Kabul, capital del país, fue escenario de varios atentados que causaron decenas de víctimas mortales. El 1 de marzo se produjeron dos atentados en los que murieron 15 personas y 50 resultaron heridas. En el primero de los atentados un coche bomba explosionó junto a una comisaría de policía en la zona oeste de la ciudad. El segundo, que tuvo lugar se produjo en las inmediaciones de una oficina de los servicios de inteligencia afganos, el National Directorate for Security. Ambos atentados fueron reivindicados por la insurgencia talibán a través de un comunicado de su portavoz, Zabihulah Muyahid. Días después se produjo otro atentado de enorme gravedad, cuando el hospital de Sardar Daud Khan también en Kabul fue objeto de un atentado en el que murieron 50 personas. El hospital fue atacado por varios hombres armados que entraron en las instalaciones haciéndose pasar por personal sanitario y que iniciaron un tiroteo. Además se produjo la explosión de dos bombas. Los enfrentamientos entre los atacantes y las fuerzas de seguridad afganas se prolongaron durante varias horas. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque algunos análisis señalan que esta organización no tendría la capacidad suficiente para llevar a cabo un ataque de esta magnitud en Afganistán. De ser obra de ISIS se trataría del ataque de mayor complejidad llevado a cabo por esta organización. Posteriormente se produjeron diferentes arrestos en conexión con el atentado, incluyendo varios altos mandos militares, lo que apuntaría a la posibilidad de que el atentado hubiera sido perpetrado con la colaboración de integrantes de las Fuerzas Armadas. La insurgencia talibán, que ya había atacado este mismo hospital años atrás, negó cualquier vinculación con lo sucedido. Las instalaciones sanitarias han sido objeto de ataques en Afganistán con mucha frecuencia, y según un informe de Watchlist on Children and Armed Conflict, entre 2015 y 2016 se registraron más de 240 ataques de este tipo. Varios días después se produjo un nuevo atentado en la capital con la explosión de una bomba al paso de un autobús, en el que murió una persona y nueve más resultaron heridas. (Reuters, 2/3/17; Al Jazeera, 8 y 9/3/17; The New York Times, 13/3/17)

La violencia en el norte del país, en las zonas fronterizas a Mali, ha aumentado significativamente, registrándose durante el mes de marzo diferentes ataques atribuidos a grupos yihadistas que operan en la región, sobre todo al autodenominado Ansarul Islam, dirigido por el predicador burkinés Malam Ibrahim Dicko. Durante el mes se han producido diferentes ataques contra puestos policiales fronterizos y centros escolares. En uno de ellos, registrado el 2 de marzo, el director de una escuela y un civil fueron asesinados por asaltantes motorizados. El día 5 se ha producido otro ataque contra una base militar maliense fronteriza con Burkina Faso, en Boulikessi, que ha provocado la muerte de 11 militares malienses, y ha sido reivindicado por Ansarul Islam, aunque también se lo ha atribuido la recientemente constituida coalición yihadista maliense Jamaât Nasr Al islam wa Al mouminin. El 13 de marzo otra escuela primaria en Baraboulé ha resultado quemada por asaltantes. Los militantes islamistas han exigido que las escuelas enseñen el Corán e impartan las clases en árabe y no en francés. Debido a la inseguridad muchos centros escolares han cerrado en la región norteña y el Gobierno ha prohibido el uso de vehículos de motor en la franja horaria de 5 pm a 6 am para tratar de evitar más ataques. El 23 de marzo, las fuerzas de seguridad burkinesas han informado de la muerte de Harouna Dicko, presunto autor de varios ataques cometidos en la región de Nassoumbou. (RFI, 28/02, 08/03/17; France 24, 28/02, 17/03/17; The Guardian, 03/03/17; BBC, 08, 14/03/17; Journal du Mali, 08/03/17; Jeune Afrique, 10/03/17; Le Pays, 10/03/17; Burkina24, 14/03/17; Le Faso; 23/03/17)

La insurgencia naxalita lleva a cabo el mayor ataque de los últimos dos años contra las fuerzas de seguridad indias y ocasiona la muerte a 12 policías en el estado de Chhattisgarh. Los policías pertenecían la Fuerza de Reserva Central de Policía, encargada de llevar a cabo tareas de contrainsurgencia. El ataque se produjo en una zona con fuerte presencia naxalita y tuvo lugar cuando un centenar de policías se desplazaba desde la base para llevar a cabo un ejercicio. A lo largo del mes de marzo se produjeron diferentes enfrentamientos entre naxalitas y fuerzas de seguridad que causaron varias víctimas mortales. Seis insurgentes murieron en el distrito de Dantewadda también en el estado de Chhattisgarh, uno de los afectados por la violencia, en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. (Indian Express, 18/3/17; The Times of India, 11/3/17)

