Cinco personas mueren y otras 38 resultan heridas en la plaza de Tiananmen, en Beijing, después de que un coche se precipitara contra la multitud en la céntrica plaza. Aunque la Policía no ha hecho públicos los detalles de la investigación que está llevando a cabo ni ha revelado los motivos o la posible autoría del presunto atentado, sí ha hecho público que se ha detenido a cinco personas, que se trata de un ataque terrorista coordinado y que la matrícula del coche con el que se llevó a cabo el ataque es de la región de Xinjiang. Algunos medios señalan que una de las personas detenidas residiría en un pueblo de Xinjiang en el que 37 personas murieron en un episodio de violencia a finales de junio. Algunos especialistas en seguridad y terrorismo han declarado que en los últimos tiempos insurgentes uigures podrían haber recibido entrenamiento militar en Siria, o incluso que activistas sirios se habrían infiltrado en Xinjiang, lo que explicaría, según estos expertos, que los grupos armados de oposición uigures hubieran decidido llevar a cabo acciones armadas no solamente en Xinjiang, sino en otras provincias chinas. Durante el mes de octubre, por ejemplo, unas 100 personas de etnia uigur fueron detenidas en la provincia de Yunnan, muy lejana a Xinjiang. La organización uigur en el exilio Congreso Mundial Uigur (CMU) ha pedido precaución a la hora de atribuir responsabilidades por el ataque y ha advertido que el Gobierno podría haberse inventado una versión de los hechos para incrementar la represión sobre la comunidad uigur. El CMU considera que en los últimos tiempos ha habido un incremento de la represión contra la comunidad uigur y sostiene que más de 100 personas han muerto desde principios de 2013 como consecuencia del conflicto político en Xinjiang. (BBC, CNN, 30/10/13; Xinhua, 29/10/13)

Las Fuerzas Armadas de India y Pakistán se han acusado mutuamente durante todo el mes de octubre de repetidas violaciones del alto el fuego en la Línea de Control (frontera de facto que divide a los dos países) a pesar del compromiso adquirido en septiembre por los primeros ministros de ambos países de poner fin a los enfrentamientos. Como consecuencia de la violencia varias personas han perdido la vida, al menos dos civiles, ocho insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad y otras más han resultado heridas. India ha denunciado la infiltración de decenas de insurgentes procedentes de Pakistán, que habrían contado con apoyo militar pakistaní, acusación rechazada por este país. En paralelo, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, se mostró dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para avanzar en el proceso de negociación, incluyendo la cuestión de Cachemira. También se espera que en las próximas semanas tenga lugar una reunión entre militares de alto rango para elaborar un plan con el que restablecer el alto el fuego, aunque las acusaciones mutuas y la desconfianza ha crecido en las últimas semanas y ambas partes han mostrado su escepticismo ante una posible reanudación de las negociaciones de paz. (The Express Tribune, 14, 21, 23/10/13; AFP, 19, 22/10/13)

La provincia iraní de Sistán Baluchistán, fronteriza con Pakistán, es escenario de una escalada de violencia a finales de octubre. Enfrentamientos entre milicianos y guardias fronterizos acabaron con la muerte de 14 funcionarios iraníes, mientras que otros cinco resultaron heridos. Otras fuentes aseguraron que el número de víctimas mortales oscilaba entre 17 y 20. El ataque fue reivindicado por un grupo armado de reciente creación, Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia), que anunció que su acción era una respuesta a la participación de Irán en el conflicto en Siria y a la represión de la comunidad sunní en Irán. En su declaración, el grupo acusó a la Guardia Republicana iraní de cometer masacres en Siria y denunció a Teherán por la ejecución de jóvenes baluchis y kurdos. En represalia por esta ofensiva, las autoridades iraníes ejecutaron a 16 prisioneros acusados de pertenecer a grupos hostiles a la república islámica. Los detenidos fueron ahorcados en la cárcel de Zahedan, la capital provincial de Sistán Baluchistán. Jaish al-Adl anunció que vengaría estas muertes. Cabe destacar que días antes de la ofensiva el comandante de la Guardia Republicana, Mohamed Ali Jafari, había anunciado que sus fuerzas habían logrado desbaratar al menos 11 ataques suicidas. El dirigente aseguró que, según su información, grupos armados habían planeado grandes operaciones en Sistán Baluchistán. Informaciones de prensa destacaron que Jaish al-Adl ya había perpetrado un ataque con artefacto explosivo en una carretera de Saravan a finales de febrero, en el que habrían muerto varios miembros de la Guardia Republicana. Teherán habría pedido cercar a este grupo a Pakistán, lugar donde huyeron los milicianos tras participar en el ataque. (BBC y al-Jazeera, 27/10/13; Le Monde, AFP y Reuters, 26/10/13; Trend y Mehr, 21/10/13)

