La Corte Penal Internacional ha declarado a Germain Katanga, comandante de la Patriotic Force of Resistance in Ituri, culpable de un crimen de lesa humanidad (por asesinato) y de cuatro crímenes de guerra (por asesinato, ataque a población civil, destrucción de bienes y pillaje). Los jueces han concluido que Katanga contribuyó de manera significativa a los crímenes de la milicia Ngiti cometidos el 24 de febrero de 2003 en el ataque contra la aldea de Bogoro, en Ituri, donde cerca de 200 civiles perdieron la vida. Según la cámara, Katanga ayudó a los miembros de la Patriotic Force of Resistance in Ituri a planificar el ataque en Bogoro, de población predominantemente Hema, y contribuyó a proveer armas a la milicia. Por otro lado, la cámara ha absuelto a Germain Katanga de los cargos de violación, de esclavitud sexual y de utilización de niños soldados, debido a la falta de pruebas para probar la responsabilidad del acusado por estos delitos. El juicio a Katanga ha durado casi seis años. (ICC, Jurist, 07/03/14)

Charles Blé Goudé, líder del movimiento juvenil Jeunes Patriotes y ministro durante la anterior presidencia de Laurent Gbagbo, ha sido entregado a la CPI por el Gobierno de Côte d'Ivoire, en respuesta a una orden de arresto de la CPI emitida en diciembre de 2011 y desclasificado en septiembre 2013. En agosto de 2014 se celebrará una audiencia de confirmación de cargos para determinar si existen pruebas suficientes de que cometió los delitos imputados. Blé Goudé está acusado de cuatro cargos de crímenes contra la humanidad, por asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, por persecución y por otros actos inhumanos, presuntamente cometidos en el territorio de Côte d’Ivoire entre el 16 de diciembre de 2010 y 12 de abril 2011. La orden de detención contra Charles Blé Goudé es una de las tres órdenes de detención dictadas hasta ahora por la CPI en el contexto de la investigación de la corte en Côte d' Ivoire. (ICC, 23, 27/03/14)

El Tribunal Superior de Kenia ha dictaminado que el periodista Walter Barasa puede ser extraditado a la CPI. Barasa, que niega los cargos, está acusado de sobornar con hasta 16.000 dólares a los testigos de la acusación en el juicio al vicepresidente William Ruto acusado de crímenes de lesa humanidad por la violencia post electoral del año 2007. La decisión del Tribunal Superior de Kenia es especialmente relevante ya que en septiembre de 2013 el Parlamento kenianio aprobó una moción para dejar de ser miembro de la Corte Penal Internacional en protesta por la acusación contra los dirigentes kenianos Ruto y Kenyatta. La CPI decidió continuar con los juicios después de rechazar una solicitud por parte de funcionarios de Kenya para trasladar el enjuiciamiento a Kenia o Tanzania. (Jurist, 20/03/14)

Una Comisión Internacional de Investigación sobre la República Árabe Siria ha presentado un informe al Consejo de Derechos Humanos que documenta ataques generalizados y asedios contra civiles sirios que conllevan heridos en masa, torturas, violaciones, desnutrición y hambre. El informe, que abarca investigaciones de julio de 2013 a enero 2014, llega a la conclusión de que tanto grupos pro-Gobierno como grupos armados de oposición han cometido masacres; que los hospitales, el personal médico y de asistencia humanitaria y los bienes culturales fueron atacados deliberadamente; y que se ha utilizado gas sarín en múltiples ocasiones. A pesar de que los investigadores de la ONU han elaborado una lista de presuntos criminales de guerra con pruebas suficientemente sólidas para prerseguirlos, es poco probable que sean remitidos a la CPI porque Siria no ha firmado el Estatuto de Roma. Por este motivo, sólo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría transferir la situación de Siria a la CPI, pero probablemente el veto de Rusia impediría esa posibilidad. (ACNUDH, Voice of America, 05/03/14; Jurist, 03/10/14; Global Post, 18/03/14)

El abogado norteamericano Morton Sklar ha acusado al Gobierno de Camboya de un crimen sistemático de silenciamiento de las opiniones disidentes con miras a proteger a los ex líderes Jemeres Rojos en sus enjuiciamientos por genocidio. En representación de una coalición de defensores de los derechos humanos y la democracia en camboya, Sklar ha afirmado que el primer ministro Hun Sen ha interferido directamente en las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés). Por esta razón, el abogado ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere juzgar el primer ministro de Camboya, Hun Sen, por complicidad en crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad. Aunque la CPI no puede juzgar crímenes cometidos antes de su creación en 2002, Sklar argumenta que los intentos de proteger a los ex miembros de los Jemeres Rojos en el juicio ocurrieron después de esa fecha y que equivalen a complicidad en el genocidio. Los Jemeres Rojos, el partido gobernante de Camboya en el período 1975-1979, se consideran responsables de la muerte de más de 1,7 millones de personas que murieron de hambre, enfermedades, exceso de trabajo o ejecutadas. Las ECCC, establecidas en 2006, han condenado hasta la fecha a un solo acusado, al director de la prisión de los jemeres rojos Kaing Guek Eav, condenado a cadena perpetua. (Jurist, Radio Free Asia, Washigton Post, 20/03/14)

