Los abogados del ex comandante congolés del grupo armado de oposición Fuerzas de Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI, por sus siglas en francés) Germain Katanga han apelado la totalidad de la decisión de la condena, y tratarán de revertir la decisión sobre cada acusación. En marzo, la CPI consideró a Germain Katanga culpable de un crimen de lesa humanidad (asesinato) y cuatro crímenes de guerra (asesinato, ataque a la población civil, destrucción de bienes y pillaje) por su contribución en los crímenes cometidos por la milicia ngiti el 24 de febrero de 2003 durante el ataque a la aldea de Bogoro, en Ituri, donde murieron cerca de 200 civiles. Desde 1999, los enfrentamientos en la región de Ituri han matado al menos a 60.000 personas. El veredicto en contra de Katanga es el tercero de la CPI, y su segunda condena desde que abrió sus puertas hace más de una década. (AFP, 09/04/14; Jurist, 10/04/14)

La CPI ha convocado a ocho testigos que se negaban a testificar en el juicio al vicepresidente de Kenya William Ruto, y al periodista Joshua Sang, recordando al Gobierno de Kenya su obligación de facilitar las citaciones de la CPI. A lo largo del juicio, los testigos informaron a la fiscalía que ya no estaban dispuestos a testificar y obligaron a la fiscalía a suspender el juicio y a buscar nuevas pruebas. La CPI ha anunciado que los testigos podrán comparecer por videoconferencia para testificar, y ha pedido al Gobierno de Kenya que garantice su seguridad hasta que comparezcan ante el tribunal. Ruto y Sang están acusados de crímenes de lesa humanidad (asesinato, deportación y traslado forzoso de población y persecución) presuntamente cometidos en Kenya en el contexto de la violencia post-electoral de 2007-2008. La retirada de testigos ha afectado a otros casos de la CPI relacionados con la violencia ten Kenya, como el juicio al ex jefe de la administración pública keniata Francis Muthaura, en el que, según la CPI, algunos testigos sentían inseguridad para testificar y otros se retractaron de sus declaraciones. (CPI, 17/04/14, BBC, 18/04/14)

El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (TPIY) ha dictaminado que existen suficientes pruebas para juzgar a Ratko Mladic por dos cargos de genocidio por su presunta participación en la masacre de Srebrenica en 1995, donde 8.000 hombres y niños musulmanes murieron, así como su participación en la expulsión de bosnios musulmanes, bosnios croatas y otras poblaciones no serbias durante la guerra de Bosnia de 1992 a 1995, entre otros cargos. Los abogados de Mladic habían alegado que no hay suficientes pruebas para vincularlo al genocidio, pero el tribunal consideró que si existe tal evidencia. El juicio a Mladic ante el TPIY se inició en junio de 2011, y desde entonces se ha pospuesto y reanudado varias veces y por diversas razones, incluidos las motivos de pruebas, y las condiciones de salud del acusado. (BBC, Jurist, 15/04/14)

Las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) han definido el alcance de la segunda parte de la investigación sobre los líderes del régimen de los Khmeres Rojos, Nuon Chea y Khieu Samphan (Caso 002/02). El caso incluirá acusaciones por genocidio contra personas vietnamitas y de la comunidad cham, matrimonio forzado y violación, persecución religiosa de los budistas y purgas internas producidas en cuatro centros de detención, tres lugares de trabajo y una cooperativa. Los dos hombres están a la espera de un veredicto por delito de crímenes de lesa humanidad (Caso 002/01), centrado en el desalojo forzoso de la población de la capital después de la toma de posesión de los Khmeres Rojos. El juicio ha sido dividido en segmentos más pequeños para asegurar que al menos algún juicio pueda ser finalizado antes de la muerte de los acusados octogenarios. El régimen de los Khmeres Rojos causó la muerte de hasta 2,2 millones de personas entre abril de 1975 y principios de 1979. Por otro lado, las Salas Especiales han anunciado que un amplio apoyo ha sido asegurado para los proyectos de reparación a las víctimas solicitadas en el Caso 002/01. Los más de 770.000 dólares recaudados serán utilizados en 13 proyectos de reparación destinados a mitigar los daños y el sufrimiento, a preservar la memoria colectiva y a restablecer la dignidad de las víctimas. (Voice of America Khmer, The Phnom Penh Post, 07/04/14; The Diplomat, 08/04/14; ECCC, 21/04/14)