El Ejército congolés captura a finales de octubre la localidad de Bunagana, la principal base del grupo armado M23, lo que puede suponer un punto de inflexión en el conflicto armado. Las tropas congolesas han entrado en la localidad, fronteriza con Uganda, tras la retirada del grupo armado. Diversas fuentes habían señalado que el líder político del M23, Bertrand Bisimwa, había cruzado la frontera y había buscado refugio en Uganda ante el avance del Ejército hacia la base del grupo, entregándose a las autoridades ugandesas. Previamente, la ONU había alertado de la escalada militar que se estaba produciendo en los alrededores de Goma y de las áreas controladas por el grupo armado M23, por lo que había señalado la urgencia de alcanzar el acuerdo de paz entre las partes para evitar un nuevo deterioro de la situación. Se estima que 800.000 personas han abandonado sus hogares desde la última escalada en el conflicto, 10.000 de las cuales han buscado refugio en Uganda en los últimos días de octubre, según ACNUR. El representante especial del secretario general de la ONU, Martin Kobler, ha manifestado que el M23 estaba a punto de desaparecer como amenaza tras la captura de cinco localidades controladas por el M23, entre las que se incluye Rumangabo, donde el grupo disponía de una gran base militar de entrenamiento. Los enfrentamientos en diversas partes de la provincia de Kivu Norte han causado la muerte de decenas de personas. El Ejército ha tenido el apoyo de la Brigada de Intervención de la ONU en estas operaciones, 3.000 militares procedentes de Tanzania, Sudáfrica y Malawi, que a mediados de octubre estaba completamente desplegada en zona rebelde. El Gobierno congolés ha reiterado la acusación de apoyo de Rwanda al M23, y en los últimos días la había acusado de reclutar combatientes entre la población civil rwandesa en paralelo a los avances en el proceso de paz. Además, se han producido ataques entre diversas milicias Mai Mai en localidades de la provincia de Kivu Norte, y ha surgido un nuevo grupo armado, las Fuerzas Armadas para la Liberación y la Resistencia para la Paz (FALRP), en el sector de Tshanika y Ndwali, en las cercanías del lago Eduardo. El grupo contaría con un centenar de combatientes y ha se habría enfrentado al Ejército y a los guardas forestales en el parque de Virunga. (Le Potentiel, 22/10/13; AFP, 22 y 23/10/13; BBC, 30/10/13)

Siete personas mueren y una treintena resulta herida a causa de un ataque suicida en un autobús de pasajeros en la ciudad de Volgogrado (sur), que según las autoridades fue perpetrado por una mujer originaria de la república rusa de Daguestán (norte del Cáucaso). A finales de octubre no había aún reivindicación del atentado, tampoco por la insurgencia islamista del norte del Cáucaso que en julio advirtió de que había puesto fin a la moratoria a los ataques contra civiles. Algunos medios locales señalaron que el ataque se produjo en el 14º aniversario de los ataques múltiples con misiles por fuerzas rusas en la capital chechena, Grozny, incluyendo contra el mercado central y el hospital de maternidad, con unas 140 víctimas mortales. El ataque en Volgogrado desencadenó algunos incidentes contra población musulmana, incluyendo un ataque contra una mezquita así como otro ataque contra el domicilio de un clérigo musulmán local. La Unión de Musulmanes de la región de Volgogrado también recibió numerosas notificaciones de quejas de personas musulmanas que habían sufrido represalias. (RFE/RL, Caucasian Knot, 21-24/10/13)

El conflicto armado en Siria continúa afectando severamente a la población civil. Además del impacto directo de los hechos de violencia –como la muerte de varios menores tras un ataque con coche bomba a una mezquita en Damasco–, durante octubre múltiples informaciones dieron cuenta de otras situaciones dramáticas. Entre ellas cabe mencionar el rechazo a cientos de refugiados en las fronteras de países vecinos –en especial de personas de origen palestino o iraquí que vivían en Siria como refugiados–; la alerta por nuevos casos de poliomelitis, una enfermedad que estaba erradicada del país desde hace 14 años; y las denuncias del uso del hambre como estrategia de guerra. El Gobierno sirio fue acusado de bloquear el ingreso de medicinas y alimentos a zonas rebeldes bajo cerco militar, presuntamente con el fin de obtener su rendición. Según la ONU, más de un millón de personas permanecían atrapadas en áreas donde no es posible acceder con ayuda humanitaria, la mitad en zonas rurales de Damasco y 310.000 en la provincia de Homs, en la zona central de Siria. Paralelamente, el enviado de la ONU y la Liga Árabe mantuvo una serie de reuniones con actores relevantes de la región, entre ellos Irán, con el fin de comprometerlos a unas conversaciones de paz previstas para el 23 de noviembre en Ginebra. Lakhdar Brahimi reconoció enormes dificultades por la falta de confianza entre el Gobierno y la oposición siria. El diplomático se reunió con el presidente sirio, quien insistió en que las conversaciones sólo pueden prosperar si las potencias extranjeras suspendían su apoyo a los grupos rebeldes sirios. A finales de mes, 19 grupos de la oposición, entre ellos organizaciones armadas, anunciaron que no participarán en el diálogo porque negociar con el régimen de Bashar al-Assad constituiría una traición. (BBC, 22, 25, 29, 31/10/13; al-Jazeera, 27, 30/10/13; Jeune Afrique y Al-Monitor, 28/10/13)

