La situación de las personas que huyen de conflictos y múltiples formas de violencia a través de Libia y por la ruta central del Mediterráneo rumbo a Europa es objeto de alerta tras las denuncias de diversas ONGs y organismos internacionales. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2017 un total de 326 personas habían muerto intentando cruzar desde Libia a Italia. Esta cifra representa un incremento de 300% respecto al mismo período del año anterior. Durante todo 2016 un total de 4.579 personas perdieron la vida intentando cruzar el Mediterráneo entre Libia e Italia –1.700 más que en 2015–, entre ellas unos 700 menores. Se calcula que la cifra real puede ser muy superior, ya que no hay registro de todos los naufragios y ahogamientos producidos en esta ruta del Mediterráneo. A finales de febrero, UNICEF alertó también sobre la situación de mujeres y menores refugiados en Libia, advirtiendo que son objeto de múltiples abusos, incluyendo violencia sexual. Según el informe de la organización, basado en entrevistas a 122 personas refugiadas –82 mujeres y 40 menores–, tres cuartos de los menores consultados reconocieron haber sido objeto de agresiones, acoso y violencia durante su viaje a Italia y casi la mitad de las mujeres y los menores aseguraron haber sido víctimas de violencia sexual en múltiples ocasiones y en varios lugares. A las menores se les estaría suministrando tratamientos anti-conceptivos para evitar que se queden embarazadas producto de las violaciones. Según UNICEF, se lograron identificar 34 centros de detención controlados por las autoridades libias, pero existe un número indeterminado bajo control de grupos armados y milicias. En ambos casos, mujeres y menores describieron situaciones de hacinamiento, falta de comida y de agua. En este contexto, la UE dio apoyo a un acuerdo entre Italia y Libia para contener la llegada de personas refugiadas y migrantes a Europa. El convenio, que incluye financiamiento para campos para migrantes controlados por el gobierno libio, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. (The Guardian 21, 28/02/17; al-Jazeera, 28/02717; Deutsche Welle, 03/02/17; Reuters, 19/02/17)

La relatora especial de Naciones Unidas para Myanmar, Yanghee Lee, denuncia los graves abusos y violaciones a los derechos humanos padecidos por los grupos de personas refugiadas Rohingyas desplazadas a Bangladesh como consecuencia de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de Myanmar en el estado Rakhine. Estos abusos incluyen ejecuciones sumarias, violencia sexual, incendio de viviendas con personas en el interior, entre otros graves atentados. La relatora ha demandado que de manera urgente se lleve a cabo una investigación parcial e independiente de estas operaciones de seguridad que se iniciaron el pasado mes de octubre en respuesta a la acción armada del recién creado grupo HaY. Estas denuncias se suman a otras peticiones diplomáticas para que se establezca una comisión de investigación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, las Fuerzas Armadas señalaron que más de 100 soldados habían muerto en los enfrentamientos que se produjeron en los meses de noviembre y diciembre en el estado Shan con los grupos armados agrupados bajo el paraguas de la Northern Alliance (MNDAA, AA, TNLA y KIA). A la ofensiva iniciada por la insurgencia le siguieron ataques aéreos de las Fuerzas Armadas. (The Irrawaddy, 28/2/17)

Un atentado reivindicado por ISIS contra el santuario sufí de Sehwan en la provincia de Sindh causa la muerte de al menos 88 personas, 20 de ellas menores. El atentado suicida es el más mortífero que ha tenido lugar en Pakistán desde el ataque de diciembre de 2014 contra un colegio en Peshawar en el que murieron más de 150 personas, la mayoría estudiantes. Centenares de personas resultaron heridas después de la explosión realizada por un atacante suicida, situación que se vio agravada por el hecho de que el santuario se halla a más de 70km del hospital más cercano. Las fuerzas de seguridad señalaron que al menos 39 personas resultaron muertas en las operaciones de seguridad iniciadas posteriormente al atentado. El Gobierno pakistaní cerró dos puntos fronterizos con Afganistán y requirió a las autoridades de este país que actuaran contra 76 personas que se hallaban en territorio afgano y a las que se vinculó al atentado. Pakistán ha acusado a Afganistán de no actuar contra los grupos armados que operan en su territorio. En paralelo a este atentado en las últimas semanas se han producido otros ataques que también ocasionaron víctimas mortales. Tres policías y dos civiles murieron como consecuencia de un atentado suicida perpetrado en la Mohmand Agency por dos atacantes que también fallecieron. El atentado fue reivindicado por la facción talibán Jamaat-ul-Ahrar. Por otra parte, las autoridades pakistaníes iniciaron un proceso de reforma administrativa de las áreas tribales del país, en el marco de un plan de desarrollo a 10 años, que incluirá la integración en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. (Al Jazeera, 17, 18/2/17)

