Un informe de varios grupos integrantes de la coalición International Physicians for the Prevention of Nuclear War hace una evaluación conjunta del impacto en términos de vidas humanas que la llamada “Guerra Global contra el Terror” ha tenido desde su inicio, señalando que 1,3 millones de personas han muerto en Iraq, Afganistán y Pakistán en los últimos 13 años. Iraq es el país que registró un mayor número de víctimas, donde se calcula que han muerto aproximadamente un millón de personas (incluyendo víctimas indirectas del conflicto armado), seguido de Afganistán con 220.000 víctimas mortales y 80.000 en Pakistán. El informe señala que entre 2003 y 2011 habrían muerto cerca de 110.000 civiles como resultado directo del conflicto armado en Iraq. El informe señala las dificultades para llevar a cabo un balance en términos de víctimas mortales en Afganistán, apuntado a estimaciones parciales que sitúan esta cifra en 220.000, que no son del todo concluyentes. Con respecto a Pakistán, se destaca que entre los años 2005 y 2013 murieron 81.000 personas como consecuencia del conflicto armado en Pakistán, de los que más de 48.000 eran civiles. El informe también destaca que entre 416 y 951 personas han muerto en este país como consecuencia de los bombardeos llevados a cabo por aviones no tripulados estadounidenses. (Physicians for the Prevention of Nuclear War, marzo 2015)

El grupo insurgente anunció el inicio de nuevas ofensivas contra embajadas extranjeras y oficiales del gobierno, mientras sigue sin mencionar las conversaciones de paz, inminentes según el gobierno. China y Pakistán reafirmaron su apoyo al proceso de paz. El portavoz del presidente Ghani negó que hubiese habido conversaciones secretas y el segundo vicepresidente aseguró que los derechos de la ciudadanía, especialmente los de las mujeres, serían respetados en las negociaciones. En paralelo, ISIS se atribuyó el ataque a puestos de Fuerzas de Seguridad Afganas de la provincia de Badakhshan (28 muertos) que motivó duras críticas contra el Gobierno de Unidad Nacional y del atentando en la ciudad de Jalalabad que causó 34 muertos y 25 heridos. El gobernador de la provincia de Paktika declaró que 200.000 dólares destinados a familias desplazadas acabaron en manos de ISIS. El informe del primer cuatrimestre de la UNAMA concluyó que las víctimas civiles aumentaron un 8% alcanzando cifras récord. La Unión Europea amplió en dos años la misión destinada en Afganistán, la EUPOL. El Gobierno de Unidad Nacional nombró a 16 ministros nuevos, dejando tan solo vacante el puesto de Ministro de Defensa. (Reuters 22/04/2015; TOLOnews 9, 12, 13, 18, 21, 23/04/2015)

Al menos 148 personas fallecen como consecuencia de un ataque reivindicado por el grupo armado islamista somalí al-Shabaab en la universidad de Garissa el 2 de abril. Un comando de cinco hombres armados mató a los dos guardias encargados de la seguridad del campus, que había recibido amenazas. El ataque duró 16 horas, durante las cuales retuvieron a 400 de los más de 800 alumnos. Se sospecha que algunos heridos murieron tras horas de agonía sin poder recibir atención médica. Finalmente, cuerpos de seguridad de Kenya asaltaron el campus, y los atacantes hicieron estallar los explosivos que llevaban en su cuerpo. Este ataque es considerado como el más grave que se ha producido en Kenya desde 1999. El ideólogo que organizó el atentado que ha causado esta masacre es de origen keniano, lo que pone de manifiesto la volatilidad de las fronteras en el conflicto que afecta al país vecino, Somalia, en el que Kenya está cada vez más implicada. Al-Shabaab anunció que el territorio keniano no gozaría de seguridad “si no había seguridad en Somalia”. La ofensiva militar de Kenya en Somalia junto a otros países en la misión de la UA en el país ha sido fuertemente criticada por algunos líderes opositores kenianos, entre ellos el veterano político Raila Odinga—, sobre todo de la zona del noreste, que es la región más afectada por los atentados y los ataques. A raíz del atentado se desencadenaron duras protestas y manifestaciones de estudiantes exigiendo un incremento de la seguridad en el país y contra el Gobierno de Uhuru Kennyata, cuya política en relación a al-Shabaab y Somalia hasta el momento no ha significado más que un agravamiento de la situación en Kenya. Días después Kenya ha realizado una nueva operación militar aérea contra posibles bases militares de al-Shabaab en Somalia que también ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales porque a menudo en estos bombardeos aéreos se producen bajas civiles. Cabe destacar que uno de los militantes que participó en la masacre de Garissa es el hijo de un funcionario keniano en la región de Mandera, en el este del país, que había alertado de la desaparición de su hijo. En paralelo, se desencadenaron iniciativas de apoyo local e internacional de solidaridad con las víctimas del atentado. Por el momento, cinco sospechosos han comparecido ante la justicia por tener vínculos con los atacantes, mientras que un sexto sospechoso permanece custodiado en Garissa. Finalmente, cabe destacar la orden de cierre de 13 firmas de transferencias de dinero con el objetivo de cerrar posibles fuentes de financiación del grupo somalí, y la marcha atrás del anuncio de un posible cierre del campo de población refugiada de Daadab, que se encuentra en el noreste de Kenya y acoge a medio millón de somalíes. (El País, Guardian, BBC, Reuters, 02-20/04/15)