El candidato oficialista Ilham Aliyev, en la presidencia desde 2003 cuando sucedió a su progenitor, logra su tercer mandato presidencial tras ganar las elecciones del 9 de octubre con casi un 85% de los votos, según los resultados oficiales, frente al 5% del candidato unitario de la oposición, Camil Hasanli. La OSCE, que desplegó una misión de observación, consideró que había habido fallos serios y un contexto de restricciones a los medios de comunicación y alegaciones de intimidación. Por su parte, el frente opositor Consejo Nacional de las Fuerzas Democráticas, que agrupa a diversos partidos opositores unidos para los comicios en torno al candidato unitario Hasanli, denunció que los resultados eran fraudulentos e ilegítimos y llevó a cabo manifestaciones de protesta en la capital. Según los organizadores, unas 10.000 personas participaron en la marcha de finales de octubre, un millar según la Policía. En esa protesta, los manifestantes reclamaron nuevas elecciones. Una protesta previa, a mitad de octubre, congregó a 20.000 personas según el frente opositor y entre 7.000 y 8.000 según Caucasian Knot. 10 personas fueron detenidas tras esa protesta. (RFE/RL, 19, 27/10/13, Caucasian Knot, 12, 27/10/13)

La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia que las autoridades etíopes están sometiendo a los detenidos por motivaciones políticas a actos de tortura y malos tratos para obtener confesiones. La organización estadounidense ha señalado que antiguos presos del principal centro de detención en Addis Abeba han descrito los abusos, torturas y malos tratos a los que fueron sometidos durante los interrogatorios. El Gobierno ha calificado el informe de parcial y le ha restado toda credibilidad. HRW ha señalado que las autoridades utilizan la tortura de forma rutinaria contra periodistas y políticos detenidos. Entre los detenidos que han revelado torturas y malos tratos tras ser liberados se encuentra un periodista sueco que fue encarcelado por haber entrado ilegalmente al país para intentar informar sobre la situación en la región de Ogadén, donde el Ejército está llevando a cabo una campaña militar contra el movimiento pro independentista y el grupo armado ONLF. Las protestas que tienen lugar en el país desde principios de año reiteran la liberación de los presos políticos, y han ido en aumento, así como también se ha incrementado la represión que las autoridades ejercen en el transcurso de las mismas. (BBC, 16 y 18/10/13)

El ministro de Justicia anuncia que un tribunal ha dictado órdenes de búsqueda y captura contra cuatro personas acusadas de rebelión y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por su presunta responsabilidad en los enfrentamientos que se registraron durante tres semanas en la ciudad de Zamboanga, en Mindanao. En dichos enfrentamientos, los más graves desde que el Gobierno y el MNLF firmaron un acuerdo de paz en 1996, más de 200 personas murieron, más de 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y miles de casas fueron destruidas. Entre las cuatro personas contra las que se ha dictado la mencionada orden se encuentra Nur Misuari, fundador del MNLF y líder de una de sus facciones. Las otras personas son Habier Malik, Bas Arki y Assamin Hussin. A pesar de las medidas adoptadas por Manila para detener a Misuari, hasta el momento sigue en paradero desconocido. Algunas informaciones señalaron que había huido a Indonesia o a algún país de Oriente Medio, pero las Fuerzas Armadas declararon su convencimiento de que todavía se halla en el archipiélago de Sulu. También según el Ejército, los acontecimientos de Zamboanga habrían enemistado a Misuari con su colaborador más cercano, Habier Malik, y con buena parte de los propios combatientes del MNLF. Según varios medios de comunicación, Misuari había dicho a los combatientes del MNLF que atacaron Zamboanga que sería una operación rápida y que Naciones Unidas declararía la independencia de Mindanao. Por otra parte, el departamento de Justicia inició los trámites para trasladar fuera de Zamboanga a los más de 200 combatientes del MNLF detenidos, pues teme determinadas reacciones de la población local si el juicio es celebrado en esa ciudad. (Al-Jazeera.com, 03/10/13; GlobalPost, 09/10/13; The Star Online, 14/10/13; Philippine Star, 18/10/13)

