El Parlamento de Kenia ha decidido el 5 de septiembre dejar la Corte Penal Internacional (CPI), convirtiéndose en el primer país en retirarse de dicha institución. La decisión se produce mientras el presidente Uhuru Kenyatta, el vicepresidente William Ruto y otros políticos keniatas enfrentan cargos por crímenes contra la humanidad relacionados con la violencia que estalló tras las elecciones de 2007. Una semana más tarde, la CPI ha iniciado el juicio conjunto al Vicepresidente Ruto y al periodista Joshua Sang, acusado de incitación al odio. Al iniciarse el juicio, ambos se declararon inocentes. En su declaración de apertura, la Fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, les acusó de haber intentado, durante el período en cuestión, "limpiar" la región del Valle del Rift de personas de la etnia Kikuyu. Los dos acusados pertenecen al grupo étnico Kalenjin. Bensouda también denunció intentos de sobornar e intimidar a testigos. Los abogados defensores de Ruto y Sang declararon a sus clientes inocentes. Argumentaron que la retirada de ciertos testigos de la acusación demuestra el caso de la Fiscalía no es sólida. La CPI anunció que la decisión de retirarse de la CPI no afectaría a los juicios, ya que dichos procedimientos ya han comenzado, y porque la retirada exige la presentación formal de una solicitud ante la ONU y que tomaría al menos un año. (BBC, 09/05/13, Jurist, 03/09/13, The Guardian, 05/09/13, Hirondelle News 13/09/13)

La Corte Penal Internacional ha pedido al Gobierno de EEUU que detenga al presidente sudanés Omar al-Bashir. al-Bashir tenía previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La CPI emitió órdenes de arresto contra Bashir en 2009 y 2010 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur. Aunque EEUU no es miembro de la CPI y no está obligado a entregarlo, un funcionario del Departamento de Estado dijo que al-Bashir "no recibiría una cálida bienvenida" si viajaba a EEUU. A pesar de haber solicitado su visado, y a pesar de estar en la lista de oradores en la Asamblea General, al-Bashir no ha viajado finalmente a EEUU. El 5 de septiembre, la CPI también emitió un documento recordando a Nigeria su obligación, como miembro de la CPI, de detener y entregar a al-Bashir a la Corte. Al-Bashir había ido a Nigeria en julio para participar en una cumbre de jefes de Estado africanos. (ICC, 05/09/13, Hirondelle News, 07/09/13, 22/09/13, Al-Jazeera 23/09/13, Radio Netherlands, 27/09/13)

Momcilo Krajisnik, ex presidente del Parlamento serbio de Bosnia, regresó a Bosnia después de ser liberado de la cárcel. Krajisnik, detenido en el año 2000, fue condenado en 2006 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por la persecución, deportación y desplazamiento forzoso de civiles de sus hogares durante la guerra civil de Bosnia. El Tribunal concedió la libertad anticipada a Krajisnik en julio, basándose en pruebas de la rehabilitación de Krajisnik durante su estancia en la cárcel. (Jurist, 09/01/13)

El Tribunal Penal Internacional de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) acusó el 5 de septiembre al líder Mir Quasem Ali, de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de liberación de 1971. Ali, miembro del comité ejecutivo central de Jamaat-e-Islami (JI), fue acusado de 14 cargos que incluyen asesinato, secuestro y tortura. El panel de tres miembros de los jueces estableció la fecha de inicio del juicio para el 30 de septiembre. La Policía de Bangladesh arrestó a Ali en junio del año pasado. En julio, los fiscales acusaron al secretario general adjunto de JI de seis crímenes de guerra en 1971. Ali Ahsan Mohammad Mojaheed, secretario general del partido, fue condenado a muerte a principios de julio por los crímenes de guerra cometidos durante en 1971. También ese mes, Ghulam Azam, jefe de JI en Bangladesh hasta el año 2000, fue declarado culpable por el ICTB de cinco cargos de planificación, conspiración, instigación, la complicidad y asesinatos durante la guerra. El 27 de septiembre, el primer ministro Sheikh Hasina pidió el apoyo de la comunidad internacional para los juicios por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de 1971 ante la Asamblea General de la ONU. (Jurist, 05/09/13, The Hindu, 30/09/13)

