La Sala de Apelaciones de la CPI ha decidido desestimar el recurso de casación presentado por Aimé Kilolo Musamba, Fidèle Babala Wandu y Jean-Jacques Mangenda Kabongo. En noviembre de 2013 la CPI emitió una orden de arresto contra los tres sospechosos, acusados de corromper a testigos y de presentar pruebas a sabiendas de que eran falsas o falsificadas en el caso de Jean-Pierre Bemba Gombo. Este último estaba acusado de dos cargos de crímenes contra la humanidad y de tres cargos de crímenes de guerra en tanto que comandante en jefe del Movimiento para la Liberación del Congo (MLC). Aunque hay investigaciones abiertas en el país por el caso Bemba, la organización Human Rights Watch ha pedido a la CPI que investigue, además, los crímenes graves que se han cometido desde marzo de 2013. Así lo solicitó formalmente la presidenta interina, Catherine Samba-Panza, a la fiscal de la CPI en junio de 2014. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha identificado en un informe a varios líderes de grupos armados de oposición, incluidos los ex presidentes Francois Bozize y Michel Djotodia, como responsables de las atrocidades cometidas recientemente en el país. (HRW, 26/06/14; BBC, 10/07/14; ICC, 11/07/14)

El juez Nicola Lettieri ha dictaminado que el Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en inglés) no tiene competencia para juzgar casos de obstrucción a la justicia a las personas jurídicas. En mayo, el STL había celebrado vistas a los periodistas Karma Khayat, director adjunto de información de Al-Jadeed TV, y a Ibrahim al-Amin, editor del diario Al-Akhbar, acusados de desacato y obstrucción a la justicia por publicar información sobre testigos confidenciales del tribunal. En junio, la defensa de Karma Khayat presentó un recurso cuestionando la jurisdicción del Tribunal sobre estos delitos. El STL es el encargado de procesar a los responsables del atentado de 2005 que mató al ex primer ministro Rafik Hariri y otras 21 personas. (STL, 18/07/14, 24/07/14)

Durante la Cumbre de la Unión Africana (UA) en Guinea Ecuatorial celebrada a finales de junio, la Asamblea de la UA ha aprobado una enmienda que otorga inmunidad a delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los jefes de Estado y de Gobierno frente al Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos. La inmunidad sólo sería válida mientras estos representantes estén en funciones, pero voces críticas han advertido que podría animar a los líderes a permanecer en el poder de por vida. Amnistía Internacional ha deplorado que la decisión supone un paso atrás en la lucha contra la impunidad, y una traición a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Según la organización de derechos humanos, la decisión no se ajusta al Acta Constitutiva de la UA ni a otras obligaciones internacionales de derechos humanos. La Corte Penal Internacional ha sido acusada repetidamente de sesgo, ya que, de los ocho condenados por el CPI, todos son africanos. El Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos parecía ser una alternativa para luchar contra la impunidad desde un órgano africano que sintieran como propio. La decisión, sin embargo, no impide que la CPI pueda enjuiciar a líderes africanos. (The Guardian, 03/07/14; AI, 07/07/14)

Un tribunal de apelaciones de EEUU ha concluido que no es competente para juzgar un caso contra la compañía bananera Chiquita. Al menos 4.000 colombianos cuyos familiares fueron asesinados o torturados acusaron a la empresa norteamericana de siete cargos, alegando que es responsable de ayudar e instigar a la tortura y a crímenes de guerra a través de su apoyo financiero a las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Chiquita ha admitido que pagó un total de 1,7 millones de dólares mediante pagos mensuales regulares a los paramilitares entre 1997 y 2004, pero alega que lo hizo víctima de extorsión por proteger a sus empleados, no porque apoye el terrorismo. El Tribunal ha sostenido que la Ley de protección a las víctimas de tortura y el Estatuto Alien Tort, en las que se ha basado la acusación, no se pueden aplicar extraterritorialmente. En 2007 Chiquita fue multada con 25 millones de dólares por el Gobierno de EEUU por el pago a una organización terrorista. (BBC, Law360, 24/07/14)