Se producen enfrentamientos entre facciones de la antigua coalición Séléka en el centro y este del país, en las localidades de Bambari y sus alrededores, en Bria y en Kaga Bandoro, que habrían causado una veintena de víctimas rebeldes. El líder del grupo armado ex Séléka FPRC, Nourredine Adam y otras facciones aliadas, apoyado por mercenarios chadianos y sudaneses, han lanzado una ofensiva para recuperar el control de Bambari (centro), que se encuentra bajo el control de la antigua facción de Séléka UPC, de Ali Darassa. La misión de la ONU ha abierto fuego y se ha enfrentado a unidades del FPRC que se dirigían a Bambari, enfrentamiento en el que podría haber muerto el general Zoundeko, líder militar de la antigua Séleka. La organización de defensa de los derechos humanos HRW ha acusado al grupo UPC de haber cometido crímenes de guerra en diciembre de 2016 como consecuencia de la ejecución de 32 civiles en la localidad de Bakala, en el centro del país. (Jeune Afrique, 03, 17, 20 y 22/02/17)

Persisten las acciones de violencia e inestabilidad en el sur y este del país. En este sentido, se ha producido la masacre de 25 civiles de la comunidad hutu a principios de febrero por parte de la milicia Mai Mai Mazembe en la localidad de Kyaghala, provincia de Kivu Norte. Esta milicia está formada de miembros de las comunidad nande, hunde y kobo y se enfrenta a la milicia del grupo Nyatura, el brazo armado de las Fuerzas Democrática de Liberación de Rwanda (FDLR). Por otra parte, se ha constatado la reemergencia del grupo armado M23 tras producirse enfrentamientos Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y el grupo armado, en los que las FARDC afirman haber ejecutado a 16 rebeldes. En paralelo, ha circulado un vídeo que mostraba a las FARDC abrir fuego de forma indiscriminada contra la población civil en la provincia de Kasai, acción en la que habrían muerto al menos 20 civiles, lo que ha provocado la condena nacional e internacional. El Gobierno de Kinshasa ha calificado el vídeo de ser un montaje mientras que la ONU ha solicitado que se lleve a cabo una investigación de los hechos. El 11 de febrero, días antes de que circulase este vídeo del que todavía no se conoce la autoría pero sí que muestra como las FARDC disparan a población civil desarmada que canta en tshiluba, la lengua de Kasai, la ONU había manifestado su preocupación ante la persistencia de la violencia en las tres provincias de Kasai, en el sur, entre las FARDC y la rebelión Kamwina Nsapu, en concreto en la zona sur de la provincia de Kasai central, donde habrían muerto entre 50 y 100 personas, según informaciones no confirmadas. En el vídeo se cita la localidad de Mwanza-Lomba, localidad situada en Kasai Oriental. Esta zona se ve afectada por una oleada de violencia desde septiembre por un conflicto entre el poder central y el jefe local Kamwina Nsapu, que fue asesinado en agosto en una operación militar. Posteriormente el Gobierno ha anunciado la ceración de una comisión de investigación. (Jeune Afrique, 18, 19, 22/02/17)

