Tras la toma de la capital de Kunduz por las fuerzas talibán, las tropas afganas, ayudadas por las internacionales, retomaron la ciudad tras días de batalla. La inestabilidad ha contribuido a que finalmente la administración norteamericana anuncie que retrasa la retirada de sus tropas hasta finales de 2017. La batalla de Kunduz ha dejado un balance de 500 víctimas mortales, entre ellas, 400 talibán. En esta batalla, las fuerzas norteamericanas bombardearon un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) que acabó con la vida de 22 de sus trabajadores y pacientes e hirió a 37 personas más. MSF lo ha calificado de crimen de guerra y ha solicitado una investigación independiente, aunque días después, tanques norteamericanos entraron en las instalaciones del hospital destruyendo pruebas. MSF anunció que se retiraba de la zona, dejando a la provincia de Kunduz sin ningún hospital. En Faryab, los talibán tomaron dos distritos. En esta operación, mataron a 22 policías, y capturaron a su jefe y algunos policías más en el distrito de Ghormach. El distrito fue retomado a finales de mes por las fuerzas afganas. Las batallas están provocando que el número de desplazados internos en Afganistán se acerque al millón. En el centro de Uruzgan, 38 policías y 65 talibán murieron en enfrentamientos. Enfrentamientos similares también han tenido lugar en el sur de Helmand, donde 22 policías fronterizos y 65 talibán murieron en la batalla. En Samangan, el gobernador talibán (no oficial) se entregó a la policía junto a sus milicias y se unieron al proceso de paz. Precisamente, EEUU considera que solo un proceso de paz puede poner fin a la situación actual. Los talibán a través de su web oficial, también se muestran a favor de retomar el proceso que quedó en suspenso a finales de septiembre. Tanto el Gobierno afgano como los talibán se muestran a favor de retomar el proceso, aunque esta vez, prefieren dejar de lado a Pakistán. El Gobierno afgano considera a su vecino como responsable del auge de la violencia y no ha dejado de pedirle que abandone su apoyo a los talibán. El vicepresidente Rashid Dostum reclamó ayuda a su viejo aliado, Rusia, que ante los avances del Estado Islámico en Afganistán, no ha descartado bombardear sus posiciones. Un terremoto de escala 7,5 sacudió el norte del país, complicando aún más la situación. (The New York Times, 01, 03, 20/10/15; Pajhwok Afghan News, 04, 05, 08/10/15; Radio Free Europe, 07/10/15; VoaNews, 14/10/15; ToloNews, 10, 15, 20/10/15; The Guardian, 17/10/15)

A partir del 1 de octubre, una serie de hechos de violencia provocan la muerte de más de 60 personas –55 palestinas y 11 israelíes–, incluyendo menores de edad, además de múltiples heridos, en medio de una escalada de tensión que ha alentado las especulaciones sobre el estallido de una tercera intifada. La mayoría de los israelíes murieron tras ser acuchillados por palestinos mientras que las bajas palestinas fueron principalmente a causa de fuego israelí. Entre los múltiples incidentes se cuentan el asesinato de una pareja de colonos, atropellos deliberados contra israelíes y agresiones en autobuses, ataques con cuchillos, numerosos tiroteos a jóvenes palestinos durante operaciones de rastreo, en puestos de control y durante protestas en Cisjordania. Un joven eritreo también fue agredido mortalmente por un grupo de personas que lo confundió con un atacante palestino, mientras que otro ciudadano israelí murió al ser tiroteado por un soldado israelí que también creyó que era un atacante árabe. Diversas fuentes palestinas han acusado a Israel de asesinar a presuntos sospechosos sin pruebas. Israel, en tanto, ha argumentado que actúa en defensa propia. Hasta finales de octubre, Amnistía Internacional había documentado al menos cuatro casos en que palestinos fueron ejecutados por las fuerzas israelíes sin que supusieran una amenaza inminente y EEUU manifestó preocupación por las informaciones que apuntan a un excesivo uso de la fuerza por parte de Israel. Inicialmente, la violencia estalló en Jerusalén, pero desde allí se fue expandiendo a los territorios ocupados de Cisjordania y a Gaza. La situación motivó reuniones de emergencia del gabinete israelí, que autorizó a las fuerzas de seguridad a imponer cierres en Jerusalén, incluyendo los barrios palestinos de la zona este; anunció la confiscación y demolición de las casas de los atacantes; y dispuso un despliegue adicional de soldados en diversas ciudades para reforzar a las fuerzas policiales. Aunque los palestinos parecen perpetrar los ataques de manera independiente, Israel acusó de incitación a la violencia a las autoridades palestinas que, a su vez, atribuyeron los incidentes a la persistente ocupación de los territorios palestinos y al creciente descontento de la juventud. Cabe destacar que la reciente escalada se originó a mediados de septiembre, a causa de tensiones en torno al complejo de al-Haram al-Sharif (tercer sitio más sagrado del Islam) que los israelíes denominan Monte del Templo y que se ubica en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Según un acuerdo de “status quo” de larga data, los judíos pueden visitar pero no rezar en esta área. Sectores palestinos acusan a Israel de intentar alterar este acuerdo, permitiendo el acceso a la zona de un creciente número de judíos e imponiendo restricciones de acceso a palestinos. A finales de octubre, tras gestiones del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, se anunció un acuerdo entre Israel y Jordania –custodio del complejo– para instalar cámaras de vigilancia permanentes en la zona. A finales de mes, el presidente palestino Mahmoud Abbas –que ha rechazado los llamados de Hamas a lanzar una nueva Intifada– subrayó que la situación en los territorios palestinos era la peor desde 1948 y reiteró su petición a la ONU de una protección internacional para la población palestina. (The Guardian, 19, 22, 23, 24, 26, 28/10/15; AP, 02/10/15; BBC, 05, 15, 22/10/15; New York Times, 13/10/15; Foreign Policy 14/10/15)