Se incrementa la tensión en el estado indio de Jammu y Cachemira después de que el Ejército matara al hermano de un destacado integrante del grupo armado de oposición Hizb-ul-Mujahideen y a otro hombre. Las fuerzas de seguridad señalaron en un primer momento que también se trataba de insurgentes, pero fuentes locales apuntaron a que eran civiles. Tras las muertes de los jóvenes se iniciaron protestas que derivaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad durante los que otro joven murió como consecuencia de los disparos de la policía. Las autoridades señalaron que investigarían lo sucedido, ya que los manifestantes podían haber sido dispersados con otros medios en lugar de con fuego real. Además, los líderes independentistas Syed Ali Shah Geelani y Masarat Alam fueron detenidos durante las protestas y puestos bajo arresto domiciliario, incrementando más la tensión. A la detención de los líderes les siguió una convocatoria de huelga general para paralizar el estado. Por otra parte, tres policías murieron como consecuencia de enfrentamientos con insurgentes en la población de Amshipora. (AFP, 06/04/15; The Hindu, 14/04/15; The New York Times, 18/04/15; PTI, 20/04/15)

Tras la desescalada de la violencia a que dio paso inicialmente el acuerdo de Minsk II alcanzado el 12 de febrero, se sucedieron las voces de alarma en abril ante un incremento de las violaciones del alto el fuego, con diversas víctimas mortales y heridos en este periodo. Los focos de violencia estuvieron principalmente en torno a los alrededores del aeropuerto de Donetsk –zona ya afectada por combates entre septiembre y enero– así como junto a la localidad de Shyrokyne (región de Donetsk), situada a apenas 10 kilómetros de Mariúpol. La misión de supervisión de la OSCE dio cuenta de un incremento “masivo” en el número de violaciones del alto el fuego en torno a mediados de abril y señaló que habían vuelto a observar movimiento de armamento pesado, pese a que debería haberse retirado totalmente de la establecida como zona de seguridad. Entre los incidentes, en la jornada del 5 de abril seis soldados ucranianos murieron en dos episodios separados, en Schastye (170 km al norte de Donetsk) y junto a Shyrokyne. Otros seis soldados murieron y 12 resultaron heridos en apenas 24 horas entre el 13 y 14 en un contexto de bombardeos intensos en las localidades de Shyrokyne y Pavlopil, junto a Mariúpol, así como en áreas cercanas a las ciudades de Donetsk y Lugansk, según fuentes del Ejército ucraniano. El incremento de violencia junto Mariúpol generó nuevos temores sobre una posible ofensiva rebelde en los meses de primavera. Asimismo, continuaron produciéndose incidentes en localidades fuera de las áreas bajo control rebelde, así como detenciones de varias decenas de personas (40 detenidos como supuestos saboteadores en Odesa el 10 de abril, según las autoridades ucranianas). Por otra parte, hubo nuevos asesinatos de figuras relevantes pro-rusas en abril, incluyendo un destacado periodista pro-ruso y ex parlamentario pro-Yanukovich, que se suman a muertes y supuestos suicidios en meses anteriores de otras figuras pro-rusas. En el contexto de nuevo aumento de la violencia, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones en Berlín el 13 de abril. Los mandatarios acordaron hacer un llamamiento a continuar con la retirada del armamento pesado y a incluir también en la retirada las armas por debajo de los 100mm de calibre, morteros, vehículos blindados y tanques, así como a establecer cuatro grupos de trabajo para abordar: cuestiones de seguridad, el proceso para organizar elecciones locales en las áreas bajo control rebelde, intercambio de prisioneros de guerra y la mejora de la situación económica en el este de Ucrania. También se mostraron deseosos de dar más apoyo económico y de personal a la OSCE para la supervisión del alto el fuego. Señalaron que las conversaciones habían sido intensas y, en momentos, polémicas, pero que no había alternativa al acuerdo de Minsk. Por otra parte, continuó habiendo dificultades para la implementación de los otros aspectos del acuerdo. Las autoridades rebeldes criticaron la legislación sobre estatus especial para las áreas rebeldes aprobada en marzo por el Parlamento ucraniano, ya que supedita su implementación a la celebración de las elecciones locales de acuerdo a la legislación ucraniana y bajo supervisión internacional. Según las instituciones rebeldes, esa supeditación supone una tergiversación del acuerdo de Minsk. A su vez, el presidente ucraniano se mostró contrario a una posible federalización de Ucrania y que en cambio seguirían con su plan de descentralización, según expresó en la primera reunión de la comisión creada para preparar la reforma de la constitución ucraniana. Los líderes rebeldes criticaron no haber sido invitados a esa comisión y acusaron a Kiev de no querer dialogar directamente con ellos, mientras Ucrania señaló que hasta la celebración de elecciones locales legales en el Donbas no interlocutaría con los actores de esta zona. El Gobierno ucraniano también aprobó una polémica ley que prohíbe y condena la propaganda y símbolos del comunismo y el nazismo, ideologías que equipara. Según datos de Naciones Unidas, más de 6.100 personas, incluyendo personal militar y civil, han muerto a causa del conflicto entre abril de 2014 y abril de 2015. (New York Times, El País, RFE/RL, IWPR, Eurasia Daily Monitor, 1-30/04/15)