Un tribunal neerlandés ha dictaminado que el Gobierno es responsable por el asesinato de más de 300 hombres y niños bosníacos (bosnios musulmanes) en Srebrenica, Bosnia-Herzegovina. En julio de 1995, el batallón neerlandés (Dutchbat) de las fuerzas de paz de la ONU expulsó a 300 bosnios del recinto de Potocari en Srebrenica, y que fueron asesinados poco después por soldados serbios. El tribunal ha considerado que el batallón neerlandés no hizo lo suficiente para proteger a los 300 hombres, y que debería haber sido consciente de la posibilidad de genocidio. Los familiares de esos 300 hombres tendrán derecho a una indemnización. "Madres de Srebrenica", la organización que inició el caso y que representa a 6.000 familiares del total de 8.000 asesinados en Srebrenica, ha expresado su decepción, ya que el tribunal sólo ha reconocido su responsabilidad sobre los hombres que fueron expulsados del recinto, y no sobre los que buscaban protección alrededor de éste. Al reconocer su responsabilidad sobre 300 asesinatos y no sobre los 8.000, la mayoría de víctimas quedan excluidas de posibles compensaciones. La decisión, por otra parte, cuestiona la inmunidad de la ONU, ya que reconoce la responsabilidad de los Estados de prevenir atrocidades, y que subraya su responsabilidad por los errores cometidos durante una misión de mantenimiento de la paz. (El Pais, 16/07/14; Opinio Juris, El País, 17/07/14)

Tres testigos congoleños que declararon ante la Corte Penal Internacional han sido transferidos de un centro de detención neerlandés en Kinshasa, después de que su petición de asilo fuera denegada por un tribunal neerlandés. Floribert Ndjabu, Pierre Celestin Mbodina y Sharif Manda Ndadza, acusados en la RD Congo de pertenecer a un grupo rebelde y de cometer crímenes de guerra, testificaron en 2011 en los casos contra los ex líderes de grupos armados congoleños Mathieu Ngudjolo y Germain Katanga. Después de declarar, los tres hombres iniciaron un proceso de asilo en mayo de 2011, argumentando que temían por sus vidas si eran enviados de nuevo al Congo. Pero la Cámara de Apelaciones de la CPI ordenó su regreso en enero de 2014, después de recibir garantías sobre la seguridad de los testigos congoleses. Un tribunal neerlandés ha negado a principios de julio el proceso de asilo, argumentando que hay razones para creer que los solicitantes de asilo han cometido los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, y que por esta razón la Convención sobre Refugiados de 1951 no es aplicable a sus casos. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación sobre su seguridad. Una vez en el Congo, los testigos han sido trasladados a una prisión militar en Ndolo, Kinshasa. (International Justice Monitor, 02/07/14; HRW, 04/07/14; AP, 07/07/14)

El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ha nombrado un Consejo Asesor de la Comisión Presidencial para Investigar Acusaciones relativas a las Personas Desaparecidas, extendiendo el papel de la Comisión a investigar los ataques a civiles durante la guerra que se ha prolongado durante casi 30 años. Los tres asesores, los británicos Desmond de Silva y Geoffrey Nice, y el norteamericano David Crane, tienen una larga experiencia en enjuiciar crímenes de guerra en el marco de la ONU. El anuncio se produce después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creara en junio de 2014 un equipo de investigación internacional para investigar tales crímenes. El Gobierno de Sri Lanka ha rechazado esa investigación, argumentando que la comunidad internacional debe respetar su propio proceso, y ha advertido que no ofrecerá ningún tipo de cooperación. Desde agosto de 2013 la Comisión sobre Personas Desaparecidas ha celebrado audiencias públicas en muchas partes del país, incluyendo la provincia del norte de la isla, y ha recogido más de 15.000 denuncias hasta enero de 2014. (The Hindu, 18/07/14; Daily News, 19/07/14)