La ONU hace un llamamiento a las fuerzas de la coalición anti-ISIS liderada por EEUU y al Gobierno iraquí para que revisen con urgencia sus tácticas en el marco de la campaña contra el grupo armado en Mosul, después de que ofensivas aéreas causaran un gran número de bajas civiles en marzo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, hizo la petición después de que el 17 de marzo un ataque de la coalición en al-Jadida, un barrio de Mosul, provocara la muerte de entre un centenar y 240 civiles, según diversas fuentes. Amnistía Internacional denunció que las propias autoridades iraquíes habían advertido a la población civil que permanecieran en sus hogares y no huyeran de la ciudad, por lo que deberían haber tenido en cuenta la alta probabilidad de provocar muertes a civiles en ataques aéreos en una zona tan poblada. Más aún cuando diversas informaciones apuntan a que ISIS está utilizando a civiles como escudos humanos. Según estimaciones de la ONU, en poco más de un mes y hasta el 22 de marzo al menos 307 personas habían muerto en Mosul y otras 95 perdieron la vida en diferentes ofensivas entre el 23 y 26 de marzo. Según datos proporcionados por fuentes militares de EEUU a finales de marzo, un total de 284 miembros de las fuerzas iraquíes habían muerto y otros 1.600 habían resultado heridos en 37 días de duros enfrentamientos en Mosul. En este contexto, fuentes militares citadas por la prensa estadounidense anunciaron que Washington enviaría a otros 200 efectivos a Iraq para apoyar la ofensiva en Mosul –incluyendo un equipo especializado en desactivar bombas y explosivos instalados en carreteras– elevando así a unos 5.000 el número de tropas de EEUU en el país. Según estimaciones de la ONU, antes de que se pusiera en marcha la operación para expulsar a ISIS de Mosul la ciudad contaba con un millón de habitantes, cifra que a marzo se había reducido a unas 400.000 personas que permanecían atrapadas en medio de las hostilidades. Cabe mencionar, además, que según las estimaciones preliminares de Iraq Body Count, unos 1.800 civiles habrían muerto en todo el país en diversos hechos de violencia a lo largo de marzo. (New York Times, 27, 28, 29/03/17; The Guardian, 28, 29/03/17; Washington Post, 28/03/17; Al-Arabiya, 28/03/17; Reuters, 30/03/17)

Se producen graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la coalición de grupos armados de oposición Northern Alliance, integrada por KIA, MNDAA, TNLA y AA. Desde que los enfrentamientos se reiniciaran a principios del mes de marzo miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, desplazándose a campos ubicados en la frontera con China y a la ciudad de Mandalay. Los enfrentamientos se han concentrado en la ciudad de Laukkai, capital administrativa de la región Kokang en el estado Shan y muy próxima a la frontera con China y se podrían haber producido decenas de víctimas mortales, aunque las cifras no han podido ser precisadas de forma independiente. Por su parte, el enviado especial chino para asuntos asiáticos, Sun Guoxiang, hizo un llamamiento a la Northern Alliance para que cesara los enfrentamientos, instando a que se produjera una reunión entre los grupos armados y un representante del Centro Nacional para la Paz y la Reconciliación. Los grupos armados señalaron que los enfrentamientos se habían reanudado en el mes de marzo ante la negativa del Gobierno a que estas insurgencias participaran en el proceso de paz y como respuesta a las ofensivas militares en los territorios controlados por el MNDAA y el TNLA. Por otra parte, en lo que respecta a la situación del estado de Rakhine, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó enviar una misión internacional de investigación a Myanmar, que estará especialmente centrada en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en este estado. La resolución aprobada fue propuesta por la Unión Europea y rechazada por el Gobierno de Myanmar. Un reciente informe de Naciones Unidas documentó que en el marco de la operación militar que se ha desarrollado en los últimos meses en este estado se cometieron asesinatos masivos y violencia sexual. (The Irrawaddy, 8, 10, 1524/3/17; Voice of America)

