El Gobierno de Ashraf Ghani afronta una crisis política por las acusaciones de corrupción e ineficiencia, el aumento de la violencia (después de defender el diálogo con los talibán), la incapacidad de reformar la ley electoral (y el aplazamiento de las elecciones parlamentarias) y la pésima relación con el vecino Pakistán. Tras una larga ofensiva talibán en la provincia de Kunduz, el 28 de septiembre tomaron la capital de la provincia ante la inactividad de las fuerzas afganas. Es la primera ciudad que los talibán consiguen controlar desde 2001. Fuentes afganas afirmaron posteriormente que habían retomado la capital. Un distrito de Badajsán (Raghistan) ha caído bajo control insurgente tras dos días de batalla. Los gobernadores de estas provincias se quejan de que el gobierno central no ha enviado ayuda a las fuerzas de seguridad. La debilidad de éstas es patente, especialmente cuando la ayuda ha de llegar por aire. Afganistán aún carece de una fuerza aérea, por lo que dependen de las tropas norteamericanas y de la OTAN que aún quedan en el país. Las fuerzas de seguridad afganas aseguran que un bombardeo llevado a cabo por aviones norteamericanos o de la OTAN en la provincia de Helmand mató a 11 policías afganos. En Paktika, la batalla por retomar puestos policiales capturados por los talibán causó 57 muertos (51 de ellos insurgentes) y 80 heridos. En esta provincia, un atentado suicida a finales de mes dejó nueve muertos y más de 51 heridos. En Nangarhar, la batalla entre el Estado Islámico (EI) y los talibán continúa. EEUU colabora con el Gobierno afgano con ataques con aviones no tripulados que el 18 de septiembre acabaron con la vida de 5 miembros del EI. Según un informe de Naciones Unidas, el EI está ganando espacio en Afganistán, donde está reclutando miembros en 25 de las 34 provincias. Los talibán atacaron una cárcel en Ghazni liberando a algo más de 350 insurgentes, entre ellos, más de 100 comandantes. En la toma de la capital de Kunduz, hicieron lo mismo con otros centenares de presos (Dawn, The Guardian, ToloNews, Afghanistan News, Rapid News Network, 8-30/09/2015).

El 16 de septiembre, miembros del Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP), un grupo militar de elite creado durante el mandato del ex presidente Blaise Compaoré, han irrumpido en una reunión del Consejo de Ministros deteniendo al presidente Michel Kafando y al primer ministro Isaac Zida, proclamando un golpe de Estado bajo el autodenominado Consejo General para la Democracia. Los golpistas han disuelto las instituciones y el Gobierno de transición, nombrando como nuevo presidente al general Gilbert Diendéré, quien había sido la mano derecha de Compaoré durante todo su régimen. Los militares sublevados han justificado su acción debido a la exclusión de los candidatos próximos a Compaoré a poder concurrir en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 11 de octubre. Días antes del golpe, el 10 de septiembre, el Consejo Constitucional aprobó la lista final compuesta por 14 candidaturas que hubieran podido optar a concurrir en las elecciones, eliminando aquellas vinculadas al régimen anterior, entre ellas, las candidaturas de dos ex ministros de Compaoré, el ex ministro de Asuntos Exteriores Djibril Bassolé (quien fue detenido acusado de haber participado en el golpe) y el ex ministro de Deportes Yacouba Ouédraogo. Medios locales han atribuido también el golpe de Estado a un intento de la controvertida RSP para tratar de evitar su disolución, ya que el 14 de septiembre la Comisión Nacional de Reconciliación y Reforma presentó un informe al primer ministro Zida recomendando su disolución. Frente al golpe militar, la sociedad civil encabezada por el movimiento ciudadano Balai Citoyen (“escoba ciudadana”), ha tomado las calles de las principales ciudades del país para defender la transición. Diferentes organismos y Estados de la comunidad internacional, como la ONU, UA, CEDEAO, Francia o EEUU, entre otros, han condenado sin paliativos la nueva desestabilización del país. La presión interna y externa ha obligado a los golpistas a negociar bajo la mediación de la CEDEAO, encabezada por el presidente senegalés Macky Sall, y el presidente de Togo Thomas Boni Yayi. La CEDEAO ha demandado el desarme de la RSP y el retorno inmediato del gobierno de transición, y ha logrado un acuerdo para la vuelta a la normalidad, que ha incluido el retraso provisional de las elecciones hasta el 22 de noviembre, la eliminación del veto a las candidaturas de los simpatizantes de Compaoré y la garantía de amnistía para los golpistas, previo desarme. Finalmente el Gobierno ha sido restaurado el día 21, y durante la primera reunión del Consejo de Ministros, el 25 de septiembre, se ha firmado un decreto de disolución y desarme de la RSP, se ha removido del cargo al ministro de Seguridad y se ha creado una comisión para depurar responsabilidades. Durante la semana que ha durado el golpe militar, fuentes gubernamentales han informado de la muerte de 11 personas y 271 heridos producidos por los choques entre manifestantes y miembros de la guardia presidencial en la capital, Ouagadougou. (Jeune Afrique, 11, 17, 20/09/15; BBC, 16, 23/09/15; Reuters, 17-19/09/15; El País, 17/09/15; RFI, 17, 21/09/15; Agence France-Presse, 17/09/15; Al Jazeera, 18, 20, 22, 26, 29/09/15; EFE, 23/09/15; Deutsche Welle, 25/09/15; AP, 28/09/15)