La internacionalización de la guerra en Siria se hace más evidente tras la implicación directa de Rusia en bombardeos en el país y en una presencia más abierta de fuerzas iraníes en los combates. Moscú inició sus ataques aéreos en Siria el 30 de septiembre, con el objetivo declarado de apuntar a posiciones de ISIS y “otros grupos terroristas”. No obstante, EEUU, otros países de la coalición anti-ISIS y la oposición siria han acusado a Rusia de atacar posiciones de grupos rebeldes, algunos de ellos apoyados por Occidente, en áreas con escasa o nula presencia de ISIS. Adicionalmente, se ha acusado a Rusia de afectar a población civil en sus ataques, que han incluido el uso de misiles lanzados desde el Mar Caspio. La intervención rusa puso en alerta a Turquía, que ha denunciado incidentes de violación de su espacio aéreo, y a la OTAN, que advirtió que estaba preparada para defender a sus aliados. También motivó contactos entre EEUU y Rusia para evitar incidentes, ya que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial misiones de combate de ambos países coinciden en un mismo espacio aéreo. Tras el inicio de la ofensiva aérea en Siria, el régimen de Damasco lanzó una operación para intentar recuperar el control de zonas al oeste del país en manos de la oposición. Durante el mes se informó de una intensificación de las hostilidades en zonas como Homs, Hama y Latakia, y de nuevos desplazamientos forzados de población. En este contexto, se hizo más explícito el apoyo iraní al régimen de Bashar al-Assad con fuerzas en terreno. A mediados de octubre se informó de la muerte de un alto cargo de la Guardia Republicana, el brigadier general Hossein Hamedani, en la zona de Aleppo y se alertó sobre el incremento en el número de bajas iraníes en el conflicto (entre 60 y 70 sólo en 2015 frente a 140 desde el inicio de la guerra en 2011). Según estimaciones de EEUU, entre 2.000 y 4.000 efectivos iraníes se encuentran combatiendo en Siria. Washington, por su parte, decidió suspender el programa de entrenamiento a fuerzas rebeldes moderadas de Siria –tras su sonoro fracaso–¬ y tras el inicio de la ofensiva aérea rusa optó por incrementar los suministros de armas a grupos de la oposición. A mediados de mes se informó de la entrega de 45 toneladas de arsenales de armas, principalmente en la provincia de Hassakeh, en forma de armas ligeras, granadas y municiones. En este contexto, hacia finales de mes la alianza ruso-siria se escenificó en una visita de Bashar al-Assad a Moscú, en su primera salida al exterior desde 2011. Poco después se informó de la reactivación de los contactos entre potencias internacionales y regionales para intentar buscar una salida política a la crisis, con la novedad de que EEUU levantó su veto a la participación de Irán. Así, se esperaba que representantes de EEUU, Rusia, Irán, la UE, Arabia Saudita y Turquía se reunieran en Viena a final de mes para abordar la crisis. (Foreign Policy, 01, 21, 23/10/15; BBC, 07, 13, 15, 22/10/15; Reuters, 10/10/15; Washington Post, 09/10/15; The Guardian, 09, 27, 28/10/15; El País, 28/10/15)