Informes de ONGs internacionales alertan sobre diversos abusos cometidos por el régimen de Bashar al-Assad durante febrero. Un informe de Amnistía Internacional denunció que en los primeros cinco años del conflicto armado en el país al menos 13.000 opositores habían sido ejecutados, a través de ahorcamientos masivos, en la prisión militar de Saydanya como parte de una estrategia de exterminio de disidentes ordenada por las máximas autoridades del país. Muchos otros detenidos habrían fallecido por torturas y falta de alimentos según explicaron guardias y exprisioneros, que entregaron antecedentes sobre la situación en esta cárcel hasta finales de 2015. Human Rights Watch también alertó que las fuerzas del régimen habían perpetrado ataques químicos coordinados en las zonas controladas por la oposición en Alepo durante el último mes de ofensiva sobre la ciudad, que pasó a manos del Gobierno a finales de 2016. Rusia y China vetaron una resolución de la ONU que pretendía imponer sanciones al Gobierno sirio por el uso de armas químicas durante el conflicto. Paralelamente, y pese a la tregua auspiciada por Rusia y Turquía –que excluye a grupos como ISIS y al-Qaeda–, a lo largo del mes se produjeron diversos hechos de violencia. Así, por ejemplo, a principios de febrero un ataque aéreo ruso causó la muerte a tres soldados turcos en el norte de Siria –en un incidente calificado como un error y que fue encausado por vías diplomáticas–; EEUU aseguró haber dado muerte a 11 miembros de al-Qaeda tras ataques en la zona de Idlib, localidad donde ofensivas aéreas rusas habrían causado la muerte de otras treinta personas. Adicionalmente, durante la segunda quincena de febrero se informó de intensos ataques aéreos rusos en áreas dominadas por la oposición en Deraa (sur) para evitar que rebeldes tomaran el control de un cruce fronterizo con Jordania. ISIS también reivindicó un ataque con coche bomba que dejó 51 víctimas mortales en al-Bab (noroeste), en el marco de una operación de fuerzas rebeldes (ESL), apoyadas por Turquía, por recuperar el control de la localidad. En esta zona se produjeron enfrentamientos del ESL con fuerzas del régimen y también con la coalición opositora Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), donde juega un papel preponderante el grupo armado kurdo YPG/YPJ. Al finalizar el mes, una serie de ataques en cadena contra cuarteles estratégicos en Homs provocaron la muerte de al menos 42 personas, entre ellos un responsable de la inteligencia militar. La ofensiva fue reivindicada por una nueva alianza de grupos yihadistas denominada Tharir al-Sham, que incluye a Jabhat Fateh al-Sham, el antiguo Frente al-Nusra. Esta serie de hechos de violencia se produjo mientras se celebraba una nueva ronda de contactos en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. (Amnesty International, 07/02/17; The Guardian, 07/02/17; 01/03/17; HRW, 13/02/17; BBC, 07,24/02/17; al-Jazeera, 17/02/17; New York Times, 09/02/17; Reuters, 07/02/17; El País, 24/02/17)

El 20 de febrero el Gobierno de Sudán del Sur conjuntamente con diferentes agencias de la ONU (FAO, PMA y UNICEF), han declarado de manera oficial la hambruna en diferentes zonas del país, sobre todo en algunos condados del estado de Unidad, la zona más afectada según ha comunicado Isaiah Chol Aruai, presidente de la Oficina Nacional de Estadística de Sudán del Sur. Las agencias de la ONU han estimado que la cifra de personas afectadas directamente es de 100.000 personas, pero podría ascender hasta los 5,5 millones de personas, que representan el 47% de la población, si no se destina ayuda humanitaria de manera urgente. El anuncio ha supuesto la primera declaración oficial de hambruna que se produce en cualquier parte del mundo en seis años, y que a su vez representa la peor catástrofe registrada en el país desde el inicio de la guerra hace tres años. Por otro lado, y según los datos recientemente presentados por la ACNUR, la guerra en Sudán del Sur ha desplazado internamente a alrededor de dos millones de personas, mientras que 1,5 millones han buscado refugio en los países vecinos, acogiendo Uganda cerca de 700 mil sur sudaneses. Solamente durante el mes de enero, la ACNUR ha informado que Uganda ha acogido al menos a 52.000 refugiados sur sudaneses. Estos datos han situado al país como la tercera crisis de refugiados más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán. Durante el mes también se han registrado diferentes enfrentamientos entre tropas gubernamentales y rebeldes en diferentes puntos del país: Upper Nile, Jonglei, River o Bieh. A su vez, a lo largo del mes, altos mandos militares del SPLA han dimitido acusando al Gobierno de Salva Kiir de prejuicios étnicos y de corrupción. Finalmente, a mediados de mes el presidente Kiir ha emitido una orden ejecutiva para la conformación de un comité de alto nivel encargado de realizar los preparativos para la reubicación de la capital de la nación desde Juba hasta el nuevo sitio propuesto en Ramciel. (Radio Tamazuj, 05, 12, 16, 19/02/17; Sudan Tribune, 08, 20/02/17; VOA, 10/02/17; Al Jazeera, 10/02/17; DW, 18/02/17; Reuters, 18, 20/02/17; FAO, 20/02/17; BBC News; 20/02/17)