Un atentado con coche bomba en la ciudad de Parachinar reivindicado por la facción talibán escindida del TTP, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), causa la muerte a 23 personas. El atentado se produjo en las inmediaciones de la entrada para mujeres de un centro de rezo próximo a una mezquita shií, en una zona comercial de la ciudad. Entre las personas fallecidas había una mujer y dos niños. Además, 73 personas resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. El atentado estaba dirigido a la comunidad shií de esta ciudad. Posteriormente, una persona murió y varias más resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra las personas que se manifestaban contra el incremento de los atentados contra la comunidad shií, después de que en enero también la explosión de una bomba en un mercado causara la muerte de 28 personas y dejara 300 heridos. El portavoz de JuA que reivindicó el ataque señaló que formaba parte de la conocida como “operación Ghazi”, contra personas que supuestamente habrían estado involucradas en el asesinato de un ulema en Rawalpindi. Por otra parte, el Gobierno pakistaní reabrió temporalmente los principales pasos fronterizos con Afganistán, que habían sido cerrados en el mes de febrero después de diversos atentados ocasionaron la muerte de más de 130 personas. Días después se registraron enfrentamientos entre soldados pakistaníes e integrantes de los grupos armados de oposición TTP y JuA, que atacaron un puesto militar fronterizo desde territorio afgano. Pakistán acusa a Afganistán de ser un santuario para la insurgencia talibán pakistaní. (Dawn, 1/4/17; Al Jazeera, 17/3/17)

La aprobación extraparlamentaria de un proyecto de ley impulsado por 25 senadores a favor de la realización de una enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, prohibida por la Constitución, ha desatado los peores incidentes registrados en las últimas dos décadas en la capital Asunción. El proyecto se ha aprobado el 31 de marzo a puerta cerrada por senadores del conservador Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, así como el partido progresista Frente Guasú, del expresidente y exobispo Fernando Lugo, quienes desconocieron la autoridad del presidente del Parlamento para convocar la sesión, lo que ha desatado duras protestas y movilizaciones. La noche del 31 se ha registrado fuertes incidentes en la capital, cuando un grupo de manifestantes ha entrado al Congreso incendiando una parte de éste. En los sucesos registrados un joven ha perdido la vida cuando la policía ha entrado disparando en la sede del opositor Partido Liberal, quien ha encabezado las protestas, así como se han registrado diferentes heridos. (The Guardian, 30/03 y 01/04/17; El español, 01/04/17; Reuters, 01/04/17)

Al menos 50 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido lugar en la región de Bambari (centro del país) y ataques supuestamente cometidos por parte del grupo armado UPC de Ali Ndarass, una escisión de la antigua coalición Séléka, aunque fuentes próximas a la dirección del grupo han negado tener ninguna vinculación con los hechos. La experta independiente sobre la situación de los derechos humanos de la ONU en el país, Marie-Thérèse Keita-Bocoum, ha destacado que los grupos armados controlan el 60% del territorio centroafricano con total impunidad. Por otra parte, un casco azul senegalés fue ejecutado por individuos no identificados en Bangui, y desde enero han muerto otros 3 cascos azules. Por otra parte, la investigación que lleva a cabo la fiscalía de Paris culminada en diciembre en torno a las acusaciones de abusos y violencia sexual de menores centroafricanos por parte de soldados franceses podría acabar retirando los cargos por falta de pruebas. (Jeune Afrique, 10, 24 y 25/03/17; The Guardian, 28/03/17)

La Policía confirma la muerte de 42 policías en una emboscada en Kasmuesha, al noreste de Tshikapa, capital de la provincia de Kasai Central, el 24 de marzo y acusa a la rebelión Kamwina Nsapu. Investigaciones de la ONU anuncian el descubrimiento de 10 fosas comunes vinculadas a los recientes hechos de violencia que sacuden la provincia de Kasai Central (centro del país) desde septiembre de 2016. En concreto, siete están ubicadas en el territorio de Demba y tres en Tshimbulu, en el sur del Kasai, donde nació el pasado septiembre la rebelión Kamwina Nsapu, que tomó su nombre del líder comunitario asesinado en la zona por los cuerpos de seguridad congoleses en agosto. El brote de violencia desde septiembre ya ha causado 400 víctimas mortales. Además, dos investigadores de la ONU han desaparecido en la zona. La rebelión ha sido acusada por la ONU de reclutar menores y haber cometido numerosas atrocidades, y los cuerpos de seguridad han sido acusados de uso desproporcionado de la fuerza contra milicianos pertrechados de armas blancas. (The Guardian, 26/03/17; Jeune Afrique, 22, 28/03/17)