Supuestas irregularidades en el desarrollo y recuento de votos de las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre han desatado una crisis política interna en el país. Los observadores de los partidos de la oposición se retiraron del recuento de votos por la "inutilidad" de su presencia, según palabras de su portavoz, que pidió también la anulación de las elecciones. El presidente, Alpha Conde, negó estas acusaciones de fraude y pidió a la oposición que solucionara cualquier duda sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones por medio legal en la Corte Suprema. Observadores internacionales de EEUU, Francia, la UE, la ONU y ECOWAS ya habían identificado problemas en los votos en varios distritos asegurando que podrían haber afectado potencialmente la credibilidad de los resultados. Sin embargo, la ONU decidió mantener la confianza en el proceso y a mediados de octubre, dos semanas después de las elecciones, se anunciaba que el partido de Conde, Agrupación Pueblo de Guinea, había ganado las elecciones consiguiendo 53 de los 114 escaños en juego. Seguidamente Abubacar Sylla, el portavoz de la coalición de partidos en la oposición (formada por UFDG, UFR y dos partidos menores), anunció que se había decidido presentar una queja a la Corte Suprema adjuntando todas las pruebas necesarias para demostrar el fraude. (All Africa, 4/10/2013; VOA, 8/10/2013; Reuters, 9,19/10/13, Al Jazeera, 19/10/2013; Europa Press, 20/10/2013)

Se producen numerosos incidentes en las principales ciudades del país después de que cientos de personas salieran a las calles para exigir la dimisión del presidente, Michel Martelly, del primer ministro, Laurent Lamothe, y de todo el Gobierno. Los principales focos de las protestas fueron la capital, Puerto Príncipe, y Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país. Las movilizaciones fueron convocadas principalmente por los partidos opositores Lavalas (fundada por el ex presidente Jean Bertrand Aristide) y por el Movimiento Patriótico de la Oposición Democrática (MOPOD). Las protestas, que se produjeron a mediados de octubre, coincidieron con el aniversario de la muerte de Jean Jacques Dessalines, el héroe de la independencia de Haití. Pocos días más tarde, las protestas incrementaron en intensidad después de que la Policía detuviera a un conocido abogado opositor por su participación en las mencionadas protestas. En el momento de la detención del abogado, ya se produjeron numerosos enfrentamientos entre la Policía y las personas, entre las que se contaban varios parlamentarios, que se oponían a su arresto. El presidente de la Cámara de Diputados llamó a la movilización de la ciudadanía por considerar que el actual Gobierno atenta contra los avances democráticos que se han producido en los últimos años. Organizaciones de derechos humanos también calificaron el arresto de arbitrario e ilegal, por considerar que el motivo de la detención fue el talante crítico del abogado con el Gobierno. En los últimos meses en Haití se han incrementado notablemente tanto las protestas contra el presidente como el enfrentamiento institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo. (EFE, 17 y 18/10/13; El Universal, 17/10/13; AFP, 23/10/13)

Cumpliendo con el compromiso adquirido para reactivar las negociaciones de paz, el Gobierno de Benjamin Netanyahu dispone la liberación de 26 prisioneros palestinos. Todos ellos, excepto uno, habían sido condenados por asesinatos cometidos antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y habían cumplido condenas de entre 19 y 28 años en prisión. Se trata del segundo de los cuatro grupos de presos que serán liberados en un plazo de nueve meses. Los prisioneros fueron recibidos como héroes a su retorno a Gaza y a Cisjordania. La medida motivó el rechazo de un sector de la opinión pública israelí y derivó en manifestaciones en los alrededores de la prisión de Ofer, en las afueras de Jerusalén, por parte de familiares de las víctimas israelíes que acusaron a Netanyahu de traición. Poco después de la liberación de los presos palestinos, la prensa israelí anunció que el Gobierno pretendía construir 1.500 nuevas viviendas en el asentamiento de Ramat Shlomo, en Jerusalén Este, y que había dado instrucciones para desarrollar planes para otras 2.000 en otras áreas de Cisjordania. Según el períodico israelí Haaretz, la cifra de nuevas viviendas podría llegar a las 5.000. El anuncio fue valorado como una estrategia de Netanyahu para aplacar las críticas de los miembros de ultraderecha de su coalición reacios a la reactivación de negociaciones, así como de sectores israelíes opuestos a la liberación de presos palestinos. La AP consideró que esta medida tendría unos efectos destructivos en los esfuerzos por la paz. Cabe destacar que al menos tres palestinos y un israelí murieron en hechos de violencia vinculados al conflicto durante el mes de octubre. (BBC, 11, 18, 22, 30/10/13; Reuters y Le Monde, 30/10/13; Haaretz, 31/10/13)