Radio Free Asia informa de que 50 personas murieron, entre ellas cinco policías, y otras 50 resultaron heridas en un ataque a una mina de carbón el 18 de septiembre en la prefectura de Aksu. Según estas informaciones, el ataque habría sido cometido por un grupo de personas armadas con cuchillos que habrían asaltado la residencia del propietario de la mina y el dormitorio donde se hallaban los trabajadores de la misma, la mayoría de etnia han. Según fuentes oficiales locales, la Policía ha desplegado numerosos efectivos adicionales en la región para capturar a las nueve personas sospechosas del atentado, que se dieron a la fuga. El Gobierno consideró que los atacantes pertenecían a organizaciones armadas separatistas, aunque organizaciones uigures en el exilio han denunciado que Beijing no ha aportado ninguna prueba al respecto y han reiterado que los brotes de violencia que padece la región se explican principalmente por la frustración que generan entre la población las políticas religiosas y culturales discriminatorias llevadas a cabo por el Gobierno. Según personas uigures exiliadas en países como Suecia o Turquía, el número de víctimas mortales en el ataque a la mina de Aksu se eleva a unas 110. Este ataque se produjo coincidiendo con el 60º aniversario del establecimiento de la Región Autónoma de Xinjiang. (Radio Free Asia, The Guardian, The Daily Star, 30/09/15)

Un helicóptero de las fuerzas de seguridad egipcias dispara por error a un grupo de cuatro vehículos de turistas en Wahat, zona desértica al oeste del país, tras confundirles con milicianos de ISIS. La ofensiva provocó la muerte a 12 personas, entre ellas ocho mexicanas, y dejó heridas a más de una decena. México exigió una investigación de los hechos, que las autoridades egipcias lamentaron y calificaron de accidente. El Cairo argumentó que el grupo de turistas se encontraba en una zona no permitida, pero otras versiones apuntan a que estaban en una zona autorizada y que incluso viajaban con escolta policial. A finales de mes, el Gobierno egipcio prohibió a los medios de comunicación informar sobre este caso. Durante septiembre también se dio a conocer un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncia que entre julio de 2013 y agosto de 2015 un total de 3.255 viviendas y edificios han sido destruidos en la zona fronteriza con la Franja de Gaza bajo el argumento de crear una “zona tapón” para limitar las actividades de ISIS. HRW subraya que la demolición vulnera el derecho internacional y que la población afectada no ha sido advertida o ha sido avisada con muy poco tiempo, no ha sido realojada y ha recibido compensaciones inadecuadas. HRW también destaca que no hay evidencias de que el cierre de túneles que conectan con territorio palestino sea efectivo, ya que no habría pruebas de la presunta colaboración entre grupos de Gaza y la filial de ISIS en Egipto y porque los indicios apuntan a que esta última organización habría obtenido sus armas principalmente de Libia o del propio Ejército egipcio. HRW argumenta que en vez de destruir los hogares de miles y miles de personas, Egipto podría haber usado sofisticados equipos recibidos en los últimos años de EEUU y destinados a detectar actividades en los túneles. Algunos especialistas han alertado que la estrategia de demoliciones del Gobierno puede alienar a las comunidades locales y propiciar un apoyo a los insurgentes, pero el Gobierno insiste en que su política cuenta con el respaldo de la población. El informe de HRW recuerda que gobiernos anteriores egipcios habían dado pasos para la creación de esta “zona tapón” bajo presión de EEUU e Israel (que en septiembre, y después de cuatro años, reabrió su embajada en El Cairo). El informe de HRW cita cifras del Tahrir Institute for Middle East Policy que indican que más de 3.600 personas (entre civiles, militantes y miembros de las fuerzas de seguridad) han muerto en el marco de este conflicto entre julio de 2013 y julio de 2015, aunque no es posible verificar estos datos por el bloqueo informativo impuesto por el Gobierno. (NYT, 10, 15, 18, 22/09/15; The Guardian, 14/09/15; BBC, 14/09/15; HRW, 22/09/15)

Enfrentamientos entre milicias rivales en la capital, Bangui, provocan el desplazamiento forzado de miles de personas y al menos unas 40 víctimas mortales, según las diversas fuentes, a finales de septiembre. La misión de la ONU en RCA (MINUSCA) se desplegó para intentar restaurar el orden, aunque ACNUR aseguró que la situación continuaba tensa y persistieron los intercambios de disparos, sobre todo en las cercanías del aeropuerto, en el distrito octavo. La intervención de la MINUSCA causó la muerte de tres personas y otras siete resultaron heridas cuando soldados de la MINUSCA abrieron fuego para dispersar a manifestantes que se dirigían hacia el palacio presidencial en Bangui exigiendo la dimisión de la presidenta. Bangui había estado relativamente en calma desde hacía meses y los nuevos enfrentamientos coincidieron con la ausencia de la presidenta del país, Catherine Samba-Panza, que se encontraba en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y que acortó su viaje para regresar de inmediato. A su llegada el 30 de septiembre la presidenta denunció un intento de golpe de Estado, cuyo objetivo sería afectar el proceso electoral (las elecciones debían celebrarse el próximo 18 de octubre) y romper el diálogo político. Samba-Panza ha anunciado la necesidad de llevar a cabo un proceso de diálogo para elaborar soluciones que faciliten la salida de la crisis y ha insistido en la necesidad de desarmar las milicias incluso mediante el uso de la fuerza. La muerte en un ataque del líder anti balaka Guy Mazimbele, ex jefe de la guardia presidencial del ex presidente François Bozizé (2003-2014) el 26 de septiembre, cuyo funeral coincidió con la llegada de Samba-Panza, mantuvo tensa la situación. En paralelo, unos 250 combatientes de la antigua coalición Séléka que habían dejado Kaga Bandoro (centro del país) en dirección a Bangui para defender a sus “hermanos musulmanes” fueron interceptados en Dékoa por un contingente burundés de la MINUSCA, lo que provocó enfrentamientos que causaron al menos dos muertos y siete heridos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por la situación y especialmente por la fuga de 500 presos de una cárcel de Bangui, muchos de ellos acusados de graves crímenes. Según OCHA en el país hay un total de 380.000 personas desplazadas internas y otras 464.000 se encuentran refugiadas en los países vecinos. Además, 2,7 millones de personas, la mitad de la población de RCA, necesita asistencia humanitaria. Las organizaciones humanitarias se han visto forzadas a interrumpir la asistencia a la población debido a la inseguridad existente, y el Gobierno ha cerrado la frontera entre RDC y RCA. Amnistía Internacional realizó un llamamiento al Gobierno para controlar el comercio ilícito de diamantes porque podría estar financiando a los grupos armados, citando el ejemplo de Sodiam, que ha acumulado 60.000 diamantes de un valor de siete millones de dólares, que habrían servido para financiar a las anti balaka. (BBC, 26/09/15; Efe, 29/09/15; IRIN, 14/09/15; Jeune Afrique, 04, 27-30/09/15)