Decenas de personas mueren en el país como consecuencia de diferentes episodios de violencia durante el mes de febrero, en su mayoría civiles víctimas de atentados de la insurgencia, aunque también se produjeron bombardeos por parte de las fuerzas estadounidenses que ocasionaron víctimas civiles. En uno de los incidentes más graves murieron al menos 20 personas como consecuencia de un atentado suicida contra la sede del tribunal supremo en Kabul. Además 41 personas resultaron heridas después de que un hombre detonara un cinturón cargado de explosivos al paso de un autobús en el que se desplazaba personal de la administración de justicia. En la provincia de Jowzjan, seis trabajadores afganos de la Cruz Roja murieron tras ser atacados mientras se desplazaban por carretera en un convoy humanitario que fue tiroteado. Afganistán es uno de los países del mundo en el que los trabajadores humanitarios sufren más ataques armados, solo superado por Sudán del Sur. Otras siete personas, cuatro civiles y tres soldados, murieron en la ciudad de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand después de la explosión de un coche bomba que estalló al lado de un vehículo militar. En esta misma provincia 18 civiles murieron como consecuencia de un bombardeo estadounidense. Además, en la provincia de Nangarhar, 33 supuestos integrantes de ISIS y cinco policías murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad y de los bombardeos estadounidenses. En la provincia de Paktika el estallido de una bomba en una carretera al paso de un vehículo en el que viajaban civiles causó la muerte de 12 personas. (The New York Times 16/2/17; The Guardian, 7, 12/2/17; Al Jazeera, 11/2/17)

Se incrementa de nuevo la tensión en torno al conflicto de Nagorno-Karabaj, con nuevos episodios de violaciones del alto el fuego, considerados en algunos medios como los más graves desde la crisis de abril de 2016. Entre los hechos más graves, enfrentamientos el 25 de febrero causaron diversas víctimas mortales en áreas al sur de la línea de contacto. En el marco de esa confrontación, fuerzas armenias y azerbaiyanas se acusaron de intentos de incursión. A ello se suman otras violaciones del alto el fuego así como mayor militarización en zonas centrales. El Grupo de Minsk de la OSCE –órgano mediador en el conflicto– alertó de que se había desplazado equipamiento militar pesado hacia posiciones más próximas a la línea de contacto, e instó a las partes a abstenerse del uso de la fuerza. Además, los co-mediadores llamaron a las partes a mostrar más flexibilidad y a reanudar las negociaciones sustantivas, con el fin de alcanzar un acuerdo duradero lo antes posible. El contexto de militarización se produce también en un contexto de escalada del gasto militar en los últimos años por los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán. Por otra parte, Nagorno-Karabaj celebró un referéndum –sin reconocimiento internacional– sobre cambios constitucionales, que incluían el paso de una república semi-presidencial a un régimen presidencial. La consulta tuvo una participación del 76%, con en torno a un 90% de los votos a favor, según las autoridades locales. (OSCE, Reuters, RFE/RL, 1-28/2/17)

La ONG Global Witness ha denunciado en un informe hecho público el 31 de enero, bajo título “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”, como el país se ha convertido en el lugar más peligroso para las personas activistas defensoras del medioambiente, habiendo registrado 123 activistas de la tierra y el medio ambiente asesinados desde el golpe de estado de 2009, siendo otros muchos amenazados, atacados o encarcelados. La ONG ha reportado que durante el año 2016 se han registrado 13 asesinatos de activistas medioambientales, entre ellos, el de la líder de la organización Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, quien resulto asesinada el 3 de marzo de 2016 en su domicilio en La Esperanza. La presentación del informe ha sido recibida de manera crítica por empresarios y funcionarios de alto nivel hondureños, según denunció Global Witness, quien ha exigido a las autoridades hondureñas que investiguen los hechos denunciados y protejan a las personas defensoras de los derechos humanos en el país. (Global Witness, 31/01/17 y 07/02/17)