El 25 de octubre se celebra la primera ronda de las elecciones presidenciales a las que se presentaban 33 candidatos. Los primeros comicios desde el golpe militar de 2009 se desarrollaron en un clima "generalmente pacífico", según las palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Sin embargo, algunos medios informaron de pequeños incidentes en colegios electorales en distintas partes del país. Dos colegios electorales de las afueras de la capital, Antananarivo, y la ciudad de Benenitra fueron quemados supuestamente de forma intencional. Los primeros resultados dieron el liderazgo inicial a Richard Jean-Louis Robinson, aliado de Marc Ravalomana, seguido por Hery Martial Rakotoarimanana. Los resultados finales no se harán públicos hasta una semana después de las elecciones. La segunda ronda de los comicios se celebraría el 20 de diciembre, coincidiendo con las elecciones legislativas, si ninguno de los candidatos obtiene un 50% de los votos. Según los observadores internacionales las elecciones se desarrollaron de forma "libre y justa". Aun así, según la misión de observación de la UE la falta de límites en los gastos de campaña y el hecho de que un porcentaje bastante significativo de votantes fueron excluidos de las listas de votantes, aumentaron las desigualdades entre candidatos. (BBC, 25-27/10/13; UN News, 25/10/13; Reuters, 27/10/13)

A finales de octubre se producen enfrentamientos entre milicias de autodefensa campesinas y las fuerzas de seguridad centroafricanas que han causado la muerte de 40 combatientes y más de una veintena de civiles en Bouar, cerca de la frontera camerunesa. Estos enfrentamientos, que podrían estar coordinados, según diversas fuentes, se producen tras diversos choques en las localidades de Bossangoa, Bouca y Bangassou. Estas milicias de autodefensa, conocidas como anti-balakas (anti-machete) se enfrentan en diversas zonas a la ex rebelión, de confesión musulmana, que integra los cuerpos de seguridad centroafricanos. Michel Djotodia es el primer presidente musulmán del país. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la creación de una fuerza militar especial compuesta por 250 militares para proteger a los trabajadores de la ONU en el país. La unidad de 250 militares procede de una fuerza de mantenimiento de la paz previamente existente y tendrán su base en la capital, Bangui. Posteriormente, se incrementará el tamaño de la misión hasta 560 militares para que pueda desplegarse fuera de la capital en las zonas con presencia de la ONU. El director de la OCHA, John Ging, que estuvo recientemente en el país, ha señalado que la situación es caótica. Ging había afirmado que el conflicto estaba tomando una dimensión religiosa muy preocupante, con grupos armados que están incitando a las comunidades cristianas y musulmanas a enfrentarse mutuamente. La UA está en proceso de desplegar una misión de mantenimiento de la paz de 3.600 militares, y Francia ha anunciado a principios de octubre el envío de más tropas al país, donde ya dispone de una base con 400 militares en el aeropuerto de Bangui. (Jeune Afrique, 26 y 27/10/13; BBC, 30/10/13)

Se suspende nuevamente el proceso de paz entre el Gobierno congolés y el grupo armado M23 a pesar de las presiones internacionales y los avances producidos para alcanzar un acuerdo final. La enviada especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Mary Robinson, ha informado al Consejo de Seguridad de la ONU de que las partes habían llegado a un acuerdo en ocho de los 12 artículos del borrador de acuerdo de paz. Las partes alcanzaron consensos en la cuestión de la liberación de los presos; la desaparición del M23 como grupo armado y su transformación en partido político; el retorno y reasentamiento de la población refugiada y desplazada; el retorno de las propiedades saqueadas durante la toma de Goma en noviembre de 2012; el establecimiento de una comisión de reconciliación nacional; reformas en el Gobierno y en el sector económico; y la implementación del acuerdo de paz de 2009 y del actual acuerdo pendiente de cerrar. No obstante, han acordado volver a convocar la mesa de negociación en breve para intentar superar las diferencias. Las principales discrepancias entre las partes giran en torno a la amnistía a los combatientes, al desarme y a los acuerdos de integración y seguridad del M23. En relación a la amnistía, el Gobierno congolés ha reiterado que no aceptará medidas que impliquen una impunidad total y el incumplimiento de la Constitución y de los compromisos internacionales. El representante especial del secretario general de la ONU, Martin Kobler, ha manifestado su decepción por el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo a pesar de los cuatro días intensos de negociaciones y presiones en las que participaron, además de Robinson y Kobler, enviados de la UA, de la UE y de EEUU. Kobler ha solicitado el apoyo total del Consejo de Seguridad de la ONU al proceso negociador. La ONU y EEUU han manifestado su preocupación por este nuevo parón en el proceso. Chrispus Kiyonga, ministro en el Gobierno ugandés encargado de la mediación en las conversaciones, ha afirmado que cree que en breve se alcanzará un acuerdo final. El vicejefe de comunicaciones del M23, Lawrence Kanyuka, ha señalado que los negociadores gubernamentales congoleses se retiraron de la mesa exigiendo al grupo que expulsara a Roger Lumbala, del equipo negociador del M23, por haber insultado al presidente congolés Joseph Kabila un mes atrás en Burundi. (AFP, 28/09/13, 22/10/13; AP, 21/10/13; Radio Okapi, 18 y 23/10/13; Xinhua, 23/10/13)