Aproximadamente 100 miembros del personal de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés), se declararon en huelga a principios de septiembre en protesta por el impago de salarios. Más de 250 miembros del personal local, incluidos jueces, fiscales e intérpretes, no han sido pagados desde junio 2013 debido a problemas presupuestarios. Personal del Tribunal ya se declaró en huelga en marzo por salarios no pagados. La ECCC está respaldada por la ONU y recibe sus fondos exclusivamente de contribuciones voluntarias. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los donantes internacionales a que proporcionen apoyo financiero para mantener el tribunal en ejecución. El 17 de septiembre, Lars Olsen, portavoz de Asistencia de la ONU para las CECC ha subrayado la obligación del Gobierno de Camboya de pagar al personal local. A la vez, Olsen dijo que la ONU sigue buscando fondos adicionales de donantes internacionales. El tribunal está preparando para procesar a los líderes de los Khmeres Rojos Nuon Chea y Khieu Samphan, ambos acusados de crímenes de guerra. (Jurist, 09/01/13, UN, 18/09/13)

El juez Robert Roth, juez presidente de la Sala de Primera Instancia, ha dimitido del Tribunal Especial para el Líbano (STL) encargado de investigar el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, junto con otras 23 personas en un atentado con coche bomba en Beirut en 2005. Roth justifica su renuncia "debido a discusiones judiciales y diferencias de opinión y conceptos", pero asegura que su decisión no va a frenar el juicio in absentia de los cuatro miembros de Hezbollah acusados. (Ya Libnan, Al-Manar, y The Daily Star, 11/09/13)

La Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés) confirmó el 26 de septiembre la condena de cárcel de 50 años al ex presidente de Liberia Charles Taylor por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de Sierra Leona. Se espera que Taylor cumpla su sentencia en el Reino Unido. El juez de Sierra Leona George Galaga King ordenó que permaneciera bajo la custodia del SCSL pendientes de arreglos finales para su transferencia. La Cámara de Apelaciones rechazó la mayor parte de los argumentos de apelación interpuestos por la fiscalía y la defensa. Los abogados de Taylor argumentaron que los jueces de los tribunales inferiores habían cometido errores sistemáticos en la evaluación de las pruebas y que la pena de prisión de 50 años no era razonable. Al contrario, los fiscales argumentaron a favor de que Taylor sea declarado culpable de ayudar e instigar crímenes cometidos por los rebeldes en Sierra Leona. Según los jueces de primera instancia, Taylor sabía que los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés) estaban cometiendo crímenes contra la población civil de Sierra Leona, y aun así había armado, apoyado y financiado a los rebeldes. Su objetivo, según los jueces, era obtener el control de Sierra Leona y beneficiarse de su riqueza en diamantes. Los jueces consideraron, sin embargo, que Taylor no ha sido jefe del RUF. Taylor, presidente de Liberia de 1997 hasta 2003, es el primer ex jefe de Estado en ser condenado por un tribunal internacional desde Karl Dönitz, sucesor de Adolf Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial. (Hirondelle News, The Guardian, 26/09/13)

La jueza argentina María Servini de Cubría, ha decretado una orden de detención internacional con fines de extradición contra cuatro miembros de las fuerzas de seguridad españolas acusados de tortura durante la dictadura franquista. Esas personas son el ex guardaespaldas de Francisco Franco y de la familia real española Celso Galván Abascal, ex superintendente José Ignacio González Giralte, el ex inspector José Antonio González Pacheco, apodado "Billy the Kid", y el ex miembro del cuerpo militar Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar. Su extradición depende únicamente del Gobierno español. (El Diario, 18/09/13)

El Gobierno australiano ha rechazado las alegaciones de Dragan Vasiljkovic y le extraditará a Croacia donde se le acusa de crímenes de guerra. Ex comandante de la república serbia autoproclamada de Krajina en 1991 y 1992, Vasiljkovic había recurrido su extradición alegando que es un prisionero de guerra y que debe recibir una protección especial. Su extradición fue demandada por Croacia en 2005, aprobada por Australia en noviembre de 2012, apelada por los abogados de Vasiljkovic, y finalmente aprobada en septiembre de 2013. Un Tribunal croata le acusa de torturar a prisioneros de guerra, ordenar el asesinato de prisioneros de guerra y de ordenar el asalto de la aldea de Glina que provocó muertes y lesiones de civiles. (The Australian, 23/09/13, 25/09/13)

El Tribunal Supremo de Bangladesh condenó al Mullah Abdul Quader, miembro de la cúpula del partido de la oposición Jamaat-e-Islami a pena de muerte el 17 de septiembre, acusado de asesinato, violación y tortura durante la guerra de independencia de Pakistán en 1971. El dirigente había sido condenado a cadena perpetua en febrero de 2013 por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICTB). Las protestas callejeras de los partidarios y detractores del Mullah Abdul Quader hicieron que el Parlamento modificara la Ley para permitir apelar sentencias del ICTB. Las manifestaciones por los juicios del ICTB han causado más de un centenar de muertes. (Jurist, Hindustan Times y The Guardian, 17/09/13)