Tras anunciar el control de la zona este de Mosul a finales de enero después de tres meses de combates, las fuerzas iraquíes retoman la actividad armada para expulsar a ISIS del área este de la ciudad. Según informaciones de prensa, en el operativo de las fuerzas iraquíes estarían participando unos 30.000 efectivos. La ofensiva en la zona occidental de Mosul, donde se han replegado combatientes de ISIS -unos 3.000, según estimaciones- y donde se concentra el mayor número de población -la ONU calcula que hay atrapados unos 750.000 civiles- se inició el 19 de febrero y a finales de mes había llevado a las tropas iraquíes a asumir el control del aeropuerto, a cruzar el río Tigris y a tomar el control de uno de los cinco puentes -en la actualidad destruidos- que conectan ambas orillas de la ciudad. Funcionarios iraquíes aseguraron que ISIS contaría con más apoyos de la población en esta área de la ciudad que en la zona oriental y que el grupo armado preparaba una campaña de emboscadas. Según ha trascendido, el grupo armado ha reclutado forzosamente a hombres y a menores, estaría utilizando a comunidades como escudos humanos y estaría utilizando aviones no tripulados (drones) como herramientas de reconocimiento, pero también para lanzar algunos artefactos explosivos sobre las tropas iraquíes. Ante el avance en el oeste, ISIS estaría recurriendo además a francotiradores, misiles anti-tanques y atacantes suicidas con coches bomba. Durante febrero el grupo armado también reivindicó acciones en Bagdad, entre ellas un ataque en la zona sur de la ciudad que dejó 52 víctimas mortales, el incidente más grave de este tipo ocurrido en Iraq en lo que va de 2017. Paralelamente, cabe destacar que la ONU advirtió sobre la situación de la población civil atrapada en Mosul, en un escenario de creciente escasez de combustible, alimentos y con servicios de agua y electricidad escasos. Otra fuente de preocupación son las personas que están intentando huir de la violencia en Mosul. Desde mediados de octubre y hasta febrero unas 217.000 personas habían huido sólo desde la zona este de la ciudad. Asimismo, grupos de derechos humanos alertaron sobre las imágenes de hombres vestidos con uniformes de las fuerzas iraquíes golpeando y asesinando a personas desarmadas en las calles de Mosul que aparecieron en redes sociales. (El País, 28/02/17; The Guardian, 16,19,24/02/17; al-Jazeera, 27/02/17)

A finales de enero se produce la explosión de un coche bomba lanzado contra la entrada del Hotel Dayah, frecuentado por representantes políticos, situado cerca del Parlamento y del Palacio Presidencial, además del posterior ataque de un numeroso grupo de militantes de al-Shabaab que han penetrado en el recinto del hotel, y una segunda explosión en los alrededores del hotel de un segundo coche bomba, que pretendía atentar contra los servicios de emergencia, policías y periodistas que se acercaron al lugar de los hechos. En esta acción bélica han muerto 28 personas y otras 43 han resultado heridas. En otro atentado días después de la elección de Mohamed Abdullahi Mohamed, el 19 de febrero han muerto 39 personas y otras 50 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de otro coche bomba en una zona de alta densidad de comercios en el barrio de Madina, en el sur de la capital, Mogadiscio, un día después de que al-Shabaab amenazara de llevar a cabo una guerra sin piedad contra el nuevo presidente somalí y su Gobierno. En paralelo, se han producido otras acciones bélicas de menor intensidad durante el mes. (Jeune Afrique, 25/01/17, 19/02/17)

Durante el mes de febrero se han vuelto a registrar en el país nuevos brotes xenófobos. El 24 de febrero, una manifestación en Pretoria frente al Ministerio de Exteriores, convocada por residentes de Mamelodi, ha protestado contra la presencia de inmigrantes ilegales en el país, a los que han acusado de traer la delincuencia. El énfasis se puso en la comunidad nigeriana, que sufrió diferentes ataques en Pretoria (Mamelodi y Atteridgeville) y Johannesburgo. La violencia contra la comunidad nigeriana se ha dirigido principalmente contra establecimientos y negocios, muchos de ellos fueron saqueados, lo que ha provocado que la embajada nigeriana en el país recomendase a sus conciudadanos el cierre temporal de sus negocios, así como ha generado que el Gobierno nigeriano pidiese la intervención de la UA. El Gobierno de Nigeria ha informado que durante los ataques no se han producido víctimas mortales nigerianas, contradiciendo informaciones aparecidas en la prensa sudafricana. A raíz de estos acontecimientos también se han registrado represalias en Nigeria contra empresas sudafricanas, siendo atacadas algunas sedes en Abuja. Los incidentes en Sudáfrica han recordado a los hechos registrados en 2008, que dejaron un balance de alrededor de 60 personas muertas en diferentes ataques contra extranjeros, y los producidos en abril de 2016, donde al menos seis personas perdieron la vida. (News24 Wire, 24/02/17; Premium Time, 24/02/17; SANews, 25/02/17; Vanguard, 25/02/17)