La zona serbia de la ciudad dividida de Mitrovica es escenario a mitad de octubre de varias explosiones dirigidas contra objetivos serbios, con daños materiales pero sin heridos. Fuentes oficiales locales atribuyeron las explosiones a sectores radicales serbios que estarían intentando intimidar a la población serbia para que no participe en las elecciones locales del 3 de noviembre. Entre los afectados por los ataques se incluye un candidato electoral serbio que finalmente se retiró de los comicios tras diversas amenazas. Por otra parte, un informe del PNUD señaló que en torno a un 40% de la población serbia del norte de Kosovo no estaría dispuesta a participar en las elecciones, pese a los llamamientos del Gobierno de Serbia a que tomen parte en los comicios. Mientras, en octubre Serbia y Kosovo alcanzaron un acuerdo para permitir la entrada a Kosovo a políticos de Serbia en el periodo previo a las elecciones bajo condición de que las peticiones se tramiten siguiendo unos procesos administrativos determinados. No obstante, la Policía kosovar detuvo días después al ministro de Serbia para Kosovo, Aleksandar Vulin, bajo sospecha de que había entrado de manera ilegal. (Balkan Insight, 14-23/10/13)

Los presidentes de Sudán y Sudán del Sur, Omar al-Bashir y Salva Kiir respectivamente, mantuvieron un encuentro en Juba para conversar sobre el estatuto de la región de Abyei. Ambos presidentes acordaron las condiciones generales para la administración de Abyei. Entre otras cosas se decidieron cuestiones relativas al Consejo y la Policia de Abyei así como el pago del 2% del petróleo, incluyendo pagos pendientes, a la Administración de Abyei. El estatuto final de la región está en disputa desde 2005. Actualmente se encuentra bajo la administración de la ONU. Jartum hasta el momento se ha opuesto a la celebración de un referéndum debido a que los nómadas de la etnia misseriya, ciudadanos de Sudán y partidarios de la unión con Jartum, no podrían votar. En este sentido, miles de personas volvieron a la región para votar en el referéndum no oficial celebrado a finales de octubre. El referéndum convocado por la comunidad kngok dinka partidaria de la unión con Juba, fue considerado ilegal por los dos países implicados en la disputa y por la UA. En el contexto de los preparativos del referéndum, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo público un comunicado pidiendo a los Gobiernos Sudán y Sudán del Sur que se abstuvieran de cualquier acción ilegal que pudiera incrementar las tensiones entre ambos países. Por su parte, la UA anunció que enviará una misión a Abyei entre el 5 y 6 de noviembre para mediar en las negociaciones destinadas a determinar el estatuto de la región, reducir las tensiones en la zona y evitar que se lleve a cabo cualquier acción unilateral. (VOA, 18/10/13; BBC, 22/10/13; Sudan Tribune, 27/10/13; EFE, 27/10/13; Europa Press, 30/10/13)

En un intento por sortear la crisis en el país, agudizada tras el asesinato de un parlamentario en julio, oficialismo y oposición inician un diálogo nacional con una hoja de ruta centrada en tres ejes: la formación de un gobierno de independientes en un plazo de tres semanas, la aprobación de la nueva Constitución dentro de un mes y la pronta celebración de elecciones. El acuerdo fue anunciado a principios de octubre, gracias a la mediación de organizaciones de la sociedad civil – principalmente del sindicato UGTT–, después de que el partido islamista Ennahda anunciara su disposición a abandonar el poder. El diálogo nacional no se inició hasta el 25 de octubre, después de que la oposición obtuviera garantías por escrito de que el primer ministro islamista, Ali Larayedh, renunciaría a su cargo. Paralelamente, durante el trimestre continuaron las movilizaciones contra el Gobierno y se produjeron diversos hechos de violencia en los que murieron al menos 19 personas, entre ellas nueve policías. A mediados de mes, dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron a manos de hombres armados en la zona de Beja, a 70 kilómetros al oeste de la capital. Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de rastreo en la zona que acabó con la muerte de nueve presuntos militantes islamistas. Según fuentes oficiales, los milicianos pertenecían al grupo Ansar al-Sharia, declarado organización terrorista por el Gobierno. Las protestas de miembros de las fuerzas de seguridad obligaron al primer ministro y al presidente a abandonar los funerales de estos policías. A finales de mes otros siete policías murieron en choques con hombres armados en la región central de Sidi Bouzid, motivando nuevas protestas de la oposición. Las autoridades también informaron de un ataque suicida en el balneario de Soussa, en el sur, y de la desarticulación de un intento de atentado contra la tumba del ex presidente Habib Bourguiba. (BBC, 03, 05, 18, 19, 30/10/13; al-Jazeera, 24, 25/10/13; Le Monde 25/10/13; Jeune Afrique, 30/10/13)