Cinco semanas después de que la crisis en Yemen se agravara tras la intervención de una coalición militar encabezada por Arabia Saudita la situación en el país se deteriora notablemente. Según estimaciones provisionales, 37 días después del inicio de la operación la escalada de la violencia había causado la muerte de al menos 1.244 personas, mientras que más de 5.000 habían resultado heridas. Estas cifras podrían incrementarse, teniendo en cuenta que el balance sólo se basa en la información recopilada en hospitales. Adicionalmente, más de 334.000 personas se habían visto obligadas a desplazarse y decenas de miles estaban arriesgando sus vidas intentando escapar de la violencia cruzando el Golfo de Adén. El bloqueo naval y aéreo de Yemen impedía el acceso de alimentos, agua y medicinas. A lo largo de abril, la coalición internacional mantuvo sus ataques aéreos contra posiciones al-houthistas, grupo que a principios de mes tomó el control de Aden tras intensos combates con fuerzas leales al presidente yemení Abdo Rabbo Mansour Hadi (refugiado en Riad). La inestabilidad y el caos facilitaron el avance de la filial de al-Qaeda en el país, AQPA, en diversos puntos del país, entre ellos Mukallah (en Hadramout, sureste). Las hostilidades también incrementaron la tensión regional entre Arabia Saudita e Irán, acusado de dar apoyo a los al-houthistas. EEUU, en tanto, aceleró la entrega de armas comprometidas a las autoridades saudíes y envió una decena de barcos de guerra a las proximidades de Yemen, en lo que fue considerado como una maniobra para bloquear una eventual entrega de armas iraníes a los al-houthistas. Teherán insistió en desmentir un apoyo a los al-houthistas y propuso un plan de cuatro puntos para frenar la crisis yemení. A mediados de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó –con la abstención de Rusia– una resolución que impuso un embargo de armas a los al-houthistas y sanciones para el entorno del ex presidente yemení Alí Abdullah Saleh. En declaraciones públicas, el líder de los al-houthistas descartó rendirse. Riad anunció el fin de la campaña aérea en Yemen el 22 de abril, pero las hostilidades se reanudaron poco después. Ante la deriva de los acontecimientos, el enviado especial de la ONU para Yemen, Jamal Benomar, renunció a su cargo después de más de cuatro años de trabajo en el país, y en medio de críticas de países del Golfo. Benomar fue reemplazado por el diplomático mauritano Ismail Ould Cheikh Ahmed (New York Times, 02, 04, 15, 17, 21, 22, 24, 27/04/15; Reuters, 14, 15/04/15; IRIN, 01/05/15)

La voluntad de presentarse a un tercer mandato por parte del actual presidente, Pierre Nkurunziza, está incrementando la tensión en el seno del país, e incluso en el marco del partido en el poder. La Constitución de Burundi limita el período presidencial a dos mandatos; Nkurunkiza se escuda en que el primer mandato no fue por elección directa sino por elección del Parlamento para presentarse a las próximas elecciones del mes de junio. El Gobierno ha llegado a prohibir por decreto la realización de manifestaciones o actos de protesta, amenazando con enviar al Ejército en caso de que se produzcan. Las próximas elecciones serán las terceras después de la finalización de la guerra civil y la UE ha anunciado la concesión de apoyo económico y técnico para su realización, y enviará unos 80 observadores que evaluarán si se realizan en condiciones de igualdad, imparcialidad y libertad. En paralelo, una muestra de la gravedad de la situación es la huida masiva de población de Burundi hacia países vecinos (especialmente Rwanda) por el temor de violencia y conflicto ante las próximas elecciones. Más de 10.000 personas han cruzado ya la frontera, y aunque el presidente Nkurunkiza ordenó su regreso en el plazo de un mes, los enviados gubernamentales no pudieron convencer a los refugiados para que regresaran a sus casas. Algunos de ellos denuncian amenazas por parte del brazo juvenil del partido en el poder, los Imbonerakure, que han cometido decenas de ejecuciones extrajudiciales y actos de presión contra la oposición política y social. (AFP, 20/04/15; Daily Mail, 24/04/15; Allafrica, 24/04/15)