La campaña previa al referéndum de abril sobre los cambios constitucionales en Turquía que aspiran a transformar el régimen parlamentario en presidencialista asiste a un marcado incremento de tensión política, de la mano de la retórica gubernamental que estigmatiza la opción del “no” asemejándola a la posición de “organizaciones terroristas”. En numerosas intervenciones altos cargos han hecho referencia a que el “no” es la opción de grupos como el PKK y FETÖ (siglas usadas en referencia al movimiento religioso liderado por el clérigo musulmán Fetullah Gülen, al que se acusa de orquestar el fallido golpe militar de julio de 2015). En paralelo, se ha mantenido la presión judicial y policial contra el movimiento nacionalista kurdo y sectores acusados de apoyar al PKK, en el marco de las purgas masivas a través de decretos amparados en el estado de emergencia. Un balance del HDP del 13 de febrero elevaba a 318 personas –entre gestoras del partido, co-líderes de distritos provinciales y miembros del partido– las detenidas solo en ese día, y a 859 las detenciones de sus miembros desde inicios de 2017. Desde finales de julio de 2015, más de 9.700 miembros del HDP fueron puestos bajo custodia y más de 2.900 encarcelados. Organizaciones y activistas locales e internacionales han denunciado el alcance indiscriminado de las purgas en el conjunto del país, que han alcanzado a múltiples sectores, más allá del movimiento kurdo. Durante febrero otros 330 académicos fueron expulsados, como parte de 4.464 trabajadores públicos expulsados por un nuevo decreto. 115 de los académicos eran firmantes de la declaración pro-diálogo promovida por la iniciativa Académicos por la Paz. Por otra parte, la co-líder del partido político pro-kurdo HDP Figen Yüksekdag perdió su escaño parlamentario como consecuencia de una sentencia condenatoria (80 años) por supuestos vínculos con el PKK. El co-líder Selahattin Demirtas fue condenado en febrero a cinco meses de prisión. El parlamentario Idris Baluken fue arrestado de nuevo en febrero. Representantes prominentes del movimiento kurdo, como el alcalde de Mardin y ex diputado Ahmet Türk, hicieron nuevos llamamientos al abandono de la violencia y de la negación de la identidad kurda. Por otra parte, el conflicto armado entre el Estado y el PKK siguió activo, con nuevos bombardeos del Ejército contra objetivos del PKK en el norte de Iraq, aunque se redujeron los ataques en febrero, con respecto a enero. Asimismo, se intensificaron los contactos diplomáticos entre representantes turcos y estadounidenses en torno a Siria y el dossier kurdo. Aumentó el foco de atención también sobre la posición de Rusia en torno a la cuestión kurda regional. Así, entre otros hechos, se celebró en Rusia una conferencia regional con representantes kurdos de Turquía, Siria, Iraq e Irán, aunque sin participación del Gobierno ruso. (Hürriyet, Firat, Reuters, New York Times, 1-28/2/17, 1/3/17)

