La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra Charles Blé Goudé, ex ministro de Juventud durante el mandato del ex presidente marfileño Laurent Gbagbo. Blé Goudé, actualmente detenido en Côte d'Ivoire, está acusado de coautor indirecto de asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos, presuntamente cometidos durante la violencia post-electoral en Costa de Marfil entre diciembre de 2010 y abril de 2011, cuando, según la ONU, 3.000 personas perdieron la vida. Mientras que el ex presidente Laurent Gbagbo se encuentra actualmente detenido en La Haya, su esposa Simone Gbagbo, también bajo una orden de arresto de la CPI, se encuentra todavía en Côte d'Ivoire. A finales de septiembre de 2013, las autoridades marfileñas dijeron que no transferirán a Simone Gbagbo a la CPI, para juzgarla en Côte d'Ivoire. El abogado de Blé Goudé ha anunciado que también pedirá que su cliente sea juzgado en Côte d'Ivoire. (ICC, 21/12/11, Le Monde, 02/10/13; Hirondelle News, 10/4/13)

Los abogados del presidente keniano Uhuru Kenyatta han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que retire su acusación de crímenes contra la humanidad contra el mandatario, alegando que los testigos y los intermediarios de la fiscalía están corrompidos. La cumbre de la Unión Africana en Etiopía también lanzó un ultimátum a la CPI para detener la acusación del presidente Kenyata. Abogados del vicepresidente William Ruto, por su lado, han pedido que no esté presente en el juicio debido a sus obligaciones en su país. En respuesta, la Cámara de Apelaciones de la CPI ha dictaminado que Ruto debe estar presente durante la mayor parte de su juicio en La Haya. Mientras tanto, el embajador de la ONU en Kenya, Macharia Kamau, pidió en una carta abierta al Consejo de Seguridad de la ONU que la CPI aplace el juicio, alegando que un juicio continuado podría impedir al gobierno kenyano abordar convenientemente sus problemas nacionales de seguridad. Kenyatta y Ruto están acusados de crímenes contra la humanidad relacionados con la violencia post- electoral de 2007-2008, cuando al menos 1.100 personas murieron y más de 600.000 fueron desplazadas. (Hirondelle News, 11/10/13; Jurist, 11, 23, 25/10/13)

Poco después de la decisión de Kenya de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), una reunión ministerial de la Unión Africana celebrada en Etiopía a mediados de octubre ha acusado al la CPI de tener un sesgo político y una doble moral, ya que todas las personas acusadas por esta Corte son africanas. Por otro lado, otros actores africanos adoptaron una posición a favor de la CPI. En una carta abierta, 130 organizaciones de la sociedad civil africana y grupos internacionales de derechos humanos pidieron a los líderes de la Unión Africana que apoyen a la Corte. Igualmente, el gobierno de Botswana, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan de Ghana, y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu a través de la "Campaña internacional para acabar con la violación y la violencia de género en los conflictos" pidieron por separado el apoyo continuado a la CPI. (Voice of America, Human Rights Watch, 10/7/13, Los Angeles Times, Jurist, 10/08/13; Reuters, Hirondelle News 11/10/13)

El Tribunal de crímenes internacionales de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) ha condenado a muerte a Salahuddin Quader Chowdhury, parlamentario del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, por sus siglas en inglés), por crímenes de guerra, y a Abdul Alim, líder de la oposición del BNP, a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Ambos planean apelar la decisión de la Corte. El ICTB también ha acusado al líder del BNP, Zahid Hossain Khokon, in absentia con cargos de crímenes de guerra como genocidio, tortura, secuestro y detención, hasta un total de 11 cargos. Fundado en 2009, el ICTB se encarga de investigar y enjuiciar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de independencia de Bangladesh de 1971 en la que murieron alrededor de tres millones de personas. (Jurist, 01/10/13, 10/09/13, 10/10/13)

Las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya han presenciado las declaraciones finales sobre los juicios a los dirigentes Khmeres Rojos, Nuon Chea de 87 años, y el ex jefe de Estado Khieu Samphan, de 82 años. Los abogados defensores han negado las acusaciones alegando que los expertos y otros testigos no eran "fiables" en sus testimonios. Los fiscales, por su parte, han pedido la pena de muerte por la creación de un estado esclavista y por ser responsables de crímenes atroces que llevaron a la muerte de más de 1,7 millones de personas. La sentencia se dicta el 31 de octubre. (Público, 21/10/13, Voice of America, 22/10/13)

El Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en inglés) ha acusado a Hassan Merhi, como quinto presunto autor del atentado con un camión-bomba que mató al ex primer ministro libanés Rafik Hariri en el año 2005. Hassan Merhi se enfrenta a 21 cargos de terrorismo y homicidio intencional entre otros. Los otros cuatro sospechosos, Salim Ayyash, Mustafa Badreddine, Hussein Oneissi y Assad Sabra fueron acusados en 2011 de participar en el atentado. Hezbollah ha negado su implicación en el asesinato de Hariri y se ha negado a extraditar a los cuatro primeros sospechosos. Los cuatro serán juzgados a partir de enero de 2014 in absentia si no son detenidos. Por otro lado, el portavoz del STL Marten Youssef recordó a las autoridades libanesas su obligación de contribuir al presupuesto del STL, como ha hecho ya dos veces anteriormente. (Jurist, 10/10/13, The Daily Star, 14/10/13)

El Embajador en Misión Especial de EEUU para Asuntos de Crímenes de Guerra, Stephen Rapp, ha anunciado a principios de octubre que su país contribuirá con un millón de dólares a las Cámaras Extraordinarias Africanas, creadas en febrero de 2013. El ex presidente chadiano Hissène Habré fue acusado en julio de 2013por las Cámaras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura, durante su presidencia. Las Cámaras Extraordinarias Africanas se han creado en el marco del sistema de justicia senegalesa para juzgar los crímenes más graves cometidos en Chad durante la presidencia de Habré, de 1982 a 1990. (Human Rights Watch, 10/1/13; Hirondelle News, 10/4/13)

El Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés) ha transferido al ex presidente de Liberia Charles Taylor al Reino Unido para cumplir el resto de su pena de prisión de 50 años. Taylor, que fue juzgado en los Países Bajos, fue declarado culpable de 11 cargos en Septiembre de 2013, entre ellos de terrorismo, violación, asesinato, utilización de niños soldados por parte de grupos rebeldes, y suministro de armas a los rebeldes a cambio de diamantes durante la guerra civil de Sierra Leona de 1991-2002. Taylor había escrito a la Corte pidiendo cumplir su condena en Rwanda, donde están encarcelados otros presos condenados por la SCSL, pero la demanda fue rechazada. Taylor es el primer ex jefe de Estado condenado por un tribunal internacional por crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. (BBC, 15/10/13; Hirondelle News, 18/11/13)

El Tribunal de crímenes de guerra de Bosnia ha ordenado un nuevo juicio a tres hombres condenados por delitos cometidos en la guerra de Bosnia de 1992 a 1995. Dos de ellos habían alegado ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) que habían sido juzgados en virtud del código penal de 2003, más estricto que el que estaba en vigor cuando cometieron los crímenes. En julio de 2013, la CEDH dictaminó que los procedimientos judiciales bosnios habían violado sus derechos. La decisión afecta a Abduladhim Maktouf, con una pena de cinco años por atrocidades contra civiles croatas en Bosnia central en 1993, a Goran Damjanovic, condenado a 11 años en 2007 por crímenes de guerra contra civiles bosnios musulmanes en Sarajevo en 1992, y a otro serbio-bosnio que no había apelado a la CEDH. Por otra parte, la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina ha anunciado que la Policía ha arrestado a ocho hombres sospechosos de haber participado en el saqueo, la expulsión y el asesinato de civiles en septiembre de 1992 en el municipio de Rogatica. (Reuters, 10/09/13; Jurist, 17/10/13)

Al menos 926 civiles han muerto a manos de EEUU en ataques con aviones no tripulados (drones) en Pakistán que han quedado impunes, según un informe de Amnistía Internacional. La organización pide a las autoridades estadounidenses que recaben información, que juzguen a los responsables de esos actos, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, y que compensen a las familias de las víctimas. Del mismo modo, el Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, y el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, han publicado informes que analizan el impacto de los drones sobre la población civil, como una violación del derecho a la vida y de las normas internacionales. Desde el año 2004, el programa de aviones no tripulados de EEUU ha llevado a cabo 376 ataques con aviones no tripulados en Pakistán, pero el secretismo al respecto protege la impunidad de los EEUU, e impide que las víctimas reciban justicia. (The Telegraph, 21/10/13; Reuters, Amnistía Internacional, 22/10/13, Jurist, 25/10/13)

Fiscales húngaros han acusado a Bela Biszku, un ex funcionario del Partido Comunista, de crímenes de guerra. Ha sido acusado por ordenar fusilamientos de civiles durante las protestas en Budapest y en Salgotarjan durante el levantamiento de 1956 contra el régimen soviético. La acusación ha sido posible por una ley de 2011 que estipula que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no prescriben. Si es declarado culpable, Bela Biszku, de 92 años, podría ser condenado a cadena perpetua. (Reuters, 16/10/13, NY Times, 17/10/13)

Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) decidieron el 11 de octubre que Abdullah al-Senoussi, ex jefe de inteligencia del ex jefe de Estado Muammar al-Gaddafi, debe ser juzgado en Libia, con el argumento de que las autoridades libias están dispuestas y son capaces de juzgarlo. Al-Senoussi está acusado tanto por la CPI como por los fiscales libios de crímenes contra la humanidad, asesinato y persecución de manifestantes en el levantamiento de 2011. Poco después, los abogados de al-Senoussi apelaron la decisión de la Corte Penal Internacional, argumentando que podría enfrentarse a la pena de muerte. La decisión ha levantado polémica, ya que la CPI había dictaminado previamente que el hijo de al-Gaddafi, Seif al-Islam, no podía ser juzgado en Libia porque el sistema judicial en el país no estaba listo. (Washington Post, Hirondelle News, 11/10/13, 18/10/13)

Un tribunal ecuatoriano ha comenzado el juicio de nueve oficiales del Ejército y a un general de la Policía por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada de tres opositores al gobierno en 1985. La acusación está dirigida por la Comisión de la Verdad. Creada en 2007, la Comisión investiga las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 1988, durante la presidencia de León Febres Cordero. En 2010 se publicó un informe que identificaba 165 casos de tortura, 68 ejecuciones, 17 desaparecidos y 269 detenciones arbitrarias durante este período. (Jurist, 02/10/13)

El ex dictador Efraín Ríos Montt condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por la muerte de 1.771 indios ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha solicitado la amnistía a la Corte Constitucional de Guatemala. El Tribunal tendrá en cuenta la demanda, a pesar de que la Corte Suprema de Guatemala ya dictaminó en junio de 2013 que la amnistía de 1986 no se aplica al genocidio ni a los crímenes contra la humanidad. El nuevo juicio de Ríos Montt está previsto para abril de 2014. (La Prensa Libre, 23/10/13)

Las conversaciones de paz de alto nivel sobre la provincia de Kivu se han detenido debido a desacuerdos sobre el alcance de la amnistía y la integración en el Ejército congoleño de los rebeldes del M23. Los negociadores del Gobierno congoleño y del M23 alcanzaron un acuerdo sobre ocho de los 12 puntos de un proyecto de acuerdo de paz, pero todavía tienen que superar las diferencias sobre la manera de disolver el M23. Martin Kobler, representante especial de la ONU para el Congo, lamentó que no se haya podido alcanzar el acuerdo con el M23, teniendo en cuenta los "progresos considerables" en su amnistía. (Washington Post, Mail & Guardian, 21/10/13, Voice of America, 22/10/13)

A principios de octubre, la reanudación de las conversaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes armados Kachin ha llevado al presidente de Myanmar, Thein Sein, a anunciar una nueva amnistía a 56 presos, en su mayoría miembros del Ejército de Independencia Kachin (KIA, por sus siglas en inglés), y del Ejército del Estado de Shan, grupos que participan en las conversaciones de paz. El relator especial de la ONU para Myanmar, Tomás Ojea Quintana, ha celebrado la liberación de estos 56 presos, pero lamenta que a la vez se detengan a otros actores no violentos y armados. Desde 2011, 1.020 opositores han sido puestos en libertad, mientras que alrededor de 1.000 permanecen encarcelados. (Europa Press, 08/10/13, Europa Press, Jurist, 10/10/13; IRIN News, 24/10/13)

El primer ministro griego, Antonis Samaras, ha enviado un informe al Consejo Jurídico de Grecia para construir un caso legal o para negociar sobre las reparaciones alemanas por sus violaciones de derechos humanos y daños a la infraestructura durante la Segunda Guerra Mundial, y por un préstamo no pagado que Grecia se vio obligada a pedir entre 1941 y 1945, bajo la ocupación nazi. El informe no explicita una cantidad concreta del daño Nazi, que podría oscilar entre 220 y 677 millones de dólares por los daños económicos, 24 mil millones de dólares por el préstamo, y una cantidad no calculada por las requisiciones y las represalias. No está claro si el Gobierno griego abordará la cuestión con Alemania, a pesar de que está previsto que pronto hable con sus acreedores sobre formas de aliviar la carga de su deuda. Las muestras de hostilidad griegas hacia Alemania son cada vez más frecuentes, y algunos partidos de la oposición y periódicos reclaman cobrar la deuda alemana. (NY Times, 10/5/13)

La fiscal de la Corte Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés), Brenda Hollis, ha viajado por toda Sierra Leona, para agradecer a las víctimas por su valentía, y en especial a aquellas que sirvieron como testigos contra el presidente de Liberia, Charles Taylor, condenado a una pena de cárcel de 50 años. La visita tiene como objetivo explicar la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Corte a las comunidades que se vieron afectadas por el conflicto de Sierra Leona durante 11 años, y reconocer su participación, que hizo posible el enjuiciamiento de Charles Taylor. Las diversas actividades de divulgación en todo el país han recibido fuertes aplausos de cientos de asistentes. (All Africa, 18/10/13)