El conflicto armado en Siria escala de manera significativa durante septiembre, con una implicación abierta de terceros países. El 27 de septiembre Francia lanzó sus primeros ataques aéreos en Siria contra objetivos de ISIS, en el marco de la coalición internacional contra el grupo armado liderada por EEUU (que opera también en Iraq) y con el argumento de prevenir ataques de la organización en suelo francés. Dos días más tarde, Rusia lanzó por primera vez una serie de ataques aéreos en territorio sirio, en su primera acción fuera de las fronteras de la ex Unión Soviética desde la Guerra Fría. Moscú aseguró que su objetivo también era ISIS, aunque los indicios apuntan a que los ataques se dirigieron contra posiciones de otros grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad en Hama y Homs, áreas que no están bajo control de ISIS. La ofensiva se produjo tras una serie de informaciones durante el mes que alertaban sobre el creciente apoyo militar ruso a Damasco –en forma de aviones y armas– y después que en la reunión anual de la ONU Vladimir Putin criticara las intervenciones occidentales en Oriente Medio y planteara la conformación de una coalición internacional contra ISIS que incluya al Gobierno sirio. Washington cuestionó la intervención rusa y el apoyo de Moscú a al-Assad. Rusia, por su parte, aseguró que su acción se ajustaba a la ley internacional ya que responde a una petición del Gobierno sirio y replicó que las acciones de la coalición internacional liderada por EEUU eran ilegales (la alianza argumenta que el régimen de al-Assad no tiene legitimidad tras los múltiples abusos cometidos durante la guerra). A finales de mes altos diplomáticos rusos y estadounidenses debatían fórmulas para evitar ataques cruzados. Paralelamente, se anunció que intentarían lanzar una nueva iniciativa diplomática para valorar una solución política. Durante septiembre también se conoció que en 2012 el embajador ruso en la ONU planteó una propuesta de tres puntos que contemplaba la búsqueda de una “salida elegante” del poder de al-Assad, pero que entonces Occidente la habría ignorado bajo la creencia de que el mandatario sirio sería depuesto en breve. La información fue revelada por el Premio Nobel de la Paz, el ex presidente finlandés Marti Ahtisaari, quien en ese momento se reunió con representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en nombre de “The Elders”. Finalmente, cabe destacar el fracaso del plan de EEUU para entrenar a 15.000 opositores moderados en un trienio (5.000 por año). A la fecha sólo se han formado unos 60 milicianos, de los cuales “sólo cuatro o cinco” seguirían combatiendo y otros habrían entregado sus armas a la filial de al-Qaeda en Siria. (The Guardian, 15, 24/09/15 y 01/10/15; Reuters, 11/09/15; Le Monde, 28, 29/09/15; Foreign Policy, 29, 30/09/15)

La guerra entre Turquía y la guerrilla kurda del PKK asiste a una grave escala de intensidad en septiembre. Una cuarta parte del territorio fue escenario de conflicto activo. Medios de comunicación turcos cifraron en más de cien las bajas de las fuerzas de seguridad y en varios cientos las de miembros del PKK –la agencia estatal Anatolia elevaba las bajas del PKK a más de un millar–; mientras el balance del PKK de septiembre fue de 526 bajas de fuerzas de seguridad y de 48 propias. Se produjeron algunos ataques y combates especialmente mortíferos. Entre otros episodios graves, el PKK mató a 16 soldados en Dağlıca (Hakkari) el 6 de septiembre, lo que desencadenó una operación masiva del Ejército. Las Fuerzas Armadas cifraron en un centenar las bajas de guerrilleros en su respuesta. 14 policías en un minibús murieron el 8 de septiembre por otro ataque del PKK en la provincia de Iğdır. Actores internacionales como la ONU condenaron los ataques del PKK. El Ejército llevó a cabo bombardeos en el norte de Iraq y en zonas del sudeste –con balances del Ejército de decenas de víctimas mortales– y puso en marcha operaciones especiales en diversas ciudades, con impactos sobre población civil. Una operación de las fuerzas de seguridad en Cizre (120.000 habitantes) entre el 4 y 11 de septiembre, calificada de medida preventiva por el Gobierno por la supuesta presencia de guerrilleros, conllevó toque de queda, el bloqueo a la localidad –incluyendo a periodistas y observadores internacionales–, la disrupción en el suministro eléctrico, atención sanitaria, acceso a alimentos, según testimonios en prensa y “serias alegaciones” recibidas por el Consejo de Europa. El partido pro-kurdo HDP cifró en 21 los civiles muertos a manos de las fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno ofreció un balance de 40 bajas de guerrilleros y 25 policías heridos, así como 17 detenidos. El movimiento kurdo y delegaciones afines denunciaron los impactos sobre la población civil, incluyendo impactos en clave de género. Durante el mes, ataques del PKK también causaron víctimas mortales civiles y heridos. Por otra parte, el clima social en Turquía se deterioró gravemente. Se produjeron detenciones de políticos y activistas kurdos, incluyendo de escudos humanos. Hubo ataques contra sedes del HDP por parte de grupos ultranacionalistas y ataques contra personas kurdas. Líderes del HDP advirtieron de los riesgos de una deriva hacia una situación de guerra civil. En diversos momentos, el co-presidente del HDP, Selahattin Demirtas hizo llamamientos al Estado y al PKK a un alto el fuego mutuo y a un reinicio del diálogo de paz. Demirtas también acusó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de bloquear el reinicio de las conversaciones. Por su parte, el PKK y el Gobierno se acusaron mutuamente del fracaso del proceso de diálogo. (AFP, BBC, Reuters, Foreign Affairs, NYT, Hürriyet Daily News, Today’s Zaman, Dicle, Firat, JINHA, 01-29/09/15)

