los testigos, dado que las personas que testifican en contra de combatientes del KLA, que suelen ser considerados libertadores del país, a menudo son reacias a testificar en Kosovo. El Parlamento kosovar aprobó la creación de dicho tribunal de crímenes de guerra en agosto de 2015 en una decisión polémica que requirió dos votaciones para ser aprobada. Se espera que la corte empiece a ser operativa en el año 2016. Algunos crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Kosovo han sido procesados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y por la Misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX). La guerra entre albano-kosovares y serbo-kosovares y Serbia en 1999 causó la muerte de más de 10.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles de personas. (Balkan Transitional Justice, 15/01/16; Jurist, 17/01/16)

La Misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) ha condenado al político serbo-kosovar y dirigente de grupo paramilitar, Oliver Ivanović, a nueve años de prisión por crímenes de guerra contra la población civil, en relación a un incidente el 14 de abril de 1999, cuando familias albano-kosovares fueron expulsadas por la fuerza de sus casas por miembros del Ejército serbio, reunidas en las calles, y en que se fusiló a cuatro hombres hasta que la operación fue detenida por un oficial uniformado. El tribunal, que también estaba juzgando hechos ocurridos el 3 de febrero de 2000, han declarado a los acusados, Oliver Ivanović, Dragoljub Delibašić, Nebojsa Vujačić, Ilija Vujačić y Aleksandar Lazović no culpables y les ha absuelto de todos los cargos. Ivanović ha rechazado repetidamente las acusaciones y ha denunciado que su detención se debe a motivos políticos. El condenado permanecerá bajo arresto domiciliario a la espera de una apelación. El tribunal EULEX, con sede en Mitrovica, Kosovo, fue creado en 2008 para contribuir a juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de 1999. (Jurist, 21/01/16)

En la primera semana de enero, 18 ex funcionarios militares y gubernamentales han sido arrestados, sospechosos de haber participado en la masacre de 1982 en Plan de Sánchez, departamento de Baja Verapaz, en el que soldados y milicianos torturaron, abusaron sexualmente y asesinaron a residentes locales. Dos semanas después, el juicio a 11 de ellos ha comenzado con la audiencia de los argumentos y presentación de pruebas, incluyendo pruebas de ADN de 558 restos humanos encontrados en los terrenos de una antigua base militar del norte del país. Otros tres detenidos han sido liberados sin cargos, y otros cuatro serán juzgados en un juicio separado. Al mismo tiempo, el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt ha sido suspendido de nuevo. Ríos Montt no asistió a una audiencia a puerta cerrada alegando "incapacidad mental". En mayo de 2013, Ríos Montt fue considerado culpable por su papel en la masacre de 1.771 miembros de la población maya ixil en la región de Quiché en 1982 y 1983. Sin embargo, su sentencia a 80 años de cárcel fue retirada menos de dos semanas después. Su nuevo juicio se ha aplazado varias veces debido a las estrategias de la defensa. El próximo mes de febrero se celebrará otro juicio para juzgar casos de violencia sexual en el caso Sepur Zarco. El conflicto armado en Guatemala (1960-1996) causó entre 200.000 y 245.000 muertes y desapariciones, la mayoría de civiles mayas. (Jurist, 01/07/16; Reuters, 11/01/16; AFP, 19/01/16)

Coincidiendo con la inauguración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Amnistía Internacional (AI) ha pedido debatir la creación de una Comisión de la Verdad para abordar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Bolivia durante los 18 años de Gobiernos militares y autoritarios (1964-1982) y para garantizar la reparación integral a las víctimas y a sus familiares. En los últimos meses, varias organizaciones de víctimas han elaborado un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. AI pide ahora que se considere rápidamente este proyecto de ley, teniendo en cuenta la edad avanzada de muchas de las víctimas, familiares y testigos, y que su participación en la Comisión es prioritaria. Según AI, la Comisión tendrá que hacer frente a algunos retos, como localizar a las víctimas desaparecidas, contribuir a la persecución y al castigo de los responsables, y garantizar el acceso a toda la información y archivos, incluidos los archivos militares, que hasta la fecha no han sido accesibles. En marzo de 2015, las autoridades bolivianas se comprometieron a promover los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estima que al menos 150 personas fueron desaparecidas y miles más fueron víctimas de violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal y de las restricciones de sus libertades. Hasta la fecha, ningún responsable de estos crímenes ha sido procesado. (AI, 21/01/16)