El 2 de octubre el presidente Salva Kiir ha anunciado un decreto unilateral de expansión de los actuales 10 estados que conforman el país, a una fragmentación de 28 estados federales. Riek Machar, líder del grupo rebelde opositor SPLM/A-IO, ha afirmado que la medida representa una grave violación del acuerdo de paz firmado en agosto, y pone en riesgo su continuidad. El conocido como grupo de la Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), así como la organización regional IGAD, también han condenado el anuncio de Kiir, mostrando su preocupación y avisando al Gobierno que el anuncio contradice directamente el acuerdo de paz y que cualquier cambio fundamental se deberá de realizar dentro del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, aún por constituirse. La IGAD ha solicitado al Gobierno que retire el decreto. La oposición política, así como expertos locales también han cuestionado la legalidad del mismo. En otro movimiento imprevisto, el partido de Gobierno ha anunciado la disolución de todas las estructuras de liderazgo del SPLM, a excepción del puesto de presidente que ostenta Kiir, quien propondrá nuevos candidatos. Un hecho similar desató la crisis de diciembre de 2013 que dio pie a la fracturación del partido y al inicio de la guerra civil. Machar también ha cuestionado duramente la medida, calificándola como una nueva provocación y amenaza para la paz. En otro orden de asuntos, durante el mes tanto el Gobierno como los rebeldes del SPLM/A-IO han roto el alto el fuego pactado en distintas ocasiones. La IGAD ha informado que ya se han sucedido 50 violaciones al alto el fuego desde el primer acuerdo de cese de hostilidades firmado en febrero de 2014. A estos hechos, se ha sumado la publicación por parte de la UA de un informe donde acusa al Gobierno y a las fuerzas rebeldes de cometer asesinatos, torturas, mutilaciones, violaciones y canibalismo forzado durante la guerra civil, identificando a las personas responsables de los hechos. La comisión de investigación del organismo regional ha resaltado a su vez, que no ha encontrado pruebas de que se haya cometido un genocidio en el país. Por otro lado cabe resaltar, en clave positiva, algunos avances significativos del proceso de paz. Uganda ha iniciado la retirada de sus tropas (UPDF) del país, que si bien no cumplirá con la fecha de retirada prevista para el 10 de octubre en el acuerdo de paz, se ha estimado que se completará durante la primera semana de noviembre. La IGAD ha establecido como presidente de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo del acuerdo de paz al ex presidente de Botswana, Festus Mogae Gontebanye. También se ha nombrado al teniente general ugandés, Ivan Koreta, como autoridad del Mecanismo de Monitoreo de Seguridad y Cese al Fuego (CSAMM). Por otra parte, las facciones firmantes del acuerdo de paz han reanudado las negociaciones para ultimar las medidas del capítulo de seguridad pactadas. La reunión ha tenido lugar en Addis Abeba, Etiopía, del 21 al 26 de octubre, y ha contado con la mediación del equipo de la IGAD-Plus. Finalmente, el 9 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la extensión del mandato de la misión destinada en el país (UNMISS), por dos meses más, hasta el 15 de diciembre de 2015. (Radio Tamazuj, 01,10,23/10/15; Sudan Tribune, 02-19/10/15; Reuters, 06,08/10/2015; UN, 09/10/15)

En un atentado descrito como el más grave en la historia de Turquía, un centenar de personas mueren y varios cientos resultan heridas a causa de una explosión doble el 10 de octubre antes del inicio de una manifestación en Ankara en demanda de diálogo de paz y fin del conflicto. La marcha, convocada por diversos sindicatos y ONG y con apoyo del partido pro-kurdo HDP, contaba con una destacada presencia de simpatizantes y políticos del movimiento kurdo. El Gobierno y el presidente turco describieron el atentado como un acto terrorista colectivo, señalando responsabilidad de ISIS, PKK, las fuerzas kurdas de Siria y el régimen sirio, mientras partidos de la oposición y analistas señalaron a ISIS –HDP responsabilizó mayormente al Gobierno, por connivencia con ISIS– y acusaron al Gobierno de falta de medidas de seguridad pese a contar con información sobre la presencia de células pro-ISIS en Turquía. En ese sentido, pese al bloqueo informativo impuesto por las autoridades, trascendió la información sobre las vinculaciones familiares de uno de los supuestos autores con el perpetrador del atentado de julio en Suruç contra un centro cultural kurdo (33 víctimas mortales y más de 100 heridos) y vínculos con el supuesto autor del atentado contra un mitin electoral del HDP (cuatro muertes). El atentado causó grave consternación y se produce en un contexto de fuerte deterioro en los últimos meses del clima político, social y de seguridad y creciente autoritarismo. Pese al enorme impacto del atentado sobre el movimiento kurdo, el mismo día del ataque el PKK anunció un alto el fuego unilateral, medida prevista previamente, afirmando que daba respuesta así a los llamamientos recibidos al respecto, con el objetivo de facilitar las elecciones del 1 de noviembre y como muestra de voluntad de democratización, paz y estabilidad en Turquía. El Gobierno rechazó el alto el fuego del PKK y continuó su campaña militar y policial contra el movimiento kurdo, relanzada a finales de julio, incluyendo ataques aéreos en Turquía y norte de Iraq. Durante el mes de octubre hubo nuevas operaciones especiales en ciudades del este y sudeste del país –con medidas de toque de queda y grave impacto entre la población civil–, como en varios distritos de Diyarbakir y en Nusaybin (Mardin). Se produjeron choques entre fuerzas de seguridad y del PKK, con varias decenas de víctimas mortales, aunque con balances dispares según las fuentes. Entre los incidentes más graves, 14 miembros del PKK murieron en bombardeos del Ejército en áreas en torno a Lice (sudeste) el 10 de octubre, según las fuerzas de seguridad. A su vez, 14 agentes resultaron heridos en un ataque guerrillero contra un puesto militar en Van a inicios de mes. Por otra parte, continuaron las detenciones a gran escala contra el movimiento kurdo. (Hürriyet, Today’s Zaman, Firat, AFP, 01-26/10/15)