Durante las Conversaciones de reconciliación nacional de República Centroafricana (RCA) que han tenido lugar en Brazzaville, RD Congo a finales de julio, Amnistía Internacional ha pedido a los delegados que se aseguren de que sus debates no lleven a la impunidad de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos. Alrededor de 300 personas han asistido a las Conversaciones de reconciliación nacional, incluyendo líderes de los grupos armados anti-Balaka y Séléka. Desde diciembre de 2013, la violencia interreligiosa en la RCA se ha cobrado miles de vidas, en su mayoría musulmanes, desplazando a un millón de personas de una población de 4,6 millones. Las Conversaciones culminaron en un acuerdo de alto el fuego, y con el compromiso de los grupos armados de abstenerse de toda forma de violencia, pero no se hizo mención a medidas de justicia transicional. (AI, 21/07/14; IRIN News, 29/07/14)

El Gobierno colombiano y el grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado de qué manera van a participar en las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, las víctimas del conflicto armado que azota el país desde hace 50 años. Reconociendo que las voces de las víctimas son fundamentales para las discusiones, los dos actores han acordado la participación directa de las víctimas en las conversaciones de paz en curso. Los y las representantes de las víctimas, que deben reflejar la variedad de violaciones de derechos humanos, y deben provenir de distintos orígenes sociales y regionales, están siendo elegidos a través de tres foros regionales y un foro nacional que tendrán lugar en diferentes regiones de Colombia. El acuerdo, sin embargo, no dice cuánta influencia o qué poder tendrán las víctimas sobre el resultado final de las negociaciones. Las conversaciones de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron en noviembre de 2012. Hasta el momento, las partes han llegado a acuerdos sobre los temas de la reforma agraria de la tierra, sobre la participación política, y sobre las drogas ilícitas. Pero las negociaciones también se han enfrentado a una fuerte oposición por parte de los grupos de víctimas que temen que se otorgue la amnistía a combatientes que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. (Columbia Reports, 17/07/14)

En su 111ª sesión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por la posición del Gobierno acerca de la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. El Comité ha lamentado que representantes del Gobierno japonés hayan afirmado que las “mujeres de solaz” ("Comfort women") no fueron deportadas por la fuerza y que hayan atacado su reputación. Asimismo, el Comité deplora el hecho de que las reclamaciones de las víctimas para obtener reparación ante los tribunales han sido ignoradas, y que las demandas de investigar y perseguir la esclavitud sexual hayan sido rechazadas. Teniendo en cuenta que todos estos hechos constituyen una violación continuada de los derechos de las víctimas, el Comité ha pedido al Gobierno de Japón que garantice la investigación, el enjuiciamiento y, si es necesario, el castigo de esos delitos, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas, la divulgación de toda la información disponible y la educación de la opinión pública sobre el tema. Según la comisión, el Gobierno japonés también debería expresar una disculpa pública que reconozca su responsabilidad, y condenar cualquier intento de difamar a las víctimas. En la sesión, un gran número de organizaciones de la sociedad civil han presentado informes alternativos, entre ellas el Consejo Coreano para las Mujeres Reclutadas para la Esclavitud Sexual Militar de Japón, o el Museo Activo de Mujeres sobre la Guerra y la Paz. (CCPR/C/JPN/CO/6)

Tras la declaración del Árbitro Principal del Proceso de Evaluación Independiente (IAP, por sus siglas en inglés), Dan Shapiro, que pedía la destrucción de todos los registros recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Comisión ha pedido una orientación a un tribunal para saber cómo debe proceder. A mediados de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha celebrado audiencias para decidir cómo tratar a esos registros. Mientras algunos sobrevivientes de las víctimas afirman que esperaban que su información fuera confidencial, otros prefieren que se haga pública. Durante la vista, el abogado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Julian Falconer, ha propuesto como opción alternativa sellar durante 30 años los 38.000 testimonios recogidos, y luego transferirlos a la Biblioteca y Archivos de Canadá para que puedan ser consultados. Durante el siglo pasado y hasta 1996, alrededor de 150.000 personas de las Naciones originarias, niños y niñas Inuit y Metis fueron llevados lejos de sus familias y obligados a asistir a escuelas dirigidas por la iglesia, donde sufrieron abusos físicos. (TRC, 20/06/14; The Star, 15/07/14)