La zona de la península del Sinaí es escenario de una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias, en su mayoría reivindicados por el grupo armado Ansar Beit al-Maqdis que asumió el nombre “Provincia Sinaí” tras su declaración de lealtad a ISIS. Las ofensivas causaron más de 50 víctimas mortales, principalmente miembros de las fuerzas de las fuerzas de seguridad, pero también civiles, y dejaron heridas a más de un centenar de personas. Uno de los ataques más significativos tuvo lugar a principios de abril, cuando una doble ofensiva contra puestos de control del Ejército provocó la muerte de 17 personas en las proximidades de la localidad de Sheik Zuweid. Una semana más tarde, otros dos policías y 11 civiles perdieron la vida en otro ataque armado en el Sinaí. A mediados de mes, el 12 de abril, dos atentados con bomba contra las fuerzas de seguridad egipcias, uno Sheikh Zuweid y otro en la capital provincial, al-Arish, dejaron 14 víctimas mortales. El grupo Provincia Sinaí reclamó a través de las redes sociales la autoría de estas acciones, en las que habrían fallecido al menos cinco de los atacantes. Según medios de comunicación locales, otros 17 milicianos habrían perdido la vida a finales de abril como consecuencia de operaciones militares en la zona norte del Sinaí. Fuentes locales y analistas especializados en la situación en el Sinaí han destacado que los milicianos aprovechan las brechas de seguridad de las instalaciones militares en la zona para perpetrar los ataques y también utilizan maniobras de distracción en sus ofensivas. Además de atacar instalaciones militares y policías, las acciones armadas también se ejecutan con explosivos en carreteras de la región, como la que causó la muerte a tres estudiantes de una academia militar a mediados de mes. En este contexto, a finales de abril las autoridades anunciaron la extensión por otros tres meses del estado de emergencia en la zona norte del Sinaí, impuesto en octubre pasado después de otro ataque que causó la muerte a 33 militares egipcios. Cabe destacar que durante el mes de abril EEUU decidió levantar la suspensión en la venta de armas que había impuesto a Egipto tras el derrocamiento de Mohamed Mursi a mediados de 2013. (Reuters, 12, 26/04/15; El Cairo Post, 26/04/15; ICG, 01/05/15; al-Monitor, 21/04/15)

El Gobierno declara que 14 personas murieron y como mínimo otras 25 resultaron heridas en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y Abu Sayyaf en la región de Patikul (provincia de Sulu). Según el Ejército, el enfrentamiento involucró a unos 250 combatientes por parte de Abu Sayyaf, un alto número teniendo en cuenta el modus operandi habitual del grupo, por lo que se sospecha que el grupo preparaba una acción ofensiva de envergadura o bien celebraba una boda. Pocos días después de este incidente, las Fuerzas Armadas declararon cancelar temporalmente una operación de contrainsurgencia cuyo objetivo principal era la captura del líder de Abu Sayyaf, Radullan Sahiron, una de las personas más buscadas por el Gobierno de EEUU. Según fuentes gubernamentales, Sahiron habría evitado el operativo y habría conseguido escapar en la región de Indanan (provincia de Sulu). Por otra parte, las Fuerzas Armadas declararon que el alcalde de Zamboanga Sibugay, que fue secuestrado de su casa a principios de abril, se encuentra actualmente en manos de Abu Sayyaf en uno de sus bastiones en la provincia de Sulu. Según fuentes militares, Abu Sayyaf pediría por él un rescate de casi 2,3 millones de dólares. De acuerdo a algunas fuentes, es común que grupos de crimen organizado entreguen a personas secuestradas a Abu Sayyaf para maximizar el rescate obtenido. (GMA, Philippine Star, Japan Times, 09/04/15)

Las Fuerzas Armadas anuncian la muerte del líder y fundador del BIFF, Ameril Umbra Kato, cuya salud era muy precaria desde que sufriera un ataque de corazón a finales de 2011. A pesar de la incertidumbre sobre la veracidad de la información (en los últimos años se había anunciado hasta en tres ocasiones la muerte de Kato), finalmente se confirmó que Kato murió en la localidad de Datu Hofer, provincia de Mindanao. El jefe de las Fuerzas Armadas declaró que la muerte de Kato debilitaba enormemente al BIFF por cuanto era el líder político, militar y espiritual del grupo. Kato fundó el BIFF en 2010 tras ser sustituido de uno de los frentes más importantes del MILF y de haber expresado en varias ocasiones su oposición al proceso de paz entre el Gobierno y el MILF. Al cabo de unos días de la muerte de Kato, el portavoz del grupo anunció el nombramiento como nuevo jefe del BIFF de Sheik Ismail Abubakar, también conocido como Comandante Bungos, hasta el momento segundo máximo responsable de asuntos políticos dentro del BIFF. Según fuentes periodísticas, el Ejército filipino habría mostrado su sorpresa por el bajo perfil del nuevo líder del BIFF. Abubakar había cursados estudios islámicos en Oriente Medio y habría sido un alto cargo dentro del mismo frente del MILF liderado por Kato, con el que tenía lazos familiares. Estas mismas fuentes periodísticas sostienen que uno de los motivos por los que Abubakar habría sido el elegido podría ser el hecho de el otro principal aspirante al puesto (Kagi Karialan) era demasiado cercano a los postulados de ISIS. (CNN, 15/04/15; Inquirer, Wall Street Journal, GMA, 14/04/15)