Coincidiendo con el sexto aniversario de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad, diversos informes de ONG y de la ONU alertan sobre las graves consecuencias del conflicto armado, especialmente en la población civil. UNICEF y Save the Children dieron a conocer resultados de sendas investigaciones sobre el impacto de la guerra en los menores de edad. Según los datos de UNICEF, al menos 652 niños y niñas murieron a causa del conflicto en 2016 –un incremento de 20% respecto al año anterior– y unos 850 fueron reclutados, tres veces más que los 331 registrados en 2015. También se identificaron casos de abuso sexual contra niñas perpetrados por menores de edad. Se estima que más de seis millones de menores dependían de ayuda humanitaria, de los cuales 2,8 millones se encontraban en zonas de difícil acceso, y que en más de dos tercios de los hogares consultados había menores trabajando para intentar ayudar a sus familias. Save the Children destacó, por su parte, que niñas y niños sirios presentaban unos niveles de trauma en un grado alarmante y con posibilidades de causarles daños permanentes e irreversible. Un 70% de los menores entrevistados experimentaba síntomas de estrés post traumático. ACNUR alertó también que el conflicto armado ya había provocado que el número de personas refugiadas de origen sirio superara los cinco millones en los países vecinos. Durante marzo también se conoció un nuevo informe de la Comisión de Investigación Independiente de la ONU sobre Siria, que analizó la campaña que derivó en la captura de Alepo por las fuerzas del régimen en diciembre de 2016. La comisión denunció que ambos bandos habían cometido crímenes de guerra pero señaló especialmente al Gobierno de al-Assad por una serie de hechos, entre ellos el ataque deliberado contra un convoy de ayuda humanitaria en septiembre y la evacuación forzada de Alepo, que fue caracterizada como un crimen de guerra por responder a criterios estratégicos y no fines de protección de la población civil. Asimismo, el régimen fue señalado nuevamente por el uso de armas químicas en zonas controladas por la oposición, que habrían causado cientos de víctimas en 2016. Pese a ello, Rusia y China volvieron a bloquear a principios de marzo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía imponer sanciones a Siria por el uso de armas químicas. En este contexto, a lo largo de marzo continuaron registrándose numerosos hechos de violencia con un alto impacto en población civil. Entre ellos, dos atentados suicidas dobles que afectaron al Palacio de Justicia, un restaurante y un autobús de peregrinos iraquíes en Damasco, con un saldo total de más de un centenar de personas fallecidas en los días previos al sexto aniversario de la revuelta. EEUU también fue señalado por cruentos ataques perpetrados por la coalición anti-ISIS liderada por Washington, incluyendo la ofensiva contra una escuela en el oeste de Raqqa en el que murieron 33 civiles y otro ataque en una mezquita de la localidad de al-Jineh, en el norte de la provincia de Alepo, en el que fallecieron 52 civiles. Según Washington, que abrió una investigación, la mezquita albergaba a militantes de al-Qaeda. Cabe destacar que en marzo EEUU desplegó tropas en el norte de Siria, en la zona de Manbij, para evitar nuevos choques entre las fuerzas kurdas y grupos armados de la oposición apoyada por Turquía. En preparación de la ofensiva contra ISIS en Raqqa, se informó que EEUU desplegaría otras 400 tropas adicionales, duplicando el contingente en el país, y que otro grupo de efectivos se instalaría en Kuwait listos para intervenir. (The Guardian, 01-30/03/17; New York Times, 21, 29/03/17)

El 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) ha emitido una sentencia (nº156) por la cual ha asumido las competencias del Parlamento, controlado por la opositora Mesa por la Unidad Democrática, alegando desacato por el incumplimiento de varias sentencias judiciales, afirmando que desde ese momento todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez. La decisión del TSJV ha generado multitud de críticas tanto a nivel interno como en la esfera de la diplomacia internacional. La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) ha asegurado que no asumirá la decisión judicial, declarándose en rebelión, y ha advertido que desconocerá todos los fallos del máximo tribunal del país. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) acelerar la activación de la Carta Democrática para expulsar al país del máximo organismo regional, a la par que ha calificado la sentencia de “golpe de Estado” y ha anunciado marchas pacíficas de protesta. Varios países e instituciones internacionales han condenado la decisión del TSJV argumentando que ésta supone una ruptura del orden constitucional y democrático. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha calificado de “autogolpe de estado” la decisión del TSJV. Perú ha anunciado el retiro definitivo de su embajador en Venezuela. Otros países como EEUU, Colombia, Brasil, México, Colombia o Chile también han condenado la decisión judicial, así como la UE. (Efe, 30-31/03/17; Reuters, 30/03/17)