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos, Richard Falk, ha presentado un informe pidiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que evalúae la situación jurídica de la prolongada ocupación israelí de Palestina, alegando que tiene características legalmente inaceptables de colonialismo, apartheid y limpieza étnica. Falk también hace un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examinar las implicaciones legales de la ocupación de Palestina. El Relator Especial ha expresado su preocupación con respecto a la expansión de las colonias en territorios ocupados, señalando que el número de asentamientos construidos en Cisjordania se duplicó en 2013; con respecto al muro, declarado ilegal por la CIJ en 2004, pero cuya construcción continúa; y con respecto a la fragmentación del territorio y especialmente en Jerusalén, donde más de 11.000 palestinos han perdido su derecho a vivir allí desde 1996. El informe también argumenta la posible responsabilidad de las empresas que se benefician de los asentamientos. (ACNUDH, Jurist, 24/03/14)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha iniciado audiencias sobre controversias entre Croacia y Serbia. En 1999, el gobierno croata presentó una demanda en contra de la entonces Yugoslavia por genocidio durante la guerra de 1991 a 1995, cuando más de 10.000 croatas fueron asesinados. En las audiencias, Croacia ha argumentado ante la Corte que los actos de violencia cometidos por las fuerzas de la ex República Federal de Yugoslavia en la ciudad de Vukovar constituyeron genocidio. Croacia ha pedido a Serbia que juzgue a todos los criminales de guerra serbios, que le devuelvan todos los bienes culturales confiscados durante la guerra, que le paguen reparaciones, y que se le informe de qué pasó con los más de 1.400 croatas que han sido dados por desaparecidos desde la guerra. El representante serbio Sasa Obradovic reconoció los crímenes, pero afirmó que no constituían genocidio. En 2010, Serbia también presentó una demanda por genocidio por el asesinato de más de 6.000 serbios de Croacia y la expulsión de 230.000 croatas serbios de Croacia durante la guerra civil. Los expertos legales consideran que hay pocas posibilidades de éxito para ninguna de las dos partes, dado que un caso casi idéntico de Bosnia-Herzegovina contra Serbia fue desestimado por la CIJ en 2007. (DW, 01/03/14; BBC, 03/03/14)

Un tribunal francés ha condenado el ex jefe de inteligencia de Rwanda Pascal Simbikangwa a 25 años de cárcel por genocidio y complicidad en crímenes contra la humanidad por su participación en el genocidio de Rwanda de 1994, cuando 800.000 personas, en su mayoría de la minoría tutsi, fueron asesinadas en tres meses de violencia. Simbikangwa, un ex miembro de la guardia presidencial del ex presidente Juvenal Habyarimana, fue acusado de armar y movilizar a la milicia Interahamwe en controles de carretera en los que mataron a personas tutsis en 1994. Tres días después de la sentencia, los abogados de Simbikangwa han apelado su condena, argumentando el juicio se basa únicamente en testimonios. Si bien este es el primer caso juzgado hasta la fecha en Francia contra un acusado por el genocidio de Rwanda, otros 27 casos están siendo investigados, la mayoría de ellos tras las denuncias de la asociación Collectif des partes civiles pour le Rwanda. (Hirondelle News, Jurist, 15/03/14; Le Monde, 18/03/14)

El gobierno de Níger ha extraditado a Saadi al-Gaddafi, uno de los siete hijos del ex presidente Muammar Gaddafi, que se encuentra desde entonces bajo custodia en Trípoli. Acusado de disparar a los manifestantes y otros crímenes durante el Gobierno de su padre, Saadi al-Gadafi huyó después de que Muammar Gaddafi fuera asesinado en el levantamiento de 2011 contra el régimen gaddafista. El abogado de Gaddafi, Nick Kaufman, criticó que la medida no ha seguido ningún proceso legal en Níger antes de la extradición a Libia. Aunque la Interpol emitió una notificación que obligaba a los países miembros a arrestarlo en 2012, Níger había denegado peticiones previas de Libia de extraditarlo, argumentando Gaddafi estaba expuesto a la pena de muerte. En febrero de 2014, sin embargo, Níger ya extraditó a Libia al ex alto funcionario de inteligencia Abdallah Mansur. (BBC, 06/03/14, 29/03/14)

La Asamblea Nacional de Malí ha aprovado por amplia mayoría la creación de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación. El proyecto de ley ha aprobado la Orden nº2014, de 15 de enero de 2014, que crea una Comisión con un mandato de tres años, y compuesto por 15 miembros, para aclarar los crímenes que ocurrieron en la crisis de 2012-2013 que profundizaron las divisiones intercomunitarias, pero remontándose a la independencia del país en 1960. Durante el debate, algunos parlamentarios exigieron que todos los grupos armados pudieran participar en la recopilación de información de la Comisión, y pidieron que todas las recomendaciones se lleven a la práctica. El ministro de la Reconciliación Nacional y el Desarrollo de las Regiones Norte, Cheick Oumar Diarrah, respondió que todas las recomendaciones serán tomadas en cuenta por el gobierno. Grupos de derechos humanos temen que la comisión no tenga la independencia necesaria, dado que su relación con el Ministerio de la Reconciliación y el Desarrollo para el Norte expone a la Comisión a la interferencia política. (Voice of America, 12/03/14; Maliweb, 28/03/14)