La Corte Suprema de Justicia ha condenado a una pena de 31 años de cárcel y a pagar 2115 salarios mínimos a 10 miembros de las FARC por homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo por un ataque bomba ocurrido en el año 2005 en el que murieron 6 personas. Entre los combatientes condenados se encuentran Iván Márquez y Pablo Catatumbo, negociadores en las negociaciones de paz de La Habana. (Semana, 17/09/2012)

Un tribunal francés se ha pronunciado el 12 de septiembre en contra de la extradición del ex alto oficial del Ejército de Rwuanda Laurent Serubuga, buscado por las autoridades judiciales de su país por su presunta participación en el genocidio de 1994. El tribunal francés consideró que los cargos en su contra han caducado, ya que la orden de arresto fue emitida el 17 de mayo de 2013, más de diez años después del genocidio, y sin que ninguna otra acusación haya sido emitida. (Hirondelle News, 13/09/13, 27/09/13)

Siert Bruins, ex oficial de la rama militar del Partido Nazi, las Waffen SS, ha sido juzgado en la ciudad alemana de Hagen, acusado de matar a un soldado de la resistencia holandesa en 1944. El ex oficial, de 92 años, ya fue condenado a muerte in absentia por un tribunal holandés en 1949, pero éste viajó a Alemania, donde solo pasó siete años en la cárcel. Desde los juicios de Nuremberg en 1945-1949, cerca de 13.000 nazis han sido declarados culpables de crímenes de guerra. Por otra parte, el Ministerio de Justicia del estado de Baden-Wuerttemberg, al frente de la investigación, dijo que 49 guardias habían sido investigados, de los cuales 30 deben ser enjuiciados. Los 30 viven en Alemania, y otros siete están viviendo en el extranjero. El mayor tiene 97 años. Auschwitz fue el mayor campo de exterminio nazi. Más de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinados en ese lugar. Hace dos años, el caso de John Demjanjuk, de origen ucraniano, cambió la situación jurídica de las personas que trabajaban en los campos de exterminio. Demjanjuk murió el año pasado, mientras apelaba contra su condena a cinco años de cárcel por complicidad en el asesinato de más de 28.000 judíos en el campo de Sobibor, en Polonia, bajo la ocupación nazi. (Associated Press, Deutche Welle, BBC, 02/09/13, Jurist, BBC, 03/09/13)

La Misión de la Unión Europea en Kosovo (EULEX) ha absuelto recientemente a Fatmir Limaj, un estrecho aliado del primer ministro, Hashim Thaci, de cargos de crímenes de guerra. Limaj fue acusado de matar y torturar a prisioneros serbios en un campo de detención administrado por el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés) en Klečka. En 2005 Limaj había sido absuelto de cargos similares por el tribunal de la ONU en La Haya por falta de pruebas. Un juez de la Unión Europea en septiembre de 2011 puso a Limaj bajo arresto domiciliario después de que EULEX acusara a 10 ex miembros del KLA, incluido Limaj, de crímenes de guerra por sus acciones durante la guerra de Kosovo de 1998 a 1999. Limaj fue juzgado de nuevo en 2011 y fue absuelto en mayo de 2012 después de que un testigo clave, Agim Zogaj, que había escrito un diario de 200 páginas con acusaciones contra Limaj, fuera encontrado ahorcado en Alemania. Posteriormente, Limaj fue excluido de un puesto en un Ministerio tras la presión internacional para no incluir a funcionarios corruptos. Sin embargo, más adelante fue elegido en el Parlamento de Kosovo. (Reuters, 17/09/13, Jurist, 18/09/13)

Saif al-Islam al-Gaddafi, hijo del ex jefe de Estado, el coronel Muammar al-Gaddafi, se ha presentado en un tribunal tribal en Zintan, el 19 de septiembre. Saif al-Gaddafi, quien fue capturado hace dos años por milicianos, es buscado por tribunales de Trípoli y La Haya, por cargos de crímenes contra la humanidad, mientras que en Zintan sólo por cargos de seguridad. Preguntado por el juez, al-Gaddafi, dijo que prefería quedarse en Zintan. Su juicio ha sido aplazado hasta el 12 de diciembre. En el verano de 2013, los jueces de la Corte Penal Internacional habían pedido al Gobierno libio que extraditase a Saif al-Gaddafi, argumentando que no podía tener un juicio justo en Libia. (Al-Jazeera, NY Times, 19/09/13)