Numerosos hechos de violencia en Yemen habrían provocado la muerte de más de 500 personas en septiembre, según recuentos parciales, en el marco de un conflicto armado que en los últimos seis meses ya se ha cobrado la vida de unas 4.500 personas, la mitad de ellas civiles. Entre los incidentes, durante la primera quincena de septiembre cabe destacar el asesinato de dos trabajadores de Cruz Roja y la muerte de al menos 64 miembros de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita ¬–45 de EAU– en un ataque con misil de los al-houthistas, en el incidente que ha provocado más bajas en la alianza desde la escalada de violencia en marzo. La coalición lanzó ataques de represalia contra posiciones al-houthistas que causaron la muerte de al menos 27 personas en los días siguientes. Durante la segunda quincena de septiembre, nuevos ataques aéreos de la coalición habrían causado 236 víctimas mortales en un período de cuatro días, según la agencia Saba, en control de los al-houthistas. Paralelamente, unos 40 combatientes al-houthistas habrían perdido la vida en enfrentamientos en las proximidades de Hathera, un poblado saudí próximo a la frontera con Yemen, según la cadena de televisión saudí al-Arabiya. A finales de mes, un ataque aéreo atribuido a la coalición internacional causó la muerte de al menos 135 personas que participaban en una boda, en su mayoría mujeres y menores de edad. Adicionalmente, la filial del grupo armado ISIS en Yemen reivindicó dos atentados suicidas contra mezquitas frecuentadas por al-houthistas en la capital, Sanaa, que en total causaron la muerte de 38 personas. En medio de este clima de persistente violencia, el primer ministro y el presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi regresaron a Yemen después de meses de exilio en Arabia Saudita. Su retorno a Adén fue considerado como una señal de que la coalición internacional había conseguido asegurar el suficiente territorio como para retomar la administración, aunque sea parcial, del país, ya que los al-houthistas mantienen sus posiciones en Sanaa y en el centro-norte de Yemen. Cabe destacar que durante el mes la ONU anunció que las partes en disputa habían aceptado reunirse en Omán para dialogar sobre una salida negociada al conflicto, pero días después el Gobierno de Hadi rechazó participar hasta que los al-houthistas no se replieguen de los territorios conquistados y cumplan otras condiciones incluidas en la resolución 2216 aprobada por el Consejo de Seguridad la ONU en abril. A finales de septiembre, en su discurso ante la ONU, Hadi acusó a Irán de perseguir la destrucción de Yemen y agradeció la “determinación” de Riad en su lucha contra los al-houthistas. Paralelamente, Riad bloqueó una iniciativa para impulsar una investigación independiente de la ONU sobre los abusos cometidos durante el conflicto. (Deutsche Welle, 05, 06, 10, 13, 16/09/15; Reuters, 02, 22, 24/09/15; Le Monde, The Guardian, 29/09/15; UN, 15,22, 28, 29/09/15; IRIN, 18/09/15; NYT, 30/09/15)

Se produce una escalada de la violencia política en el país que incluye la presión sobre los medios de comunicación en un clima considerado de preguerra por el continuo goteo de noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, atentados y hostigamiento a la oposición política. Entre los más destacados, cabe señalar la muerte del líder opositor Patrice Gahungu, portavoz del partido opositor UPD, y el intento de asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prime Niyongabo, del que salió ileso pero que causó la muerte de siete personas en la capital. Los atacantes podrían ser soldados del Ejército, lo que muestra la grave división que afecta también a los cuerpos de seguridad, según algunas fuentes. No obstante, altos cargos del Gobierno que afirman respaldar la necesidad de establecer un diálogo político entre el Gobierno y la oposición responsabilizaron al presidente ugandés, Yoweri Museveni, por el estancamiento en el proceso de diálogo. A principios de mes se produjeron diversas movilizaciones en algunos barrios de Bujumbura como consecuencia de operaciones de desarme llevadas a cabo por la Policía. El Departamento de Estado de EEUU hizo un llamamiento al desarme de las milicias, tanto las opositoras como las progubernamentales (en referencia a las Imbonerakure) para evitar una escalada de la violencia. A finales de mes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció el alarmante incremento de asesinatos y arrestos en el país desde que el presidente renovara su cargo en las elecciones de julio, y el reconocido defensor de los derechos humanos en el país, Pierre Claver Mbonimpa, hizo un llamamiento a la UE a que suspenda la ayuda al Gobierno como mecanismo de presión para frenar la espiral de violencia. Cabe destacar las presiones sobre Iwacu, el último medio privado e independiente que todavía se publica a pesar de la grave crisis que azota el país, y los ataques y arrestos sufridos por diversos periodistas. Burundi se ha visto gravemente afectada por la violencia tras el anuncio del presidente en abril de presentarse para un tercer mandato en las elecciones presidenciales en julio, que ganó por el boicot de la oposición y desde entonces han muerto al menos unas 100 personas. (AP, 02/09/15; VOA, 03/09/15; East African, 05/09/15; RSF, AFP, 11/09/15; Reuters, 21/09/15; The Guardian, 01/10/15)