Se celebra la primera vuelta de las elecciones para la elección del Gobierno y el Parlamento tibetano en el exilio, en las que solamente puede ejercer su voto la comunidad tibetana que reside fuera de China, que se estima aproximadamente en 130.000 personas. Esta es la segunda vez que se celebran elecciones después de que en 2011 el Dalai Lama abandonara el cargo de jefe de Gobierno para concentrarse en sus responsabilidades espirituales. Se espera que los resultados de los comicios se conozcan en diciembre y que la segunda vuelta se celebre el 20 de marzo. Con motivo de estas elecciones, el hasta ahora primer ministro, Lobsang Sangay, que se presenta a la reelección, recordó que las negociaciones con el Gobierno están estancadas desde el año 2010. Uno de los candidatos cuestionó y criticó la denominada “vía intermedia” propuesta desde hace décadas por el Dalai Lama, consistente en renunciar a la independencia del Tíbet y concentrar los esfuerzos en la consecución de una autonomía genuina en aquellos aspectos fundamentales para la supervivencia de la identidad tibetana. Estas elecciones se celebran precisamente durante la conmemoración del 50º aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet y entre una creciente preocupación por la salud del Dalai Lama. En este sentido, a principios de octubre tuvo que cancelar una visita prevista a EEUU por consejo médico, aunque posteriormente él mismo declaró públicamente que se encontraba bien de salud. Por otra parte, a finales de octubre Radio Free Asia, haciéndose eco de fuentes locales, señaló que la Policía china había derribado 300 casas y tiendas alrededor de un lago en la provincia de Qinghai por considerar que contaminaban la región y atentaban contra el potencial turístico de la zona. Hace algunas semanas, también según fuentes locales, una mujer se autoinmoló con fuego después de que la Policía demoliera varias casas de la localidad en la que residía. (Radio Free Asia, 21/10/15; ABC News, 18/10/15; South China Morning Post, 03/10/15)

Como mínimo 21 embajadores y diplomáticos representando a sus respectivos países (principalmente europeos, asiáticos y EEUU) firman un comunicado conjunto en el que instan a las partes a superar las dificultades por las que atraviesa el proceso de paz en los últimos meses y a evitar la reanudación de la violencia que ha padecido Mindanao en las últimas cinco décadas. Pocos días antes, los principales líderes del MILF y el MNLF habían firmado una declaración conjunta en la que rechazaban la aprobación de una versión diluida de la Basic Law on Bagsamoro Autonomous Region (BLBAR), anteriormente conocida como Bangsamoro Basic Law (BBL) y en la que instaban al Parlamento a aprobar una ley que estuviera en consonancia con la que acordaron originalmente el MILF y el Gobierno y que contuviera los aspectos fundamentales del acuerdo de paz firmado en 2014. Cabe destacar que a finales de septiembre la jefa de la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita Quintos Deles, declaró que el Gobierno está totalmente comprometido con la aprobación de la BLBAR, una ley que debería incorporar los contenidos del acuerdo de paz de 2104 al ordenamiento jurídico interno y que se considera la piedra angular del proceso de paz. Dicha ley, que está pendiente de aprobar por parte del Senado y la Cámara de Representantes, ha sufrido numerosos retrasos y modificaciones desde que se inició su tramitación parlamentaria en septiembre de 2014. Quintos Deles reconoció tanto los problemas que ha habido durante dicha tramitación parlamentaria como la urgencia de aprobarla antes de que finalice la actual legislatura, pero a la vez señaló que jamás se había llegado tan lejos en el proceso de paz y que abandonar ahora mismo dicho proceso implicaría volver a empezar de cero. Además, reconoció el esfuerzo que está realizando el MILF para mantener su posición favorable al proceso de paz y le instó a mantener su confianza en el actual Gobierno y Presidente. (Philstar, 13/10/15; Jakarta Post, 15/10/13; News Fulton Country, 23/10/13)

Después de una campaña electoral marcada por las acusaciones entre los diferentes partidos y la violencia preelectoral que ha reportado un balance de más de diez personas muertas, el 11 de octubre Guinea ha celebrado sus segundas elecciones presidenciales democráticas desde su independencia en 1958. Seis millones de guineanos han sido llamados a las urnas para elegir en primera vuelta al nuevo jefe del Estado entre ocho candidatos, incluyendo el actual presidente Alpha Condé. En un clima de tensión, con las fronteras nacionales cerradas y la restricción del tráfico sólo permitido a vehículos oficiales, las elecciones se han desarrollado sin incidentes destacados. La UA y la UE han enviado sendas misiones de observación para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada, que ha contado con el despliegue de 19.000 miembros de los cuerpos de seguridad. La UA y la ONU han felicitado al pueblo guineano por el desarrollo pacífico de las elecciones y han pedido a los partidos el respeto a los resultados y la preservación de la paz. El día 17, Bakary Fofana, presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), ha dado a conocer los resultados que han confirmado la victoria por mayoría absoluta de Alpha Condé, con un 57,85% de los votos, obteniendo su rival directo, Cellou Dalein Diallo, el 31,44%. La participación final resultante ha sido del 68% del censo. La oposición no ha reconocido los resultados alegando fraude y ha demandado la repetición de los comicios. Diallo, líder del principal partido de la oposición, ha llamado a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente en contra del fraude. Por su parte, Frank Engels, que encabeza la misión de observación de la UE, ha afirmado que la elección ha sido libre, transparente y válida, y que las irregularidades encontradas y las dificultades de la organización, no invalidan los resultados. (Daily Trust, 05,12/10/15; Deutsche Welle, 07,09,12,17/10/15; Al-Jazeera, 10-11,17/10/15; African Union, 12/10/15; UN, 12/10/15; SAnews 13/10/15; Europa Press 18/10/15)