Decenas de personas murieron y otras tantas resultaron heridas entre finales de enero y principios de febrero debido a una grave escalada de la violencia en zonas en torno a Avdiivka, Yasnyuvata y el aeropuerto de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo Trilateral de Contacto (Ucrania, Rusia, OSCE) y representantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk emitieron un llamamiento conjunto de alto el fuego. Tras reuniones en Munich a mediados de mes entre los ministros de Exteriores de Ucrania, Alemania, Francia y Rusia se acordó un nuevo alto el fuego que entró en vigor el 20 de febrero. La escalada había generado graves impactos humanitarios, incluyendo obstáculos de acceso agua y electricidad. En el conjunto de la zona de conflicto la situación continuó presentando elevada inseguridad humana. UNICEF alertó sobre la necesidad de ayuda humanitaria urgente de 1 millón de niños y niñas, casi el doble que en el mismo periodo el año anterior. Pese al llamamiento al alto el fuego y su entrada en vigor, también se produjeron incidentes de seguridad en las semanas siguientes. Entre los hechos de violencia, la misión de la OSCE registró un incremento del 20% de violaciones del alto el fuego entre el 6 y el 12 de febrero en áreas en el este y noreste de Mariúpol –ciudad portuaria estratégica, bajo control de Ucrania–. También se produjeron numerosas violaciones en torno al suroeste de Horlivka y se detectó presencia de armamento en zonas de retirada de armas. Por otra parte, escaló en febrero la tensión en torno al bloqueo ejercido desde el 25 de enero a las líneas ferroviarias que conectan las repúblicas de Donetsk y Lugansk con el resto de Ucrania por parte de sectores asociados a los batallones voluntarios ucranianos combatientes en la guerra, que también protagonizaron protestas contra el Gobierno y algunos choques con la Policía. El bloqueo ha paralizado el suministro de carbón procedente de la cuenca minera del Donbás, así como del hierro procedente de áreas bajo control ucraniano hacia el sector metalúrgico del Donbás, con impactos económicos significativos a ambos lados del conflicto. El Gobierno ucraniano dictó el estado de emergencia en el sector energético. Tras un ultimátum emitido por los dirigentes de Donetsk y Lugansk, que acababa el 28 de febrero, unas cuarenta empresas en el Donbás fueron nacionalizadas por las autoridades rebeldes, con la intención de exportar el carbón a Rusia. (NY Times, Itar Tass, RFE/RL, Reuters, 1-28/2/17, 1/3/17)

Jovenel Moïse, candidato del partido de Gobierno Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), ha sido proclamado nuevo presidente de Haití luego de su victoria por mayoría absoluta en la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados el 20 de noviembre de 2016, cuyo conteo final se hizo público el 3 de enero de 2017. Moïse ha obtenido el 55,60% de los votos, quedando en segundo lugar el candidato de la Liga Alternativa para el Progreso y la Emancipación de Haití (LAPEH), Jude Célestin, que obtuvo el 19,57%. La investidura de Jovenel Moïse se ha producido el 7 de febrero, convirtiéndose en el presidente número 58 de la historia del estado haitiano. El nuevo presidente ha declarado como objetivo principal fortalecer las instituciones estatales. Su investidura ha supuesto para el país retomar el orden constitucional después de la crisis política abierta desde finales de 2014. (Haití Libre, 03/01/17 y 07/02/17)

El ex primer ministro Mohamed Abdullahi Mohamed, alias “Farmajo” es elegido presidente del país el 8 de febrero, como resultado de la votación de las dos cámaras de representantes. Ha obtenido 184 votos, que suponen más de la mitad de los 329 parlamentarios – 275 diputados y 54 senadores –. Aunque este resultado no le permitía obtener la mayoría de dos tercios necesaria para proclamarse vencedor en la segunda vuelta del escrutinio, el candidato situado en segunda posición, el actual presidente Hassan Sheikh Mohamoud, ha reconocido su derrota evitando la organización de una tercera vuelta. Farmajo, con una reputación de independiente y competente, tiene doble nacionalidad, somalí y estadounidense, y fue primer ministro en 2010, aunque diversas querellas y conspiraciones políticas provocaron su dimisión ocho meses después de su nombramiento. Su elección pone fin a un proceso político de meses de negociación entre los diferentes líderes políticos somalíes, que ha sufrido numerosos retrasos y acusaciones de corrupción y manipulación de votos. 14.000 delegados sobre una población estimada de 12 millones han votado entre octubre y diciembre de 2016 para escoger a los diputados, candidatos que habían sido seleccionados con anterioridad por consenso y representan a cada clan o subclan. Su elección ha desencadenado celebraciones en las calles de Mogadiscio y en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenya, considerado el más grande del mundo. El proceso, que ha sido financiado por EEUU y UE, ha provocado el interés de potencias regionales para extender su influencia estratégica, y EAU, Qatar, Turquía y Arabia Saudita han financiado las campañas de algunos candidatos, lo que indirectamente ha alimentado la corrupción. (Jeune Afrique, AP, 08/02/17)