La Corte Penal Internacional ha condenado al comandante de las Fuerzas de Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI), Germain Katanga, a 12 años de prisión por crímenes de guerra. En marzo, el Tribunal lo declaró culpable de un cargo de crímenes de lesa humanidad (por asesinato) y de cuatro cargos de crímenes de guerra (por asesinato, ataque a la población civil, destrucción de bienes y pillaje) por proporcionar armas para el ataque a la aldea de Bogoro, en la región de Ituri, el 24 de febrero de 2003. En esa ocasión también lo absolvió de cargos de violación, esclavitud sexual y uso de niños soldados. En la sentencia, la Corte ha resaltado que los crímenes, que causaron la muerte a 200 civiles, fueron cometidos con especial crueldad. Por otro lado, la Corte también ha tenido en cuenta la participación activa de Katanga en el proceso de desmovilización de niños soldados implementado en Ituri. La CPI no ha impuesto multa alguna, pero la decisión sobre posibles reparaciones a las víctimas se tomará más adelante. (CPI, Jurist, 23/05/14)

A mediados de mayo de 2014, el Tribunal Supremo de Kenya emitió una orden de arresto contra el periodista Walter Barasa, buscado por la CPI por tratar de sobornar a testigos y por intentar de persuadirlos de retirar su testimonio contra el vice presidente William Ruto. Pero a finales del mismo mes, el Tribunal de Apelación de Kenya ha bloqueado la orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo. La cuestión de los testigos ha sido muy controvertida en el caso Ruto, ya que el juicio ha tenido que aplazarse por la negativa a declarar de varios testigos clave, debido a presuntas amenazas contra su seguridad. Ahora corresponde a las autoridades de Kenya extraditar a Barasa a la CPI, después de que en agosto de 2013 la CPI publicara la orden de detención, y después de que en marzo de 2014 el Tribunal Supremo de Kenya dictaminara que Barasa podría ser extraditado a la CPI. William Ruto está acusado de crímenes contra la humanidad por su presunta incitación a la violencia post-electoral de 2007 que dio lugar a más de 1.100 muertes. (Jurist, 15/05/14, 30/05/14)

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) ha condenado a Abdul Jabbar, ex diputado del Partido Jatiya, por cinco crímenes de guerra cometidos durante la guerra de liberación de 1971 de Bangladesh que duró nueve meses. Los cargos se refieren a delitos de genocidio, asesinato de 36 personas, conversión forzada de 200 hindúes al Islam, y saqueo e incendio de 557 casas. La investigación se inició en mayo de 2013, y 46 testigos han testificado en el caso. Jabbar ha sido juzgado in absentia, ya que se cree que vive actualmente en los EEUU. El ICTB ha sido acusado repetidamente de no cumplir con las normas jurídicas internacionales, y de utilizar los juicios como herramientas partidistas. (Jurist, Gulf Times, BangladeshNews24, 11/05/14)

El Tribunal Especial para Líbano (STL, por sus siglas en inglés) ha celebrado audiencias preliminares a la periodista Karma Khayat, directora adjunta de información de Al-Jadeed TV, a mediados de mes, y al periodista Ibrahim Al-Amin, director del diario Al- Akhbar, a finales de mes. Ambos periodistas, y sus medios de comunicación respectivos, están acusados de desacato y obstrucción a la justicia al haber publicado información sobre los testigos del juicio por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005. Aunque Khayat se declaró inocente de los cargos, Al-Amin declaró mediante videoconferencia que no reconoce el Tribunal, por lo que no puede declararse ni culpable ni inocente. Al-Amin ha desafiado al Consejo de Seguridad de la ONU por no crear un tribunal cuando en julio de 2006, poco después de la creación del STL, el Ejército israelí mató a 1.300 libaneses. El juez ha respondido que esta problemática está fuera de su jurisdicción. (Kuwait News Agency, 23/05/14, STL, Al- Akhbar, 29/05/14)