Continúan las protestas antigubernamentales en Belarús, iniciadas en febrero en contra de la entrada en vigor de legislación que imponía tasas sobre personas desempleadas y empleados en jornada reducida, conocida popularmente como “ley contra los parásitos sociales”. Las movilizaciones se producen en un contexto de deterioro de la situación socioeconómica en el país y de incremento de la tensión con Rusia –pese a ser socios tradicionales– en torno al precio de gas y el pulso del Kremlin para establecer una base militar en el país, entre otros elementos. Las tasas promovidas por el régimen bielorruso del presidente Alexander Lukashenko, quedaron suspendidas temporalmente en marzo. A diferencia de protestas anteriores centradas mayormente en la capital –en un contexto de régimen autocrático– y lideradas por actores de la diezmada oposición política, las protestas de estos dos meses han abarcado localidades por todo el país, y con participación de población previamente no organizada. Se trata de las mayores protestas de los últimos años. Defensores locales e internacionales de derechos humanos han denunciado las medidas de represión del régimen contra las protestas, con varios centenares de detenidos en estos meses –al menos 48 solo entre el 10 y 12 de marzo. Amnistía Internacional ha alertado sobre la escalada masiva de vulneración contra la libertad de expresión y libertad de reunión. Las medidas de represión se agudizaron en el previo a las marchas convocadas para el 25 de marzo –celebrado como Día de la Libertad por la oposición–, con fuertes despliegues de fuerzas de seguridad. (Reuters, The Guardian, El Periódico, Belsat, 1-31/03/17)

El Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado su preocupación ante informes sobre torturas y desapariciones forzadas cometidas en el país pero ha ignorado los llamamientos de organizaciones de defensa de los derechos humanos que solicitaban el establecimiento de sanciones. La declaración del Consejo de Seguridad a iniciativa de Francia ha sido adoptada por unanimidad después de los ajustes, su transformación en comunicado de prensa del Consejo y la retirada de la propuesta de sanciones exigida por Rusia, China y Egipto, países que se oponían a las sanciones. A su vez, han manifestado su apoyo a la propuesta de mediación realizada por el ex presidente tanzano Benjamin Mkapa de convocar una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado de la EAC con el objetivo de promover negociaciones de paz entre el Gobierno y la oposición. En paralelo, un portavoz del líder Agathon Rwasa del movimiento político FNL (no reconocido oficialmente), escindido del partido FNL, ha acusado al poder burundés de haber endurecido la represión contra su movimiento desde principios de año, y ha acusado al Gobierno de orquestar un complot que pretendería eliminar a su líder, que ocupa el cargo de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Desde principios de año al menos 200 militantes han sido arrestados. (SC/12750, Jeune Afrique, 14 y 30/03/17)

Tres movimientos opositores chadianos lanzan una campaña conjunta para promover la alternancia política en el país en el marco de un clima social y político en tensión. Los líderes de la iniciativa “Tournons la page - Chad” (pasemos página), han afirmado ser independientes de los partidos políticos y han tendido la mano a los sindicatos. Esta iniciativa tiene adopta las grandes líneas planteadas por el movimiento panafricano “Tournons la page”, situado en Paris y que dispone de grupos en diversos países, como la RDC, Burundi y Gabón. Un militante de la campaña en Paris, Laurent Duarte, ha destacado que el movimiento se concentra en torno a la exigencia de la alternancia en el poder. El líder de la campaña, Nadjo Kaina, que ha sido presidente de la Union des Étudiants u Tchad (UNET), coordina a tres pequeños grupos, el movimiento Iyina, y las coaliciones “Trop c’est trop” y “Ça suffit”, ha señalado que pretende tener una buena presencia entre el mundo estudiantil. En este sentido persisten las movilizaciones estudiantiles, y en este sentido, el proceso de apelación de 69 estudiantes chadianos iniciado el 7 de marzo, ha estado pospuesto sine die según un militante de UNET. Pesan penas de un mes de prisión contra estos estudiantes por haber manifestado su rechazo hacia las políticas de concesión de becas, que se han endurecido y restringido como consecuencia de la crisis económica que padece el país, durante la visita del ministro de Educación a un campus de N’Djamena el 25 de febrero. (Jeune Afrique, 07 y 08, 27/03/17)