Se incrementa la preocupación acerca del programa nuclear de Corea del Norte después de que Pyongyang anunciara el funcionamiento normalizado del principal reactor nuclear del país (en Yongbyon) tras varios años inactivo y de que imágenes por satélite sugirieran una mejora significativa en la mayor instalación de lanzamiento de satélites de Corea del Norte (en Sohae). Además, en el mes de septiembre el Gobierno norcoreano avanzó su intención de utilizar su tecnología balística para poner en órbita satélites meteorológicos y amenazó con utilizar armamento nuclear si persistía la política hostil de EEUU y otros Gobiernos. A pesar de que oficialmente Corea del Norte sostiene que tiene derecho a desarrollar un programa pacífico de satélites, existe el temor entre varios Gobiernos de que Pyongyang quiera lanzar misiles balísticos de largo alcance coincidiendo con el 70º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores el 10 de octubre. En este sentido, cabe destacar las declaraciones del embajador norcoreano en Reino Unido en las que advertía que la amenaza de sanciones por parte de la comunidad internacional no disuadiría a su país de ninguna actuación que tuviera prevista. Según algunos medios, el Gobierno surcoreano está preocupado por la posibilidad de que un lanzamiento de misiles o de cohetes de largo alcance por parte de Corea del Norte pudiera abortar la reunión de familias separadas por las Guerra de Corea (1950-53) prevista para el 20 de octubre en la localidad norcoreana de Mont Kumgang. Por otra parte, la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, con motivo de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, instó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo del acuerdo con Irán y a resolver el conflicto acerca del programa nuclear de Corea del Norte, que a su parecer es el último reto importante en términos de no proliferación nuclear que tiene la comunidad internacional. En este sentido, declaró que si Corea del Norte optara por la senda del diálogo y no de la confrontación, su Gobierno y la comunidad internacional se implicarían activamente en la reconstrucción económica del país. Según el PMA, el 70% de la población norcoreana padece inseguridad alimentaria o bien es altamente vulnerable ante la escasez de alimentos. (The Guardian, 30/09/15; UPI.com, 29/09/15)

Se incrementa nuevamente el malestar en el seno del MILF después de que ambas Cámaras del Congreso sembraran serias dudas sobre las posibilidades de que la Bangsamoro Basic Law (BBL) sea aprobada y de que dos de los principales congresistas implicados en la tramitación parlamentaria de la BBL declararan que ésta estaba muerta. Tras varios retrasos desde que se iniciara su tramitación en septiembre de 2014, trascendió que la posible aprobación de la BBL quedaba nuevamente pospuesta hasta mediados de diciembre. Sin embargo, algunos analistas consideran que la urgencia e importancia del debate sobre los presupuestos de 2016 y el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios del mes de mayo conceden escaso tiempo y margen para la aprobación de la BBL. Además de las dificultades acerca de los tiempos, a mediados de septiembre el MILF criticó severamente los borradores de la BBL elaborados tanto por el Senado como la Cámara de Representantes por considerar que disminuyen considerablemente los contenidos del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro y del Acuerdo Global sobre Bangsamoro y que prevén un nivel de autogobierno incluso inferior al de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), cuyo diseño institucional fue calificado de fracaso incluso por el propio presidente, Benigno Aquino. Además, el MILF advirtió que algunas de las modificaciones hechas a la versión original de la BBL eran claramente anticonstitucionales. En este sentido, el MILF emitió un comunicado oficial en el que señalaba que si finalmente el Congreso aprueba una BBL que diste sustancialmente de la letra y el espíritu del acuerdo de paz el MILF pondrá fin a la entrega de armas y desmovilización de combatientes, que ya se inició de manera simbólica en el mes de junio. El MILF también advirtió veladamente sobre la posibilidad de que la no resolución del conflicto en Mindanao refuerce las peticiones de secesión en la región. Sin embargo, a finales de septiembre, el máximo líder del MILF, Ebrahim Murad, se mostró optimista acerca de la BBL por el compromiso expresado por el Presidente y las fuerzas políticas que le son afines y por el apoyo que tiene el proceso de paz por parte de la comunidad internacional y particularmente de la Organización de la Conferencia Islámica. Además, Murad declaró que la aprobación de la BBL no es el único aspecto importante del proceso de paz de los últimos años e instó a valorar la importancia del acuerdo de paz y la reducción de la violencia a niveles prácticamente inexistentes en los últimos tres años. Por su parte, el panel negociador gubernamental también expresó su convencimiento que a pesar de las dificultades y retrasos la BBL acabará siendo aprobada. Finalmente, también cabe señalar que el MNLF declaró que los actuales borradores de la BBL son inaceptables y a la vez llamó al establecimiento de una Convención Constitucional Bangsamoro para abordar las dificultades en la tramitación parlamentaria de la BBL, así como otras cuestiones que afectan al pueblo moro. (Philippine Star, 30/09/15; Manila Bulletin, 27/09/15; Anadolu Agency, 11/09/15)

El mes se inició con varios enfrentamientos en la frontera, un soldado y un insurgente muertos en Baramullah, cuatro militantes y un soldado muertos en Kupwara, un civil muerto y cinco heridos por disparos desde el lado pakistaní en Poonch, y dos soldados y dos militantes muertos en Kupwara. En los últimos meses, el número de violaciones del alto el fuego han superado el centenar. Ambos países siguen culpándose mutuamente de provocar al otro. Una delegación de 16 guardias de frontera pakistaníes (Rangers), liderados por el Director General de los Rangers de Punyab, General Mayor Umar Faruq Barki, se reunió con sus homólogos indios (Border Security Force) en Delhi durante tres días (9-12/09). También participaron miembros del Ministerio del interior, del Survey of Pakistan y la oficina antinarcóticos. El ministro del Interior indio, Rajnath Singh, anunció en uno de los encuentros con la delegación pakistaní que “India no disparará la primera bala”. Se acordó no contestar a los disparos automáticamente hasta investigar las causas. Por otra parte, se ha publicado un informe del International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in Kashmir sobre las violaciones de derechos humanos en Jammu & Cachemira (J&K). El informe se ha llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sea presentado ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Según el informe, hay entre 650.000-750.000 soldados indios desplegados en territorio cachemir, 1.080 ejecuciones sumariales y 172 desapariciones forzosas. El informe responsabiliza de estos crímenes a 972 oficiales del ejército y paramilitares. Asimismo, se avisa de un incremento en el número de militantes. Además, los rumores sobre la reinstauración de la prohibición de sacrificar y comer carne de vacuno ha provocado múltiples protestas. En una de ellas, la policía detuvo al líder del Frente de Liberación de J&K, Yasin Malik. La Conferencia Hurriyat convocó una huelga tras la muerte de un miembro de su partido y su hijo de tres años en Sopore a manos de pistoleros sin identificar. En los últimos cuatro días a este suceso, se recuperaron cuatro cadáveres de miembros del Hizbul Muyahidín (The Hindu, Dawn, 07-22/09/2015).