En la sesión de la Asamblea General de la ONU (AGNU) de principios de octubre, India y Pakistán intercambiaron constantes acusaciones. En su discurso, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, propuso cuatro puntos para retomar el diálogo con la India: respetar el alto el fuego, no recurrir a la fuerza, desmilitarizar Cachemira y retirar las tropas en la línea de control (LoC). Sin embargo, la India contestó que tan solo necesitaba un punto: que Pakistán cesara en su apoyo a la insurgencia. En el encuentro al margen de la AGNU de los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de la Conferencia Islámica, el asesor de defensa pakistaní, Sartaj Aziz, declaró que la India apoya diferentes grupos insurgentes en territorio pakistaní y reprime a los cachemires. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Vikras Swarup, no paró de twittear durante el discurso de Sharif mensajes en los que decía que no hacía falta desmilitarizar Cachemira, sino desterrorizar Pakistán, o que Pakistán no era víctima del terrorismo, sino de su propia política. Sharif además, en su intento una vez más de internacionalizar el conflicto, solicitó que sea la Comisión de las Naciones Unidas para la India y Pakistán quien monitorice la actividad a lo largo de la LoC, a lo que India se niega. En la misma cumbre, Sharif entregó al secretario general Ban Ki-moon un dossier con lo que Pakistán considera pruebas fehacientes del apoyo de India a la insurgencia en tres puntos: Baluchistán, Karachi y FATA. Los enfrentamientos en la LoC no han cesado tampoco este mes, con una decena de bajas entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad. En Bandipore, un subinspector de policía conocido por su éxito en la lucha antiterrorista murió en un atentado. (The Express Tribune, Reuters, Dawn, 01-04/10/15; NDTV, 08/10/15)

El Gobierno de Myanmar alcanza un acuerdo de alto el fuego con ocho grupos armados –KNU, KNLA-PC, DKBA, Pa-O NLO, CNF, ALP, ABSDF, RCS/SSA– del total de 21 actores insurgentes en el país. Además de los firmantes otros siete armados habían formado parte del proceso negociador con el Gobierno. De entre los grupos que no se han adherido al acuerdo cabe destacar el UWSA, el SSA o el KIA, grupos que controlan amplios territorios y que poseen numeroso armamento. El acuerdo se firmó en una ceremonia en la que participaron representantes de China, EEUU y Naciones Unidas, pero a la que no asistió la líder del principal partido de la oposición, la NLD, ni otros representantes de esta organización. El presidente de Myanmar señaló que esta firma representa el inicio de un camino hacia la paz. La firma se produjo después de un proceso repleto de dificultades e incluyendo denuncias sobre supuestas presiones de China a varios grupos para que no se adhirieran al acuerdo. Todos los grupos firmantes fueron retirados de la lista de asociaciones ilegales del país tras la firma. Numerosas voces han advertido de la fragilidad del acuerdo, fundamentalmente por no haber logrado abarcar a todas las organizaciones armadas. De hecho, durante todo el mes de octubre se han registrado enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y varios de los grupos armados de oposición que no se han adherido al acuerdo de alto el fuego provocando desplazamiento forzado de población. Se produjeron enfrentamientos entre el Ejército y el KIA en Hpakant y con el SSA-N en Mong Hsu y otras zonas cercanas que forzaron a cerca de 3000 personas a huir. Algunos de los grupos armados firmantes del acuerdo expresaron su preocupación por estos enfrentamientos señalando que ponían en peligro el diálogo político previsto tras el alto el fuego. (The Irrawaddy, 06-21/10/15; The Guardian, 15/10/15)

Uno de los 20 puntos del Plan de Acción Nacional (NAP en sus siglas en inglés) es actuar contra el discurso del odio (apoyo el terrorismo, sectarismo o la violencia política). Las fuerzas de seguridad han detenido a 9.354 predicadores por considerar que promueven el odio. De ellos, 1.345 tienen prohibido hacer discursos durante los días más sagrados (8, 9 y 10) de este mes de Muharram. No obstante, han sido varios los ataques contra imambargahs (como se conoce en el Asia Meridional a las mezquitas chiíes) y la comunidad chií durante la celebración de la Ashura. En Bolan (Baluchistán) un suicida mató a 10 personas en otra mezquita, seis de ellas menores. En Jacobabad (Sind) una procesión fue atacada, provocando la muerte de 22 personas (10 menores) e hiriendo a más de 40. En Quetta, una explosión en un autobús acabó con la vida de 11 personas. Otro de los puntos incluidos en el NAP es el levantamiento de la moratoria de la pena de muerte. El ministro de Interior anunció que hay 6.016 presos condenados a la pena capital en las cárceles pakistaníes. Desde enero de 2015, se han ejecutado cerca de 240 reos. Tras su paso por la Asamblea General de la ONU, el primer ministro Nawaz Sharif se reunió a finales de mes con el presidente estadounidense Barack Obama. Su visita a Washington de cuatro días vino precedida por rumores sobre la propuesta de un pacto nuclear, a raíz de la publicación de un artículo firmado por David Ignatius para The Washington Post. Las autoridades pakistaníes han negado cualquier tipo de negociación para llegar a un pacto similar al que EEUU firmó con la India en 2005. Un atentado contra la oficina del diputado Sardar Amjad Farooq Khan Khosa en Dera Ghazi Khan acabó con la vida de siete personas y causó 13 heridos. El atentado fue reivindicado por la escisión del TTP, Jamaat-ul Ahrar. Un fuerte terremoto con epicentro en el norte de Afganistán también afectó a Pakistán, causando más de 200 muertos y fuertes destrozos. (The Washington Post, 07/10/15; Dawn, The Express Tribune, 19/10/15; Dawn, 22/10/15; The Express Tribune, Dawn 23/10/15; The Guardian, 26/10/15)