La Asamblea de Kosovo ha aprobado con 89 votos a favor y 22 en contra la creación de una Corte Especial Internacional para investigar los crímenes cometidos por los rebeldes albanokosovares durante la guerra de 1998-1999 con Serbia. De acuerdo con un informe del Consejo de Europa publicado por el senador suizo Dick Marty en 2010, algunos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, el grupo rebelde albanokosovar en tiempos de guerra, los secuestros cometidos, palizas, ejecuciones sumarias, y en algunos casos, la remoción forzada de órganos humanos de personas de origen serbio y de la comunidad roma de Kosovo y los albanokosovares sospechosos de colaborar con el Gobierno serbio antes o durante la guerra. El tribunal tendrá su sede en Kosovo, aunque la mayoría de los trabajos se ejecutarán en los Países Bajos por jueces y abogados internacionales, en parte para evitar las amenazas a testigos y jueces. Aunque algunas organizaciones confían que esclarecer las responsabilidades de kosovares en los crímenes de guerra contribuirá a conciliar los dos países, otras consideran que establecer un tribunal que sólo investiga delitos presuntamente cometidos por un lado envía un peligroso mensaje de que sólo algunos crímenes merecen ser investigados. Otros análisis cuestionan si esta Corte Especial es necesaria, teniendo en cuenta la existencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de la UNMIK y de EULEX. (HRW, 11/04/14; Jurist, 24/04/14; Euroasia review, 01/05/14)

El Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en inglés) que juzga a los acusados por el homicidio del ex primer ministro del Líbano Rafiq al-Hariri en 2005 (Caso Ayyash et al.), ha imputado a dos periodistas y dos medios de comunicación por desacato y obstrucción a la justicia. Karma Mohamed Tahsin al-Khayat de Al-Jadeed TV, y la empresa matriz de la emisora New TV S.A.L. están acusados de dos cargos de desacato y la obstrucción de la justicia, mientras que Ibrahim Mohamed Al-Amin de Al-Akhbar, y la empresa matriz del periódico Akhbar Beirut S.A.L. han sido convocados por un cargo de desacato y la obstrucción de la justicia en relación con el caso Ayyash et al.. Todos los cargos se refieren a la publicación de información sobre los supuestos testigos confidenciales. Según el juez David Baragwanath, y a pesar de reconocer la importancia de la libertad de prensa, esto puede equivaler a una interferencia con la administración de justicia, ya que reduce la confianza de los testigos y del público en la capacidad y la voluntad del Tribunal de proteger a sus testigos. En abril de 2013, un grupo previamente desconocido identificado como Periodistas por la Verdad publicó una lista de 167 nombres de los supuestos testigos, diciendo que quería desvelar la corrupción del STL. Ambos periódicos, Al- Akhbar y Al-Jadeed, publicaron esa lista. Un grupo de periodistas, así como el ministro de Información libanés, Ramzi Jreij, han condenado las acusaciones, argumentando que juzgar la información que se transmite sobre el Caso Ayyash et al. no es el mandato del Tribunal, y deploran que las imputaciones se hagan sobre el mensajero en lugar de sobre la fuente que filtró la información. (STL, Al-Arabiya News, 24/04/14, Al-Akhbar, 28/04/14)