Durante la visita oficial a Grecia del presidente alemán Joachim Gauck, su homólogo griego Carolos Papoulias ha exigido negociar reparaciones de guerra por las víctimas griegas, y por el préstamo forzoso de ocupación impuesto a Grecia por los nazis. Gauck ha reconocido la deuda moral de Alemania por las matanzas de civiles griegos por soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero se ha negado a discutir pagos de reparación. Desde el año 2013, varios grupos que representan a las víctimas de guerra griegos han reclamado 162 mil millones de euros en concepto de reparación. El Gobierno alemán se defiende alegando que saldó la reparación en 1960, al pagar 115 millones de marcos alemanes (60 millones de euros) para compensar a Grecia. El Gobierno griego afirma que siempre ha considerado que ese dinero como un pago inicial que debía ser discutido más adelante, después de la reunificación alemana. (DW, 06/03/14, Greekreporter, 11/03/14)

La empresa pública francesa Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF, por sus siglas en francés) ha contactado con el abogado de 600 familiares de víctimas de deportaciones del Holocausto para iniciar negociaciones sobre compensaciones. Durante el régimen de Vichy en que el Gobierno francés colaboró con el régimen nazi, la compañía de trenes deportó presuntamente a 76.000 Judios franceses a campos de concentración nazis entre 1942 y 1944. En noviembre de 2010, la SNCF se disculpó por ello, pero denegó cualquier reparación alegando que había actuado bajo coacción del régimen nazi. Pero en febrero de 2014, el Estado de Maryland ha considerado aprobar un proyecto de ley que prohibiría a la SNCF y a su filial, Keolis América, acceder a la licitación de un proyecto de 6.000 millones de dólares para construir y ejecutar una línea de ferrocarril en Maryland hasta que pague una compensación a las víctimas. El abogado de las víctimas, Kirill Reznik, ha argumentado la responsabilidad directa de la SNCF ya que la empresa recibió pagos por persona y por kilómetro de cada prisionero. En febrero, los Gobiernos de Francia y EEUU pusieron en marcha negociaciones para las víctimas norteamericanas deportadas. Según la organización Coalition for Holocaust Rail Justice, cerca de 250 estadounidenses se verían afectados por estas negociaciones. (Le Monde, 05/02/14; AFP, 11/03/14)

En febrero 2014 altos cargos del Gobierno japonés anunciaron la creación de una comisión especial para revisar la evidencia sobre la explotación sexual de mujeres por parte del Ejército japonés en tiempo de guerra. Durante los años 1930 y 40, hasta 200.000 mujeres, muchas de ellas coreanas, fueron sometidas como esclavas sexuales por soldados del ejército imperial japonés. Algunos conservadores japoneses han afirmado que las mujeres, llamadas eufemísticamente “confort women" (mujeres de consuelo), eran prostitutas. Poco después, en el aniversario del levantamiento de 1919 en Corea contra el dominio colonial japonés, la presidenta surcoreana, Park Geun-Hye ha pedido a Japón que apueste por la verdad y la reconciliación. Park ha advertido al Gobierno japonés que revocar la Declaración de Kono de 1993, que pedía disculpas por la explotación del Ejército de esclavas sexuales, sólo le conllevaría aislamiento. Pero en marzo de 2014, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha afirmado que su país no retirará la Declaración de Kono. Las declaraciones de Park y Abe han permitido rebajar la creciente tensión entre Corea, China y Japón ligada a disputas territoriales. (BBC, 01/03/10; 14/03/14; Global News, 30/03/14)

La Comisión de la Verdad y Reconciliación destinada a recoger testimonios sobre la internación forzosa de niñas y niños indígenas en internados ha concluido sus cuatro años de audiencias públicas. Las audiencias se han clausurado con un evento final en Edmonton al que asistieron miles de personas. Durante el siglo pasado y hasta 1996, alrededor de 150.000 niños y niñas de las comunidades conocidas como Primeras Naciones, Inuit y Metis fueron internados lejos de sus familias y obligados a asistir a escuelas religiosas. Durante cuatro años, la Comisión dirigida por el juez Murray Sinclair, ha visitado más de 300 comunidades y recogido 6.500 declaraciones que demuestran casos constantes de hambre, golpes y palizas, abusos sexuales, enfermedades o muertes inexplicables. En 2007 el Gobierno federal se disculpó por las escuelas residenciales y creó la comisión dotada de 60 millones de dólares para crear el registro histórico más completo posible. A lo largo del proceso, sin embargo, algunas quejas de los Comisionados u otros jueces han denunciado la interferencia del Gobierno en la colección de grabaciones o el intento de cortar programas de cuidado a las víctimas. (Daily Mail, 09/03/14)