Persiste la inseguridad y los incidentes en la capital, Bangui, tras la escalada de la violencia que se produjo a finales de septiembre que causó la muerte de 61 personas y más de 300 heridos, según las fuentes, antes de que las fuerzas internacionales y la misión francesa pudieran restablecer la calma. Durante el mes de octubre han continuado los incidentes esporádicos y una visita de una delegación de representantes de una facción de la antigua Séléka ha provocado un nuevo brote de violencia. Un grupo armado atacó la delegación del UPC el 26 de octubre, ataque en el que murieron cuatro miembros de la delegación y otras tres personas también murieron como consecuencia de las represalias. Esta delegación del UPC, con base en Bambari, habría venido a Bangui para participar en una reunión con las autoridades de la transición y representantes de otros movimientos políticos, militares y de la sociedad civil. La agresión ha desencadenado actos de violencia en diversos barrios y en especial en el barrio de mayoría musulmana PK5. Por otra parte, la muerte de dos jóvenes musulmanes el 28 de octubre ha provocado reacciones de milicias musulmanas contra los habitantes de los barrios de Fatima y Nzangoyen, donde se encontraron los cuerpos de los dos jóvenes. Centenares de personas buscaron refugio en la Iglesia de Notre Dame de Fatima, que las milicias intentaron atacar, aunque por el momento no se dispone de un balance de víctimas. El representante especial del secretario general de la ONU, Parfait Onanga-Anyanga, condenó los hechos y también condenó los ataques recientes contra la MINUSCA y contra trabajadores humanitarios en septiembre, destacando que la presencia internacional está en el país para apoyar el proceso, por lo que hizo un llamamiento a todos los grupos armados a comprometerse con el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado en Brazzaville en julio de 2014 y el acuerdo de Bangui de mayo de 2015. El representante especial destacó que este ataque coincidía con el diálogo que existe en la actualidad que pretende alcanzar un acuerdo para establecer un nuevo calendario electoral entre la presidenta, los diferentes movimientos políticos y militares y la comunidad internacional. El calendario tentativo que se estaría discutiendo estaría proponiendo fijar el referéndum constitucional el 13 de diciembre, la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 27 de diciembre y la segunda vuelta el 7 de febrero. Francia y Chad han reclamado la celebración de las elecciones antes de que se acabe 2015 y el fin del periodo de transición. (Jeune Afrique, 16, 27 y 29/10/15; UN, 28/10/15)

Según el informe publicado el 22 de octubre por el Grupo de Expertos de la RDC, las operaciones militares contra los grupos armados del este del país –en especial, contra las FDLR y las ADF– han tenido un éxito limitado y no se han desmantelado los grupos. Los grupos armados siguen constituyendo una amenaza para la paz y la estabilidad de la zona. Además, se siguen traficando ilegalmente recursos naturales y los grupos armados y algunos oficiales de las FARDC todavía se benefician de su explotación y de los impuestos que se cobran por ellos. En Rwanda se siguen vendiendo en el mercado negro las etiquetas destinadas a localizar los minerales y concebidas para garantizar su rastreabilidad, lo que puede dar lugar a que minerales procedentes de zonas de conflicto del este de la RDC ingresen al mercado internacional. El Grupo recibió información de que continúa el contrabando de estaño, tántalo y tungsteno procedente del este de la RDC a través de la frontera con Rwanda, lo que concuerda con las conclusiones que presentó el Grupo en anteriores informes de los últimos años. Además, a pesar de diversas medidas destinadas a mejorar el marcado y registro de armas y la gestión de existencias en el país, el Grupo destacó que esas medidas no son exhaustivas y permiten que se sigan transfiriendo armas y municiones a grupos armados. Finalmente, el informe también destacó que muchos grupos armados que operan en el este del país siguieron reclutando y utilizando a menores. (Consejo de Seguridad de la ONU, S/2015/797 de 16/10/15)