El anuncio en marzo por la comisión electoral de que las elecciones locales tendrían lugar en 2016 después de las presidenciales, anunciadas para octubre de 2015, y no antes, generó reacciones de clara protesta por parte de amplios sectores de la oposición social y política que organizaron protestas antigubernamentales en abril en la capital y otras localidades. Algunas protestas derivaron en choques entre Policía y manifestantes, con un balance a mediados de mes de tres víctimas mortales y unos 50 heridos, 12 de ellos por armas de fuego. La oposición acusa al presidente, Alpha Condé, de incumplir las promesas realizadas en 2013 sobre la celebración de los comicios locales antes de los presidenciales. Condé ha afirmado que el calendario electoral será el anunciado por la comisión y que no habrá cambios. Al mismo tiempo, el Gobierno afirma estar abierto al diálogo sin precondiciones, pero atribuye a la oposición la imposición de condiciones. La oposición ha anunciado nuevas protestas, mientras las fuerzas de seguridad han incrementado su presencia en la capital. Sectores opositores denuncian que celebrar antes las presidenciales además de incumplir el mencionado acuerdo supone reforzar la posición del presidente y su partido. (AFP, All Africa, Jeunne Afrique, 1-30/04/15)

Vuelven a producirse enfrentamientos entre el Ejército y rebeldes kachin, kokang y palaung en el norte y noreste del país. Según el ejército, 126 soldados y 74 rebeldes kokang han muerto desde el comienzo de los enfrentamientos con el Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), mientras se desconoce el número de bajas civiles. En el oeste del país, el Arakan Army retomó los enfrentamientos con el Ejército. En paralelo, se realizó la primera reunión a seis bandas en la que participaron el presidente Thein Sein, la líder opositora Aung San Suu Kyi, el comandante Sen-Gen Min Aung Hlaing, los portavoces de ambas cámaras parlamentarias y el portavoz de las minorías étnicas Aye Maung para debatir sobre la reforma de la Constitución militar de 2008 y la organización de elecciones presidenciales. Los participantes calificaron la primera ronda de “éxito” y acordaron que se celebrarán más encuentros, aunque no se especificaron fechas. Suu Kyi declaró que las conversaciones sólo serán válidas si conducen a unas elecciones libres, mientras el portavoz de las minorías étnicas descartaba la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la Constitución en mayo. Por otra parte, estaba previsto que entre el 1 y 3 de mayo, 12 de los 16 grupos étnicos del Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) se reunieran en territorio de la United Wa State Army (UWSA) para debatir con los grupos insurgentes no pertenecientes al NCCT la evolución del proceso de paz. Esta reunión no será la definitiva para decidir si los grupos étnicos aceptan las condiciones del borrador del alto el fuego acordado con el Gobierno el pasado mes de marzo, para la que todavía no se ha fijado ninguna fecha y que se celebrará en territorio del KIA o del KNU. (The Irrawaddy 30/03/2015; 8, 10, 20, 23/04/2015)

La intensificación de la ofensiva del Ejército nigeriano y de varios países de la región –Níger, Chad y Camerún– contra Boko Haram (BH) lleva al grupo armado a retroceder de algunas de sus posiciones. En este contexto, cientos de personas, en su mayoría mujeres y menores de edad, que estaban retenidas por la organización recuperan su libertad. A finales de abril informaciones de prensa apuntaban a que unas 700 personas habían logrado escapar, habían sido encontradas o liberadas por el Ejército principalmente en la zona de Adamawa, y en torno a la reserva de Sambisa, en el estado de Borno. Esta última zona ha sido objeto de ataques aéreos desde febrero y, a partir de abril, de una ofensiva terrestre, pero se trata de un territorio de acceso complejo y sembrado de minas. Según diversos análisis, el Gobierno en funciones de Goodluck Jonathan desea avanzar al máximo en su ofensiva contra el grupo antes de traspasar el poder a su sucesor, Mohammadu Buhari, a finales de mayo. Cabe mencionar que entre el grupo de personas liberadas en las últimas semanas no se encontraban las más de 200 niñas secuestradas por BH en Chibok en 2014, un caso que dio notoriedad al conflicto a nivel global. Según un informe dado a conocer por Amnistía Internacional a mediados de abril, más de 2.000 mujeres y niñas han sido capturadas por BH desde principios de 2014, siendo sometidas a situaciones de esclavitud sexual y a entrenamiento para participar en ofensivas armadas. De acuerdo al informe, BH ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo el asesinato de 5.500 civiles durante 2014 y hasta principios de 2015. En este sentido, durante abril también se informó del descubrimiento de fosas comunes y de serios hechos de violencia en torno al Lago Chad en los que habrían muerto 28 civiles, al menos 46 soldados de Níger –fuentes locales apuntaban a un mayor número de víctimas– y unos 150 milicianos de BH. Cabe destacar que durante abril otras informaciones destacaron el fortalecimiento de lazos entre ISIS y BH. Vídeos difundidos por la organización con base en Iraq y Siria elogiaron las acciones del grupo nigeriano, al que se refieren como Provincia África Occidental de Estado Islámico. ISIS aceptó la declaración de lealtad del líder de BH, Abubakar Shekau, en marzo pasado. (BBC, 22, 24, 29/04/15; Reuters, 03/05/15; Amnesty International, 14/04/15)