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Stephen O’Brien, anuncia que 20 millones de personas corren el peligro de morir de hambre si no se recaban recursos para las crisis humanitarias que afectan a cuatro de los conflictos armados más graves de la actualidad, como son Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. O’Brien ha concretado que son necesarios 4.400 millones de dólares en julio o de lo contrario centenares de miles de personas podrían morir de hambre o como consecuencia de enfermedades relacionadas. O’Brien ha señalado que desde principios de año se está produciendo esta situación, considerada la peor crisis desde la creación de la organización en 1945. Entre estas crisis señaladas O’Brien ha destacado que la más grave se encuentra en Yemen, donde dos tercios de la población –12 de los 18,8 millones de personas– necesitan ayuda y más de siete millones sufren hambre, cifra que se ha incrementado en tres millones desde enero. En Sudán del Sur, hay 7,5 millones de personas que necesitan ayuda, 3,4 millones de personas se encuentran desplazadas por los enfrentamientos y alrededor de un millón de menores se encuentran desnutridos y amenazados de hambruna. En Somalia son seis millones de personas las que necesitan ayuda incluyendo 2,9 millones que se enfrentan al riesgo de morir de hambre como consecuencia de la crisis. Rony Brauman, antiguo presidente de MSF, entrevistado por RFI, señaló que estas crisis humanitarias se ven agravadas por los conflictos armados. (Jeune Afrique, 07/03/17; AP, 11/03/17; The Guardian, 17/03/17)

Al menos 10 soldados egipcios y 15 presuntos de milicianos yihadistas mueren durante un operativo de las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí en la segunda quincena de marzo. Los militares fallecieron como resultado de dos explosiones de bombas en una carretera. En el caso de los militantes, además de los 15 que murieron, otros siete fueron arrestados durante la operación, en la que también se destruyó una importante cantidad de explosivos. Además se decomisaron dos vehículos en los que se encontraron granadas y cientos de teléfonos móviles. Un portavoz militar egipcio informó que el depósito de armas se encontraba en la zona central del Sinaí, más allá del bastión del grupo armado, en el área norte de la península. Durante febrero, otros cinco soldados perdieron la vida a causa de otro artefacto explosivo instalado en una carretera del Sinaí. La filial del grupo armado ISIS en el Sinaí ha sido responsabilizada de la muerte de cientos de soldados y policías egipcios en los últimos años. Cabe destacar que los detalles de la operación de marzo, como de otras, no pudieron ser corroborados de manera independiente debido a que los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, tienen prohibido trabajar en el Sinaí. El Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi ha asegurado que está ganando la batalla contra las organizaciones armadas que operan en la península y en febrero hizo un llamamiento a intensificar las operaciones antiterroristas en la región. Grupos de derechos humanos han denunciado múltiples abusos en el país, incluyendo ejecuciones extrajudiciales en el Sinaí. A mediados de marzo la ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró contar con evidencias de la ejecución sumaria de más de una decena de hombres a manos de las fuerzas de seguridad en enero de 2017, en una acción presentada como operación antiterrorista. HRW ha alertado sobre la existencia de un patrón de abusos contra la población civil en el Sinaí por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad egipcias. Cabe mencionar que en febrero la filial de ISIS en Sinaí también fue acusada de lanzar dos ataques con cohetes al sur de Israel. Al menos uno de ellos se produjo después de que una ofensiva con aviones no tripulados israelíes causara la muerte a varios de sus combatientes. En otros hechos relevantes en Egipto durante marzo cabe destacar que el ex presidente Hosni Mubarak fue liberado después de seis años de detención en un hospital militar, tras ser exonerado de los cargos vinculados al asesinato de manifestantes durante la revuelta contra su régimen a principios de 2011. (BBC, 23, 24/03/17; The Guardian 20, 24/02/17; New York Times, 23/03/17)

El Parlamento etíope aprueba el 29 de marzo la prolongación por cuatro meses del estado de emergencia decretado el pasado 9 de octubre de 2016. Esta medida tiene por objetivo acabar con los meses de protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones antigubernamentales que afectan principalmente las regiones de mayoría oromo y amhara. En este sentido, el Parlamento ha votado unánimemente por la extensión del estado de emergencia, según la radio gubernamental Fana. El primer ministro etíope Hailemariam Desalegn declaró el estado de emergencia después de meses de manifestaciones reprimidas con dureza por las autoridades. En 2005 el Gobierno decretó el estado de emergencia en algunas localidades durante 30 días, pero una medida que afecta al conjunto del territorio se remonta a la caída de Mengistu Haile Mariam hace 25 años. Las autoridades han arrestado a 11.000 personas en el marco del estado de emergencia, y la mayoría de las cuales han sido liberadas tras haber seguido un programa de reeducación. (Jeune Afrique, 30/03/17)