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por cinco expertos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha presentado el 6 de septiembre el informe sobre el caso Ayotzinapa, que investiga los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, el 27 de septiembre de 2014, que se saldaron con la desaparición de 43 estudiantes, 6 asesinatos y más de 20 heridos. El informe reconstruye con detalle los hechos y las causas posibles de la agresión, y ha llegado a la conclusión de que la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes mexicanos no es correcta, invalidando la tesis defendida por la fiscalía mexicana (PGR) de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Así mismo, el grupo de especialistas ha demostrado como en diferentes momentos del operativo estuvieron presentes distintos cuerpos policiales (municipales de Iguala y Cocula, ministeriales, federales) así como soldados y agentes de inteligencia militar, involucrando al Ejército mexicano. El GIEI ha instado a las autoridades de México a replantear la investigación y reorientar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. La directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional ha valorado el caso Ayotzinapa como una de las más graves tragedias de derechos humanos de la historia reciente de México. La ONG ha denunciado la magnitud de la crisis de las desapariciones forzadas en el país, que según ha informado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en los pasados ocho años se han contabilizado más de 26.000 casos. El Gobierno mexicano ya había reconocido en el mes de febrero, ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que el país no cuenta con un registro exclusivo de desapariciones. Sin embargo, durante la presente legislatura, el Gobierno ha informado que se ha previsto aprobar la Ley General de Desapariciones Forzadas para dar cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 73, aprobada por el Congreso en septiembre de 2013. (EFE, 24, 28/07/15, 06/08/15; El País, 07, 08, 16, 26/09/15; La Jornada, 07/09/15; AI, 18/09/15)

Peligra la firma del acuerdo de alto el fuego de alcance nacional previsto para el mes de octubre, después de que solo nueve grupos armados hayan accedido a firmarlo si el Gobierno no lo extiende a la totalidad de los grupos armados. A principios del mes de septiembre, el Gobierno y nueve insurgencias acordaron de manera tentativa firmar el acuerdo a principios del mes de octubre, aunque los grupos armados se emplazaron a un nuevo encuentro. El Gobierno por su parte se comprometió a seguir abordando la cuestión de la inclusión durante el mes de septiembre. Sin embargo, a finales de septiembre tras una reunión celebrada por 20 grupos armados solo siete de éstos (ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNLA-PC, KNU, PNLO) aceptaron la firma del acuerdo. Varios de los principales grupos insurgentes (KIO, NMSP, SSPP y KNPP) señalaron que no lo firmarían mientras no estuviera abierto a todo el mundo. El Gobierno rechaza que tres grupos, TNLA, MNDAA y AA, con los que el conflicto armado está activo en la actualidad, firmen el acuerdo. Los grupos armados acordaron también disolver el nuevo formato negociador, representado por la Delegación Sénior y señalaron que el Nationwide Ceasefire Negotiation Team, seguirá activo para continuar las negociaciones sobre la inclusión de todos los grupos armados, un posible diálogo político, el código de conducta y la formación de un comité conjunto de supervisión. Cabe destacar que el Gobierno había informado a representantes de 78 partidos políticos sobre la evolución de las negociaciones antes de que se produjera la ruptura, y había destacado que el diálogo político podría iniciarse en el mes de enero. Por otra parte, cabe destacar que durante el mes de septiembre se reprodujeron enfrentamientos entre las FFAA y varias insurgencias, especialmente RCSS, SSA-A, KIA y TNLA. (The Irrawaddy, 09/09/15)

La Asamblea Constituyente de Nepal aprueba una nueva Constitución con el voto favorable de dos tercios de los legisladores y en medio de fuertes tensiones sociales. La aprobación de la Constitución se produce tras un largo proceso que se inició en 2008 con la elección de una Asamblea Constituyente que no logró su cometido y que tuvo que ser reelegida en 2013. La Constitución establece un sistema republicano, federal y secular con siete estados. Las protestas se extendieron en la región de Terai y estuvieron protagonizadas por grupos de población madhesi y tharu, que mostraron su descontento con la delimitación territorial de los nuevos estados, al quedar los distritos habitados por esta población divididos en varios estados y al estar los estados integrados por distritos de las tres zonas geográficas del país –planicie (o Terai), las colinas y la alta montaña. Además, las minorías étnicas también señalaron que el nuevo sistema electoral les perjudicaba. También las organizaciones de mujeres denunciaron que la Constitución institucionaliza la discriminación por motivos de género, al establecer desigualdades en el acceso a la ciudadanía nepalí para hombres y mujeres. Desde principios del mes de agosto 45 personas murieron como consecuencia de los disturbios, 35 de ellas como consecuencia de los tiroteos policiales y 10 policías que fallecieron tras ser atacados por manifestantes. A finales de septiembre el Gobierno –cuyo primer ministro canceló su presencia en la Asamblea General de la ONU para hacer frente a la crisis– decidió retirar a los soldados desplegados en las zonas conflictivas como medida para incrementar la confianza de la población. El secretario de Exteriores de la India se desplazó a Nepal para llevar a cabo consultas con el Gobierno nepalí sobre la situación generada por la promulgación de la Constitución e instó a fortalecer el diálogo. (Al-Jazeera, 14, 20/09/15; BBC, 19/09/15)