La Comisión de la Verdad de Rio de Janeiro (CEV-Rio), que apoya la labor de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), ha presentado en diciembre su informe final después de dos años y ocho meses de investigaciones. La Comisión se ha encargado de investigar violaciones graves de los derechos humanos entre 1946 y 1988 en el Estado de Rio de Janeiro. El informe enumera a 163 personas muertas o desaparecidas víctimas de la represión y los nombres de 181 responsables de torturas, incluyendo ex presidentes, altos cargos, así como aquellos que participaron directamente en los actos de tortura. El informe también documenta una política de expulsiones sistemáticas aprobada por el gobernador Carlos Lacerda que, entre 1962 y 1974, provocó la expulsión por la fuerza de más de 140.000 personas de sus hogares y el arresto de líderes comunitarios opuestos a las expulsiones. Según el informe, redadas, detenciones arbitrarias, destrucciones y robos violentos en locales de asociaciones de vecinos y allanamientos sin orden judicial sucedían 3-4 veces a la semana en las favelas, debido al estigma de que sus habitantes eran delincuentes o bases de apoyo a una posible revolución comunista. La comisión también ha señalado que en la actualidad el Gobierno sigue usando traslados forzosos equiparables, violencia y métodos no democráticos para despejar espacios para nuevas construcciones. A modo de conclusión, recomienda medidas de educación y memoria para prevenir nuevos casos de tortura. (Globo, 10/12/15; Rio on Watch, 21/01/16)

El ex presidente Vicente Fox Quesada ha declarado en su rancho ante el periodista Diego Enrique Osorno, miembro de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Fox ha declarado que si bien es cierto que envió fuerzas federales a fin de contener las tensiones sociales en la región de Oaxaca, el responsable de los actos de represión fue el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. No menos de 66 políticos y funcionarios han sido llamados a participar en la Comisión, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, y el Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Sólo 13 de ellos, sin embargo, han aceptado declarar. Estos 66 funcionarios fueron identificados después de los testimonios de más de 300 víctimas, testigos y actores de la sociedad civil que han declarado en la Comisión. El conflicto en Oaxaca opuso a maestros y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) al Gobierno del Estado. Las protestas y la posterior represión en 2006 y 2007 causaron 25 muertos, unos 500 detenidos, 380 torturados y de cinco desaparecidos. (Milenio, 25/01/16)

Amnistía Internacional (AI) ha publicado imágenes por satélite que muestran cinco posibles fosas comunes en Buringa, anunciando que podría haber otras nueve fosas comunes en Mpanda y Kanyosha. Estas fosas comunes podrían estar relacionadas con la masacre del 11 de diciembre de 2015, cuando fuerzas de seguridad mataron al menos a 87 manifestantes armados en la capital de Bujumbura. Testigos locales informaron a Amnistía Internacional que las autoridades recuperaron cuerpos de la calle al día siguiente de la masacre y los enterraron en varios lugares no revelados. Pero mientras tal información ha sido accesible por satélite, las autoridades de Burundi han restringido la entrada de expertos independientes en derechos humanos enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar la situación en el país. El equipo, compuesto por dos relatores especiales de la ONU y un miembro de la Comisión Africana de Derechos Humanos estaba encargado de valorar la situación y de formular recomendaciones de mejora para un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo. Unos días antes, una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU se había reunido con altos funcionarios del Gobierno de Burundi, en un esfuerzo para poner fin a meses de agitación política en el país. La violencia en Burundi comenzó a raíz del anuncio del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse para un tercer mandato para el que fue votado en julio de 2015. (AI, 28/01/16; Jurist, 29/01/16)

