La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha confirmado los cargos contra el líder rebelde Bosco Ntaganda. Durante cinco días la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha mantenido que Ntaganda y el grupo rebelde Unión de Patriotas Congoleños ha perseguido a civiles por motivos étnicos y ha utilizado a niños soldado. Ntaganda está acusado de 13 cargos por crímenes de guerra y de cinco por crímenes contra la humanidad en 2002 y 2003 en el noreste de la RD del Congo. El abogado Marc Desalliers ha rechazado los 18 cargos. El país se ha enfrentado a dos décadas de guerra y lucha por los recursos minerales, causando la muerte de aproximadamente cinco millones de personas. (BBC, 02/10/14, Hirondelle News, 16/02/14)

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) ha publicado un informe sobre Corea del Norte que detalla crímenes contra la humanidad generalizados como el asesinato, la esclavitud, la tortura, el encarcelamiento, la violación, el aborto forzado y otros actos de violencia sexual, desaparición forzada y el uso deliberado del hambre. El informe, que incluye testimonios de más de 80 víctimas y testigos, concluye que Corea del Norte debe ser llevada ante la Corte Penal Internacional. El informe se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en marzo. Corea del Norte ha rechazado el informe, asegurando que está basado en pruebas falsas y en que es un instrumento de complot político. (ACNUDH, Jurist, 17/02/14)

La Oficina del Fiscal de la CPI ha solicitado al tribunal un nuevo aplazamiento indefinido en el juicio del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, asegurando que el Gobierno de Kenia ha amenazado a los testigos del caso y ha restringido el acceso a la información. Mientras tanto, el fiscal general de Kenia, Githu Muigai, advirtió a la CPI que no entregará los registros financieros del presidente Kenyatta sin una orden judicial en cumplimiento de la legislación keniana. Dado que el Banco Central de Kenia es independiente, el procedimiento adecuado para la liberación de los registros bancarios es tramitarlo a través del sistema judicial keniano. Sin embargo, la CPI no tiene competencia para incidir en los pleitos nacionales. Kenyatta está procesado por su supuesta participación en incitar a la violencia después de las elecciones de 2007. La crisis post-electoral causó más de 1.100 muertes. (Jurist, 05, 14/02/14)

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto una investigación preliminar sobre posibles crímenes de guerra en la República Centroafricana (RCA). La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha anunciado que su Oficina ha revisado informes que detallan actos de extrema brutalidad llevados a cabo por varios grupos, incluyendo centenares de casos de asesinato, violación y esclavitud sexual, destrucción de bienes, saqueos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento y utilización de niños en las hostilidades. El conflicto armado en la República Centroafricana se ha prolongado durante más de un año entre el Gobierno y la coalición de grupos rebeldes Séléka. Según Médicos Sin Fronteras, todas las comunidades se ven afectadas por la violencia, aunque últimamente ha habido represalias colectivas contra musulmanes. Alrededor de 30.000 refugiados han huido a Chad y 10.000 a Camerún. (CPI, BBC, 07/02/14, Hirondelle News, 08/02/14, Jurist, 10/02/14)

La Corte de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) ha absuelto a dos ex altos mandos militares y ha reducido la pena a un tercero. Augustin Ndindiliyimana, ex jefe de la policía ruandesa parlamentaria, había sido condenado a 11 años por el tribunal de primera instancia por genocidio, exterminio como crimen de lesa humanidad y asesinato. Francois-Xavier Nzuwonemeye, ex comandante de batallón de reconocimiento militar, e Innocent Sagahutu, su segundo comandante, habían sido condenados a 20 años por complicidad en el asesinato del primer ministro Agathe Uwilingiyimana en 1994. La Corte de apelaciones ha considerado que hubo errores en los juicios al valorar la responsabilidad de Ndindiliyimana y Nzuwonemeye en los asesinatos y ha decidido absolverlos. En cuanto a Innocent Sagahutu, la Sala de Apelaciones revirtió ciertas penas, reduciendo su sentencia a 15 años de prisión. En Kigali, los sobrevivientes del genocidio expresaron su indignación por la decisión. (TPIR, BBC, 11/02/14; Jurist, 13/02/14; Hirondelle News, 16/02/14)

Un tribunal alemán ha condenado a Onesphore Rwabukombe, ex alcalde ruandés de Kiziguro, a 14 años de prisión por ordenar la matanza de entre 400 y 1.200 tutsis que se habían refugiado en una iglesia en Kiziguro en 1994. Este es el primer coso de juicio en Alemania vinculado con el genocidio ruandés. El abogado de Rwabukombe dijo que apelará la justicia alemana. En diciembre de 2013, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) sentenció a 25 años de cárcel al alcalde de Kivumu por un delito similar. (Jurist, 19/02/14; Hirondelle News, 21/02/14)