India y Afganistán, a través de varios de sus representantes, no cesan de pedir a Pakistán que haga más por acabar con los feudos de grupos armados. Pakistán contraataca denunciando a sus vecinos por apoyar a las insurgencias baluchí y el movimiento talibán de Pakistán (TTP). La muestra más pública de este cruce de acusaciones tuvo lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que a pesar de las expectativas, no sirvió para que el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif y su homólogo indio, Narendra Modi, se reunieran. A pesar de los datos positivos que el Gobierno pakistaní ofrece sobre la operación anti-terrorista Zarb-e Azb, una escisión del TTP leal al Estado Islámico ha conseguido atacar la base aérea de Badaber, cerca de Peshawar. El atentado se perpetró en una mezquita de la base, donde murieron 40 personas, 13 de ellos talibán que se habían infiltrado con uniformes paramilitares. Sartaj Aziz, asesor de defensa y asuntos exteriores pakistaní, anunció públicamente que el atentado se había planeado en Afganistán. El presidente afgano telefoneó a Nawaz Sharif para negarlo. Asimismo, se ha hallado evidencia de que el atentado que acabó con la vida del ministro del Punyab, Shuja Khanzada en Attock a mediados de agosto fue perpetrado por el TTP. Pakistán ejecutó a Ansar Iqbal a finales de septiembre tras 16 años en la cárcel. Fue condenado por asesinato cuando tenía entre 14-15 años. La ley pakistaní prohíbe ejecutar a aquellos que hayan sido detenidos siendo menores de edad. Igualmente, el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte se hizo bajo el paraguas de la lucha contraterrorista, y en cambio, se están ejecutando reos comunes. Por otra parte, una bomba explotó en Multán acabando con la vida de 11 personas y causando decenas de heridos. El Parlamento pakistaní aprobó una ley contra el cibercrimen que se teme pueda ser usada para volver a coartar la libertad de expresión (Dawn, ToloNews, The Express Tribune, 04-30/09/2015).

El anuncio el 22 de septiembre por parte del presidente Denis Sassou-Nguesso de la celebración de un referéndum constitucional para poder postular a un nuevo mandato presidencial en las elecciones que se celebrarán en 2016 ha provocado el rechazo de la oposición política en el país y amplias movilizaciones. La oposición política se rebela ante los planes de Denis Sassou-Nguesso de modificar la Constitución para ampliar el límite de los mandatos presidenciales, así como el límite de edad, que también está fijado por la Constitución de 2002 que él mismo aprobó. La oposición política ha calificado este anuncio como un golpe de Estado constitucional. Denis Sassou-Nguesso acumula más de 30 años en el poder. La comunidad internacional ha tenido una respuesta que se ha limitado a destacar que los procesos electorales en el país deben basarse en elecciones libres y transparentes, y que todo cambio constitucional debe realizarse en un contexto de libertad de expresión y asociación. En julio se celebró el diálogo nacional de Sibiti (diálogo que recibe el nombre de la localidad donde se celebró) en el que los partidarios del presidente se manifestaron favorables a la celebración de un referéndum sobre una posible modificación de la Constitución, conclusión que trasladaron al presidente. La oposición celebró un diálogo alternativo que rechazó las conclusiones del diálogo de Sibiti. (Jeune Afrique, 28/09/15; RFI, 28/07/15; RFI, 24 y 25/09/15)

La crisis bilateral entre el Gobierno de Venezuela y el de Colombia, debido al cierre de la frontera entre ambos países decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro el 19 de agosto, bajo alegaciones de ataques paramilitares y control del contrabando, ha generado según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 1.467 deportados colombianos por parte del Gobierno venezolano, a los que el organismo ha añadido 18.619 personas colombianas que han abandonado el país voluntariamente. Los presidentes Santos y Maduro se han reunido el 21 de septiembre en Quito, Ecuador, para dialogar y tratar de resolver el conflicto, y han logrado un acuerdo para el retorno de sus respectivos embajadores, así como para abrir una investigación sobre las causas de la crisis. En la mesa de diálogo han estado presentes como intermediarios los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Ecuador, Rafael Correa, en representación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), respectivamente. Por otro lado, las tensiones entre los Gobiernos venezolano y el Gobierno de Guyana, por el conflicto limítrofe por el área de Esequibo (Guyana), han aumentado debido a la denuncia del Gobierno guyanés sobre un aumento extraordinario de tropas venezolanas en la frontera, calificadas de movimiento agresivo y hostil. David Granger, presidente guyanés, ha aprovechado la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar a Venezuela y exigir al organismo actuar para lograr un acuerdo definitivo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha mediado en el conflicto organizando una reunión bilateral entre los dos presidentes donde se ha logrado un acuerdo para el retorno de los respectivos embajadores. En otro orden de cosas, el 11 de septiembre se ha hecho pública la sentencia de 13 años y nueve meses de prisión para el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, quien había sido acusado, entre otros cargos, de instigación política y responsabilizado de la muerte de tres personas en la manifestación antichavista del 12 de febrero de 2014. La sentencia ha sido condenada por la oposición venezolana, así como por diferentes organismos internacionales. (Efe, 03, 08, 28, 30/09/15; Infolatam, 11/09/15)

El 23 de septiembre, el presidente Santos y el líder de las FARC, “Timochenko”, se encuentran en La Habana para hacer público el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, por el que se decidió crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Según el acuerdo, el Estado se compromete a otorgar la amnistía lo más amplia posible por delitos políticos y conexos, lo que podría beneficiar a más de 15.000 miembros de las FARC. En cambio, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves, ya sea para miembros de las FARC como por agentes del Estado. Habrá dos tipos de procedimiento: uno para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad, y otra para quienes no lo hagan o lo hagan tardíamente. Las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, y tendrá un componente de restricción de libertades y derechos, mediante la realización de trabajos, obras y actividades. Para las FARC, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. Inmediatamente después, el Fiscal General ordenó suspender todas las imputaciones de cargos contra la cúpula de las FARC, mientras se adelanta el ajuste de la metodología del acuerdo firmado. El presidente y “Timochenko” se comprometieron, además, a finalizar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016. (El Tiempo, El Espectador, 24/09/15)