El ministro de Seguridad de la región autónoma de Puntlandia Puntlandia, Abdi Hirsi Ali (Qarjab) afirmó a la agencia VOA que la progresiva falta de recursos para financiar el esfuerzo de guerra por parte de al-Shabaab y la caída de los ingresos de al-Qaeda, su aliado, está aproximando al movimiento armado islamista hacia Estado Islámico (ISIS). Recientemente uno de los principales ideólogos de al-Shabaab, el clérigo radical Abdulkadir Mumin, desertó a ISIS, cuyo líder Abu Bakr al-Baghdadi busca ampliar su influencia en Somalia. Mumin, junto a otros ideólogos de al-Shabaab en el norte de Somalia como Ga’amey, Kutubo y Bashir Shire, han discutido en torno a ofrecer su lealtad a ISIS. Tras una semana de conversaciones secretas en Galgala, Mumin se puso en contacto con representantes de al-Shabaab en el sur del país para informarles de los resultados de estas conversaciones, aunque diversas facciones favorables a al-Qaeda manifestaron su oposición a esta propuesta de la rama noreste de al-Shabaab y al menos unos 30 combatientes fueron encarcelados por acercarse a ISIS. En este sentido, se teme que la rama de al-Shabaab en el norte de Somalia podría estar reflexionando en torno a una inminente fusión con ISIS, lo que supondría la división de al-Shabaab en dos facciones. En la localidad de Jilib, al sur de la ciudad portuaria de Kismayo, en el sur del país, la situación es tensa desde julio cuando el vicecomandante de al-Shabaab, Mahad Karate, presionó al líder de al-Shabaab, Abu Ubaidah, para que aceptase alcanzar un acuerdo de lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS. En marzo, al-Baghdadi invitó a Abu Ubaidah a sumarse a ISIS, y aunque en julio, según Garowe Online, parecía que Abu Ubaidah podría romper sus relaciones con el líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, parece que esta decisión no tiró adelante. Por otra parte, cabe destacar que el Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea de la ONU condenó al Gobierno de Puntlandia por fracasar en su persecución a al-Shabaab y por no poner fin a la venta de licencias ilegales de pesca a clientes extranjeros. El Grupo también anunció que no halló pruebas de que Eritrea estuviera apoyando a Al-Shabaab. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el embargo de armas en Somalia y en Eritrea hasta noviembre de 2016 y también amplió el mandato del Grupo de Supervisión hasta diciembre de 2016. El Grupo remarcó, entre otras cuestiones, que aunque el Gobierno Federal ha llevado a cabo importantes reformas, la cultura de corrupción sigue todavía muy presente en el seno de la administración federal y la influencia de la facción Damul Jadid, a la que pertenece el presidente, es determinante. (UN, 23/10/15; Garowe Online, 15, 22, 24, 27/10/15

Los líderes rebeldes de las áreas del este de Ucrania anuncian el retraso de las elecciones que tenían previsto celebrar de manera unilateral el 18 de octubre y el 1 de octubre en Donetsk y Lugansk, respectivamente. El anuncio sigue al compromiso alcanzado en la cumbre del 2 de octubre en París entre los líderes de Ucrania, Alemania, Francia y Rusia (formato de Normandía) de que se puedan celebrar los comicios en las zonas del este a comienzos de 2016 mediante una futura ley electoral especial para ello –diferente de la legislación electoral para el resto del Estado, bajo el marco del cual se han celebrado las elecciones locales en el resto de Ucrania el 25 de octubre. Además de esa nueva ley electoral, el paquete de compromisos incluye que se completen una ley de amnistía y un nuevo estatus constitucional para las áreas actualmente bajo control rebelde. Los detalles sobre estos temas habrán de ser objeto de nuevas negociaciones. Algunos análisis apuntan a la presión ejercida sobre Ucrania durante la cumbre, mientras otros medios señalan presión sobre Rusia para que no se celebrasen los comicios unilateralmente. Por otra parte, durante octubre continuó la situación de relativa calma en el terreno, en línea con la desescalada de septiembre, tras la entrada en vigor del alto el fuego el 1 de septiembre. La desescalada en Ucrania coincide en el tiempo con el lanzamiento de la campaña de Rusia en Siria. Las fuerzas ucranianas y las fuerzas rebeldes pro-rusas llevaron a cabo la retirada de tanques y artillería de menos de 100 milímetros de calibre, tras el acuerdo alcanzado a finales de septiembre. Se produjeron algunos incidentes aislados. Pese a la reducción de la violencia, continuó la tensión entre Ucrania y Rusia. En el marco de esa confrontación, se cancelaron los vuelos directos entre ambos países. (New York Times, El País, RFE/RL, 01-26/10/15)

Tras la restauración del Gobierno de Transición después de que fracasara el golpe de Estado del 16 de septiembre por la guardia presidencial (RSP), encabezada por el general Gilbert Diendéré, las Fuerzas Armadas burkinesas han logrado la rendición y el desarme del cuerpo de elite militar que ha sido disuelto por decreto presidencial. Diendéré, refugiado provisionalmente en la embajada del Vaticano, ha sido imputado junto al exministro de Exteriores, Djibrill Bassolé, y otras 21 personas, por "atentar contra la seguridad del Estado”. El líder golpista también ha sido acusado de otros 10 cargos, entre los que se encuentra el de delitos de lesa Humanidad, que podría acarrear la pena de muerte, según ha informado el director de la Justicia Militar, el coronel Sita Sangaré. El Gobierno de Michel Kafando ha denunciado la implicación de fuerzas extranjeras y yihadistas en el golpe, deteniendo al vicepresidente del grupo tuareg maliense Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), Mahamadu Djeri Maiga, por su presunta relación con los hechos. El Gobierno ha informado que los hechos acontecidos tras el golpe de Estado han dejado un balance de 14 muertos y 251 heridos. Por otro lado, el país está tratando de volver a la normalidad y ha anunciado que las elecciones presidenciales y legislativas que debían celebrarse el 11 de octubre, pospuestas por el golpe, finalmente se realizarán el 29 de noviembre. La UE ha informado que desplegará una misión de 80 observadores electorales, encabezada por la eurodiputada socialista de origen congoleño, Cecile Kyenge, para supervisar el desarrollo de los comicios. En otro orden de asuntos, medios locales han informado de la presentación de los resultados parciales de la autopsia y pruebas balísticas realizadas a los restos del expresidente Thomas Sankara y los doce oficiales asesinados junto a él, quedando pendiente la realización de pruebas de ADN. La autopsia ha mostrado que el cadáver de ex presidente presenta numerosas heridas de bala. Para la familia de Sankara las pruebas demuestran que fue ejecutado a tiros con municiones identificadas de uso exclusivo del Ejército. (Deutsche Welle, 30/09/15; IRIN, 01/10/15; Europa Press, 02,06,14,15/10/15; Al-Jazeera, 16/10/15; Africa Times, 17,19/10/15)