El 2 de marzo se ha anunciado a través de un vídeo enviado a las agencias privadas de noticias mauritanas ANI y Al-Akhbar, la fusión de diferentes grupos yihadistas activos en la región del Sahel, con base en Malí, bajo una nueva formación autodenominada Jamaât Nasr Al islam wa Al mouminin (Grupo para el Apoyo del Islam y de los fieles). La fusión, cuyo liderazgo ha quedado bajo la figura del histórico líder Iyad Ag Ghali, concierne la unión de Ansar Eddine, Al Mourabitoune, el katiba Macina y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y se ha producido un mes después del anuncio de la creación de la fuerza militar regional G5Sahel, compuesta por tropas de Malí, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad. Posteriormente, el 5 de marzo se ha producido un ataque en a una base militar fronteriza con Burkina Faso, en Boulikessi, que ha provocado la muerte de 11 militares malienses, y ha sido reivindicado como la primera operación de Jamaât Nasr Al islam wa Al mouminin, aunque también la organización yihadista burkinesa Ansarul Islam se ha atribuido el ataque. (24 Heures, 02/03/17; Reuters, 02/03/17; Jeune Afrique, 02, 10/03/17)

En la zona conocida como “Middle Belt”, región de disputas entre comunidades pastoralistas y agricultoras, durante el mes se han producido diferentes incidentes que han deteriorado la situación de seguridad. A principios de mes, en la ciudad de Ile Ife, región de Sabo, estado de Osun, se han desarrollado una serie de conflictos entre miembros de las comunidades yoruba y hausa que ha dejado un balance de al menos 46 personas muertas y 81 heridas. La crisis ha hecho que se despliegue una fuerza de intervención especial de la Policía para asegurar la paz y restaurar la normalidad. A su vez, el 20 de marzo, en otro grave incidente, un grupo armado ha atacado durante más de tres horas la comunidad de Zaki-Biam, en el estado de Benue, causando más de 40 muertes, decenas de personas heridas y destruyendo alrededor de 150 casas y diferentes propiedades. Posteriormente, y como represalia, el 24 de marzo al menos tres personas han muerto quemadas en un edificio en el pueblo de Tse-Chia. El presidente Muhammadu Buhari ha informado de la apertura de una investigación para esclarecer ambos episodios. Por otro lado, y en lo relativo al conflicto con Boko Haram (BH), la fuerza regional (MNJTF) ha anunciado la liberación de unas a 5.000 personas que estaban siendo detenidas en comunidades por BH, luego de una operación realizada el 15 de marzo que se ha saldado con la muerte de 60 presuntos combatientes de BH, según ha informado el Gobierno camerunés, quien también ha resaltado la destrucción en la operación de las bases operativas de BH a lo largo de la frontera entre Nigeria y Camerún. A su vez, a finales de mes, el Ejército nigeriano ha reconocido que Abubakar Sekau, líder de una facción de BH, continúa con vida, desmintiendo la propia información del Ejército que lo había dado por muerto a finales de 2016. Por otro lado, el día 14 de marzo ha comenzado en Nigeria el juicio contra Khalid al-Barnawi, líder del grupo armado Ansaru -una escisión de BH- acusado de secuestro y asesinato de 10 extranjeros entre 2011 y 2013. (Enca, 15/03/17; Nigeria World, 16/03/17; TV 5 Monde, 22/03/17; Vanguard, 22, 24, 31/03/17; RFI, 25/03/17)

Miles de personas –en torno a 60.000 según la radio Eco de Moscú– se manifiestan en varias decenas de ciudades de Rusia –82, según la misma fuente– el 26 de marzo en protesta contra la corrupción por parte del Gobierno, siguiendo el llamamiento del líder opositor Alexei Navalny, cuya Fundación Anticorrupción desveló en un documental prácticas de corrupción del primer ministro, Dmitri Medvédev. Más de mil personas fueron detenidas, incluyendo el propio Navalny, quien fue condenado a quince días de prisión y una multa acusado de desobedecer órdenes policiales y organizar las protestas. Miembros de la Fundación Anticorrupción también fueron detenidos. Las protestas abarcaron numerosas zonas de Rusia, incluyendo del sur del país. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, incluyendo contra viandantes no participantes en las protestas. Son las protestas antigubernamentales más numerosas desde las movilizaciones de 2011-2012. (Caucasian Knot, New Eastern Europe, Reuters, BBC, The Guardian, 26-31/03/17)