El 15 de septiembre el Gobierno de Mozambique, a través del ministro de Exteriores, Oldemiro Baloi, ha declarado oficialmente al país libre de minas terrestres. El anuncio se ha hecho oficial después de que la ONG británica The Halo Trust, encargada del trabajo de desminado, haya confirmado la destrucción de la última mina conocida. La ONG ha comunicado que ha removido más de 171.000 minas terrestres de un total de 1.100 campos minados desde que comenzara el programa en 1993. Los datos presentados por el Gobierno mozambiqueño han establecido en 17 millones de metros cuadrados el terreno desminado, área que ahora se pretende destinar a uso agrícola. Mozambique se había convertido en uno de los países con mayor número de minas terrestres debido a la guerra civil desatada entre el FRELIMO y al RENAMO entre 1977 hasta 1992. El país se ha convertido en el primero de los cinco más minados del mundo en cumplir con las obligaciones de desminado previstas en la Convención de Ottawa (los otros cuatro son Afganistán, Camboya, Angola y Sudán del Sur), aunque ha necesitado más de los 10 años previstos en la Convención para su erradicación. Si bien los datos oficiales sobre el número de incidentes causados por estas armas no son rigurosos, el grupo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había estimado en 1994 que las minas terrestres habían generado entre 10.000 y 15.000 víctimas. (The Halo Trust, 15/09/15; Agencia de Informaçao de Moçambique, 17/09/15; Al-Jazeera, 17/09/15; BBC, 17/09/15)

Representantes de las comunidades étnicas salamat y fellata firman un acuerdo de paz entre ambos pueblos el 22 de septiembre para tratar de poner fin a los enfrentamientos que han dejado un balance de 205 muertos y docenas de heridos desde febrero del 2015. El acuerdo ha sido precedido por un pacto de cese de hostilidades, firmado el día 7 en la comunidad de Buram, Darfur Sur, realizado bajo la mediación del jefe tradicional del grupo Habaniya, que ha contado a su vez con la presencia de representantes de las comunidades de Tullus, Dimsu, El Radoom, El Sunta y Gireida. En el pacto de paz alcanzado cada grupo se ha comprometido a indemnizar al otro por las pérdidas humanas, así como por los daños y pérdidas de propiedad ocasionados. Este acuerdo de paz es parte de los diferentes procesos de mediación que se han abierto a lo largo de Darfur para tratar de lograr la reconciliación entre pueblos enfrentados. En la región de Darfur Norte, bajo los auspicios del denominado Comité de Diálogo Darfur-Darfur, apoyado por la UNAMID, también han comenzado mediaciones con diferentes grupos de la localidad de Mellit para lograr la paz y estabilidad. En Darfur Este, y bajo la facilitación de la UNAMID, se han dispuesto conversaciones de resolución de conflictos entre los grupos rizeigat y ma´aliya, quienes han iniciado conversaciones de paz en la región de Kordofán Oeste 15 de septiembre, con el fin de detener los enfrentamientos prolongados entre ambos pueblos. (Radio Dabanga, 02, 04, 08, 15, 23, 25/09/15; Sudan News Agency, 19, 23/09/15)

En contraste con la elevada violencia de agosto, el conflicto armado en el este del país asiste en septiembre a una marcada desescalada, con la entrada en vigor el 1 de septiembre del nuevo alto el fuego acordado a finales de agosto entre Ucrania y las fuerzas rebeldes apoyadas por Rusia. Las partes en conflicto reconocieron a lo largo del mes que la tregua se estaba cumpliendo, mayoritariamente. También lo valoró así la OTAN, aunque señaló que la situación era aún muy frágil. Los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia mantuvieron conversación telefónica el 9 de septiembre centrada en parte en la cuestión de la celebración de elecciones en las áreas rebeldes; los ministros de Exteriores se reunieron en Berlín el 12 de septiembre; y se apuntaba a una reunión entre los cuatro líderes (conocido como el formato de Normandía) en París a principios de octubre, que sería el primer encuentro desde mediados de febrero. Tras una reunión el 24 de agosto en Berlín entre los líderes de Ucrania, Francia y Alemania, éstos habían hecho un llamamiento a un alto el fuego inmediato y verificable –que entró en vigor el 1 de septiembre–, propuesto la creación de una nueva zona de seguridad de 15 kilómetros y la retirada de artillería ligera, habían instado al fin de las restricciones y obstáculos a la misión de supervisión de la OSCE y a la búsqueda de una solución al estatus de las zonas rebeldes. Algunos análisis apuntaron a que esa posición reflejaba también el consenso de Rusia en buscar una solución antes de finales de año. No obstante, la propuesta de enmienda constitucional para una ley especial sobre un estatus especial y descentralizado para las áreas rebeldes aprobado en primera lectura a finales de agosto fue criticada tanto por las autoridades rebeldes como por Moscú. En septiembre tampoco se consiguió superar las diferencias sobre esa cuestión ni sobre las elecciones, que según el acuerdo de Minsk II de febrero deberían celebrarse bajo el paraguas de la legalidad ucraniana. Las autoridades rebeldes de Donetsk confirmaron a mediados de septiembre que su intención era celebrar comicios el 18 de octubre y las de Lugansk el 1 de noviembre. En cambio, las partes sí alcanzaron acuerdo a finales de septiembre sobre retirada de tanques, morteros y artillería de menos de 100 milímetros de calibre a una distancia de 15 kilómetros, que será supervisada por la OSCE. En el plano humanitario, la situación en las zonas bajo control rebelde continuó siendo muy frágil. Las autoridades rebeldes ordenaron el cese de actividad en las zonas bajo su control a todas las agencias de la ONU, incluyendo UNICEF, ACNUR y la OMS, así como a 10 ONG internacionales, entre ellas Médicos sin Fronteras. (BBC, Jamestown Foundation, Reuters, RFE/RL, Itar Tass, 01-29/09/15)