La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) han presentado un informe que concluye que, desde diciembre de 2013, todos los actores en conflicto han cometido violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en Sudán del Sur. Los crímenes incluyen ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, secuestros y desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, saqueos, requisición de ganado e incendio de casas. El informe documenta al menos 280 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, incluyendo violaciones colectivas, esclavitud sexual y abortos forzados. También relata que ha habido un fuerte aumento del reclutamiento infantil, con un mínimo de 13.000 a 15.000 menores soldado, reclutados principalmente, pero no exclusivamente, por los grupos armados de oposición a partir de diciembre de 2015. El informe alerta de que tales crímenes pueden haber sido una estrategia deliberada por parte del Gobierno o del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) para privar a la población civil y forzar su desplazamiento. También denuncia que no ha habido ningún tipo de rendición de cuentas. Por todas estas razones, el informe pide el cese inmediato de las hostilidades y reformas constitucionales e institucionales para establecer mecanismos de justicia transicional y de rendición de cuentas. Estas recomendaciones incluyen la creación de una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Sanación y un Tribunal híbrido; la reforma y la reestructuración del aparato de seguridad; y la plena protección a víctimas y testigos de violaciones y abusos. En octubre de 2015, un informe de la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur de la Unión Africana concluyó, de forma similar, que todos los actores del conflicto han cometido crímenes de guerra. Iniciado en 2009, el conflicto armado en Sudán del Sur ha causado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de más de 2,4 millones de personas. (ACNUDH, 04/12/15; ReliefWeb, 21/01/16)

Un informe publicado por Amnistía Internacional (AI) denuncia que las fuerzas Peshmerga del Gobierno Regional de Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) y las milicias kurdas en el norte de Irak están cometiendo destrucciones masivas en el norte de Irak que pueden constituir crímenes de guerra. Según AI, las milicias kurdas han arrasado, volado y quemado miles de viviendas de pueblos árabes en el norte de Irak en una campaña deliberada de desplazamiento forzado. Aunque altos cargos del KRG han justificado el desplazamiento de las comunidades árabes por motivos de seguridad, AI dice que parece ser un castigo debido a la percepción de su simpatía con el grupo armado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) y una estrategia para conseguir controlar áreas disputadas del país. El número estimado de personas desplazadas por estas acciones asciende a decenas de miles. En diciembre de 2015, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció haber recibido información sobre el aumento de violaciones de derechos humanos contra las comunidades árabes sunitas por las fuerzas de seguridad iraquíes y kurdas en zonas de Irak retomadas del control de IS, incluyendo saqueos, destrucción de la propiedad, los desalojos forzosos, secuestros, detenciones ilegales y asesinatos extra-judiciales. La ONU expresó entonces su preocupación de que la población árabe sunita parece atrapada entre las fuerzas kurdas e IS. En octubre de 2015, AI publicó otro informe que denunciaba a las fuerzas kurdas del norte de Siria por llevar a cabo campañas similares de desplazamiento forzado. (AI, Jurist, 20/01/16)

Un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) afirma que, para permitir una reparación significativa, las solicitudes de perdón deben cumplir una serie de requisitos como: admitir inequívocamente la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos; reconocer el continuo dolor de las supervivientes y de las familias de las víctimas; y vincular las disculpas con esfuerzos para reparar y asistir a las víctimas materialmente y a través de otras medidas de justicia. El informe revisa decenas de solicitudes de perdón públicas por violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, con distintos grados de eficacia. Según el informe, una solicitud de perdón pueden llegar a ser una declaración de la verdad que revierta años de silencio o de negativas oficiales, y también puede movilizar al resto de la sociedad para apoyar la reparación de las víctimas y medidas de justicia transicional. Pero si se hace de forma inadecuada o por las razones incorrectas, una disculpa puede aumentar el resentimiento y la desconfianza o ser rechazada por las víctimas por injusta. Por estos motivos, es necesario trabajar con las víctimas antes y después de una petición de disculpa para asegurarse de que es significativa y evitar una respuesta de rechazo. (ICTJ, 28/01/16)