El Tribunal de Casación francés ha bloqueado la extradición a Rwanda de Claude Muhayimana, Innocent Musabyimana y Laurent Serubuga, acusados por presuntos delitos cometidos durante el genocidio de Rwanda de 1994. El tribunal revocó decisiones anteriores que habían aprobado la extradición, argumentando que los acusados no pueden ser juzgados por genocidio o crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en 1994 porque la ley ruandesa para sancionar estos delitos no existió hasta 1996. Por otra parte, un tribunal francés inició un juicio contra el ex oficial de inteligencia de Rwanda Pascal Simbikangwa acusado de armar y fomentar la milicia hutu que llevó a cabo masacres de tutsis. Él es la primera persona en ser juzgada en Francia por su presunta participación en el genocidio de Rwanda. (Hirondelle News, 08/02/14, Jurist, 27/02/14)

La Corte de Apelaciones de Haití ha dictaminado que el ex dictador Jean-Claude Duvalier puede ser acusado de crímenes contra la humanidad, de asesinato y tortura de opositores políticos y de corrupción. Las autoridades haitianas reabrieron una causa penal contra Duvalier hace tres años, después de su regreso al país de un exilio de 25 años en Francia. Pero el caso quedó estancado durante casi un año, mientras un tribunal de primera instancia dictaminaba que el plazo de prescripción había expirado. El Ejército y las fuerzas paramilitares han sido acusados de cientos de asesinatos y desapariciones durante la presidencia de Duvalier (1971-1986). (Jurist, 21/02/14)

El fiscal Marco Guzmán ha absuelto al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud en la investigación por esterilizaciones forzadas cometidas entre 1990 y 2000 por falta de indicios de su responsabilidad inmediata. El fiscal ha argumentado que no se ha incurrido en crimen de lesa humanidad, pero que existen elementos que indican la violación de los derechos humanos. En mayo de 2009 se archivó el caso, pero en junio de 2013 se reabrió después de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Víctimas y organizaciones de la sociedad civil han rechazado la resolución de la investigación porque desconoce los más de 2000 casos denunciados de mujeres esterilizadas forzosamente en las zonas rurales más pobres del país. (El Comercio, 24/01/14; Reuters, 25/01/14; Peru This Week, 29/01/14)

Un tribunal nacional de Rwanda ha abierto el juicio contra Jean Bosco Uwinkindi, el primer acusado transferido, en abril de 2012, por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) con sede en Tanzania. El ex predicador Uwinkindi está acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad por haber dirigido presuntamente a un grupo de hutus en la matanza de más de 2.000 civiles tutsis en el municipio de Kanzenze. El acusado fue acusado por el TPIR en 2001 y arrestado en 2011 cuando entró en Uganda desde la República Democrática del Congo. (Jurist, 26, 27/02/14)

La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Superior de Belgrado ha condenado a nueve ex paramilitares serbios de la unidad Sakali (Chacales) con penas de dos a 20 años de prisión por haber matado a más de 120 civiles de la comunidad albanesa, entre mayo y abril de 1999. Los fiscales concluyeron que habían violado, asesinado y robado a las víctimas en los pueblos de de Cuska, Zahac, Pavlan y Ljubenic en el oeste de Kosovo. Otros dos paramilitares fueron absueltos de todos los cargos. El vicefiscal de crímenes de guerra Bruno Vekaric señaló que, el mismo día de la sentencia, las balsas de un testigo que cooperó en el caso Cuska fueron incendiadas en Belgrado, mostrando el riesgo asumido por los que colaboran con la Sala de Crímenes de Guerra. El conflicto de Kosovo (1998-1999) enfrentó a los que pedían la Independencia de Kosovo (principalmente albaneses) y los que optaban por seguir formando parte de Serbia (mayoritariamente albaneses serbios). El conflicto armado de Kosovo (1998-1999) enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio. (BBC, 11/02/14; InSerbia, 12/02/14)

El Congreso ha aprobado una ley que limita la competencia de la justicia española para juzgar los casos de crímenes de lesa humanidad. Mientras que la ley actual permite a juzgar todos los casos de crímenes de lesa humanidad, la nueva ley, que se aplicará a finales de marzo, sólo permitirá juzgar los casos en que estén involucrados ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros residentes en España. La eliminación del principio de justicia universal, que permitió, entre otras causas, enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet, afectará a varios juicios abiertos por violación de los derechos humanos como el presunto genocidio, terrorismo y torturas de ex comandantes en Guatemala, el genocidio en el Tíbet, o la tortura a varios prisioneros de Guantánamo. (El País, 28/02/14)