El comandante Alexander Visinescu ha sido acusado de genocidio por el fiscal general de la Oficina del genocidio, argumentando que las palizas, el hambre, el frío y la falta de tratamiento médico causaron la muerte a numerosos presos políticos entre 1956 y 1963 mientras él era el jefe de la prisión Ramnicu Sarat, en tiempos del dictador Nicolae Ceausescu. Los fiscales sostienen que Visinescu debería ser condenado por genocidio por las duras condiciones de reclusión que llevaron directamente a la muerte de presos. El Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER) identificó a Visinescu como uno de los 35 ex funcionarios comunistas que han cometido abusos contra los derechos humanos. El IICCMER aplaudió la decisión de la Oficina del Fiscal General de Rumania de acusar a Visinescu de genocidio, declarando que las acusaciones eran una victoria histórica para el pueblo rumano. En julio, el IICCMER pidió a la oficina del fiscal a cargo Visinescu de asesinato en primer grado por su trato a los prisioneros. Cerca de 500.000 rumanos fueron encarcelados como presos políticos durante la década de 1950 bajo el Gobierno de Ceausescu, y casi 100.000 de ellos murieron en la cárcel. (BBC, 03/09/13, Jurist, 04/09/13)

La Oficina de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina y la Oficina Especial de la Fiscalía de Crímenes de Guerra de Serbia, encabezadas por los fiscales jefe Goran Salihovic y Vladimir Vukcevic respectivamente, firmaron el 19 de septiembre en Bruselas un acuerdo para cooperar en una serie de crímenes de guerra cometidos durante los años noventa. En 2012, las dos fiscalías intercambiaron información sobre los posibles casos de crímenes de guerra en relación a 65 personas y 39 casos. (inSerbia, 20/09/13, 23/09/13)

Un juez magistrado de EEUU aprobó el 16 de septiembre la extradición de Almaz Nezirović, un ex guardia de prisión bosnio, a su país natal para enfrentar cargos por crímenes de guerra. El juez Robert Ballou, que preside el Tribunal de Distrito Oeste de Virginia, encontró pruebas suficientes contra Nezirović, que sólo necesitan la aprobación final del Secretario de Estado estadounidense John Kerry para completar el proceso de extradición. Nezirović está acusado de golpear, humillar y traumatizar prisioneros civiles desarmados mientras servía como guardia de prisión en su ciudad natal de Derventa durante las primeras etapas de la guerra de Bosnia. Según el informe policial, Nezirović participó en las detenciones ilegales masivas y detenciones de personas de etnia serbia durante un período de cuatro a seis meses en 1992. (Jurist, 18/09/13)

El ex presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú, Salomón Lerner, ha informado de que después de diez años la mayoría de las recomendaciones del informe que elaboró la Comisión han sido ignoradas. Según él, el Gobierno todavía tiene que llevar a cabo las reformas del Estado e indemnizar a las víctimas y sus familias. El conflicto armado interno de 1980 a 2000 causó unos 70.000 víctimas mortales. Para elaborar el informe, la Comisión de la Verdad recogió 15.220 testimonios. (Peruvian Times, 27-28/08/13)

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España para examinar las medidas adoptadas por el Gobierno español para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas o involuntarias. Los expertos han analizado las cuestiones relacionadas con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas. Coincidiendo con la visita, la Plataforma para una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que reúne a más de un centenar de organizaciones, ha preparado un informe sobre la situación de abandono que sufren las víctimas del franquismo y sus familias. Según este informe, todavía hay 130.000 personas desaparecidas, 30.000 niños robados y miles de víctimas de la represión permanecen enterrados en 2.500 fosas comunes que todavía no se han abierto. (Nota de prensa de UNWGEID, 19/09/13, Público, Periodismo Humano 20/09/13, El País, 24/09/13)

El portavoz del Gobierno, Lambert Mende, ha anunciado que cerca de 100 comandantes del M23 no serán elegibles para la amnistía, ni para integrarse en el Ejército nacional. Según él, la amnistía quedará excluida para los combatientes que hayan participado en varias rebeliones, que estén en las listas de sanciones internacionales, o que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El anuncio tiene lugar en el contexto de las conversaciones de paz en Uganda que podrían llevar a los combatientes del M23 a reintegrar el Ejército. El portavoz del M23, Amani Kabashi, dijo que los diálogos continuarán. (Reuters, 19/09/13)

Un representante del Gobierno Federal del Delta del Níger ha anunciado que el programa de amnistía presidencial terminará en 2015. El programa fue lanzado en 2010 por el entonces presidente Umaru Yar'Adua para rehabilitar los excombatientes que renunciaron a la violencia y se integraron en un programa de Desmovilización, Desarme y Reintegración. Para entonces, se espera que para 2015 más de 16.000 ex combatientes se hayan beneficiado de la amnistía y del programa de formación profesional. (Nigeria Eye, 16/09/13)