El co-presidente del KCK, el órgano que agrupa a las organizaciones del movimiento nacionalista kurdo, incluyendo al grupo armado PKK, Cemil Bayik, afirma a finales de octubre que el proceso de diálogo entre el Gobierno y el máximo líder del KCK/PKK, Abdullah Öcalan, ha llegado a su fin y culpa de ello al Ejecutivo turco, al que acusa de falta de respuestas a las demandas kurdas. Según Bayik, si el Gobierno no acepta pasar a tener negociaciones sustantivas, habrá guerra civil en Turquía. El KCK ha enunciado tres condiciones para la continuación del proceso de resolución: mejora de las condiciones carcelarias de Öcalan, cambios legales ¬–según algunos medios también constitucionales– y participación de una tercera parte independiente que supervise el proceso de diálogo. A su vez, Öcalan señaló que la primera fase del proceso se había acabado el 15 de octubre y que estaba a la espera de respuesta del Gobierno a su propuesta sobre la continuación del proceso, transmitida verbalmente y por escrito. Así lo comunicaron representantes del partido pro-kurdo BDP tras la visita en octubre de dos de sus diputados a Öcalan, en prisión desde 1999. El Gobierno vetó la participación del co-presidente del BDP, Selahattin Demirtas, en esa visita, supuestamente por las fuertes críticas de Demirtas a las reformas de democratización anunciadas por el Gobierno a finales de septiembre, lo que agravó la tensión entre el Gobierno y el BDP. Öcalan señaló que durante este año de diálogo no se había avanzado en la creación de una base legal. Instó a que la segunda fase fuera más sustantiva y profunda, dada la fragilidad del proceso. En paralelo, valoró positivamente el contexto de ausencia de violencia, vinculado al alto el fuego unilateral del PKK. Por otra parte, Öcalan instó a la celebración de un congreso islámico en Diyarbakir que dé respuesta al uso de la violencia por grupos islamistas, incluyendo al-Nusra, contra los kurdos en Siria. Cemil Bayik había criticado también que Turquía dé apoyo a grupos que combaten a las organizaciones kurdas en Siria. En otro comunicado, el KCK señaló que la solución a la cuestión kurda debe dar respuesta a tres demandas: reconocimiento de la existencia kurda, incluyendo su dimensión identitaria, cultural, legal y de libertad de pensamiento y organización; reconocimiento a la autodeterminación kurda; y reconocimiento de la educación en lengua materna. (AFP, Firat, 1-30/10/13)

Los Gobiernos de ambos países acuerdan que una delegación del Alto Consejo para la Paz, organismo encargado de liderar las negociaciones de paz con la insurgencia talibán, se reunirá en Pakistán con el recientemente excarcelado líder talibán Mullah Baradar. A pesar de que su puesta en libertad pretendía ser un impulso para el proceso de paz, fuentes talibanes habían señalado que Baradar permanecía bajo arresto domiciliario y sin posibilidad de mantener encuentros. Tras una reunión celebrada en Londres entre el presidente afgano, Hamid Karzai, y los primeros ministros pakistaní, Nawaz Sharif, y británico, David Cameron, ambas partes acordaron facilitar el encuentro. Sharif comprometió también su apoyo a la celebración de las próximas elecciones en Afganistán en 2014 y anunció que visitará Kabul próximamente. Por otra parte, el Gobierno afgano anunció la celebración en noviembre de una Loya Jirga en la que participarán 3.000 líderes tribales para discutir los pormenores del futuro acuerdo de seguridad con EEUU que estará vigente tras la retirada de las tropas internacionales de Afganistán, cuya finalización está prevista para el año próximo. (AFP, 27 y 30/10/13; Pajwhok Afghan News y VOA, 29/10/13)

Dirigentes de 18 organizaciones armadas étnicas, entre ellas el KIO, KNU, SSA-South, así como los dirigentes de la organización paraguas UNFC, se reúnen en el estado Kachin para discutir la propuesta gubernamental de alto el fuego generalizado en todo el país y consensuar una postura de cara a las negociaciones con el Gobierno previstas para los primeros días de noviembre. Algunos líderes han destacado que la importancia de este encuentro es mayor que la del Acuerdo de Panglong, que en 1947 estableció la autonomía étnica. Cabe destacar la ausencia del grupo armado wa UWSA, que podría deberse a que el grupo no considera suficientemente representada su voluntad de creación de un estado Wa autónomo y que ha mostrado su escepticismo ante la posibilidad de un alto el fuego generalizado. No obstante, en paralelo al encuentro, cabe destacar que han proseguido los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado KIO que han ocasionado una importante crisis humanitaria, puesto que miles de personas han quedado atrapadas por la violencia armada y varios cientos han tenido que desplazarse. Días antes del estallido de los nuevos enfrentamientos, el Gobierno y el KIO habían mantenido conversaciones y alcanzado algunos acuerdos parciales, sin que se lograra pactar un alto el fuego. Coincidiendo con estas conversaciones, el Gobierno puso en libertad a 56 presos políticos, la práctica totalidad de ellos encarcelados por pertenecer a diferentes organizaciones insurgentes étnicas. (The Irrawaddy, 15, 23, 25, 28, 29 y 30/10/13; Eleven Myanmar, 08/10/13)