La Audiencia Nacional de España ha declinado la extradición a Argentina del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusado de delitos de tortura sobre 13 personas durante el franquismo. La Audiencia considera que las acusaciones no revelan hechos que puedan ser constitutivos de genocidio y de lesa humanidad, delitos que no prescriben, y argumenta que el delito de tortura ya ha prescrito, ya que los hechos ocurrieron en 1968 y los delitos de tortura prescriben en España en el plazo de diez años. Por otro lado, el pronunciamiento de la Audiencia Nacional invita a las instituciones argentinas a iniciar un proceso en los tribunales españoles para que las víctimas puedan ser oídas. En el año de 2012 familiares de víctimas presentaron una denuncia ante los tribunales argentinos contra cuatro supuestos torturadores del régimen franquista. Las víctimas han deplorado tener que recurrir a la justicia argentina para que el caso sea juzgado (Público, 03/04/14, El País, 10/04/14, 25/04/14)

Una coalición de 146 organizaciones de derechos humanos congolesas e internacionales emitió una declaración conjunta instando al Gobierno a establecer unas Cámaras mixtas especializadas, y a adoptar la legislación necesaria para implementar el Estatuto de Roma de la CPI con el fin de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, a través de su sistema nacional de justicia. Para ello sería necesario introducir en la legislación congolesa las definiciones de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, de acuerdo con el Tratado de la CPI, así como regular la cooperación entre las autoridades congolesas y de dicha Corte. Las organizaciones impulsoras de esta declaración afirman sentirse muy alentadas con los compromisos declarados por el Gobierno para hacer frente a las atrocidades que han ocurrido en el país, devastado por la guerra. Según las organizaciones, los ciclos repetidos de violencia e impunidad en las últimas dos décadas, en particular en el este de RD Congo, han resultado en la muerte de unos cinco millones de personas debido a la violencia, el hambre y la falta de atención médica. Las Fuerzas Armadas nacionales de Congo, Rwanda y Uganda, y numerosos grupos armados no estatales han llevado a cabo masacres, ejecuciones sumarias, violaciones, torturas, reclutamiento forzado de niños, saqueos y quema de casas. (Jurist, HRW, 01/04/14)

Poco después de declarar ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), el exmilitar brasileño Paulo Malhães ha sido asesinado en su domicilio en las afueras de Rio de Janeiro. En el mes de marzo, el exmilitar Malhães declaró haber torturado, asesinado y hecho desaparecer a personas durante la dictadura militar en cumplimiento de órdenes superiores. Miembros de la CNV temen que el asesinato haya sido una forma de evitar que el militar dé nuevos datos, y una advertencia a otros militares que quieran cooperar. Desde el año 2011, la Comisión investiga las muertes y desapariciones de unas 400 personas durante la dictadura militar entre 1964-1985, aunque sin enjuiciar a los culpables a causa de la ley de amnistía aprobada por el Gobierno militar en 1979. Pocos días antes de la muerte de Malhães, y coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en el país, el Ejército se había comprometido a cooperar con las investigaciones de la CNV. (LA Times, 02/04/14; BBC, 25/04/14, 28/04/14)

El Parlamento de Burundi ha aprobado un proyecto de ley para crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el mandato de investigar los conflictos que han asolado a Burundi desde su independencia de Bélgica en 1962. Según el proyecto de ley, aprobado por el partido en el poder CNDD-FDD en ausencia de los partidos de la oposición, será el propio presidente Pierre Nkurunziza quién nombrará sus miembros. Los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil han advertido que por este motivo la Comisión estará sesgada, y evitará que el partido gobernante rinda cuentas por los crímenes del pasado, y han recomendado que la comisión esté integrada por expertos internacionales y locales seleccionados de forma independiente. (RFI, Reuters, 18/04/14)

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevará a cabo una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las partes durante el conflicto armado que finalizó en el año 2009 y que enfrentó durante casi tres décadas al Gobierno con la guerrilla tamil del LTTE. La resolución que promueve el inicio de la investigación ha sido aprobada con el voto a favor de 23 de los 47 miembros que integran el Consejo y ha contado con el apoyo de países como EEUU y Reino Unido. En febrero de 2014, la Alta Comisionada de NU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reclamó una investigación internacional considerando que las autoridades nacionales no han investigado adecuadamente ni procesado a los presuntos crímenes de guerra. El Gobierno de Sri Lanka rechazó las peticiones de investigación internacional, defendiendo su propio proceso interno mediante una comisión de la verdad. Los 25 años de conflicto entre el grupo armado tamil LTTE y el Gobierno esrilanqués de mayoría cingalesa han causado hasta 100.000 muertes. Casi 40.000 personas fueron asesinadas en los últimos cinco meses del conflicto armado. (Press Trust of India, 02/04/14; IB Times, 08/04/14; The New York Times, 28/03/14)