El Tribunal de Apelación de Quebec ha confirmado la condena del empresario rwandés Désiré Munyaneza por crímenes de guerra cometidos durante el genocidio de Rwanda de 1994, en el que 800.000 personas fueron asesinadas. Munyaneza se había mudado a Toronto en 1997 pero la administración canadiense le negó la condición de refugiado al sospechar su participación en el genocidio. Después de cinco años de investigación de la Unidad de Crímenes de Guerra de la Policía de Canadá y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, fue detenido en 2005. Munyaneza fue acusado en mayo de 2009 y condenado en octubre de 2009 por siete cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en virtud de la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra de Canadá, promulgada en el año 2000. Poco después, Munyaneza apeló su condena, alegando cargos mal definidos, irregularidades por parte del juez de primera instancia y testigos no creíbles. Pero el Tribunal de Apelación ha desestimado estos argumentos. Munyaneza está condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Munyaneza es la primera persona declarada culpable bajo la Ley de crímenes de guerra de Canadá, en el que representa el primer enjuiciamiento de una persona en un tribunal canadiense por delitos cometidos en el extranjero. (Times Colonist, 07/05/14; Jurist, 08/05/14)

Un Tribunal militar congoleño ha condenado a dos de 39 soldados por violar al menos a 102 mujeres y 33 niñas en Minova, en la provincia de Kivu del Sur, en noviembre de 2012. Otros 24 soldados han sido condenados por saqueo, y 13 han sido absueltos. En abril, un informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en la RD Congo (UNJHRO, por sus siglas en inglés) documentó 3.635 casos de violencia sexual cometidos por las fuerzas gubernamentales y por los grupos rebeldes, entre enero de 2010 y diciembre de 2013. A pesar de esta práctica generalizada, las condenas por violación son muy poco frecuentes en el país. Éste ha sido el mayor juicio por violación en la historia de la RD Congo. Los abogados de las víctimas han declarado que la sentencia es un insulto, y han denunciado que las investigaciones han sido demasiado cortas para reunir suficientes pruebas. A pesar de que algunos soldados afirman haber recibido órdenes de sus superiores de violar a las mujeres, los soldados juzgados eran de bajo rango. Por otro lado, varias de las víctimas han denunciado que los hombres que las violaron no fueron incluidos entre los 39 acusados. La Relatora Especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Zainab Hawa Bangura, lamentó que el veredicto no refleje la magnitud de los crímenes cometidos y no haga justicia a las víctimas. Bangura también ha instado a las autoridades de la RD Congo a pagar reparaciones y tomar medidas inmediatas para proteger a sobrevivientes, testigos y defensores de los derechos humanos. (BBC, Jurist, 05/05/14; UN News Centre 08/05/14)

El Tribunal Superior de Justicia de Burkina Faso ha denegado la aprobación de la exhumación del cadáver del ex presidente Thomas Sankara, argumentando que carece de competencias para pronunciarse sobre dicha solicitud. Líder carismático del país desde 1983, Sankara y 14 de sus ayudantes fueron asesinados durante el golpe de estado de 1987, y sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio Dagnoen en Uagadugú antes de que sus familias pudieran identificarlos. En 2006, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades de Burkina Faso a investigar el asesinato del ex presidente. En octubre de 2010 los familiares de Sankara presentaron una demanda legal para exigir la exhumación del cadáver para su análisis forense. Los parientes y partidarios del ex líder, cuyo asesinato en 1987 instituyó al actual presidente Blaise Compaoré al poder, han protestado por la decisión. (BBC, Modern Ghana, 30/04/14)

Un año después de la aprobación de la nueva Constitución, el Parlamento de Zimbabwe ha solicitado, en abril de 2014, la candidatura de cargos públicos para participar en las Comisiones Independientes. Reguladas en el capítulo 12 de la nueva Constitución, algunas de las Comisiones Independientes son la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe y la Comisión Nacional para Paz y la Reconciliación. La organización Zimbabwe Human Rights NGO Forum, una coalición de 19 ONG de derechos humanos, ha hecho un llamamiento al Gobierno para permitir la participación de la ciudadanía en las comisiones y asegurar una información pública completa del proceso que garantice que la comisión sea independiente y no elitista. La coalición también ha pedido al Gobierno que garantice que la aplicación de las disposiciones de las Comisiones, que el perfil de las personas que la componen y su modus operandi, se elijan de forma a que aborden cuestiones de verdad y de justicia. A finales de mayo, 31 organizaciones de derechos humanos han celebrado unas elecciones simbólicas que han dado lugar a la creación de una estructura paralela a las Comisiones del Gobierno, compuesta por ocho miembros, para actuar como una Comisión de control en la sombra. (The Zimbabwean, 16/05/14; All Africa, 25/05/14)