El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, reiteró su oferta de diálogo a la insurgencia talibán y señaló que el ministro de Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, será el encargado del diálogo. La invitación, que había sido presentada en septiembre en una conferencia convocada por el Gobierno en la que participaron líderes de los principales partidos políticos del país, incluyendo los que simpatizan con la insurgencia, fue cuestionada por diferentes actores políticos por la espiral de atentados que la siguió y que causaron decenas de muertos en todo el país. Cabe destacar el atentado que causó la muerte a un ministro de la provincia Khyber Pakhtunkhwa, integrante del partido PTI que es favorable a las negociaciones con la insurgencia, y otras siete personas. Otros atentados en diferentes zonas del país causaron varias víctimas mortales. La insurgencia, y en particular su líder Hakimullah Mehsud, ha respondido afirmando que están dispuestos a llevar a cabo negociaciones, pero que el Gobierno todavía no se ha dirigido de manera directa a ellos, y que esperan que se nombre un equipo negociador gubernamental. Además, ha exigido el fin de los ataques con aviones no tripulados. Por otra parte, cabe destacar que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Pakistán afirmó que 2.000 hombres de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa permanecían desaparecidos después de las operaciones militares contrainsurgentes, aunque fuentes de la sociedad civil estiman que el número es de 6.000 desaparecidos. (BBC, 09/10/13; RFE/RL, 15/10/13; The Hindu, 29/10/13)

El Gobierno de Sudán y una facción del JEM dirigida por Mohamed Bashar Ahmed, firman un acuerdo marco para establecer una agenda de negociaciones de paz. El acuerdo está auspiciado por el pacto de Doha de 2012 y establece que ambas partes abandonaran las hostilidades e iniciarán un proceso de paz. Según un portavoz de la facción Ali-El-Wafi los temas clave que se identificaron para las negociaciones son la seguridad, el reparto de poder y personas refugiadas. De momento el JEM y los otros grupos integrantes del Frente Revolucionario de Sudán, SPLM-N y dos facciones del SLM lideradas por Abdel Wahid Al Nur y Minni Minnawi, mantienen su negativa a establecer negociaciones de paz parciales y proponen una solución global que elimine el régimen y establezca una democracia que respcte los derechos de las varias regiones. El anuncio del JEM estuvo precedido por la muerte de tres soldados senegaleses miembros de UNAMID a manos de un grupo armado no identificado. En total, ya son 13 los miembros de la misión de la ONU muertos este año en Darfur. (Sudan Tribune, 3, 15, 22/10/2013; CNN, 14/10/2013; VOA, 14/10/2013; Sudan Radio Service, 30/10/2013)

El Gobierno hace pública su intención de reanudar el diálogo con el grupo armado de oposición BRN en el mes de noviembre, después de que a mediados de octubre hubiera pospuesto indefinidamente las conversaciones de paz. En su momento el Gobierno declaró que el motivo de dicha decisión era la aparente falta de control por parte de la cúpula del BRN sobre aquellas facciones del grupo presuntamente responsables de los numerosos actos de violencia que ocurrían en el sur del país. Sin embargo, el 30 de octubre el propio Ejecutivo reconoció su temor a que el BRN hubiera utilizado la conmemoración del noveno aniversario del incidente de Tak Bai (en el que murieron más de 80 personas bajo custodia militar) para exigir el cumplimiento de sus demandas. En la última ronda de negociación, la tercera, el BRN formalizó por escrito sus cinco demandas, que anteriormente ya había hecho públicas a través de un vídeo. Por su parte, Bangkok se comprometió a estudiar dichas demandas. Durante el mes de octubre también trascendió que otros dos grupos armados (el PULO y el BIPP) habrían expresado su voluntad de participar en el proceso de paz y que incluso se habrían producido varias reuniones entre el Gobierno y la cúpula del PULO en Suecia, donde están exiliados buena parte de los líderes de dicho grupo. Por su parte, a principios de mes el BRN comunicó a Malasia, que ejerce las tareas de facilitación, un cambio en sus representantes en las negociaciones de paz, aunque no han trascendido los detalles ni los motivos. (MCOT; 04 y 19/10/13; The Nation, 02/10/13; Xinhua, 30/10/13)