En el marco de los diálogos de paz de la Habana, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) han anunciado que están de acuerdo en la conformación de una Comisión de la Verdad en el marco de la firma de un posible acuerdo de paz. Sin embargo, las FARC-EP proponen que previamente se cree una comisión que esclarezca el origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, como insumo fundamental para la repartición de las responsabilidades históricas del conflicto. Por su parte, el Gobierno colombiano rechaza la propuesta al considerar que dicha comisión no sería un instrumento real de paz sino una herramienta táctica de las negociaciones. Por otro lado, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró en un foro sobre participación política de excombatientes que los guerrilleros que hayan cometido delitos estrictamente políticos que se desmovilicen en un futuro podrán, a través de un sistema de justicia transicional, recibir amnistías o indultos, y ser elegidos para ocupar cargos públicos. (El Tiempo, 30/03/14; El Espectador, 30/03/14, 24/04/14)

El Parlamento nepalí ha aprobado un proyecto de ley que instituye dos órganos para hacer frente a los crímenes de guerra: una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y una Comisión de Desaparecidos. Las comisiones investigarán las acusaciones de crímenes de guerra y celebrarán audiencias para determinar si las personas declaradas culpables de delitos graves cualifican para amnistías, que pueden ser concedidas por las Comisiones siempre que así lo aprueben las víctimas. También se harán cargo de investigaciones y audiencias que están actualmente pendientes en otros tribunales, y tendrán facultad para decidir sobre si se deben transferir ciertos casos a otro tribunal especial establecido por el proyecto de ley. Las Comisiones son el resultado de un acuerdo que figura en el Acuerdo de paz que puso fin al conflicto, que preveía su creación para centrarse más en la paz y la reconciliación que en el castigo. El proyecto de ley ha suscitado cierta controversia entre grupos de derechos de las víctimas y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que recuerdan que, de acuerdo con el derecho internacional, la amnistía no se puede aplicar en casos de violaciones graves de los derechos humanos. En enero de 2014, la Corte Suprema de Nepal también sentenció que algunos apartados de la propuesta de ley debían ser revisados para ser conformes a la Constitución y a las normas internacionales, pero se han repetido de manera idéntica en el proyecto de ley aprobado. (Eurasia Review, 18/04/14; Jurist, 24/04/14)

La organización de las Madres de Srebrenica, que representa a las familias de 6.000 víctimas de la masacre de Srebrenica en 1995, han presentado una demanda contra el Gobierno holandés argumentando que las fuerzas de paz holandesas fallaron en la protección de las víctimas del genocidio. El enclave musulmán de Srebrenica estaba bajo protección de la ONU hasta julio de 1995 cuando fue invadido por las fuerzas serbias de Bosnia, bajo el mando del general Ratko Mladic, causando la muerte a unas 8.000 personas. El abogado del Estado holandés ha argumentado que la unidad de los cascos azules holandeses no estaba bajo el control de los Países Bajos, sino de la ONU. Aunque Madres de Srebrenica ya tomó acciones legales en 2007, en ese momento los tribunales holandeses negaron su solicitud para procesar a la ONU por los asesinatos, alegando que la organización internacional tiene inmunidad, una posición que fue confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013. No obstante, en septiembre de 2013, un tribunal holandés sentenció que el estado era responsable por la muerte de tres trabajadores musulmanes bosnios del cuartel holandés que habían sido expulsados de allí y dejados en manos de las fuerzas serbias de Bosnia. Esto fue interpretado por las Madres de Srebrenica como una luz verde para continuar con su caso y volver a presentarlo a los tribunales holandeses. Poco después, el Gobierno holandés ha anunciado que va a compensar la muerte de los tres trabajadores musulmanes bosnios expulsados del cuartel holandés con 20.000 euros. La abogada de las familias, Liesbeth Zegveld, ha declarado que la cantidad es vergonzosa, y que las familias no han decidido si iban a aceptar el dinero. (The Guardian, 07/04/14; Jurist, 07, 10/04/14)