Un juez federal de California ha condenado a 10 años de cárcel a Jorge Sosa, ex oficial del Ejército de Guatemala, por engañar a los funcionarios de inmigración de EEUU al ocultar su participación en una masacre de 200 personas en Dos Erres, Guatemala, en 1982. Después de cumplir con su sentencia, Sosa puede ser extraditado a Guatemala, que espera juzgarle por su responsabilidad en la masacre. En el año 2000, Guatemala reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de la masacre, pero en el 2004 una decisión judicial otorgó amnistía a los autores. En 1996 el acuerdo de paz entre la insurgencia y el Gobierno de Guatemala acabó con 36 años de guerra civil, con un saldo de más de 200.000 muertos perpetrados en su mayoría por las fuerzas militares y paramilitares del Estado. (AP, The Sacramento Bee, 10/02/14; Jurist, 11/02/14)

El Gobierno de Sri Lanka ha anunciado una visita oficial a Sudáfrica para considerar la institución de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, siguiendo el modelo del organismo del post-apartheid. Varias organizaciones de derechos humanos, partidos de oposición y actores internacionales han criticado la falta de voluntad política para investigar la verdad y promover la reconciliación. El principal grupo de oposición, el Partido Nacional Unido, emitió una declaración exigiendo una investigación nacional sobre los crímenes de guerra perpetrados por todas las partes del conflicto. La Alta Comisionada de NU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en cambio, ha reclamado una investigación internacional considerando que las autoridades nacionales no han investigado adecuadamente ni procesado a los presuntos crímenes de guerra. El Gobierno de Sri Lanka ha rechazado las peticiones de investigación internacional, defendiendo su propio proceso interno. Los 25 años de conflicto entre el grupo armado tamil LTTE y el Gobierno esrilanqués de mayoría cingalesa han causado hasta 100.000 muertes. Casi 40.000 personas fueron asesinadas en los últimos cinco meses del conflicto armado. (Tiempo, 19/02/14; Jurist, 05, 25/02/14, Deutsche Welle, 25/02/2014)

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha ordenado a la Fiscalía General del país que investigue la masacre de 1981 en la comunidad de San Francisco Angulo donde murieron más de 45 personas, entre ellas mujeres y niños, cometida presuntamente por las tropas del Ejército en el contexto del conflicto armado interno del país. Tras los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en 1992 se creó una Comisión de la Verdad. Pero en 1993 el Gobierno decretó una Ley de Amnistía que impidió el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra. En septiembre de 2013 el Tribunal Supremo admitió una demanda, actualmente en trámite, presentada por 20 organizaciones de la sociedad civil para revocar la Ley de Amnistía. (Reuters, El País, 06/02/14)

El portavoz del Ministerio de Finanzas alemán ha rechazado una demanda interpuesta por la comunidad judía de la ciudad de Tesalónica, Grecia, pero ha ofrecido cooperar con ésta en futuros proyectos que no ha especificado. La demanda pedía recibir compensación por un rescate forzado de 2,5 millones de dracmas que se pagó a un comandante nazi en julio de 1942 para liberar a miles de hombres judíos sometidos a trabajo forzado. A pesar del pago, la mayoría de las víctimas fueron deportadas al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Al recibir la negativa, la comunidad judía de Tesalónica ha presentado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En los últimos años, Grecia ha anunciado repetidamente que se reserva el derecho a reclamar reparaciones por el tiempo de guerra. (AFP, 26/02/14)

El Gobierno libio ha aprobado un decreto que indica que las mujeres que fueron violadas durante la revuelta contra el entonces Presidente Muammar Gaddafi 2011 deben ser reconocidas como víctimas de guerra. La ley, que prevé una indemnización para estas mujeres, incluye medidas como la asistencia financiera, la atención médica y psicológica, la protección de los niños nacidos de esas violaciones, y las medidas para facilitar su adopción. En junio de 2011, un informe del fiscal de la CPI estimó que cientos de mujeres fueron violadas, documentó que estas violaciones fueron presuntamente utilizadas como arma de guerra por las fuerzas de seguridad de Gaddafi, y que incluso se suministraron medicamentos del tipo viagra para fomentar el ataque sexual de los soldados. El decreto se ha extendido a la "Amazonas", mujeres que fueron sometidas a esclavitud sexual por el ex presidente Muammar Gaddafi y sus oficiales. (Al Huffington Post, 20/02/14; Hirondelle News, 21/02/14)

La cadena de televisión pública japonesa NHK ha protagonizado dos polémicas sobre el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El jefe de emisiones, Katsuto Momii, aseguró que el uso militar de esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial era una práctica común en cualquier país en guerra. Algunos días después, Naoki Hyakuta, miembro de la junta de la NHK, afirmó en una campaña para un candidato de derechas a las elecciones en Tokio que la masacre de Nanking nunca sucedió. China sostiene que hasta 300.000 civiles y soldados murieron en Nanjing en el invierno 1937-38, cuando el Ejército japonés entró en la ciudad. Algunos historiadores japoneses cuestionan estas cifras. En los últimos meses, la tensión por asuntos de memoria acerca de la Segunda Guerra Mundial está aumentando entre Japón y China, coincidiendo con disputas territoriales. (BBC, 04/02/14)