Continúa la violencia en la región kurda de Turquía, con varias decenas de víctimas mortales durante el mes de marzo. Las autoridades turcas lanzaron a principios de mes una nueva macrooperación militar contra el PKK en la provincia de Diyarbakir –con el despliegue de al menos 7.000 miembros de las fuerzas de seguridad en varios distritos–, que se dio por concluida a finales de mes, y de Tunceli. Por su parte, el PKK anunció que las guerrillas estaban preparadas para la guerra anunciada por Turquía –en referencia a las advertencias de Turquía de acabar militarmente con el PKK en abril–, con nuevas filas guerrilleras entrenadas en la región, y emitió llamamientos a que no se interpongan actores kurdos en esa guerra entre el Estado y el PKK. Por otra parte, en el marco de las celebraciones del Newroz, el movimiento kurdo de Turquía instó al diálogo entre los actores kurdos de los países vecinos, en el contexto de tensión intra-kurda en Oriente Medio. El incremento de tensión militar en Turquía estuvo acompañado de tensión política y social. Continuaron las detenciones masivas contra personas acusadas de vínculos con el PKK, al amparo de la legislación antiterrorista de Turquía. Según el Ministerio de Interior, en los días previos a la festividad kurda del Newvroz se detuvo a 800 personas. Asimismo, la campaña en torno al referéndum constitucional del 16 de abril continuó marcada por la confrontación. Activistas y analistas acusaron al Gobierno turco de criminalizar la posición del “no”. (Hürriyet Daily News, Reuters, AFP, Firat, 1-31/03/17)

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre violencia sexual relacionada con el conflicto, publicado en febrero y que cubre el periodo entre marzo de 2014 y enero de 2017, denuncia y documenta prácticas de violencia sexual, en su mayoría en contextos de privación de libertad, tanto por parte de las fuerzas ucranianas como de los grupos armados no estatales, contra hombres y mujeres. Según el informe, golpes y electrocuciones en zonas genitales, violaciones, amenazas de violaciones, desnudos forzados, entre otras prácticas, han sido usados como método de tortura y malos tratos con el fin de infligir castigo, humillación o de extraer confesiones. También se documentan amenazas de detener, secuestrar, violar, herir o matar a familiares de las víctimas y casos de violencia sexual en puestos de control en la línea de contacto. Por otra parte, la ACNUDH señala que generalmente la violencia sexual está infradenunciada. En el informe también se subraya la falta de apoyos y servicios a la población que ha sufrido violencia sexual, las limitaciones de la legislación y el contexto de impunidad. Por otra parte, continuó la inestabilidad en la línea de alto el fuego. La misión de observación de la OSCE alertó el 9 de marzo de un deterioro de la situación de seguridad, con un marcado incremento de violaciones del alto el fuego, al este y noreste de Mariúpol; áreas entre Popasna, Pervomaisk y Troitske; y zonas al oeste y norte de Horlivka. En su informe del 23 de marzo, la misión señaló que a pesar de una reducción relativa de los incidentes, el nivel de violencia continuaba siendo alto. La cifra de víctimas a causa de la guerra desde el inicio de la guerra en abril de 2014 hasta mediados de febrero de 2017 se elevó a 9.000 fallecidos y 23.246 heridos, según el balance publicado en marzo por la ACNUDH. La tensión en marzo se incrementó también de la mano de la suspensión por parte de Ucrania del tráfico de mercancías con Donetsk y Lugansk, excepto el transporte humanitario, medida que sigue al bloqueo comercial implementado por activistas nacionalistas ucranianos desde enero. Por otra parte, fue asesinado en Kiev el 23 de marzo el ex diputado ruso Denis Voronenkov, crítico con el gobierno ruso. (ACNUDH, 16/02/17, 15/03/17, OSCE, 1-32/03/17, Reuters, 1-31/03/17)

El primer ministro Hassan Ali Hassan Khaire, nombrado en febrero por el presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, anuncia la composición del nuevo Gobierno federal del país que estará formado por un número reducido de miembros, 20 ministros y seis ministras, la cifra más alta de mujeres en puestos de responsabilidad política en la historia del país. Ocuparán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujeres y Derechos Humanos, el Ministerio de Ayuda Humanitaria y Gestión de Desastres, y el Ministerio de Comercio e Industria. Khaire ocupó el cargo de director de país de la compañía británica SOMA Oil and Gas, y su nombramiento fue controvertido porque expertos del comité de sanciones de la ONU habían acusado a SOMA de pagar al ministro de Petróleo la suma de 600.000 dólares para proteger un contrato de exploración en 2013. La Oficina de Fraude del Reino Unido investigó el caso pero no encontró suficientes evidencias para enviarlo a la justicia. Otros nombramientos que deberán ser refrendados por el Parlamento son el antiguo ministro de Exteriores y economista del Banco de Desarrollo Africano, Abdirrahman Duale Beyle, como nuevo ministro de Finanzas, y el jefe del servicio somalí de la BBC, Yusuf Garaad Omar, como nuevo ministro de Exteriores. (Reuters, 21/03/17; Midnimo, Africanews, 22/03/17)