Miembros de la comunidad serbo-bosnia han celebrado el Día de la República Srpska en la ciudad de Banja Luka, entre otras ciudades, a pesar de que la celebración fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Bosnia. La celebración ha elevado las tensiones étnicas en el país. El Día de la República Srpska conmemora el aniversario del 9 de enero de 1992, cuando los líderes serbo-bosnios declaron una República serbia independiente, lo que contribuyó al comienzo de la guerra en abril de ese año. El presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, ha justificado la celebración argumentando que su significado es reclamar a vivir libremente y de tener la posibilidad de decidir libremente sobre su destino. El jefe de la Iglesia Ortodoxa Serbia, el Patriarca Irinej, el embajador de Rusia ante Bosnia, Petar Ivancov, y el Primer Ministro de Serbia, Aleksandar Vučić, también asistieron a la celebración. Vučić subrayó que su muestra de apoyo a la República Srpska no significa odiar a Bosnia y Herzegovina. Por otro lado, políticos bosníacos y asociaciones de víctimas de la limpieza étnica que tuvieron lugar en la década de 1990 criticaron la celebración. La asociación Madres de Srebrenica organizó una protesta en Banja Luka en contra de la conmemoración y de la visita de Vučić. (Balkan Transitional Justice, 10/01/16)

A raíz de la campaña del grupo Rhodes Must Fall (Rodhes debe caer), el Oriel College de la Universidad de Oxford ha decidido, después de una votación con 254 votos a favor y 212 en contra, no retirar una estatua del colonizador británico Cecil Rhodes. El colegio ha anunciado que, después de considerarlo detenidamente, ha decidido que la estatua debe permanecer pero que añadiría una nota acerca del contexto histórico para explicar por qué está ahí. La universidad también ha reconocido que la campaña puso de relieve la falta de representación de personas negras y de otras minorías étnicas entre los estudiantes y el personal de Oxford, y que tomaría medidas sustantivas para hacer frente a tales retos. Rhodes fue un prominente hombre de negocios del siglo XIX y político en el sur de África, y, como tal, un símbolo del colonialismo y la supremacía blanca. Rhodes también fue estudiante en Oxford y miembro de Oriel College en la década de 1870, y legó dinero a la universidad en su muerte en 1902. La campaña Rhodes Must Fall se inició en Sudáfrica, y en abril de 2015 consiguiño que se retirara una estatua de Rhodes de la Universidad de Ciudad del Cabo, y más adelante ha sido adoptada en Oxford. El diario Daily Telegraph informó que la decisión de mantener la estatua se había hecho después de que donantes amenazaran con retirar donaciones y herencias por un valor de más de 100 millones de libras si la estatua fuera eliminada. Un programa de becas con el nombre de Rhodes ha apoyado hasta la fecha a más de 8.000 estudiantes extranjeros. (BBC, 29/01/16)

Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno que derogue o de modifique la Ley de Seguridad de los Antiguos Presidentes, que podría conceder a los ex presidentes del país la inmunidad procesal por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Aunque la disposición "de acuerdo con las leyes" se ha agregado a la última versión, según AI la ley todavía podría ser interpretada como una concesión de inmunidad a los ex presidentes de cualquier forma de persecución. AI advierte de que la ley se presentó por primera vez poco después de que el partido de oposición Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) ganara las elecciones generales del 8 de noviembre de 2015, y se tramitó con urgencia en el parlamento antes de que el nuevo Gobierno tomara posesión del cargo. Los altos cargos del Gobierno, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, ya gozan de inmunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el país durante el régimen militar según el artículo 445 de la Constitución de 2008. Además, las competencias exclusivas del sistema de justicia militar sobre los miembros de las fuerzas armadas implican que el personal militar rara vez, o nunca, rinde cuentas por los crímenes que ha cometido. En los últimos años, el Gobierno militar de Myanmar ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado interno, y por la persecución continua de la minoría musulmana rohingya. Por otra parte, poco después de aprobar la ley, el Gobierno ha liberado a 102 personas, en su mayoría presos políticos. (AI, Jurist, 28/01/16)