Los restos de seis disidentes del régimen militar de Augusto Pinochet, Carlos Berger, Carlos Escobedo, Luis y Hernán Moreno, Mario Arguelles y Jerónimo Carpanchay, ejecutados en octubre de 1973 en la localidad de Calama por la llamada Caravana de la muerte, han sido sepultados y homenajeados en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en Santiago de Chile. En tal fecha, 26 prisioneros políticos fueron sacados de la cárcel y fusilados en las afueras de la ciudad. En enero de 2013, el Servicio Médico Legal presentó sus conclusiones que identificaban seis cuerpos, encontrados en 1992 en una fosa clandestina. Hasta la fecha, se ha conseguido identificar los restos de 18 de las personas ejecutadas. Se considera que la operación militar de la Caravana de la muerte acabó con la vida de 97 opositores al golpe militar, y que durante el régimen de Pinochet (1973-1990), 3.065 personas fueron asesinadas o desaparecidas, y que más de 40.000 personas fueron víctimas de graves abusos de los derechos humanos. (La Nación, El Dinamo, 08/04/14; BBC, 13/04/14)

Durante la primera visita oficial al Reino Unido de un jefe de Estado irlandés, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, ha hablado de la profunda y duradera amistad de su país con Gran Bretaña. Declaró que a pesar de que había todavía un camino por recorrer para llegar a una paz duradera, ambos países pueden estar orgullosos de su trabajo hacia la paz en Irlanda del Norte y la reconciliación con el Reino Unido. El presidente Higgins visitó varios monumentos, como la tumba del soldado desconocido, la tumba de un soldado británico de la Primera Guerra Mundial, en la abadía de Westminster, y un monumento al primo de la reina, Earl Mountbatten de Birmania, que fue asesinado por una bomba del IRA en 1979. El viaje de Higgins se produce después de que la reina de Inglaterra se convirtiera en la primera monarca británica en visitar la República de Irlanda hace tres años, y que depositara una ofrenda floral en el monumento a los que murieron luchando por la independencia de Irlanda. Por otro lado, el que fue secretario de Irlanda del Norte de 2005 a 2007, Peter Hain, sugirió que no debería haber más procesamientos por delitos cometidos antes de los acuerdos de Viernes Santo de 1998. Dijo que su propuesta no es una amnistía, sino algún proceso judicial especial en el que las personas pudieran presentarse y admitir los crímenes, pero no ser condenadas. (BBC, 08/04/14)

Rwanda ha celebrado una semana de luto oficial por las conmemoraciones del vigésimo aniversario del genocidio de Rwanda en que murieron al menos 800.000 personas mayoritariamente de la etnia Tutsi y Hutus moderados. La semana de duelo comenzó con una ceremonia en el monumento nacional del genocidio, seguido por el encendido de la llama en el estadio Amahoro de Kigali, donde las fuerzas de paz de la ONU protegieron a miles de personas durante el genocidio. La antorcha, que ha circulado a través de 30 distritos del país durante tres meses, quemará durante 100 días, correspondientes a la duración del genocidio. En la ceremonia, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon declaró que la ONU sigue sintiéndose avergonzada por su fracaso en la prevención del genocidio. La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, había cancelado sus planes para asistir a la ceremonia después de que el presidente de Rwanda, Paul Kagame, denunciara el papel directo de Bélgica y Francia - aliado del Gobierno en el poder en el momento del genocidio - en la preparación política de los asesinatos en masa de 1994. Aunque Francia ha reconocido errores graves durante el genocidio, recientemente ha contribuido a la persecución de ruandeses mediante la creación en Francia de una unidad de investigación de genocidio. (BBC, 06/04/14; 07/04/14)