Al menos 1.295 ex rebeldes confinados en un campo en Uganda han firmado un documento de amnistía, comprometiéndose a no tomar las armas de nuevo. En febrero de 2014, el presidente RD Congo, Joseph Kabila, había aprobado una ley de amnistía, que se aplica a los delitos menos graves, como actos de insurrección, actos de delitos de guerra y los políticos, pero excluye los delitos más graves como crímenes de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, reclutamiento infantil, malversación de fondos y saqueo. En abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos difundió una lista preliminar de los beneficiarios de la ley de amnistía. Hasta la fecha, se han anunciado un total de 271 beneficiarios de la ley. Entre agosto de 1998 y abril de 2007, alrededor de 5,4 millones de personas murieron durante las guerras sucesivas en la RD Congo. (New Vision, 22/04/14; 07/05/14; ICTJ, 15/05/14)

En el Día Nacional contra la Tortura, que conmemora la muerte del activista Nabil Barakati el día 8 de mayo de 1987, el Presidente interino Moncef Marzouki ha ofrecido disculpas de Estado a las víctimas de la tortura de los últimos 50 años. También ha afirmado que la protección de la integridad física y la seguridad de los ciudadanos son una prioridad para el Gobierno, y ha pedido a la sociedad civil que controle al Estado para evitar que se vulnere la dignidad humana. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, que asistió a la ceremonia, elogió los progresos realizados por el nuevo Gobierno para luchar contra la tortura, a través de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el establecimiento de un mecanismo de prevención de la tortura y la creación de una Autoridad de la Verdad y la Dignidad. (Tunis Afrique Presse, Al-Huffington Post, 08/05/14)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado a Turquía a pagar en un plazo de tres meses 90 millones de euros a Chipre por haber invadido la isla en 1974. Las familiares de desaparecidos por el conflicto recibirán 30 millones de euros, y los chipriotas griegos que se quedaron en la parte turca de la isla recibirán 60 millones de euros. El Gobierno chipriota es el encargado de gestionar los pagos a los receptores. El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha afirmado que la decisión no es vinculante y que el fallo se ha producido en un mal momento, ya que las comunidades turca y chipriota están negociando para reunificar la isla. Desde la invasión turca de la isla en 1974, Chipre está dividida en una zona sur controlada por un Gobierno grecochipriota, y una parte del norte controlada por un Gobierno turcochipriota. La decisión, que constituye la cantidad de compensación más cuantiosa jamás impuesta por la Corte, se basa en sentencias anteriores del TEDH que consideraron que la invasión y posterior ocupación del tercio norte de la isla son ilegales. (The Guardian, 12/05/14; Jurist, 13/05/14)

El Congreso de Guatemala ha emitido una declaración política llamando a la reconciliación nacional, pero que niega la existencia de un genocidio en el transcurso de la guerra civil de 1960 a 1996, que causó 200.000 muertos y desaparecidos. Apoyada por 87 de los 158 miembros del Congreso, la resolución no vinculante fue impulsada por Luis Fernando Pérez, miembro del Partido Republicano Institucional, creado por el político y ex general del Ejército Efraín Ríos Montt. Esta declaración ha generado una fuerte polémica porque la Comisión de Esclarecimiento Histórico (1997-1999) reconoció el genocidio cometido contra los pueblos indígenas. Por otro lado, en el año 2013 Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto (1982-1983), una condena que fue revocada por el Tribunal Constitucional por un error de procedimiento. (El Faro, 14/05/14; Jurist, 16/05/14)

En el quinto aniversario del final de la guerra civil de Sri Lanka, el Gobierno ha celebrado el Día de la Victoria con un desfile militar exhibiendo tanques, piezas de artillería y aviones de combate en la ciudad de Matara. El presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado que la victoria se debe a la valentía de las fuerzas armadas y ha acusado a la diáspora tamil de trabajar contra la paz y la reconciliación en el país. Mientras tanto, la policía y las fuerzas armadas impidieron que miembros de la Alianza Nacional Tamil (TNA, por sus siglas en inglés), que gobierna la Provincia del Norte mayoritariamente tamil, y que grupos de la sociedad civil celebraran conmemoraciones de memoria por las víctimas de guerra. El gobierno esrilanqués sólo permite que familias rindan homenaje a las víctimas individualmente. Alrededor de 100.000 personas murieron en el conflicto entre el Gobierno y el grupo armado LTTE, de los cuales 40.000 en los últimos meses de combates. Mientras que el Gobierno reclama seguir su propio proceso a través de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido una investigación internacional independiente sobre los crímenes de guerra para garantizar su independencia. (Al-Jazeera, BBC, 18/05/14)