El 25 de octubre se han celebrado elecciones presidenciales en el país, que corresponden a los primeros comicios por la presidencia después de la crisis desatada tras las elecciones de 2010 que se saldó con más de 3.000 personas muertas. El equipo de observadores internacionales de la ECOWAS ha reportado que las elecciones se han desarrollado en un clima de paz y transparencia, donde no se han registrado incidentes de consideración. Con una población cercana a los 23 millones de habitantes, 6.3 millones de personas se han registrado para participar en los comicios, siendo la participación final resultante del 54,63% del censo. La Comisión Electoral Independiente (CEI) ha hecho público el escrutinio final que ha dado la victoria al presidente Alassane Ouattara, quien ha sido reelegido para un segundo mandato por el 83.66% de los electores (2.118.229 votos), por lo que no tendrá que celebrarse una segunda vuelta al haber obtenido mayoría absoluta. En otro orden de asuntos, la Corte Penal Internacional ha informado que el juicio contra el ex presidente Laurent Gbagbo, y el ex ministro de Cultura, Charles Blé Goudé, acusados de crímenes contra la humanidad, que estaba previsto para celebrase el 10 de noviembre, se ha aplazado al 28 de enero el 2016. (Deutsche Welle, 26-28/10/15; Reuters, 27,29/10/15; Al-Jazeera, 28/10/15; Jeune Afrique, 28/10/15; Europa Press, 28/10/15)

El secretario del equipo negociador del Gobierno, el general Nakrob Boonbuathong, anuncia la intención de Bangkok de celebrar la primera ronda de negociaciones oficiales con la organización paraguas MARA Patani (que agrupa a seis grupos insurgentes que operan en el sur de Tailandia) a mediados de noviembre, aunque también señaló que para que eso suceda antes debe haber varios encuentros informales entre ambas partes. Nakrob Boonbuathong restó importancia al comunicado que el 12 de octubre emitió una facción del BRN ¬-el principal grupo que opera en el sur de Tailandia, y que de hecho cuenta con tres de los siete miembros del equipo negociador de MARA Patani, incluyendo a su presidente Awang Jabat- en el que criticaba al Gobierno y mostraba su escepticismo respecto de las actuales negociaciones. Entre otras cuestiones, el comunicado exigía el reconocimiento de la nación Patani (y por tanto de su derecho a la autodeterminación) y la presencia de mediadores y observadores internacionales en las conversaciones de paz. En anteriores ocasiones, ambas condiciones habían sido rechazadas por el Gobierno, aunque en esta ocasión no ha habido ninguna reacción oficial por parte de Bangkok e incluso un miembro del equipo negociador gubernamental declaró que actualmente todo está encima de la mesa de negociación. El comunicado muestra la voluntad del BRN de alcanzar el fin del conflicto a través del diálogo, pero a la vez advirtió que el proceso de paz no puede erigirse en un subterfugio utilizado por el Gobierno para frenar los avances del pueblo Patani. El comunicado también considera que la causa principal del actual conflicto en el sur de Tailandia es la colonización de una nación por parte de otra. El Gobierno reconoció abiertamente que en el seno del BRN existen posiciones encontradas respecto al proceso de paz, pero a la vez aseguró que mantiene un contacto fluido con el grupo y que las conversaciones de paz seguirán el curso previsto. (The Straits Times, 13/10/15; Benar News, 12/10/15)

El premio Nobel de la Paz 2015 recae en el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez por el papel desempeñado por el grupo durante el proceso de transición en el país norteafricano. Formado en 2013, el Cuarteto –integrado por la Unión General de Trabajadores de Túnez, la Confederación de Comercio e Industria, la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la Orden de Abogados de Túnez¬– tuvo un rol clave en medio de la escalada de tensión entre sectores islamistas y seculares, que amenazó con desbaratar el proceso de transición iniciado tras el derrocamiento de Zine el Abidine Ben Alí en 2011. El Cuarteto ofició de mediador en medio de la polarización en Túnez, que se había acentuado tras el asesinato de dos altos dirigentes políticos de la oposición secular. Su intervención permitió el traspaso del poder del Gobierno dominado por los islamistas de Ennahda a una administración tecnócrata, facilitando la aprobación de la nueva Constitución a principios de 2014 y posteriormente la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. El comité de los Nobel destacó que el Premio pretende reconocer el coraje de la población tunecina que, a pesar de los múltiples desafíos, ha apostado por la vía del consenso y el diálogo, convirtiéndose así en un referente para otros países de la región. El galardón también fue considerado un reconocimiento a la aportación a la paz desde la sociedad civil. Tras la concesión del premio, diversos análisis destacaron que el país enfrenta aún diversos retos, sobre todo de seguridad –como quedó en evidencia tras los atentados en la capital y el balneario de Soussa, en marzo y junio de este año, respectivamente–, políticos y económicos, entre otros. (Foreign Policy, 09/10/15; Diario/Radio Universidad de Chile, 11/10/15; Le Monde, 09, 10, 13/10/15)