El máximo líder de la insurgencia regional del norte del Cáucaso, Aliaskhab Kebekov, procedente de Daguestán, murió en abril a causa de una operación especial de las fuerzas de seguridad en el distrito de Buinaksk, en la que también murieron otras cuatro personas, incluyendo dos comandantes insurgentes. Así lo anunció el comité antiterrorista nacional de Rusia. Varias páginas de internet vinculadas a la insurgencia se hicieron eco de la muerte de Kebekov. El líder fallecido llevaba en el cargo desde inicios del año anterior, siendo el primer máximo líder que no procedía de Chechenia. Entre sus primeras decisiones se incluyó la orden de paralización de los ataques contra civiles y la prohibición de que participasen mujeres en atentados suicidas. Por otra parte, durante el trimestre se produjeron nuevos incidentes violentos en Daguestán y otras repúblicas, incluyendo Chechenia y Kabardino-Balkaria. Continuó el proceso de división entre las filas insurgentes, con nuevas adhesiones de comandantes rebeldes de Kabardino-Balkaria al Estado Islámico (ISIS), que se unen a las anteriores de varios comandantes de Daguestán y Chechenia. Kebekov se había declarado contrario a ISIS, como también otros cuadros han anunciado que impedirán a sectores leales a ISIS llevar a cabo actividad en las áreas bajo su control. (New York Times, RFE/RL, Jamestown Foundation, Caucasian Knot, 1-30/04/15)

El de 7 de abril Rwanda conmemoró el 21º aniversario del genocidio cometido en 1994. Marchas y manifestaciones se sucedieron no solamente en el país sino también entre las comunidades rwandesas exiliadas en el extranjero. Estas celebraciones coincidían con las últimas declaraciones ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) de seis acusados que habían apelado sus sentencias, entre ellos Pauline Nyiramasuhuko, la primera mujer condenada por genocidio e incitación a la violación. Se espera la sentencia final de las apelaciones para finales del 2015. A nivel político, el presidente Kagame no se manifiesta claramente sobre su intención de presentarse a un tercer mandato a pesar de las restricciones constitucionales actuales, al igual que otros mandatarios africanos de la región. Algunos líderes de la oposición han expresado públicamente su temor a sufrir represalias y amenazas de muerte por parte de sectores próximos al presidente, y relatan los atentados fallidos que han experimentado recientemente. Por otra parte, el Gobierno está llegando a acuerdos con Israel para asumir inmigrantes ilegales llegados al estado judío huyendo de guerras e inestabilidad a cambios de condiciones ventajosas para contratos e inversiones en el país. Se trataría fundamentalmente de cientos de nacionales de Sudán y Eritrea, cuestión que ha generado una importante preocupación en el seno de organizaciones internacionales de carácter humanitario y de defensa de los derechos humanos. (Forward, 05/04/15; CBC, 19/04/15; BBC, 22/04/15; Allafrica, 24/04/15)

Transcurren sin incidentes las elecciones en el país el 13-15 de abril en un clima de boicoteo por parte de los principales partidos de la oposición y con una baja participación. En ellas se elegirá tanto al presidente como al Parlamento. El 27 de abril se han hecho públicos los resultados y Omar al-Bashir sigue al frente del país. En el cargo desde hace 25 años (tras un golpe de Estado incruento en 1989 y tres victorias electorales), sobre el reelegido presidente pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y genocidio cometidos en Darfur en 2008. Los líderes de los países de la región, así como aliados tradicionales, entre ellos Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, China, han felicitado a al-Bashir por su victoria. Los principales partidos de la oposición han boicoteado los comicios, lo que hizo que al-Bashir se enfrentara a 15 candidatos de plataformas independientes o cuyos partidos son poco conocidos en el país, de 38 millones de habitantes. Estas son las primeras elecciones desde que Sudán del Sur se separó de Sudán en 2011. Unos 70.000 policías han sido desplegados en los casi 7.000 locales electorales instalados a lo largo del territorio para prevenir potenciales disturbios, según el diario local Sudan Tribune. La UE alertó de que la votación "no puede arrojar un resultado creíble con legitimidad en todo el país". En paralelo, se incrementó la violencia en las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul durante el mes por parte del SPLM-N con el objetivo de interferir en los comicios. El grupo bombardeó la ciudad de Dilling y decomisó material electoral. (Sudan Tribune, 13, 28/04/15; Reuters, 16/04/15; EP, 13/04/15)

El primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, anuncia la retirada de la ley marcial que regía en el país desde el golpe de Estado de mayo de 2014, pero también anuncia el establecimiento de una nueva legislación que algunas voces críticas, incluyendo Naciones Unidas, consideran aún más autoritaria que la ley marcial. La nueva legislación (el artículo 44 de la Constitución interina) autoriza al primer ministro a aprobar medidas sin la aprobación del poder legislativo cuando considere que así lo requiere la seguridad nacional del país. La organización de derechos humanos Human Rights Watch instó a los países cercanos a Tailandia a ejercer una presión concertada sobre la actual junta militar para detener lo que considera una deriva hacia un régimen dictatorial. La nueva medida aprobada por el Gobierno incluso ha provocado las críticas de algunas formaciones que en su momento consideraron inevitable el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas para poner fin a la crisis política y social que atraviesa al país desde hace más de una década. Por otra parte, el Gobierno anunció que el Consejo de Reforma Nacional inicia el período de discusión y propuesta de enmiendas del borrador de nueva Constitución elaborado por un comité nombrado por la junta militar. A pesar de que algunas formaciones han reconocido formalmente que la mayor parte del borrador es de carácter antidemocrático, ninguna de ellas (incluida la más cercana a la familia Shinawatra) ha adelantado su intención de iniciar movilizaciones en contra de la misma por temor a que ello provoque mayor inestabilidad y violencia. (Reuters, 20 y 23/04/15; Washington Times, 01/04/15; Wall Street Journal, 07/04/15)

Tras un mes de abril de incremento de la tensión política ante la cercanía de las elecciones generales de junio y de la tensión militar, con varios episodios de violencia, la delegación política kurda que se reúne periódicamente con el líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999–, ha reclamado al Gobierno y a la Presidencia de Turquía que reevalúen el rumbo del proceso de paz, como última advertencia. La delegación ha emitido su llamamiento el 1 de mayo en nombre de Öcalan, ha señalado el difícil proceso por el que atraviesa el diálogo y ha señalado como obstáculos las divisiones entre el Gobierno turco y el Presidente. Señalan que la mesa de diálogo ha perdido validez ante la campaña hostil del Presidente hacia lo que el movimiento kurdo califica como acuerdo de Dolmabahçe –en referencia a la comparecencia conjunta de finales de febrero de representes del Gobierno y de la delegación kurda y en la que la delegación kurda leyó un texto con 10 puntos considerados clave por Öcalan para las negociaciones. Según la delegación, también había acuerdo entre Gobierno y el movimiento kurdo sobre una tercera parte local, pero que el Presidente turco bloqueó esa medida. Además, señalan que es necesario determinar y anunciar públicamente el estatus de Öcalan. Anuncian que hasta que todo eso no se clarifique no permitirán que se instrumentalice el proceso. Previamente, a finales de marzo el KCK –estructura que aglutina a las estructuras políticas, guerrilleras y sociales del movimiento kurdo– había enunciado como condiciones para dejar la lucha armada el inicio de negociaciones con Öcalan sobre la base de los 10 artículos planteados por Öcalan, la creación de una comisión de supervisión del proceso a modo de tercera parte, el establecimiento de una comisión de la verdad bajo paraguas parlamentario y una nueva constitución. Al mismo tiempo, el KCK matizó que deponer las armas y paralizar la actividad armada eran dos cosas diferentes y que en el contexto actual de Oriente Medio y de ataques contra los kurdos en la región pedir a los kurdos que dejen las armas equivale a que mueran. Según el KCK, si Turquía adopta las medidas necesarias el PKK está dispuesto a poner fin a la lucha armada “hoy mismo”. El Presidente turco, Recep Tayyip Erodogan, afirmó en varias ocasiones a finales de marzo y en abril que el Gobierno no dará más pasos hacia la paz si el PKK no depone las armas y negó que se fuera a establecer una comisión de supervisión, pese a las afirmaciones del viceprimer ministro afirmando que se había alcanzado acuerdo en ese sentido. Por otra parte, se incrementó la tensión militar y social. Dos personas murieron –un ex copresidente del HDP en Diyadin (provincia de Agri) y un militante del PKK– y cuatro soldados resultaron heridos en choques en Diyadin que involucraron al Ejército, a militantes del PKK y a civiles kurdos que acudieron a la zona como escudos humanos para evitar los choques y respaldar el alto el fuego. Según el Ejército, el balance de víctimas mortales fue de cuatro militantes del PKK, mientras el movimiento kurdo y una delegación del partido turco CHP señalaron que había habido dos muertes. El Ejército señaló que fue desplegado para impedir actos de propagada favorables al PKK en unos actos civiles posteriores y que en su despliegue fue atacado por el PKK. El PKK negó haber atacado primero y acusó al Estado turco de provocaciones vinculadas al periodo preelectoral, y señaló que continuaban en posición de alto el fuego. (AFP, Turkish Daily News, Firat, Dicle, Today’s Zaman, MESOP, 1-30/04/15, 1/05/15)