El presidente Juan Manuel Santos ha defendido su modelo de justicia transicional ante la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, casi un mes después de que la Corte Constitucional declarara válido el Marco Jurídico para la Paz, que plantea que solo los responsables de los crímenes más graves deben ser juzgados. Santos ha argumentado que las propuestas negociadas en La Habana respetan los estándares internacionales, en un intento de buscar la complicidad de la Corte Penal Internacional, y evitar así que el debate internacional interfiera en las negociaciones de paz. Según el presidente Santos, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha asegurado que su institución no intervendría en Colombia siempre que se respetaran los estándares nacionales e internacionales. Por otro lado, la ley de víctimas (ley 1448) ha sido cuestionada por organismos como la Procuraduría delegada para las víctimas o la ONG Human Rights Watch (HRW). Un informe de la Procuradoría denuncia que los 5,5 millones de víctimas (entre las cuales un 83% de desplazadas) no tienen garantizada la no repetición de los hechos, una condición fundamental para la reparación integral de las víctimas según esta ley. En la misma dirección, HRW documenta en un informe los asesinatos, amenazas de muerte y nuevos desplazamientos forzados cometidos contra personas desplazadas que buscan recuperar sus tierras. (Semana, 31/08/13, El Tiempo, 07/09/13, El Espectador 18/09/13 y 24/09/13, El Colombiano 18/09/13)

El órgano de representación de los jueces en Chile ha emitido una disculpa sin precedentes por las acciones de sus miembros durante el Gobierno militar en los años 1970 y 1980. En una declaración, dijo que el poder judicial en el momento había abandonado su papel como protector de los derechos fundamentales. La declaración de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial se produjo una semana antes de los 40 años del golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder. Dijeron que sus miembros, y en particular la Corte Suprema, habían fracasado en su deber de proteger a las víctimas de abusos del Estado. Cuatro diputado de la oposición y Amnistía Internacional pidieron la derogación de la Ley de Amnistía, que cubre hasta violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1978. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Chile para los Derechos Humanos (INDH) ha pedido al Gobierno más verdad, el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura. Según esta organización, la memoria sobre las violaciones de derechos humanos debe ser incluida en la formación escolar, así como en la de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre 1973 y 1990, bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet, unas 3.200 personas murieron (1.200 siguen desaparecidas), y 38.000 fueron encarceladas y torturadas por motivos políticos. (Europa Press, 05/09/13, BBC, 04/09/13, INDH, 11/09/13, Diario UChile, 09/12/13)

El presidente alemán Joachim Gauck ha visitado Oradour-sur-Glane para recordar a las víctimas del pueblo. Es la primera vez que un funcionario alemán visita esta localidad francesa, donde 642 civiles fueron asesinados en junio de 1944 por soldados alemanes. La mayoría de los hombres les dispararon con ametralladoras, y las mujeres y niños fueron quemados vivos en la iglesia. En febrero de 1953, un tribunal militar francés había sentenciado a 21 soldados, algunos de ellos soldados rasos, a largas condenas. Algunos días más tarde, sin embargo, el Parlamento francés aprobó una ley de amnistía. Del mismo modo, el general Lammerding, considerado responsable del asesinato, fue condenado a muerte en Francia, pero nunca fue extraditado de Alemania. El presidente Gauck expresó su amargura por el hecho de que la mayoría de los responsables no fueron llevados ante la justicia. Desde su nombramiento en marzo de 2012, el presidente alemán también ha visitado Lidice (República Checa) atacado por soldados alemanes en 1942, y Sant'Anna di Stazzema (Italia), donde 560 civiles fueron asesinados en 1944. (El País, 03/09/13, BBC, 09/04/13, Deutsche Welle, 05/09/13)

Un monumento de la conciencia común ha sido inaugurado el 12 de septiembre en el municipio de Diyarbakir, en el Kurdistán turco, en un acto oficial donde el alcalde de la ciudad, Abdullah Demirbaş, se ha disculpado por la "masacre y deportación " de 1915 de los armenios, asirios, judíos, yezidís, alevís, así como todos los suníes, que "estaban en contra del sistema", y ha invitado a las autoridades turcas a hacer lo mismo. El monumento incluye las palabras, en seis idiomas, "Compartimos el dolor para que no se repita". Mientras que el acto puede ser visto como un paso desafiante a la política turca de negación, sectores afines a las víctimas lamentan el hecho de que la palabra "genocidio" haya sido evitada. (The Armenian Weekly, 12/09/13, ICTJ, 18/09/13, Asbarez, 20/09/13)