El Gobierno ugandés está trabajando en una nueva ley para regular la actuación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en su territorio. Según el borrador de la ley, las organizaciones requerirán de un permiso administrativo para poder ejercer actividades en territorio nacional, y dicho permiso podrá ser denegado o revocado, en su caso, por motivos de “interés público o cuando la autoridad lo considere oportuno”. Asimismo establece una serie de obligaciones para las organizaciones, como el no implicarse en actividades contra la seguridad y la dignidad del pueblo de Uganda. La crítica de las ONG al texto legal es que su interpretación está abierta a la arbitrariedad y tiene muchos conceptos poco definidos. Esta normativa estaría dirigida a grupos que estén trabajando especialmente en temas de transparencia, derechos humanos, posesión de la tierra, gobernanza, corrupción y otros temas sensibles, que ya están teniendo muchas dificultades para trabajar en el país. Esta ley también restringiría la capacidad de participación e iniciativa de la sociedad civil local, ya que la ley no afecta únicamente a las ONG internacionales. En paralelo, la población musulmana de Uganda ha denunciado un incremento de la represión policial por motivos religiosos en las últimas semanas. El motivo puede ser el reciente asesinato del fiscal encargado de la acusación de 13 personas detenidas por pertenencia al grupo armado islamista al-Shabaab y sospechosos de ataques bomba en 2010. Estos ataques costaron la vida de 76 personas. Al no existir declaración de autoría, inicialmente las sospechas recayeron en milicianos del grupo armado somalí o sectores próximos a éste, aunque la Policía está investigando la posible participación del grupo armado congolés de carácter islamista, las ADF, que tiene sus orígenes en Uganda. (BBC, 30/03/15; WSJ, 08/04/15; HRW, 20/04/15; AP, 21/04/22; Sowetan Live, 22/04/15)

Después de ocho días de maratonianas reuniones en Suiza, y de una serie de encuentros multilaterales y bilaterales (entre altos representantes de EEUU e Irán) en los últimos meses, la delegación de Teherán y las de los países del G5+1 (EEUU, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) alcanzan un acuerdo marco sobre el programa nuclear iraní. El anuncio se hizo el 2 de abril, 48 horas después del plazo fijado inicialmente para consensuar los términos generales del acuerdo, que deberá ser detallado y finalizado en todos sus aspectos antes del 30 de junio. El acuerdo marco implica limitar el programa nuclear iraní por un plazo de entre 10 y 15 años y contempla nuevas disposiciones de verificación que permitirán a los inspectores internacionales un mayor control de las actividades atómicas de la república islámica. Según los parámetros del acuerdo Irán reducirá en más de dos tercios sus centrifugadoras –se le permitirá mantener 6.104 de las 19.000 que posee y sólo 5.000 podrán ser utilizadas para el enriquecimiento de uranio–, disminuirá sus reservas de uranio enriquecido –material clave para la eventual producción de un arma nuclear–, no desarrollará actividades de investigación o desarrollo en la planta de Fordow por un período de 15 años, y permitirá a los inspectores amplias supervisiones, no sólo a sitios clave sino también a cadenas de suministro y a lugares en los que se sospeche de posibles actividades clandestinas, entre otras medidas. Estos compromisos permitirán a Teherán mantener su industria atómica y no cerrar ninguna instalación y, a cambio del cumplimiento de los compromisos, se beneficiará de la suspensión de las sanciones impuestas por la UE y EEUU, aunque no está claro el calendario de levantamiento de las medidas de castigo. Este último punto es uno de los más problemáticos y generó interpretaciones dispares entre las partes tras el anuncio del acuerdo marco. Irán desea una suspensión inmediata de las sanciones una vez firmado el acuerdo definitivo, mientras que EEUU ha enfatizado que el levantamiento será gradual y en función del cumplimiento del pacto. El tema será tratado en las sucesivas reuniones de Irán con el G5+1, la primera de las cuales tuvo lugar a finales de abril en Viena. Cabe destacar que en este contexto el ministro de Exteriores iraní expresó la disposición de Irán para abordar las diversas crisis que afectan Oriente Medio, incluyendo Siria, Iraq y Yemen. En una carta publicada por el diario The New York Times, Javad Zarif propuso establecer un foro de diálogo y aprovechar la convergencia de intereses entre Irán y otros actores para enfrentar desafíos comunes. EEUU, que no desea alentar desconfianzas entre sus socios árabes –recelosos del acuerdo en materia nuclear y de la ascendencia iraní en la región– optó por una respuesta ambigua, distinguiendo entre la posibilidad de dialogar y trabajar conjuntamente con Irán. (BBC, 03/04/15; Reuters, 02, 20, 22/04/15; New York Times, 20/04/15)

Las Fuerzas Armadas anuncian la probabilidad de que durante el mes de mayo se reanuden en Malasia las conversaciones de paz entre el Gobierno y varios grupos insurgentes que operan en el sur del país. El Gobierno reconoció que se han llevado a cabo encuentros secretos entre ambas partes para acordar los aspectos procedimentales de la negociación. Aunque no han trascendido los nombres de las personas que representarán a las organizaciones insurgentes del sur del país, una fuente cercana a las negociaciones declaró que las conversaciones incluirían a cinco grupos armados. El último proceso negociador incluyó al Gobierno y al BRN y duró desde principios de 2013 hasta aproximadamente marzo de 2014, por lo que éste será el primer intento negociador de la actual junta militar. Algunos miembros de varios grupos insurgentes han expresado su escepticismo sobre las probabilidades de éxito de las conversaciones de paz por dos motivos. En primer lugar, por la percepción por parte de sectores importantes de la insurgencia sobre la sinceridad y la voluntad política por parte del Gobierno. En segundo lugar, porque Bangkok no habría sido capaz de convencer ni atraer a la mesa de negociación a los líderes insurgentes que tienen la capacidad de tomar decisiones políticas. (Benarnews, 22 y 26/04/15)